Internacionalización del proceso de paz con las AUC

Texto completo

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Bogotá, 30 de marzo de 2009

Señores

BIBLIOTECA GENERAL

Pontificia Universidad Javeriana Ciudad

Respetados Señores,

Me permito presentar el trabajo de grado titulado INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAZ CON LAS AUC, elaborado por el estudiante de la Carrera de Ciencia Política, OCTAVIO JOSÉ AYALA SANCLEMENTE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14.466.392, para que se incluya en el catálogo de consulta.

Cordialmente,

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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLITICA

FORMATO DE ENTREGA DE MONOGRAFIA DE GRADO

DATOS ESTUDIANTE

APELLIDOS: AYALA SANCLEMENTE

NOMBRE: OCTAVIO JOSE

DOCUMENTO DE INDENTIFICACION: C.C. 14.466.392 Cali – Valle del Cauca ENFASIS: PARTICIPACION POLITICA

TELÉFONO: 300 888 48 48 – 57 1 214 07 36 EMAIL: octavioayala@hotmail.com

DATOS DEL TRABAJO DE MONOGRAFIA

TITULO DEL TRABAJO DE GRADO:

INTERNACIOALIZACION DEL PROCESO DE PAZ CON LAS AUC

NUMERO DE PAGINAS: 63

NOMBRE DEL DIRECTOR: MAURICIO ROMERO Teléfono: 320 83 20 EMAIL: romero.mauricio@javeriana.edu.co

Como director certifico que el trabajo de grado que se entrega, cumple con los requisitos y aspectos formales requeridos por la carrera.

Bo. DEL DIRECTOR ESTUDIANTE

ESPACIO RESERVADO A LA COORDINADORA DE ENFASIS DE CARRERA Vo. Bo. CARRERA DE CIENCIA POLITICA

FECHA DE ENTREGA

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INTERNACIOALIZACION DEL PROCESO DE PAZ CON LAS AUC

Octavio José Ayala Sanclemente

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y

RELACIONES INTERNACIONALES

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INTERNACIOALIZACION DEL PROCESO DE PAZ CON LAS AUC

ALUMNO

Octavio José Ayala Sanclemente

MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE POLITÓLOGO

DIRECTOR

MAURICIO ROMERO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y

RELACIONES INTERNACIONALES

CARRERA DE CIENCIA POLITICA Y RELACIONES

INTERNACIONALES

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INDICE

Prologo……….………...……….……….6

Introducción………..…..…….………7

CAPITULO I

COMPRENDIENDO EL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA, MIRADO DESDE AFUERA.

Internacionalización del proceso de paz entre el gobierno Uribe y las AUC………...………11

Las Autodefensas Unidas de Colombia………..……….16

Abonando la parapolítica………...18

CAPITULO II

APARICION DE ACTORES INTERNACIONALES EN EL PROCESO DE PAZ

Actores Internacionales y el Proceso de paz………..……….22

Crímenes colombianos con fuertes repercusiones en el ámbito internacional………....23

Crímenes de lesa humanidad:

Cuadro No. 1; Victimas según la actividad en el momento del accidente

Minas Antipersonales….………...25

Política exterior de la administración de Álvaro Uribe……….30

Intervención externa en el proceso de paz………...33

Etapas del Proceso de Paz; acompanamiento, implementacion, verificación y legitimación…….39

La prenegociación y la ingerencia de terceros………43

CAPITULO III

ACTUACION DE LOS ACTORES INTERNACIONALES EN EL PROCESO DE PAZ

La negociación; la labor determinante de la MAPP / OEA y la visión

Critica de las ONG’s estadounidenses………48

Las desmovilizaciones y denuncias de la HRW………...………...49

Cuadro No.2

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Ley de Justicia y Paz……….52

Apoyo a la suscripción de la ley de Justicia y Paz por parte de la

U.E., países suramericanos y el Vaticano...………...54

CAPITULO IV

BALANCE DEL PAPEL DE LOS ACTORES INTERNACIONALES EN EL PROCESO DE PAZ

Balance del papel de los Actores Internacionales en el proceso de paz………56

Importancia del conflicto colombiano……….56

Hacedores de paz Vs. Abogados de DD.HH………58

CAPITULO V CONCLUSIONES

El devenir de un proceso de negociación malogrado;

Nuevos grupos emergentes………63

Bibliografía……...……….74

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INTERNACIONALIZACION DEL PROCESO DE PAZ CON LAS

AUC

PROLOGO

La cultura colombiana manifiesta repetitivamente en sus discursos ante el mundo su vocación democrática y pluralista, esto por cuenta del predominio de su régimen electoral que comparativamente con otros Estados del Continente se ha desarrollado sin extensas interrupciones. No obstante, esa concepción democrática, pluralista e incluyente, presente en el imaginario de algunos colombianos debería ser sujeto de revisión, pues tal y como lo reseñan autores como Santiago Alles1 en el texto: “Mediciones de la Democracia: Una

Aproximación al Índice de Desarrollo Democrático”, algunos factores más allá de los eminentemente escrutables en votos, o verificables estadísticamente, irrumpen negativamente en los pilares democráticos de una nación. No en vano, Colombia ha estado inmersa en una continua historia de violencia y en un cruento conflicto que completa 50 años de rigor, sin encontrar alternativas viables y razonables para apaciguarlo, quizá por la vía democrática, y sin que ello implique más muertes.

Ante el precedente señalado de la arraigada historia bélica que nos atañe, cualquier intento por estudiar nuestro conflicto y sus soluciones a través de los argumentos y no por la vía bélica, goza de toda la aceptación y legitimidad, pues aporta nuevas aristas para analizar y lograr comprender la complejidad de nuestro problema en aras de avanzar hacia la conquista de la paz en esta nación.

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Introducción

El desarrollo de la presente investigación versará en torno a responder la siguiente pregunta: ¿Cual ha sido el papel desempeñado por los diferentes actores internacionales, en particular por la Misión de Apoyo para el Proceso de Paz, designada por la OEA, a lo largo del Proceso de Paz con las AUC?

Para dar resolución al anterior cuestionamiento es importante hacer primero un repaso sobre renglones de contextualización que orienten la comprensión del lector. Para ello, es imprescindible repasar cómo ha sido el desarrollo y consolidación de los grupos de extrema derecha en Colombia, sustentando al lector el por qué de la inminencia en llevar a cabo un proceso de paz con las suscritas agrupaciones, a los ojos de organismos multilaterales y entes internacionales.

Del anterior planteamiento, es importante comprender cómo una temática, otrora estrictamente interna y exclusiva de la agenda política colombiana, adopta un resorte interméstico, donde toman determinante voz y voto algunos actores de la arena internacional.

Habiendo indentificado cómo este tema adopta un matiz de interés internacional,

se procederá a estudiar cómo y a través de cuáles canales diplomáticos han intervenido los distintos actores foráneos, entre los cuales se cuentan la ONU, OEA, U.E., EE.UU., y las múltiples Organizaciones No Gubernamentales y entidades de Derechos Humanos, entre otros.

Continuando con el desarrollo del texto, se logrará exponer un minucioso barrido por las distintas etapas del proceso de paz; el acompañamiento, la implementación, la verificación y labor de legitimación, gestada por parte de algunos actores internacionales, así como la acérrima y permanente crítica por parte de otros que no avalaron el desarrollo de la negociación.

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desempeñado por estos mismos.

En el acápite final, se emitirán un conjunto de conclusiones, en procura de precisar las respuestas desarrolladas en torno al cuestionamiento inicial del texto, al respecto de cuál ha sido el papel desempeñado por los distintos actores internacionales que han mediado en el proceso de paz con las AUC. Lo anterior, claramente enmarcado en la premisa que la presencia de terceros imparciales, es un presupuesto ineludible en el ejercicio de gestar una paz concertada a través de un proceso legítimo, tal como lo resalta Socorro Ramírez, en el texto; “Intervención en Conflictos Externos”. Hoy por hoy, la injerencia en los conflictos ajenos ha dejado de ser un deber, constituyéndose en un derecho de los pueblos y hacia los pueblos, todo por fines humanitarios.

Por último, se abordará el álgido tema de la extradición de los 14 miembros de las AUC, que fueron fueron puestos a disposición de la justicia de EE.UU. dando por terminado abruptamente el proceso de paz entre el Gobierno y este grupo irregular.

De lo anterior se extraerá el análisis propio de lo que se considera un escenario venidero que acarrean estas extradiciones, en el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, así como en el devenir de un proceso de negociación malogrado.

El conducto metodológico presente en la elaboración de este texto, responderá a un análisis cualitativo, “que consta de la compilación de datos comprendidos a partir de los procesos tal y como suceden en su ambiente natural”2, buscando

los significados que tienen para los actores que se hayan inmersos en los sucesos analizados. En efecto, la volubilidad misma de los eventos sociales y la connotación subjetiva que enmarca el desarrollo de los acontecimientos aquí estudiados, aboca a analizarlos desde esta perspectiva cualitativa y no desde una codificación numérica, por ejemplo, que generaría diseccionar la realidad, produciendo una imagen irreconocible e incomprensible de la misma, adoleciendo de un conocimiento válido para la comprensión, reflexión y mejora del problema planteado.

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Se ratifica la escogencia de la investigación cualitativa en tanto esta toma en cuenta cada hecho particular, discriminando su diferencia de los demás hechos, depurando así posibles errores por cuenta de los cambios irregulares. Lo anterior se explica más claramente, al tomar como base la metodología cuantitativa, que al fundamentarse en variables numéricas, requiere de mayor precisión y regularidad en el desarrollo de los eventos.

Si bien el desarrollo de este trabajo, entre sus búsquedas secundarias también se propone confrontar la efectividad de los actores internacionales en medio del Proceso de Paz, sin que ello cuestione lo imprescindible de su presencia, en esencia el propósito analítico no se centra en demostrar ninguna hipótesis particular, negable o verificable a partir de la confrontación de datos.

Lo anterior, hace que esta investigación se afilie con mayor determinación al método cualitativo, pues com o in dica su propia den om in ación , este tien e com o objetivo la descripción de las cualidades de un fen óm en o, sin tratar de probar o de m edir en qué grado un a cierta cualidad se en cuen tra un cierto acon tecim ien to dado, sino de descubrir tantas cualidades com o sea posible, arrojan do conclusion es con estos sustratos.

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brevemente algunos preceptos del Realismo Político.

Como es propio del resorte temático que se pretende abordar, el estudio se desarrollará a la luz de la Teoría de las Relaciones Internacionales, enfocándose sobre el Realismo Político.

Si bien los fundamentos filosóficos que contienen la esencia del Realismo político, parten desde Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes o Max Weber, es Hans Morgehthau el padre de esta corriente política, reivindicada y contextualizada a la contemporaneidad; la “realpolitik”, pero aplicada a la política de las relaciones internacionales y en un contexto histórico dado.

La elección del Realismo Político como vehículo analítico, se da en tanto se detecta un inminente pulso pasivo de fuerzas económicas y militares expuestas por parte del conjunto de actores foráneos que se apuestan sobre el mapa político que dibuja esta coyuntura. Un elocuente y obvio ejemplo que reivindica la lógica del Realismo Político en este escenario, se constata en el mismo hecho de la presencia de varios actores internacionales como la HRW, o las distintas ONG’s, durante el desarrollo del suscrito proceso, pues a diferencia de otras negociaciones, donde el Estado negociador ostenta mayor poder, no hay cabida para la mediación de tantos actores independientes, salvo organismos multilaterales de reconocimiento y relevancia mundial que legitimen el proceso.

Tal es el caso de la negociación del Gobierno Británico de Tony Blair con IRA, donde solo con el aval de los EE.UU. y el acompañamiento de la ONU se adelantó el proceso.)

Así mismo, otro caso que invoca el Realismo Político, se verifica con la presión ejercida por parte de los países vecinos, caracterizados por su ausencia del proceso en el momento mismo en que se suscribió la ley de Justicia y Paz, mientras que otros países del cono sur, la U.E y el Vaticano avalaron tal acción. Este tema se tratará en el Capitulo III, página 53.

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interestatales, donde la transacción primordial es el poder.

Un valioso y sintético documento que reseña y analiza puntualmente algunas de las líneas metodológicas pretendidas en esta investigación, es abordado por la profesora Socorro Ramírez3, quien en la edición No. 52 de la Revista Foro, en su

articulo “Luces y sombras de la política internacional del gobierno de Uribe.” logra hacer una apropiada inmersión en el tema, sustentando las bases de su análisis en una visión fijada desde el suscrito Realismo Político de la teoría de las Relaciones Internacionales.

Capitulo I

COMPRENDIENDO EL CONFLICTO EN COLOMBIA MIRADO DESDE AFUERA

Política exterior colombiana:

Con el fin de conocer más a fondo el manejo de la política exterior de Colombia para así dar paso a examinar la diplomacia actual, es interesante traer a colación a Juan Gabriel Tokatlián en su ensayo “Colombia en guerra: las diplomacias por la paz” en el cual resalta los diferentes aspectos de las diplomacias adoptadas para la solución del conflicto desde el gobierno de Julio César Turbay. Este autor plantea que al hablar de diplomacia para la paz nos referimos a un nexo entre la política interna y la externa, a la constitución de una agenda interméstica, es decir a un “manejo deliberado de las relaciones internacionales de un país con el objeto específico de lograr apoyo externo para la resolución de una guerra interna”4.

Bajo estas premisas, se resalta que hay tres alternativas de la búsqueda de solución de un conflicto a partir de la política exterior en las cuales podemos enmarcar las diferentes estrategias emprendidas por Colombia. En primer lugar, tenemos la Diplomacia por la pacificación forzada que pretende la legitimación

3Profesora titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la

Universidad Nacional de Colombia

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del incremento de la fuerza estatal en busca de la derrota militar. En esta podemos incluir el gobierno de Julio César Turbay en el cual hay un claro respaldo político, militar y material de Washington, además de una ausencia de críticas frente al respeto de los Derechos Humanos. La segunda, la diplomacia por la neutralización, se refiere al aislamiento de factores externos y enmarca las políticas emprendidas por Virgilio Barco y César Gaviria quienes tenían como fin último la funcionalidad de la diplomacia.

Por último, la Diplomacia por la paz negociada se trata de la búsqueda de diálogo para llegar a una negociación y así a un acuerdo. En esta se pueden incluir la política exterior de Belisario Betancur en tanto complemento a su iniciativa de diálogo y negociación con la guerrilla; la de Ernesto Samper a partir de un acercamiento al respeto de los Derechos Humanos con la ratificación del Protocolo II de Ginebra así como la búsqueda de la participación de la Comunidad Internacional en una eventual negociación; y, claro está, la de Andrés Pastrana quien puso en marcha el proceso de paz con las FARC acompañado de la Comunidad Internacional y que logró la aprobación y consecución del Plan Colombia.

Por consiguiente, los alcances de Pastrana han sido los de mayor relevancia en materia de internacionalización del conflicto. El Plan Colombia logra acabar con el escepticismo de una vinculación de terceros en el conflicto colombiano aunque se encargó, a su vez, de difundir mala información e incoherencia al centrar la finalidad en el tráfico de drogas bajo el supuesto que este es el problema central de Colombia y el objetivo último de los grupos alzados en armas. A partir de esta perspectiva, importantes donantes de la Comunidad Internacional como la Unión Europea, Canadá, Japón, entre otros, tomaron distancia a la hora de participar en este, no solo por considerar al país como una zona alejada y más de influencia norteamericana, sino ante todo por el enfoque militar que se imprimió en el plan.

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sesenta. El punto central de este es que “la estrategia del gobierno Uribe consolida la decisión política de poner la política exterior en función del conflicto armado y su resolución”5. Se pretende restablecer el control territorial que corresponde a la mayor preocupación de la Comunidad Internacional en el sentido de Estados colapsados, ya que los territorios sin control pueden convertirse en escenarios de grupos terroristas así como busca acabar con el principal soporte financiero combatiendo el tráfico de drogas. Además, la superación del empate negativo a partir del incremento del número de soldados y militares es esencial, se debe pasar de 191 mil a 400 mil miembros de la fuerza pública. Pese a lo anterior, los diálogos de paz no pueden ser descartados pues la solución del conflicto no debe tener únicamente el componente militar, el último término debe referirse a la negociación. En este aspecto y pese a la dirección inicial de su propuesta militar para alcanzar la paz, se inscribe, al menos en teoría, las negociaciones para alcanzar la desmovilización de las AUC, así como los recientes intentos de diálogo con el ELN y las escasas tentativas con las FARC.

Por tanto, la política exterior de Álvaro Uribe debe enmarcarse, específicamente, en la estrategia de Diplomacia por la pacificación forzada pese al tímido giro que ha tenido su política frente a la resolución del conflicto en su segundo período de gobierno. En otras palabras, se ha buscado, por encima de todo, fortalecimiento y reestructuración de las fuerzas armadas y de la policía, aunque sin dejar totalmente de lado los esfuerzos por lograr apoyo a las iniciativas de paz.

Por consiguiente, se resalta que la estrategia diplomática de Andrés Pastrana y la de Álvaro Uribe presentan diferencias en relación al énfasis que se le brindó a la estrategia emprendida pese a la clara conjunción entre la política exterior y la interna en lo que se refiere a la resolución del conflicto. “A diferencia de su antecesor que puso el acento principal en la “internacionalización del proceso de paz” mediante la participación activa de la comunidad internacional, el presidente Uribe ha buscado ante todo “internacionalizar el conflicto armado

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interno” a través de llamamientos constantes a la comunidad internacional para apoyar su esfuerzo militar”6. Se pasó de la diplomacia para la paz a la diplomacia para la guerra7. Aunque la política del presidente ha variado de un gobierno a otro, es claro que en su primer cuatrienio el énfasis se hizo más en la política del “garrote” y desde el inicio de su segundo mandato se ha presenciado un tímido giro hacia la “zanahoria”.

Para concluir sobre este punto se resalta que las conversaciones con miras a la desmovilización de las AUC efectivamente se dieron en un marco de internacionalización del conflicto. Los actos emprendidos por las AUC han afectado no solo a Colombia sino a la Comunidad Internacional, a los países vecinos y a Estados Unidos. Además, los cambios en el escenario mundial en la década de los noventa han llevado a que la agenda internacional incluya temáticas como el respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, seguramente cruciales en la agenda de Gobierno que emprenderá Barack Obama,. Asimismo, el desplazamiento forzoso de la población, el tráfico de armas y de drogas, entre otros, forman parte hoy día, de las temáticas del interés internacional, en los cuales se encuentran cobijadas las acciones de las AUC. Por último, su profundo “enquistamiento” en el establecimiento lleva a que se incurra en la necesidad de verificar el proceso de paz, si es que así se le puede llamar, para no caer en márgenes de impunidad que los actores internacionales mencionados no van a aceptar. Por tanto, ¿cómo y a través de cuáles canales diplomáticos han intervenido los actores internacionales en las diferentes etapas del cuestionado e inconcluso proceso de paz?

6

Pizarro, Eduardo (2004). “¿Hacia un punto de inflexión?” en Una democracia asediada: balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, Bogotá, Editorial Norma, cap. 7, pp. 297.

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INTERNACIONALIZACIÓN DEL PROCESO DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO URIBE Y LAS AUC.

La excarcelación de ciento noventa y tres guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para el 7 de junio de 2007, fecha en que se desarrollaría la Cumbre del G-8, así como la liberación del conocido “Canciller de las FARC”, Rodrigo Granda, en atención a una petición del Gobierno francés, y la apertura a la posibilidad que varios países pudieran oficiar como facilitadores, según lo manifestó el propio Presidente Álvaro Uribe en una alocución y rueda de prensa concedida el 2 de junio de 20078, han sido

bastiones fundamentales para la comprensión de la dinámica de internacionalización del conflicto colombiano en esta nueva etapa, consecuente con los esfuerzos también adelantados desde la administración Pastrana. Ante las suscritas declaraciones del actual Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y teniendo como precedente que desde 1998 se ha venido dando una internacionalización acelerada del conflicto colombiano, en este texto se analiza cuál ha sido el papel de la Comunidad Internacional dentro del proceso de paz adelantado entre el gobierno Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para el período de 2002 a 2007, procurando incluir del cursado 2008 solamente los eventos más relevantes de la resonada parapolítica, pues imbuirse de lleno en la polvareda coyuntural haría de este documento, solo un texto narrativo y fácilmente contradictorio por la volubilidad misma de los eventos. De antemano, vale la pena resaltar que el proceso de negociación cursado con las AUC cuenta con unas características atípicas, desde sus inicios hasta la consecución del mismo. Empezando porque no contó con un marco legal concreto para negociar sino que este se dio una vez culminada la negociación, e incluso durante la implementación.

Los acercamientos, adelantados entre el gobierno Uribe y las AUC para alcanzar una desmovilización de los integrantes de este, se inscriben dentro de un escenario interméstico a partir de un proceso de globalización defectiva por ser

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las AUC uno de los tres actores armados al margen de la ley de un conflicto de baja intensidad, de área gris, cuya dinámica afecta negativamente no solo a Colombia sino a los países vecinos, a Estados Unidos y a otros actores apostados en el estadio internacional.

El país se ha visto golpeado por una guerra de dimensiones difíciles de precisar desde los años sesenta, pues cuenta con importantes particularidades en comparación con los demás conflictos del mundo que se pueden clasificar en guerras civiles, interétnicas y/o religiosas. En Colombia, además de su carácter prolongado y la reciente metamorfosis que está vivenciando con la presencia de actos terroristas y del narcotráfico en tanto combustible de la guerra, se mezclan diferentes tipos de violencia, lo cual hace muy difícil arrojar una definición del mismo. “Conflicto armado interno (inmerso en un potencial conflicto regional complejo), irregular, prolongado, con raíces ideológicas, de baja intensidad (o en tránsito hacia un conflicto de intensidad media) en el cual las principales victimas son la población civil y cuyo combustible principal son las drogas ilícitas”9 es la

mejor definición, adoptada por Eduardo Pizarro, que se puede traer a colación sobre el conflicto que se ha vivenciado en Colombia por más de cuatro décadas. A este desalentador panorama tenemos que añadirle un ingrediente extra, las autodefensas. Pizarro plantea cinco modalidades de control ilegal del orden público por parte del Estado o de ciudadanos con o sin apoyo estatal:

1. Violencia espontánea de grupos ciudadanos contra delincuentes presuntos o reales

2. Violencia organizada de ciudadanos contra criminalidad común 3. Violencia organizada de ciudadanos contra actores armados

4. Violencia organizada de ciudadanos con apoyo del Estado para enfrentar grupos armados

5. Violencia de redes clandestinas estatales para enfrentar a grupos opositores o criminalidad común

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Estas modalidades de violencia, que se han presentado en sus diferentes expresiones en Colombia, las podemos reunir en el vigilantismo el cual corresponde a un “tipo de violencia de carácter conservador (…) diseñada para crear, mantener o recrear un orden sociopolítico establecido”10. En otras palabras, son organizaciones ciudadanas autónomas o auspiciadas por el Estado para afrontar la criminalidad.

Con la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría y el acrecentado proceso de globalización, las dinámicas mundiales han sufrido importantes modificaciones. Lo doméstico tiene fuertes repercusiones en el ámbito internacional y viceversa, dando lugar así a la configuración de problemas intermésticos. Esta sería una de las características de los conflictos que imperan en el mundo actual, de las nuevas guerras de Mary Kaldor. Tienen la capacidad no sólo de afectar al país que se encuentra inmerso en un conflicto, sino que además se constituyen en una amenaza regional o incluso global. Frecuentemente, los países que se ven aquejados por estas corren el riesgo de insertarse en el mundo a partir de una globalización defectiva que acarrea consigo una “creciente erosión de la soberanía política, la independencia económica y la soberanía externa; debilitamiento del desarrollo económico nacional con más inequidad social y polarización política; mayor precariedad del Estado y fragmentación de la sociedad; incremento crítico de dificultades institucionales de diversa índole; y aumento de la percepción de una organización política dada a través de la agenda problemática internacional”11. Las nuevas guerras se diferencian de las antiguas a partir de sus objetivos, sus métodos de lucha y sus formas de financiación. Estas características, en su totalidad, no se presentan en Colombia, sin embargo es interesante destacarlas pues los métodos de lucha y las formas de financiación de las nuevas guerras son muy ilustrativos para el caso colombiano. Sus objetivos, los cuales distan de ser los de los grupos alzados en armas de Colombia, están ligados con la política de identidades. Sus métodos de lucha se han visto también modificados,

10

Ibíd. Pp.113.

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la captura de territorios dejó de hacerse por medios militares donde la batalla decretaba los términos decisivos. Ahora, los territorios se toman a partir del control político de la población, tomando esto de las guerras de guerrillas pero diferenciándose de estas a partir del uso continuo del miedo y el terror. “El objetivo estratégico de estas guerras es expulsar a la población mediante diversos métodos, como las matanzas masivas, los reasentamientos forzosos y una serie de técnicas políticas, psicológicas y económicas de intimidación”12, dando lugar así a un incremento en el número de refugiados y de desplazados. En Colombia, según la oficina de Acción Social del gobierno, tenemos una cifra alarmante de desplazados, 1.976.970 de los cuales cerca del 13% han sido provocados por las AUC. Así mismo y siguiendo las cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Reinserción (ACNUR), la cantidad de refugiados colombianos es sorprendente en Ecuador y Venezuela, 250.000 y 206.000 respectivamente para el 2006.

La economía de las nuevas guerras es globalizada, la financiación se da a partir del saqueo, el mercado negro, es decir el comercio ilegal de armas, drogas, diamantes o petróleo. Más aun el conflicto sólo es posible mientras haya subsistencia financiera, “los rebeldes no son necesariamente héroes que luchan por una causa valiosa y la factibilidad de la depredación da razón al conflicto”13. Scott MacDonald14 pone de manifiesto que estas nuevas guerras surgen en las “áreas grises”, es decir en aquellos territorios en los cuales hay una pérdida de soberanía, tal y como sucede en el país, ya sea por la “concesión” hecha a las autodefensas por parte del Estado o por la “apropiación” de los grupos guerrilleros. Las “áreas grises” son posibles por el resquebrajamiento y debilidad del Estado, así como por el proceso de globalización en el que nos encontramos hoy en día. Este último, le resta atributos al Estado por un lado, y por el otro le exige un mayor control sobre su población al incrementar los nexos con redes

12

Kaldor, Mary (2001). Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, España, Kriterios Tusquets Editores, Pp.23

13

Collier, Paul (2001). “Causas económicas de las guerras civiles” en Revista El Malpensante, N. 30, Bogotá, marzo, pp. 2.

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internacionales ilegales que podrían posibilitar fabulosos recursos a la insurgencia y contrainsurgencia colombiana.

Los grupos que imperan en las “áreas grises”, denominados “bad guys”, no se caracterizan por sus iniciativas y fines políticos. Estos poseen, a su vez, un fuerte componente criminal, resaltando así que la conjunción entre política y criminalidad es un elemento esencial de un conflicto de baja intensidad el cual debe ser atacado, en teoría, por una política de “doble carril” donde se conjuguen las armas con las oportunidades de diálogo. Por tanto, bajo esta concepción de “áreas grises” se puede inscribir el conflicto colombiano.

Por último, Mary Kaldor, al igual que Joseph Nye, habla de la responsabilidad que tiene la Comunidad Internacional frente a la resolución de los conflictos que se están dando en el planeta en tanto estos no pueden ni contenerse en un espacio geográfico, ni atacarse unilateralmente por parte de quien los padece intensamente. “Estas personas son las únicas que pueden acabar con la violencia. Es verdad que los responsables de la violencia son los que deben acabar con ella, pero eso no quiere decir que tengan que ser ellos quienes construyan la paz”15. Más aun cuando en política internacional estamos hablando de interdependencia entendida esta como “dependencia mutua (…) situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores entre diferentes países”16.

Bajo este marco de “responsabilidades” de la Comunidad Internacional, el conflicto colombiano, caracterizado por ser un conflicto de baja intensidad, ha llamado la atención y ha hecho que los actores internacionales se interesen en él por las consecuencias nefastas que acarrea consigo en el ámbito global. Entre estas podemos encontrar la posibilidad de un efecto contagio en la región, las actividades ilegales – el tráfico de armas y de drogas – las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario – desplazados,

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Kaldor, Mary (2001). Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, España, Kriterios Tusquets Editores, pp. 154.

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refugiados, secuestros, minas antipersonales – y los problemas medioambientales – erradicación de cultivos ilícitos con glifosato.

Las Autodefensas Unidas de Colombia

Los paramilitares, en tanto actores del conflicto armado que aqueja a Colombia desde la década de los sesenta, no nacen desde la primera etapa con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos se dan paralelamente al nacimiento de las guerrillas de segunda generación como el Movimiento 19 de abril, M-19, en 1974.

En sus inicios, el paramilitarismo se presenta como un fenómeno compuesto por autodefensas regionales financiadas por terratenientes y políticos locales para defenderse de los desmanes y excesos de las guerrillas, en otras palabras, como un fenómeno de reacción. Dichos grupos están, por tanto, estrechamente relacionados a la ausencia del monopolio estatal de la violencia, por lo cual tienen una larga tradición histórica aunque divergente según la región del país en donde se ubique el fenómeno. En el interior del país, se conciben en su mayoría como una reacción de las elites regionales frente a la democratización y a la descentralización de los años ochenta. En las principales ciudades, por el contrario, estos grupos surgen en estrecha relación con la existencia de bandas de jóvenes que controlaban dichos territorios y que pretendían financiarse a partir de actos de delincuencia común.

En cambio, en las regiones donde los distintos grupos guerrilleros tenían años actuando y ejercían funciones paraestatales, se organizaron los llamados grupos de autodefensas, cuyo objetivo principal era la eliminación de la guerrilla17. En este sentido se debe precisar que la ideología que en ellos impera, la contrainsurgente, es la autodefensa contra la guerrilla pero en ningún momento en contra del Estado o del statu quo, que incluso defienden.

En síntesis, diferentes sectores sociales se sirvieron de este tipo de organización, entre ellos podemos mencionar campesinos como “Ramón Isaza”, importantes terratenientes como Salvatore Mancuso, esmeralderos como Víctor Carranza e incluso narcotraficantes de la talla de Rodríguez Gacha, conocido en

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el mundo del narcotráfico bajo el seudónimo de “El Mexicano” por cubrir las rutas de drogas del Cartel de Medellín por México. Al “integrarse (todos estos últimos) a la oligarquía agraria tradicional adquiriendo fincas, se convirtieron en blanco de extorsiones y secuestros por parte de los grupos guerrilleros, a lo que reaccionaron formando grupos de protección privada que más tarde constituirían el núcleo de los grupos paramilitares”18.

La capacidad de acción de los paramilitares se vio incrementada en la década de los ochenta gracias al narcotráfico y a las esmeraldas, es decir a la dependencia de exportación de bienes primarios. Razón por la cual se los puede entender como “empresarios de la coerción”19, por ser individuos especializados

en la administración, uso y despliegue de la violencia, la cual ofrecen como mercancía a cambio de dinero u otro tipo de valores.

A mediados de la década de los noventa, en 1994, se les da vida a las AUC con el fin de superar sus divisiones regionales, los paramilitares buscaron avanzar hacia un movimiento aglutinado alrededor de una jefatura única de Carlos Castaño, quien años más tarde se vería victimado por sus mismos compañeros por múltiples pugnas internas. Se buscaba, por encima de todo, la consecución de un mando nacional unificado que incrementara su capacidad de acción y que hiciera frente a los problemas de divisiones internas que hoy en día se viven en el proceso de paz. En realidad, las AUC nunca lograron dicha unificación, razón por la cual hay grupos como las Autodefensas Campesinas del Casanare, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, ACMM, bajo el mando de “Ramón Isaza”, entre otras, que han negociado de forma individual y aislada de las AUC la desmovilización de sus combatientes.

Abonando la “parapolítica”

El Estado y algunos sectores de la clase dirigente del país han tenido un comportamiento complaciente y permisivo con los paramilitares. Por un lado, “el Estado le ha dado al fenómeno paramilitar a lo largo del tiempo un tratamiento

18

Ibíd. Pp.23.

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cambiante y ambiguo: primero legal, pero sin una reglamentación adecuada, luego ilegal, pero ignorado por la política oficial o catalogado simplemente como perteneciente al narcotráfico, y después perseguido por las autoridades pero apoyado por un círculo de poder local, regional y nacional”20.

La ambivalencia de las relaciones entre estos grupos y el Estado se puede explicar a partir de la incapacidad de este último en dominar todo el territorio colombiano, creando así fuertes relaciones de dependencia. Hay situaciones en que el Estado entrega su soberanía en concesión, se da “una privatización de la soberanía”21 ante su incapacidad de controlar el territorio para que estos grupos

contrarresten el accionar guerrillero. Este principio sería el origen de los paramilitares en Colombia, que de una u otra forma se han visto auspiciados por el Estado para contrarrestar a la guerrilla, “las élites colombianas crearon un Frankestein y, como ocurre en la historia clásica en torno a este personaje de ficción, va a ser enormemente complejo devolverlo al laboratorio”22.

Con la expedición del decreto legislativo 3398 de 1965 y luego de la ley 48 de 1968 se concede fundamento jurídico para la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las fuerzas armadas. No obstante, en los años ochenta este marco jurídico fue aprovechado por los narcotraficantes para conformar el grupo Muerte a Secuestradores (MAS), resaltando la dificultad del aparato estatal para mantener controlada la soberanía que él mismo había privatizado. Además, algunas estrategias utilizadas por los gobiernos para contrarrestar la violencia, han producido un efecto no planeado a favor del paramilitarismo. En el gobierno de Belisario Betancur, por ejemplo, se buscaba la autonomía de los municipios, sin embargo esto llevó a que los recursos locales quedaran cautivos de los grupos armados. Esto se puede apreciar con el caso reciente del departamento de Casanare, seis alcaldes fueron llamados a indagatoria por la fiscalía por firmar un documento en el que se comprometían a

20

García Peña, Daniel (2005). “La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el esclarecimiento histórico” en Análisis Político N. 53, enero-marzo 2005, pp. 65.

21

Kalyvas, Stathis (2001). “Esbozo de una teoría de la violencia en medio de la guerra civil”, en Análisis Político N. 43, enero-abril, pp. 15.

22

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ceder el manejo del 50% del dinero público del presupuesto asignado a grupos paramilitares, en el documento los entonces candidatos se comprometían de la siguiente forma: "Manejo por parte de la organización ACC (Autodefensas Campesinas del Casanare) del 50 por ciento del presupuesto municipal" y "aportes del 10 por ciento de cuota de toda contratación"23

Durante el gobierno de Ernesto Samper se constató un incremento de los paramilitares y su tránsito hacia nuevas formas de organización y proyección como actores del conflicto armado. En 1994 surge la idea de crear las Cooperativas de Seguridad Rural – Convivir, las cuales contaban con el apoyo y entusiasmo del entonces gobernador de Antioquia y actual presidente de la República, Álvaro Uribe. Estas ayudan a aumentar la capacidad paramilitar por medio de una alternativa legal y supervisada por el Estado ante el clamor de terratenientes rurales. “En muchas zonas de conflicto, las cooperativas de seguridad rural -Convivir- y los grupos paramilitares se convirtieron en una sola cosa. Paramilitares en ejercicio –como Salvatore Mancuso- fundaron cooperativas de seguridad rural que les dieran cobertura legal, o miembros de las Convivir incapaces de asumir las restricciones que les impuso la Corte Constitucional en 1997 se convirtieron en grupos paramilitares”24.

Posteriormente, durante el período de Andrés Pastrana la atención se concentró en el proceso de paz con las FARC y frente a las AUC se mantuvo la decisión de gobiernos anteriores de no concederles reconocimiento político y se ordenó el desmonte de las Convivir. Por otro lado y yendo más allá de las actuaciones del Estado, sectores de la clase dirigente han tenido una actitud pro-paramilitar tras la “fusión” de los paramilitares con la clase latifundista.

Actualmente y desde la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia se ha emprendido un proceso de paz con las AUC, proceso que domina y pone en alto el éxito del Presidente y de la consecución de su política de Seguridad Democrática en tanto que esta tiene como objetivo último que el Estado haga

23

_________, “Alcaldes del Casanare sellaron pacto con 'paras' al estilo Ralito” en El Tiempo, Febrero 2 de 2007.

24

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presencia en todo el territorio colombiano. Existen muy pocas o ninguna experiencia internacional de desmovilización de fuerzas paramilitares y mucho menos previas al fin de la guerra. Uribe empezó buscando ocupar zonas en que el Estado estaba ausente para así quitarles su razón de ser a las AUC. Por tanto es preciso traer a colación el camino emprendido para la negociación25:

1. Ley 782 de 2002: suprime el requisito de conceder status político para poder negociar con un grupo armado.

2. Decreto 128 de 2003: extensión de beneficios jurídicos de la reinserción para paramilitares que se desmovilicen individualmente.

En síntesis, tres factores distintos, el tratamiento ambiguo por parte del Estado a los grupos paramilitares, el efecto no planeado de reformas gubernamentales como la descentralización, y el enquistamiento en algunos sectores sociales; han generado una zona nebulosa donde se mezcla lo legal y lo ilegal. Dando paso a la cuestión que ha centrado actualmente la atención de la opinión pública, la “parapolítica”, ya que muchos políticos, empresarios, terratenientes y paramilitares, estrecharon sus vínculos a partir de las Convivir. Destacando así que las cuestiones de la “parapolítica” no son cosas únicamente del presente sino que datan, incluso, desde su creación.

Capitulo II

ACTUACION DE LOS ACTORES INTERNACIONALES EN EL PROCESO DE PAZ

Durante la mayor parte del siglo XX, Colombia permaneció poco visible en el contexto internacional por no ser un foco central del conflicto mundial y por no pertenecer a los principales círculos económicos. Sin embargo, finalizando este, el país ha cobrado visibilidad para el mundo, no por una política estratégica de inserción positiva sino por el “incremento de conexiones internacionales del conflicto, de la preocupación internacional por sus dramas (humanitarios)

25

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internos y de la petición de diferentes sectores nacionales a la llamada comunidad internacional para que les ayudara a hacerle frente al agravamiento de la confrontación armada”26. Además, no se puede desconocer que con el fin de la Guerra Fría se produjo un cambio en el entorno global que llevó a que la agenda internacional pasara a estar compuesta por el tráfico de drogas, los Derechos Humanos, las crisis humanitarias y los desplazamientos, principalmente.

En otras palabras, Colombia se ha insertado al mundo a partir de una “globalización defectiva”, llevando así a que el tema de la superación del conflicto interno se vuelva central, tanto en el ámbito interno como en el manejo de su política exterior. Dicha internacionalización se ha asociado con las consecuencias externas que acarrea consigo el conflicto armado. En este sentido, el proceso de paz con uno de los actores armados al margen la ley, las AUC, interesa a diferentes actores internacionales por las relaciones de estos con delitos internacionales, violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y por sus posibles nexos con el “establecimiento” colombiano que pueden poner en jaque la democracia del país arrojando por la borda la legitimidad del proceso de desmovilización.

Además, pese a que por muchos años se buscó mantener el conflicto armado como un asunto única y exclusivamente doméstico, no se puede descartar el continuo llamado que se ha hecho a actores internaciones en las mencionadas negociaciones con miras a la desmovilización de más de treinta mil hombres, no sólo por parte del gobierno, sino, a su vez, por parte de los jefes paramilitares, para la consecución del proceso emprendido. En un sistema internacional como el actual, “las soluciones a los conflictos de envergadura como el que afecta a Colombia, requieren de alternativas globales y locales simultáneamente”27. En tiempos de globalización, la injerencia de la Comunidad ha ido evolucionando,

26

Ramírez, Socorro (2005). “Luces y sombras de la política internacional del gobierno de Uribe” en

Revista Foro N. 52, Bogotá, febrero de 2005, pp. 68

27

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ha pasado, paulatinamente, de un “deber de injerencia” por razones humanitarias a un “derecho de injerencia” frente a las amenazas globales28.

CRIMENES COLOMBIANOS CON FUERTES REPERCUSIONES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

El conflicto colombiano interesa a diferentes actores internacionales como la Comunidad Internacional, Estados Unidos y los países vecinos, por las consecuencias negativas que este ha acarreado consigo. De esta manera, es preciso identificar los delitos con repercusiones internacionales que se han venido cometiendo, así como las preocupaciones centrales de cada uno de estos actores nombrados. Los delitos colombianos con fuertes repercusiones en el ámbito internacional los podemos clasificar en cuatro grupos.

En un primer grupo, encontramos las actividades que podríamos considerar propiamente delictivas. En esta clasificación podemos inscribir el tráfico de armas, pero ante todo el tráfico de drogas, el narcotráfico. Colombia, en relación con la región Andina, es el país con mayor número de cultivos de coca, de 158.350 que presenta la región, el país representa más del 50% con 78.260 hectáreas para el 200629. Pese a esta alarmante cifra se debe resaltar que en 2006 se constata una disminución frente al 2005, según el informe de la ONU, que se presentó en el mes de junio de 2007, en el país había 78.260 hectáreas sembradas con la hoja mientras que en el 2005 eran 86.000 hectáreas, año en que se presentó un significativo incremento de cerca de 6.000 hectáreas.

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

En un segundo grupo tenemos las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En Colombia, pese a haber ratificado el tratado de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, el Protocolo II de Ginebra, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se presentan este tipo de violaciones entre las que podemos destacar el desplazamiento, los secuestros, las minas antipersonales, las “restricciones” a la prensa, entre otros.

28

Ramírez, Socorro (2004). Intervención en conflictos internos. El caso colombiano 1994 – 2003, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.

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Según el programa de gobierno Acción Social, el país cuenta, actualmente, con 1.976.970 desplazados de los cuales las AUC han provocado alrededor de 254.847, es decir un trece por ciento. Este fenómeno acarrea consigo migraciones, principalmente, hacia los países vecinos. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), para el año 2006, 22.000 colombianos cruzaron la frontera huyendo de los ataques armados de la guerrilla o de los paramilitares o de los enfrentamientos de estos con las fuerzas militares. Ecuador es el principal destino de estos refugiados, actualmente se consideran del orden de 250.000 colombianos; Venezuela es el segundo más importante abrigando a 206.30030.

Otro problema en Colombia son los secuestros, se calcula que entre 1998 y hasta el primer semestre del ano 200731 habían sido secuestradas 16.868

personas, de las cuales 877, es decir un 6%, son atribuibles a las AUC32. A

simple vista pareciera que es una cifra poco significativa en relación al total general, pero la cuestión aquí es que a cerca del 50% de los secuestros no se les ha atribuido a autor alguno dejando así abierta la posibilidad de plantear a las AUC como posibles responsables.

Las minas antipersonales, por su parte, también son una violación a los Derechos Humanos. Entre 1990 y el 2006, en Colombia, se registraron más de 5.466 víctimas entre los cuales más del 60% son miembros del ejército, y el restante 40 equivale a población civil durante la realización de sus labores cotidianas (ver cuadro a continuación).

30

Información estadística sobre los refugiados y otras personas de la competencia del ACNUR en Venezuela y Ecuador

31

Se toma hasta la suscrita fecha para no afectar el promedio de interferencia por parte de las AUC en este delito, pues de promediar las estadísticas hasta el tercer trimestre del año 2008, se reducen sustancialmente la resposabilidad de las AUC, por cuenta del retiro de aproximadamente 30.000 hombres de las filas.

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Cuadro No. 1 – Estadísticas Minas Antipersonales.

Fuente: Vicepresidencia de la República – Observatorio de Minas Antipersonales.

Por último, las libertades de expresión y agrupación se violan de forma recurrente en nuestro país. Los periodistas sufren amenazas a diario, para el 2002, 7 fueron asesinados, 75 fueron amenazados, 12 secuestrados, 10 sufrieron atentados y 3 agresiones33. Así mismo los defensores de los derechos

humanos, en especial los sindicalistas, están sufriendo los estragos de la guerra, punto esencial en la actualidad para la oposición al proceso de paz en cuestión, efectuada por los miembros del partido demócrata en Estados Unidos. Según la Fédération Internationale des Droits de l´Hommme (FIDH), para el 2005 10 miembros de ONG´s y 150 sindicalistas fueron asesinados. El 90% de estos crímenes son cometidos por los grupos paramilitares.

En tercer lugar, están los daños causados al medio ambiente. En Colombia hay un debate muy fuerte entre el glifosato, la deforestación y la erradicación manual de los cultivos ilícitos. Los defensores del glifosato lo clasifican de inocuo, mientras estudios ponen de manifiesto que este es perjudicial no solo para los pastos, los cultivos, el agua, el ganado, sino a su vez para la salud humana. A

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partir de las decisiones que se han tomado a este respecto, es decir de acabar con los cultivos ilícitos con el glifosato, se está subordinando la protección del medio ambiente y del ecosistema de la región al interés particular de eliminar los sembrados de coca. En este sentido se iría en contravía de acuerdos internacionales de ésta índole como la Convención de Diversidad Biológica, el Panel Intergubernamental de Bosques de Naciones Unidas, entre otros.

Por último, y como cuarto grupo, se hace alusión al terrorismo. Colombia está inmersa en una guerra contra el terrorismo por las dinámicas externas a partir de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos e, internamente, por métodos que utilizan los grupos guerrilleros, asedio a la población civil, uso de la violencia como un arma psicológica para generar pánico. Así mismo, con el rompimiento del proceso de paz con las FARC en 2002 y la puesta en consonancia con la guerra antiterrorista emprendida desde Washington, la mirada de los actores internacionales se ha visto modificada. Se han recibido importantes ayudas de índole económica y política por parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo rechazo inminente por parte de países europeos y de la gran mayoría de países vecinos.

Por tanto y tras postular las atrocidades que se cometen a diario en Colombia, es importante destacar en qué se centra la mirada de los actores externos al conflicto. La Comunidad Internacional se ha acercado, principalmente, por sus preocupaciones frente a las continuas violaciones a los DDHH y al DIH y por tanto por el incumplimiento que esto acarrea consigo de los tratados sucritos bajo este marco. Pese a lo anterior, temáticas de otro orden como las transgresiones al medio ambiente con el uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos y el tráfico de drogas y de armas también son preocupaciones centrales. En síntesis, la Comunidad Internacional no solo se inquieta por violaciones a la dignidad humana sino también por las actividades ilegales y por el título de terroristas que pesa sobre los grupos al margen de la ley.

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groupes d'extrême droite”34. Además, se han visto inmiscuidos en el narcotráfico debido a la fusión de muchos narcotraficantes con el grupo, ofreciendo razones de sobra para estar interesados en que un proceso de paz con ellos no se vea contaminado de impunidad. Con base en lo anterior, organizaciones de Derechos Humanos como la Human Rights Watch (HRW), la FIDH, la Fundación Arco Iris; así como la OEA y países europeos como Suecia, Noruega y Holanda, han buscado la forma de hacerse presentes en las negociaciones ya sea con una participación directa de verificación, como donantes o como veedores del proceso emprendido.

En consonancia con lo anterior, la Comunidad Internacional tiene un interés directo en el proceso de paz entre las AUC y el gobierno Uribe para velar que exista reparación a las victimas y niveles de impunidad aceptables.

Por su parte, Estados Unidos, que es entre otras cosas el país con mayor atención sobre el proceso de paz y el mayor aportante del mismo a partir de su programa USAID gracias al cual le ha entregado a Colombia, entre el año 2000 y el 2006, US$ 602.4 millones, se interesa y mira con preocupación a las AUC. Las AUC han sido un grupo catalogado, por el Departamento de Seguridad de EEUU, de terrorista, perpetrador de crímenes de lesa humanidad y que tiene vínculos con el “establecimiento”. Este enfoca su temor ante todo en el tráfico de drogas y lo refleja con el continuo pedido en extradición de narcotraficantes que en su mayoría hacen parte de las AUC. Recientemente enmarca el conflicto en su guerra contra el terrorismo con el fin de justificar que no se está ante un choque de civilizaciones sino que en su mismo vecindario está atacando a su enemigo del siglo XXI. “No podemos tener Estados parias poblados por narcoterroristas y terroristas en nuestro propio sur”35.

Sin embargo, a partir del control del Congreso de los EEUU por parte de los demócratas, las preocupaciones han variado. El sindicalismo ha cobrado una real importancia en las discusiones donde los paramilitares son de total relevancia por ser ellos los que atacan de forma más dura dichas asociaciones.

34

Reporte de una misión internacional de la FIDH “Colombie: Administration de la justice ou de l´impunité?” Marzo 2003.

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Así mismo, la cuestión de la parapolítica, de los vínculos de las AUC con el establecimiento, se ha encargado de atraer mucho más la atención de Estados Unidos y de entorpecer otros asuntos bilaterales de estos dos países como el Tratado de Libre Comercio, y de interrumpir el desembolso de dineros del Plan Colombia. Dicho enquistamiento en el aparato estatal amenaza con socavar, no solo la democracia colombiana sino que a su vez impulsa la debilidad institucional del país, acercándose así a la figura del “Failling State”. En otras palabras, la atención estadounidense se ha diversificado, aunque el interés inmediato se puede sintetizar en hacerle frente al tráfico de drogas.

Por último los países vecinos temen al “efecto contagio”. Se sienten amenazados no solo por el tráfico de drogas y de armas, sino por la presencia de los actores armados en la frontera. Así mismo, se ven afectados por los refugiados que amenazan con proyectar la crisis humanitaria de Colombia a sus territorios. Las fumigaciones con glifosato, por su parte, despiertan una doble amenaza en los vecinos. En primer lugar, se teme que los cultivos erradicados en Colombia se desplacen hacia sus países, y por el otro, que ha sido la queja recurrente del gobierno ecuatoriano, que estas fumigaciones afecten la salud de sus propios ciudadanos. Por otra parte, la región latinoamericana, desde el final de la década de los noventa se ha caracterizado por presentar un giro a la izquierda liderado por Hugo Chávez en Venezuela. Dicho vuelco se ha enfatizado en un antiaimerialismo por lo cual la mirada hacia Colombia es de recelo, estos temen por la presencia de Washington en la región y la viven a diario a través de las intervenciones en el conflicto colombiano.

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De esta manera, las tensiones se han exacerbado desde finales de los noventa con la presencia de gobiernos con apoyos populares y fuertemente antiimperialistas como el de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo morales en Bolivia, así como de otros más moderados como Lula en Brasil, que no obstante ven con recelo la presencia de Washington en la región a través del conflicto colombiano. Venezuela es, claramente, el vecino más conflictivo, presume de una alianza entre Colombia y Estados Unidos para sacar a Chávez del poder a partir de la presencia de paramilitares en Caracas que se hacen llamar AUV, Autodefensas Unidas de Venezuela. Ecuador, se preocupa por las fumigaciones con glifosato y por las migraciones de los desplazados hacia su país pues es el principal destino de estos.

Por lo tanto, hay un activismo gubernamental así como acercamientos de Uribe con sus homólogos vecinos, el problema es que se tiene una perspectiva nacional de los problemas de seguridad y no se presentan como parte de la región. Además, las relaciones internacionales de Colombia con sus vecinos en lo referente al conflicto giran entorno a la guerrilla y no a los paramilitares.

ACTUACION EXTERNA EN EL PROCESO DE PAZ

Al hablar de un proceso de paz se está haciendo referencia, a grandes rasgos, al recorrido emprendido por las partes enfrentadas para la búsqueda de un compromiso que trace el camino a seguir y así resolver satisfactoriamente la incompatibilidad inicial36. Sin embargo, la consecución de los resultados esperados a partir de dicho compromiso no es inmediata, atraviesa en la gran mayoría de veces un gran número de tropiezos y dificultades a superar en cada una de las etapas del mismo. De esta manera, se resalta que lo primero que se debe hacer es investigar sobre los factores que permiten o impiden el inicio de la negociación para luego sí hacer énfasis en las estrategias que se necesiten para que el proceso desencadene en logros positivos de paz.

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La cuestión principal es cómo iniciar el proceso, cómo definir el momento exacto en que las partes en conflicto estén listas para iniciarlo. Christopher Mitchell37 plantea tres modelos de madurez de un proceso. El primero se refiere al modelo de Estancamiento Perjudicial o de “catástrofe inminente” en donde ninguna de las partes ve una salida positiva mientras se sigan utilizando los métodos actuales. Se presenta la necesidad de recurrir a la negociación para aminorar los costes, que se hacen cada vez más insoportables e insostenibles.

En segundo lugar tenemos el modelo Trampa. Los traspiés, los daños, se vuelven el motor para seguir la lucha, constituyen los incentivos que no permiten a los líderes deponer su lucha. Por tanto, la situación de madurez se da cuando los líderes dejan atrás este pensamiento, ya sea por los altos costos económicos, o porque las pérdidas humanas se hacen insoportables. La situación de las FARC podría encontrarse en este modelo, guardan recelo por el exterminio de la Unión Patriótica y se tiene la sensación que hasta que este no quede saldado, no se podrá emprender el camino de la negociación.

Por último, el modelo de Oportunidad Tentadora es el enfoque optimista que consiste en que los líderes descubren una forma de lograr sus objetivos a través de una estrategia menos costosa y que aporta mayores beneficios. La iniciativa de acercamientos emprendida por las AUC con el actual gobierno la podríamos inscribir en el modelo de oportunidad tentadora. Al respecto, Carlos Castaño, líder para aquel entonces de las AUC y asesinado por sus propios hombres después, plantea que “la seguridad democrática funcionó y se nos ha terminado nuestra razón de ser. Las autodefensas nacieron porque el Estado no podía defendernos, pero en este momento el Estado está en capacidad de defender a los ciudadanos”38. Este grupo armado al margen de la ley ve en el gobierno de Álvaro Uribe un momento propicio para negociar porque, más allá de las simpatías ideológicas que despierta entre los miembros de las AUC, la antesala del Pacto de Ralito del año 2001, le brinda importantes apoyos al interior del

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Mitchell, Christopher (1996), Evitando daños: reflexiones sobre la “situación de madurez” en un conflicto, Gernika-Gogoratuz, Documento N. 9.

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Congreso y posibilidades concretas para obtener un marco de negociación blando favorable a los intereses paramilitares, donde se obtengan grandes beneficios.

El Pacto de Ralito es un documento que involucra a varios parlamentarios y ex-parlamentarios en un acuerdo con las AUC para “refundar” la patria. El documento fue firmado en el año 2001 en un encuentro entre el Estado Mayor de las autodefensas y siete representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes39. La existencia del documento se conoció después de que el Senador Miguel de la Espriella, uno de los firmantes, revelara su existencia a finales de 2006, aunque el texto del documento solo fue conocido hasta enero de 2007 tras declaraciones de Jorge 40 durante el sometimiento al proceso de paz con el gobierno. El pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente en la Región Caribe para más tarde consolidarse a nivel nacional40.

De esta manera y frente a dicha “ventana de oportunidad” encabezada por el Pacto de Ralito, seguido por la posición del gobierno Uribe de confrontación a la guerrilla, y ante la necesidad de buscar reconocimiento político y así evitar la extradición hacia Estados Unidos, las AUC empiezan a dar, a partir de la elección de Uribe en el 2002, evidencias de confianza, como la declaración unilateral del cese al fuego en diciembre del mismo año, que abren paso a los acercamientos entre las partes.

Así como existen por lo menos tres modelos de madurez, se podría hablar de cuatro etapas41 en un proceso de paz, los primeros acercamientos y la prenegociación, la negociación, la firma del acuerdo, y la implementación y verificación. En los diálogos adelantados con las AUC es difícil de establecer, ante todo, las dos últimas etapas, pues las primeras desmovilizaciones, es decir la implementación, se empiezan a dar sin la firma de acuerdo alguno. Incluso, es

39

_________, “Pacto con el diablo” en Semana N. 1290, enero 22 a 29 de 2007

40

_________, “El de siempre”, en Semana.com, diciembre 2 de 2006

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preciso poner de manifiesto que el proceso en general se desarrolló de forma atípica pues, pese a que efectivamente se da entre dos actores en conflicto, gobierno y AUC, cuestiones como la realización de las negociaciones sin un marco jurídico previo son muy cuestionables.

La prenegociación puede empezar sin siquiera haber acordado un cese al fuego, no cuenta con un formalismo excesivo lo que permite detectar más fácil las verdaderas intenciones. Esta etapa se concibe como una de construcción de confianza a partir de diferentes gestos de paz que incentivan a las partes a continuar con la negociación. En este punto, los mediadores se hacen muy necesarios para lograr estos primeros objetivos, no obstante, en el proceso estudiado no ha sido el caso. Los acercamientos se dieron sin necesidad de mediación de otros países o de organismos internacionales, salvo el acompañamiento que ha hecho la Iglesia. Esta ausencia de participación de terceros se puede explicar porque se está negociando con los “aliados” en la confrontación con la guerrilla, con los cuales, además, se tiene una afinidad ideológica.

Estos primeros acercamientos arrojan, en la gran mayoría de casos, una “hoja de ruta” en la que se manifiestan las intenciones, las reglas de juego de la negociación, los sitios de encuentro, entre otras cosas básicas, tal y como lo vemos con el Acuerdo de Ralito I y II, de julio 15 de 2003 y del 25 de mayo de 2004, respectivamente.

Una vez los actores hayan identificado y coordinado los objetivos comunes a perseguir, se da paso a la segunda etapa, a la negociación, la cual es vista como “un proceso para que las partes enfrentadas puedan discutir sus diferencias y encontrar una solución”42. Lo principal en la negociación es la participación de todos los actores clave, llevar a cabo un proceso lo suficientemente incluyente como para no dejar por fuera a ningún actor relevante del conflicto que luego se convierta en un saboteador de paz, en un “spoiler”. Así mismo se debe definir una agenda acompañada de un calendario a cumplir

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como el que se pactó sin mayor respeto en el Acuerdo Ralito I donde las AUC se comprometieron a desmovilizar a la totalidad de sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005, en un proceso gradual que comenzó con la desmovilización el 25 de noviembre de 2003 del Bloque Cacique Nutibara en la ciudad de Medellín. Así mismo se deben definir cuales van a ser los conductos regulares para informar sobre cómo va el proceso, quienes van ser los interlocutores de cada una de las partes, detectar las prioridades y lo que se puede postergar. Si de esta segunda etapa se obtienen resultados satisfactorios para las partes en negociación se pasa a la firma del acuerdo. Dicha firma no es garantía de paz, se debe concebir como el marco bajo el cual se va a realizar lo acordado en la fase anterior. Por tanto, “el acuerdo (…) ha de tener garantías, ser claro en su redacción, factible y realista, perdurar en el tiempo (…) ha de ver como atacar las raíces del problema, prever cláusulas de reforma, no ha de ignorar a la sociedad civil, ha de establecer un cronograma claro, pensar en la fase de desmovilización, desarme y reinserción (DDR), blindar el acuerdo ante los posibles y típicos reventadores (spoilers) y ofrecer garantías para que sean respetados los derechos humanos”43. En las negociaciones con las AUC nunca existió un gran acuerdo sino “hojas de ruta” con los diferentes grupos negociadores como el Acuerdo Ralito I y II, el Acuerdo de Fátima (mayo 13 de 2004) agregándole así fragilidad al proceso. Además, a esta marcada fragilidad se le debe añadir la ausencia de un marco legal. La ley de Justicia y Paz, encargada de cumplir este papel, se promulgó después de las primeras desmovilizaciones, ocasionando así una incertidumbre jurídica que nos puede llevar a predecir un riesgo en el posconflicto, más aun cuando es un tercer actor, el poder legislativo (Congreso y Corte Constitucional), quien determina las reglas de juego modificando así lo pactado entre las partes negociadoras. Las altas posibilidades de rearme están dadas, hay muchas señas de que el proceso busca desmovilizar paramilitares en ejercicio pero en ningún momento el fenómeno paramilitar.

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Todos estos aspectos señalados que deben cobijarse en el acuerdo se buscan para aumentar las posibilidades de concreción del proceso en la siguiente etapa, en la implementación. En esta última se pone en marcha lo acordado seguido por un proceso de verificación. Aquí se necesitan grandes cantidades de recursos y apoyos externos, pues no solo se busca la desmovilización de los combatientes ilegales, sino su reinserción a la sociedad civil y la reconstrucción y reparación del tejido social. El desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) es la parte central de un proceso de paz tras la firma de un acuerdo, se percibe como “un componente de una estrategia más amplia de construcción de paz”44. Este debe ser digno, contar con lugares de reclutamiento confortables,

debe haber confianza en la neutralidad del organismo encargado del DDR, conocer el grado de movilización ideológica de los combatientes, el sentido político del acto en tanto contribución a la paz, respeto de lo convenido en términos políticos así como garantizar seguridad personal en el retorno de los excombatientes a la vida civil. Además se deben tener en cuenta unas condiciones básicas previas al DDR; en el caso colombiano, estas han sido la gestión del estatus terrorista y leyes de amnistía como la Ley de Justicia y Paz.

Etapas del proceso de paz; acompañamiento, implementación, verificación y legitimación.

Tal y como se ha venido señalando, a lo largo del proceso de paz se dan intervenciones de terceras partes. La mediación debe ser aceptada libremente por todos los actores implicados y puede definirse como “un ejercicio de comunicación que persigue reconciliar los intereses de las partes en disputa, ayudándoles a encontrar una salida, pero sin imponerles desde fuera la solución”45. En otras palabras, esta busca, principalmente, modificar las relaciones ente las partes a partir de los diferentes roles que pueden cumplir. Entre los roles que pueden cumplir terceros actores tenemos explorador, convocante, desacoplador, unificador, entrenador, generador de ideas, garante, facilitador, legitimador, incentivador, verificador, implementador, reconciliador.

44

Ibíd. Pp. 212.

45

Figure

Cuadro No. 1 – Estadísticas Minas Antipersonales.

Cuadro No.

1 – Estadísticas Minas Antipersonales. p.33
Cuadro No. 2

Cuadro No.

2 p.52

Referencias

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