Bogotá, D.C., Agosto 6 de 2013 Señores
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. Pontificia Universidad Javeriana Cuidad
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Percepción de las implicaciones psicológicas y sociales del proceso de restitución De tierras en Colombia
Tesis doctoral Trabajo de grado x Premio o distinción: Si No x cual:
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FORMULARIO
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO
PERCEPCIÓN DE LAS IMPLICACIONES PSICOLOGICAS Y SOCIALES DEL PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS EN COLOMBIA
SUBTÍTULO, SI LO TIENE
AUTOR O AUTORES
Apellidos Completos Nombres Completos
López Siabato Nathalie
Montealegre Góngora Catalina
Quintero Ramírez María Claudia
DIRECTOR (ES) TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO
Apellidos Completos Nombres Completos
Lozano Ardila Martha Cecilia
FACULTAD Psicología
PROGRAMA ACADÉMICO Tipo de programa ( seleccione con “x” )
Pregrado Especialización Maestría Doctorado
X
Martín Emilio Gáfaro Barrera TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:
Psicóloga
PREMIO O DISTINCIÓN(En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):
CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA
TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO
NÚMERO DE PÁGINAS
Bogotá 2013 100
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” )
Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y
diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras
X
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DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo [email protected], donde se les orientará).
ESPAÑOL INGLÉS
Víctima Victim
Ley Law
Implicación psicológica Psychological implication
Implicación social Social implication
Conflicto armado Armed conflict
RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)
de los participantes sobre la indiferencia de la sociedad civil, la identidad colectiva y la re victimización.
ABSTRACT
RESTITUCION DE TIERRAS EN COLOMBIA
Nathalie López Siabato Catalina Montealegre Góngora María Claudia Quintero Ramírez
Autoras
Martha Cecilia Lozano Ardila Directora
Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Psicología
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 4
El Problema 5
Fundamentación bibliográfica 18
Objetivos 51
Categorías 51
MÉTODO 53
Enfoque y método de investigación 53
Participantes 55
Técnicas e Instrumentos 55
Procedimiento 57
RESULTADOS 59
DISCUSIÓN 83
RECOMENDACIONES 90
REFERENCIAS 92
RESUMEN
Palabras Clave: Víctima (SC 55716), Ley (SC 27880), Implicación Psicológica (SC 41716), Implicación Social (SC 48320), Conflicto Armado (SC 11250).
La presente investigación está enmarcada dentro del enfoque hermenéutico con el propósito de llevar a cabo la interpretación de las percepciones de 2 personas en situación de desplazamiento forzado, 2 defensores de derechos humanos y 2 profesores universitarios frente al proceso de restitución de tierras en Colombia, para comprender las implicaciones psicológicas y sociales que éste fenómeno conlleva. Se empleó el método fenomenológico para analizar las percepciones de los participantes, a través de entrevistas en profundidad. Los resultados mostraron que las implicaciones psicológicas más referidas fueron el miedo, la frustración y la impotencia, mientras que las implicaciones sociales más referidas fueron la desconfianza, la deshumanización, y la estigmatización. Algunos aspectos en los que a través de la triangulación se encuentran convergencias tiene que ver con: el hecho de que la lucha por las tierras se remonta a la colonización; la replicación estructural y social de la desigualdad en el campo obstaculiza el desarrollo y la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado; la falta de garantías y seguridad son condiciones que generan desconfianza, desestructurando el tejido social e imponiendo el temor, así como reconfigurando la identidad de las víctimas en distintos niveles. Ahora, las divergencias encontradas se manifiestan en las percepciones de los participantes sobre la indiferencia de la sociedad civil, la identidad colectiva y la re victimización.
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN
Un territorio más que un lugar físico y material, es un espacio o contexto social, cultural, político y psicológico provisto de la relación y las dinámicas diarias y colectivas que lo enmarcan en una inmensa importancia de vida cotidiana e identidad. Para cualquier personas territorio es fuente de sacrificio por la historia de trabajo duro que trae consigo, como también es fuente de tranquilidad, por la estabilidad que éste genera al ofrecer un espacio estable, tanto para la persona como para su familia y su acontecer, pues es el centro de relación consigo mismo y con los demás. Un territorio es un hogar, es la vida. En Colombia, al ser el territorio un elemento configurador de la vida de las personas en lo económico, social, productivo y en los recursos, en algunas regiones se presta para la generación de conflictos por la riqueza de las tierras, lo cual ha dado lugar a la guerra, a las amenazas o la práctica de destierro y con ello al desplazamiento forzado.
A lo largo de la historia de Colombia la calidad de las tierras para el cultivo, la cría de ganado o la riqueza minera, se ha constituido como uno de los problemas más graves y que más víctimas ha dejado en el país, debido a que los terratenientes, narcotraficantes u otros grupos se las han arrebatado a campesinos, indígenas o mineros artesanales. Tras periodos cortos y varias promesas sin cumplir, junto con la esperanza de campesinos e indígenas que lo han perdido todo, se suma la caída de aproximadamente diez reformas agrarias, lo cual tiene grandes implicaciones, no solo para estas personas que han sido violentadas, sino para todo el país, pues genera aún más incertidumbre frente a la condición de las tierras y así mismo las condiciones de vida de los grupos que viven y trabajan en estas.
En el presente trabajo se exponen las implicaciones psicológicas y sociales que deja el arrebatamiento de tierras en el marco del conflicto armado actual en Colombia, a partir de las percepciones de tres grupos de personas (desplazados, defensores de derechos humanos y académicos) sobre el proceso de restitución de tierras incluido en la Ley 1448 del 10 de Junio de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, del gobierno vigente, con la intención de identificar, describir e interpretar las expectativas que genera este tipo de leyes en la población en general y en las víctimas en particular.
resolver el problema de la tenencia de tierras en Colombia, las implicaciones psicológicas como el miedo, el terror, la reconfiguración de la identidad, la frustración, y las implicaciones sociales como la estigmatización, la desconfianza y la deshumanización, también se incluye un apartado frente a la legislación reciente en cuanto a la restitución de tierras. Finalmente, se presentan los resultados, discusión y recomendaciones de la investigación, a partir de las percepciones de 2 personas en situación de desplazamiento forzado, 2 defensores de derechos humanos y 2 profesores universitarios en la ciudad de Bogotá, frente al proceso de restitución de tierras, con el fin de discutir las convergencias y divergencias encontradas entre los grupos entrevistados para este trabajo, y dejar precedente académico de la importancia de las implicaciones que procesos legislativos como esta ley, dejan en las víctimas del conflicto armado en Colombia.
El Problema
El territorio como ente configurador de la vida de las personas, es, ha sido y será siempre centro de disputas y conflictos. Cuando los ciudadanos se sienten amenazados por el riesgo que pueda correr su territorio, generan reacciones insospechadas donde están sometidos a una serie de descalificaciones, señalamientos y rechazos que producen miedo, desesperanza, frustración e incertidumbre. Sin embargo, en muchas ocasiones, se emprende una búsqueda de posibles soluciones y metas que permitan construir un camino distinto, empezar una nueva vida, adaptándose a nuevos entornos.
Al hablar de conflicto territorial se hace referencia a “una polémica que surge por el usufructo del
poder con relación a desacuerdos en la utilización del control político y de las ventajas económicas
sobre un territorio o un grupo social” (Pérez, 2004, p. 64). El poder y control sobre grandes porciones de tierra es el principal motivo por el cual se genera el conflicto, la avaricia es la que lo mantiene. Aun así, no es el conflicto en sí la causa del problema, el problema realmente es la dirección que toman estos conflictos, su manejo, sus formas, las instancias y personas implicadas, pues variaría de acuerdo a los elementos que están de por medio. En este caso particular se trabaja bajo una mirada de conflicto por configuración territorial.
Desde siempre la territorialidad, entendida como el “proceso de apropiación de un territorio tejido a través de las necesarias relaciones e interacción entre las personas y con el lugar que habitan” (Osorio,
2006, p. 32), es parte del devenir de la vida de las personas en sociedad; y junto a la colonización, ha constituido formas históricas que describen la demandante necesidad de hombres y mujeres por construir una vida colectiva en un determinado espacio. Para la presente investigación se entenderá el territorio como un conjunto de “vínculos de dominio, poder, apropiación y pertenencia entre una porción o una totalidad de espacio geográfico y de un determinado sujeto individual o colectivo”
Ahora bien, la colonización específicamente, fue un proceso histórico que se dio en la mayoría de países del mundo, y que, en sus inicios, perseguía fines justos que apoyaban el derecho a la ocupación de un territorio. Pero es claro que poco a poco esta concepción se fue invalidando en Colombia, pues con el paso del tiempo y en contexto de guerra, desigualdad, inequidad y falta de presencia del Estado, se ha desviado hacia fines injustos en los que la apropiación de tierras por parte de los dueños del poder hacia los campesinos e indígenas ha dejado un sinfín de víctimas, una gran impunidad y muy poca sensibilización civil (Pérez, 2004).
Desde la Conquista se han dado divisiones entre grupos sociales, centradas en las diferencias raciales, que con el paso del tiempo no se olvidaron, pues en la República, el orden social estaba dado por la raza, la actividad económica, la participación en el gobierno, y el tiempo de residencia (Barragán, 2007). La configuración de territorios desde ese entonces ha estado ligada a grupos específicos, relacionados con el poder y el status que cada uno tenía, definiendo los espacios sin ninguna equidad, generando, por el contrario, aislamiento y enfrentamiento entre los grupos establecidos en el territorio.
Es así como a lo largo de la historia, tres grandes siglos evidencian este problema en Colombia, los siglos XVIII, XIX y XX son testigos del acaparamiento, del hacendado o terrateniente, de tierras baldías, como estrategia para retener la población rural que les era útil para esclavizar a través del trabajo y así usufructuar la riqueza de la tierra ocupada.
De esta manera, el espacio geográfico y social en los siglos XVIII y XIX, no estaba regulado por ningún ente administrativo o gubernamental, por el contrario, de acuerdo con Barragán (2007) este espacio estaba conformado por unidades sociales independientes que tenían algo o poco de relación entre sí, que rechazaban la autoridad y buscaban la imposición de intereses específicos a la mayor cantidad de población que se pudiera. No existía un administrador de la fuerza, de los recursos y/o de la justicia, sino un aparato administrativo como herramienta de algunos grupos para validar sus intereses en ciertos periodos; prácticas que aun hoy continúan.
Durante el siglo XIX y principios del siglo XX la gran territorialización comprendía el creciente fenómeno del comercio, convirtiéndose en el nuevo centro de la agricultura, la ganadería y la minería colombiana. La expropiación de los recursos y especialmente de la tierra, ha sido la característica de estos siglos, que dejaron en manos de los grandes “líderes” y terratenientes, la mayor cantidad de territorios, que tras pertenecer a ellos, los adecuaban para también utilizar y esclavizar a los indígenas, negros y campesinos que no tenían más remedio que aceptar vivir en espacios enajenados y en condiciones precarias con el fin de sobrevivir en la sociedad de esa época.
un siglo de la historia de Colombia. En estas guerras eran las masas trabajadoras quienes derramaban su sangre con la esperanza de obtener cambios favorables en su estilo y calidad de vida. El autor, dice que en muchas ocasiones cuando el pueblo responde con guerra es porque los medios pacíficos utilizados con anterioridad han resultado inútiles para reclamar derechos o intereses de la sociedad, de manera tal que en ocasiónese dan respuestas violentas ante los ataques constantes de diferentes grupos legales o ilegales que están atentando contra la vida humana y la sociedad en general al realizar diferentes tipos de delitos, impidiendo el libre desarrollo de la persona, tanto a nivel individual, laboral o social. Es desde este entonces, que el gobierno no ha podido generar una solución radical a los problemas de la inequidad y la injustica material y simbólica.
Es importante de esta forma anotar que algunos de los problemas que han desencadenado las guerras en el pasado han sido: la esclavitud, la discriminación y exclusión de la población indígena, la miseria del pueblo, y el mismo intento de incluir un sistema democrático como forma de gobierno, en una realidad económica y social de la nación que no podía asimilar dicho sistema.
Rozo (2002) registra que solo en el siglo XIX se dieron 9 guerras civiles, en los siguientes años: 1830,1840, 1851, 1854, 1860, 1876, 1884, 1895 y 1899, esto como herencia, mostrando así como “la
independencia, guerras civiles y motines asolaron al país” (Gonzalo, 2001, p. 43).
Además, hay que tener presente que desde la antigüedad “las acciones violentas, el odio y la
persecución han estimulado la insurgencia para tener un pretexto de dominar al país por medio de la fuerza” (Rozo, 2002, p. 33). Estas guerras han tenido los matices de inconformidad ante las desigualdades sociales ocasionadas por las luchas por la reivindicación y el reconocimiento económico y social de los campesinos.
Un fenómeno importante de acuerdo con Gonzalo (2001) fue emplear fondos privados y públicos en actos bélicos que pudiesen haber sido aprovechados en inversiones productivas para el país, situación que sigue sucediendo en la actualidad, porque además de continuar con la postura guerrerista de enfrentamiento y aniquilación de diferentes sectores del país, las guerras o los conflictos acentúan los problemas de modernización, no solo tecnológicos sino de progreso social, lo que implica retrocesos y estancamientos.
Ya a comienzos del siglo XX surgen polémicas nuevas respecto a la legislación de tierras. Uno de los conflictos más importantes y centrales de la historia de Colombia, surge por esa época. Ocurrido en la zona bananera del Magdalena en el año 1928, en la que una multinacional estadounidense llamada United Fruit Company –UFC-, que comercializaba frutas tropicales, entró al territorio Colombiano ofreciendo en un principio grandes expectativas de empleo, pero que luego lleva a un gran número de
personas a la lucha en torno a la “reivindicación de los derechos de los trabajadores” (Rozo, 2002, p.
condiciones precarias en las que trabajaban y vivían, por lo que se desencadenaron grandes y violentas huelgas en esta zona del país, que culminaron en la masacre de Ciénaga del 5 de diciembre de 1928, dejando alrededor de mil muertos aproximadamente, pues no hay una cifra exacta sobre las víctimas de este exterminio. (Gaitán, 1972)
La United Fruit Company, fue una compañía que tuvo gran influencia dentro de las autoridades, estableciéndose como una fuente de poder grande, que llegó a monopolizar el comercio regional
consolidándose sobre los productos a precios bajos, lo que se tradujo en “la existencia de un gobierno autoritario que imponía formas semifeudales de producción, donde el campesino era siervo de la
compañía, ya que si la abandonaba se moría de hambre quedándose sin opciones para vivir” (Rozo,
2002, p. 50).
Es así como la huelga de los trabajadores y propietarios de la tierra donde se trabajaban estos productos, llega a considerarse como un rechazo hacia las relaciones obrero-patronales así como una revelación frente a la forma semifeudal de producción que se estaba empleando. Esta huelga es un episodio en la historia de Colombia que narra la lucha de los campesinos, asalariados y trabajadores por sus derechos. Además de las víctimas que dejó, generó un aumento en los desplazamientos hacia las ciudades, y con el tiempo, la defensa y la lucha de los trabajadores, permite la legalización de sindicatos que lograrían reivindicaciones laborales. (Rozo, 2002).
De otro lado, durante esta misma época se generaron conflictos entre colonos y hacendados por la legislación de tierras, por el uso que se le daba a estas, pues los colonos empezaron a cultivar las tierras
que serían de su propiedad bajo el supuesto de “quien cultiva la tierra baldía es su propietario legal”
(Pérez, 2004, p. 66). Esta concepción de la propiedad de las tierras ocasionó expropiación y amenazas por parte de los hacendados, creando un conflicto que se vincula con relaciones de tortura, amenaza e intimidación.
Se impulsó entonces la promulgación de una unidad política y cultural, atribuyendo una función social a la tierra, otorgando lotes a los colonizadores y la expropiación de tierras no cultivadas, todo en torno a una mentalidad de productividad. Posteriormente, con la Ley 200 del 16 de diciembre de 1936
se promovería esta función social estipulando que si “en el término de diez años no se explotaba, ésta
sería revertida en forma automática al Estado” (Gonzalo, 2001, p. 57). Estos conflictos duraron varios
años, dentro de los cuales se dieron situaciones de destierro y desplazamiento a causa de las amenazas y malos tratos hacia los campesinos, quienes cultivaban las tierras.
titulación de las mismas, lo que desde ese entonces genero reacciones de violencia tanto por parte de los terratenientes como por parte de los mismos campesinos, desconociendo derechos sobre la titulación y la función social de la propiedad.
Así, en un principio los desplazamientos de los campesinos eran hacia zonas fronterizas y baldías del país, debido a la búsqueda de oportunidades de participar en la agricultura de exportación que les era rechazada y les obligaba a partir a las zonas más alejadas del territorio nacional. Por esto mismo es que la migración de campesinos se hizo cada vez más prolífera, pues estos no tenían como competir contra los grandes hacendados y terratenientes que pedían arriendo hasta por el más pequeño territorio. Durante este proceso de confrontación entre colonos y hacendados se conformaría dos tipos de ocupación de la tierra: el minifundio y el latifundio.
De esta manera, Cepeda (2009) advierte una realidad bastante creíble y visible: la justicia siempre ha estado al servicio de los latifundistas. Estas injusticias y la inequitativa distribución de tierras fueron, y aun hoy día siguen siendo, en ocasiones, un motivo para la creación de grupos guerrilleros, que pretenden defender a los campesinos sin tierra y hay que decir que algunas veces estos grupos están conformados por estos mismo campesinos.
Este fenómeno se originó un poco antes de la época de la violencia a mediados del siglo XX en medio de la guerra bipartidista que sirvió para asegurar la tenencia de las tierras entre los terratenientes, que aprovecharon los enfrentamientos para expandir más sus cercas, y en la que “la fuerza pública
ejercía con frecuencia la represión contra la izquierda y los movimientos sociales y una violencia
desmedida contra campesinos que ocupaban tierras” (Cepeda, 2009, p. 126).
Antes de continuar, es fundamental tener en cuenta el fenómeno del bipartidismo en Colombia, el cual también configuro la distribución inequitativa de la tierra y por consiguiente el fenómeno del desplazamiento forzado. A grandes rasgos, la fundación de los partidos políticos en 1849 se da bajo el mando de Ezequiel Rojas y Mariano Ospina, estableciéndose los que serían los dos partidos políticos más importantes de la época: liberal y conservador, respectivamente. Las relaciones que tenían estos partidos, define mucho del orden territorial de la época. Por un lado, el partido conservador comprendido por los terratenientes, los esclavistas, los burócratas, el clero y la milicia, por otro lado, el partido liberal constituido en su mayoría por indígenas, artesanos, esclavos, antiguos militares y comerciantes. Los primeros, dueños de las mayorías de territorios (antioqueños, andinos, costeños) quienes no querían que intervinieran en sus intereses económicos y quienes propendían por un status quo y, los segundos, aprisionados ante todo en los llanos orientales, para los que era necesario un cambio total con leyes generales y equitativas que los incluyera en el sistema.
provecho de la extensión de su poder. De acuerdo con Rozo (2002) desde el año 1945 se registró un incremento relativo de la violencia política que estuvo marcada por el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948. El panorama describía que hacia 1940 “el 50% de las tierras aprovechables estaba
en manos de propietarios que no llegaba al 4% de la población nacional” (Rozo, 2002, p. 59).
Los desplazamientos de campesinos, las malas condiciones de trabajo, la competencia entre los
partidos y la muerte de Gaitán contribuyeron a la explosión de la violencia a partir de “reclutamientos
de conservadores provenientes de zonas que habían sufrido la violencia liberal de los años 30, y así se oficializó el terrorismo en contra de los liberales, comunistas y agraristas” (Rozo, 2002, p. 62).
Generando métodos visibles como la tortura, la violencia sexual, mutilaciones, entre otros. Así mismo, se da el despojo de tierras, la amenaza constante, el incendio de predios, la muerte de ganado y la homogenización política de regiones. Y para colmo de males, la situación que se estaba viviendo, generaba a su vez la conformación de los grupos guerrilleros y autodefensas a manos de Juan de la Cruz Varela y Pedro Antonio Marín.
Con el crecimiento de estos fenómenos insurgentes se acrecienta la ineficiente acción del gobierno de Gaviria a favor de la justicia y la equidad, pues no son suficientes sus reformas y propuestas agrarias y de paz, para contrarrestar los catastróficos actos de las guerrillas. Se dice que es indudable que el sistema penal colombiano ha sido siempre particularmente tolerante con la violencia.
En Colombia aparece con insistencia una marcada incapacidad de la justicia penal para investigar las muertes violentas, de manera directamente proporcional a la gravedad de la violencia. Pero también hay una creciente desinformación que se da en el país alrededor del fenómeno: hay síntomas de subregistro al nivel más básico de la contabilidad de muertes, hay señales de sesgos en la clasificación de las defunciones y también evidencia de que el misterio y la ignorancia sobre las causales de las muertes violentas son proporcionales a los niveles de violencia (Rubio, 1999, p. 153).
Así es como la poca intervención del Estado es notoria, pues desde siglos pasados la organización estatal no cobija el bienestar de todos los colombianos, que deben sufrir transgresiones de varios tipos. Esta es la misma historia que González, Bolívar y Vásquez (2005) relatan como característica del
desarrollo político y social de Colombia, dada por la tensión entre “espacios centrales efectivamente
integrados a la dinámica económica y política de la nación y espacios periféricos, difusos y discontinuos, distinguidos por la exclusión o inclusión a medias” (González, et al., 2005, p. 264). Se evidencia de este modo la continua lucha de los campesinos por hacer valer su derecho a tener una franja de tierra propia, a un lugar digno donde vivir y trabajar, y la inclusión en el sistema.
Entonces, aquellos siglos de colonización territorial campesina permanente, se ven enmascarados en
reproducción del complejo latifundio-minifundio, la explotación minera o la rápida generación de
riqueza, siguen empujando a los campesinos hacia las partes más altas del país” (p. 264). Es indudable
el problema de desigualdad en oportunidades y la falta de validación de los derechos de todos los colombianos. El poder en manos de pocos sigue siendo el arma más contundente en contra de los más vulnerables, que tras no tener la ayuda del Estado, deben permitir todo tipo de agresiones.
Continuando, el contexto aquí expuesto, ya desde hace varios siglos atrás, describe a un país antidemocrático, que no da lugar a la participación de la sociedad civil en cualquier decisión económica o política; también un país de preferencias discutibles hacia aquellos que tienen el poder y el dinero y que por tanto los tiene en pedestales de ambición e individualización, desde los que sólo priorizan su bienestar y que no permiten la generación de una sociedad justa y equitativa pese a declararse como una de las mejores democracias entre las sociedades actuales; por el contrario, lo que
se tiene hoy es “un nuevo escenario donde el Estado y la sociedad replican las desigualdades
estructurales de índole territorial, económica y social que excluyen a la sociedad y la economía campesinas de la plena participación en la vida política y económica de la nación colombiana”
(González, et al., 2005, p. 265).
En términos de derecho al acceso a la tierra, en carácter de propiedad, en Colombia, lo único cierto es que es incierto, pues desde muchos siglos atrás se ha visto transgredida por la falta de regularización de los procesos e incluso por la inexistencia de los mismos, por lo que el arrebato y la apropiación de
terrenos con fines particularizados es lo que más se encuentra en este país. “Lo evidencia el caso de los
colonos de las zonas cafeteras en 1930 que solo poseían la tierra por medio de la relación con los jefes
políticos locales, que les ayudaban a recibir las tierras a cambio de sus votos” (González, et al., 2005,
p. 215).
Es por lo anterior, que encontramos ya un sinfín de elementos críticos hacia la actual Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a la que se le ha dado un protagonismo histriónico en los medios de comunicación y la cual, al parecer, por las críticas realizadas desde diferentes focos y perspectivas, no ha logrado ninguno de los presupuestos que en su interior ostenta.
Dentro de los comentarios más fuertes hacia la Ley, se encuentran los realizados por el Polo Democrático, específicamente por el senador Jorge Enrique Robledo y los representantes Iván Cepeda
y Wilson Arias, quienes aseguran que “hasta la fecha el Gobierno no ha restituido la primera hectárea a
quienes fueron despojados por métodos violentos de la propiedad de sus tierras” (Revista Semana.
Mayo 30 de 2012). Se argumenta que la ley no avanza y que sus alcances no le permitirán al Gobierno cumplir la meta de restituir 160.000 hectáreas.
que Juan Camilo Restrepo (Ministro de Agricultura) mencionó acerca de la Ley como un proceso pensado para una etapa de postconflicto y que sin embargo se lleva a cabo en medio de un conflicto armado. Comentan estos investigadores, que ciertamente por lo anterior es que se da la creciente
victimización de líderes campesinos, “entre 2010 y 2011 han sido asesinados 19 líderes que
reclamaban tierras, siendo los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia y Sucre los más
afectados” (Barrera, Quiroga. 2012). Así lo confirma la Fundación Nuevo Arco Iris que reconoce riesgos de carácter jurídico, de carácter político, y amenazas a la integridad física y social de los líderes reclamantes de tierras y sus organizaciones.
Por ejemplo el SIADDHH (2012) (Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia) también registra que al menos 64 personas lideres o defensores han sido agredidas, y 13 han sido los lideres o defensores asesinados entre Enero y Marzo de 2012, quienes en su mayoría pertenecen a la región del Cauca y Nariño y son parte de comunidades indígenas.
Aunque debido al aumento de los asesinatos contras los líderes de la restitución de tierras de acuerdo con el Tiempo (2012) el Ministro de Defensa anunció la creación de una unidad nacional para la investigación de los asesinatos de estos líderes, ya que éste en definitiva es un fenómeno al que las autoridades deben darle absoluta prioridad, puesto que condiciona la efectividad de la ley, y refuerza una de las críticas persistentes del proceso, sobre la falta de garantías de no repetición y de seguridad de las víctimas.
Muchos de estos líderes han sido asesinados a manos de los autodenominados ejércitos anti restitución, que se consideran una seria limitación para el correcto desarrollo de la Ley. “Las amenazas
de los ‘ejércitos anti restitución’ en las viejas retaguardias de los ‘paras’ no sólo son una evidencia del
remedo de un proceso de paz durante el gobierno anterior, sino el principal obstáculo de las buenas intenciones del gobierno Santos frente al problema agrario” (Barrera, Quiroga. 2012).
Para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), los ejércitos anti restitución, son la continuación del paramilitarismo presente en la vida de líderes victimarios en formas de mensajes fuertes y hostigantes con amenazas que impiden el trabajo y el retorno con garantías de no
repetición, que la Ley promulga. “Los denominados ejércitos anti restitución son grupos paramilitares que hacen hoy presencia en algunos departamentos del país como Nariño, en el suroccidente (como ha denunciado el MOVICE en diversas ocasiones, en esta región del país del MOVICE han venido
recibiendo constantes agresiones desde noviembre del 2011) y el Cesar en el nororiente” (MOVICE.
2012).
en que los grupos insurgentes “siguen ejerciendo un control y una violencia política sobre los
colectivos sociales en el país y sobre los territorios. Sin contar además las violaciones a derechos individuales y colectivos en las que muchas veces participan los propios agentes estatales” (González.
2012), lo que implica grandes limitaciones para lograr los objetivos que la Ley propone.
La segunda critica involucra los procesos de presunciones de despojo y derecho en relación con ciertos contratos, en los cuales se involucra el beneficiario (anterior ocupante de su tierra) y al opositor (ahora ocupante de la tierra) en torno a la búsqueda de soluciones por medio de contratos que pueden llegar a no dar solución específica y concreta al victimario, sino posiblemente más problemas.
Se generarían graves consecuencias, por lo tanto, en la relación orgánica que se tiene con el territorio, para el caso de los indígenas por ejemplo. También un desarraigo con la dinámica de vida para las poblaciones afro descendientes y campesinas y una ruptura generacional al interior de las propias familias sobre la importancia de vivir en las zonas rurales o urbanas. (González. 2012).
En su última critica, González (2012) comenta el tratamiento diferenciado a los grupos étnicos en la Ley de Víctimas, en que se nota ausencia de mecanismos para la protección de los derechos territoriales étnicos como también de los derechos colectivos, por lo que el panorama es incierto para estas comunidades que deben acomodarse a las decisiones del Estado colombiano que tiene la soberanía sobre sus territorios, y ha demostrado a lo largo del tiempo un mal uso de ella.
Otro de los puntos claves retomados por Todd Howland (2012), representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en una rueda de prensa en Bogotá donde presento su informe anual, como critica a la ley, tiene que ver con el riesgo que se viene dando para los involucrados en todo el proceso. Menciona que la Ley debe asegurar protección a todos los implicados, pues "los asesinatos cometidos en 2011, sumados a los registrados en 2010, y las amenazas y agresiones, dan cuenta del peligro y de la especial conflictividad que existe en torno a la tierra" (El Espectador.2012). Además se señala la necesidad de atención especial a los jueces encargados de los procesos, tanto en protección como en seguimiento del proceso, para asegurar honestidad e imparcialidad. Nace con lo anterior una petición por una unidad especial dirigida a investigar los crímenes relacionados con la implementación de la Ley y un adecuado plan de protección general para todos los involucrados.
Al lado de lo anterior, desde la ONU también se critican elementos de aplicación de la misma, es decir irregularidades entre lo planteado y la realidad, y aspectos como la incapacidad de dar respuesta a todas las solicitudes y entregar a las víctimas la propia tierra de donde fueron desplazados. “Hay varios
esta ley va a funcionar, que la gente va a regresar a las tierras de ellos, manifestó Tood Howland, representante de las Naciones Unidas" (El Espectador. 2012, parr. 5).
Ahora, desde la Contraloría General de la Nación se revela que no hay dinero para la reparación
efectiva de las víctimas del conflicto y que es posible una reducción en el monto a estas, “se trata de
una presunta implicación del decreto 4800 de 2010, que establece un monto de recursos que según señala la Contralora es reducido en función de un criterio técnico” (Vanguardia.2012).Lo que significa
retroceso en el proceso y luces de incoherencia y desesperanza para los involucrados en dicha Ley. Es claro una vez más que lo que se dice, se plantea y se pinta en colores bonitos, llamativos, admirados y nunca antes vistos, no hace más que parte del juego mediático y político que la Ley conlleva, pues en realidad los hechos muestran otras cosas. Amenazas, muertes, incoherencias, obstáculos y limites, son los contextos en los que la actual Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se está desarrollando a expensas de procedimientos cuestionables que siguen poniendo en detrimento a las víctimas.
La caracterización siempre ha sido la misma, y es por esto mismo que cada vez hay más víctimas de desplazamiento forzado y extorsión, entre otros delitos, pues no hay control de ningún tipo en torno a estas instancias, y cada vez que los líderes políticos, económicos o guerrilleros quieran tomar o quitar alguna tierra, utilizan su poder, su dinero y sus armas, para despojar a los campesinos e indígenas de sus territorios.
En general, según la Corte Interamericana de Derecho Humanos (2005),las mujeres, los niños y los jóvenes son los grupos más afectados por el desplazamiento forzado por el conflicto armado, el cual provoca a su vez una crisis de seguridad, dado que los grupos de desplazados internos se convierten en un nuevo foco o recurso de reclutamiento para las propios grupos paramilitares, de narcotráfico y de la guerrilla o en cinturones de miseria en los pueblos o ciudades a las que llegan buscando seguridad. El retorno de las personas en situación de desplazamiento forzado a sus hogares carece, en muchos casos, de las condiciones y garantías necesarias de seguridad y de dignidad para ello. Así de acuerdo a lo establecido por la Corte Internacional de Derechos Humanos – CIDH - (2005) se determina que:
A pesar de las acciones realizadas por algunas entidades estatales para mitigar los problemas de la población desplazada, y los importantes avances obtenidos, no ha sido posible proteger integralmente los derechos de la población desplazada, debido principalmente a la precariedad de la capacidad institucional para implementar las políticas estatales y la asignación insuficiente de recurso (p. 53).
Restitución de Tierras, reglamentada por el Decreto 4800 de diciembre 20 de2011, por el cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno.
Para entender esta Ley, que busca el beneficio de las víctimas a quienes se les haya violado alguno de sus derechos, debe tenerse en cuenta algunas normas que en el ámbito internacional reconocen la gravedad del problema como actos de lesa humanidad. En un principio deben contemplarse los convenios de Ginebra, específicamente su protocolo II desde los Artículos 13 que habla de la protección de la población civil, Artículo 14 referido a la protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil y el Artículo 17 que explicita la prohibición del desplazamiento forzado. También se debe analizar el estatuto de la corte penal internacional, que plantea en su artículo 17 los crímenes de lesa humanidad, entre ellos, asesinato, exterminio, esclavitud y deportación o traslado forzoso de la población. Estos serán bases de análisis de las actuales leyes, penas y restituciones que enmarquen víctimas a quienes se les han violado derechos humanos.
Se ha visto entonces, como el conflicto en Colombia no se ha resuelto a pesar de las leyes, decretos e intenciones de dialogo para emprender un proceso de paz. Una de las mayores dificultades para ello tiene que ver con la configuración social y política de Colombia, excluyente, poco solidaria, que vive con miedo, silenciada por la violencia y la amenaza, dónde la participación política es limitada y condicionada por conveniencias y favoritismos, con precarios servicios al pueblo, con problemas de corrupción y clientelismo; y que, además, proviene de muchos de los conflictos entre el pueblo y el Estado debido a intereses económicos por la tierra, configuración que está atravesada por la injusticia social y económica, la lucha por la tierra y los recursos naturales, la violencia manifiesta en las relaciones micro sociales, como en la familia o macro sociales, como el conflicto armado.
Por ello con este trabajo de investigación se espera contribuir para que junto con otros que se han realizado en pregrado y posgrado, el país conozca aún más sobre condiciones del conflicto armado y las dificultades de la aplicación de la Ley 1448 del 10 de Junio de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ya sea por la impunidad, por la administración inapropiada de la justicia o por la guerra sucia de la intimidación y la amenaza. Se confía en que este tipo de documentos generen conocimiento y conciencia sobre la historia de nuestra violencia, para pensar cómo actuar procurando una mayor solidaridad, amabilidad, tolerancia, fraternidad, organización comunitaria y sensibilidad para construir tejido social.
De acuerdo con Tovar, Galindo, y Guzmán (2008) Colombia requiere unas condiciones de vida que deberían posibilitar el desarrollo humano en libertad, la aplicación de justicia social, de solidaridad, de libre expresión y otras formas de participación. Un problema que también lleva a que los colombianos tengan sensaciones de inseguridad y de conflicto en las comunidades locales, ya sean barrios, pueblos o ciudades por la llegada de las personas en situación de desplazamiento forzado, por la incorporación de los reinsertados a la vida cotidiana de estas comunidades o por la ampliación de la delincuencia en manos de algunas de las personas que han participado en las desmovilizaciones, tal es el caso de las Águilas Negras o los Urabeños.
Este panorama genera confusión y propicia imaginarios que generan prejuicios, actitudes negativas y comportamientos que denotan estigmas con respecto a los desplazados como a desmovilizados y tienen efectos de exclusión, rechazo y violencia en diferentes sectores sociales. A partir de estos aspectos, se puede ver que la guerra reordena lo social, lo político, lo económico e incluso la subjetividad de las personas que participan directamente en el conflicto y en los ciudadanos en general; por tanto, este tema debe ser objeto de análisis y comprensión desde la psicología y otras ciencias sociales, para contribuir desde el compromiso disciplinar y político al desarrollo de soluciones a estos problemas, de manera que se optimice el desarrollo y progreso del país.
Este trabajo puede develar un panorama social y político del país, en cuanto a que estos hechos generan una configuración hace de los colombianos como un pueblo particular que debería propender por el desarrollo de la riqueza, el cuidado de la naturaleza, la igualdad de condiciones, el respeto por la vida, la dignificación de la misma y los valores éticos, para que, a través de la influencia social, se afecten todas las dimensiones de la vida nacional y se trabaje por la construcción de un país en el que se pueda vivir, donde se quiera vivir y en el que valga la pena vivir.
La relevancia social que ésta investigación implica, está orientada, como diría Martín-Baró (2004), a responder a las necesidades de aquellos que han quedado marginados del desarrollo; por ello, el interés más próximo con esta investigación es el análisis de la aplicación de la Ley 1448 del 10 de Junio de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pretende no solo la inclusión de los marginados en el sistema, la restitución de sus tierras, sino la reparación y rehabilitación individual y colectiva, como también la difusión de la verdad, el perdón y el hacer justicia.
De este modo, es importante comprender a profundidad lo que plasma dicha Ley, sus objetivos, sus metodologías y sus procesos, como también las percepciones y opiniones de víctimas y ciudadanos, para entender el sentido y significado de estas acciones a nivel micro social y macro social. Todo con
Dado que el problema que se quiere trabajar en esta investigación, es de índole multidimensional: social, económico, político, psicológico, histórico, se necesita de conocimientos de otras disciplinas para acercarse a una comprensión más holística y profunda si se quiere generar un conocimiento relevante y útil socialmente. Por ello en esta investigación se incluirán conocimientos políticos, económicos e históricos en diferentes periodos de tiempo para generar el análisis y las propuestas de cambio social.
Por otro lado, ésta investigación se debe ver, desde luego, como un tema relevante para la psicología, puesto que el conflicto en Colombia ha generado desplazamientos masivos, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones contra mujeres y niños y otros delitos de lesa humanidad y deshumanizantes, que han afectado principalmente a las personas más pobres e indefensas, en quienes e produce impactos psicológicos, económicos y sociales de mucha importancia. Estos delitos han desencadenado graves consecuencias psicológicas para las personas, puesto que ellas como lo manifiestan Sacipa, Vidales, Galindo y Tovar (2007)han perdido su confianza, seguridad, proyección de vida, respeto por sí mismos y sus cuerpos, dignidad, se han sentido vulnerados, impotentes, tristes, ansiosos, llenos de miedo, frustrados, menospreciados, desprotegidos, avergonzados y llenos de incertidumbre. Todas esas sensaciones y experiencias tienen impacto en la psiquis de las personas y configuran sus formas de relacionarse, de comportarse, de pensar, de creer y de vivir de determinadas maneras. Por consiguiente, el objetivo disciplinar alrededor de estos fenómenos tiene que ver con la comprensión de las manifestaciones psicológicas y de la forma en la que se puede modificar las nuevas relaciones que tejen las víctimas en medio de una ambiente hostil y excluyente en el que no pueden elaborar sus duelos y se enfrentan a situaciones precarias y de violencia y desprotección, en el que la sociedad los invisibiliza y se muestra poco solidarios, para que las personas tengan una mejor calidad de vida y una forma de vida deseada que les permita su desarrollo personal y social de manera libre y autónoma, y así se establece una “necesidad de poner la psicología al servicio de las mayorías populares latinoamericanas, pero sobre todo, de reconstruir la ciencia de la
psicología desde los intereses de esas mayorías, desde sus angustias y esperanzas históricas” (Martín -Baró, 2004, p. 50).
En síntesis, con este proyecto de investigación se busca ante todo, reconocer parte del entramado histórico que ha causado la aparición de circunstancias violentas y deprimentes que dan sentido a leyes como la de Víctimas y Restitución de tierras, para de este modo “rescatar todos aquellos aspectos –
costumbres, formas de organización y trabajo, valores y normas- que sirvieron ayer y servirán hoy para
la liberación” (Martín-Baró, 2004, p. 55). Se busca sensibilizar a la sociedad a cerca de las implicaciones psicológicas y sociales que las víctimas deben soportar con las personas víctimas, visibilizando sus historias y dolores, para trabajar por la memoria histórica y colectiva, que es sustento para perpetuar el pasado, que construye a las personas, y procurar así no volver a repetirlo. Se quiere también encontrar mecanismos para generar cambios en los imaginarios, en las acciones, en las comprensiones y en las emociones de las sociedades colombianas. De acuerdo con los análisis anteriores, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las percepciones de 2 personas en situación de desplazamiento forzado, 2 defensores de derechos humanos y2 profesores universitarios en la ciudad de Bogotá, frente al proceso de restitución de tierras?
Fundamentación Bibliográfica
La historia agraria en Colombia se ha desarrollado a ritmo de fusiles. La ocupación del territorio ha sido, y sigue siendo, un método de control sobre las poblaciones, a través de la máxima del imperio romano: “Gobernar es poblar”. (Barthel&Teller, 2012, p.1) Panorama histórico de la violencia en Colombia
Es claro que “la confrontación armada en Colombia ha sido fundamentalmente una guerra por el territorio, porque la tierra ha sido históricamente la fuente de rentas privilegiadas para los ricos y el
recurso de supervivencia de los pobres” (Reyes, 2009, p.1). En este conflicto, sin duda el terrateniente
o el ganadero interesado en ampliar su territorio, en la adquisición de otros por vía de la violencia, es quien gana, mientras los campesinos o indígenas pierden, por lo general todo; es decir pierden la tierra, la estabilidad económica, la tranquilidad personal y familiar, y entran a formar el flujo de los desplazados, desconocidos, rechazados y empobrecidos en las medianas y grandes ciudades.
Este problema por siglos ha configurado la tenencia de tierras en Colombia. En este sentido, de acuerdo con la Fighting Hunger With Human Rigths- FIAN (2003) se puede decir que el fenómeno del despojo y/o toma de tierras proviene desde la invasión española. Desde los períodos de la Conquista y la Colonia, se ve la violencia como un medio para conseguir territorio. En la colonización, los indígenas fueron agredidos, controlados, sometidos y puestos a disposición de los europeos como esclavos, cuando no, fueron asesinados.
Posteriormente, se da el fenómeno de los hacendados y las migraciones de estos hacia zonas de producción de oro y luego hacia zonas cafeteras, en las que los campesinos eran expropiados de las tierras por parte de los más poderosos, a través de mecanismos de fuerza y coacción, más que por derechos de la población, pues se ha ido ocupando el espacio al saber, entender e interés de cada quien (Salgado, 2012).
Luego, no se puede olvidar la época de la Violencia en Colombia, que ocurrió entre los años cuarenta y sesenta, en la cual se enfrentaron las multinacionales con los campesinos y trabajadores y los partidos políticos más populares del momento, Liberal y Conservador, por el estatuto de poder en el país. Esto llevó a miles de asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucciones de propiedades y terrorismo político. Además, como la menciona Albán (2011), fue un proceso social en el que “el sectarismo político encubrió la expulsión del campesinado y la concentración de la tierra” (p. 327).
Hacia los años setenta y ochenta, de la mano de la demanda internacional por la cocaína y su comercialización, llega a Colombia el fenómeno del narcotráfico, que significó también la entrada insólita e ilícita de dólares al país, y el surgimiento de los grandes carteles de la droga. Además el problema de la concentración de la tierra, no se puede separar de este fenómeno, pues significó el desplazamiento del campesinado y la ocupación de tierras por parte de los grupos subversivos que también se dedicaron a este negocio.
En el gobierno del Presidente Julio Cesar Turbay (1978-1982) el comandante del ejército Luis
Carlos Camacho hizo “un llamado a la población para que asumiera su propia defensa frente a posibles
desmanes de agitadores y revoltosos” (Romero, 2007, p. 310). Esto deja claro que desde este momento
promoción y colaboración del surgimiento del paramilitarismo. Como consecuencia, a finales de 1981 grupos de narcotraficantes del Valle del Cauca anuncian por medio de unos volantes la creación de la organización Muerte a Secuestradores – M.A.S, que era un grupo integrado por varios militares
retirados que tenían como propósito “asesinar a los que estuvieran comprometidos con secuestros y extorsión de sus miembros” (Romero, 2007, p. 312).
De acuerdo con lo anterior se puede evidenciar que desde comienzo de los 80 ya estaba plasmada la idea de hacer justicia por mano propia. Estos grupos empezaron a cometer crímenes violentos no sólo contra sus opositores, también con la delincuencia común. Por esta razón, en el Gobierno de Belisario Betancourt se hace una investigación del M.A.S y se concluye que se convirtieron “en un modelo para combatir no solo la delincuencia, sino también para enfrentar las diferentes manifestaciones del conflicto social y político” (Romero, 2007, p. 321)
En los años ochenta la creación de los grupos de autodefensas irrumpen en el panorama y crecen los grupos guerrilleros, generando luchas más intensas y más violencia. Este crecimiento dice Bello, Mantilla, Mosquera y Camelo (2000) se debe a la represión por parte del Estado hacia el apoyo de movimientos políticos diferentes a los usuales, además del crecimiento del narcotráfico, que lleva de la mano la corrupción y así mismo el desarrollo de la crisis económica. Las autodefensas se convierten en grupos paramilitares que se fortalecen y surgen como una parte del terrorismo relacionado a élites económicas y políticas del país. Estos grupos tomaron el control de regiones de tradicional control
guerrillero, e iniciaron procesos de “limpieza” que fueron conocidos por su barbarie y sevicia.
De esta forma, se va haciendo notoria, la poca capacidad de imposición de un poder público por parte del gobierno colombiano, en todo el territorio nacional. Así como Leal (2012) lo menciona en su
artículo: “La debilidad del Estado se refleja en su poca capacidad para crear confianza en sus
instituciones, negociar intereses e institucionalizar la solución de los conflictos” (p.1).
Del mismo modo, esa debilidad del Estado y la intensificación del conflicto se refleja en informes de la Defensoría del pueblo, como el que retoman Bello, et al. (2000), en el que se destaca que entre
enero y septiembre de 1999 se registraron en el país 289 masacres, es decir una cada día, en las que “se
asesinaron 1357 personas, el 40% de las muertes fueron ocasionadas por las autodefensas, el 16.7% por
la guerrilla y el 1.3 por miembros de la fuerza pública y el 35.1 % por grupos sin identificar” (p. 39).
Ello muestra un periodo en el que se incrementa la violencia, evidenciando mecanismos y estrategias de poder por parte de estos grupos, particularmente de las autodefensas, que a través de masacres y hechos violentos, se disponen a ejercer un control sobre la sociedad civil.
son quienes financian y a quienes pretenden proteger las autodefensas. De esta manera, durante el gobierno del presidente Pastrana fue clara la manera como se permitían actos violentos por parte de este grupo, dando a pensar que no había un interés real frente a la promulgación de privilegios e incluso la misma protección de derechos humanos en sectores vulnerables, como lo son el campesinado, los indígenas y/o afro descendientes, solo por mencionar algunos. No hay oportunidades laborales para estas minorías, ni la posibilidad de desarrollo, progreso, y mejoría de su calidad de vida. Aun así no se puede ocultar que también las fuerzas armadas representan otro actor armado que utiliza estrategias de guerra, tales como la violencia sexual o mecanismos de intimidación, que violan el DIH Derecho internacional Humanitario, por la complicidad por parte de paramilitares, siendo así responsables de muertes y actos de desplazamiento forzado hacia la población civil, la omisión de acciones por parte de estos grupos hace parte de la violación a estos derechos (Bello, et al., 2000).
La gravedad que se ha visto reflejada en diversos estudios acerca de la violencia colombiana radica
en la existencia de “un entrecruzamiento de varios tipos y expresiones; el conflicto armado interno, la delincuencia común, los ajustes de cuenta cotidianos e incluso conflictos intrafamiliares” (Bello, et al.,
2000, p. 41), con este panorama, las regiones son expuestas a diferentes formas de violencia que con el tiempo se intensifican impidiendo así el desarrollo humano y a su vez un proceso de cultura que se base en el respeto, la tolerancia y el reconocimiento del otro como un ser digno.
La impunidad por su lado es un tema que también está relacionado con el silenciamiento y la complicidad estatal, fortaleciendo el conflicto desde diferentes ámbitos tanto por parte de grupos armados como por parte de la misma sociedad civil que se está rigiendo por estos principios de silencio, por miedo en su mayoría.
Así, con la historia de violencia que ha vivido durante gran parte de su historia Colombia desde que se separó de la corona española, de la mano de varias guerras civiles y enfrentamientos armados constantes, se advierte ante cifras como las anteriormente mencionadas, una profundización en el enfrentamiento violento y su degradación, que tiene serias y graves consecuencias sociales y psicológicas para la población, pues no solo es el hecho del usufructo de la tierra, sino las consecuencias individuales, grupales y sociales que este trae consigo, y que ha caracterizado un gran número de población campesina colombiana, que a diario ha luchado por recuperar su dignidad y valor humano.
costa de cualquier cosa y luego desecharla cuando ya no cumple su misma función. Esta misma idea de utilizar algo y desecharlo se transfiere a su vez a las relaciones humanas; teniendo en cuenta un contexto donde hay tantas diferencias sociales, existen quienes consideran desechables a otros y quienes consideran que aquello que no sirve es mejor no mantenerlo y más vale desecharlo y/o exterminarlo.
Estas dinámicas que se plantean desde un marco del conflicto armado generan grandes impactos no solo a nivel político, sino impactos psicosociales que deben ser considerados al analizar esta problemática desde una postura psicológica. Las víctimas de la violencia sociopolítica son víctimas que desde hace muchos años necesitan una reparación integral no solo a nivel individual sino familiar y social, una reparación que les permita sentirse parte nuevamente de la sociedad que ha discriminado sus derechos e ignorado sus necesidades.
Contexto Histórico: Las Reformas Agrarias en Colombia
Para la comprensión del marco del conflicto armado que en Colombia hoy vivimos, es necesario conocer el problema de la tenencia de la tierra y cómo la violencia se ha perpetuado por tantos años alrededor de dicho inconveniente. Para ello es importante conocer las reformas que han marcado la historia alrededor de este tema que se remonta a principios del siglo XX.
Tras la desintegración de la hacienda, el auge de la exportación y la demanda urbana, en los años 20, se produjo un fenómeno de movilización del campesinado de las zonas rurales a las ciudades, pues la mayor cantidad de fuerza de trabajo estaba ahora en estas. Las consecuencias que este movimiento generó, fue la escasez de alimentos, pues la agricultura se quedó sin trabajadores, por lo que se expidió la Ley de Emergencia en 1926, con el fin de que todos los migrantes retornaran a la actividad agraria.
Empiezan entonces a gestarse luchas por la tierra, pues “los campesinos sin tierras y desempleados se lanzaron a buscar parcelas propias e independencia (…) que pusieron en peligro la propiedad
terrateniente” (Albán, 2011, p. 337). Así, las consecuencias de estos combates y de la política
insuficiente del gobierno, terminaron por provocar el levantamiento armado campesino en los años 30, el cual es importante mencionar, se agudizó con la Masacre de las Bananeras.
Seguido, los liberales subieron al poder e impulsaron una de las primeras reformas agrarias colombianas, la Ley 200 de 1936 o Ley de Tierras, que buscaba por primera vez el control adecuado de la tenencia y explotación de la tierra, ello significaba que introducía la función social de la propiedad y la jurisdicción agraria especializada en dirimir conflictos de tierras (FIAN, 2003). De acuerdo con
industrialización” (p. 339). Lo anterior posibilito la extinción de dominio en caso de que la tierra fuera desocupada por un cierto tiempo.
Nunca se negó el propósito y el respaldo que la Ley 200 buscaba realizar a los campesinos, mas no
tuvo mayor éxito ya que “la reacción terrateniente a esta ley no se hizo esperar y rápidamente se revirtieron muchas de las disposiciones que fortalecían los derechos de los campesinos” (FIAN, 2003,
parr. 5). Así, por ejemplo, junto con la Segunda Guerra Mundial, se vio frenada la industrialización que tanto buscaba el país, y “en este contexto, la reforma agraria se relegó a un segundo plano y se dio prioridad a la sustitución de importaciones de alimento y materias primas” (Albán, 2011, p. 345). La
Ley 200 quedó entonces en el olvido.
En medio de ese panorama, con la violencia partidista, que tuvo dimensiones de guerra civil entre 1948 y 1958 se hizo posible la aniquilación de las organizaciones campesinas e indígenas, causando el desplazamiento forzado de cerca de 2 millones de campesinos que fueron despojados de sus tierras y dejando más de 200 mil personas asesinadas, especialmente en el campo (Machado, 2009).
Con los años 50, se creó en Colombia, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), el cual era el encargado de ejecutar la política de reforma agraria. Lanzó su primera Ley en 1961, la Ley 135, la cual buscaba dotar a los campesinos de tierras y prestarles servicios sociales básicos y apoyos
varios, además de adecuar las tierras para la producción. “La Ley 135 de 1961 buscaba que los grandes
propietarios agrícolas modernizaran la explotación de sus tierras y les dieran un uso más adecuado, y
corregir los defectos de la estructura de tenencia para eliminar la excesiva concentración” (Albán,
2011, p. 348).
Los esfuerzos del INCORA por regularizar los procedimientos de producción y tenencia de la tierra no fueron significativos, pues la modernización agrícola implico en Colombia la consolidación de la propiedad capitalista en el campo, que se vio agudiza con el Pacto de Chicoral de 1972 que puso fin a la reforma agraria y que se firmó entre los partidos tradicionales y los gremios de propietarios.
Se cambió entonces la dirección de las reformas, que ya no vieron como beneficiarios a los campesinos, sino que al contrario los tomaron como enemigos, en búsqueda del beneficio de unos pocos, que serían en esa época los propietarios de grandes tierras y las elites de los partidos
colombianos. “Ahora, el gobierno consideraba que la organización campesina era subversiva y tomó
todo tipo de medidas para restar influencia a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC”
De nuevo se evidenciaba, la injustica desmedida de las decisiones del gobierno colombiano, que rendían pleitesía a las elites del país y metían aún más en un círculo de miseria y desprotección a las mayorías campesinas y pobres que debían soportar todo tipo de ultrajes y agresiones de manos de los que tenían el poder económico, político, bélico u social en el país.
Durante la época de los años sesenta y setenta, desde un panorama general, las reformas agrarias en
América Latina fueron de carácter redistributivo “con una intervención directa del Estado en la compra y expropiación de la propiedad rural” (Machado, 2009, p. 15) lo que se ha llamado la Reforma agraria histórica.
Hacía los años setenta, con las Leyes 4, 5 y 6 del gobierno de Misael Pastrana, se dejó sin prioridad a la redistribución de la tierra, a los campesinos no se les accedió al crédito sino que se les impuso
asistencia técnica, mientras que a los empresarios si se les dio el crédito, “no se buscaba dar solución
jurídica a los reclamos campesinos y refrenar la expulsión masiva de mano de obra sino promover la coexistencia de explotaciones capitalistas y otras formas productivas” (Albán, 2011, p. 349). Lo que se
logró fue la expulsión de campesinos y grandes comunidades de sus territorios.
Ésta clase de acciones surgieron como resultado de un proceso intervencionista estadounidense necesario para generar cambios convenientes para América del Norte. Entonces, las reformas agrarias latinoamericanas, con excepción de México, Cuba y Bolivia, a diferencia de las europeas y asiáticas fueron impulsadas por procesos exógenos, es decir, por los intereses norteamericanos de mantener el dominio político en el continente. No por una reflexión propia y particular sobre la necesidad de alcanzar un desarrollo más equitativo con equilibrio social, ello deja la noción de que a Colombia le ha faltado tener visión y sentido de progreso (Machado, 2009).
Es más, estas reformas en América Latina terminaron generando enormes perjuicios, ya que no uniformaron la distribución de los recursos conforme a la propiedad, no aumentó la productividad agrícola ni el ahorro, sino que agrandó y consolidó un estrato de productores independientes, propietarios de la tierra que facilitaron la ampliación de los mercados para la industria. Esto no generó estabilidad social, ni propició estabilidad política alrededor de procesos asociativos, con propósitos como el fortalecimiento de las administraciones locales y el control sobre el uso de los recursos naturales. No se logró la articulación de la agricultura con la industria ni una democracia sólida con gobernabilidad adecuada (Machado, 2009).
De acuerdo con Machado (2009) el comité interamericano de desarrollo agrario, mediante su estudio para el programa de la Alianza para el Progreso en Latinoamérica, habla que la magnitud del problema de la tenencia de la tierra y la desigualdad en el sector rural es debido a impedimentos estructurales como formas de producción atrasadas, poca posibilidad de ascenso social y poco
