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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

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CORTE

SUPREMA

DE

JUSTICIA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL

Exp. No. 292-08

SENTENCIA 281

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Managua, veintitrés de junio del año dos mil nueve. las ocho y treinta y dos minutos de la mañana.

VISTOS RESULTA

I

Mediante escrito presentado a las once y veinte minutos de la mañana del día veintisiete de febrero del año dos mil ocho, ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Atlántico Sur, compareció la Licenciada MARTHA LISSETH BARILLAS GARCIA, mayor de edad, soltera, Abogada y del domicilio de Bluefields, en su calidad de Apoderada General Judicial de la señora MILEYDA ÁLVAREZ GALAGARZA, mayor de edad, soltera, estudiante y del domicilio de Bluefields, quien en síntesis expresó: Que el dos de marzo del dos mil siete, la Policía Nacional se presentó con orden judicial a la casa de habitación de su representada, situada en el Municipio de Bluefields, barrio Teodoro Martínez, con el objeto de buscar estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, incautándole la suma de treinta y dos mil novecientos sesenta Dólares netos (US$ 32,690.00); posteriormente el siete del mismo mes, la Administración de Aduana “El Bluff”, incautó precautoriamente el monto señalado en las oficinas de la Policía Nacional, abriendo un proceso a pruebas en el cual su representada demostró con documentos suficientes que tenía ingresos como para ahorrar esa cantidad, lo que fue obviado por la Administración de Aduana, dictándose la Resolución Administrativa No. 003-2007 mandándola a pagar una multa de dos veces el valor CIF de la mercancía, lo que equivale a la cantidad de US$ 65,920.00, reteniéndole en calidad de prenda aduanera el monto incautado de US$ 32,960.00. Que con fecha cuatro de septiembre del año dos mil siete, introdujo ante este Supremo Tribunal Recurso de Amparo en lo Contencioso Administrativo, en contra de la resolución número 124-2007dictada por el señor ALBERTO GUEVARA OBREGÓN, Ministro de Hacienda y Crédito Público. Que con fecha veintiocho de enero del año dos mil ocho, le fue notificada Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo en la cual resuelven declarar inadmisible su demanda por considerar esta Sala que no es competente para conocer de la demanda presentada,

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dejándole a salvo su derecho de hacerlo valer en un plazo de treinta días mediante el Recurso de Amparo. Que por estar en tiempo interpone Recurso de Amparo en contra del Administrador de Aduanas del Puerto El Bluff, señor LORENZO QUINTO GÓMEZ, por haber emitido el dos de mayo del año dos mil siete, la Resolución Número 003-2007, en el caso de la indebida incautación efectuada a su representada en su casa de habitación por la cantidad de treinta y dos mil novecientos sesenta Dólares (US$32.960.00), sancionándola por la falta de contrabando aduanero en perjuicio del Estado de Nicaragua, mandándola a pagar dos veces el valor CIF de la mercancía, lo que equivaldría a la cantidad de sesenta y cinco mil novecientos veinte Dólares (US$65,920.00). Que asimismo recurre de amparo contra la Resolución Número 192-2007 fechada veinticinco de mayo del dos mil siete, emitida por el Licenciado EDDY MEDRANO SOTO, Director General de Servicios Aduaneros, y en contra del Licenciado ALBERTO GUEVARA, Ministro de Hacienda y Crédito Público, por emitir la Resolución Número 124-2007 del veintiséis de junio del dos mil siete, donde ambos funcionarios confirman la resolución del señor QUINTO, violentando nuestro marco legal y constitucional. Continúa exponiendo la Licenciada BARILLAS, que considera violentadas las siguientes disposiciones constitucionales: El artículo 34 Cn numeral 11 referido al Debido Proceso y el artículo 183 Cn que establece el Principio de Legalidad, porque en las resoluciones recurridas no se tomó en cuenta lo establecido en el artículo 65 de la Ley Número 265, “Ley de Auto despacho”. El artículo 26 inciso 3, porque a su mandante nunca se le comprobó que ingresó al país con cantidades algunas de dinero, que tenían que ser declaradas ante la Administración de Aduana de El Bluff, y fue sometida a un proceso que nunca tuvo razón de ser, dañando su honra y reputación ante la sociedad. Que asimismo le causa agravio a su mandante el actuar de la Policía Nacional, la que al recibir la orden de allanamiento de parte del Judicial competente para buscar estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en la casa de habitación de su mandante y al no encontrar nada que la pudiera relacionar con tales sustancias, decidieron llevarse el dinero que ella tenía guardado, sin existir presunción alguna que el mismo pudiera proceder o relacionarse con alguna actividad ilícita.- Que los artículos 25 Cn numeral 2) 27 Cn y 32 Cn también fueron violentados por las autoridades recurridas.- Finalmente acompaña las copias de ley y señala dirección para oír notificaciones.-

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II

A las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana del veinticinco de marzo del año dos mil ocho, la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Atlántico Sur, dictó providencia resolviendo: I) Tramitar el presente Recurso de Amparo y tener como parte en las diligencias, tanto a la recurrente como a los funcionarios recurridos. II) En relación a la suspensión del acto, éste no procede por no ser solicitado por la Apoderada de la recurrente; III) Poner en conocimiento de la Procuraduría General de la República con copia íntegra para lo de su cargo; IV) Dirigir Oficio a los señalados como responsables con copia íntegra de este auto, previniéndoles enviar Informe del caso a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, dentro del término de diez días contados a partir de la fecha en que reciban dicho oficio, remitiendo en su caso las diligencias de todo lo actuado; V) Remitir las presentes diligencias dentro del término de tres días a este Supremo Tribunal y prevenir a las partes su deber de personarse ante este Tribunal dentro del término de tres días hábiles más el término de la distancia, después de ser notificados de la presente resolución. El uno de abril del dos mil ocho, fueron notificados el Procurador General de la República y la Licenciada MARTHA BARILLAS GARCÍA.- Los funcionarios recurridos fueron notificados mediante correo certificado enviado a través de Correo de Nicaragua el día cuatro de abril del mismo año.- El Doctor HERNÁN ESTRADA, Procurador General de la República se personó y rindió Informe de ley, el día cuatro de abril del dos mil ocho. La Licenciada BARILLAS se personó mediante escrito presentado el once de abril del mismo año. El Licenciado EDDY FRANCISCO MEDRANO SOTO se personó el catorce del mismo mes y año. El veintiuno del mismo mes se personó el Licenciado QUINTO GÓMEZ. Los funcionarios recurridos rindieron sus Informes el veintiuno de abril del año dos mil ocho. Mediante providencia de las dos y diez minutos de la tarde del día nueve de mayo del dos mil ocho, la Sala de lo Constitucional ordenó: Tener por radicado el presente recurso y tener por personados en los presentes autos de Amparo a todas las partes, y al Doctor JOAQUÍN HERNÁN ESTRADA SANTAMARÍA, en su carácter de Procurador General de la República. Por rendido el informe de los funcionarios recurridos, ordenó pasar el presente Recurso a la Sala para su estudio y resolución. Por conclusos los autos,

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SE CONSIDERA I

El marco jurídico del Recurso de Amparo se encuentra conformado por las siguientes leyes de rango constitucional: Ley de Amparo Número 49, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Número 241 del veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Ley Número 205 “Ley de Reforma a la Ley de Amparo” publicada el treinta de noviembre del año mil novecientos noventa y cinco y la Ley Número 643, Ley de reformas y adiciones a la Ley de Amparo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Número 28 del ocho de febrero del dos mil ocho. El fin en esencia de la Ley de Amparo es mantener y restablecer en su caso la supremacía de la Constitución Política, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 Cn, 182 Cn, 183 Cn y 184 Cn, así como los artículos. 187 al 190 Cn, regulan los Recursos por Inconstitucionalidad, de Amparo y de Exhibición Personal. De la misma manera, la mencionada Ley de Amparo, en su artículo 3 señala que el Recurso de Amparo procede en contra de toda disposición, acto o resolución, y en general, contra toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política, señalando en los artículos 25, 26 y siguientes quien puede interponerlo, contra qué funcionario o autoridad debe interponerse, ante qué Tribunal debe interponerse, término para interponerlo, los requisitos que debe contener el escrito de interposición del recurso, lo referente a la suspensión del acto reclamado, los trámites para sustanciar el recurso y los efectos de la sentencia. El Recurso de Amparo tiene sus raíces en la necesidad de encontrar un medio jurídico que consagre y haga respetar los derechos establecidos en la Constitución Política en favor de las personas que hubieran sido agraviadas por parte de funcionarios o agentes de los mismos y que necesitaren de su protección mediante la acción correspondiente. Nuestra Ley de Amparo se considera ser el instrumento legal mediante el cual se ejerce el control del ordenamiento jurídico y de las actuaciones de los funcionarios públicos para mantener el imperio de la Constitución Política. El amparo no persigue la revisión de un acto, sino la inmediata restitución de los derechos y garantías constitucionales violados o amenazados de violación por la disposición, acto o resolución, y en general, contra toda acción u omisión de cualquier funcionario de un órgano del Estado. Habiendo cumplido los recurrentes con todas las formalidades exigidas por el arto. 29 de la Ley de Amparo vigente, esta Sala deberá

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entrar a conocer el fondo del presente recurso para luego pronunciarse sobre su viabilidad o no- viabilidad.

II

Manifiesta el Licenciado LORENZO QUINTO GÓMEZ, en su Informe, que el Proceso administrativo se inició producto de incautación de treinta y dos mil novecientos sesenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$32,960.00), los cuales fueron encontrados en la casa de habitación de la señora ÁLVAREZ GALAGARZA, según la Apoderada de la recurrente debajo del colchón de su cama. Que el hecho de poseer la recurrente, mercancías extranjeras de forma oculta, clandestina, sin estar amparadas en los correspondientes documentos de destinación aduanera, lo tipifica como Falta por Contrabando Aduanero, fundamentando su afirmación en el Decreto No. 942 “Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero”, incorporado en la Ley No. 42 “Reforma a la Ley de Defraudación y Contrabando Aduanero” y las reformas contenidas en el Capítulo XV de la Ley No. 257 “Ley de Justicia Tributaria y Comercial” sobre los delitos de Defraudación Fiscal y Ley sobre Defraudación y Contrabando Aduanero, y cita el artículo 1 párrafo in fine que dice: “Cuando clandestinamente se introduzcan o extraigan mercancías o bienes por las fronteras, la defraudación se denominará Contrabando.” Asimismo cita el artículo 4 de la misma ley, que expresa: “Constituye contrabando aduanero, la comisión comprobada de cualquiera de los siguientes actos: 1) La posesión o tenencia de mercancías extranjeras en bodegas u otros sitios, o bien por personas dedicadas a prestación de servicios de transporte, sin estar amparadas en los correspondientes documentos de destinación aduanera.” Esta Sala de lo Constitucional, luego de un estudio exhaustivo de las diligencias del caso y en atención a la lógica jurídica planteada, considera que no encuentra pertinencia de la base jurídica en que el Señor Administrador de Aduanas de El Bluff, pretende justificar su actuación, puesto que la definición de Contrabando que cita el artículo 1, así como la causal del artículo 4 arriba indicados, no está en correspondencia a los hechos perpetrados en la casa de habitación de la señora ÁLVAREZ.- Igual criterio expresaron los Señores Magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, al resolver el recurso que la recurrente interpusiera ante esa Sala en la Sentencia Número Uno del diecisiete de enero del año dos mil ocho, a las doce y cuarenta y cinco minutos de la tarde, y al respecto citamos: “No obstante lo anterior, esta Sala tiene a bien señalar que ninguna ley de la

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República tipifica como falta o delito alguno, el hecho mismo de que un ciudadano tenga en su casa de habitación dinero en efectivo; en consecuencia, dada la naturaleza del Acto Administrativo recurrido, y conforme los Principios de Tutela Judicial Efectiva, Derecho a la Defensa, Carácter Tuitivo y de Acceso a los Tribunales de Justicia, se deja a salvo el derecho del demandante a recurrir y hacer valer su derecho mediante el Recurso de Amparo corriendo el término de treinta días para interponerlo a partir de la notificación de la presente sentencia, según el artículo 22 de la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o en la vía que estime conveniente.”

III

Los actos administrativos - por disposición de la ley - nacen al mundo jurídico amparados por la presunción de legalidad, gozando de fuerza jurídica formal y material y en consecuencia - aun cuando tengan vicios - se reputan válidos y productores de su natural eficacia jurídica, hasta tanto se declare la extinción de sus efectos en vía administrativa o judicial. Para que el acto administrativo sea totalmente válido debe adoptarse conforme a los principios de separación de poderes, de legalidad, de respeto de las situaciones jurídicas subjetivas y de responsabilidad, principios estos que constituyen los fundamentos del Estado de Derecho, a los cuales debe someterse la actividad de la Administración. Cuando ésta, en ejercicio de sus potestades actúa en desconocimiento de algunos de dichos principios, sus decisiones serán susceptibles de ser recurridas en Vía Administrativa o Contencioso Administrativa por transgredir el ordenamiento jurídico dentro del cual debe desenvolverse y dependiendo de la gravedad del vicio que comporten podrán ser declaradas nulas o anulables. El abuso de poder es definido como el desmedido uso de las atribuciones que le han sido conferidas a un órgano administrativo, lo cual equivaldría al excesivo celo, a la aplicación desmesurada, esto es, a todo aquello que rebasa los límites del correcto y buen ejercicio de los poderes conferidos por la norma atributiva de competencia y funciones, pero si la Administración carece de esa competencia, no puede ejercer en exceso una facultad que no le ha sido acordada. En estricto derecho, esta Sala de lo Constitucional considera que en el caso sub judice, las autoridades recurridas han incurrido en el vicio de abuso de poder, lo que implica el exceso en que, tanto el Administrador de la Aduana así como las autoridades policiales, han incurrido en el uso de sus atribuciones legales, existiendo

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un desmedido uso por parte de ellos, de las atribuciones que les han sido conferidas. Es notorio que no existe adecuación entre los motivos o supuestos de hecho que sirvieron de base a los funcionarios de Aduanas y de la Policía Nacional, autores del acto recurrido para dictar su decisión y los contemplados en la norma jurídica. En conclusión, esta Sala no encontró existencia de evidencia o prueba que demuestre que la señora MILEYDA DEL ROSARIO ÁLVAREZ GALAGARZA, exportó o pretendió exportar el dinero que ilegalmente se le ocupó, razón por la que en apego a la legalidad, no puede ser objeto de sanción o multa; más aún cuando encontramos en los folios 23 al 26 de las diligencias del recurso, pruebas documentales de la legalidad del dinero incautado.-

POR TANTO

Con fundamento en lo anterior y artículos 424, 426 y 436 del Código de Procedimiento Civil de la República Nicaragua y los artículos 46 y 47 de la Ley de Amparo vigente y demás leyes y consideraciones citadas, los suscritos Magistrados que integran la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia RESUELVEN: HA LUGAR AL RECURSO

DE AMPARO interpuesto por la Licenciada MARTHA LISSETH BARILLAS GARCIA, en

su calidad de Apoderada General Judicial de la señora MILEYDA ÁLVAREZ

GALAGARZA, en contra del Licenciado ALBERTO GUEVARA OBREGON, Ministro de

Hacienda y Crédito Público, el Licenciado EDDY MEDRANO SOTO, Director General de Servicios Aduaneros; y del señor LORENZO QUINTO GÓMEZ, Administrador de Aduanas de El Bluff, por haber dictado las resoluciones números 003-2007, 192-2007 Y 124-2007, de que se han hecho mérito. Esta Sentencia está escrita en tres hojas de papel bond tamaño legal, con membrete de la Sala de lo Constitucional y rubricadas por la Secretaria de la misma. Cópiese, notifíquese, publíquese.

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