C o n t e n i d o
Álvaro Uribe Vélez Presidente de la República
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Jairo Alberto Cano Pabón Contador General de la Nación Luis Alonso Colmenares Rodríguez Subcontador General y de Investigación
Maria Isabel Valenzuela R. Subcontadora de Consolidación
de la Información Yolanda Guerrero Fernández
Subcontadora de Centralización de la Información
Juan Felipe Lemos Uribe Secretario General Jaime Aguilar Rodríguez
Secretario Privado, Coordinador Editorial Iliana Matilde Fajardo Mendoza
Juan Fernando Mejía Revisión y correción de textos
REVISTA CAMPAÑA CONTRA LA CORRUPCION
Diego Acosta Giraldo Director Fernando Molano Director Nacional de Mercadeo
Francis Castaño Margoth Giraldo Carlos Cordoba Angie Cardona Relaciones Públicas Mauricio Gallego Javier Alejandro Vanegas
Diseño Opciones Gráficas
Impresión
Editorial
La Ley de Saneamiento Contable: A seis meses de vigencia
Deudas Morosas a favor
del Estado suman 14.6 billones de pesos
Un avance normativo que facilita el Saneamiento Contable
Situación financiera y de resultados a 31 de
diciembre de 2004
Los Conceptos de “Valor Razonable” y
“Materialidad” en el contexto de las normas de contabilidad
pública colombianas
Algunas anotaciones importantes del Informe ROSC sobre la
Esfuerzos internacionales
y locales en la lucha
contra la corrupción
A
sí como elco-mercio y la in-versión han su-perado las fronteras de los países, las preocupaciones por la corrupción se han con-vertido en hechos globales, multiplicando las preocupa-ciones y los intentos por pre-sentar alternativas e iniciati-vas que atenúen las nefas-tas consecuencias presenta-das por dicho flagelo, no sólo sobre el desarrollo económi-co y social sino sobre la gobernabilidad, la confianza y los riesgos en los merca-dos tanto públicos como pri-vados; factores que se con-vierten en obstáculos para el crecimiento sostenido de las economías, la redistribución del ingreso, la remuneración de los factores (trabajo, tie-rra, capital y conocimiento), y el logro de mayores índi-ces de bienestar.
La lucha contra la corrup-ción es una necesidad recono-cida por los diferentes Estados y organizaciones Internaciona-les que se han preocupado y han aportado herramientas para continuar en la búsque-da de su erradicación.
Son ejemplo de esfuer-zos contra la corrupción en el mundo, para mencionar sólo algunos, el efectuado por el Proyecto Rendición de Cuentas/Anti-Corrupción en las Américas (Proyecto Respondabilidad AAA), fi-nanciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el esfuerzo reali-zado por los países miem-bros de la Organización de Estados Americanos (OEA) al realizar la Convención Interamericana Contra la Co-rrupción, producto de no po-cas jornadas internacionales sobre dicha materia, la cual entró en vigor el 3 de junio de 1997 y ha sido firmada y ratificada por la mayoría de los Estados que conforman dicho organismo.
En el texto de adopción de la Convención, los Esta-dos miembros reconocen que la corrupción reduce la legitimidad de las institucio-nes públicas, atenta contra el orden moral y la justicia, así como contra el desarro-llo integral de los pueblos. Considera que la
democra-cia representativa como con-dición indispensable para la estabilidad, la paz y el desa-rrollo de la región, exige com-batir toda forma de corrup-ción en el ejercicio de las fun-ciones públicas; y reconoce la relación de dicho flagelo con otros problemas socia-les y delitos que reducen el impacto de las actividades comerciales y financieras le-gítimas en la economía y en el bienestar general de la so-ciedad y que contribuye de manera significativa a la po-breza de los pueblos.
La lucha contra la corrupción en Colombia
En Colombia, la Vice-presidencia de la República lidera el Programa Presiden-cial de Modernización, Efi-ciencia, Transparencia y Lu-cha Contra la Corrupción, una de cuyas funciones, se-gún el Decreto 519 de 2003, es: “…colaborar en proyec-tos que mediante la utiliza-ción de tecnología permitan conectar las entidades y or-ganismos del Estado, pro-vean a la comunidad de in-formación sobre la gestión
pública, permita realizar trá-mites en línea y propendan por la masificación del acce-so a la tecnología.”
El Gobierno Nacional y el Congreso de la República han realizado ingentes es-fuerzos por emprender la lu-cha contra la corrupción como algo que supera los discursos y se concreta en acciones clave con énfasis en los resultados. Para ello, se han establecido variadas estrategias que tienen su fundamento en el Plan Nacio-nal de Desarrollo.
Algunas de las acciones concretas son los Pactos por la Transparencia firmados por los gobernadores y alcal-des del país en los cuales se adquieren compromisos se-rios y verificables en la lucha contra la corrupción; y la aprobación, por parte de la Cámara de Representantes, el 21 de junio de 2005, del proyecto de Ley 237, por me-dio del cual se ratifica la Con-vención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrup-ción adoptada por la Asam-blea General de la Organiza-ción de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el 31 de octubre de 2003.
La Contabilidad Pública en la lucha contra la corrupción
La Contaduría General de la Nación –CGN-, en
cum-plimiento de su función cons-titucional de elaborar las nor-mas que en materia conta-ble deben regir en el país (Art 354 C.N.), es consciente del uso de la contabilidad públi-ca como herramienta que contribuye no solo a la ges-tión pública, sino también a propiciar la transparencia y la construcción de confianza en el ciudadano como accio-nista del Estado.
Algunos de los aportes de la contabilidad pública a los procesos de lucha con-tra la corrupción son eviden-tes: se constituye en elemen-to para que las veedurías ciudadanas, reglamentadas en la Ley 850 de 2003, veri-fiquen el origen y uso de los recursos públicos, la situa-ción financiera, patrimonial y de resultados de sus manda-tarios elegidos en el marco de la descentralización polí-tica, evaluar la eficiencia fis-cal y administrativa de los entes, y en fin, premiar o cas-tigar democráticamente a quienes la ciudadanía ha elegido.
Es bien dicho, en otras ocasiones que la contabili-dad pública es marco para el seguimiento y control de los funcionarios públicos y que su omisión es falta gravísima en términos de la Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único. También permite la
contabi-lidad, como aporte contra la corrupción, hacer segui-miento a los procesos de res-ponsabilidad fiscal, referidos en la Ley 610 de 2000 y com-petencia de las contralorías; hacer seguimiento a los bie-nes incautados o aprehendi-dos y a la extinción de domi-nio sobre los bienes adquiri-dos en forma ilícita, según lo estipula la Ley 333 de 1996, e informar sobre la ejecución presupuestal mediante las cuentas cero; solo por men-cionar algunos de los apor-tes de la contabilidad en la erradicación de las prácticas corruptas.
Pero coexisten otros compromisos de la Contadu-ría General de la Nación que están relacionados con la lucha anticorrupción: el liderazgo en la asesoría, evaluación, capacitación y seguimiento al saneamiento contable público establecido en la Ley 716 de 2001, mo-dificada y prorrogada por la Ley 901 de 2004; la elabo-ración del Boletín de Deudo-res Morosos del Estado (BDME) el cual contribuye a la transparencia en la con-tratación y permite, median-te la página web de la Con-taduría General de la Na-ción, verificar si un potencial contratista o funcionario es deudor del Estado, propósi-to que se concatena fehacientemente con el pro-pio del Programa
cial de Modernización, Efi-ciencia, Transparencia y Lu-cha Contra la Corrupción, en especial con la ya menciona-da función establecimenciona-da en el Decreto 519 de 2003 en cuanto a la “utilización de tecnología que permitan co-nectar las entidades y orga-nismos del Estado, que pro-vean a la comunidad de in-formación sobre la gestión pública y permita realizar trá-mites en línea y propendan por la masificación del acce-so a la tecnología.”
Es preciso mencionar también que la Contaduría General de la Nación aplau-de y participa con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su operador CASALS & Associates en la elaboración y desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el cual con-tiene, en el Subsistema de Control Estratégico, la elabo-ración de Acuerdos, Com-promisos o Protocolos Éti-cos, elemento del Ambiente de Control que, con seguri-dad, redundará en un mayor autocontrol, autorregulación y autogestión de las entida-des públicas reduciendo así los persistentes niveles de corrupción.
El MECI, incluye con-ceptos que ayudarán a redu-cir los niveles de corrupción mediante un estilo de direc-ción que propicie, entre otros, la participación ciuda-dana, la información y comu-nicación, el desarrollo del talento humano, el compro-miso con la calidad y los pla-nes de mejoramiento, el en-tendimiento del control inter-no como asesoría a la alta dirección y la acción proactiva frente a los riesgos.
La Contaduría General de la Nación y el índice de
Transparencia Internacional
Para los funcionarios de la Contaduría General de la Nación, es motivo de orgullo y aliciente para continuar tra-bajando, la evaluación reali-zada por la ONG indepen-diente Transparencia Interna-cional Capítulo Colombia. Según dicho índice, la CGN pasó del puesto 57 en el Ín-dice de Integridad 2002-2003, al puesto 7 en el pe-ríodo 2003-2004 y obtuvo uno de los mejores Índices entre 182 entidades públicas evaluadas. Esta evaluación a las entidades públicas fue ela-borada con base en parámetros objetivos y de opinión respaldados por la sociedad civil y el Gobierno
Nacional representado en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Depar-tamento Nacional de Estadís-tica (DANE), el Programa Pre-sidencial de Modernización, Eficiencia, y Lucha Contra la Corrupción y la Vicepresiden-cia de la República para for-talecer la información que permita mejorar los ejercicios de medición sobre corrupción e integridad en el país.
Como puede observar-se, la Contaduría General de la Nación no se limita a emi-tir normas contables y con-solidar el Balance General de la Nación, sino que tam-bién realiza procesos enca-minados a lograr mayor cali-dad de la información conta-ble y de la gestión pública y mantiene su compromiso para que la aplicación de la normas y de otras herra-mientas de gestión permitan a la ciudadanía y a otros gru-pos de interés velar por la transparencia; además, par-ticipa y correlaciona su ac-tuar con los propósitos anticorrupción establecidos en el Plan de Desarrollo, en las líneas de política del Es-tado y coordina su trabajo con los esfuerzos realizados por los organismos de co-operación y la comunidad internacional.
Editor
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Editorial
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Cuatro años de vigencia
de la Ley
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on casi cuatro años de vigencia de esta Ley en los cuales la gran mayoría de entidades públicas han tenido que recorrer y sortear un sinnú-mero de dificultades para su cumplimiento,LLLLLa L
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Saneamiento Contable:
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Saneamiento Contable:
A seis meses de vigencia
A seis meses de vigencia
A seis meses de vigencia
A seis meses de vigencia
A seis meses de vigencia
pero que otras han hecho caso omiso a este mandato legal, a pesar de los riesgos a que se exponen los servidores públicos respon-sables por el incumplimiento de la Ley1.
Durante este tiempo y, particularmen-te en el año 2004, la dinámica del proceso se incrementó debido a la sensibilización que se despertó en los servidores públicos res-ponsables del proceso, a través de semina-rios de capacitación, artículos de revistas, re-visión de la información contable trimestral, evaluaciones y recomendaciones de las auditorias practicadas por los organismos de control fiscal, entre otros. Esta afirmación se sustenta con la cantidad de conceptos emi-tidos, gracias a las consultas formuladas por las entidades sobre este tema, por el desa-rrollo de eventos de capacitación, por la par-ticipación en calidad de asesores en diferen-tes comités de saneamiento contable, y por las múltiples mesas de trabajo desarrolladas para brindar asistencia técnica personalizada.
1 La Ley 734 de 2002 conocida como el Estatuto Disciplinario establece y tipifica dentro de las faltas gravísimas del artículo 48, en el numeral 52 “No dar cumplimiento a las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad pública se expidan
Son cuatro años en los cuales la cali-dad de la información contable pública ha tenido un notable avance. Así lo expresa la misma Contraloría General de la Repúbli-ca, la cual, en opinión del Contralor: “(…) el Balance General de la Nación a 31 de Diciembre de 2003, junto con sus Estados de Actividad Financiera, Económica y So-cial y de Cambios en el Patrimonio, salvo por lo expuesto anteriormente y en el do-cumento anexo, presentan razonablemen-te la situación financiera de la Nación por el año terminado en la misma fecha”.
No obstante este avance, es todavía, a nuestro juicio, amplio el camino por recorrer en aras de lograr un dictamen limpio sobre las cifras de los Estados Contables de la Na-ción y de la mayoría de entidades descentra-lizadas territorialmente; ello por cuanto la la-bor y obligación de adelantar y llevar a cabo el proceso de saneamiento contable no ha sido acogido por muchos representantes le-gales, situación que impide tener cifras con-sistentes y reales en estas entidades.
Son cuatro años de vigencia de esta Ley en la cual se advierte también la importan-cia que muchos representantes legales le han dado a este proceso, por cuanto ven en él la oportunidad de disponer de información cierta que les ayude a lograr una mejor ges-tión financiera y administrativa, razón funda-mental de la existencia de la contabilidad pú-blica: servir como herramienta gerencial, y
no como algunos aún la ven, como una obli-gación legal.
La Contaduría General de la
Nación, soporte técnico del
proceso de saneamiento
contable y vigilante de su
cumplimiento
La CGN ha venido dando estricto cum-plimiento a lo dispuesto por la Ley 716 de 2001 y sus Decretos reglamentarios, en lo relacionado con las siguientes funciones y competencias:
1. Establecer los procedimientos para el registro contable. (Artículo 7º, Ley 716 de 2001). En este sentido se expidió la Circular Externa 050 de 2002 en la cual se señalaron los registros a efectuar, la cual es-tuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha de vigencia inicial de la mencio-nada Ley. Igualmente, se expidió la Circular Externa 056 de febrero de 2004, la cual,
te-Son cuatro años en
los cuales la calidad
de la información
contable pública ha
tenido un notable
avance.
niendo en cuenta la prórroga y modificación de la Ley 716 de 2001, mediante la Ley 901 de 2004 se establecieron los registros con-tables a aplicar a partir de dicho año en el proceso de saneamiento contable.
En este punto es importante resaltar el apoyo de la CGN a las entidades públicas, el cual se ha materializado a través de la so-lución de las consultas formuladas (por es-crito, telefónicamente, por Internet), de la asistencia técnica directa en mesas de tra-bajo, o con la participación en sesiones de los comités de saneamiento contable.
Así, durante el año 2004 se resolvie-ron 607 consultas sobre el tema de sanea-miento, y hasta el mes de abril de 2005 se han resuelto 50, lo cual evidencia la dinámi-ca del proceso.
La CGN ha participado en algunas se-siones de los Comités de Saneamiento Con-table en entidades como la Cámara de Re-presentantes, el Ministerio de Defensa Nacional, la Registraduría Nacio-nal del Estado Civil, entre otras.
I g u a l m e n t e , debe señalarse que se están fir-mando conve-nios con entida-des para que funcionarios de la Conta-duría Gene-ral puedan participar
directa-mente en calidad de
ase-sores para resolver inquietudes
que se tienen sobre el proceso y lograr su culminación exitosa.
estu-vieron centrados en el tema de Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME). Adicionalmente, du-rante el primer semestre del año 2005 se programaron 20 eventos relacionados con el saneamiento contable con el fin de ilustrar sobre los as-pectos finales del proceso, los cuales se están desarro-llando conforme la progra-mación.
2. Solicitar información
relativa al proceso y realizar inspecciones y verificaciones para determinar el cumplimien-to de las disposiciones. (Artículo 4º del De-creto 1914 de 2003 y Artículo 7º de la Ley 901 de 2004). En cumplimiento de estas dis-posiciones legales la CGN expidió el instruc-tivo 015 de 2003 mediante el cual se dan las pautas para diligenciar un formato que reco-ge de las entidades públicas información re-lativa al avance del proceso. Éstos
resulta-dos fueron publicaresulta-dos en la anterior Revista Campaña Contra la Corrupción en el artículo denominado “El sa-neamiento contable por buen camino”.
Es importante resaltar del mencionado ar tículo que “… en promedio se puede establecer que el 94.9% de una muestra re-presentativa de 233 entida-des del Nivel Nacional, ma-nifiestan haber dado cum-plimiento a los parámetros mínimos para la realización del proceso de Saneamiento Contable…”.
También debe destacarse de dicho ar-tículo que el valor total identificado y so-metido a saneamiento contable en 200 en-tidades del Nivel Nacional “… asciende al 31 de diciembre de 2003 a la suma de $30.914,2 MM, donde los pasivos por un va-lor de $16.151,3 MM, representan el 52,2% del valor total, los activos por valor de $12.667,0 MM el 41,0%; y las cuentas de or-den por valor de 2.095,9 MM el 6,8%.” (SIC). Para conocer la información relativa al 31 de diciembre de 2004 y para los trimes-tres subsiguientes hasta el 31 de diciembre de 2005, la CGN expidió el instructivo 017
En el año 2004 se
resolvieron 607
consultas sobre el
tema de
saneamiento, y
hasta el mes de
abril de 2005 se
han resuelto 50, lo
cual evidencia la
dinámica del
de 2004, mediante el cual se reglamentó el formato denominado “Avance Saneamien-to Contable”. En este formaSaneamien-to las entidades informan sobre aspectos cualitativos, tales como: creación y funcionamiento del Co-mité Técnico, responsabilidad del represen-tante legal, inspecciones realizadas por las contralorías, la incorporación de bienes, la toma física de inventarios y sobre el avance del proceso en términos porcentuales. De igual forma, el formato incorpora el reporte de aspectos cuantitativos, en los cuales se deben informar los valores asociados con las cuentas de saneamiento contable.
Resultado del informe “Avance
Saneamiento Contable”
presentado por las entidades
con corte a 31 de diciembre
de 2004.
Entidades Nacionales – Análisis
cualitativo
De las 375 entidades del nivel nacional, 234 enviaron la información, pero únicamen-te 200 validaron con éxito. De estas entida-des se puede advertir que 43 ya terminaron el proceso al 31 de diciembre de 2004.
Es importante señalar que el 98.5% de las entidades que reportaron información re-lativa al avance del saneamiento contable han adelantado las gestiones necesarias
ten-dientes a garantizar la sostenibilidad y per-manencia de un sistema contable que pro-duzca información razonable y oportuna.
De igual forma, se advier te que la Contraloría General de la República ha eva-luado el cumplimiento de la Ley en el 88.5% de las entidades que reportaron, y que for-muló observaciones sobre el proceso en el 35% de las entidades evaluadas.
Igualmente, ha sido importante la parti-cipación de los jefes de control interno para evaluar en forma separada, independiente y objetiva el proceso de saneamiento conta-ble en cumplimiento de la Ley. En este senti-do, es de resaltar el hecho de que las entida-des que reportaron información manifiestaron que el 97% de estos funcionarios cumplieron la obligación impuesta por esta norma.
Es un avance bastante significativo que el 83.5% de las entidades nacionales que en-viaron esta información señalen que en sus entidades se adelantó la toma física de los bienes, y se procedió a su correspondiente valoración para individualizarlos y ajustarlos a valores reales, tal como lo señala la Circular Externa 056 de 2004, expedida por la CGN.
Análisis cuantitativo
(Nacional y Territorial)
del nivel nacional y territorial que reporta-ron información a la Contaduría al 31 de di-ciembre de 2004, y que fueron objeto de consolidación en el Balance General del Sec-tor Público, utilizando únicamente las cuen-tas que identificaron la realización del pro-ceso de saneamiento contable, así:
Las entidades de la Administración Central Nacional reportaron que por efec-to del saneamienefec-to contable el patrimonio se incrementó al 31 de diciembre de 2004 en $51.7 MM como consecuencia de la in-corporación de activos y la eliminación de pasivos. Igualmente, que aún tienen Bienes y Derechos en Investigación Administrativa, que ascienden a $92.5 MM, Obligaciones en Investigación Administrativa, que ascienden a $1.068.8 MM y Bienes pendientes de lega-lizar, que alcanzan la suma de $141.0 MM. Dentro de este grupo de entidades sobre-salen el Ministerio de Agricultura, de Defen-sa Nacional y la Cámara de Representantes del Congreso de la República.
Por su parte, las entidades descentrali-zadas del orden nacional reportaron un in-cremento del patrimonio por efecto del sa-neamiento contable en $138.3 MM. Revela-ron además que tienen bienes y derechos en investigación administrativa por la suma de $317.7 MM, Obligaciones en investigación, por valor de $17.0 MM, y en bienes pendientes de legalizar, por $132.4 MM. Las entidades de mayor impacto fueron el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC, el Institu-to Caro y Cuervo, la Universidad Tecnológi-ca del Chocó y la Universidad Nacional de Córdoba.
En el Nivel Territorial, las entidades de la Administración Central reportaron un in-cremento del patrimonio equivalente a $611.2 MM por efecto del saneamiento contable. Indicaron también que poseen bie-nes y derechos en investigación adminis-trativa, que alcanzan la suma de $3.291.0 MM, obligaciones en investigación, por va-lor de $807.1 MM y bienes por legalizar de $1.569.3 MM.
En el sector descentralizado territorial, el incremento reportado en el patrimonio como efecto del saneamiento contable fue por $34.4 MM. Se informó que poseen bie-nes y derechos en investigación administra-tiva que alcanzaron la suma de $191.5 MM, Obligaciones en investigación, por valor de $19.7 MM, y bienes por legalizar de $116.4 MM. De acuerdo a los valores infor-mados, se destacaron la Universidad del Quindío, el Instituto de Transporte del At-lántico, La Universidad Central del Valle del Cauca y el Instituto Departamental de Sa-lud de Nariño, entre otros.
públi-cas, es impor-tante señalar que la CGN, teniendo en cuenta las limi-taciones de personal para realizar directa-mente esta fun-ción legal, con-vocó mediante
licitación pública a firmas de contadores pú-blicos para que la llevara a cabo en entida-des previamente seleccionadas y ubicadas en diferentes zonas del país, seleccionando
En este sentido, el objeto de estos contratos se resume en la realización de inspecciones y verifica-ciones a los sistemas con-tables de las entidades pú-blicas que forman parte de la muestra en la zona res-pectiva, para determinar que se hayan cumplido a
satisfacción las disposiciones relacionadas con el proceso de saneamiento contable.
Las firmas de contadores que ejecuta-ron estos contratos debían presentar infor-mes sobre los siguientes aspectos:
• Cumplimiento de los aspectos legales • Cumplimiento de los aspectos
técnico-contables
• Gestiones realizadas por las entidades públicas
• Cumplimiento de las normas técnicas de contabilidad pública, y
• Soluciones concretas según las dificulta-des de cada entidad pública.
Resultado del informe de
inspección y verificación por
parte de las firmas de
contadores públicos.
La Contaduría General de la Nación estableció como plazo para la ejecución de la inspección y verificación del proceso de saneamiento contable tres meses, los cua-les se llevaron a cabo entre enero y abril del 2005. El resultado de este trabajo está
sien-do procesasien-do pero se puede advertir que las entidades han avanzado en el proceso en forma considerable, algunas de las cuales ya lo termina-ron y otras están en la etapa final del mismo.
Finalmente, es ne-cesario señalar que la gran mayoría de las entidades públicas han dado cumplimiento a la obligación de adelantar el proceso de saneamiento contable reglamentado por la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 901 de 2004. No obstante, se conoce de algunas entidades que por dife-rentes razones no han dado estricto cum-plimiento a la mencionada ley, a pesar de conocer las consecuencias que se pueden derivar.
La importancia del saneamiento conta-ble radica en la posibilidad de disponer de in-formación cierta y, a través de ella, apoyar los procesos para una eficiente gestión pública. De ahí la importancia de lograr la culmina-ción del proceso y establecer cifras reales, y en forma complementaria hacer sostenible en el tiempo el proceso de producción de infor-mación. Ésta es la gran responsabilidad de los representantes legales, así como de quienes lideran directamente el proceso contable y el control interno de los entes públicos. Es necesario señalar que la
gran mayoría de las entidades públicas han dado cumplimiento a la obligación de adelantar el proceso de
saneamiento contable.
Iván Jesús Castillo Caicedo
BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
·
Avances del Saneamiento Contable: Estado depura y
recupera cartera por 1 billón de pesos.
·
Herramientas como el Boletín de Deudores Morosos
implementados por la Contaduría General de la Nación (CGN)
contribuyen a fortalecer los recaudos.
·
Deudores reportados por la DIAN y otras entidades no
pueden contratar con el Estado.
E
l Boletín de Deudores Morosos del Estado –BDME- es la base de datos en la cual las entidades es-tatales reportan aquellas acreencias a su fa-vor que superen seis (6) meses de morosi-dad y cinco (5) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. Tales acreencias son con-solidadas por la Contaduría General de la Nación y publicadas en su página web en forma semestral.El BDME es una herramienta de ges-tión para el saneamiento de la cartera de los
entes públicos que en virtud de la Ley 716 de 2001 (Saneamiento Contable) requie-ren depurar sus sistemas de información e identificar de manera plena sus deudores.
El BDME ha sido herramienta fundamen-tal para que las entidades identifiquen los de-rechos ciertos a su favor, su correcta valuación y la generación de políticas de cobro que evi-ten el detrimento patrimonial del Estado.
Desde el 1 de agosto de 2004 hasta el 5 de julio de 2005 se ha generado un
impac-Deudas Morosas a favor
del Estado suman
14.6 billones de pesos
Deudas Morosas a favor
del Estado suman
to fiscal positivo, al recuperarse cartera morosa por valor de 1 billón de pesos.
Las Entidades han depurado e identificado individualmente su cartera como consecuencia de los nuevos requerimientos de información que sobre sus acreencias morosas ha solicitado la Contaduría General de la Nación mediante la Cir-cular Externa 059 de 2004.
Otro evidente impacto del BDME en la ad-ministración financiera pública ha sido la necesaria realización de cruces de cuentas y acuerdos de pago entre entidades públicas, lo que ha contri-buido a la optimización del proceso de saneamien-to contable público ordenado por la mencionada Ley 716 de 2001, modificada y prorrogada por la Ley 901 de 2004.
Impacto Positivo en el Recaudo de
Cartera Morosa del Estado
Los datos consolidados por la Contaduría General de la Nación, muestran que entre las en-tidades públicas con mayor impacto positivo res-pecto a su cartera morosa están: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, por va-lor de $333.351 millones de pesos; el Banco Granahorrar, cuya cifra asciende a $197.453 millo-nes; la Caja de Crédito Agrario (en liquidación) por $191.295; la Contraloría General de la República, por valor de $ 52.587 millones; le siguen, en su orden, la Gobernación de Antioquia por valor de 35.913; la Central de Inversiones CISA, por
Otro evidente
impacto del BDME
en la
administración
financiera pública
ha sido la
necesaria
realización de
cruces de cuentas
y acuerdos de pago
entre entidades
públicas, lo que ha
contribuido a la
optimización del
$30.434; el Banco Cafetero –BANCAFE- por valor de $ 25.340 millones, y el Distrito Ca-pital por $16.304.
Retiros del BDME
Las personas naturales y jurídicas que estando reportadas en el BDME, han cance-lado su obligación o firmado un acuerdo de pago con la entidad acreedora, serán retira-das inmediatamente del mismo por la Con-taduría General de la Nación, previa solici-tud de la respectiva entidad.
El siguiente cuadro muestra un resu-men de los avances en cuanto a recaudo de cartera, que ha le permitido a las entidades públicas, obtener mayores recursos produc-to de la gestión y depuración de la informa-ción contable pública. (Ver cuadro 1.)
En total, a 30 de enero de 2.004 se han retirado del BDME 30.380 personas natura-les y jurídicas, debido esencialmente a que han cancelado la totalidad de sus obligacio-nes contraídas con el Estado, han acredita-do la vigencia de un acueracredita-do de pago o han Cuadro1
sido depuradas en el proceso de Saneamien-to Contable Público.
Deudas a favor del Estado
Según el informe presentado por la Con-taduría General de la Nación, 407.081 perso-nas le adeudan al Estado cartera morosa por $14.6 billones de pesos y las principales enti-dades a las cuales se les adeuda son: la Central de Inversiones S.A. -CISA-, cuyo valor
ascien-de a $3.10 billones; la Caja ascien-de Crédito Agrario (en liquidación), por valor de $2.47 billones; la DIAN, por valor de $2.40 billones; el Ministe-rio de Hacienda y Crédito Público, cuya cifra asciende a $0.85 billones y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al cual le adeudan 0.74 billones.
El Cuadro número 2 muestra una rela-ción de las 20 entidades con mayores acreencias a su favor
Cuadro No. 2
Las entidades públicas que pretendan celebrar contratos con cualquier empresa o persona natural, pueden consultar en la pá-gina Web de la Contaduría General de la Na-ción (www.contaduria.gov.co) para saber si éstas se encuentran reportadas en el BDME. El Contador General de la Nación, Jairo Alberto Cano Pabón, informó que el retiro de deudores de la base de datos, obedece en su mayoría a pagos efectivos y en segun-do lugar a los acuersegun-dos de pago suscritos y a depuración de información.
Desde el primero de agosto de 2004, toda entidad pública que establezca una re-lación contractual con una persona natural o jurídica tendrá la obligación de solicitar, a la Contaduría General de la Nación, el Cer-tificado formal de BDME del contratista o empleado.
«La cartera de difícil cobro del Estado es recuperable mediante la implementación
(Cuadro 3: Motivos de retiros de deudores morosos del estado)
de herramientas como el BDME, que aumen-tan el recaudo y propenden por el sanea-miento contable público” manifestó el Con-tador General de la Nación, Jairo Alberto Cano Pabón.
E
l marco normativo fundamental, por la cual se expiden nor-mas para el saneamiento de la información contable en el sec-tor público, tiene un objetivo cla-ro y definido, y en ese sentido “…regula la obligatoriedad de los entes del sector público de ade-lantar las gestiones administrati-vas necesarias para depurar la información contable, de mane-ra que en los estados financie-ros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financie-ra y patrimonial de las entidades públicas. Para el efecto, deberá establecerse la existencia real de bienes, derechos y obligaciones,Un avance normativo
Un avance normativo
Un avance normativo
Un avance normativo
Un avance normativo
que facilita el
que facilita el
que facilita el
que facilita el
que facilita el
Saneamiento Contable
Saneamiento Contable
Saneamiento Contable
Saneamiento Contable
Saneamiento Contable
que afectan el patrimonio público depuran-do y castigandepuran-do los valores que presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el caso a su eliminación o incorporación de conformidad con los lineamientos de la presente ley1.”
De igual forma, la ley señala “““““La Conta-duría General de la Nación establecerá los procedimientos, para el registro contable de las operaciones que se deriven de la aplica-ción de la presente ley2”.
Es por lo anterior que la Contaduría General de la Nación-CGN, como organis-mo regulador de la contabilidad pública, ha entendido que su responsabilidad no sólo se debe limitar a establecer los procedimien-tos para efecprocedimien-tos de reconocer contablemente el proceso de saneamiento de que trata esta Ley, sino que debe tras-cender hacia el apoyo permanente a las en-tidades sujetas al ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública para que culminen en debida forma este proce-so tan impor tante para materializar la “confiabilidad” de la información, definida ésta como la base sobre la cual reposa todo el andamiaje de la contabilidad en general y, por supuesto, de esta rama especializada de la contabilidad.
En aras de materializar este compromi-so institucional, la CGN promovió la
expe-dición del Decreto 1914 de 2003, en el cual se expresa que “La Contaduría General de la Nación apoyará el proceso de saneamien-to de la información contable con activida-des de capacitación y asistencia técnica, sin que ello le obligue a formar parte del comi-té comi-técnico de saneamiento, ni le genere res-ponsabilidad alguna por el incumplimiento de las entidades respecto del saneamiento con-table a que se encuentran obligadas3” .
los cuales datan desde 1995 cuando se generaron los saldos iniciales que fueron la base para producir el primer Balance General de la Nación y del Sec-tor Publico Colom-biano, pues en la in-formación aportada por las entidades públicas se incorpo-raron activos sin la
certeza de su existencia, y sin el respectivo titulo de propiedad que posibilita la “verificabilidad” como requisito de la informa-ción contable pública.
Precisamente, en razón a este conoci-miento adquirido respecto de la problemá-tica contable, se concluyó que dos proble-mas generalizados de los entes públicos ra-dican en el tratamiento global de las propie-dades, planta y equipo, y en la contabiliza-ción de los bienes pendientes de legalizar o sin el respectivo documento soporte idó-neo. Estas situaciones merecieron referen-cia espereferen-cial en las disposiciones de la CGN. Para este último caso, el numeral 5.4.2. de la Circular Externa 056 de 2004 dispuso que “Cuando se determine la existencia de bie-nes que no están registrados contablemente, ni existen los documentos soporte que le
permitan al ente público garantizar la propiedad, es-tos serán recono-cidos en la conta-bilidad mediante el registro inicial en CUENTAS DE ORDEN, en la r e s p e c t i v a subcuenta de la cuenta 8330-BIE-NES PENDIEN-TES DE LEGALI-ZAR, mientras se obtienen los documentos que permitan garantizar la propiedad para que sean incorporados en las cuentas rea-les del activo correspondiente…”.
La solución del problema contable re-lacionado específicamente con los bienes inmuebles, requirió de elementos jurídicos adicionales que permitieran una mayor ce-leridad y eficacia de su respectiva depura-ción y saneamiento.
En este sentido, el problema en co-mentario generó una causal adicional de sa-neamiento, por ello el artículo 4 de la Ley 716 de 2001, que trata sobre la depuración de saldos contables, fue adicionado por el artículo 2 de la Ley 901 de 2004 con el si-guiente literal: “g) Los inmuebles que care-cen de título de propiedad idóneo y
res-La solución del problema
contable relacionado
específicamente con los bienes
inmuebles, requirió de
elementos jurídicos adicionales
que permitieran una mayor
celeridad y eficacia de su
pecto de los cuales sea necesario llevar a cabo el proceso de titulación para incorpo-rar o eliminar de la información contable, según corresponda”.
Como consecuencia de adicionar esta causal, y atendiendo al propósito de regla-mentar los elementos necesarios para mate-rializar el saneamiento de este tipo de acti-vos, el artículo 3 de la mencionada Ley 901 dispuso que “Para dar cumplimiento al literal g) del artículo 4° de la Ley 716 de 2001, las entidades públicas podrán obtener título de propiedad idóneo, respecto de aquellos bie-nes inmuebles que aparezcan registrados contablemente, y de los cuales se carezca del derecho de dominio, o que, teniéndolo por expresa disposición legal, carezcan de identi-dad catastral y de existencia jurídica en el registro inmobiliario, siempre que se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el bien inmueble objeto de ti-tulación se encuentre plenamente identifi-cado, de acuerdo con la reglamentación catastral y de registro vigentes;
b) Que el ente público haya ejercido la ocupación o posesión del inmueble con ánimo de dueño por un período no menor a diez (10) años;
c) Que el bien esté destinado a la pres-tación de un servicio público o afectado a
proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad;
d) Cuando el bien ocupado o poseído esté registrado a nombre de otra entidad pública, para lo cual se procederá a realizar la respectiva transferencia, mediante acta, suscrita por los representantes legales de las entidades involucradas, la cual por sí sola será título registrable para la transferencia de la propiedad;
e) Cuando se trate de bienes cuyo ti-tular sea una colectividad, la comunidad o un tercero público o privado, cuya intención es trasladar el dominio a título gratuito, en favor de la entidad u organismo público, se procederá a la suscripción del instrumento respectivo ante la autoridad notarial corres-pondiente;
f) El acta de liquidación del contrato de obra o el documento que haga sus ve-ces, bastará para incorporar o depurar la in-formación contable respecto de las cons-trucciones que carecen de título de propie-dad idóneo, a la fecha de entrada en vigen-cia de la presente ley”.
artícu-lo antes transcrito. Se consultaba, por ejem-plo, sobre los procedimientos, requerimien-tos y documenrequerimien-tos específicos para obtener las respectivas escrituras públicas y proce-der al registro en la Oficina de Instrumen-tos Públicos, de tal manera que ello permi-tiera la incorporación o registro en el Balan-ce General.
Evidenciados estos vacíos, la CGN pro-movió la expedición del Decreto 1014 de 2005, por el cual se reglamenta el artículo 3° de la Ley 901 de 2004. Esta norma desa-rrolla elementos concretos que permiten a las entidades públicas obtener las escrituras públicas y proceder a su respectivo registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, de tal manera que estos bienes inmuebles sean debidamente incorporados al Balance Ge-neral de las entidades.
El artículo 1 del mencionado decreto 1014 precisa las características que deben poseer los bienes inmuebles para que les sea aplicado el procedimiento señalado en esta norma. En este caso, se expresa que “Para efectos de la titulación de bienes
inmuebles de que trata el artículo 3° de la Ley 901 de 2004, se reputan de propiedad de las entidades públicas del orden nacio-nal, departamental, distrital y municipal, los inmuebles baldíos rurales o urbanos, según se trate, que hayan sido ocupados o poseí-dos por una entidad pública, con ánimo de dueño durante un período no inferior a diez (10) años.
De igual tratamiento gozarán aquellos bienes inmuebles que sin haber sido ocupa-dos o poseíocupa-dos en el mismo período por una entidad pública, estén destinados a la prestación de un servicio público o afecta-do a proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad.
Asimismo, se aplicarán estas disposicio-nes a las entidades públicas que se encuen-tren en proceso de liquidación, siempre y cuando su aplicación no entre en contra-dicción con las normas especiales de dispo-sición de bienes.
pública por la ocupación o posesión en los términos aquí señalados, únicamente ope-rará con respecto a bienes inmuebles de otras entidades públicas”.
El artículo 2° del mismo decreto 1014 establece los requisitos que se deben cum-plir para la titulación de los bienes inmuebles ocupados o poseídos por los entes públi-cos con ánimo de dueño durante un perio-do mínimo de 10 años, así: “Para determinar la situación jurídica del inmueble a titular en los términos establecidos en la ley y en el artículo precedente, la entidad pública inte-resada expedirá un acto administrativo mo-tivado, con el cual demostrará la posesión o la ocupación, o la destinación o afectación del bien, soportado en los siguientes docu-mentos:
1. Certificación de los responsables de la información financiera de la entidad don-de conste:
1.1 El registro contable del bien inmueble. 1.2 El pago de los servicios públicos con que cuente el bien, o acuerdo de pago con la empresa respectiva, si a ello hubiere lugar.
1.3 El pago del impuesto predial, de haberse efectuado, según corresponda a los casos determinados en el artículo 1° de este decreto.
2. Cer tificación de la autoridad catastral correspondiente, referida a la exis-tencia del inmueble; en su defecto, la cons-tancia relativa a la identidad catastral de las construcciones sobre él impuestas, o la prueba de la destinación o afectación del mismo.
Esta última, expedida por la oficina de Planeación Departamental, Distrital o Mu-nicipal de ubicación del inmueble o la que haga sus veces.
3. Certificado de tradición del inmue-ble o certificación del registrador de instru-mentos públicos que acredite la carencia de identidad registral, o que forma parte de otro predio de mayor extensión.
Parágrafo 1°. Parágrafo 1°. Parágrafo 1°. Parágrafo 1°.
Parágrafo 1°. La entidad pública que se encuentra ocupando o en posesión de un inmueble, solicitará a la Oficina de Planeación De-partamental, Distrital o Municipal o quien haga sus veces, que certifi-que certifi-que el bien se encuentra destinado a la prestación de un servicio público o afectado a proyectos de desarrollo en beneficio de la co-munidad.
P P P P
Parágrarágrarágrarágrarágrafafafafafo 2°.o 2°.o 2°.o 2°.o 2°. Las certificaciones de que trata el presente artí-culo no podrán tener una vigencia superior a seis (6) meses contados a partir de la solicitud de la entidad interesada”.
Otra situación que contempla el decreto objeto de análisis es la relacionada con aquellos bienes inmuebles que carecen de identidad catastral y registral y cuyo titular del derecho real de dominio ha sido otorgado a un ente público por disposición expresa de la Ley. Al res-pecto, el artículo 4º de esta norma establece la responsabilidad al representante legal de la entidad interesada para que expida un acto administrativo, debidamente motivado y fundamentado en la ley que otorgó el título de dominio, en el cual se identifique el bien por su área y linderos literales o técnicos, o por el sistema de planos prediales georreferenciados en los términos establecidos en el decreto 2157 de 1995. Para estos efectos, señala el Decreto, se requieren los si-guientes documentos soporte:
“1. Certificación de los responsables de la información financie-ra de la entidad donde conste que el inmueble se encuentfinancie-ra registfinancie-ra- registra-do contablemente.
2. Cuando sea del caso, la prueba de la destinación o afectación expedida por la autoridad competente que corresponda a la ubicación del inmueble o la que haga sus veces.
4. Cer tificación de la autoridad catastral competente que de-muestre la inexistencia de identidad catastral del inmueble.
5. El documento contentivo del avalúo del inmueble”.
También dispone el Decreto que cuando los bienes son transferidos por una colectividad, comunidad o un tercero público o privado, a título gratuito, el trasla-do de trasla-dominio se le dará el tratamiento de “donación”, teniendo en cuenta la normatividad vigente.
No obstante, cuando se trate de un ter-cero público, el dominio deberá ser consi-derado a título de “cesión”.
Respecto a la titularización las construc-ciones realizadas con recursos del ente pú-blico, se dispone que “El acta de liquidación del contrato de obra o el documento que haga sus veces, se elevará a escritura públi-ca, en la cual se dejará expresa constancia de los datos de registro del inmueble de que se trate, la cual una vez inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente será título idóneo para legali-zar la construcción, sin consideración a que la entidad pública sea o no titular del
dere-cho real de domi-nio del bien in-mueble sobre el cual se constru-yó, en virtud de lo establecido en el artículo 3° de la Ley 901 de 2004”.
ju-rídicas que permitan a los entes del Estado un inventario inmobiliario real y actualizado. Debo recordarles que el artículo 4º de la Ley 901 de 2004 establece que «(...) sólo para los efectos de cumplimiento de la pre-sente ley los procesos de titulación de bie-nes inmuebles de que trata su artículo, nonononono se causará ningún valor
se causará ningún valor se causará ningún valor se causará ningún valor
se causará ningún valor por concepto de derechos notariales, registro ni impues-tos». ( Negrilla fuera de texto).
Espero la aplicación de las normas re-lacionadas con el saneamiento contable. Se trata de uno de los propósitos
presidencia-les. Las funciones por usted ejercidas son un factor de la mayor importancia para el logro de las metas fijadas en este tema”.
Sector Público Colombiano
Situación financiera y de
resultados a 31 de
diciembre de 2004
L
os bienes y derechos consolida-dos del Sector Público alcanza ron al finalizar el año 2004, la suma de $336.198,9 MM que representan un 131,3% del PIB1 reflejando unincremen-to de $26.538,7 MM, equivalentes al 8,6% en relación con el año anterior, mientras que los Pasivos ascendieron a $295.541,8 MM, es decir, el 115,5% del PIB, aumentando en $25.643,4 MM correspondientes al 9,5%.
1 El Producto Interno Bruto (PIB) nominal del año 2004 ascendió a $255.984,4 MM. Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas - DANE
Sector Público Colombiano
Situación financiera y de
resultados a 31 de
El patrimonio presentó un saldo de $37.794,5 MM, equivalentes al 14,8% del PIB, el cual aumentó en $691,7 MM respecto del año 2003.
La situación financiera del Sector Públi-co durante los últimos 5 años ha presentado un crecimiento sostenido en el nivel de Acti-vos, los cuales a 31 de diciembre de 2000 eran de $237.576,6 MM, ascendiendo hasta llegar a $336.198,9 MM en el 2004, representando un incremento del 41,5%, en este período.
Así mismo, los Pasivos, que mostraban un saldo de $163.430,4 MM en el 2000, re-gistraron un incremento constante hasta el año 2004, alcanzando $298.404,4 MM inclui-do el interés minoritario, lo cual representó un crecimiento del 82,6%, en los últimos 5 años. Este comportamiento se muestra más acelerado frente a los Activos, durante el mismo período.
Como consecuencia de lo anterior, el Patrimonio, que en el 2000 era de $74.146,2 MM, dismi-nuido hasta registrar un saldo de $37.794,5 MM en diciembre de 2004, debido a las pérdidas recu-rrentes presentadas en los ejerci-cios de cada año.
Activo. Activo.Activo. Activo.
Activo. La porción corrien-te revela un saldo por valor de $112.748,5 MM, ésto es un 33,5% del total, el cual muestra un incre-mento de $7.835,5 MM, equivalente al 7,5% respecto del año 2003, que está relaciona-do directamente con la variación positiva de los grupos de Inversiones por $4.166,8 MM y de Efectivo por $3.845,8 MM, contrarres-tada por la variación negativa de los Bienes de beneficio y uso público e históricos y cul-turales por $228,8 MM.
Entre los conceptos más significativos de los ac-tivos del Sector Público, es-tán, en su orden, las Propie-dades, planta y equipo por valor de $64.973,1 MM, es decir el 19,3%, los cuales co-rresponden en su mayor par-te a las Plantas, ductos y tú-neles, y Edificaciones, siendo Empresas Públicas de Medellín, ISAGEN S.A., ECOPETROL S.A. y TELECOM - En liquidación, en el primer concepto y Empresas Públicas de Medellín, Empresa Metro de
Medellín y Empresa Multipropósito de Urrá, en las Edificaciones, las entidades que reve-lan las sumas más relevantes. Le siguen los Recursos Naturales y del Ambiente por va-lor de $55.234,6 MM, es decir el 16,4%, los cuales corresponden en su mayor parte a los recursos naturales no renovables en ex-plotación, revelados por el Ministerio de Mi-nas y Energía y el Municipio de la Jagua de Ibirico, seguidos de ECOPETROL S.A. En ter-cer lugar, se encuentran los Deudores por la suma de $53.996,6 MM, equivalentes al 16,1%, originado por los préstamos conce-didos por $17.925,1 MM, que fueron repor-tados en gran parte por BANCOLDEX, el Banco Agrario de Colombia, FINAGRO y BANCAFE.
Pasivo. Pasivo. Pasivo. Pasivo.
Pasivo. Las obligacio-nes exigibles en el corto pla-zo revelan un saldo de $93.264,7 MM equivalentes al 31,6% del total del pasivo, las cuales presentan un in-cremento de $1.005,5 MM correspondientes al 1,1% con respecto al año anterior y su variación se origina esencialmente en el com-portamiento ascendente de los Pasivos estimados de cor to plazo por $6.917.0 MM, las Operaciones de captación de las entidades financieras por $4.440,7 MM, las Obligaciones laborales y de seguridad social integral por $1.144,5 MM, contrarres-tado por la disminución de las Operaciones de crédito público a cor to plazo en $11.892,2 MM.
El Pasivo no corriente, que ascendió a $202.277,2 MM y representó el 68,4% del total del Pasivo, reveló un incremento de $24.637,8 MM, es decir un 13,9% respecto del año 2003, explicado especialmente por el crecimiento de los Pasivos estimados en $11.648,7 MM y las operaciones de crédito público en $7.740,5 MM.
Los saldos más importantes de los pa-sivos se concentrarón en las Operaciones
Entre los
conceptos más
significativos de
los activos del
Sector Público,
están en su orden
las Propiedades,
planta y equipo
por valor de
$64.973,1 MM, es
de crédito público por valor de $115.295,0 MM, es decir un 39,0% del total, correspon-dientes al valor de la Deuda Interna y Exter-na de largo plazo, por valor de $47.866,5 MM y $58.958,5 MM, respectivamente, presen-tando los saldos más significativos el Minis-terio de Hacienda y Crédito Público, segui-do muy de lejos por la Empresa Metro de Medellín, FOGAFIN, CARBOCOL y Empre-sas Públicas de Medellín. En segundo lugar se ubican los Pasivos estimados que ascen-dieron a $85.491,1 MM, equivalentes al 28,9%, generados especialmente por las provisio-nes para pensioprovisio-nes registradas por las enti-dades de seguridad social, como CAJANAL, el Patrimonio Autónomo de Pensiones de Vejez y sobrevivientes del ISS, el Ministerio de la Protección Social, ECOPETROL S.A y TELECOM - En liquidación.
Interés Minoritario. Interés Minoritario.Interés Minoritario.
Interés Minoritario.Interés Minoritario. Representa los
derechos que, sobre el Patrimonio del Sec-tor Público, pertenecen al secSec-tor privado, por los apor tes que éstos efectuaron en las empresas estatales de los Niveles Nacional y Territorial.
A 31 de diciembre de 2004 el Interés minoritario se incrementó en $203,6 MM, in-dicando un comportamiento creciente de la participación del sector privado en entidades públicas, que pasó de $2.658,9 MM á $2.862,5 MM, en relación con el año anterior.
Patrimonio. Patrimonio.Patrimonio. Patrimonio.
Patrimonio. La variación del patrimo-nio por $691,7 MM, se explica por el incre-mento de la Hacienda pública en $6.474,7 MM y la disminución de las pérdidas conso-lidadas del ejercicio por valor de $3.306,4 MM, atenuados por la disminución del Patri-monio institucional en $8.789,4 MM, en re-lación con el año anterior.
El aumento de la Hacienda Pública se originó por el incremento del Patrimonio pú-blico incorporado en recursos naturales y del ambiente de las nuevas reservas proba-das de carbón no reconociproba-das en el año 2003, por $14.988,0 MM, registrados por el Minis-terio de Minas y Energía, debido al cambio de metodología en el cálculo. Este
incremen-to es atenuado por la disminución de los ajus-tes por inflación en $9.410,2 MM, como re-sultado de aplicar la Circular Externa 056 de 2004, que establece la reclasificación de los saldos por este concepto, a las Cuentas de Capital Fiscal o Capital Parafiscal.
La variación del Patrimonio institucional se explica por la disminución del Superávit del Banco de la República en $4.929,5 MM, por la variación del ajuste en cambio de las
reser-vas internacionales originada en la revaluación del peso, el comportamiento negativo de los Ajustes por inflación por $2.156,7 MM, origi-nado en la aplicación de la Circular Externa 056 mencionada anteriormente y la reclasificación de los resultados consolidados del ejercicio anterior.
En la gráfica puede observarse que el patrimonio ha venido presentando una dis-minución progresiva desde el 2000, debido a las pérdidas recurrentes en cada año y dentro de su estructura se muestran cam-bios significativos como los de la Hacienda Pública que pasa de una participación posi-tiva de $77.269,9 MM en el 2000, a un saldo de $21.508,5 MM en el año 2004; una esca-sa sostenibilidad del Patrimonio Institucional y, cambios bruscos de los resultados del ejer-cicio entre los años 2001 a 2004.
Las entidades públicas que reportaron los saldos de patrimonio más significativos fueron en su orden, el Ministerio de Minas y Energía, con $56.523,3 MM, el Banco de la República, con $18.022,3 MM, el municipio de Medellín, con $13.471,2 MM, las Empre-sas Públicas de Medellín, con $10.086,4 MM y ECOPETROL S.A., con $10.000,9 MM.
Cuentas de Orden Deudoras. Cuentas de Orden Deudoras. Cuentas de Orden Deudoras. Cuentas de Orden Deudoras. Cuentas de Orden Deudoras. Re-velaron a diciembre de 2004 un saldo de $326.638,8 MM, aumentado en $47.173,2
MM, es decir 16,9%, en relación con el año anterior, siendo las Deudoras de control las que tuvieron la mayor incidencia positiva, con $22.905,7 MM, seguidas por las Deudo-ras fiscales, por $12.969,5 MM y finalmente por los Derechos contingentes, que aumen-taron en $11.298,0 MM.
El valor más importante de las Cuen-tas de Orden deudoras se concentró en las Deudoras de control, por $181.742,2 MM, donde se resaltan las Otras cuentas deudo-ras de control, por valor de $103.347,2 MM registradas en su mayor parte por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, se-guido por el Banco Cafetero - BANCAFE, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Consorcio Fidupensiones - TELECOM, el Ministerio de la Protección Social y el Banco de la República.
En segundo lugar están los Derechos contingentes, por valor de $104.664,2 MM, representados en su mayor proporción por la Garantía estatal en el régimen de prima media con prestación definida por $69.070,8 MM, originados principalmente por los Patri-monios Autónomos de pensiones del ISS (Vejez, Invalidez y Sobrevivientes), el Patri-monio Autónomo de la Caja de Previsión
social de la Universidad del Cauca y la enti-dad administradora de pensiones de Antioquia. Finalmente hacen parte de esta clase las Deudoras fiscales con $40.232,4 MM, reportadas principalmente por Empre-sas Públicas de Medellín, el Banco Agrario de Colombia, BANCOLDEX, FOGAFIN y el Banco Granahorrar.
Cuentas de Orden Cuentas de Orden Cuentas de Orden Cuentas de Orden
Cuentas de Orden AcreedorAcreedorAcreedorAcreedoras.Acreedoras.as.as. Enas. el año 2004 ascendieron a $414.266,4 MM, mostrando un incremento de $19.510,1 MM, es decir el 4,9%, en relación con el año 2003, comportamiento que está relacionado direc-tamente con la variación positiva de las Res-ponsabilidades contingentes, por $52.728,4 MM y las Acreedoras fiscales, por $10.323,3 MM, contrarrestadas por una variación ne-gativa de las Acreedoras de control en $43.541,6 MM.
Las cuentas de orden acreedoras es-tán estructuradas en Responsabilidades Contingentes, con $290.504,6 MM, Acree-doras de Control, por $100.231,3 MM y Acreedoras fiscales, con $23.530,6 MM.
actos procesales por litigios o demandas de terceros contra los entes públicos, entre las que se resaltan las Otras responsabilidades contingentes, por valor de $86.121,5 MM, re-gistradas entre otros, por el Ministerio de Mi-nas y Energía, por valor de $36.469,1 MM y la Previsora S. A. - Compañía de seguros generales, por valor de $28.899,0 MM. Le si-gue la Garantía Estatal del Régimen de Pri-ma Media, relacionada con la obligación a cargo de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - para con las Administra-doras del Régimen de Prima Media, específicamente el Instituto de Seguros So-ciales, por valor de $68.456,0 MM. En tercer lugar, se encuentran los Litigios y demandas,
por $70.112,9 MM, registrados principalmen-te por el Minisprincipalmen-terio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Bancaria, el Mi-nisterio de Minas y Energía, el MiMi-nisterio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. Den-tro de las entidades del nivel territorial se destacó Bogotá, D.C.
su mayor parte por el Ministerio de Hacien-da y Crédito Público.
Es de anotar que el Ministerio de De-fensa Nacional reportó $5.364,8 MM en res-ponsabilidades contingentes y el Fondo Na-cional de Prestaciones Sociales del Magiste-rio registró $44.000,0 MM en las cuentas de orden acreedoras de control, correspondien-tes a los cálculos actuariales de pensiones estimados, cifras que en el consolidado na-cional fueron reversadas con ocasión del ajuste global al cálculo actuarial de pensio-nes de ese nivel, con base en la información suministrada por la Dirección de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
ENDEUDAMIENTO
El endeudamiento del sector público consolidado al finalizar la vigencia 2004,
as-cendió a $122.291,1 MM, los cuales repre-sentan el 47.8% del PIB2 y el 41.4% del total de los pasivos del sector, reflejando una dis-minución de $5.453,5 MM, equivalente al 4.3% con relación al 2003. El endeudamien-to se compone en un 94,3% por Operacio-nes de Crédito Público y en un 5,7% por Obligaciones Financieras.
la Deuda Pública Externa en $10.257,0 MM, originada en gran parte por la revaluación del peso, la cual es contrarrestada por un incremento en la Deuda Pública Interna de $6.105,4 MM.
Con relación a la Deuda Pública Exter-na, ésta asciendió a $60.925,2 MM, concen-trándose principalmente en Bonos y títulos emitidos por el Gobierno Nacional y Distrital por $30.574,7 MM y en las obligaciones con-traídas con la Banca Multilateral por $24.969,0 MM, constituyendo así el 91.2% de esta deuda. Por su parte la Deuda Públi-ca interna presenta un saldo de $54.369,8 MM, siendo los TES clase B los de mayor participación con $40.288,7 MM, seguidos de los Bonos y Títulos emitidos por los Fondos de Garantía con $4.651,2 MM.
Las Obligaciones Financieras las cuales
tienen por finalidad solucionar deficiencias ocasionales de liquidez de los entes públi-cos, a través de las instituciones financieras nacionales, alcanzaron un saldo de $6.996,1 MM a diciembre de 2004, reflejando una va-riación negativa en $1.301,8 MM, ésto es el 15,7% respecto del año 2003. Esta variación se explica por la disminución de $1.546,2 MM de los Créditos obtenidos, en especial con la Banca de Fomento.
De otra parte, es importante destacar que gran parte del saldo registrado en Obli-gaciones Financieras se deriva del préstamo solicitado por la Dirección del Tesoro Na-cional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a BANCOLDEX, por valor de US$ 150 Millones, el cual fue cancelado en fe-brero de 2005.
MM es decir el 15,4% se clasifica en porción corriente, y $103.442,0 MM en no corriente, lo cual equivale al 84,6 %.
El endeudamiento agregado del Sector Público a diciembre de 2004, asciendió a $171.060,7 MM, este saldo difiere del con-solidado en $48.769,7 MM, por el endeuda-miento entre entidades públicas que es eli-minado en el proceso de consolidación.
A continuación se destacan las entida-des que registran los saldos de endeudamien-to más significativos, donde el Ministerio Ha-cienda y Crédito Público participa con un 76.6%.
ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA ECONÓMICA Y
SOCIAL
Resultado del ejercicio. Resultado del ejercicio. Resultado del ejercicio. Resultado del ejercicio.
Resultado del ejercicio. El resulta-do de la actividad financiera, económica y social de las entidades que conforman el Sector Público arrojó, a 31 de diciembre de 2004, un déficit de $12.752,7 MM, que re-presenta el 5,0% del PIB1, mostrando una dis-minución de $3.006,4 MM con relación al pe-ríodo anterior, es decir el 19,1%. Esta varia-ción se originó por el crecimiento en mayor proporción de los ingresos, en $24.750,4 MM, frente a los costos y gastos, que en
junto aumentaron en $21.744,0 MM. Las entidades que reportaron los resul-tados positivos más significativos fueron, en su orden, ECOPETROL S.A., con $2.110,5 MM, el Fondo Nacional de Regalías, con $1.900,8 MM, el Instituto Nacional de Vías, con $1.821,7 MM, y en menor proporción, las Empresas Públicas de Medellín, con $740,6 MM y Bogotá D.C. con $401,5 MM.
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos
Ingresos. Los ingresos consolidados del Sector Público para el período 2004, as-cendieron a $143.088,0 MM, equivalentes al 55,9% del PIB, presentando una variación positiva con relación al año anterior de $24.750,4 MM, equivalente al 20,9%. Esta variación se derivó del crecimiento de los Ingresos fiscales en $10.010,5 MM, los Otros ingresos en $9.549,8 MM y los Ingresos por la venta de servicios en $3.570,8 MM, desta-cándose respectivamente, en cada grupo de cuentas, los Ingresos tributarios, el Ajuste por diferencia en cambio y los Ingresos por la venta de los servicios de salud.
El grupo de mayor representatividad con relación al total de los Ingresos fue de Ingresos Fiscales, con $57.416,5 MM, es de-cir el 40,1%, donde los Ingresos tributarios, con $51.043,9 MM concentran el 88,9%, en especial, el Impuesto al Valor Agregado - IVA y el Impuesto de Renta y Complementarios, registrados por la DIAN - Función Recaudadora. Le siguen los Ingresos no tri-butarios, con $6.696,8 MM, siendo la U.A.E.
Agencia Nacional de Hidrocarburos y nue-vamente la DIAN - Función Recaudadora, las entidades que concentran los principales saldos.
Otro grupo de gran importancia fue el de Otros Ingresos que registró un monto de $35.164,9 MM, equivalente al 24,6% del total, destacándose el Ajuste por diferencia en cambio, con $20.378,8 MM, en especial de la Deuda pública Externa, donde el Mi-nisterio de Hacienda y Crédito Público y la Empresa Metro de Medellín Ltda., fueron las entidades que reportaron el mayor efecto. Le siguen en importancia, los Ingresos finan-cieros por $10.602,5 MM, siendo el Ministe-rio de Hacienda y Crédito Público, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -FOGAFIN y ECOPETROL S.A., las entida-des con mayor participación.
Cabe destacar igualmente, que los in-gresos por la venta de servicios ascendie-ron a $31.789,9 MM, registrados en mayor parte en Energía, Telecomunicaciones y Sa-lud, sobresaliendo en cada servicio, Empre-sas Públicas de Medellín, Colombia Teleco-municaciones S.A. ESP y la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.
año anterior, es decir el 10,9%. Este com-portamiento obedece a la variación positiva de los Costos de operación de servicios, en $2.557,7 MM, donde la Seguridad social en pensiones fue el concepto que más influyó en dicho comportamiento. De igual forma, el Costo de ventas de bienes y de servicios se incrementó en $941,6 MM y $628,0 MM, respectivamente, siendo los bienes produ-cidos y los servicios de salud los conceptos que reflejaron la variación más significativa.
Los costos que presentaron los mayores montos en el 2004, fueron el Costo de ventas de servicios, con $16.930,5 MM, es decir el 40,2% del total, sobresaliendo los servicios de Energía, con $5.102,6 MM, Salud, con $$3.675,1MM y Telecomunicaciones, con $2.797,0 MM, registra-dos entre otros, por Empresas Públicas de Medellín, ESE Luis Carlos Galán y Colombia Te-lecomunicaciones S.A. ESP.
En segundo lugar se encuentraron los Costos de operación de ser vicios, con $15.142,9 MM, ésto es el 36,0% del total, sien-do la Seguridad social en pensiones, con $11.747,9 MM, el concepto más represen-tativo, reportado principalmente por el Pa-trimonio Autónomo de Pensiones de Vejez del ISS. Así mismo, la Seguridad social en sa-lud ascendió a $1.357,5 MM, donde el Insti-tuto de Seguros Sociales - ISS, reveló el sal-do más importante.
Gastos. Gastos. Gastos. Gastos.
Gastos. Las entidades del Sector Pú-blico registraron gastos por valor de
$113.773,4 MM, equivalente al 44.4% del PIB, mostrando un crecimiento de $17.616,7 MM con respecto al 2003, es decir el 18,3%, expli-cado en gran parte por los Otros gastos, con $8.947,6 MM, en especial por el Ajuste por diferencia en cambio, seguidos de las Provi-siones, Agotamiento, Depreciaciones y Amor-tizaciones que crecieron en $4.064,7 MM, siendo los conceptos de Agotamiento y Pro-visión para contingencias los más relevantes. Los rubros más significativos corres-ponden a Otros Gastos por $34.424,3 MM, es decir el 30,3%, donde los Ajustes por di-ferencia en cambio y los intereses concen-tran los saldos más impor tantes, con $14.940,3 MM y $14.693,5 MM, respectiva-mente, revelados entre otros por el Minis-terio de Hacienda y Crédito Público, la Em-presa Metro de Medellín Ltda. y ECOPETROL S.A. Le siguen los Gastos de administración, con $ 32.191,0 MM, sobre-saliendo las Contribuciones imputadas por $12.008,9 MM, registradas principalmente por el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-co, seguidas de los Sueldos y Salarios, con $9.343,8 MM, siendo el Ministerio de De-fensa Nacional, la entidad que concentra el mayor saldo.
destacándose en su orden, el Agotamiento y las Provisiones para Contingencias y Deudo-res, que en su conjunto alcanzan el 54,0%, re-gistrados principalmente por el Ministerio de
