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Academic year: 2020

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1. Caracterizar la necesidad a atender

Las crisis económicas expulsan a grandes masas de la población fuera del mercado de trabajo formal causando un sentimiento de frustración que impulsa a asumir comportamientos agresivos, explicando en algunos casos la violencia existente en las grandes urbes de nuestro país. Este fenómeno empieza también a llegar a poblaciones más pequeñas.

El sistema educativo y las organizaciones en general, consideran a los jóvenes como el capital humano que debe formarse para el futuro, contraponiéndose con los intereses de la sociedad del consumo inmediato. Desequilibrios de este tipo, constituyen causas que aceleran una conducta primero violenta, luego delictiva.

No siempre la violencia conlleva a un hecho delictivo pero en el delito casi siempre está implícita. Mucha de esta violencia es atribuida y estigmatizada en la población adolescente y juvenil, especialmente en la franja etárea de 10 a 23 años.

Dentro del ambiente familiar la violencia más común para jóvenes y adolescentes está constituida por agresiones físicas, sexuales y psíquicas además del abandono. Ésta situación se agrava cuando por cuestiones culturales no se denuncian estos hechos, contribuyéndose a la reproducción constante, conformando un perverso circulo vicioso y violento, protegido y potenciado por la impunidad que genera el secreto.

En la mayoría de las sociedades actuales la idea de Estado incluye su función como poder formalizado, que define normas para todos los ciudadanos. La construcción de la ciudadanía incumbe especialmente al Estado aunque también se vincula con otras organizaciones.

La situación laboral juvenil no la constituye el pleno empleo, sino la inestabilidad, el trabajo precario, con bajas remuneraciones, sin cobertura social, ni seguro de desempleo. A los puestos acceden aquellas personas con menor nivel educativo y calificación, principalmente jóvenes, cuyo resultado resulta aún más peligroso: el desaliento por no encontrar un buen trabajo.

En la experiencia cotidiana de éstos jóvenes, ninguna institución aparece como representante de la ley, y menos aun, la policía. Para ellos la policía es otra banda, potentemente armada y preparada a la que se teme mucho más por la posibilidad de morir o ser lastimado al caer en sus manos que por la certeza de que va a conducirlos ante la ley. La ley y el derecho no están presentes tampoco en sus propias experiencias laborales ni en las de sus padres y mayores.

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En nuestro país, el 21 de octubre del año 2005, fue promulgada la Ley Nº 26.061 denominada Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes cuyo fin último es“la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales”(Artículo Nº 1°).

En su artículo 5º, la citada norma establece el ámbito de responsabilidad gubernamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las políticas públicas tanto en la formulación como en su ejecución. Establece para con los menores “la protección y auxilio en cualquier circunstancia” como también “la prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o públicas”. También declara “la preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas”tendientes a otorgar“preferencia de atención en los servicios esenciales”a los niños, niñas y adolescentes.

Asimismo en su artículo 29º se contempla el principio de efectividad de la norma, según el cual los organismos del Estado “deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías” reconocidas para con los menores.

En forma concordante, con el artículo siguiente (30º), los miembros pertenecientes a los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados, como también todo agente o funcionario público “que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberán comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local”.

Las organizaciones sociales, aunque no explícitamente educativas, ven en la situación juvenil un campo de ejercicio de responsabilidad social, a la vez que un factor constitutivo de la estructura social de la cual dependen para la obtención de su beneficio específico.

3. Contexto

Ciudad mediana del centro de la PBA, no cabecera de partido, al borde de la principal ruta nacional de la zona que conecta con la CF. Pequeño casco urbano y barrios periféricos, uno sobre la ruta y dos originados por planes oficiales de vivienda.

Región dedicada a actividad agropecuaria, con crecimiento sostenido en el último quinquenio, con dispar nivel de tecnologización. Actividades de comercio urbano, transporte interurbano, comunicaciones y servicios dependientes de la agroganadería. Centro de investigaciones de genética agraria (en la zona rural).

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centro de formación profesional con orientación agraria, subcomisaría, destacamento de Gendarmería (sobre la ruta nacional), unidad penitenciaria provincial (a 10 km. de la ciudad), delegación de unidad fiscal investigaciones, banco.

Organizaciones intermedias activas: parroquia, sindicato rural, 2 clubes sociales y deportivos, centro de suboficiales penitenciarios, 3 asociaciones barriales de fomento, centro de comercio e industria, sede de la FAA, granja privada rural de recuperación de adicciones

Políticas municipales de promoción de radicación de nuevos habitantes provenientes de grandes ciudades.

4. Destinatarios

Agentes del estado, funcionarios con cargos. Dirigentes de organizaciones intermedias. Referentes barriales.

Interesados en el avance de su propia actuación profesional. Abiertos a la gestión pública colaborativa.

Con experiencia previa en el desempeño de su rol.

5. Proyecto Institucional

Centro de formación profesional (educación no formal), dedicado a cursos cortos, prácticos, rotativos; con inserción en la población socialmente menos favorecida, ubicado en el centro de la ciudad, con las instalaciones más nuevas (donadas por el sindicato rural), funcionando durante la tarde y la noche,

6. Prescripciones

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Problema de formación diseñado

Quienes ocupan o aspiran a posiciones sociales dirigenciales, requieren una actualización de sus competencias para el trabajo público y colegiado, a la vez que una mejora de sus respectivas acreditaciones ocupacionales, a fin de poder intervenir en los procesos de cambio inminentes que ya están en marcha.

Idea rectora

Curso de actualización Proyecto de actualización

Programa de actualización en gestión pública colegiada.

Taller, pasantía, intercambio, encuentros, simulaciones, visitas. Competencias

Diseñar líneas de acción viables y legales en colaboración con otros dirigentes de su medio.

Planificar intervenciones públicas políticas eficaces ajustadas al presente y al futuro de la población local.

Fortalecer el propio perfil dirigencial mediante aprendizaje colaborativo con integrantes de otras organizaciones sociales.

Espacios curriculares Talleres grupales de diseño. Visitas, intercambio y pasantías. Clases.

Contenidos

Presente y futuro de la localidad. Indicadores sociales, políticos, jurídicos, demográficos, económicos, culturales, comunicacionales, institucionales y profesionales. Probable evolución. Tendencias crecientes y decrecientes.

Gestión de la implementación. Evaluación de recursos disponibles. Planeamiento y negociación. Asignación de recursos. Sistema de información y de control. Toma de decisiones y gestión colegiada.

Modelos de organización urbana. Modelos de anticipación. Modelos sistémicos en función del entorno, de la época y de la cultura. Requisitos imprescindibles para su aplicación en un caso.

Tiempos

100 horas distribuidas en 20 horas de clase, 30 de taller y 50 de visitas. Se extiende durante un año.

Espacios físicos Aula para clases.

SUM con acceso a internet para talleres. Biblioteca.

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Registro documentado de intercambios.

Formulación participativa de un proyecto prospectivo. Promoción

Habilitación para un segundo nivel del programa. Acreditación

Referencias

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