1 Bogotá, 9 de Abril de 2015
Señores
BIBLIOTECA GENERAL
Pontificia Universidad Javeriana Ciudad
Respetados Señores,
Me permito presentar el trabajo de grado titulado Territorios Colectivos y Bienes de Uso Común: Configuraciones Territoriales de los Consejos Comunitarios de Paimadó y la Toma, elaborado por el estudiante Eugenia Echeverri Aránzazu,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1053.792.378, para que se incluya en el catálogo de consulta.
Cordialmente,
2 Bogotá, D.C., 9 de Abril de 2015
Señores
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. Pontificia Universidad Javeriana Cuidad
Los suscritos:
Eugenia Echeverri Aránzazu , con C.C. No 1053.792.378 , con C.C. No
, con C.C. No
En mí (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada:
Territorios Colectivos y Bienes de Uso Común: Configuraciones Territoriales de los Consejos Comunitarios de Paimadó y la Toma.
(por favor señale con una “x” las opciones que apliquen)
Tesis doctoral Trabajo de grado X Premio o distinción: Si No cual:
presentado y aprobado en el año 2015 , por medio del presente escrito autorizo (autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son:
AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO
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3 correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.
De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi (nuestra) plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (los) único (s) titular (es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos.
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.
NOTA: Información Confidencial:
Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. Si No X
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.
NOMBRE COMPLETO No. del documento de identidad FIRMA
Eugenia Echeverri Aránzazu 1053.792.378
4 BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J.
DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO FORMULARIO
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO
Territorios Colectivos y Bienes de Uso Común: Configuraciones Territoriales de los Consejos Comunitarios de Paimadó y la Toma
SUBTÍTULO, SI LO TIENE
AUTOR O AUTORES
Apellidos Completos Nombres Completos
Echeverri Aránzazu Eugenia
DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO
Apellidos Completos Nombres Completos
Coronado Delgado Sergio Andrés
FACULTAD
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales PROGRAMA ACADÉMICO
Tipo de programa ( seleccione con “x” )
Pregrado Especialización Maestría Doctorado
X
Nombre del programa académico Ciencia Política
Nombres y apellidos del director del programa académico Sebastián Líppez De Castro
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Politóloga
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial):
CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA
TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO NÚMERO DE PÁGINAS
Bogotá 2015 63
TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” )
Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras
X
5 MATERIAL ACOMPAÑANTE
TIPO DURACIÓN (minutos) CANTIDAD FORMATO
CD DVD Otro ¿Cuál?
Vídeo Audio Multimedia Producción electrónica Otro Cuál?
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso
Borrero Cabal S.J en el correo [email protected], donde se les orientará).
ESPAÑOL INGLÉS
Territorio Territory
Consejos Comunitarios Community Councils
Minería Mining
Gobierno Local Local Government
Bienes de uso Común Common Goods
RESUMEN DEL CONTENIDO EN: ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)
Este trabajo busca, a partir de la experiencia de dos consejos comunitarios: el de Río Quito en el Chocó y La Toma en el Norte del Cauca, revisar de qué manera estas comunidades se han venido organizando en torno a la protección y gobierno de sus territorios. El trabajo desarrolla un análisis comparativo que tiene como punto de partida la comprensión del territorio como una construcción social y colectiva. Desde esta perspectiva, se pregunta sobre las principales amenazas que afecta cada uno de los territorios y las estrategias, que las comunidades han apropiado de manera colectiva para la defensa y protección de su territorio y por tanto de sus formas de vida.
6 TERRITORIOS COLECTIVOS Y BIENES DE USO COMÚN:
CONFIGURACIONES TERRITORIALES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE PAIMADÓ Y LA TOMA
EUGENIA ECHEVERRI ARANZAZU
DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO
SERGIO ANDRÉS CORONADO
Master Derecho y Desarrollo Rural
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA
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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
.1 De dónde surge y cómo se desarrolla esta investigación .2 Planteamiento del Problema
.3 Ubicación de los Consejos Comunitarios .4 Metodología
PRIMER CAPITULO
Comunidades Negras y Territorio
1.1 Sobre el territorio 1.2 Primer momento: La llegada de los afros descendientes a Colombia 1.3 Abolición de la esclavitud y Las primeras formas de acceso a la tierra 1.4 Territorialización 1.5 Modelos económicos del siglo XX
1.6 Siglo XXI: economía y violencia 1.7 “El territorio lo es todo”
SEGUNDO CAPÍTULO
La Ley 70 y los Derechos territoriales34
2.1 La constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 2.2 Sobre la Sociedad política
2.3 Consulta Previa y Consentimiento Libre, previo e Informado 2.4 Modelo de Desarrollo y alternativas económicas
2.5 Sociedad política y autonomía relacional
TERCER CAPITULO
Reterritorialización y Bienes de uso común
3.1 Territorilización, desterritorialización, re-territorialización
3.2 Sobre los Bienes de uso común 3.3 Extractivismo y Bienes de uso común
3.4 Movilización y resistencia 3.5 Reflexiones finales
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
8 Introducción
El siguiente trabajo tiene como objetivo ahondar en los proceso de configuración territorial de dos consejos comunitarios de comunidades negras; el del Paimadó en el departamento del Chocó y el del La Toma en el departamento del Cauca. Con la intención de poder analizar cuales han sido las principales amenazas y obstáculos que han enfrentado a la hora de defender sus derechos territoriales, el trabajo parte de un análisis comparativo que recoge los procesos de apropiación del territorio de cada una de las comunidades así como las principales amenazas y estrategias de movilización y resistencia que cada uno de las comunidades ha adelantado en los últimos años.
.1 De dónde surge y cómo se desarrolla esta investigación
Mi interés por retomar la experiencia de las comunidades negras en Colombia surge del trabajo que durante el último año he adelantado como parte del equipo de Tierras y Derecho al territorio en el CINEP Programa por la Paz. Por medio de este, tuve la oportunidad de acércame por primer vez a las organizaciones de comunidades negras y conocer sus procesos organizativos.
9 enmarcaba, me di cuenta que la aplicabilidad de los derechos territoriales, entre ellos la titulación colectiva exige mucho más allá que la existencia de un papel que lo reconozca. Con la intención de poder complejizar esta situación decidí entonces que una buena forma de hacerlo era a partir de una comparación entre estas dos comunidades, esto me permitiría revisar qué elementos comparten y cuales son las principales dificultades que enfrentan las comunidades, con o sin titulo, para poder defender sus territorios.
.2 Planteamiento del Problema
Encontrarse con comunidades que enfrentan grandes amenazas en sus territorios a causa de la proyección de proyectos económicos extractivos no es una tarea difícil en Colombia. Cada vez son más las denuncias que resaltan el choque entre las políticas de gobierno que proyectan el país como una gran despensa de materias primas y las comunidades que, al encontrarse en los territorios de donde se plantear extraer los recursos, llaman la atención sobre los impactos negativos de este tipo de economías en sus formas de vida y en el medio ambiente (CINEP,2013).
Hace aproximadamente treinta años Colombia tomó la decisión de hacer parte de los países que se sumaban al modelo económico que en este entonces venia tomando fuerza en la región. El nuevo consenso internacional sugería una reconfiguración territorial que ubicaba a Latinoamérica como fuente de recursos naturales que le permitía surtir la demanda materias primas o bienes de consumo por parte de los países más ricos. Este modelo, condujo a algunas países, incluso aquellos que no contaban con una trayectoria extractiva, a un vertiginoso proceso de reprimarización de sus economías (Svampa, 2011).
10 sugerido que el sector minero energético debe representar una fuente de ingresos fundamental para el la construcción de proyectos sociales en caminados a reconstruir el país luego de firmar la paz (El Espectador, 22 noviembre 2014).
Ante este panorama, el descontento social y las movilizaciones sociales no se han hecho esperar. Múltiples protestas, movilizaciones sociales y denuncias adelantadas por las comunidades, evidencian el fracaso de la promesa de estos modelos productivos sobre el crecimiento económico y de mejorías en sus condiciones de vida. Por el contrario recalcan cómo, más que un beneficio este tipo de actividades ha resultado en una maldición que amenaza sus territorios con grandes afectaciones a sus formas de vida, graves violaciones a sus derechos, sus procesos organizativos y al medio ambiente. Así mismo y teniendo en cuenta que la llegada de estos proyectos usualmente carga con fuertes procesos de despojo y violencia, las demandas elevadas por las comunidades, denuncian el precario papel que ha cumplido el Estado a la hora de proteger sus derechos ya que este ha sido promotor de este tipo de economías. Al ubicar este tipo de actividades bajo las consignas del “desarrollo”, deslegitima las reivindicaciones territoriales adelantadas por las comunidades que se oponen a ellos, llegándolos incluso a considerar como ‘enemigos’ del desarrollo, el progreso e incluso, la paz. Esta categorización como opositores ha legitimado, a su vez, la intensificación de la violencia contra las comunidades (Arboleda, 2012)1.
Entre los principales afectados en esta reconstrucción territorial se encuentran las comunidades negras. Estando ubicadas en zonas que podrían categorizarse como estratégicas ya que cuentan con una alta oferta de recursos naturales, sus territorios han sido receptores de fuertes amenazas que vienen de parte, tanto de las de las empresas nacionales y extranjeras que tienen intereses económicos en ellos, como de parte de quienes han adelantando en sus ríos, la mayoría de veces sin el consentimiento de la comunidad, actividades mineras tanto legales, como de manera ilegal. Esta situación, que además se desenvuelve en medio del conflicto
11 armado, ha repercutido en la pérdida de la autonomía de parte de los consejos comunitarios lo cual no solo amenaza fuertemente la persistencia de las comunidades en el territorio sino que representa un riesgo en la pérdida de las formas tradicionales de organización y de sostenimiento que por más de seis siglos han mantenido.
Ante este panorama y con el interés de revisar las reivindicaciones de las comunidades por la soberanía territorial y autonomía, y los distintos aspectos políticos y económicos que rodean estas reivindicaciones, el siguiente trabajo busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo se ha desarrollado los proceso de configuración territorial de parte de las comunidades negras del consejo
comunitario de Paimadó en el Chocó y de La Toma en el Norte del Cauca? Para
lograr dar respuesta a esta pregunta se plantearon tres objetivos específicos: 1. Identificar las formas y conceptos bajo los cuales las comunidades negras de Paimadó y de La toma comprenden su territorio
2. Analizar críticamente el proceso de implementación de la Ley 70 de 1993 y su efectividad para la protección de los territorios de las comunidades negras.
3. Caracterizar los procesos organizativos de las comunidades negras en relación a la defensa del territorio y el gobierno sobre bienes comuness
.3 Ubicación de los Consejos Comunitario
Consejo Comunitario de La Toma
El consejo comunitario de La Toma se encuentra ubicado en el municipio de Suarez, al norte del Departamento del Cauca. Con un área aproximada de 7 mil hectáreas, está integrando por cinco veredas. En esta zona se encuentran ubicadas las 1.500 familias afrodescendientes que corresponden al 28% de la población total del municipio de Suárez (Unidad de Restitución de Tierras, 2014)
Mapa Corregimiento La Toma, Suarez, Cauca
12 Consejo comunitario de Paimadó
El Consejo Comunitario de Paimadó se encuentra ubicado en la cabecera del municipio de Río Quito, en el departamento del Chocó. Este municipio, que lleva su nombre por el río sobre el que se asientan los ocho corregimientos que lo componen, tiene apenas nueve años y cuenta con unos 8.000 habitantes, todos afro descendientes. Actualmente el consejo comunitario cuenta con un título colectivo que comprende 17.264,2898 hectáreas en las que habitan 316 familias (INCORA, 2003).
.4 Metodología
De acuerdo con los objetivos perseguidos en esta investigación, la metodología más conveniente para desarrollarlos requería de un análisis cualitativo sobre el contexto y una mirada que reconociera una diversidad de posturas teóricas y experienciales. De este modo, era necesario no solo contar con una revisión bibliográfica y de prensa cuidadosa y analítica desde la cual se pudiera hacer un análisis teórico y coyuntural sino que esta postura debía ser complementada a partir de las miradas y voces de las comunidades. Esto no solo permitiría una mirada compleja sobre la situación sino que respondía a las intenciones desde las cuales surge la misma investigación que proponen resaltar las voces de la comunidad, lo que esta considera pertinente, en lugar de imponer mis opiniones e interpretaciones como investigadora.
En cuanto a las estrategias de recolección de información este trabajo está enmarcado en la observación participante. Esta es una propuesta que reconoce la importancia de los encuentros con las personas por medio de entrevistas, así
Mapa Consejo Comunitario Paimadó
13 como de la participación de algunos de sus espacios cotidianos como el trabajo en el río o las reuniones con los consejos comunitarios. Esta propuesta invita al investigador a utilizar sus cinco sentidos en la recolección de información y de transformar la experiencia, que queda registrada por medio del diario de campo, fotografías, etc. como una fuente que aporta elementos fundamentales sobre aspectos no verbales que son relevantes para la investigación (Kawulich, 2005). De acuerdo con esta mirada los viajes por el río, por las carreteras del Cauca y las conversaciones informales en medio de un almuerzo o una cena, aportan elementos fundamentales para reconstruir los contextos y situaciones de manera compleja.
Ahora bien, para la recolección de información se realizaron dos visitas (una a cada uno de los consejos comunitarios) que tuvieron entre una y dos semanas de duración. Durante estos encuentros, se realizaron varias entrevistas estructuradas a integrantes de las comunidades, a los consejos comunitarios y algunos funcionarios de entidades publicas e instituciones dedicadas a la investigación como es el caso del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) en el caso de la comunidad del Chocó. Igualmente se asistió a diferentes espacios académicos y públicos como un foro sobre el tema minero que se realizó en Popayán y una audiencia de seguimiento de un caso de restitución de tierras en Quibdó. Si bien estos últimos espacios no estaban exclusivamente relacionados con los casos de interés, fueron bastante enriquecedores sobre todo para comprender la coyuntura regional de cada uno de estos casos.
En términos generales, esta apuesta metodología busca hacer de la investigación académica un acto de denuncia que permita crear las bases teóricas para enriquecer acciones posteriores. En este sentido, cada uno de los aspectos que se encuentran plasmados en el trabajo que se encuentra a continuación, buscan ante todo despertar reflexiones, cuestionamientos e incluso movilizaciones de parte de los lectores que estén en la búsqueda de construir un país con justicia social.
14 recuento histórico sobre los procesos de territorialización de las comunidades
negras de Paimadó y La Toma en los territorios que actualmente habitan y cómo en medio de estos procesos, las comunidades han reclamado sus derechos territoriales. Siguiendo este llamado, el segundo capítulo, plantea una discusión en torno a la los alcances y dificultades que representa la ley 70 de 1993 a la hora de reconocer y defender los derechos territoriales de las comunidades negras en cuestión. Se plantea que si bien esta ha brindado herramienta para la protección del territorio, ha sido también la fuente de procesos de fractura o desterritorialización entre las comunidades negras y sus territorios. Para finalizar, el tercer capitulo se enfoca en resaltar cómo las comunidades de Paimadó Y La Toma, en medio de estos procesos de desterritorialización fruto de la ley 70, se han organizado y han adelantado procesos de defensa de sus territorios con un fuerte énfasis en la protección de los bienes de uso común. A modo de cierre, se encuentran algunas conclusiones que si bien plantean algunos elementos relevantes, no logran responder a todas las posibles preguntas que este proyecto puede despertar pues la complejidad que requiere analizar detalladamente esta realidad sobre pasa los alcances de este trabajo, que no puede tomarse sino como un punto de partida para futuras investigaciones.
PRIMER CAPITULO
Comunidades Negras y Territorio
Este primer capítulo busca, a través de un enfoque territorial, contextualizar al lector sobre el proceso de conformación espacial y temporal de los territorios donde actualmente se encuentran las comunidades negras de Paimadó en el Chocó y de La Toma en el Norte del Cauca. Para tal propósito, se toma como marco de análisis la categoría de territorio propuesta por la geografía critica desde
15 poblamiento de cada una de las comunidades, de tal forma que se pueda crear un panorama general de cómo estos territorios se han transformado a partir de las relaciones de poder que allí se generan. El capítulo concluye con unas reflexiones sobre las demandas de las comunidades negras para el reconocimiento de sus derechos territoriales
1.1 Sobre el territorio
Tal como lo plantea el geógrafo brasilero Robert Haesbaert, actualmente no es posible definir a un individuo o grupo sin insertarlo en un contexto geográfico territorial (Heaesbaert en Schneider y Tartaruga, 2012: 81). Además de esto y teniendo en cuenta que la apuesta de este trabajo gira en torno a las posibilidades de gobierno de las comunidades sobre sus territorio, es necesario comenzar haciendo una breve reflexión sobre cómo se ha configurado el lugar que cada una de ellas habita.
Para continuar con este objetivo, y de acuerdo con los postulados de la geografía crítica, el territorio es una construcción social. A diferencia de otros
conceptos geográficos como el espacio y el lugar, el territorio está ligado
intrínsecamente con las relaciones sociales que allí se desenvuelven. Siguiendo esta mirada, una de las principales particularidades del territorio es su historicidad, ya que son las relaciones sociales, culturales, políticas y ambientales las que lo van definiendo y transformando a lo largo del tiempo. Estas relaciones, según Raffestin, están condicionadas por la presencia de energía (acciones y estructuras concretas) y de información (acciones y estructuras simbólicas). De tal manera que los procesos de formación de territorios (territorialización) así como de destrucción de estos mismos (desterritorialización) están determinados por el grado de acceso a la información de símbolos y significados que en un momento puede favorecer nuevos territorios o destruirlos (Raffestin en Schneider y Tartaruga, 2012: 77).
Esta postura nos permite analizar el poblamiento de las comunidades negras como un proceso de territorialización, es decir, de identificación, definición,
16 confluyen y sus posturas a la hora de defenderlo frente a las principales amenazas que hoy en día enfrentan. De igual manera y siguiendo una vez más la propuesta de la geografía crítica, una mirada de este proceso implica reconocer el carácter multidimensional del territorio teniendo en cuenta que en él confluyen relaciones políticas, económicas, ambientales y sociales (Altschuler, 2013: 65).
1.2 Primer momento: La llegada de los afros descendientes a Colombia
Como parte de las instituciones coloniales, en el siglo XVI llegaron las primeras personas provenientes de África para ser esclavizadas y contribuir con la mano de obra que el modelo económico requería y que la población indígena no lograba abastecer. Así llegaron a diferentes zonas del país como Chocó, Cauca, Anserma y Antioquia a explotar minas de oro, sal y azufre así como para trabajar en las grandes haciendas ganaderas que surtían de alimentos a las familias asentadas en las ciudades y a los esclavizados en las minas (Salcedo, Vélez, Varela y Rátiva,212) En el Caso del Norte del Cauca, la presencia de personas negras se remonta al siglo XVI (Ararat et al, 2013) cuando fueron llevadas a las haciendas ganaderas en la zona del valle y en las minas de oro en la zona montañosa. La mina de Gelima, por ejemplo, es un referente importante para el territorio que hoy comprende la Toma. No obstante en el caso del Medio Atrato, en el Chocó, dadas sus condiciones geográficas de difícil acceso, el proceso de colonización fue un poco más tardío y las primeras minas datan de mediados del XVII. Aunque se establecieron un poco después que las minas al interior del país, una vez se instalaron, las minas de esta región lograron consolidarse como algunas de las más ricas e importantes para la economía colonial (Leal y Restrepo: 2003, 5)
17 Dado que este trabajo se enfoca en el proceso de formación de territorios donde la presencia de este tipo de experiencias no fue muy fuerte, se tomará 1852, año en que entra en vigencia la ley, como el comienzo de la configuración de los territorios de las comunidades negras.
1.3 Abolición de la esclavitud y Las primeras formas de acceso a la tierra Durante los primeros años de la puesta en marcha de la Ley varios modos de trabajo y apropiación fueron utilizados por las comunidades para lograr acceder a la tierra. Especialmente en las zonas ribereñas del Pacífico, entre ellas el medio Atrato, este proceso se llevó a cabo mediante la ocupación de territorios baldíos
2que se encontraban principalmente a orillas de los ríos. Esta situación era posible
en esta zona dado que durante mucho tiempo fue poco habitada. Únicamente había ciertos lugares en los que residían comunidades indígenas y durante el tiempo de la colonia, incluso la presencia de colonos o blancos fue muy reducida y descendió aún más con el fin de la esclavitud cuando ya no era sostenible el modelo de explotación sin la mano de obra esclava. Esta relación con el río y los territorios baldíos sería, para el tiempo de la formulación de la Ley 70 en 1993, fundamental a la hora de definir sobre quienes estaría referiría la ley3.
Este argumento, como se desarrollará a profundidad en el segundo capítulo, ha sido un referente para la inclusión de algunas comunidades al mismo tiempo que ha significado el no reconocimiento de aquellas comunidades que han ocupado otro tipo de espacios geográficos.
A diferencia del caso chocoano, la propiedad de la tierra en el caso del Norte del Cauca, no llegó a manos de las comunidades negras sino varios años después de la abolición de la esclavitud. A pesar de que los dueños de las haciendas y las minas quisieron mantenerlas con la mano de obra, este modelo no fue sostenible y los antiguos dueños tuvieron que ceder y vender algunas de sus tierras a los antiguos esclavizados. El terraje fue otra figura utilizada por los antiguos dueños
2Se denomina bien baldío al terreno urbano o rural sin edificar o cultivar que forma parte de los bienes del
Estado porque se encuentra dentro de los límites territoriales y carece de otro dueño.
18 para mantener alguna de la mano de obra. Este consistía en que los antiguos esclavos, por trabajar cierto número de días en las tierras de los viejos amos, tenían derecho a cultivar y vivir en una pequeña parcela de la hacienda. Aunque no tenían libertad de elegir qué tipo de cultivos tener, por lo cual gran parte de estos eran de carácter transitorio, esto les dio a los afro descendientes la posibilidad de cultivar en tierras que en principio fueron ajenas pero que luego pudieron comprar.
Estos medios de acceso fueron complementados por aquellas familias, que siendo libres, se asentaron en los territorios baldíos que en el caso montañoso fueron los límites de las antiguas haciendas y algunas orillas de los ríos.
En ambos casos, tanto en el Pacífico como en el Cauca, el oro proveniente de las minas, fue fundamental a la hora de darle posibilidades a la gente de comprar las tierras. Tal como lo plantea Shirley Vergara Lucumí, líder y representante del consejo comunitario de la Toma; “este territorio, tal cuentan los mayores, fue comprado con oro” (Diario de Campo)
1.4 Territorialización
Este momento en que las comunidades logran su libertad es fundamental a la hora de revisar el proceso de territorialización ya que permite plantear de qué
manera el territorio comienza a definirse desde un grupo particular que determina aspectos culturales, sociales, políticos particulares, entre otros, que son fundamentales a la hora de ver las relaciones entre el territorio y el grupo étnico.
19 Tanto en la zona del Medio Atrato en el Chocó como en el Norte del Cauca, luego del fin de la esclavitud, las comunidades negras continuaron habitando las zonas cerca de las minas y mantuvieron este tipo de producción como eje central de su economía. Las prácticas artesanales para la extracción de minerales como el barequeo y el mazamorreo4 siguieron siendo utilizadas como medio de subsistencia. La relación de las comunidades negras con la minería no solo era importante a la hora de marcar unas pautas sobre la economía, también tuvo una estrecha relación con elementos fundamentales para la el parentesco y organización social. Tal importancia, es destacada por Nina Friedman quien resalta cómo los “troncos”, o ramas familiares, definían las relaciones de parentesco desde las cuales se organizaba el trabajo en las minas así como los derechos de propiedad sobre ellas (Friedmann y Espinosa; 1993: 565).
En la zona media del río Atrato, el fin de la colonia y el comienzo de las guerras de independencia a principios del siglo XIX significaron la ruina para la minería. Al no contar con la mano de obra de los esclavos, los antiguos dueños de las minas ya no pudieron mantenerlas y poco a poco fueron abandonándolas. Algunos antiguos esclavizados las siguieron trabajando mientras otros fueron migrando y expandiendo sus asentamientos a lo largo del río en busca de nuevas tierras donde establecerse. Esta migración hacia nuevos territorios permitió encontrar nuevas posibilidades económicas de subsistencia. La pesca, la caza y la agricultura entrarían de este modo a ser parte de las actividades económicas de las comunidades:
“Con estos cambios hubo un gradual desplazamiento de la
modalidad de poblamiento centrada en la ocupación de las zonas mineras por medio de campamentos, por una apropiación territorial más extensa, caracterizada por los asentamientos dispersos a partir
de grupos parentales y por un uso variado del entorno” (Leal y
Restrepo, 2003)
Lentamente, aunque se mantuvo la minería, cada uno de los poblados fue encontrando nuevas opciones de comercialización. En este caso, las semillas de
4Mazamorreo: En este sistema se utilizan herramientas sencillas (Barra, Almocafre, Batea, Mate y Cachos)
20 tagua, el caucho y la madera marcaron una nueva etapa en el mercado y en la posición comercial que esta zona ocupada respecto al país. Aunque los habitantes eran quienes recogían las materias primas, se mantuvo una estrecha relación con foráneos quienes eran los que sacaban los productos de la región y por tanto quienes se quedaban con la mayor parte de las ganancias una vez las comercializaban en otras zonas del país.
A pesar de la imagen que desde esta relación comercial se construía en torno a la región como un lugar inhóspito limitado exclusivamente a la extracción de recursos naturales, las comunidades negras que allí se mantuvieron desarrollaron un proceso de apropiación del territorio marcado por unas prácticas económicas y culturales particulares basadas en la organización social y el desarrollo de conocimientos locales:
Desde su llegada al Pacífico, los esclavizados iniciaron un proceso de creación cultural en el cual se articularon bagajes culturales africanos con los de las diferentes sociedades amerindias en el crisol de una situación colonial donde el esclavista intentaba imponer sus tradiciones culturales acorde con sus intereses de explotación de cuerpos y dominación de almas. (Leal y Restrepo, 2003)
De acuerdo con las condiciones geográficas de cada una de las zonas, las diferentes actividades, entre ellas la pesca, la agricultura y la minería, se intercalaban unas con otras de acuerdo con las condiciones climáticas y con las festividades. La forma de trabajo a partir de la minga y los intercambios de productos que se desarrollaban entre las diferentes comunidades, evidenciaban las formas colectivas de asentamiento y la unión entre los pobladores que se encontraban a lo largo de los diferentes ríos.
21 Así como en el Chocó, en el norte del Cauca la agricultura se intercalaba con la minería, por ejemplo la minería de aluvión5 sólo se podía hacer en épocas de verano cuando las playas de los ríos quedaban al descubierto. En épocas de lluvia las familias de dedicaban de manera casi exclusiva a la agricultura; el plátano, la yuca, el maíz, el cacao y el frijol, entre muchos otros, componían la base de la alimentación familiar. Poco a poco la agricultura se fue consolidando como un modo de territorialización a medida que los terrajeros se fueron apropiando de las tierras por medio de cultivos permanentes que antes eran prohibidos. La posibilidad de contar con un lugar propio y con los medios de subsistencia necesarios para la familia dio pie para el crecimiento poblacional de la zona y así la conformación de un territorio que más adelante se denominaría como La Toma (Ararat et al. 2013).
En cuanto a la explotación minera, si bien gran parte de esta se mantenía a orillas del río en donde no había ningún tipo de propiedad privada, la minería de filón que se realizaba en las montañas, continuó estando en manos de las elites payanesas. El trabajo que muchas personas mantuvieron en estas minas les permitió ir acumulando cierto capital para más adelante comprar un pedazo de tierra.
1.5 Modelos económicos del siglo XX
La búsqueda por implementar un modelo de desarrollo capitalista ha estado marcada por la implementación de políticas en miras a la modernización industrial de las áreas rurales y por la proliferación de proyectos de extracción de recursos. La transición hacia niveles deseados de progreso y desarrollo regularmente ha implicado la captación y privatización de los recursos naturales y la mano de obra para el beneficio de actores privados. Este proceso, podría entenderse bajo lo que David Harvey ha denominado como acumulación por desposesión que tiene lugar cuando el capitalismo abre ‘un nuevo campo para la acumulación de capital en dominios hasta ahora considerados fuera del límite para el cálculo de rentabilidad’ (Harvey, 2006: 153). Para ambas regiones, la llegada del siglo XX trajo consigo la
5 Este tipo de minería se refiere a las actividades y operaciones adelantadas en riberas o cauces
22 entrada y/o intensificación de proyectos económicos que potencializaron las relaciones de explotación en el Pacifico y que causaron fuertes tensiones en torno a la propiedad de la tierra en la zona montañosa del Cauca.
Siguiendo la lógica de explotación de recursos naturales que se venía adelantando en el Chocó, la intensificación de la explotación se mantuvo en la zona del Atrato durante el siglo XX al incrementar los recursos naturales comercializados. Además del oro y el caucho: la madera, los mangles para tanino y las palmas de naidí fueron ganando un papel importante en el mercado y por tanto atrajeron la mirada de nuevos foráneos, quienes llegaron a la región en búsqueda de nuevas riquezas. A mediados de siglo llegaron a la región las primeras dragas y motobombas bajo la consigna de que lo que faltaba para poder explotar todo el oro que quedaba era tecnología. Las primeras empresas internacionales se instalaron en el río Atrato y demás afluentes, entre ellas la estadounidense Choco Pacífico que estuvo sacando oro por más de cincuenta años en el río San Juan entre 1916 y 1974. Este tipo de enclaves durarían hasta los años ochenta, aunque no con su salida en ese entonces se acabaría la explotación a partir de dragas, a las que luego se le sumarían las retroexcavadoras como método de extracción.
Las formas en que se desarrollaba este mercado exigían de parte de los locales que recolectaran las diferentes mercancías que luego llevaban a las cabeceras para intercambiarlas con los comerciantes foráneos a cambio de otros productos.
23 comunidades negras apropiaron un espacio que para otros había sido considerado incluso como un “infierno en la tierra en el que era imposible vivir” (Codazzi en Leal y Restrepo, 2003)
Mientras se daba el auge de la explotación de recursos naturales en el Chocó, al interior del país, durante 1900 y 1930 se llevó a cabo una expansión del cultivo de café. En el caso de Norte del Cauca este cultivo, junto con el de cacao, brindó por más de treinta años una ligera estabilidad a las comunidades y permitió que por primera vez la economía de la región no estuviera anclada exclusivamente a la minería (Ararat et al. 2013). Este cambio permitió además que se desarrollara otro tipo de apropiación sobre la tierra. Las dinámicas de migración que exigía el café fueron muy importantes a la hora de tejer las relaciones al interior de las familias y de la comunidad, incluso con veredas y comunidades vecinas, ya que durante la cosecha la familia requería mayor mano de obra para poder sacar el producto. Por otro lado, la estabilidad cafetera y cacaotera intensificó la relación comercial de la región con el resto del país que se vio beneficiada por la construcción del ferrocarril en 19146.
Para ese entonces las formas de producción tenían como base la economía familiar en la que la mano de obra era cubierta principalmente por la familia. La minería que se desarrollaba a orillas del río se hacía a partir de las relaciones de parentesco y el río era considerado como propiedad de todos. En el caso de las minas de filón algunas que incluso fueron compradas por personas de la comunidad, eran explotadas de manera privada y a lo largo del territorio había varios molinos en donde cada persona podía llevar el material para moler.
A finales del siglo XX varios eventos darían fin a casi media década de estabilidad y bonanza. El fin del ferrocarril en los años sesenta, la crisis del café y del cacao en los años ochenta y la construcción de la represa Salvajina en 1985 implicarían la transformación del territorio y la vuelta a la minería como eje central de la economía regional.
24 Una de las explicaciones que se han sido utilizadas para explicar las dinámicas de despojo que se desarrollaron en la región está relacionada con el mercado internacional del azúcar. Tras la victoria de la revolución cubana en 1959, Colombia y en especial la zona del Valle del Cauca aumentó su producción y exportación de azúcar para cubrir el vacío que dejaba el mercado Cubano en la demanda de este producto por parte de Estados Unidos. Este nuevo mercado, que venía tomando fuerza desde unos años atrás, marcó el punto clave a la hora de sustituir los cultivos de café, y definió un hito importante que condujo la transformación de toda una región en torno a este producto. El resultado de este giro se vio materializado en la construcción de la represa La Salvajina en los años ochenta.
La puesta en marcha de este proyecto mostraba la victoria de los intereses de los cañeros del valle geográfico. Con el apoyo del gobierno, incentivaron la creación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC que estuvo a cargo de la construcción de la represa. El proyecto consistía en la construcción de diques y canales de contención en la zona plana y el desarrollo de una represa multipropósitos en la zona de montaña. Tal infraestructura tenía como objetivo generar energía y controlar el cauce del río para prevenir las inundaciones que anualmente afectaban los cultivos de caña (Salcedo, Vélez, Varela y Rátiva, 212)
A pesar de que el lugar donde se encuentran asentados actualmente los habitantes de Toma no limita con lo que hoy en día es lago o espejo, como le
25 La baja rentabilidad de la agricultura a causa de la cooptación del agua y la pérdida de los terrenos más fértiles llevaron a una mayor dependencia de la minería lo cual terminó implicando que muchas personas tuvieran que salir del territorio hacia las ciudades como Cali y Popayán en búsqueda de nuevas alternativas económicas. Por último y teniendo en cuenta que estas son apenas algunas de las múltiples afectaciones de la construcción de este proyecto, con la construcción del muro de contención llegaron las bases militares y con ellas el incremento de la violencia y las amenazas hacia los pobladores de parte de los grupos armados.
La construcción de este proyecto partió en dos la historia de la comunidad de La Toma. Años después de la inauguración del embalse se reactivó una iniciativa que se había planteado en el proyecto original de 1975. Esta iniciativa pretendía desviar el cauce del río Ovejas para que se uniera a las aguas represadas del río Cauca. Las implicaciones de esta acción significaban para los tomeños perder la fuente de todas sus actividades sociales y económicas. No en vano el río es considerado por los habitantes como “el padre y la madre” pues es ahí donde nace la vida (Diario de Campo, 2014).
Habiendo vivido los efectos de la construcción de la represa y buscando evitar otra obra de tal magnitud, la comunidad se organizó bajo la figura del consejo comunitario para actuar en defensa del territorio frente a la empresa y el Estado. Luego de varios años de presión y movilización la propuesta se volvió a archivar.
Si bien esta fue una victoria para la comunidad, desafortunadamente la represa no ha sido la única fuente de transformación y de amenazas del territorio. Desde finales del siglo XX los recursos naturales que allí se encuentran han estado bajo la mirada de diferentes multinacionales y foráneos interesados en explotarlos. Las multinacionales con miras a instaurar proyectos a gran escala y los foráneos de instaurar proyectos de mediana minería que incluso ya han adelantado de manera ilegal sobre el cauce del río Ovejas.
1.6 Siglo XXI: economía y violencia
26 diferentes políticas que el gobierno ha adelantado y una agenda que ha puesto como eje central de la economía nacional el aprovechamiento de los recursos naturales. Tanto en el municipio de Rio Quito en el departamento del Chocó como en el municipio de Suárez en el Cauca, durante los últimos ocho años se han otorgado más de 500 concesiones mineras a compañías transnacionales. Estas licencias han sido otorgadas a pesar de que a finales del siglo XX se proclamara una nueva constitución en la que el artículo 55 daría la posibilidad para que las comunidades afro descendientes tuvieran reconocimiento de sus derechos territoriales. Para el caso de Río Quito este derecho permitió el reconocimiento de tres consejos comunitarios y la titulación de 17.292 hectáreas.
Asumiendo que este tipo de economías son precisamente a las que se refiere Harvey con la acumulación por desposesión, no es desacertado reconocer cómo la violencia y la deslegitimación de prácticas alternativas de producción como la minería artesanal han sido parte de las herramientas utilizadas por los diferentes actores para poder implementar sus proyectos (2006:153).
Una vez las empresas internacionales salieron del territorio Chocoano, foráneos provenientes de diferentes regiones del país, particularmente de los departamentos de Antioquia, Cauca, Tolima y Córdoba llegaron a instalar sus maquinarias con intenciones de recuperar algo de lo que había quedado de las explotaciones anteriores. La llegada de estos nuevos cazadores de oro a finales de los ochentas, estuvo fuertemente motivada por el elevado precio de los metales en el mercado internacional. La instauración de un nuevo modelo extractivo ha llevado a los dueños de las maquinarias a explotar el interior de la tierra empleando maquinaria pesada: dragas de succión, elevadores hidráulicos y retroexcavadoras.
27 el hecho de oponerse a la minería ilegal7. Una minería que además de que no representa ningún tipo de beneficio económico para la comunidad (pues las ganancias se quedan en los dueños de las máquinas), ha implicado fuertes transformaciones a nivel social, económico, cultural e incluso graves afectaciones a la salud de los mineros y habitantes de las zonas aledañas al río (Tierra Digna, 2008).
Entre las afectaciones más fuertes que ha causado este tipo de economía en el municipio de Río Quito y en el ejercicio de los derechos de las comunidades negras, es la pérdida de control sobre sus territorios y la fragmentación del tejido social y político. Entre la comunidad existen posiciones contrapuestas en torno a la minería ya que aunque hay quienes han logrado beneficiarse de esta actividad, del otro lado hay personas consientes de los impactos que este tipo de producción genera a corto y largo plazo, razón por la cual proponen que debe ser erradicada. Frente a estas dos posiciones los consejos comunitarios deben lidiar y buscar las formas de actuar entre una comunidad con una estrecha relación con la minería y con fuertes necesidades económicas y un modelo económico que, aunque desde la ilegalidad, representa para muchos de ellos una posibilidad de subsistir.
En el caso del Norte del Cauca las amenazas de la minería ilegal se mezclan de igual manera con los proyectos de minería a gran escala vulnerando los derechos territoriales de la comunidad. Multinacionales como Anglo Gold Ashanti, Cosigo Resources y Unión Fenosa han aprovechado los incentivos del gobierno y han buscado diferentes formas de instalar sus proyectos en el territorio de La Toma. En el caso de la multinacional sudafricana Anglogold, ésta llegó incluso a solicitar la explotación de alrededor de 1.404 hectáreas en la provincia de Suárez (Observatorio de discriminación racial, 2011)
A pesar del asentamiento ancestral de comunidades en estos territorios y de las posibles implicaciones que los proyectos mineros de gran escala causarían, se han otorgado licencias para la explotación sin agotar el mecanismo de la consulta
28 previa. Un ejemplo emblemático de los conflictos fue la concesión que Ingeominas le otorgó para la explotación de 99 ha al Héctor Sarria y de 314 ha a Raúl Ruiz. Tal concesión contó incluso con un amparo administrativo que la misma institución le concedió en el 2009 por medio del cual se exigía el desalojo de los mineros artesanales que se encontraban explotando oro a orillas del rio. Esto fue posible porque antes del otorgamiento de la licencia, el Ministerio del Interior y de Justicia había expedido una certificación donde negó la existencia de población afrodescendiente en la zona de impacto del proyecto, asegurando que la más cercana se encontraba a 19 km (Observatorio de discriminación racial, 2011).
Una vez más, el consejo comunitario exigió el reconocimiento y respeto de sus derechos que habían sido violados8. A pesar de que las amenazas persistieron, la comunidad de La Toma no desistió en el proceso de reclamo, hasta que en el 2010 la Corte Constitucional sacó la sentencia T1045-A bajo la cual reconocía la presencia de las comunidades negras de manera ancestral y por tanto estaba en su derecho de participación y defensa del territorio.
Desde el 2010 y a pesar de la Sentencia, siguen habiendo retroexcavadoras en el rio Ovejas removiendo las arenas y extrayendo el oro de manera ilegal. Estas, además de poner en riesgo la vida de los mineros, líderes y habitantes de la comunidad que se oponen a este tipo de proyectos, continúan violando los derechos de las comunidades sobre el manejo, uso y gobierno de sus territorios.
1.7 “El territorio lo es todo”9
A través de este recorrido se hacen visibles las diferentes formas de
territorialización a través de las cuales las comunidades negras de Paimadó en el
municipio de Río Quito y de La Toma han apropiado los espacios en los que se encuentran actualmente. Recorrer este camino permite reconocer cómo estas prácticas son fundamentales a la hora de entender la situación en la que se encuentran actualmente y sus posturas a la hora de defender sus territorios. Un proceso que han tenido que afrontar desde varias décadas atrás, enfrentándose
8El 7 de abril del 2010 ocho mineros fueron asesinados en una mina de oro a orillas del río Ovejas (PCN, 2010, 9 de abril).
29 constantemente con los intereses de parte de actores políticos, económicos e incluso armados, quienes han buscado suprimir unas formas alternativas de vida y de producción.
Por lo tanto, cuando las comunidades a la pregunta sobre qué significa el territorio para ellos, responden que lo es todo, están haciendo referencia
precisamente a cómo en él confluyen todas las relaciones económicas, políticas, culturales, ambientales y sociales que se desarrollan allí y que por tanto su lucha por el reconocimiento por sus derechos territoriales es así mismo una lucha por la vida.
Frente a los riesgos que estas dinámicas de explotación y violencia representan en la pérdida de sus territorios y el no reconocimiento de sus derechos, las comunidades negras de Paimadó y La Toma y en general el movimiento afro descendiente, han demandado el reconocimiento de sus derechos y estrategias para poder defenderlos. En respuesta a estas exigencias nace La Ley 70 de 1993 con la ilusión de ser una herramienta de protección de los derechos de autonomía y posibilidad de que las comunidades negras gobiernen el territorio que han venido ocupando y construyendo por más o menos cinco siglos. Los alcances y obstáculos de esta ley frente a las necesidades y contextos en los que se encuentran actualmente las comunidades de Río Quito y La Toma, es precisamente lo que se planteará en el segundo
SEGUNDO CAPITULO
La Ley 70 y los Derechos territoriales
30 elementos en torno al territorio, seguido de esto hay un acercamiento a la categoría de sociedad política propuesta por Chatterjee como un lente a la hora de
revisar la posición de las comunidades dentro del panorama político, así como la efectividad de los derechos territoriales promulgados en la ley. Para aterrizar este concepto, la tercera parte de este capítulo se concentra en revisar dos escenarios; la consulta previa y el derecho de autodeterminación de las comunidades sobre sus líneas de desarrollo que serán abordados desde las experiencias de las comunidades de Paimadó y la Toma.
2.1 La constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993
En 1990, fruto de las movilizaciones sociales de los años previos, se abrió un nuevo panorama político en el país. El llamado a la Asamblea Nacional Constituyente dio la oportunidad para que los diferentes sectores de la población que hasta entonces no habían sido tenidos en cuenta hicieran parte de la construcción de la naciente Constitución Política que remplazaría la Constitución de 1886. Para tal propósito, en 1990 se crearon las comisiones de preparación para la Asamblea, en las cuales se adelantaron los diálogos en torno a las principales transformaciones y reformas que incluiría la nueva Constitución. En estas participaron representantes de los distintos grupos étnicos, religiosos y políticos. Entre las mesas, una en particular estuvo encargada del tema de Derechos Humanos e incluía una subcomisión de igualdad y carácter multiétnico. Este fue el espacio en el que se tomaron decisiones sobre la situación de los grupos étnicos, que bajo los nuevos aportes de la política liberal y en coherencia con los Derechos Humanos, estaban encaminadas a imaginar, bajo el principio de igualdad, una nación incluyente. Este nuevo panorama supuso reconocer y resarcir la injusticia histórica que había puesto, durante mucho tiempo, a ciertos grupos de la población en situaciones especiales de discriminación en medio de las cuales sus oportunidades de desarrollo económico, social y cultural se habían visto limitadas (Agudelo, 2005).
31 concordantes con su identidad, fueron defendidas en estas mesas y confrontadas por quienes, como en el caso de Jaime Arocha y Nina Friedman, defendían los derechos de las comunidades negras. Según estos, este tipo de enfoques fomentaban la invisibilización de las comunidades negras, no solo como grupos étnicos sino también como pueblos con derechos ancestrales de propiedad sobre los territorios que desde siglos venían ocupando en diferentes zonas del país, tal como quedó expuesto en el primer capítulo. Esta posición fue compartida incluso por las comunidades indígenas, quienes, aun teniendo la vocería de las comunidades negras, a la hora de proponer los artículos correspondientes a las comunidades étnicas, se ubicaron por fuera de los “grupos étnicos” por lo que sus derechos como grupo particular quedaron fijos en la Constitución mientras que los de las comunidades negras quedaron postergados por el artículo transitorio no.55, a una Ley que nacería dos años después (Arocha; 1992).
A propósito de la posición que ocuparon las comunidades negras en la nueva constitución, Nina Friedman resalta como ésta última “apenas mencionó pálidamente a lo negros en su expresión étnica diferenciada. Así, la legitimidad de su identidad para los propósitos del ejercicio territorial con la especificidad ancestral, quedó ausente” (En Arocha, 1992:42). Elementos tales como la condición de la comunidad negra como colona de tierras baldías10 así como el énfasis casi exclusivo sobre el Pacífico como lugar de asentamiento, representan, a la hora de definir la población a la que está dirigida la ley, la persistencia de unas relaciones de discriminación e invisivilización por las que se han visto afectados (Arocha; 1992).
Ahora bien, a pesar de las posibles falencias del nuevo marco legal, es indiscutible la importancia de la Constitución Política de 1991 y la posterior Ley 70 como hitos históricos en el reconocimiento de los derechos de las comunidades negras en Colombia. Aunque en el marco internacional Colombia ya había
10 A propósito de la conceptualización de las tierras ocupadas como baldíos, Francisco Javier Ocampo
32 ratificado algunas disposiciones como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que consagraba el derecho de libre determinación de los pueblos, y el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, la Ley 70 de 1993 fue el primer marco jurídico en definir claramente los derechos de las comunidades negras a la identidad, la participación y propiedad e incluso abrió la puerta para futuros reconocimientos desde la política afirmativa.
A diferencia de las comisiones de preparación para la Asamblea Nacional Constituyente, la comisión creada por el artículo 55 para precisar los mecanismos que serían recogidos en la futura Ley, estuvo a cargo de representantes de las organizaciones sociales negras, funcionarios públicos y algunos académicos. El resultado de este encuentro fue una norma estructurada alrededor de tres ejes temáticos; primero, en el que se establecieron las definiciones desde las cuales se determinarían cuáles serían las comunidades negras culturalmente diversas (Capítulo I de la Ley 70 de 1993); en el segundo, bajo el cual se definió el procedimiento para que se adjudicaran los territorios colectivos que estas comunidades habían habitado ancestralmente (Capítulo III de la Ley 70 de 1993); y el tercero, que reconocía otro tipo de derechos entre los que se encontraba el derecho a la etnoeducación (Capítulo VI de la Ley 70 de 1993) y el derecho a elegir su propio modelo de desarrollo (Capítulo VII de la Ley 70 de 1993).
Junto con los postulados de estos 68 artículos, quedaron plasmados en la Constitución Política una suerte de derechos que se referían a las diferentes comunidades étnicas en general: el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural (art.7), la protección de lenguas y dialectos de grupos étnicos (artículo 10), imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios colectivos de las comunidades étnicas (artículo 329), y la autonomía de las formas de gobierno, planeación y organización social (artículo 330).
33 individuos, como ciudadanos, sino sobre todo de manera colectiva, en tanto grupo étnico.
2.2 Sociedadpolítica
La oposición entre los derechos propios del ideal del Estado moderno basados en la libertad e igualdad y las demandas particulares que reclaman el tratamiento diferenciado de determinados grupos, se ubica dentro de lo que Partha Chatterjee ha definido como el conflicto más común de los Estados Nación modernos. Una situación en la que si bien el Estado Nación se proclama a nivel teórico desde la inclusión de todos sus ciudadanos como actores que participan en igualdad de condiciones, en la realidad funciona de otra manera. Hay un sector de la población, los grupos marginales, que participan de forma desigual en los relatos del Estado Nación y por lo tanto deben buscar nuevas alternativas y espacios desde los cuales exigir sus derechos.
Según el autor, la construcción del Estado moderno está basada en la aceptación, casi universal, de que éste es el resultado de las relaciones entre el pueblo y la nación, y entre la nación y el Estado. Bajo esta idea, la legitimidad del Estado recae sobre el concepto de soberanía popular que es la base de la democracia, de ahí que sea del pueblo de donde emana el poder público (Art.3 de la Constitución Política). En este modelo de Estado, el concepto de “pueblo” está acompañado de la falsa idea de que “los derechos son para todos” y que el Estado-Nación, como ente soberano y homogéneo, tiene la capacidad de cumplir una de sus promesas ideales: la ciudadanía universal, es decir, la ciudadanía extendida a todos sus habitantes sin importar la raza, clase, étnica o género (Art. 13).
34 gubernamentalidad11, dónde la acción y la relación entre el Estado y los ciudadanos ya no es homogénea sino heterogénea. Esta diferencia se materializa, según Chatterjee, en la distinción entre la ciudadanía y la población. Por un lado
se encuentra el concepto de ciudadano, el cual está montado sobre la base de las ideas de la igualdad y libertad y solo existe en el marco teórico. Por otro lado, la población, o las poblaciones si se reconoce una vez más que no se trata de una realidad homogénea, se refiere a un concepto empírico y descriptivo que bajo las políticas de gubernamientalidad se convierte en una masa de personas identificables, clasificables, medibles lo que lleva a que los gobiernos las perciban “...como un instrumento manipulable que sirve para administrar grandes porciones de habitantes que se encuentran dentro de un Estado nación” (Chatterjee, 2007: 6).
En este sentido, la población o las poblaciones, como objeto del poder estatal, no son, ni han sido abordadas como poblaciones homogéneas. Por el contrario, estas han sido intervenidas y controladas por medio de dispositivos de seguridad que se enfocan en reglamentarlas en función de sus particularidades. Dentro de estos dispositivos podríamos ubicar las políticas públicas que aun siendo planteadas desde la diversidad y bajo la promesa del cumplimiento del “bienestar”, su existencia no garantiza el goce total de sus derechos.
En medio de este panorama, los subalternos12 adelantan acciones políticas en la búsqueda de espacios y oportunidades de negociación con los agentes del estado, ya no en los términos de ciudadanos demandando derechos universales, sino en términos de poblaciones que interpelan al mismo en función de intervenir en las políticas de gobierno que los implican. Estas formas de accionar las que Chatterjee refiere como propias de la sociedad política.
11 Chatterjee retoma el concepto de gubernamentalida de Michael Foucalt como el conjunto constituido por las instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad (Foucault, 2004: 136)
35 Volviendo una vez más a los planteamientos expuestos en el primer apartado de este capítulo, lo que permite esta propuesta de Chatterjee es reconocer de qué manera los derechos de las comunidades étnicas expuestos en la Constitución política y más adelante la Ley 70, pueden ser entendidos como movilizaciones de la comunidad étnica, como sociedad política. En donde un grupo de personas con
unas características en común, se reviste de ellas y de sus elementos culturales e identitarios como la relación con el territorio, para reconocerse como una
comunidad y desde allí reclamar una forma particular de relacionarse con las
instituciones oficiales. Al respecto, Eduardo Restrepo sugiere que la emergencia del artículo 55 fue fundamental para la conformación de organizaciones que, desde ese momento, se identificaron con esta categoría étnica. Si bien antes de 1991 en algunas regiones del país se habían adelantado algunos procesos organizativos como la ACIA (Asociación Campesina Integral del Atrato) esta población había sido entendida desde las concepciones de campesino. En esta medida el artículo sirvió como catalizador para la emergencia de procesos organizativos en diferentes regiones que tomaron la bandera de las comunidades negras, una categoría que además reconocía una nueva forma de entender la relación de estas con el territorio, entendiéndolo como un elemento fundamental para la supervivencia física y cultural de las comunidades (Restrepo, 2002).
Ahora bien, en este sentido, haber logrado la definición de una política pública con carácter diferencial es apenas el comienzo. Una vez la Ley 70 entró en vigencia13, se crearon las condiciones para que un sector de la población se
reconociera como tal (Restrepo, 2002). Las comunidades se vieron en la tarea de estar constantemente reafirmando su condición étnica para poder reclamar los derechos que le fueron reconocidos ya que, aunque estos existían en el papel, esto no era garantía para que fueran efectivos.
Dado que la participación de los subalternos se desenvuelve en un espacio político que es histórico y por lo tanto cambiante, dice Chatterjee que sus éxitos
13
36 son temporales en tanto “El equilibrio estratégico de las fuerzas políticas podría cambiar y las reglas ya no podrían ser torcidas como en el pasado...la gubernamentalidad siempre opera en un campo heterogéneo, sobre múltiples grupos de población y con múltiples estrategias” (Chatterjee, 2007:10). Aquí se ve reflejado el paradigma del multiculturalismo que, al tiempo en que reconoce la necesidad de que las naciones incluyan derechos particulares para grupos étnicos, casi siempre de carácter minoritario, esta propuesta no subvierte la relación de dominación cultural que hay detrás. En este sentido si bien el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural busca fortalecer la identidad cultural y la autonomía de los pueblos, esta no representa ni “independencia”, ni “soberanía” (Becerra, 2013) .Es por esto que los logros en un momento no significan la continuidad del reconocimiento de sus derechos. Aterricemos esta idea en dos casos: la consulta previa y la autonomía de las comunidades de definir su modelo de desarrollo.
2.3 Consulta Previa y Consentimiento Libre, previo e Informado
“Nosotros estamos firmes en este territorio,
pero la tierra está movediza
nosotros vamos a ser como el río… como el río terco
que por más vueltas vamos a llegar al mar”
(Vélez et al. 2012)
El derecho a la Consulta previa y al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) es uno de los puntos clave de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y de la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde 1991, año en que entró en vigor el convenio, se sentó que los grupos étnicos tienen el derecho a ser consultados y a participar de manera libre e informada antes de que se vaya a tomar una decisión que pueda afectarles directamente o cuando se pretenda realizar proyectos, obras o actividades de gran impacto dentro de sus territorios (OIT, 1989).
