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Marzo / Abril5
El sentido de la refundación constitucional en tiempos de crisis Alberto Acosta
11
Democratizar la democracia: el reto de la nueva Constitución Virgilio Hernández E.
18
Los derechos laborales ysindicales en la nueva Constitución Guillermo Touma
25
El mundo del trabajo y el cambio social Pedro de la Cruz
31
La ruta hacia un nuevo desarrollo Pedro Morales
35
El nuevo modelo político Gustavo Darquea
39
Descentralización y ordenamiento territorial Fernando Cordero C.
44
Políticas ambientales: los límites del desarrollismo y la plurinacionalidad Mónica Chuji
49
El régimen de desarrollo en la nueva Constitución Norman Wray
56
La ética en la nueva carta política Fernando Vega
60
Participación ciudadana, democracia y buen vivir Betty Tola
65
La Asamblea de Quito y la nueva Constitución Gonzalo Ortiz Crespo
70
Desde Guayaquil, por la Patria Nila Velázquez
77
C
entral:
T
ema
P
ropuestas constitucionales
El debate de la nueva ConstituciónFrancisco Muñoz Jaramillo
7
Bolivia, ¿en un punto de bifurcación? Pablo Stefanoni
81
La Constitución de 1991 de Colombia Miguel Eduardo Cárdenas Rivera
86
La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia Juan J. Paz y Miño
90
Posibilidades y límites del gobierno de Correa Bayardo Tobar e Iván Fernández
95
De la mitigacion de la pobreza al desarrollo Fernando Carvajal Aguirre
101
Ecuador: perspectiva económica para el 2008 Luis Augusto Panchi
106
La política energética y el medio ambiente Esperanza Martínez
110
¿Quién lee a Sun Tzu? Juan Cuvi
114
Entre la oposición o la desestabilización política en Ecuador Gaitán Villavicencio
119
Las relaciones conflictivas entre la política y el derecho Fernando Tinajero
124
Socialismo y sociedad del conocimiento Rodrigo Borja C.
131
Reflexiones sobre el modelo que se está construyendo Marco Navas Alvear
136
Partido Izquierda Democrática: crisis de descomposición Francisco Muñoz
144
D
ebate ideológico
P
rocesos constitucionales de la región
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EL NUEVO MODELO POLÍTICO
Gustavo Darquea
E
n 1997, a la caída de Abdalá Bucaram, luego de seis meses de haber sido elegido, nos preguntábamos ¿qué falló en el sistema político para que haya sucedido ese hecho, luego de algunos períodos de estabilidad democrática? Pensábamos entonces en el sistema de partidos vigente, que mantuvo el esquema de clanes fami-liares y clientelares, que no permitía emerger a los movimientos sociales y políticos; al que se le podría atribuir también haber amañado al sistema electo-ral que permitía un desenfrenado derroche electoelecto-ral de los grupos de poder en disputa, y que luego del triunfo pasaban de inmediato la factura.Cuando el 21 de enero del 2000, después de un año y cuatro meses de haber sido elegido, cayó esta vez Jamil Mahuad, nos volvimos a preguntar ¿y ahora qué falló en el sistema político? Pensábamos, esta vez, en la ausencia de controles al gasto elec-toral que permitió que los banqueros financien las campañas electorales, orquesten fraudes electorales, pero además era evidente que las leyes que debe-rían regular al sistema financiero no servían para este propósito, y que los organismos de control del Estado no funcionaban. La impotencia y resigna-ción ciudadana iba en aumento.
Finalmente, cuando el 20 de abril del 2005, cayó Lucio Gutiérrez, fue absolutamente evidente que la crisis del sistema político ecuatoriano era general: a las crisis de los partidos y del sistema elec-toral se había sumado un grave deterioro del poder ejecutivo, un descrédito nunca visto del Congreso y la decapitación de la Función Judicial.
La ciudadanía montó en cólera, amplios secto-res políticos y ciudadanos de todas las tendencias, que no eran parte de las mafias que se habían bene-ficiado de este manejo perverso del Estado llegaron al consenso que el problema no se podía reducir a elegir un nuevo presidente, nuevos diputados y nominar magistrados de justicia que sean mejo-res o menos malos que los anteriomejo-res, sino que era urgente realizar una profunda reforma política del Estado.
Infructuosamente en los gobiernos interinos de Gustavo Noboa y Alfredo Palacio se trató de que la reforma política profunda se realice por la vía del Con-greso Nacional, pero era evidente que la partidocracia no se iba a autoinmolar, de modo que el único camino viable era impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, tesis que contó con el abru-mador apoyo del pueblo ecuatoriano.
Los problemas fundamentales de la institucionalidad del país
Tema central —El nuevo modelo político—
del aparato gubernamental, otra forma de concen-trar el poder, con el agravante de que es un poder autónomo.
Las limitaciones para avanzar en un proceso de descentralización son enormes: inadecuada división política y administrativa del Estado, distribución caótica de roles y competencias entre los distin-tos niveles de gobierno, funciones y organismos del Estado, falta de mecanismos de interrelación y corresponsabilidad entre los poderes públicos, mínima capacidad de generación de recursos pro-pios de la mayoría de gobiernos seccionales, distri-bución inequitativa de recursos por territorio y por nivel de gobierno, entre otros.
Por ello creemos que es urgente diseñar en la nueva Constitución una estructura política y adminis-trativa descentralizada, desconcentrada y eficiente que facilite procesos continuos de desarrollo y crecimiento, potenciando todas las regiones del país, de manera que asegure la equidad y la inclusión como elementos fun-damentales de las políticas de Estado.
Lucha contra la corrupción,
la impunidad y la falta de transparencia
Este debe ser un eje que cruce todo el texto de la nueva Constitución. Una compañera asambleísta dijo que la Constitución del 2008 debería ser la Constitución de la Justicia. Aquí el problema fun-damental es diseñar una institucionalidad que haga exigibles los derechos consagrados en la Constitu-ción y las obligaciones que deben cumplir las auto-ridades y funcionarios públicos, incluso en ausencia de leyes específicas, es decir, elevar a la Constitu-ción como principio fundamental de convivencia ciudadana.
Desprivatizar, descorporativizar y despartidizar las instituciones públicas
A partir de la década de los ochenta se inició
un proceso de representación gremial y corporativa en muchas instituciones del Estado, especialmente en los organismos descentralizados, aprovechando el debilitamiento del gobierno central, bajo la pre-sión de grupos de poder económico y gremial, ade-más como estrategia de la partidocracia para tener el control mayoritario de ciertas instituciones. Sin embargo, esta representación corporativa benefició a intereses particulares y limitó significativamente la responsabilidad del Estado en la planificación y la gestión pública.
Además, la partidización en la designación de autoridades estatales de control, buscando asegurar fidelidad a los caciques locales y los grupos de poder económico, sin importar los méritos y las capacida-des, ha limitado significativamente la transparencia en su gestión.
Por tanto, es fundamental consagrar en la nueva Constitución un modelo de Estado responsable de la gestión pública, que ejerza las funciones de rec-toría, planificación, regulación, control, evaluación y sanción, y descorporativizar y despartidizar las estructuras institucionales del Estado, modificando el modelo de representatividad a fin de fortalecer el gobierno central y los gobiernos regionales y locales.
Participación y control social y ciudadano
El sistema democrático vigente limita la parti-cipación ciudadana a los procesos electorales, con formas de representación política centralistas, auto-ritarias y excluyentes, que han estado generalmente basadas en grupos familiares, caciques y “dueños” de los partidos, lo que han terminado imponiendo su omnímoda voluntad en el momento de decidir a los ciudadanos que habrán de participar en dichos procesos.
Existe realmente una limitada participación social y ciudadana en la toma de decisiones públicas, y una grave ausencia de mecanismos institucionales ¿Cómo acometer esta tarea desde la Asamblea?
Una opción hubiera sido llamar a los “expertos” para que nos marquen el camino, o simplemente asumir el proyecto de constitución del CONESUP, y entrar en una discusión de textos constituciona-les, como planteaban algunos medios.
Sin embargo, el camino que tomamos fue dife-rente, y muy diferente de muchas otras Asambleas Constituyentes. Comenzamos,
por ejemplo, en el caso de la Mesa Tres, de Estructura e Ins-tituciones del Estado, por anali-zar la problemática de cada una de las instituciones que confor-man el Estado, identificando, mediante una metodología de lluvia de ideas, los problemas más importantes que –a jui-cio de los 13 asambleístas inte-grantes de la Mesa– adolecen esas instituciones, estableciendo una relación de causa - efecto. Analizamos de esta manera la
problemática de la Función Ejecutiva, la Función Legislativa, la Función Judicial, los organismos de Control y Regulación, los organismos electorales, las entidades del régimen seccional autónomo y las entidades públicas autónomas.
Encontramos que muchos problemas cruzan transversalmente a toda la institucionalidad del Estado, por lo que llegamos a una sistematización que nos permitió identificar al menos cinco pro-blemas fundamentales: La ausencia de un proyecto común de país; La existencia de un Estado cen-tralista, inequitativo y excluyente: La corrupción, impunidad y falta de transparencia; La privatiza-ción, corporativización y partidización de la insti-tucionalidad pública; y la falta de participación y control social y ciudadano. Para cada uno de estos problemas definimos objetivos de transformación y desarrollo que nos permitan definir el nuevo modelo político de Estado.
Un proyecto común de país
Los distintos grupos que se han alternado en el poder, desde el inicio de la vida republicana, no han sido capaces de ponerse de acuerdo en un proyecto común de país, más aún su accionar ha sido coyun-turalista, con raras excepciones; ha habido ausencia de políticas de Estado, falta de planificación a largo plazo que permita trazar el camino hacia los grandes objetivos nacionales, y si algún gobierno lo hacía, el siguiente marcaba una ruta diferente. Esto se ha visto agravado por la ausen-cia de rectorías desde el gobierno central y la desarticulación de la planificación y gestión entre éste y los gobiernos seccionales.
Por ello creímos que en la Asamblea Constituyente es fun-damental la generación de un gran acuerdo nacional que garan-tice un país equitativo, solidario, laico, incluyente, democrático, participativo justo, libre y soberano.
Es necesario además consagrar en el texto consti-tucional un modelo de Estado que reconozca las nece-sidades, identidades y diversidades de todos los y las ecuatorianas, a través de una estructura democrática y participativa, sistémica e integradora, que permita equilibrio y corresponsabilidad entre los diferentes poderes, funciones y organismos del Estado.
El Estado descentralizado
El Estado centralista ha llegado a su fin; su burocracia ha demostrado una increíble capacidad para afianzar su poder, aun desafiando disposicio-nes presidenciales y ministeriales, bajo la bandera de la limitada capacidad de gestión de la mayoría de los gobiernos seccionales. La proliferación de instituciones adscritas a la Presidencia de la Repú-blica ha sido, con la ficción de disminuir el tamaño
En la Asamblea Constituyente es funda-mental la generación de un
gran acuerdo nacional que garantice un país equitativo,
solidario, laico, incluyente, democrático, participativo
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Tema central
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—El nuevo modelo político—
serán las de organizar, supervisar y proclamar los resultados electorales, sin capacidad de juzgamiento.
Corte Nacional Electoral: Considerando que
•
la justicia electoral no solo tiene características de orden administrativo, sino que deviene de específicas normas constitucionales y de su ley especial, lo más conveniente es contar con una jurisdicción especializada, con competencia a nivel nacional y regional, que permita agili-dad en los trámites de justicia electoral y que cree jurisprudencia electoral mediante sus fallos o sentencias. Por tanto, el juzgamiento de las infracciones electorales se debe efectuar en la instancia de la Corte Nacional Electoral y en los Tribunales Regionales Electorales.
Comité de Vigilancia Electoral: Los sujetos
•
políticos, en tanto actores fundamentales de los procesos electorales, deben tener la facultad de vigilar estos procesos a través de sus delega-dos, a fin de asegurar su transparencia y denun-ciar cualquier irregularidad ante el Consejo Nacional Electoral o la Corte Electoral, según corresponda.
Elementos fundamentales del nuevo sistema de partidos
La crisis de la partidocracia reveló las graves erro-res del sistema de partidos políticos, que cerraron las puertas a la participación política ciudadana como al procesamiento de sus demandas, eliminaron los mecanismos de democracia interna y se pusieron al servicio de grupos de poder, camarillas gremia-les y grupos corporativos específicos, utilizando las facultades nominadoras del Congreso para asegurar fidelidades y chantajear al Ejecutivo.
La nueva Constitución debe asegurar un sis-tema de representación política que nodebilite a los
partidos, sino que, por el contrario, busque su for-talecimiento, evitando una proliferación exagerada de partidos, que como se ha demostrado en nuestro país y de otros de Latinoamérica, no contribuye a mejorar la democracia.
La Constitución debe establecer normas de obligatorio cumplimiento para que los partidos designen en forma democrática a sus directivas nacionales y provinciales, a sus candidatos a elec-ciones populares, y desarrollen programas de educa-ción política para sus militantes, dando al Consejo Nacional Electoral facultades para supervisar dichos procesos.
Bajo un sistema de esta naturaleza, el voto por lista tiene sentido, mientras que el voto preferencial (uninominal o por candidatos) no contribuye a for-talecer a los partidos, generando más bien pugnas internas que terminan atentando contra la unidad y disciplina de los actores políticos.
Concluyendo
La Asamblea Constituyente se convierte de esta manera en una oportunidad histórica irrepetible en este siglo, para diseñar la nueva institucionalidad del Estado, que supere los vicios de esta democracia manipulada, a la que las élites que han detentado el poder nos han acostumbrado, y que por tanto no tenga temor de romper viejos paradigmas que han hecho que las constituciones queden como meras declaraciones de principios y derechos imposibles de ser exigidos.
Pero es fundamental entender que la nueva Constitución debe ser el producto del mayor con-senso posible de todas las fuerzas políticas presentes en la Asamblea. Solo así tendremos una Constitución para el Ecuador del siglo XXI y no solamente para el gobierno de Alianza País.
que promuevan dicha participación, especialmente en lo que tiene que ver con la estructuración, apro-bación y ejecución de los presupuestos públicos de los organismos seccionales.
La nueva Constitución debe posibilitar una democracia participativa y efectivamente represen-tativa, institucionalizando la participación ciuda-dana y el control social en la planificación, gestión y control de todas las entidades e instancias del Estado. Creemos que debe conformarse un sistema de participación y control social como parte de la nueva arquitectura del Estado.
Los pilares del nuevo régimen
Entre los elementos fundamentales que permi-tan un diseño adecuado de esta nueva instituciona-lidad del Estado, creemos que se debe considerar los siguientes:
Articulación de las funciones ejecutiva y
legis-•
lativa: el enfrentamiento entre esas dos funcio-nes ha sido una constante especialmente en los últimos diez años de régimen democrático, lo que ha llevado a situaciones de grave crisis, cuya única salida ha sido la ruptura de la Constitu-ción. Es necesario que en el diseño de la nueva institucionalidad del Estado se establezca el principio básico de la corresponsabilidad a fin de garantizar legitimidad y eficacia en el accio-nar de cada una de esas funciones. Para esto debe considerarse una figura que articule el Eje-cutivo (Presidente de la República) y el Legisla-tivo (Congreso), mediante un Ministro Coordi-nador nominado por el Presidente y ratificado por la función legislativa, que podría inclusive revocar esa designación cuando la correlación de fuerzas así lo determine.
Disolución del Congreso: el Presidente de la
•
República debe tener la facultad de disolver el Congreso por una sola vez en su período, a con-secuencia del bloqueo continuo de iniciativas
legislativas provenientes del Ejecutivo y negati-vas recurrentes a designar autoridades propues-tas por el mismo, que deben estar claramente establecidas en la Constitución. Esta disolución debe estar vinculada a una convocatoria inme-diata a nuevas elecciones legislativas y a la con-firmación por parte del pueblo de la continua-ción del mandato presidencial.
Congreso bicameral: Es necesario cambiar
radi-•
calmente la imagen del Congreso, asegurando mecanismos que permitan mejorar sustancial-mente la calidad de la producción de leyes, para lo cual proponemos la creación de la Cámara del Senado, que esté dedicada básicamente a la producción de leyes y como una cámara de “reflexión” de las decisiones más importantes que debe tomar la función legislativa.
La función de control social: Los organismos de
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control como la Contraloría General del Estado y las Superintendencias, que actualmente fun-cionan totalmente dispersas y sin coordinación, deben ser parte de la Función de Control Social, articuladas a través de un consejo que vigile su accionar y ante quien rindan cuentas.
Elementos fundamentales del nuevo sistema electoral
Es necesario definir en la nueva Constitución a la Función Electoral como una instancia independiente de las otras funciones del Estado, con normativa espe-cial, autonomía, competencia y jurisdicción constante en su propia naturaleza, despartidizándola y sepa-rando las funciones de organización de los procesos electorales y juzgamiento de infracciones electorales. Las instituciones básicas de esta función deben ser:
Consejo Nacional Electoral: Debe ser un
orga-•
