PREVENCIÓN DE BLANQUEO
DE CAPITALES Y LA
FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO
ÍNDICE
1.
Concepto y generalidades
1.1
Concepto de Blanqueo de Capitales y de financiación del terrorismo
1.2
Marco legal
1.3
Estado de situación y opinión general
1.4
Fases del blanqueo de capitales
1.5
Política institucional de la entidad bancaria en la prevención del blanqueo de
capitales
1.6
Obligación de las sucursales de examinar las operaciones sospechosas y
comunicarlas a la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales
2.
Sujetos Obligados
3.
Medidas de diligencias debidas
3.1
Tipos de medidas de diligencia debida
3.2
Concepto de cliente
3.3
Identificación del cliente
3.4
Medidas generales para el conocimiento, verificación y admisión de cliente
3.5
Política general de admisión de clientes. Personas cuya admisión necesitan
autorización del Órgano de Control Interno de la Entidad
3.6
Política general de admisión de clientes. Clientes prohibidos
3.7
Abstención de ejecución de determinadas operaciones
3.8
Examen especial de determinadas operaciones
3.9
Comunicación a la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales
3.10
Comunicación al SEPBLAC. Reporte sistemático
3.11
Formación
3.12
Auditoría y Experto externo
3.13
Confidencialidad
3.14
Conservación de documentos
4.
Situaciones casuísticas
4.1
Operaciones para el análisis. Guía para empleados y directivos
4.3
Operaciones incongruentes para el perfil del cliente
4.4
Empresa de antigüedad inferior a seis meses
4.5
Empresas vinculadas con objeto social similar al de la empresa cliente
4.6
Ingresos de muy baja cuantía dada la naturaleza de la actividad del cliente
4.7
Reintegros de elevado valor realizados en cajeros automáticos
4.8
Movimientos de cuentas de cliente donde no existen adeudos ordinarios
recurrentes
4.9
Los movimientos de fondos con el extranjero
4.10
El sector de la compraventa de automóviles. Especial problemática
4.11
Notas singulares en las características de la sociedad
4.12
Administrador que consta como tal en sociedades de similar objeto social
4.13
Administrador que tiene como principal actividad la abogacía o la asesoría
4.14
Operaciones que no guardan relación con la capacidad adquisitiva del cliente
4.15
Operaciones de riesgo incongruentes o con garantes sin relación aparente
4.16
Operaciones atípicas relacionadas con crédito
4.17
Cuentas empresas españolas participadas por empresas de paraísos fiscales
4.18
Exportaciones a paraísos fiscales o países relacionados con narcotráfico
4.19
Precios de exportación elevados para la naturaleza de las operaciones
4.20
Solicitudes extraordinarias de billetes o medios de pago internacional
4.21
La contratación de productos de seguro
4.22
La liquidez y modificaciones en los productos de seguro
4.23
Operaciones con tarjetas de crédito y débito
5.
Análisis centralizado de operaciones
6.
Régimen sancionador
6.1
Infracciones
6.2
Sanciones
6.3
Exigibilidad de la responsabilidad administrativa
6.4
Sanciones para quienes ejerzan cargos de dirección o administración
6.5
Graduación de las sanciones
6.6
Procedimiento sancionador
1.
Concepto y generalidades
1.1 Concepto de Blanqueo de Capitales y de financiación del terrorismo
Los servicios financieros y la actividad aseguradora, entre otros, están expuestos al riesgo de ser utilizados como un medio de convertir dinero o activos procedentes de acciones delictivas en dinero o activos invertidos con apariencia legal, el llamado blanqueo de capitales.
están expuestos al riesgo de ser utilizados como un medio de convertir dinero o activos procedentes de
acciones delictivas en dinero o activos invertidos con apariencia legal; el llamado blanqueo de capitales.
Se consideran blanqueo de capitales1 las siguientes actividades:
La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que los mismos proceden de una
actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.
La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos
bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de
los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad
delictiva.
La participación en alguna de las actividades mencionadas anteriormente, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.
Se entiende por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o
posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles,
tangibles o intangibles2.
Se entiende por financiación del terrorismo al suministro, el depósito, la distribución o la recogida de
fondos o bienes, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con
1
Artículo 1 Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2 También los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que
acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.
el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los
delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal3. 1.2 Marco legal
La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas. Desde entonces varias han sido las normas dictadas para su regulación.
En España, con la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo4, se ha procedido a la unificación de la normativa existente en esta materia, poniendo fin a la dispersión que existía hasta su aprobación y generando así un marco
más propicio para la disminución de estos delitos. Esta ley transpone la Directiva 2005/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, desarrollada
por la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006.
La citada norma se encuentra desarrollada por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo.
1.3 Estado de situación y opinión general
Según la última Memoria publicada en nuestro país por el SEPBLAC5, las actividades relacionadas con la
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo han mantenido la tendencia de crecimiento de los últimos años. Como en ejercicios anteriores, el peso de la prevención en esta materia sigue soportado ante todo en las entidades de crédito, y en segundo término, por los notarios.
En datos generales, en el último ejercicio se declararon al citado organismo alrededor de 800.000
operaciones, de las cuales más de 3.000 tenían naturaleza de sospechosas. En referencia al alcance supranacional de la actividad inspectora, cabe citar que se efectuaron más de 90 solicitudes internacionales, lo cual da prueba de la extensión cada vez mayor de las actividades vinculadas al blanqueo de capitales.
1.4 Fases del blanqueo de capitales
De manera habitual el proceso de blanqueo de capitales se instrumenta mediante la realización de una serie de fases:
3
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Título XXII. Delitos contra el orden público.
4 Esta norma deroga a la anterior Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo
de capitales, posteriormente modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, y se encuentra desarrollada por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio.
5 El SEPBLAC es el organismo, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, encargado en nuestro país de la
Colocación de ganancias. Se trata de introducir el dinero obtenido ilícitamente en el sistema financiero.
Transformación. Con el dinero ya depositado en una entidad financiera, el segundo paso es “moverlo”. Para ello, se canaliza hacia inversiones o compras en otras localidades o países, haciendo una sucesión compleja de transacciones con el fin de ocultar el origen de los fondos.
Integración. El capital “movido” se reintroduce en el circuito legal mediante transacciones aparentemente legítimas, utilizando procedimientos complejos y sofisticados. A partir de este momento ya no se puede distinguir el dinero legal del ilegal.
Las entidades de crédito pueden ser utilizadas en cualquier punto del proceso de blanqueo de capitales. La entidad, como entidad que opera en el segmento de “banca minorista”, debe disponer de un sistema descentralizado eficaz para detectar operaciones de blanqueo desde el mismo momento en que las mismas se producen, esto es en la primera fase del proceso: la llamada colocación. Esta fase se caracteriza, en la gran mayoría de los casos, por la introducción de dinero en efectivo por lo que se debe de actuar con especial diligencia en la “puestos de caja” con los ingresos y, especialmente, cuando los mismos son destinados a cuentas abiertas en otras sucursales.
1.5 Política institucional de la entidad en la prevención del blanqueo de capitales
La entidadse identifica con la sociedad y con las diferentes autoridades al reconocer la importancia de la
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sumándose al resto de entidades, instituciones, empresarios y profesionales en su política de prevención de esta materia.
En este sentido, la entidad se compromete a establecer y mantener los órganos y procedimientos
necesarios conforme a la normativa vigente y a los estándares internacionales. A tal efecto:
Dentro de la estructura organizativa de la entidad, el Consejo Rector es el órgano encargado de
aprobar las políticas y procedimientos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Se han establecido normas y procedimientos precisos para cumplir estrictamente con la
legislación vigente que se contiene en el Manual de prevención del blanqueo de capitales y de
la financiación del terrorismo que ha desarrollado la entidad. Estas normas y procedimientos de
obligado cumplimiento tienen por objetivo:
Cumplir estrictamente la normativa vigente en cada momento sobre prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las recomendaciones emitidas en esta materia por organismos internacionales y las autoridades nacionales e internacionales.
Implantar normas de actuación así como sistemas de control y comunicación adecuados para impedir que fondos de origen delictivo se canalicen a través de la entidad, así como para impedir el acceso a personas determinadas.
Establecer políticas de admisión de clientes.
Garantizar que los empleados observen los procedimientos relativos a la política de “conocer a su cliente”.
Por todo ello, los directivos y empleados de la entidad deben aplicar la política de prevención,
cumpliendo las obligaciones establecidas en el citado Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
1.6 Obligación de las sucursales de examinar las operaciones sospechosas y comunicarlas a la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales
Es deber de todos los empleados de las sucursales, departamentos, órganos y comisiones de operaciones de la entidad, detectar y comunicar a la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa respecto a la que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Para realizar este juicio de valor es requisito indispensable conocer al cliente y tener conocimiento comprobado de sus actividades lícitas. Por lo tanto, cualquier operación o actividad que no corresponda o se justifique con el proceder lógico que debe desarrollar el cliente, dado su perfil establecido mediante el conocimiento del mismo, debe ser comunicada a la Unidad señalada.
2
Sujetos obligados
Según lo establecido en la normativa vigente6 tendrán la consideración de sujetos obligados las
personas físicas o jurídicas que desarrollen, entre otras, las siguientes actividades:
Entidades de crédito.
Entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores.7
Las empresas de servicios de inversión.
Las entidades gestoras de Fondos de Pensiones.
Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o
créditos.
Los casinos de juego.
Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
Los notarios,registradores de la propiedad, abogados y procuradores8. Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o
medios de pago.
Las personas que comercian profesionalmente con bienes9.
Las personas físicas que realicen movimientos de pago10.
6 Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Artículo 2
7 Cuando estos actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones
que reglamentariamente se establezcan.
8
Cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes, entre otras, relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos o apertura de cuentas corrientes.
9
Respecto a las transacciones en que los cobros se efectúen, entre otros medios de pago, en metálico y que superen los 15.000 euros.
10 Salidas o entradas en territorio nacional de más de 10.000 euros o bien movimientos por territorio nacional de más de
3 Medidas de diligencia debidas
3.1 Medidas de diligencia debida
La normativa establece cuales deben ser las medidas de diligencia debida que los sujetos obligados deberán adoptar en sus relaciones de negocio. Podemos diferenciar las siguientes:
Medidas normales. Consistentes en: Identificación formal.
Identificación del titular real.
Conocimiento del propósito e índole de la relación de negocio. Seguimiento continuo de la relación de negocio.
Medidas simplificadas. Respecto de: Clientes.
Productos y operaciones.
Medidas reforzadas. En referencia, entre otros, a: Personas con responsabilidades públicas.
Relaciones de negocio en operaciones no presenciales. Correspondencia bancaria transfronteriza.
Productos y operaciones propicios al anonimato.
3.2 Concepto de Cliente
A la hora de establecer la definición de cliente es oportuna la diferenciación de los mismos en función
de su habitualidad; en concreto:
Cliente habitual. Debe entenderse por cliente habitual toda persona física o jurídica que en
cualquier concepto11interviene en cualquier producto y figura propia o comercializada por la
Entidad, afectando, por lo tanto, a todos los productos y figuras bancarias y parabancarias existentes en cada momento.
Así, son clientes habituales los que intervengan en cualquier concepto; entre otros, en:
Cuentas a la vista
11 Titular, autorizado, apoderado, representante legal, administrador, prestatario, acreditado, avalista, avalado, beneficiario,
Cuentas a plazo Valores
Fondos de inversión
Planes de pensiones y de previsión Pólizas de seguros Préstamos Descuento comercial Leasing Renting Confirming Avales
Cliente no habitual u ocasional. Estamos ante este tipo de cliente cuando el mismo realice únicamente operaciones espontáneas sin mantener ningún tipo de relación contractual con la entidad.
3.3 Diligencia debida. Identificación del cliente
Al objeto del adecuado cumplimiento de la normativa en materia de clientes cabe:
Identificar a todo interviniente en cualquier figura, contrato o producto, propio o comercializado por la entidad, previamente a su formalización, mediante la oportuna documentación. Para
proceder a la identificación se exige, siempre, presencia física del interviniente. Es decir, es
necesario identificarlo personalmente “cara a cara”.12
Realizar revisiones regulares a fin de mantener y actualizar la documentación que se exige a efectos del conocimiento aprovechando, en su caso, nuevas contrataciones de productos, transacciones significativas, o cuando haya un cambio importante en la operativa y, también, cuando se produzcan cambios en los intervinientes en la cuenta o producto.
Que todo contrato o documento relativo a cualquier producto o figura y, en su caso, sus
modificaciones, deba ser firmado por el cliente en presencia física del empleado de la oficina,
previa identificación del mismo.
No será preceptiva la comprobación de la identidad en la ejecución de operaciones por clientes cuando
no concurran dudas respecto de la identidad del interviniente, quede acreditada su participación en la
operación mediante su firma manuscrita o electrónica y dicha comprobación se hubiera practicado
previamente en el establecimiento de la relación de negocios.
En el caso de clientes personas físicas cabrá:
12 No obstante, con las consideraciones previstas en la normativa vigente en referencia a las relaciones de negocio o ejecución de operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentran físicamente presentes.
Nacionales. Solicitar la exhibición del Documento Nacional de Identidad (DNI) y recoger el
número de identificación fiscal (NIF)
Extranjeros residentes en España, nacionales de un país miembro de la U.E., del E.E.E13o de la
Confederación Helvética (Suiza):
Pasaporte o documento de identificación válido en su país de origen que incorpore fotografía de su titular.
Certificado de residencia expedido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, en el que conste su N.I.E. y su residencia en España.
Extranjeros residentes en España, nacionales de un país no miembro de la U.E.
Tarjeta de residencia en España ó Tarjeta de identidad de extranjero
Extranjeros no residentes en España
Pasaporte o documento de identificación válido en su país de origen que incorpore fotografía de su titular14
Declaración de residencia fiscal ó Certificado de no residencia
Personal de las representaciones diplomáticas y consulares de terceros países en España.
Documento de identidad expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
En el caso de clientes personas jurídicas cabrá:
Documentación pública acreditativa de su denominación social, forma jurídica, domicilio,
identidad de sus administradores y objeto social.
Número de identificación fiscal.
13 Islandia, Liechtenstein y Noruega
14 Éste último supuesto, únicamente para nacionales de países miembros de la U.E., del E.E.E. o de la Confederación
Estatutos. En el caso de personas jurídicas de nacionalidad española, los documentos anteriores podrán ser sustituidos por certificación del Registro Mercantil provincial, aportada por el cliente u obtenida mediante consulta telemática.
Documentos identificativos de los representantes de la persona jurídica.
Poderes de las personas que actúen en su nombre. Cuando así sea posible, será admisible la comprobación mediante certificación del Registro Mercantil provincial, aportada por el cliente, u obtenida mediante consulta telemática.
Documento acreditativo de la certificación de persona jurídica.
3.4 Medidas generales para el conocimiento, verificación y admisión de cliente
El establecimiento en la entidad de la política de “conocimiento del cliente” es requerida para un eficaz trabajo en la prevención y detección del blanqueo, así como para impedir la financiación del terrorismo. Su ausencia puede llevar a la entidad a riesgos reputacionales, operativos y legales.
El conocimiento del cliente es esencial para detectar e identificar cualquier cambio o irregularidad en
el patrón de comportamiento del mismo; en definitiva, para asegurarse de que las operaciones que se están realizando son compatibles con lo que la entidad sabe de su cliente, sus negocios, perfil de riesgo e, incluso, el origen de los fondos.
Todo ello requiere la implantación de reglas precisas de diligencia debida para llegar a conocer:
Propósito o finalidad del inicio de las relaciones comerciales. En el momento de dar de alta a un nuevo cliente, se deberá de cumplimentar la información relativa al propósito o finalidad perseguida en el inicio de relaciones comerciales con la entidad, el nivel de riesgo asignado en función del volumen de ingresos previsto, la actividad laboral, profesional o empresarial, la forma societaria, su nacionalidad y residencia.
Conocimiento de la actividad principal. Se debe conocer la actividad principal del cliente, en concreto laboral, profesional o empresarial, siendo imposible iniciar la relación comercial en caso de que se niegue a facilitar dicha información. También será válida la comprobación de la
actividad profesional o empresarial mediante visita presencial, de la que deberá dejarse
constancia por escrito, a las oficinas, almacenes o locales declarados por el cliente como lugares donde el mismo ejerce su actividad mercantil.
Verificación de los datos de conocimiento del cliente (nuevos y existentes). Para garantizar la adecuación de la cartera de clientes a los criterios de conocimiento de la entidad existen una serie de pautas a seguir, tanto en lo referente a nuevos clientes como a aquellos ya existentes dado que pueden evolucionar en su perfil con el paso del tiempo.
En función del riesgo, la información obtenida deberá, para cumplir la exigencia de comprobación
razonable de la veracidad de la información proporcionada, verse confirmada mediante documentos
que guarden relación con la actividad declarada.15 En concreto, cabrá diferenciar entre:
Medidas simplificadas
En determinados supuestos existe la posibilidad de aplicar la normativa de una manera simplificada; en
concreto consisten en: 16
Como regla general, no se comprobará la identidad del cliente o del titular real. Únicamente se
comprobará cuando se superen determinados umbrales cuantitativos con posterioridad al establecimiento de la relación de negocios.
No se recabará información sobre la actividad profesional o empresarial del cliente, infiriendo el propósito y naturaleza por el tipo de operaciones o relación de negocios establecida.
Las medidas simplificadas de diligencia debida podrán aplicarse, en función del riesgo, en los siguientes
supuestos:
Respecto de clientes:
A las entidades de derecho público de los Estados miembros de la UE o de países terceros
equivalentes. 17
Las sociedades u otras personas jurídicas controladas o participadas mayoritariamente por entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.
Las entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes que san objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Las sucursales o filiales de entidades financieras, exceptuadas las entidades de pago, domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes, cuando estén sometidas por la matriz a procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
15
Esta documentación podrá obtenerse bien de los clientes, bien de fuentes fiables independientes.
16 Si en algún momento se detecta la aparición de indicios o certezas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo o
el riesgo del cliente es considerado como alto, cesará la aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida. 17 Se entiende por países terceros equivalentes a los Estados, territorios o jurisdicciones que así se determinen por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, al presentar requisitos equivalentes a los de la legislación española en materia de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo.
Esta determinación se realizó finalmente por Resolución de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera; según la misma tendrán tal consideración Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Hong Kong, India, Japón, México, Singapur, Sudáfrica y Suiza.
Las sociedades cotizadas cuyos valores se admitan a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes así como sus sucursales y filiales participadas mayoritariamente.
La UPBC de la entidad llevará registro actualizado con los clientes anteriores a los que se les han aplicado medidas simplificadas de diligencia debida.
Respecto de productos u operaciones:
Cuando se trate de operaciones con clientes no habituales, cuyo importe no supere 1.000
euros o su contravalor en moneda extranjera, salvo las transferencias y el cambio de moneda, en las que la identificación del ordenante será en todo caso preceptiva. Si se observa el fraccionamiento de las operaciones con el fin de eludir el deber de identificación, también se exigirá la identificación si el sumatorio de las mismas superan el umbral antes indicado.
El dinero electrónico cuando no pueda recargarse y el importe almacenado no exceda de 250 euros o su contravalor en moneda extranjera o cuando, en caso de que pueda recargarse, el
importe total disponible en un año natural esté limitado a 2.500 euros o su contravalor en
moneda extranjera, salvo cuando el titular del dinero electrónico solicite el reembolso de una cantidad igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera en el curso de ese mismo año natural.
Los contratos de crédito al consumo por importe inferior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera siempre que el reembolso se realice exclusivamente mediante cargo en una cuenta corriente abierta a nombre del deudor en una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea o en países terceros equivalentes.
Los préstamos sindicados en los que el banco agente sea una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea o en países terceros equivalentes, respecto de las entidades participantes que no tengan la condición de banco agente.
Los contratos de tarjeta de crédito cuyo límite no supere los 5.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, cuando el reembolso del importe dispuesto únicamente pueda realizarse desde una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de crédito domiciliada en la Unión Europea o país tercero equivalente.
Medidas normales
Se aplicarán las medidas normales de diligencia debida a aquellos clientes segmentados como de riesgo bajo o medio, recabándose de los mismos o de bases de datos publicas en el momento de entablar relaciones con ellos, información a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial.
Existen algunas salvedades para determinados clientes:
Personas físicas asalariadas, pensionistas, o personas físicas sin ingresos. Si se trata de clientes de riesgo bajo, en principio, no será obligatoria recoger documentación justificativa de su
Nomina o pensión. Matrícula de estudiante. Ultima declaración del IRPF.
Otro documento que acredite, fehacientemente, el origen de sus ingresos como, por ejemplo, vida laboral.
Si el cliente es un trabajador asalariado en activo y autoriza a la entidad a que solicite datos al Servicio de Verificación de la Fuente de Ingresos de la TGSS no será necesario que aporte ninguna otra documentación.
Personas físicas profesionales liberales o autónomos (incluidos comercios). Los documentos
acreditativos de su actividad profesional o empresarial serán uno o más en el caso de riesgo
medio, de los siguientes:
Autorización a la entidad para solicitar datos al Servicio de Verificación de la Fuente de Ingresos de la TGSS.
Recibo de la Seguridad Social en el régimen de autónomos. Última declaración del I.R.P.F.
Alta en Hacienda de la actividad.
Declaración de I.V.A. o retenciones del I.R.P.F. trimestrales o anuales recientes. Últimos recibos del colegio profesional.
Extracto bancario reciente de otra entidad donde se pueda comprobar la liquidación de alguno de los documentos anteriores.
Personas jurídicas residentes (incluidos comercios). Los documentos acreditativos de su
actividad empresarial serán uno o más en el caso de riesgo medio de los siguientes:
I.V.A. anual o trimestral.
Alta de actividades en Hacienda
Presentación de cuentas en el Registro. Impuesto de sociedades.
Se podrá utilizar la alternativa de obtener la información en base de datos públicas.
Para sociedades de reciente creación los documentos acreditativos de su actividad profesional o empresarial será alguno de los dos primeros.
Asociaciones, fundaciones, colegios profesionales, comunidades, ONG… Los documentos
acreditativos de su actividad empresarial serán uno o más en el caso de riesgo medio de los
siguientes:
Memoria de actividades. Cuentas del ejercicio anterior. Presupuestos del año actual.
Para las fundaciones, también se aceptarán las memorias del plan de actuación inscritas en el Registro de Fundaciones
Para las Asociaciones, también se aceptará el documento de Inscripción en el Registro de Asociaciones.
Cualquier documento específico que acredite la actividad empresarial de manera fehaciente.
Personas jurídicas no residentes. Los documentos acreditativos de su actividad empresarial
serán uno o más en el caso de riesgo medio de los siguientes:
Memoria de actividades.
Balance económico del ejercicio anterior. Presupuestos del año actual.
Cualquier documento específico que acredite fehacientemente la actividad. Medidas reforzadas
Se aplicarán medidas reforzadas a aquellos clientes que participen en las actividades de negocio más sensibles, siendo éstas:
Banca privada. Cambio de moneda
Transferencias de fondos con el exterior
Relaciones con sociedades con acciones al portador, relaciones con clientes nacionales de países
considerados paraísos fiscales por la normativa española o países considerados de diligencia
reforzada relaciones con clientes que realicen transferencias con origen destino países considerados paraísos fiscales por la normativa española o países considerados de diligencia reforzada
Clientes segmentados por la aplicación como del grupo de riesgo alto.
Personas con responsabilidad pública.
La aplicación de medidas reforzadas implicará, en todo caso:
Obtención de documentación adicional o de información de fuentes fiables sobre el titular real del cliente.
Rellenar la ficha de cliente
Solicitar, además de la documentación exigida dentro de las medidas normales de diligencia
según el tipo de cliente que sea, determinada documentación adicional.18
3.5 Política general de admisión de clientes. Personas cuya admisión necesitan autorización del Órgano de Control Interno de la Entidad
Existen determinados colectivos de clientes que, dadas sus características, presentan un mayor grado
de riesgo, lo que obliga a ampliar la rigurosidad de las medidas de diligencia debida en materia de
blanqueo de capitales o bien una autorización previa por parte de la Unidad de Prevención de
Blanqueo de Capitales.
Los clientes de riesgo alto que requieren un refuerzo de medidas son:
Clientes residentes en alguno de los países considerados como expuestos a operaciones de
blanqueo de capitales.
Clientes relacionados con la producción o distribución de armas y otros productos militares.
Casinos o entidades de apuestas debidamente autorizadas.
Clientes que sean directivos, accionistas o propietarios de casas de cambio, transmisores de
dinero, casinos, entidades de apuestas u otras entidades similares.
Clientes que, tanto en el momento de iniciar relaciones con la entidad, como en cualquier
momento posterior de la relación con la entidad, se detecte que son personas con
responsabilidad pública o bien clientes cuyos titulares reales sean personas con responsabilidad pública.
Clientes que por su tipología y actividad pertenecen a sectores para los cuales, la entidad ha
considerado necesario que el que autorice el inicio de relaciones con ellos.
3.6 Política general de admisión de clientes. Clientes prohibidos
Existen una serie de empresas o particulares que, por sus características y actividad, no pueden ser
clientes de la entidad. En concreto;
Las incluidas en las listas publicadas por organismos oficiales de personas relacionadas con el
terrorismo y actividades ilícitas que sean de obligado cumplimiento.
Las personas jurídicas cuya estructura de control o propiedad no pueda ser determinada.19
Las que ejerzan su actividad sin la preceptiva autorización administrativa. 20
“Bancos Pantalla”, es decir entidades financieras constituidas en países en los que no tengan presencia física que permita ejercer una verdadera gestión y dirección y que no sea filial de un grupo financiero regulado.
Las que no faciliten la información o documentación que se les solicite como parte de las
medidas de diligencia debida establecidas por la entidad.21
Aquellas con las que se hayan cancelado anteriormente relaciones contractuales por realizar
operativas susceptibles de estar vinculadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
3.7 Abstención de ejecución de determinadas operaciones
19
Así, no se establecerán relaciones con sociedades cuyas acciones están representadas mediante títulos al portador, salvo en aquellos casos en que se pueda determinar, por otros medios, su estructura de propiedad o de control.
20
Por ejemplo, actividades de casinos de juegos; comercio de joyas, piedras y metales preciosos; comercio de arte y antigüedades; inversión filatélica y numismática; giro o transferencia internacional realizadas por servicios postales; y comercialización de loterías o juegos de azar.
21
Cuando se trate de nuevos clientes, el no facilitar la documentación exigida en cumplimiento de las medidas de diligencia debida implicará la imposibilidad de iniciar relaciones con dicho cliente. Cuando se trate de clientes ya existentes, la entidad cancelará todos los acuerdos que sea posible.
La obligación de no ejecutar operaciones, en la medida de lo posible, cuando la operación presente indicios de estar relacionada con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
3.8 Examen especial de determinadas operaciones La entidad examinará:
Con especial atención, cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía que, por
su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo.
Toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual y que no tenga un propósito
económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude.
Todas aquellas que por su vinculación con otras personas, características y tipo, volumen y
origen o destino de los fondos no guarden relación con la actividad declarada por el cliente,
siendo consideradas como operaciones complejas, inusuales o sin un propósito económico o
lícito aparente.
Las operaciones de aquellos clientes de los que se reciba algún tipo de requerimiento de
información por parte de autorizada competente.
La detección de las operaciones que puedan estar aparentemente vinculadas al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, así como las operaciones complejas, inusuales y que no tengan un
propósito económico o lícito aparente, generará alertas, teniendo éstas dos orígenes:
Alertas generadas por el sistema automatizado Alertas generadas por comunicación de un empleado
3.9 Comunicación a la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales
La normativa establece la obligación de no ejecutar operaciones, en la medida de lo posible, cuando la misma presente indicios de estar relacionada con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo,
debiendo realizar la comunicación al OCI inmediatamente después. La obligación de abstención de
ejecución de operaciones sospechosas, debe entenderse como:
La negativa a establecer relaciones de negocio o a ejecutar operaciones cuando no se puedan aplicar las medidas de diligencia debida aprobadas por la entidad.
La terminación de relaciones de negocio cuando en el curso de la misma se aprecie la
Es deber de todos los empleados de las sucursales, departamentos, órganos y comisiones de operaciones de la entidad,detectar y comunicar a la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales
cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Es sospechosa toda operación que muestre una falta de correspondencia o congruencia con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos del cliente, siempre que no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio, siempre lícita, para la realización de dichas operaciones. Para realizar este juicio de valor es requisito indispensable conocer al cliente y tener conocimiento comprobado de sus actividades lícitas.
A través de la aplicación informática, todos los empleados de la entidad podrán comunicar a la Unidad
de Prevención de Blanqueo de Capitales aquellas operaciones de las que tengan indicios o sospechas de que están relacionadas con el blanqueo de capitales. Asimismo, el OCI podrá actuar sobre las comunicaciones que le hayan realizado sus empleados
Al acceder a la pantalla, aparecerán los datos del empleado comunicante y la fecha de la comunicación,
debiendo rellenar los datos correspondientes a:
Sucursal a la que pertenece
Nombre y apellidos del denunciado
Número de documento identificativo del denunciado Número de cuenta del denunciado
La operativa que motiva la denuncia.
Documentación disponible sobre la denuncia.
Una vez rellenados todos los campos, el correcto envío de la denuncia al OCI de la entidad aparecerá
reflejado en pantalla mediante un aviso.
3.10 Comunicación al SEPBLAC. Reporte sistemático
Mensualmente el representante, o alguno de sus autorizados, comunicará al SEPBLAC, entre otros:
Las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda metálica, billetes de banco,
cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador librados por entidades de crédito, por importe superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, con excepción de los que sean objeto de abono o cargo en la cuenta de un cliente.
Las operaciones por o con personas físicas o jurídicas que sean residentes, o actúen por cuenta
de estas, en territorios o países de riesgo, así como las operaciones que impliquen transferencias
de fondos a o desde dichos territorios o países, cualquiera que sea la residencia de las personas intervinientes, siempre que el importe de las referidas operaciones sea superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
Cuando se aprecie que los clientes fraccionan una operación de las mencionadas en los dos
puntos anteriores, en varias con el fin de eludir lo dispuesto en el presente apartado se sumará el importe de todas ellas y se procederá por los sujetos obligados a la comunicación de las mismas. El periodo de cálculo del fraccionamiento de operaciones es de sesenta y cuatro días.
Las operaciones en las que intervenga la entidad que supongan movimientos de medios de
pagos sujetos a declaración obligatoria de conformidad con la Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Aquellas operaciones que, consistiendo en transferencias con el exterior o cambio de moneda,
que no sean objeto de abono o cargo en cuenta de cliente, no se hayan podido ejecutar debido a que el cliente no ha podido o se ha negado a facilitar la documentación requerida. En este supuesto, se comunicarán todos los datos que se hayan podido obtener.
Los formularios B3 que sean diligenciados por la entidad.
De no existir operaciones susceptibles de comunicación, la entidad comunicará al Servicio Ejecutivo semestralmente esta circunstancia.
De las operaciones comunicadas, la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales, tras el análisis de
los clientes comunicados, realizará un informe que será enviado al OCI, el cual deberá valorar la
necesidad de realizar un examen especial sobre la operativa del cliente objeto del requerimiento.
3.11 Formación
La entidad ha adoptado medidas para que todo el personal tenga conocimiento de las exigencias
derivadas de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. Para ello, el departamento de
Formación se responsabilizará de realizar un Plan de Formación anual que será presentado al OCI para
su aprobación.
Este Plan contemplará tanto la realización de cursos a distancia, como la realización de reuniones presenciales, y será congruente con el grado de responsabilidad de los receptores.
El curso a distancia será realizado, al menos, por todos los empleados de nueva incorporación. Respecto a las reuniones monográficas anuales, en ellas se convocará, como mínimo, al personal de la entidad más directamente implicado, para recordar las normas existentes y forma de llevarlas a la práctica.
El curso impartido presencialmente contendrá, al menos, los siguientes temas: Normativa Básica
Obligaciones de la normativa vigente. Procedimientos establecidos en la entidad. Faltas y sanciones
Casos prácticos
La asistencia a las reuniones presenciales anuales deberá ser controlada por un registro de asistentes. Asimismo, tras la finalización de cada reunión se realizará, a los asistentes, una prueba escrita en la que se valorará el grado de aprovechamiento de los mismos.
Anualmente, la entidad documentará el grado de cumplimiento del plan de formación.
3.12 Auditoría y Experto externo
Aunque pueden existir singularidades en función de cada entidad, por norma general dentro del
calendario de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Auditoría, se incluirá la verificación del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa establecida en la entidad en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La mencionada revisión se realizará anualmente con los objetivos que se determinen en el Plan de Auditoría Interna establecida para cada
ejercicio, incluyendo en dichos objetivos entre otros con las siguientes verificaciones:
Grado de ajuste de las políticas establecidas al documento de “Recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo” del SEPBLAC
Correcta aplicación de las políticas de admisión de cliente aprobadas en la entidad
Cumplimiento de las medidas de diligencia debida tanto para nuevos clientes, como para antiguos.
Realización de las comunicaciones de operativas sospechosas y respuesta a los requerimientos
de información recibidos del SEPBLAC.
Paralelamente, la normativa establece que la entidad será auditada anualmente por un experto
externo sobre las medidas de control interno existentes y la eficacia de éstas. La elección del experto
externo será aprobada por el OCI de la entidad, el cual recogerá esta decisión en Acta.
Los sujetos obligados, es decir la entidad, y por tanto sus directivos y empleados, no revelarán al cliente ni a terceros que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo.
Esto no impedirá la comunicación de información, referida a un mismo cliente y a una misma operación en la que intervenga otra u otras entidades financieras, domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes. Esta información únicamente se utilizará a efectos de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Asimismo, el OCI adoptará las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad
de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado una comunicación
3.14 Conservación de documentos
La normativa exige que se conserve durante diez años la siguiente documentación:
Copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia debida, incluyendo las copias de los documentos fehacientes de identificación, las declaraciones del cliente, la documentación e información aportada por el cliente u obtenida de fuentes fiables independientes, la documentación contractual y los resultados de cualquier análisis efectuado
Original o copia con fuerza probatoria de los documentos o registros que acrediten adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones de negocio
Toda aquella información que se haya podido obtener de las operaciones de transferencias con
el exterior y cambio de moneda que no sean objeto de cargo o abono en cuenta, y que no se hayan podido ejecutar debido a que el cliente no ha podido o se ha negado a facilitar la documentación requerida
Los documentos en que se formalice el cumplimiento de la obligación de la entidad de comunicación y de control interno
El plazo indicado de diez años, se contará a partir del día en que finalicen las relaciones con el cliente,
para los documentos relacionados con las medidas de diligencia debida, y a partir de la ejecución de
cada operación, para la conservación de los documentos o registros que la acrediten.
4 Situaciones casuísticas
4.1 Operaciones para el análisis. Guía para empleados y directivos
Para facilitar la labor de detección por parte de los empleados y directivos de la entidad, se
proporciona una relación de ejemplos de operaciones susceptibles de estar particularmente
vinculadas con el blanqueo de capitales. En concreto, y sin tratarse de una relación exhaustiva:
Cuando la naturaleza o el volumen de las operaciones activas o pasivas de los clientes no se
correspondan con su actividad o antecedentes operativos.
Cuando una misma cuenta, sin causa que lo justifique, venga siendo abonada mediante
ingresos en efectivo por un elevado número de personas o reciba múltiples ingresos en efectivo de la misma persona.
Pluralidad de transferencias realizadas por varios ordenantes a un mismo beneficiario en el exterior o por un único ordenante en el exterior a varios beneficiarios en España, sin que se aprecie relación de negocio entre los intervinientes.
Movimientos con origen o destino en territorios o países de riesgo.
La solicitud frecuente de compra de cheques bancarios al portador, por caja, de importe
elevado, sin una clara explicación del motivo o sin razón comercial que lo justifique.
La petición de cheques bancarios al portador, o del Banco de España o disposiciones fuertes y
desproporcionadas de los saldos de las cuentas sin citar el destino de los fondos.
Ingresos, abonos en cuenta, transferencias, etc. realizados sobre cuentas de clientes, desproporcionados a sus movimientos habituales sin una explicación que los justifique.
Habrá que observar si los datos del balance que presentan periódicamente las sociedades, se
corresponden con el volumen de operaciones que nos destinan o son desproporcionados.
Se prestará especial atención a las solicitudes frecuentes de límites transitorios para
descuento de efectos que no tienen relación con la actividad usual del cliente.
Frecuente petición de cambio de billetes de alta denominación contra entrega de billetes de
baja cuantía, sin que la actividad comercial del cliente justifique la posesión del efectivo. Igualmente, los casos aislados pero de elevada cuantía.
Adquisición de cierto número de cheques de caja, órdenes de pago o cheques de viaje en cantidades elevadas pero sin llegar nunca a 6.000 euros por operación, o compra continuada de tales instrumentos sin una aparente razón comercial que lo justifique.
Realización de frecuentes ingresos de efectivo, por puesto de caja o por depósito nocturno, o
retirada por caja de sumas elevadas sin una aparente razón comercial que lo justifique por el tipo y volumen de negocio.
Realización de frecuentes ingresos de efectivo, cheques bancarios al portador o nominativos
de primer o sucesivos endosos, transferencias u órdenes de pago, tanto en euros como
divisas y, en corto período, solicitud de que se efectúen transferencias, sin que la actividad
bancaria o su volumen se corresponda con el negocio o antecedentes operativos del cliente. Igualmente, cuando se produzca un aumento sustancial en el número o cuantía de estos depósitos.
Frecuentes o importantes cambios por caja de euros a monedas extranjeras o de éstas a
euros, sin que estén justificados por la actividad profesional o comercial del cliente.
Cuentas que efectúan movimientos de fondos de importancia a través de los sistemas
internacionales de transferencia, que no están justificados por las características y volumen del negocio del cliente.
Cuentas que prácticamente no tienen movimientos, pero que se utilizan esporádicamente para la recepción o envío de grandes sumas sin finalidad o justificación en relación con la personalidad y negocios del cliente.
Clientes que tienen numerosas cuentas, con frecuentes movimientos de efectivo, cuyo montante conjunto sea significativo aunque a nivel de cuenta no lo sea, siempre que esta operatoria no se justifique con la actividad y volumen del negocio del cliente.
Especial atención a las peticiones de crédito de clientes poco conocidos que aportan garantías
de efectivo, activos financieros, depósitos en moneda extranjera o avales bancarios de bancos
extranjeros y cuyo negocio no guarde relación con la finalidad de la operación. 22
Fuerte incremento en el servicio de cajas de alquiler, tanto en el número de personas usuarias como en la frecuencia de visitas, en especial de clientes recientes o poco conocidos.
Utilización de intermediarios financieros y cuentas puente, dificultando la identificación del
verdadero origen de la transferencia.
Realización de pequeños pero múltiples abonos en efectivo a una cuenta usando el importe
total para comprar otros bienes.
22 Una técnica de blanqueo consiste en dejar ejecutar las garantías para el reembolso del crédito, habiendo utilizado el
Transferencias de capitales de personas que son o han sido altas autoridades en sus países (PRP´S)23, sobre todo si proceden de países que sufren importantes problemas de corrupción.
Que una persona realice operaciones sobre un gran número de cuentas corrientes, cuyos
titulares sean personas diferentes, y sin que haya una clara justificación comercial.
Transferencias de fondos a personas en condiciones económicas extremas, sin que exista una relación clara con el ordenante.
Cuentas que registran repetidos abonos por cobros de premios de lotería, quinielas o juegos
de azar.
Cuentas a nombre de menores de edad o incapaces cuyos representantes realizan gran
número de operaciones o movimientos en dicha cuenta.
Dificultades reiteradas para la entidad en contactar con el cliente en el domicilio o teléfono facilitado por éste, produciéndose devoluciones de correo por desconocimiento del cliente en dicho domicilio.
Clientes introducidos y presentados a la entidad por personas conocidas y reputadas, cuando
se aprecie que la presentación pueda obedecer a aliviar los deberes de conocimiento de
datos del cliente.
Clientes sobre los que aparecen datos en medios de comunicación que los relacionan con actividad delictiva susceptible de generar beneficios económicos.
Clientes con un interés mayor del usual por establecer relaciones directas y personales con el responsable de la oficina y con sus empleados, al objeto de aliviar los deberes o controles de la entidad.
Cliente que muestra curiosidad acerca de los sistemas, controles y políticas internas de la
entidad en materia de prevención del blanqueo y de financiación del terrorismo.
Ingresos por devoluciones tributarias y/o por subvenciones que se producen de forma repetitiva y en cuantía relevante, asociadas, en particular, al tráfico mercantil dentro de la Unión Europea, respecto de clientes que no acreditan una actividad empresarial o comercial real que las justifique.
23
Por ejemplo, jefes de Estado o de gobierno, personalidades políticas, altos funcionarios, autoridades judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas de capital público, responsables de partidos políticos,…
La presenta lista se encuentra ampliada en el Manual Operativo de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
4.2 Especial importancia de los ingresos en efectivo de elevadas cuantías
Uno de los medios más habituales para blanquear capitales a través del sistema financiero se basa en
la realización, de manera más o menos recurrente, de ingresos en entidades bancarias. En muchas
ocasiones y con la intención de evitar despertar la sospecha inmediata estos ingresos se efectúan de
manera fraccionada, motivo por el cual resulta fundamental establecer los mecanismos de control
precisos para el adecuado análisis de este tipo de operaciones. Como medida precisa de diligencia se
debe identificar a toda persona física, cliente o no cliente, que pretenda efectuar, en nombre propio
o de terceros, cualquier operación o transacción a partir de 1.000 euros
Existen varias tipologías de operaciones asociadas a los ingresos en efectivo que cabe considerar
como susceptibles de guardar vinculación con el blanqueo de capitales; en concreto;
Continuos movimientos en efectivo.
Depósitos importantes en efectivo realizados por personas cuya actividad aparente de
negocio no genera normalmente efectivo, sino cheques y otros instrumentos de pago, o
cuando su volumen de negocio no justifica la cuantía de los ingresos en efectivo.
Aumentos importantes de los ingresos en efectivo sin causa aparente, sobre todo si los saldos son posteriormente transferidos, dentro de un breve espacio de tiempo, a un destino que no está normalmente relacionado con el cliente.
Ingresos en efectivo en cuenta realizados por numerosas personas y/o desde distintas
oficinas o localidades.
Clientes con varias cuentas que hacen ingresos en efectivo que en cada una de ellas no son significativas pero son importantes en su conjunto.
Depósitos de sumas importantes en buzón nocturno o cajeros automáticos, evitando el
contacto directo con los empleados.
Depósito en efectivo de cantidades que a menudo son ligeramente inferiores a los umbrales
establecidos para la identificación o declaración mensual obligatoria.
La presentación de fondos sin contar para realizar la operación, cuando tras su recuento la operación se reduce a una cantidad que queda justo por debajo del umbral que exige la identificación o declaración obligatoria.
Múltiples ingresos en efectivo, en diferentes oficinas de la entidad, por importes inferiores a
1.000 euros ordenados por nacionales de países de riesgo, especialmente por narcotráfico, en
4.3 Operaciones incongruentes para el perfil del cliente
El conocimiento del cliente se constituye como una de las claves para la adecuada selección de las operaciones propias del negocio bancario. Este conocimiento permite la detección de operaciones que, por su naturaleza atípica o bien por la incongruencia con los antecedentes operativos del cliente, despiertan sospechas sobre la posible presencia de blanqueo de capitales.
Con ello las sucursales deben estar especialmente vigilantes en:
Actividades declaradas por la persona que efectúa la operación que no sean congruentes con el importe o el tipo de operación de que se trate.
Depósitos importantes en efectivo realizados por personas cuya actividad aparente de
negocio no genera normalmente efectivo sino cheques y otros instrumentos de pago, o
cuando su volumen de negocio no justifica la cuantía de los ingresos en efectivo.
Reintegros en efectivo no coherentes con la actividad o volumen del negocio o bien con los instrumentos normales de pago para la actividad concreta.
Cuentas que no presentan movimientos aparentemente normales a su actividad, pero que se utilizan para recibir o abonar sumas importantes que no tienen una finalidad o relación clara con el titular de la cuenta o su negocio.
4.4 Empresa de antigüedad inferior a seis meses
Obviamente, no toda empresa de nueva constitución tiene como fin social encubierto el blanqueo de capitales. No obstante lo anterior, el hecho aislado de la existencia de este factor debe llevar al análisis de la situación con el conocimiento general de las circunstancias que rodean al cliente basándose en la información que se disponga del mismo.
Con lo anterior cabe reputar como operación compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente a la existencia de cuentas o productos con intervinientes entre los que no se vea vinculación o relación lógica alguna, teniendo en consideración la actividad que debe de reflejar la figura en cuestión, entre ellas toda sociedad mercantil de reciente constitución, en particular las sociedades
limitadas, en las que se observe alguna de las siguientes características:
Constituida en una localidad muy distante de su actual domicilio social.
Que a los pocos meses de su constitución cambió su objeto social y/o su domicilio, todo ello
en la misma fecha en la que aparecen por primera vez sus actuales administradores o socios mayoritarios.
Realizada la oportuna consulta a los informes comerciales, se compruebe que el primer administrador consta como tal en múltiples sociedades mercantiles.24
Operaciones de sociedades de reciente constitución y capital social reducido que, desde su
apertura, reciben o emiten transferencias al exterior por importes elevados, en concepto de
cobro y pagos por material informático, telefonía móvil, chatarra o similares y reciben o emiten transferencias nacionales con origen o destino en un número cerrado de sociedades del mismo sector, manteniendo una operativa importante durante un corto periodo de tiempo, cesando luego en la misma o siendo sustituidas por otras sociedades que ocupan su posición.
La apertura de una cuenta a nombre de una persona jurídica de reciente constitución cuyos
depósitos en efectivos sean mayores de los previsibles, si se tiene en cuenta el tipo de actividad y el volumen del negocio.
4.5 Empresas vinculadas con objeto social similar al de la empresa cliente
En muchas ocasiones las empresas clientes pueden servirse de otras sociedades al objeto de canalizar, a través de las mismas, parte del negocio. Pueden suscitar especial interés:
Empresas tapadera. Compañías que realizan una actividad empresarial real en las que los beneficios ilegales se mezclan con los derivados de negocios legítimos, pudiendo utilizarse este tipo de empresas para el cobro del dinero procedente de la extorsión mediante la emisión de facturas falsas.
Empresas ficticias. Similar a la anterior.
Administradores o socios mayoritarios que presenten una sucesión de sociedades mercantiles constituidas para el mismo objeto social25
Cuenta abierta a nombre de personas que ostentan la administración de múltiples sociedades
con el mismo domicilio social.
4.6 Ingresos de muy baja cuantía dada la naturaleza de la actividad del cliente
Conocer no únicamente al cliente sino también la naturaleza de su actividad permite la adecuada valoración de una operación como típica, y con ello ausente de la necesidad de observancia, o bien como incongruente dados los antecedentes del mismo.
En muchas ocasiones se producen operaciones que tienen que levantar sospecha y con ello someterse a una especial observancia:
24 Pudiendo existir un entramado de sociedades “llave en mano”, es decir, aquellas que han sido constituidas previamente
para posteriormente ser transmitidas al objeto de agilizar la operatividad de un proyecto empresarial.
25 Con especial atención a los sectores de venta de vehículos importados, venta de embarcaciones, pesquerías, destilerías,
import/export de elementos de informática-electrónica, obras de arte, reciclado de metales y chatarra, de las que no conste el depósito de cuentas o falte el correspondiente a los últimos años.
