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EUTOPÍA 8
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Índice
Presentación . . . 5-9
Tema central
Conflitos entre o campesinato e o agronegócio
no Brasil: os planos-safra 2015-2016 . . . 13-27 Ricardo Cesar Barbosa Junior, Estevan Leopoldo de Freitas Coca
Luchas por el territorio y soberanía alimentaria en
el Istmo oaxaqueño, México. . . 29-44 César Adrián Ramírez Miranda, Lilia Cruz Altamirano,
Vicente Marcial Cerqueda
Territorio y ambiente en las Zonas de Reserva
Campesina de Colombia . . . 45-56 Manuela Ruiz Reyes
Las acciones en defensa de la tierra en Santiago del Estero (1990-2012).
El caso del MOCASE . . . 57-74 Agustina Desalvo
Contrapunto
¿Quedará espacio para el campesinado entre
los megaproyectos centroamericanos?. . . 77-92 Hélène Renée Roux
Estudio de caso
El rostro femenino de los conflictos territoriales:
Natalia Estefanía Ávila González
Reseñas
Moisés Arce
La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú . . . 127-130 Ginno Martínez Tuesta
Presentación
U
na de las consecuencias del acaparamiento creciente de las tierras por las em-presas transnacionales, del desarrollo excepcional de la agroindustria y del ex-tractivismo en América Latina durante las tres últimas décadas, es la recurrencia de las movilizaciones campesinas y de los conlictos territoriales en las zonas rurales. Es claro que desde la revolución mexicana, con la cual inició el siglo XX en América La-tina, las movilizaciones campesinas fueron constantes en la región, sin embargo, cabe señalar que su importancia siguió en aumento desde hace treinta años, en un contexto de fortalecimiento del capitalismo, consecuencia directa de la actitud benevolente de los Estados con los actores dominantes del campo económico (Bourdieu, 2000), que no paró de negar la especiicidad de los territorios rurales, alterando sus estructuras sociales y deteriorando sus recursos naturales.Recientemente, la existencia de este capital social en el medio rural latinoamericano se pudo observar a través de las numerosas reivindicaciones campesinas que se inscribieron en la continuidad de una lucha histórica por la recuperación de la tierra, mientras que los procesos de reforma agraria que tuvieron lugar desde los años 1950 impactaron muy poco las estructuras agrarias (Kay, 2014). Los movimientos campesinos que marcaron los años 1990 y 2000 se centraron también en la cuestión del acceso a los recursos hídricos y sobre la necesidad de políticas eicientes para favorecer la integración comercial de los agricultores familiares dándoles acceso a los mercados internos. Así, en Ecuador, la movilización campe-sina que tuvo lugar en la región de Cuenca durante la década de los años 1990 contribuyó a la formación de redes de productores que permitieron mejorar los ingresos de cientos de familias campesinas ahora directamente vinculadas con los consumidores urbanos, en una región donde la emigración internacional constituía la única perspectiva para los pequeños agricultores (Rebaï, 2010). Desde entonces, se formaron numerosos grupos de pequeños agricultores quienes exigen un acceso más regular al mercado urbano regional (Rebaï, 2013 y 2014), lo que demuestra que los agricultores familiares pueden posicionarse como actores claves del abastecimiento agrícola de las ciudades en América latina, restaurando un capital social que el contexto económico liberal había sido progresivamente destruido durante las
décadas anteriores (Martínez, 2004; Kay, 2007; De Grammont, 2009). Eso demuestra también que las organizaciones campesinas pueden desempeñar un papel central para la formulación de políticas públicas a nivel local, fortaleciendo así la vida democrática, y po-ner en marcha diferentes tipos de proyectos agrícolas, artesanales y micro-industriales que permitan crear empleos y mantener la vitalidad del medio rural, en vez de elegir el camino obscuro de la agroindustria sinónimo de proletarización acelerada de los campesinos, de perdida de agro-biodiversidad y de inseguridad alimentaria. Por eso, la introducción de la “variable territorial” solo podría ser posible por la re-activación del capital social de las organizaciones campesinas, este recurso (Bourdieu, 1980 y 2000) siendo clave, como lo
indicamos, para la negociación política (Martínez, 2003; Bretón, 2005), la gestión de los recursos (Ostrom, 1990) y el posicionamiento de los agricultores en el mercado a través de la creación de estructuras como cooperativas o redes de productores (Kay, 2009; Rebaï, 2014). En resumen, las movilizaciones campesinas y los conlictos territoriales en América latina llaman la atención sobre el hecho de que una nueva ruralidad debe ser construida desde lo local (Martínez, 2008), a partir de la reconstitución del capital social de las or-ganizaciones campesinas porque el modelo liberal llegó a sus límites, como lo muestran claramente los diferentes estudios que constituyen el presente dossier.
su importante inversión a favor de la agricultura de exportación va en el sentido de un fortalecimiento del capitalismo agrario. Así, este texto plantea los límites de un modelo de desarrollo que favorece los comodities y no permite la emergencia de una agricultura familiar económicamente dinámica. Finalmente, se subraya que este modelo no puede ser eiciente para alcanzar la seguridad alimentaria en el país más poblado de América latina.
Luego, el texto de César Ramírez, Lilia Cruz Altamirano y Vicente Cerqueda, propone un análisis del conlicto entre las comunidades indígenas y las empresas transnacionales en el Istmo de Tehuantepec en México. A partir de una descripción detallada de la realidad local, el artículo muestra cómo la acción del Estado central favorece el fortalecimiento del capital privado a través de la construcción de parques eólicos y cómo esto ha generado el debilitamiento de la producción campesina. En un contexto nuevo de inseguridad ali-mentaria, se nota, sin embargo, una movilización cada vez más fuerte de las comunidades que ambicionan reapropiarse sus recursos. Al inal, este texto abre una relexión sobre los desafíos para el fortalecimiento de la comunidad campesina y la construcción autonómica de la región del Istmo de Tehuantepec.
A continuación, el artículo de Manuela Ruiz Reyes nos lleva a Colombia proponien-do una relexión sobre las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) desde las perspectivas del campesinado y del Estado. Luego de un análisis teórico sobre las nociones de “espacio” y “territorio”, el texto propone articular los debates económicos de la cuestión agraria con un enfoque geográico centrado en lo territorial, para analizar cómo las ZRC son propuestas de territorialidad campesina donde el elemento ambiental juega un rol crucial en la ne-gociación de esta territorialidad con el Estado. Finalmente, el artículo invita a la relexión sobre el signiicado de lo “ambiental” en las luchas campesinas contemporáneas.
Esta sección se cierra con el artículo de Agustina Desalvo sobre la lucha por la tierra en Santiago del Estero (Norte Argentino), implementada principalmente por el movimiento campesino vinculado a la Iglesia Católica. Esta lucha se desarrolla en un territorio donde las tierras que fueron abandonadas por la industria forestal se tornaron “codiciables” para el cultivo de la soja a principios del 2000. Esto ha generado conlictos entre los capitalistas interesados en ellas y la población rural que allí reside. Las formas que asumen la lucha por la tierra, pasan por la dinámica del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) que nuclea a la población rural de esa provincia. Se destacan principalmente las acciones en las cuales interviene este movimiento en el período 1990-2012 orientadas a la defensa de la tierra y proteger los derechos de los campesinos.
de orden político y económico que, a veces, son el principal condicionante de las estrategias de lucha adoptadas. Así, se ve cómo los grupos campesinos logran desarrollar estrategias de resistencia territorial en situaciones locales marcadas por una gran violencia.
La sección “estudios de caso” constituye la tercera parte del dossier y consta de dos ar-tículos. El texto de Suyai García Gualda enriquece la relexión colectiva introduciendo la dimensión de género en el análisis de los conlictos territoriales en América latina. Su trabajo se focaliza sobre el rol de las mujeres para la defensa de los derechos del pueblo Mapuce en el Corredor de Los Lagos ubicado en la provincia argentina de Neuquén. En este territorio singular, conocido por su alto valor turístico, la autora muestra el papel clave de la mujer ma-puce para fortalecer la movilización campesina y permitir a su pueblo resistir territorialmente. Finalmente, el artículo de Natalia Ávila estudia los efectos de la incursión y de la exten-sión del cultivo de palma aceitera en el departamento de Bolívar en Colombia. Poniendo de relieve la historia muy conlictiva de su zona de investigación, la autora describe cómo la palma aceitera se implementó a través del despojo territorial, la violencia y la proletari-zación de campesinos y afrodescendientes antes de orientar su análisis hacia las apuestas construidas por las organizaciones de base para enfrentar este proceso y proponer nuevas perspectivas de desarrollo rural.
A través de este número de Eutopía, quisimos abrir un espacio de relexión y de debate sobre la capacidad de resistencia de los grupos campesinos latinoamericanos frente al pro-yecto liberal. Los diferentes artículos que entran en el presente dossier permiten compren-der la situación precaria por la que atraviesan los pequeños agricultores y las comunidades, desde México a Argentina. Por eso, esperamos que esta publicación sirva a fortalecer la idea de que otra ruralidad es posible en América latina, con una población campesina organiza-da para enfrentar los desafíos del empleo, de la seguriorganiza-dad alimentaria y de la conservación de los recursos naturales.
Nasser Rebaï Luciano Martínez
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Rebaï Nasser (2014). “Mutaciones de la agricultura familiar y retos para el desarrollo terri-torial en los Andes del Ecuador”. Ecuador Debate, n°93, 123-140.
Conflitos entre o campesinato e o agronegócio
no Brasil: os planos-safra 2015-2016
Conlicts between peasantry and agribusiness
in Brazil: 2015-2016 crop-plans
Fecha de recepción: 30 de julio de 2015 Fecha de aceptación: 1 de diciembre de 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.17141/eutopia.8.2015.1828
Resumen
Como resultado do processo de colonização ao qual foi submetido e a permanência de desigualdades estruturais, recentemente acentuadas pela expansão das relações de livre-mercado, o campo brasileiro tem se caracterizado por uma dualidade entre um setor altamente mecanizado que produz milhares de toneladas de commodities e uma grande quantidade de agricultores que se encontram em situação de miséria. O presente trabalho discute a atualidade dos conlitos pelo modelo de desenvolvimento para o campo entre o campesinato e o agronegócio no Brasil. Inicialmente é feita uma leitura teórica sobre o campesinato e o agrone-gócio no modo capitalista de produção, ressaltando que ambos geram distintas relações sociais. Na sequência, é feita uma análise da materialidade dessa disputa no âmbito do Governo Federal e dos seus ministérios. São analisados os planos-safra do biênio 2015-2016 para o campesinato e o agronegócio. Constata-se que o agronegócio tem recebido maiores investimentos do que o campesinato, porém, sua matriz de investimentos é focada, principalmente, na dimensão econômica da produção agrícola, em detrimento da social e da ambiental. Conclui-se que o Governo Federal brasileiro tem privilegiado a produção de alimentos para exportação e não para o abastecimento interno, o que coloca em risco a segurança alimentar de sua população.
Palavras-chave: conlitos territoriais; campesinato; agronegócio; Brasil; plano-safra.
Abstract
As a result of the colonization process to which it was submitted and the persistence of structural inequalities, recently sharpened by the expansion of free-market relations, the Brazilian countryside has become characterized by a duality between a highly mech-anized industry that produces thousands of tons of commodities and a large number of farmers who are in extreme poverty. his paper discusses the conlict that takes place between the peasantry and agribusiness in Brazil by contrasting the two development models for the countryside. Initially a theoretical reading of peasantry and agribusiness in the capitalist mode of production is performed, emphasising how both generate diferent social relations. With the results, an analysis is carried out of the materiality of this dispute within the Federal Government and its ministries. For this the 2015-2016 biennium crop-plans for the peasantry and agribusiness are analyzed. It is noted that agribusiness has received an investment much larger than the peasantry; however, its array of ventures are focused mainly on the economic dimension of agricultural production at the expense of social and envi-ronmental concerns. We conclude that the Brazilian Federal Government has given priority to food production for export rather than for domestic supply, which puts at risk the food security of its population.
Key words: territorial conlicts; peasantry; agribusiness; Brazil; plan crop.
* Ricardo Cesar Barbosa Junior, graduando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Goiás (UFG), é pes-quisador assistente do Núcleo de Estudos Globais (NEG) e pespes-quisador voluntário do Grupo de Estudos Internacionais e Comparados (GEIC) e do Programa de Pesquisa sobre Ativismo em Perspectiva Comparada (PROLUTA) desta. Graduan-do em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), é pesquisaGraduan-dor-bolsista PIBIC-CNPq Graduan-do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Departamento de Ciências Jurídicas (NEPJUR) pela mesma instituição. ribarbosajr@gmail.com Estevan Leopoldo de Freitas Coca, cursa o Doutorado em Geograia na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mes-quita Filho (Unesp), realizando estágio de pesquisa no Institute for Resources, Environment and Sustainability (IRES), da Faculty of Land & Food Systems, da University of British Columbia (UBC), em Vancouver, no Canadá. Cursou a graduação em Geograia (2008) e o mestrado em Geograia (2011) na FCT/Unesp. É membro do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária (NERA). estevanleopoldo@yahoo.com.br
Introdução
N
o Brasil existe uma intensa disputa entre a agricultura camponesa1 e oagrone-gócio pela condução do modelo de desenvolvimento para o campo (Fernandes et al., 2012). Em razão disso, o Brasil é o único país do mundo que possui dois ministérios para conduzir o desenvolvimento rural: o Ministério do Desenvolvi-mento Agrário (MDA), voltado para a agricultura familiar/camponesa e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que trabalha em prol do agronegócio. A expansão do agronegócio tem sido mais rápida do que a expansão da agricultura fami-liar/camponesa. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), entre 2011 e 2014 grandes proprietários de terra vinculados ao agronegócio adquiriram cerca de 6 milhões de hectares da agricultura de base familiar, número três vezes maior do que o estado do Sergipe (O Globo, 2015). Todavia, o campesinato tem resistido à sua expropriação através da luta pela terra (Wolford, 2005) e da crescente importância de políticas públicas que visam possibilitar sua inserção nos mercados (Wi-ttman e Blesh, 2015).
Uma possibilidade de compreender como esses conlitos têm se materializado no di-recionamento do Estado é o recente lançamento dos planos-safra 2015-2016 onde estão previstos os investimentos a serem realizados no agronegócio a na agricultura familiar/ camponesa pelos órgãos de fomento do Governo Federal brasileiro. Sendo assim, no pre-sente trabalho é feita uma leitura da conlitualidade entre o campesinato e o agronegócio no Brasil a partir dos seguintes documentos: “Plano Safra 2015-2016 - agricultura familiar: alimentos saudáveis para o Brasil”, elaborado pelo MDA (2015) e “Plano agrícola e pecuá-rio 2015-2016”, elaborado pelo MAPA.
O texto está dividido em três partes. Na primeira, é feita uma leitura teórica sobre as disparidades entre o agronegócio e o campesinato no sistema capitalista. Na sequência, são destacados os eixos de investimento previstos para a agricultura camponesa e para o agronegócio de acordo com os documentos supracitados. Por im, são tecidas algumas considerações com base no levantamento, aim de oferecer algumas contribuições para a leitura da atualidade dos conlitos pelo modelo de desenvolvimento para o campo no Brasil e suas repercussões para a segurança alimentar da população do campo e da cidade.
O campesinato e o agronegócio como distintos modelos de desenvolvimento do campo
A principal referência da agricultura capitalista na atualidade é o agronegócio, que tem como princípio para o desenvolvimento dos seus territórios o lucro maximizado, o qual é obtido pela exploração do trabalho (Cavalcanti, 2008). No caso do campesinato, o território é o meio de reprodução da vida, ou seja, uma condição
para sua existência (Rosset e Martinez-Torrez, 2013). Para o agronegócio, a terra tem valor de troca e para o campesinato ela tem valor de uso (Martins, 1991).
O conceito de agronegócio começou a ser cons-truído por Davis e Goldberg (1957), que deini-ram como agribusiness o complexo de sistemas que
relaciona agricultura, indústria, mercado, capital e trabalho. É importante ressaltar que esses autores referiam-se ao estágio de desenvolvimento do capi-talismo na agricultura dos Estados Unidos na década de 1950. No Brasil, a gênese do agronegócio remete à década de 1980, quando autores como Kageyama (1987) e Graziano da Silva (1996) passaram a iden-tiicar no campo brasileiro os Complexos Agroindus-triais (CAI´s), apontando a união entre os sistemas agrícola e industrial, resultado da Revolução Verde
(Gonçalves Neto, 1997). Na década de 1990, com a expansão do neoliberalismo, ocorreu também a união dos sistemas inanceiro e mercantil e o conceito de agronegócio passou a ser usado para explicar essa nova realidade. Como exemplo dessa consolidação do agrone-gócio, em 1993 foi criada a Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG).
O agronegócio se constitui como a “face moderna” do capitalismo no campo, ou seja, reproduz sua lógica concentradora e desigual, baseada na exploração do trabalho. Todavia, isso acontece sob uma nova roupagem, pois rompe com o latifúndio, que se caracterizava por elementos como atraso econômico, baixa produtividade, criação de obstáculos para o crescimento, coronelismo e outros (Guimarães, 1981).
De acordo com Fernandes (2004), esses elementos de cunho negativo faziam com que o latifúndio fosse apresentado como um território a ser ocupado pelo desenvolvimento. Ele era a representação visível dos aspectos nefastos trazidos pelo capitalismo, gerando obstáculos para que esse modelo de desenvolvimento fosse socialmente aceito sem maiores contestações. No Brasil, por exemplo, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que propriedades consideradas como improdutivas eram passíveis de desapropriação para ins de reforma agrária.
A principal referência da
agricultura capitalista
na atualidade é o
agronegócio, que tem
como princípio para o
desenvolvimento dos
seus territórios o lucro
Como alternativa, a palavra agronegócio foi criada como um instrumento ideológico usado em favor do capitalismo, sendo considerado como uma superação do modelo de desenvolvimento para o campo e não como uma continuidade sob nova roupagem. O agronegócio passou a ser apresentado como a modernização das relações produtivas na agropecuária, gerando maior grau de mecanização e a utilização de insumos químicos. Essas mudanças contribuíram para que ocorresse um considerável aumento da
produti-vidade. Todavia, Fernandes alerta que, apesar desses novos elementos, o agronegócio manteve o caráter excludente e explorador do capitalismo, pois “[...] o latifúndio efetua a exclusão pela improdutividade, o agronegócio promove a exclusão pela intensa produ-tividade” (Fernandes, 2004: 1).
O desenvolvimento do capitalismo no campo, pelo agronegócio, se dá dentre outros fatores, pelo trabalho assalariado, que consiste em uma parcela do capital pertencente ao proprietário de terras que é aplicada como forma de pagamento pelo trabalho de seu funcionário. O salário do trabalhador é deter-minado pela taxa de lucro do capital, obedecendo a determinações sociais. O trabalho do funcionário é de fundamental importância para que o capitalista mantenha a lógica de reprodução ampliada dos seus lucros, pois ele é a única mercadoria capaz de gerar mais valor do que ela contém (Martins, 1995). As-sim, no capitalismo, o salário é utilizado como um instrumento que “aprisiona” o trabalha-dor, criando nele uma situação de dependência em relação ao seu empregador.
O empregado não é proprietário dos meios de produção, pois eles pertencem ao seu empregador e compõem o capital ixo da empresa. O empregado é proprietário somente da sua força de trabalho. Pela lógica capitalista, o empregado é considerado como se fosse uma pessoa livre, podendo, por iniciativa própria, vender sua força de trabalho ao proprietário dos meios de produção.
Pela venda da força de trabalho em troca de um salário, o empregado pode suprir as necessidades básicas de sua família, como alimentação, moradia e saúde; aim de que ele continue útil ao capital. Isso faz com que o trabalhador, pela alienação, se considere de-pendente do capitalista. Tal fato se dá porque o capitalismo é hegemônico, e não restam outras alternativas de trabalho, além do assalariamento, para aqueles que não possuem a propriedade dos meios de produção.
Essa é a base de sustentação do capitalismo, pois pelo assalariamento o empregador/ proprietário pode criar mais capital e expandir seus lucros. Na produção de mercadorias,
A palavra agronegócio
foi criada como um
instrumento ideológico
usado em favor do
capitalismo, sendo
considerado como uma
superação do modelo
de desenvolvimento para
o campo e não como
uma continuidade sob
o capitalista explora a mais-valia do trabalhador, que é o trabalho social não pago. Isso acontece porque o trabalhador é capaz de produzir mais do que ele precisa para viver e o capitalista, aproveitando-se desse fato, faz com que retorne ao trabalhador apenas o seu salário, icando com o excedente.
Contudo, esse processo não ocorre de maneira linear e sem contradições; pelo contrá-rio, o desenvolvimento do capitalismo pela expansão do trabalho assalariado usa e acaba fortalecendo outras relações sociais, como acontece com o campesinato. Sobre tal fato, Oliveira lembra que:
[...] o caminho para se entender essa presença signiicativa de camponeses na agricultura dos países capitalistas é pela via de que tais relações não-capitalistas são produto do próprio de-senvolvimento contraditório do capital. A expansão do modo capitalista de produção, além de redeinir antigas relações, subordinando-as à sua produção, engendra relações não-capita-listas igual e contraditoriamente necessárias à sua reprodução (Oliveira, 2007: 40).
Tendo essas referências, no presente trabalho o campesinato é entendido como uma classe social que faz parte do capitalismo, mas que gera relações sociais que não são capitalistas, pois não estão alicerçadas no trabalho assalariado. O campesinato vive em condição de subalternidade em relação ao capitalismo hegemônico, devido à apropriação da renda da terra por parte do capital (Oliveira, 2007), a qual é gerada na extração da mais-valia (Martins, 1995).
A renda da terra é um lucro obtido pelo proprietário da terra que é consideravelmente superior ao que pode ser obtido na média. Ela pode ser diferencial, quando é gerada pela concorrência ou absoluta, quando é gerada por meio da monopolização do capital. A pri-meira relaciona-se ao caráter capitalista da produção, sendo gerada nas relações de merca-do, através da exploração do trabalho e a segunda está relacionada à propriedade da terra, sendo entendida como um tributo que os proprietários cobram da sociedade através da comercialização de sua produção (Oliveira, 2007). Além dessas duas, no capitalismo ainda se desenvolve a renda de monopólio, que é obtida quando o capitalista possui exclusividade na oferta de uma mercadoria oferecida no mercado2. Partindo dessas considerações, é que
nesse trabalho o agronegócio é entendido como hegemônico e o campesinato como subal-terno no modelo capitalista de desenvolvimento.
O trabalho familiar é predominante nas unidades camponesas de produção. Por isso, Shanin acentua que o cerne das características do campesinato:
[...] parece repousar na natureza e na dinâmica do estabelecimento rural familiar, enquanto unidade básica de produção e meio de vida social. Consequentemente, a própria existência
do camponês, como uma entidade social especíica, depende da presença de estabelecimen-tos rurais familiares como a unidade básica da economia e da sociedade. O camponês deve ser compreendido, portanto, através da investigação das características do estabelecimento rural familiar camponês, tanto internas quanto externas, isto é, suas especiicidades, reações e interações com o contexto social mais amplo (Shanin, 2008: 5).
Na unidade familiar de produção, os camponeses desenvolvem relações sociais que dife-rem das que são geradas em propriedades capitalistas, pois nelas não se têm por objetivos a reprodução do trabalho assalariado e a maximização dos lucros. Na unidade camponesa de produção, o trabalho familiar é multidimensional, não obedecendo a especializações produtivas, ou seja, existe um equilíbrio entre agricultura, extrativismo e o beneiciamento (quando ocorre) dos gêneros primários.
Aprofundando essa caracterização, Chayanov (1973, 1981) demonstra que as categorias que são utilizadas para a compreensão dos sistemas capitalistas de produção não dão conta de explicar as relações sociais que se desenvolvem na unidade de produção camponesa. De acordo com o autor, na economia capitalista, baseada no trabalho assalariado e na obtenção dos lucros maximizados, o objetivo da produção é fazer com que a empresa atinja a repro-dução ampliada do capital que foi investido, assim:
[...] uma empresa é considerada lucrativa se sua receita bruta RB, após deduzir-se o capi-tal circulante adiantado (ou seja, as despesas anuais com materiais DM, e as despesas com salários DS), proporcionam uma soma S, igual ou maior que todo o capital C (constante e circulante) da empresa, a juros, calculada segundo a taxa (a) predominante no país nesse momento (Chayanov, 1981: 136).
Portanto, o autor entende que no capitalismo a circulação de mercadorias obedece à lógica da maximização dos lucros, de tal modo que no inal do ciclo produtivo o capital do pro-prietário nunca pode ser menor do que o investido, tendo que ser ao menos igual ou pre-ferencialmente, maior. Isso só acontece porque o capitalismo desenvolve-se pela exploração do trabalho pelo assalariamento, como já foi explicado nesse trabalho.
Com efeito, o camponês ou artesão que dirige sua empresa sem trabalho pago recebe, como resultado de um ano de trabalho, uma quantidade de produtos que, depois de trocada no mercado, representa o produto bruto de sua unidade econômica. Deste produto bruto de-vemos deduzir uma soma correspondente ao dispêndio material necessário no transcurso do ano; resta-nos então o acréscimo em valor dos bens materiais que a família adquiriu com seu trabalho durante o ano ou, para dizê-lo de outra maneira, o produto de seu trabalho. Este pro-duto do trabalho familiar é a única categoria de renda possível, para uma unidade de trabalho camponesa ou artesanal, pois não existe maneira de decompô-la analítica ou objetivamente. Dado que não existe o fenômeno social dos salários, o fenômeno social do lucro líquido também está ausente. Assim, é impossível aplicar o cálculo capitalista do lucro (Chayanov 1981: 138, grifos do autor).
Por essa razão, na unidade de produção camponesa o resultado do trabalho realizado pela família rende produtos brutos que serão utilizados por ela mesma. O lucro existe, porém, não de forma maximizada, ou seja, o capital que é obtido pelo trabalho despendido não será utilizado para gerar mais capital, mas sim, para melhorar a condição de vida da própria família. O principal objetivo é satisfazer as necessidades familiares, o excedente até pode ser comercializado, porém, não com o objetivo da acumulação capitalista. Chayanov (1973) lembra ainda, que o trabalho dispensado pela família no decorrer do ano depende de fato-res como a composição da mesma e a produtividade da unidade de trabalho.
Ainda considerando essas características próprias da economia familiar, Chayanov (1981) considera que o arrendamento ou a compra de terra só tem sentido para a família camponesa se permitirem que ela atinja o equilíbrio de sua unidade econômica. Isso re-dundaria em um nível de vida superior ou um menor dispêndio de trabalho, fato inverso do que ocorre na economia capitalista, que tem por princípio a concentração de terras e de poder. Sobre a existência da taxa de juros nas unidades camponesas de produção, o autor considera que ela só é paga pela família quando permite aumentar sua prosperidade, seja pela maior produtividade do trabalho, ou então pela expansão da superfície produtiva. Contudo, ela nunca será utilizada para a maximização de lucros.
desaparecer. Por isso, nesses estudos não é levada em consideração a conlitualidade. Essas diferentes leituras de mundo têm potencial para interferir na orientação dos governos e na aplicação de políticas públicas.
Tendo essa compreensão, adiante fazemos uma discussão da conlitualidade entre eles manifestada na alocação de recursos e nas diretrizes dos planos-safra 2015-2016.
Recursos estatais no campo: uma visão dual a partir do MDA e do MAPA
Existe uma simbiose entre a elaboração de políticas públicas e os posicionamentos defendidos pelos ato-res não-estatais frente ao Estado. Ou seja, o Estado não é somente uma expressão de vontades externas, mas também não está alheio a elas, ele é caracteriza-do pela permeabilidade (Müller et al., 2012). Para se compreender como as diferentes classes sociais e grupos de interesse impulsionam a ação do Estado, um importante indicador é o alocamento de recur-sos públicos. Os ministérios projetam o uso desses recursos com o intuito de operacionalizar, a partir de diretrizes, políticas pontuais que agem de modo a provocar o estímulo/mudança desejado. No caso do Brasil, os planos-safra do agronegócio e da agricultura camponesa são referências para se compreender o desenvolvimento projetado para o campo e suas contradições.
Em junho de 2015, em plena crise de recessão pela qual passa a economia brasilei-ra, o MDA e o MAPA divulgaram os planos-safra para a agricultura camponesa e para o agronegócio, respectivamente. Para a agricultura camponesa, o MDA (2015) previu o investimento de R$ 28,9 bilhões, um aumento de 29% em relação ao plano-safra anterior (2014-2015). Já no que se refere ao agronegócio, o MAPA (2015) trouxe uma previsão de orçamento de R$ 187,7 bilhões, um aumento de 20% com relação à safra anterior. Nesses termos, percebe-se que em números absolutos, os recursos do MAPA são cerca de 6,5 vezes maiores do que os que serão destinados ao MDA, por mais que o segundo tenha tido um crescimento percentual maior do que o primeiro se comparado à última safra.
As diferenças entre os modelos de desenvolvimento defendidos pelo MDA e pelo MAPA icam evidentes nos eixos que compõem os seus respectivos planos-safra. O MDA (2015) previu investimentos em: i) seguro da agricultura familiar; ii) Assistência Técnica e Exten-são Rural (ATER); iii) fortalecimento da agroindústria familiar; iv) ampliação de mercado; v) cooperativismo; vi) sementes e mudas; vii) convivência com o semiárido; viii) juventude
Para se compreender
como as diferentes
classes sociais e
grupos de interesse
impulsionam a
ação do Estado,
e sucessão rural; ix) mulher e sua autonomia; x) povos e comunidades tradicionais e; xi) desenvolvimento territorial. Por outro lado, os investimentos previstos pelo MAPA (2015) se desdobram em: i) recursos de custeio de comercialização; ii) Fortalecimento do Progra-ma Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP); iii) prograProgra-mas prioritários de investimento; iv) incentivo para inovação, tecnologia e boas práticas de produção; v) programas com enfoque setorial; vi) melhorias no Programa de Seguro Rural e; vii) Cria-ção do Grupo de Alto Nível para início dos estudos para formulaCria-ção da Lei Plurianual da Produção Agrícola Brasileira (LPAB).
Percebe-se que, apesar de os dois trazerem a preocupação de fortalecer a produção de alimentos, no caso do MAPA (2015) o aspecto comercial da produção agrícola ganha maior relevo. Em contrapartida, o MDA (2015) apresenta uma cadeia de valores mais ramiicada, onde se valoriza, além do econômico, também o social e o ambiental. Tratar a produção agrícola apenas numa perspectiva de mercado tem sido uma das particularidades do regime alimentar corporativista, que é caracterizado pela opção pelo livre-mercado, con-centração da terra, monocultivos, êxodo rural, padronização da dieta alimentar em escala global e outros (McMichael, 2009). O estabelecimento do lucro como objetivo primário da produção agrícola tem feito com que o alimento seja tratado como uma simples merca-doria. Por privilegiar essa perspectiva, o Brasil tem se irmado como produtor primário na divisão internacional do trabalho.
Vale ressaltar que conforme o Censo Agropecuário de 2006, mesmo possuindo apenas 24% da posse da terra e 14% do crédito público, a agricultura camponesa é responsável por 70% da comida consumida pelas famílias brasileiras e ainda cria 74% dos postos de trabalho no campo. Ou seja, apesar de o agronegócio gerar 70% da produção global de alimentos no Brasil, a maior parte da sua produção tem sido comercializada para fora do país. Em sentido contrário, dentro da proposta de ampliação de mercado do MDA (2015) para os agricultores camponeses constam as políticas públicas de compra governamental de alimentos como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A proposta é que 30% das compras de alimentos realizadas por órgãos da Administração Pública Federal tenha proveniência de agricultores campo-neses locais. Para isso, identiicamos o Decreto nº 8.743, de 22 de junho de 2015 que visa atender a esse objetivo.
porque tal fato traz como resultado a diminuição do número de produtores frente ao au-mento incessante do número de consumidores de aliau-mentos.
Além de mulheres e jovens, o MDA (2015) também traz em sua previsão orçamentária propostas especíicas para povos e comunidades tradicionais como indígenas, quilombolas, faxinais, pescadores artesanais, fundos de pasto e outros. O apoio proposto a esses grupos sociais é embasado em ações como regularização de terras, assistência técnica e incentivo ao extrativismo.
No documento do MAPA (2015) não existe nenhuma observação sobre a proveniência de sementes e mudas usadas na produção agrícola, o que possibilita a aquisição dessas junto à grandes corporações transnacionais, muitas das quais também responsáveis pela comer-cialização de agrotóxicos. O principal problema desse fato é que os agricultores têm perdi-do o poder de escolha em relação às mudas e sementes que irão utilizar em suas produções. Conforme Kloppenburg (2013), isso tem causado uma erosão em conhecimentos tradicio-nais de selecionamento genético. Em contrapartida, no documento do MDA (2015) existe uma preocupação com o resgate, armazenamento e multiplicação de sementes e mudas, ou seja, visa-se ampliar a capacidade de gerenciamento de sementes orgânicas e agroecológicas pelos camponeses.
Apesar de o agronegócio ser sustentado por um discurso ideológico que advoga em favor do livre-mercado, no plano-safra do MAPA (2015) existe a previsão de uma política de garan-tia dos preços mínimos. Isso dá aos médios e grandes produtores a certeza de que seu produto terá a inserção no mercado. Ainda do lado da produção, a elevação dos limites de inancia-mento busca atender ao auinancia-mento dos custos de produção. De forma explícita, o plano-safra prevê linhas especíicas para o fortalecimento e expansão do setor sucroalcooleiro, que tem sido um dos grandes empecilhos para a segurança alimentar no Brasil (homaz Júnior, 2009).
Essa lógica percebida em escala nacional também se reproduz em escalas menores. Por exemplo, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo receberá ape-nas 0,5% do orçamento estadual para 2015, ou seja, R$ 1.129 bilhão do total de R$ 204,8 bilhões. Desse montante, 70% –807,4 milhões– são para o agronegócio. Já os programas estaduais que visam beneiciar a agricultura camponesa possuem uma previsão de investi-mento 10 vezes menor (MST, 27 de julho de 2015). Portanto, até mesmo o Estado mais desenvolvido da federação reproduz as desigualdades
que caracterizam a disputa pelo modelo de desenvol-vimento para o campo no Brasil.
Em linhas gerais, enquanto no instrumento do MDA há um conjunto de diretrizes mais coerentes com a lógica camponesa, há ainda uma signiicativa parte destes recursos destinados ao crédito. Como consequência do desenvolvimento contraditório e desigual do capitalismo, em alguns casos, esses crédi-tos são usados para que ocorra a integração das uni-dades de produção camponesas ao mercado capitalis-ta, porém, a lógica do trabalho familiar permanece. Isso comprova que a dualidade abordada no presente trabalho não pode ser lida de maneira linear e sim-plista, pois ela é eivada de porosidades onde as rela-ções camponesas se fundem às capitalistas, mesmo sem perder sua lógica estrutural.
Além do mais, faz-se mister frisar que as políticas
pú-blicas destinadas ao crédito visam mitigar os efeitos perversos que são gerados pela precária inserção do campesinato na economia de livre mercado (Barbosa Júnior e Coca, 2015). Ou seja, a análise dessas intervenções deve se dar através da consideração das conlitualidades e das contradições. Dentro das relações de mercado, o campesinato tem se adaptado, de modo a incorporar algumas das práticas do agronegócio, todavia, a lógica continua camponesa por-que o trabalho familiar prevalece. Ainda, podemos identiicar em contrapartida, formas em que o próprio agronegócio tem sido impactado pelo processo de resistência camponesa, e isso também dentro da lógica de mercado, onde com o recente consumo crítico das massas que demanda a adoção de práticas menos nocivas à saúde pública e ao meio ambiente por parte do agronegócio.
Em suma, as relações descritas nas relexões teóricas tão polarizada não se concretiza de forma estritamente nítida na realidade, mas os princípios e cadeia de valores permanecem assim como os conlitos fruto delas, por mais que há ocorrido processos de hibridização.
Como consequência do
desenvolvimento
contradi-tório e desigual do
capitalis-mo, em alguns casos, esses
créditos são usados para
que ocorra a integração
das unidades de produção
Considerações finais
Desde o início do século XVI, quando foi dado início à colonização do Brasil por Por-tugal, tem sido privilegiado um modelo de produção agrícola baseado no monocultivo e nas grandes propriedades rurais. Isso é pontuado por diversos autores como um dos fatores que têm contribuído para que o Brasil permaneça como um país subdesenvolvido (Guimarães, 1981; Leal, 1975; Martins, 1979). No presente trabalho demonstrou-se que essa lógica tem se repetido na atualidade, devido ao maior orçamen-to que é dedicado ao modelo de desenvolvimenorçamen-to do agronegócio. Mesmo com o Brasil sendo governado desde 2003 pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que possui um histórico de apoio a pautas populares das entidades de base, constata-se que o agronegócio ain-da é hegemônico na condução ain-das políticas públicas para o campo.
No Brasil, o agronegócio se articula como força política por meio da bancada ruralista. Ela tem gran-de expressividagran-de nos diversos níveis gran-de governo, com destaque para o congresso, onde ela se articula para barrar projetos que visam cobrar do agronegócio mu-danças em suas práticas nocivas à saúde pública e ao meio ambiente. Ao mesmo tempo, ela também defen-de o agronegócio no direcionamento defen-de orçamentos.
Nesse contexto, é importante retomar as observações feitas pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização para Cooperação e o Desen-volvimento Econômico (OCDE) no documento “Perspectivas agrícolas 2015-2024” (2015), que aponta o Brasil como o principal exportador de alimentos do mundo na próxima década. Reconhecendo-se que esse avanço se dará através de uma massiva contribuição do agronegó-cio, faz-se importante pontuar que a agricultura camponesa será ainda mais importante para o consumo interno de alimentos. Contudo, a preocupação reside no fato de que, mesmo possuindo uma matriz de investimentos mais plural do que a proposta para o agronegócio, ela ainda ocupa um espaço subalterno no ordenamento de recursos para o campo no Brasil.
Portanto, tal levantamento indica que caso essa lógica se sustente tornar-se-ão mais agudas as preocupações com a segurança alimentar da população brasileira, especialmente a parcela dela que se encontra em condição de vulnerabilidade social. Apesar de o agrone-gócio possibilitar ao Brasil uma balança comercial favorável, sua sustentação tem se dado através de onerosos custos aos cofres públicos. Em contrapartida, a agricultura camponesa que, além de produzir a maior porção dos alimentos que chegam até a mesa do brasileiro
A preocupação reside
no fato de que, mesmo
possuindo uma matriz
de investimentos mais
plural do que a proposta
para o agronegócio, ela
ainda ocupa um espaço
subalterno no ordenamento
também está vinculada a um modelo de desenvolvimento com preocupações sociais e am-bientais, não tem recebido à devida atenção.
Considerando esses fatos, esse texto trouxe uma análise comparativa entre os atuais pla-nos de safra do agronegócio e da produção camponesa no Brasil. As diferenças são muito grandes, isto é, o agronegócio recebe investimentos gigantescos para a produção destinada, em sua maior parte, à exportação, enquanto a agricultora camponesa produz a maior parte dos alimentos consumidos pela população brasileira, recebendo a menor parte dos investi-mentos inanceiros.
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Luchas por el territorio y soberanía
alimentaria en el Istmo oaxaqueño, México
Territorial struggles and food sovereignty in the
southern Istmus, Mexico
César Adrián Ramírez Miranda, Lilia Cruz Altamirano y Vicente Marcial Cerqueda*
Resumen
En el presente artículo se analiza la importancia de la soberanía alimentaria en los procesos de cons-trucción autonómica que realizan los pueblos originarios en sus luchas por la defensa del territorio. El referente empírico es el conlicto territorial que enfrenta en el Istmo de Tehuantepec, México, a las comunidades indígenas contra las empresas transnacionales y el Estado mexicano que las respalda en la construcción de parques eólicos. Se documenta la desterritorialización impulsada por el Estado mexi-cano, en un contexto de debilitamiento de la producción campesina, así como la reterritorialización derivada de la lucha de las comunidades mareñas. Finalmente, se discuten los desafíos para el forta-lecimiento de la comunalidad, eje conceptual y práctico de la construcción autonómica en la región.
Palabras clave: comunalidad; construcción autonómica; reterritorialización; parques eólicos; colonia Álvaro Obregón.
Abstract
he Fairtrade certiied fair trade lives today an important internal crisis: its original principles seem increasingly at risk and mixed, often, with interests of stakeholders that have little to do with the social commitment and struggle of those who preceded them. he very meaning of the words fair trade may be changing due to the entry of large multinational companies whose purpose seems rather a fairwashing issue. However, in this scenario, Latin American small producers are taking a greater role on rewriting, from below and from the South, power relations and rules that dominate the global fair circuits.
Key words: communality; autonomic processes; reterritorialization; wind energy farms; colonia Álvaro Obregón.
* César Adrián Ramírez Miranda es coordinador del Doctorado en Ciencias en Desarrollo Rural Regional en la Universi-dad Autónoma Chapingo y coordinador de la Red Temática en Gestión Territorial para el Desarrollo Rural Sustentable. cesarmr2001@yahoo.com.mx
Lilia Cruz Altamirano es postdoctorante en el Posgrado en Desarrollo Rural Regional en la Universidad Autónoma Chapingo. altamiranolilia@gmail.com
Vicente Marcial Cerqueda es especialista en lenguas indígenas. vicentemarcialcerqueda@hotmail.com
Fecha de recepción: 30 de julio de 2015 Fecha de aceptación: 10 de diciembre de 2015
Introducción
E
l 31 de enero de 2013 Jonathan Davis, presidente del Consejo de Administración del consorcio transnacional Mareña Renovables, lanzó un ultimátum al gobierno del estado de Oaxaca reclamando su intervención para erradicar la oposición a la construcción de un parque eólico en la Barra Santa Teresa. En seguida, el 2 de febrero, tres-cientos policías irrumpieron en la localidad zapoteca de Álvaro Obregón, en el municipio de Juchitán, en la porción oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, con el propósito de remo-ver la barricada con que los pescadores y campesinos de dicha comunidad expresaban su rechazo a la instalación de 102 aerogeneradores en su territorio. Menos de un año después, en enero de 2014, el vocero del fondo de pensiones holandés PGGM declaró a la prensa de su país que el proyecto de Mareña Renovables en la Barra Santa Teresa estaba muerto.La lucha por el territorio en Gui’xhi’ Ro’, colonia Álvaro Obregón, una pequeña co-munidad rural de cerca de 5 mil habitantes, pone de maniiesto la contradicción que vive América Latina entre el modo de vida campesino e indígena, sustentado en relaciones comunitarias y el capital transnacional.
Este artículo contextualiza el conlicto territorial, expresado por la irrupción de empre-sas generadoras de energía eólica en la región istmeña que han avanzado sobre el territorio de las comunidades contando con el soporte del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, transformando de manera abrupta el paisaje y abriendo un proceso de desterri-torialización acompañado por el debilitamiento de la reproducción campesina y la conse-cuente emigración. También se analiza la problemática alimentaria de la comunidad a la luz de las causas que detonaron y escalaron el conlicto. Se reconoce que la amenaza de la empresa eólica a la base de sustentación de las familias de pescadores campesinos explica su rechazo, pero también se introducen al análisis los elementos culturales e históricos que subyacen a este movimiento. Finalmente, se discute sobre los desafíos del modo de vida comunitario campesino e indígena, enfrentado a la apropiación capitalista del territorio y el lugar que ocupa la búsqueda de la soberanía alimentaria en esta disputa; se incorporan los cuatro elementos principales de la comunalidad y se adelanta una conclusión para dialogar con la academia y los actores regionales.
Esta contribución se soporta conceptual y metodológicamente en un enfoque mundial histórico (Araghi y Mc Michael, 2006) e incorpora elementos de la Geografía Crítica y la Comunalidad; además procura una perspectiva transdisciplinaria mediante los Talleres de Diálogo Cultural (TDC) realizados en la Colonia Álvaro Obregón utilizando el diidxazá como lengua principal.1
El conflicto territorial istmeño: capital transnacional frente a las comunidades indígenas
El conlicto de los pobladores de Álvaro Obregón con la transnacional Mareña Renova-bles que desembocó en la cancelación de un proyecto con un valor superior a los 1.000 millones de dólares, programado para generar 396 megavatios y constituirse en el mayor parque eólico de América Latina, expresa la complejidad de un enfrentamiento mayor entre las formas de vida comunitarias que persisten
en la región istmeña y en buena parte de la geografía latinoamericana, y las empresas transnacionales que buscan apropiarse de sus territorios para establecer usos no agrícolas del suelo con alta rentabilidad.
En este conlicto territorial se pueden analizar las transformaciones del Estado en su relación con las corporaciones transnacionales; la institucionalización de las dirigencias radicales de ines del siglo XX; la persistencia de la corrupción y de la violencia como recursos políticos, así como el deterioro de la repro-ducción campesina; pero también se destacan las po-sibilidades de los movimientos sociales en torno a las identidades étnicas y las relaciones comunitarias; así como los cauces que se abren a las experiencias au-tonómicas. Nuestra atención se centra en la relación entre el conlicto territorial y la cuestión alimentaria.
Las luchas por el territorio aparecen como luchas
por el desarrollo, debido a que la apropiación de los recursos de las comunidades requiere aun cierta legitimidad (Ramírez, 2006). En este conlicto la empresa eólica buscó mos-trarse como la portadora del desarrollo sustentable, ante la creciente preocupación por la transición hacia las energías renovables; también procuró desacreditar a sus opositores señalándolos como renuentes al desarrollo y al progreso de las comunidades.2 Por su parte,
los pobladores de Álvaro Obregón, cuestionaron dicho discurso al enfatizar los perjuicios que tendría la instalación de los aerogeneradores sobre su actividad pesquera, además de la
reconstrucción de su realidad e inluir en su direccionalidad mediante la elaboración de planes de acción que permitan rescatar, fortalecer y desarrollar las formas de vida de la comunidad (Rendón, 2004: 33-43). En el taller de diálogo cul-tural realizado en la comunidad de Gui’xhi’ Ro’, Álvaro Obregón, participaron 13 mujeres y 15 hombres: amas de casa, campesinos, pescadores, trabajadores de la construcción y obreros, principalmente.
2 En su ultimátum ya referido, el presidente del Consejo de Administración de Mareña Renovables declaró: “jamás nin-guna empresa va a querer aterrizar en Oaxaca porque no hay ninnin-guna seguridad jurídica, ya nos iremos a otro estado o a otro país… es una aberración que un grupo de gente que está al margen de la ley pueda parar un proyecto así y va a dar una terrible señal.” Matías, Pedro “Exige Mareña Renovables seguridad jurídica o cancela proyecto eólico en Oaxaca” (Matías, 2013).
En este conflicto la empresa
eólica buscó mostrarse como
la portadora del desarrollo
sustentable, ante la
cre-ciente preocupación por la
transición hacia las energías
renovables; también procuró
desacreditar a sus opositores
señalándolos como
renuen-tes al desarrollo y al
concentración de los beneicios del proyecto en las empresas transnacionales del consorcio Mareña Renovables. Pero sobre todo, reivindicaron el derecho a decidir sobre su territorio.
La irrupción de las empresas eoloeléctricas sobre los terrenos de las comunidades y eji-dos en la Planicie Costera del Istmo de Tehuantepec, en el contexto de la crisis ambiental a escala planetaria y la gestación del capitalismo verde, signiica que hay una gran
opor-tunidad de negocio en el territorio istmeño gracias a sus condiciones naturales que le otorgan posibi-lidades excepcionales para la generación de energía eléctrica a partir del viento. En efecto, el mapa de Clasiicación de la Potencia del Viento publicado en abril de 2004 por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) del Departamento de Energía de los Estados Unidos, con inanciamiento de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), identiica siete clases de potencia del viento; en las primeras cinco el potencial del recurso se caliica como pobre, escaso, moderado, bueno y excelente; pero en nuestra región de estudio predo-minan las clases 6 y 7, para las cuales el mapa no pre-senta denominación y que cuentan con una densidad de potencia (medida a 50 m de altura) de 600 a 800 W/m2 y de más de 800 W/m2, respectivamente.
Pero la irrupción de las transnacionales eoloeléctricas no puede explicarse sin la gestión del Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno. Correspondió a la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública hoy en quiebra, iniciar en 1986 las mediciones anemomé-tricas, apoyadas por el NREL, que desembocarían en 1994 en la instalación de una estación experimental con siete aerogeneradores en terrenos federales aledaños al poblado de La Ven-ta, municipio de Juchitán. Dichos trabajos aseguraron rentabilidad a las transnacionales, que sobre todo a partir de 2004 fueron convocadas por el gobierno federal y estatal a distribuirse el territorio istmeño al tiempo que se adecuaba el marco legal para permitir la generación de energía eléctrica a particulares, mucho antes de la controvertida reforma energética de 2012.
La inauguración en 2006 del parque eólico La Venta II, con 98 aerogeneradores y una capacidad de 83,3 megavatios (Henestroza, 2008: 19), abrió un proceso de brusca transfor-mación del paisaje regional comandado por las empresas eólicas e impulsado por el gobierno estatal y los gobiernos municipales mediante concesiones ilegales. Los beneiciarios de este proceso de desterritorialización3 son empresas multinacionales españolas (Iberdrola,
Accio-3 Usamos el concepto siguiendo a Haesbaert (201Accio-3) quien cuestiona los usos incorrectos o mitos en torno al mismo y explica que hablar de desterritorialización tiene sentido cuando se hace referencia a la precarización de las condiciones de vida de la población subalterna y a la fragilización o pérdida de control sobre el territorio.
Hay una gran
oportunidad de negocio
en el territorio istmeño
gracias a sus condiciones
naturales que le otorgan
posibilidades excepcionales
para la generación
de energía eléctrica
na, Gamesa, Unión Fenosa/Gas Natural, Preneal, Renovalia Energy), con participación de algunas italianas (Enel) y francesas (EDF). Su negocio es producir electricidad para grandes oligopolios como Wall-Mart, FEMSA, Heineken, Cemex y Bimbo, entre otros, pero también capturar la venta de bonos de carbono veriicados por el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU y el acceso a los inanciamientos dirigidos a favorecer la transición energética.
[image:30.539.78.464.270.550.2]La distribución que las empresas transnacionales hicieron del territorio istmeño, alenta-das por el gobierno federal y del estado de Oaxaca, se acompañó de la compra de volunta-des de los presidentes municipales y autoridavolunta-des ejidales. El resultado de esta volunta- desterritoria-lización aparece en el mapa elaborado por Geocomunes, un colectivo mexicano dedicado a la cartografía colaborativa de denuncia de megaproyectos y conlictos socioambientales (Fi-gura 1). La Barra Santa Teresa aparece en la parte inferior central de la imagen. En seguida, en la Tabla 1 se presentan las empresas desarrolladoras de parques eólicos y su localización.
Figura 1.
Localización de parques eólicos en el Istmo oaxaqueño.
Tabla 1.
Empresas desarrolladoras de energía eólica en el Istmo oaxaqueño.
Razón social País Localización (Municipios - comunidades)
CFE México Juchitán-Ejido La Venta
Cemex-Acciona México-España Juchitán, Asunción Ixtaltepec, Santo Domingo Ingenio, Chimalapa - Agencia El Porvenir
Cisa-Gamesa México-España Juchitán, Unión Hidalgo
Eléctrica del Valle de México (EDF-EN)
México, ilial de Eléctrica de Francia
Juchitán-Agencia La Ventosa
Asunción Ixtaltepec - Agencia La Mata
Peñoles España Juchitán, Asunción Ixtaltepec
CFE-Iberdrola México-España Juchitán
CFE-Eyra México Juchitán
CFE-Acciona México-España Juchitán
Renovalia Energy España Juchitán, Santo Domingo Ingenio Femsa-Macquaire
(Consorcio Mareña Renovables)
México- España El Espinal, Unión Hidalgo, San Dionisio del Mar
EDF-EVEM Eoliatec del Istmo
México-Francia
España Juchitán
Gas Natural Fenosa España Juchitán
Grupo Mar n. e Juchitán
Enel Italia Asunción Ixtaltepec
Mexion n. e Juchitán
Fuente: Cruz (2013) con datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).
La transformación del paisaje istmeño con la instalación de 21 parques eólicos actualmente en funcionamiento se inscribe, desde una perspectiva latinoamericana, en lo que Svampa (2012) llamó el Consenso de los commodities como afán de los gobiernos nacionales en
valo-rizar sus recursos naturales mediante la producción de materias primas atrayendo a la inver-sión extranjera; sin embargo, a diferencia de lo que sucede en Argentina, Ecuador, Bolivia o Venezuela, más que las preocupaciones por allegarse divisas para el gasto social, priva en México una noción desarrollista decimonónica con marcados componentes racistas y cen-tralistas.4 Aún más, mientras el neoextractivismo del Cono Sur se sustenta en gobiernos con
un amplio respaldo popular, en México la entrega de los recursos energéticos a las grandes corporaciones extranjeras es impuesta por gobiernos cuya menguada legitimidad interna se trata de compensar en el exterior.
