Sobre el Proyecto de Real Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

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Con fecha de 10 de julio de 2015 tuvo en-trada en el Consejo Económico y Social es-crito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que se solicitaba, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.1.1.a) de la Ley 21/1991, de 17 de junio, de Creación del Consejo Económico y Social, que elCES

emitiera dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Dicha solici-tud fue trasladada a la Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguri-dad Social para la elaboración de una pro-puesta de dictamen.

El Proyecto viene acompañado de una Memoria de análisis del impacto norma-tivo, elaborada de conformidad con el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, en la que, en un único documento, se incluyen los apartados siguientes:

1. Resumen ejecutivo.

2. Oportunidad de la propuesta, donde se expone la motivación y los objetivos de la norma, así como las alternativas de la misma. 3. Contenido, análisis jurídico y

descrip-ción de la tramitadescrip-ción.

4. Análisis de impactos. En este apartado se contemplan los siguientes epígrafes:

1. Antecedentes

Sobre el Proyecto de Real Decreto legislativo por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de

los Trabajadores

De conformidad con las competencias atribuidas al Consejo Económico y

So-cial por la Ley 21/1991, de 17 de junio, previo análisis y tramitación por la

Co-misión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social, y de

acuerdo con el procedimiento previsto en el Reglamento de organización y

fun-cionamiento interno, el Pleno del Consejo Económico y Social aprueba en su

se-sión ordinaria del día 28 de julio de 2015 el siguiente dictamen:

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adecuación del proyecto al orden de dis-tribución de competencias, impacto económico y presupuestario e impacto de género.

El vigente texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo fue el resultado, por un lado, del man-dato refundidor contenido en la disposición final sexta de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se Modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, del texto articulado de la Ley de Procedi-miento laboral y de la Ley sobre Infraccio-nes y sancioInfraccio-nes en el orden social; y, por otro, del mandato refundidor contenido en la dis-posición final séptima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, admi-nistrativas y de orden social, que habilitó al Gobierno para que, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la misma, ela-borara un texto refundido de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabaja-dores, incorporando, además de las modifi-caciones introducidas, entre otras por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, las efectuadas por un conjunto de disposiciones legales que rela-cionaba. Cabe apuntar que este segundo mandato refundidor se produjo principal-mente como consecuencia de las modifica-ciones que llevó a cabo la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, en las normas objeto de refun-dición relacionadas en la disposición final sexta de la Ley 11/1994, de 19 de mayo.

ElCESse pronunció sobre ambos

proyec-tos como consecuencia de los dos citados

mandatos refundidores. La primera, a tra-vés del Dictamen 10/1994 sobre el Proyecto de Real Decreto legislativo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Es-tatuto de los Trabajadores (derivado del mandato refundidor de la disposición final sexta de la Ley 11/1994, de 19 de mayo) y, la segunda, mediante el Dictamen 1/1995 sobre el Proyecto de Real Decreto legisla-tivo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (derivado del mandato refundidor de la dis-posición final séptima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre).

Desde la entrada en vigor del Real De-creto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, el Estatuto de los Trabajadores ha experimen-tado numerosos cambios, siendo los de mayor calado los derivados de las distintas reformas laborales que han ido teniendo lugar desde entonces.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pú-blica y buen gobierno, contiene en su dispo-sición adicional segunda un mandato para que la Administración General del Estado (AGE) lleve a cabo una revisión,

simplifica-ción y, en su caso, una consolidasimplifica-ción norma-tiva de su ordenamiento jurídico. Además, en dicha disposición adicional se refleja la posibilidad de que, si se considera necesa-rio, se proponga, por parte de laAGE, la

ela-boración de textos refundidos, siempre de conformidad con las previsiones constitu-cionales y legales en la materia.

La Comisión para la Reforma de las Ad-ministraciones Públicas (CORA), dada la

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previsión de abordar ese proceso de con-solidación legal, solicitó a los distintos de-partamentos ministeriales una relación de leyes de su área que cumplieran una doble condición, por un lado, su relevancia para el área de actividad respectiva; y por otro lado, haber sido modificadas en numerosas ocasiones, incorporando, además, otras disposiciones complementarias a dichos textos.

En ese contexto, se aprobó la Ley 20/2014, de 29 de octubre, que delegó en el Gobierno la potestad de dictar diversos tex-tos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitu-ción española de 1978, entre los que se en-cuentra el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En el artículo uno de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, se autoriza al Gobierno para aprobar, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la misma (el 31 de octubre de 2014) diversos textos refundidos en los que se integren, debida-mente regularizadas, aclaradas y armoni-zadas, las leyes y demás normas que en el mismo se enumeran, así como las normas con rango de ley que las hubieren modifi-cado y las que, afectando a su ámbito ma-terial, puedan, en su caso, promulgarse antes de la aprobación por Consejo de Mi-nistros de los textos refundidos que pro-cedan y así se haya previsto en las mismas.

Concretamente, este artículo uno, en su letra d), especifica:

“d) Texto refundido de la Ley del Es-tatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Asimismo, se in-cluirán en el texto refundido a que se re-fiere esta letra las disposiciones legales en relación con los preceptos del Esta-tuto de los Trabajadores, debidamente regularizadas, aclaradas y sistematiza-das, que a continuación se indica”.

La Memoria que acompaña al presente Proyecto refleja que se persiguen los si-guientes objetivos: integrar en un solo texto legal, estructurado y sistematizado como tal, el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y todas las disposiciones de igual rango que a partir de 1995 han venido a mo-dificarlo o a extender su regulación más allá de la existente en aquel momento; y regula-rizar, aclarar y armonizar las disposiciones legales que se integran en el nuevo texto legal. Según dicha Memoria, el nuevo texto refundido pretende evitar la dispersión de la legislación laboral, reforzar la seguridad jurídica del ordenamiento y hacer más ase-quible para los destinatarios de la norma su correcto conocimiento y aplicación.

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El Anteproyecto sometido a dictamen consta de un artículo único de aprobación del texto refundido, una disposición dero-gatoria única, una disposición final única y el texto refundido propiamente dicho, que contiene noventa y dos artículos, veintiuna disposiciones adicionales, doce disposicio-nes transitorias y dos disposiciodisposicio-nes finales.

Artículo único.Aprobación del texto re-fundido de la Ley del Estatuto de los Traba-jadores. Contiene la aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-bajadores.

Disposición derogatoria única. Deroga-ción normativa. Se derogan cuantas disposi-ciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto legislativo y en el texto refundido que aprueba y, concretamente, el texto refun-dido aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y las disposiciones que se enumeran en sus diferentes aparta-dos.

Disposición final única. Entrada en vigor. Este precepto establecerá la fecha de en-trada en vigor de la norma.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

El proyecto de texto refundido man-tiene íntegramente la estructura del texto en vigor, no así las disposiciones de la parte final, que se reestructuran en su totalidad.

Título I. De la relación individual de trabajo

Capítulo I.Contiene las disposiciones ge-nerales a través de los artículos 1 a 13, subdi-vidiéndose, a su vez, en cuatro secciones. Se destacan a continuación las principales mo-dificaciones que se introducen.

El artículo 1, que regula el ámbito de aplica-ción, introduce una modificación en la re-dacción del apartado 3.a), adaptándose así a la normativa vigente en materia de fun-ción pública. En el artículo 2, que contiene las relaciones laborales de carácter especial, al igual que en el resto del texto refundido, se sustituye la expresión “trabajadores mi-nusválidos” por la de “trabajadores con dis-capacidad”, y se actualiza la descripción de la relación laboral especial de los estibado-res portuarios, que se adapta a su vigente marco normativo, refiriéndose a “los estiba-dores portuarios contratados por las socie-dades anónimas de gestión de trabajadores portuarios para realizar actividades integra-das en el servicio portuario de manipula-ción de mercancías”.

Igualmente, se citan expresamente rela-ciones laborales de carácter especial esta-blecidas y reguladas en normas posteriores a la aprobación del texto refundido de 1995. En concreto, se mencionan la de los meno-res sometidos a la ejecución de medidas de internamiento para el cumplimiento de su responsabilidad penal; la de residencia para la formación de especialistas en ciencias de

2. Contenido

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la salud; y la de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, indivi-duales o colectivos.

Con carácter general, se adapta la termi-nología en todos los artículos referidos a prevención de riesgos laborales, y en con-creto, en el artículo 4, que regula los dere-chos laborales, se modifica el apartado 2.d). En el artículo 6, sobre el trabajo de los menores, se adapta el contenido a lo dis-puesto en la Ley de Prevención de riesgos laborales, incluyendo, en cuanto al apartado 4, no solo la salud física, sino también la psíquica.

En cuanto a la forma del contrato, regu-lada en el artículo 8, se introduce el actual apartado 4 como segundo párrafo del apar-tado 2, y como aparapar-tado 3 se introduce el texto del actual artículo 16. Por otra parte, en lo que es el nuevo apartado 4, se incor-pora la referencia adicional a la normativa en materia de protección de datos, así como la referencia al DNI o al número de identi-dad de extranjero.

Respecto al artículo 9, que regula la va-lidez del contrato, se sustituye el término “jurisdicción competente” por el de la “ju-risdicción social”, como se hará también en otros artículos posteriores, y se introduce el término “órgano”.

Las principales novedades que incor-pora el artículo 11, relativo a los contratos formativos se encuentran en dos apartados. En el apartado 1.a), donde se suprime la re-ferencia a niveles y categorías, cuando se alude a la habilitación a los convenios co-lectivos de ámbito inferior para determinar

los puestos de trabajo o grupos profesiona-les objeto del contrato formativo. En el apartado 2.h), con relación a la acción pro-tectora de la Seguridad Social del trabaja-dor contratado para la formación y el aprendizaje, se suprime la referencia a “si-tuaciones protegibles”, manteniendo la ex-presión “contingencias protegibles”.

Respecto al artículo 12, sobre el contrato a tiempo parcial y contrato de relevo, cabe señalar que las referencias a las normas transitorias del texto refundido de la Ley ge-neral de la Seguridad Social, que se incluían en los apartados 6 y 7 del artículo 12, se han trasladado a una nueva disposición transi-toria del propio Estatuto.

Asimismo, se modifica el apartado 7.b), en el sentido de que las excepciones a la du-ración general del contrato de relevo fijadas en el primer párrafo de ese apartado no son solo las del supuesto del párrafo segundo del apartado 6 (como contemplaba la norma hasta ahora) sino también las del párrafo tercero del propio apartado 7.

Capítulo II. Regula el contenido del con-trato de trabajo a través de los artículos 14 a 38, a su vez, estructurados en cinco seccio-nes, en donde se incorporan las siguientes novedades. En el artículo 15, que regula la duración del contrato, cabe destacar que en el apartado 7 se sustituye la referencia a la formación profesional continua por “las ac-ciones incluidas en el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito la-boral”. El vigente apartado 15.8 pasa a ser un artículo independiente, el 16, y se suprime

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el actual apartado 10, ya que la nueva dispo-sición final segunda del texto refundido está referida al desarrollo reglamentario.

El artículo 19 comienza sustituyendo el título de “seguridad e higiene” anterior por “seguridad y salud”, al igual que en sus apartados 1 y 2. El apartado 4, referido a la obligación empresarial de garantizar la for-mación de los trabajadores en materia pre-ventiva, recoge una remisión genérica a lo que contempla al respecto la Ley de Pre-vención de riesgos laborales y sus normas de desarrollo. Además, se actualiza, tal y como se ha hecho en otros preceptos, la re-ferencia a los órganos competentes para llevar a cabo las actuaciones reguladas en este apartado 5.

En el artículo 20, sobre la dirección y control de la actividad laboral, elimina el ad-jetivo “humana”, al referirse a la dignidad del trabajador, y se sustituye la referencia del apartado 4 a la verificación del “estado de enfermedad o accidente” por la de “es-tado de salud” del trabajador, en coherencia con la terminología de la vigente normativa sobre prevención de riesgos laborales.

El artículo 22, que se ocupa del sistema de clasificación profesional, en su apartado 3 elimina la conjunción “e”, y se refiere a la ausencia de discriminación “tanto directa como indirecta” entre hombres y mujeres, lo que reproduce también en los artículos 23 y 24.

El apartado 1.c) del artículo 27, donde se regula el salario mínimo profesional, se re-coge de forma correcta la denominación del

IPC, índice de precios “de” consumo, según

la terminología empleada por el Instituto Nacional de Estadística.

Por su parte, el artículo 29, sobre la liqui-dación y pago, sustituye el antiguo término “talón” por el de cheque, conforme a la nor-mativa cambiaria aplicable.

Con respecto al artículo 33 relativo al Fondo de Garantía Salarial, al haberse eli-minado el apartado 8 por la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Genera-les del Estado para el año 2014, se da una nueva numeración a los apartados de este precepto.

La principal novedad que introduce el artículo 35 sobre las horas extraordinarias, es la sustitución de la expresión “paro for-zoso”, en el apartado 2, por la de “situación de desempleo”.

El artículo 36, regula el trabajo noc-turno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo. En el apartado 4 se elimina la referencia a los “servicios de protección y prevención apropiados, y equivalentes a los de los res-tantes trabajadores de la empresa”, como derecho de los trabajadores nocturnos. Igualmente, en el mismo apartado se susti-tuye la expresión evaluación gratuita “de su salud” por la de evaluación gratuita “de su estado de salud”, término utilizado en la Ley de Prevención de riesgos laborales. Asi-mismo, se sustituye la remisión a la “norma-tiva específica en la materia” por una remisión más concreta a la Ley de Preven-ción de riesgos laborales y sus normas de desarrollo.

Por su parte, en el artículo 37, relativo al descanso semanal, fiestas y permisos, el

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apartado 4.bis en vigor pasa a denominarse apartado 5, con la remuneración corres-pondiente del resto de apartados.

Capítulo III. Regula la modificación, sus-pensión y extinción del contrato de trabajo en los artículos 39 a 57, distribuidos en cinco secciones, introduciendo como principales novedades, las siguientes. El artículo 44, que regula la sucesión de empresa, da una nueva redacción al apartado 4, al reubicar la expresión “una vez consumada la suce-sión” detrás de “acuerdo”.

En el artículo 45, sobre las causas y efec-tos de la suspensión, se suprimen como cau-sas de suspensión del contrato de trabajo, tanto el servicio militar como la prestación social sustitutoria, y se incorporan otras dos relacionadas con la prevención de riesgos laborales, como son el riesgo durante el em-barazo y el riesgo durante la lactancia.

En el artículo 46 que contempla las ex-cedencias, se sustituye el término “trabaja-dor excedente” por el de “en excedencia voluntaria”.

Respecto a la suspensión con reserva de puesto de trabajo que se regula en el artículo 48, se sustituyen las referencias a “invalidez permanente” por “incapacidad permanente y se elimina la referencia al servicio militar y a la prestación social sus-titutoria, en coherencia con la supresión como causas suspensivas del contrato de trabajo.

Igualmente, se han reordenado los apar-tados 48.4 (maternidad, adopción y acogi-miento), 48.5 (riesgo durante el embarazo y

riesgo durante la lactancia natural) y 48.bis) (paternidad), que pasan a constituir los apartados 4 a 9 del artículo 48, con la conguiente remuneración de los apartados si-guientes.

En el artículo 53, que regula la forma y efectos de la extinción por causas objetivas, en el apartado 4.a) se hace referencia ahora a “periodos” en plural. En el apartado si-guiente se adaptan las referencias normati-vas a la nueva ordenación del artículo 37. Finalmente, el apartado 4.c) cita expresa-mente el artículo 45.1.d), relativo a la mater-nidad, patermater-nidad, adopción o acogimiento como causas de suspensión del contrato de trabajo.

Sobre la forma y efectos del despido dis-ciplinario, regulados en el artículo 55, al igual que en artículo 53, se sustituye “dicho periodo” por “dichos periodos” y en los apartados 5.a) y 5.c) se menciona expresa-mente, de nuevo, el artículo 45.1.d). Por otro lado, el apartado 5.b) se adapta a las refe-rencias al artículo 37, relativo al descanso semanal, fiestas y permisos.

En la regulación del despido improce-dente, artículo 56, se incorpora como apar-tado 5 el actual artículo 57 relativo al pago por el Estado de los salarios de tramitación. Por su parte, el artículo 57, sobre el pro-cedimiento concursal, contiene el vigente artículo 57.bis).

Capítulo IV. Regula las faltas y sanciones de los trabajadores en un único artículo, el 58, cuyo contenido reproduce la regulación vigente.

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Capítulo V. Contiene los plazos de pres-cripción en dos secciones comprendidas en los artículos 59 y 60. Este último precepto, en el caso de las infracciones cometidas por el empresario, se remite expresamente al texto refundido de la Ley sobre Infraccio-nes y sancioInfraccio-nes en el orden social.

Título II. De los derechos de

representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa

Capítulo I. Contiene el derecho de repre-sentación colectiva en los artículos 61 a 76, donde cabe destacar las novedades siguien-tes.

El artículo 64, sobre los derechos de in-formación y consulta y competencias, co-rrige la referencia que se hacía en el apartado sexto remitiéndose al apartado 4, por la cita correcta del apartado 5.

En el artículo 67, relativo a la promoción de elecciones y mandato electoral, se espe-cifica en el apartado 2 que se dará traslado de la copia de la comunicación.

El artículo referente a las garantías, artículo 68, elimina la frase final del primer párrafo del apartado e) que hacía referen-cia a delegados de personal o miembros del comité de empresa.

La sección 2.ª, sobre procedimiento electoral, comprende los artículos del 69 al 76, en los que se regula: la elección de dele-gados de personal y miembros de comité de empresa, los representantes de los trabaja-dores que presten servicios en trabajos

fijos-discontinuos y de trabajadores no fijos, los requisitos y funciones de la mesa electo-ral, la votación para delegados y comités de empresa, y el procedimiento de reclamacio-nes en materia electoral.

El artículo 74, que regula las funciones de la mesa, precisa en el apartado primero que una vez se haya comunicado a la em-presa el propósito de celebrar elecciones esta, en un plazo máximo de siete días tras-ladará tal comunicación a los trabajadores que deban constituir la mesa, y también, a los representantes de los trabajadores.

Respecto a la votación para delegados y comités de empresa que contempla el artículo 75, en el apartado séptimo, párrafo segundo, se sustituye la conjunción “y” por “u” entre “falta de la firma del presidente de la mesa electoral” y “omisión o ilegibilidad en las actas de alguno de los datos que im-pida el cómputo electoral”.

Capítulo II.En este capítulo, que comprende los artículos 77 a 81, se regula el derecho de los trabajadores a reunirse en asamblea, el lugar de reunión, la convocatoria, el régimen de votaciones, así como el derecho a locales y a tablón de anuncios por parte de los repre-sentantes de los trabajadores.

Título III. De la negociación colectiva y de los convenios colectivos

Capítulo I. Disposiciones generales

El capítulo se estructura en dos secciones, la sección 1.ª sobre la naturaleza y los

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efec-tos de los convenios colectivos, comprende los artículos del 82 al 86, en los que se re-gula: el concepto y eficacia de los convenios colectivos (art. 82), las unidades de negocia-ción (art. 83), las reglas sobre concurrencia (art. 84), el contenido (art. 85) y vigencia de los convenios colectivos (art. 86). La sección 2.ª sobre la legitimación, comprende los artículos 87 y 88, en los que se determina: la legitimación de la representación de los tra-bajadores y del empresario para negociar en los distintos niveles de negociación (art. 87), y en la constitución de la comisión negocia-dora (art. 88).

Capítulo II. Procedimiento

El capítulo se estructura en dos secciones, la sección 1.ª sobre tramitación, aplicación e interpretación de los convenios colectivos, comprende del artículo 89 al 91, en los que se regula: los trámites de la negociación del convenio colectivo (art. 89), los requisitos que han de observarse para que el convenio colectivo negociado sea válido (art. 90), y las reglas sobre aplicación e interpretación del convenio colectivo (art. 91).

El artículo 90 incorpora novedades de tipo formal, esto es, de nomenclatura. En primer lugar en el apartado primero, se es-tablece que los convenios colectivos han de “formalizarse por escrito”, en lugar de “efectuarse por escrito”; en el apartado ter-cero se simplifica la referencia a las publi-caciones oficiales en que deben publicarse los convenios colectivos; el apartado quinto, se vuelve a redactar, remitiéndolo a la Ley 36/2011, de 10 de octubre,

regula-dora de la Jurisdicción social, por último en el apartado sexto, se actualiza la deno-minación del Instituto de la Mujer, siendo ahora “Instituto de la Mujer y para la igual-dad de oportuniigual-dades”. En la sección 2.ª, relativa a la adhesión y extensión, que re-coge el artículo 92, en el que se regulan di-chos mecanismos.

Disposiciones adicionales

El Estatuto de los Trabajadores contará con veinte disposiciones adicionales, al haberse incorporado algunas de otras normas lega-les, además, se han derogado tres disposi-ciones.

La disposición final primera del texto de 1995, se convierte en la disposición adicio-nal primera, ya que se considera contenido más propio de una disposición adicional, de acuerdo con las Directrices de Técnica Nor-mativa de 2005.

La disposición adicional segunda, sobre los contratos para la formación y el aprendi-zaje.

Está formada por el apartado segundo de la disposición adicional decimonovena del vigente Estatuto y el apartado primero de la disposición adicional decimotercera de la Ley 35/2010, ambas referidas a las pe-culiaridades de esta modalidad de contrato en el ámbito de los programas públicos de empleo y formación.

En apartado primero de esta disposi-ción, se hace referencia a “los programas públicos de empleo y formación contempla-dos en la Ley de Empleo”, en lugar de la rea-lizada previamente a las acciones y medidas

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establecidas en el artículo 25.1.d) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

En la disposición adicional tercera, sobre negociación colectiva y contrato fijo de obra, la disposición adicional primera de la Ley 35/2010, sobre la regulación del con-trato fijo de obra en la construcción, se trae al Estatuto.

Disposición adicional novena, relativa a la Comisión Consultiva Nacional de Conve-nios Colectivos, integra la disposición final segunda del Estatuto (Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos) y la dis-posición adicional sexta de la Ley 3/2012 (Medidas de apoyo a la Comisión Consul-tiva Nacional de Convenios Colectivos), constituyendo el apartado cuarto, y la dis-posición adicional sexta del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, para el apartado quinto.

En las siguientes disposiciones adicio-nales se mantiene el contenido y su ubica-ción en el Estatuto:

Disposición adicional cuarta. Concep-tos retributivos.

Disposición adicional quinta. Personal de alta dirección.

Disposición adicional sexta. Represen-tación institucional de los empresarios.

Disposición adicional octava. Código de Trabajo.

Disposición adicional décima. Cláusu-las de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de ju-bilación.

Disposición adicional undécima. Acre-ditación de la capacidad representativa.

Disposición adicional duodécima. Prea-visos.

Disposición adicional decimotercera. Solución no judicial de conflictos.

Disposición adicional decimoquinta. Aplicación de los límites de duración del contrato por obra o servicio determinado y al encadenamiento de contratos en las Ad-ministraciones públicas.

En los siguientes casos se actualiza el contenido de la disposición y se modifica su ubicación:

Disposición adicional decimocuarta. Consideración de víctimas del terrorismo a efectos laborales (antes disposición adicio-nal vigésimo segunda).

Disposición adicional decimosexta. Aplicación del despido por causas económi-cas, técnieconómi-cas, organizativas o de producción en el sector público (antes disposición adi-cional vigésima).

Disposición adicional decimoséptima. Suspensión del contrato de trabajo y reduc-ción de jornada en las Administraciones pú-blicas (antes disposición adicional vigésimo primera).

Disposición adicional decimoctava. Dis-crepancias en materia de conciliación (antes disposición adicional decimoséptima).

Disposición adicional decimonovena. Cálculo de las indemnizaciones en determi-nados supuestos de jornada reducida (antes disposición adicional decimoctava).

Disposición adicional vigésima. Contra-tos formativos celebrados con trabajadores con discapacidad (antes disposición adicio-nal segunda y parcialmente en vigor).

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Disposición adicional vigesimoprimera. Sustitución de trabajadores excedentes por cuidado de familiares (antes disposición adicional decimocuarta).

Disposiciones transitorias

Se prevé refundir el texto correspondiente a estas, y, de las trece que hay en el vigente

ET, se prevé mantener solo parte de la

se-gunda y la totalidad de la disposición tran-sitoria decimotercera. Además, se han añadido otras, dando lugar a un total de doce disposiciones transitorias.

Disposición transitoria primera. Contra-tos celebrados antes de la entrada en vigor de esta ley. Se sustituye las vigentes disposi-ciones transitorias primera y segunda por una más genérica, indicando que continua-rán siendo de aplicación a los contratos ce-lebrados antes de la entrada en vigor de esta ley las normas específicas aplicables a cada una de las modalidades contractuales que estuvieran vigentes en el momento de cele-bración del contrato, salvo que otra cosa se hubiere establecido legalmente.

Disposición transitoria segunda. Con-tratos para la formación y el aprendizaje.

Los contratos para la formación y el aprendizaje podrán realizarse con menores de treinta años, hasta que la tasa de desem-pleo se sitúe por debajo del 15 por 100, sin que sea de aplicación el límite máximo de edad de 25 años que contempla el artículo 11.2.a)ET. Las referencias realizadas al

con-trato para la formación y el aprendizaje, en disposiciones legales, reglamentarias o con-venios colectivos, deberán entenderse

reali-zadas a partir del 31 de agosto de 2011, en la medida en que no se opongan o contradigan lo establecido en el artículo 11.2ET.

Respecto a la disposición transitoria ter-cera, sobre los contratos a tiempo parcial por jubilación parcial y de relevo y edad de jubilación, a los efectos de las previsiones sobre aplicación gradual del contrato de re-levo y de jubilación parcial, artículos 12.6 y 7ET, se tendrán en cuenta las edades

pre-vistas en los artículos 161 y 166 y en la dispo-sición transitoria vigésima de la Ley general de la Seguridad Social.

Disposición transitoria cuarta. Negocia-ción colectiva y modalidades contractuales. En materia de duración máxima del con-trato de obra o servicio se aplicará lo dis-puesto en el artículo 15.1.a)ET, sin perjuicio

de lo que estuviera establecido en los conve-nios colectivos sectoriales vigentes a 18 de junio de 2010 sobre la duración máxima del contrato.

La disposición transitoria quinta, sobre la limitación del encadenamiento de moda-lidades contractuales, recoge las reglas tem-porales aplicables en la sucesión de contratos temporales del mismo trabajador con la misma empresa.

Disposición transitoria sexta. El régi-men de horas complerégi-mentarias pactado con anterioridad al 22 de diciembre de 2013, continuará siendo de aplicación en los con-tratos vigentes a dicha fecha, salvo que las partes acuerden modificarlo, de conformi-dad a lo previsto en el artículo 12.4 y 5ET.

Disposición transitoria séptima. La du-ración del permiso de paternidad, en los

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casos de nacimiento, adopción o acogi-miento antes del 1 de enero de 2016, será de trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo cuando el hecho cau-sante se produzca antes del 1 de enero de 2016. A partir del 1 de enero de 2016, el artículo 48.7ET, el citado permiso se

am-pliará a cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en dos días más en los supues-tos anteriormente señalados. Esta previsión se incorpora de la disposición final segunda de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de Am-pliación de la duración del permiso de pa-ternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.

El permiso de paternidad de trece días se amplía a veinte cuando el nuevo naci-miento, adopción o acogimiento se pro-duzca en una familia numerosa, cuando la familia adquiera dicha condición con el nuevo nacimiento, adopción o acogi-miento o cuando en la familia haya una persona con discapacidad. Dicha duración se ampliará en el supuesto de parto, adop-ción o acogimiento múltiple en dos días más por cada hijo a partir del segundo, o si uno de ellos es una persona con disca-pacidad.

Disposición transitoria octava. Indem-nización por finalización del contrato tem-poral. Por una parte, se recoge, con una adaptación del tiempo verbal utilizado, el calendario de la actual disposición transi-toria decimotercera para la aplicación gra-dual de la indemnización prevista a la

finalización del contrato temporal. Por otra, se integra parte de la disposición tran-sitoria segunda de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, que excluyó de dicha indemnización las extin-ciones de contratos celebrados con ante-rioridad al 4 de marzo de 2001.

La disposición transitoria novena, incor-pora la disposición transitoria decimo-quinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas urgentes para la reforma del mer-cado laboral, que establece reglas transito-rias ante la consideración de nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos refe-ridas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

En la disposición transitoria décima, por una parte, los expedientes de regulación de empleo para la extinción o suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada que estuvieran en tramitación a 12 de febrero de 2012 se regirán por la nor-mativa vigente en el momento de su inicio. Por otra, los referidos expedientes resuel-tos por la autoridad laboral y con vigencia en su aplicación a 12 de febrero de 2012 se regirán por la normativa en vigor cuando se dictó el expediente. Se recogen las disposi-ciones transitorias décima de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y segunda de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la Pro-tección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden eco-nómico y social.

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En la disposición transitoria undé-cima, sobre la indemnización por despido improcedente, se recoge la determinación de la cuantía de la indemnización por des-pido improcedente, según que la celebra-ción del contrato se haya realizado antes o después del 12 de febrero de 2012. Se con-templa la indemnización por extinción disciplinaria o por causas objetivas de los contratos de fomento de la contratación indefinida. Se incorpora lo previsto en la disposición transitoria sexta de la citada Ley 3/2012.

Respecto a la disposición transitoria duodécima, sobre los salarios de tramita-ción, lo dispuesto en el artículo 56.5ET

será de aplicación a los expedientes de re-clamación al Estado de salarios de trami-tación en lo que no hubiera recaído

sentencia firme de despido el 15 de julio de 2012.

Disposiciones finales

Las disposiciones finales primera y se-gunda han pasado a ser las disposiciones adicionales primera y novena, respectiva-mente. La disposición adicional tercera, se integra en la nueva disposición final se-gunda. La disposición final cuarta se su-prime al existir consenso sobre la reserva de ley en materia de cotización. La dispo-sición final quinta se mantiene, apare-ciendo como disposición final segunda, ampliando su contenido. Las dos disposi-ciones finales son, la disposición final pri-mera, sobre el título competencial y la disposición final segunda, relativa al desa-rrollo reglamentario.

3. Observaciones generales

Durante las dos décadas transcurridas desde la aprobación, en marzo de 1995, del vigente texto refundido de la Ley el Esta-tuto de los Trabajadores (TRLET), se han

lle-vado a cabo numerosas modificaciones de esta norma en un contexto de cambios y transformaciones de naturaleza sociolabo-ral y económica. Las múltiples modificacio-nes delTRLETen estos años, incluidas varias

reformas laborales de calado, junto con la adición de nuevas disposiciones aprobadas por distintas normas de rango legal, y la ex-tensión de su regulación, hacían necesario

contar, y así se había reclamado desde dife-rentes ámbitos, con una nueva refundición que facilitase el conocimiento, la interpre-tación y la aplicación de dicha norma, cen-tral para las relaciones de trabajo. Desde estas consideraciones, parece adecuada la iniciativa de elaborar un nuevo texto refun-dido con los objetivos expresados en la me-moria que acompaña al Proyecto sometido a dictamen, como son integrar en un solo texto legal el texto refundido de laLETy

todas las disposiciones de igual rango que a partir de 1995 han venido a modificarlo o a

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extender su regulación más allá de la exis-tente entonces, así como a regularizar, acla-rar y armonizar las disposiciones legales que se integran.

Pero, precisamente, la relevancia y el ca-rácter central que presenta para las relacio-nes individuales y colectivas de trabajo el

TRLET exigirían, en opinión del Consejo

Económico y Social, una mayor atención al procedimiento a seguir para su elaboración en lo que respecta a la participación en el mismo de los interlocutores sociales. La consulta efectuada a las organizaciones sin-dicales y empresariales más representativas, que se ha concretado a través del trámite de audiencia regulado en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, propio del pro-cedimiento de elaboración de los reglamen-tos, se ha acompañado de la aplicación del mínimo plazo allí previsto (7 días), sin que se hayan motivado las razones de ese trá-mite abreviado. Dicho plazo resulta insufi-ciente, en opinión de este Consejo, para garantizar el cumplimiento adecuado de la consulta en relación con una norma de esta importancia y características. Como tam-bién lo es el plazo de urgencia otorgado para la evacuación de dictamen por este órgano consultivo. El resultado perseguido, y con-cretado en el Proyecto de Real Decreto le-gislativo, de refundir, aclarar y armonizar este conjunto de disposiciones legales, en relación con el texto de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, demanda una labor de análisis exhaustivo y detenido por parte de los sujetos consultados que no parece posi-ble efectuar en tan corto espacio de tiempo.

Más allá de dejar constancia de la insu-ficiencia de los plazos, elCESconsidera

ne-cesario llamar la atención sobre lo que entiende inadecuación del procedimiento seguido para canalizar la participación de los interlocutores sociales, procedimiento que debería haber garantizado una consulta real y con suficiente antelación a las orga-nizaciones empresariales y sindicales más representativas en relación con la labor re-fundidora acometida.

Desde una perspectiva de concepción general de las normas laborales, elCES

con-sidera que la iniciativa de elaboración de un nuevo texto refundido de la Ley del Esta-tuto de los Trabajadores, como la que cons-tituye el objeto de este dictamen, no debería ser óbice para acometer la elaboración del Código de Trabajo previsto en la disposi-ción adicional octava del vigente texto re-fundido, en el marco de un procedimiento que garantice una participación mediante el diálogo con las organizaciones de los in-terlocutores sociales.

En relación al contenido del Proyecto de Real Decreto legislativo, y desde una pers-pectiva también de consideraciones gene-rales, se estima necesario llamar la atención sobre la necesidad de mejorar determina-dos aspectos del mismo, de carácter formal pero no por ello carentes de relevancia. Tal es el caso de las referencias que se efectúan en el mismo a otras leyes, referencias que, en algunos casos, se hacen mediante la cita completa, en otros utilizando solamente la denominación de las mismas (a modo de ejemplo, la referencia a la Ley de

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Preven-ción de riesgos laborales contenida en el artículo 19.4) y, en otros aludiendo única-mente a su identificación cronológica (a modo de ejemplo, la referencia a la Ley Or-gánica 5/2002, contenida en el artículo 11.2.e). Parece aconsejable, por ello, homo-geneizar el conjunto de las referencias nor-mativas mediante la cita completa de las disposiciones en todos los casos. En este mismo orden de cosas, en las remisiones que se hacen a otros preceptos normativos,

elCESestima aconsejable hacer mención al

contenido de los artículos o disposiciones, en vez de a los numerales de los mismos, en aras de facilitar la lectura y la comprensión de las normas consideradas.

A continuación se formulan observacio-nes particulares al articulado, señalando que, a la vista de la insuficiencia mencionada del plazo de la consulta al CES, el dictamen

aborda únicamente los cambios que parecen más relevantes en el texto refundido.

4. Observaciones particulares

Artículo 6. Trabajo de los menores

El apartado 2 de este precepto establece que los trabajadores menores de diecio-cho años no podrán realizar trabajos noc-turnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establez-can limitaciones a su contratación con-forme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales.

En el texto en vigor, se hace referencia a que los trabajadores menores de diecio-cho años no podrán realizar trabajos noc-turnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con las organizaciones sin-dicales más representativas, declare insa-lubres, penosos, nocivos o peligrosos tanto para su salud como para su formación pro-fesional y humana.

Respecto a la nueva redacción que in-corpora el apartado 2, elCESllama la

aten-ción sobre los cambios y la remisión que introduce el nuevo precepto a lo dispuesto en la Ley de Prevención de riesgos labora-les, en el sentido de que no se mantendrían los criterios sustantivos que se desprenden de laLETpara la protección de los menores

así como la referencia a su formación profe-sional y humana. Por ello, elCESentiende

que se debería mantener la redacción vi-gente de este apartado, más clara en rela-ción con el conjunto de la normativa aplicable sobre la materia.

Artículo 8. Forma del contrato

En este artículo, que contiene entre otros as-pectos el régimen jurídico de la forma del contrato de trabajo, se prevén diversos cam-bios en la redacción del apartado 4 (al que se

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desplaza el contenido del actual apartado 3), en relación con la obligación del empresario de proporcionar una copia básica de los con-tratos que deban celebrarse por escrito a ex-cepción de los de alta dirección. Entre dichos cambios figura la adición de un inciso al final del párrafo segundo de dicho apartado, según el cual “El tratamiento de la informa-ción facilitada estará sometido a los princi-pios y garantías previstos en la normativa aplicable en materia de protección de datos”. ElCESconsidera, en relación con este

inciso, que, sin perjuicio del carácter trans-versal de la normativa de protección de datos, y por tanto de su aplicación a los su-jetos de la relación de trabajo en los térmi-nos en ella señalados, no parece necesaria su incorporación en este precepto ni ade-cuada dado el sentido unidireccional que presenta su redacción.

Artículo 19. Seguridad y salud

En este precepto, en el que se actualiza el tí-tulo en vigor por el de seguridad y salud, en su apartado 4 se da una nueva redacción es-tableciendo que el empresario está obligado a garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva y el traba-jador está obligado a seguirla y realizarla, todo ello en los términos señalados en la Ley de Prevención de riesgos laborales y en sus normas de desarrollo.

El texto en vigor hace alusión también a la obligación de facilitar la formación

cuando cambien de puesto de trabajo o ten-gan que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos graves para el trabajador o para sus compañeros o terceros. ElCES

en-tiende que debería mantenerse dicha redac-ción que especifica tal obligaredac-ción de impartir formación en caso de que los trabajadores cambien de actividad, de modo que el nuevo texto no suponga una merma en el derecho de protección eficaz en materia de seguri-dad y salud de los trabajadores.

El apartado 5 regula la actuación de los órganos internos de la empresa competen-tes en materia de seguridad y salud en el tra-bajo en caso de probabilidad seria y grave de accidente por la inobservancia de la le-gislación aplicable en la materia, así como la paralización de las actividades que podrá ser acordada por decisión de los órganos competentes o por el 75 por 100 de los re-presentantes de los trabajadores en empre-sas con procesos discontinuos y de la totalidad de los mismos en aquellas cuyo proceso sea continuo.

ElCESseñala que este precepto adolece

de una falta de concordancia con la norma especial en materia de prevención de ries-gos laborales, en concreto con lo dispuesto en su artículo 21, en el supuesto de riesgo grave e inminente, donde se establece que el acuerdo de paralización podrá ser adop-tado por decisión mayoritaria de los repre-sentantes de los trabajadores.

A juicio delCES, la modificación del

apar-tado 4, manteniendo en su integridad el apartado 5, produce mayor grado de

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insegu-ridad por la falta de concordancia señalada, por lo que considera que se debe revisar la modificación proyectada del artículo 19 en cuanto a la discordancia de fondo señalada, sin perjuicio de la oportunidad de la actua-lización terminológica.

Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos

En el apartado séptimo del presente artículo se establece que las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y la determina-ción de los periodos de disfrute previstos en los apartados 4, 5 y 6 —de este precepto— serán resueltas por la jurisdicción social, y es en la disposición adicional decimoctava donde se incorpora la remisión al artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, re-guladora de la Jurisdicción social (LRJS).

A juicio delCESsería aconsejable

mante-ner en el texto del apartado séptimo la refe-rencia al artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción social, como actualmente se hace en el párrafo segundo del apartado sexto, y ello porque tiene un carácter más vi-sible y porque así se hace en otros precep-tos del presente Proyecto objeto de dictamen, en relación con las discrepancias entre empresarios y trabajadores en el ejer-cicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente y en otros pre-ceptos en los que también se sigue mante-niendo no solo la referencia a la Ley de la Jurisdicción social, sino también título y

ca-pítulo que regula en concreto un procedi-miento especial , como es el caso del artículo 65.5 de laLET.

Artículo 45. Causas y efectos de la suspensión y artículo 48. Suspensión con reserva de puesto de trabajo

En el artículo 45, al relacionar las causas de suspensión del contrato de trabajo, se su-prime la relativa al cumplimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria (letra e) del artículo 45 del vigente texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo). Por su parte, en el artículo 48, que establece el régimen jurídico de la suspensión del contrato de trabajo, se elimina, en su aparado tercero, la referencia al servicio militar o prestación social en cohe-rencia con la supresión, llevada a cabo en el citado artículo 45, de estas como causas sus-pensivas del contrato de trabajo.

A este respecto, elCESllama la atención

de que el cumplimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria se encuentra en la actualidad únicamente suspendido, por lo que alCESle suscita dudas la supresión de los

mencionados supuestos de suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo.

Artículo 53. Forma y efectos de la extinción por causas objetivas

El apartado 4.a) establece que será nula la decisión extintiva durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo por

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ma-ternidad, adopción o acogimiento, paterni-dad, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural a que se refie-ren los artículos 45.1.d) y e) o por enferme-dades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, o la notificada en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dichos periodos.

ElCESllama la atención sobre la

modifi-cación que puede introducir este apartado con respecto al texto vigente al cambiar la coma existente entre riesgo durante el em-barazo y riesgo durante la lactancia por la conjunción “o”, por lo que a juicio delCES

sería más correcto mantener la coma entre ambos supuestos sin introducir ninguna disyuntiva entre las dos situaciones, mante-niendo por tanto la redacción vigente.

Artículo 85. Contenido

Este artículo, que regula el contenido de los convenios colectivos, establece en su apar-tado tercero que: “Sin perjuicio de la liber-tad de contratación a que se refiere el apartado anterior, los convenios colectivos habrán de expresar como contenido mí-nimo lo siguiente: (…)”.

En relación con el mismo extremo del actual artículo 85, lo que viene a hacer el precepto proyectado es cambiar la palabra “párrafo” por la de “apartado”. A este res-pecto, elCESllama la atención sobre que este

cambio terminológico en dicha frase no proporciona claridad al texto, pues la refe-rencia a la libertad de contratación está en el apartado primero y no en el segundo,

exis-tiendo ya un error en la redacción actual al referirse al párrafo anterior, por lo que la re-ferencia debe ser al párrafo final del apar-tado primero del este artículo 85.

Artículo 90. Validez

El vigente TRLET, en el apartado 5 del

artículo 90, establece que si la autoridad la-boral estima que algún convenio conculca la legalidad vigente, o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción competente, la cual adoptará las medidas que procedan al objeto de sub-sanar supuestas anomalías, previa audien-cia de las partes. En la redacción proyectada de este apartado se establece que si la auto-ridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente o lesiona gra-vemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción social, la cual resol-verá sobre las posibles deficiencias previa audiencia de las partes, conforme a lo esta-blecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción social.

ElCESconsidera que la citada nueva

dacción del apartado quinto no aclara la re-gulación del supuesto contemplado, por lo que debería revisarse la modificación pro-yectada.

Disposición adicional novena. Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

A juicio delCES, en el apartado quinto de

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de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, en el caso de que al-guna comunidad autónoma no tuviera constituido y en funcionamiento un ór-gano tripartito equivalente a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colec-tivos ni mantuviera convenio de colabo-ración en vigor con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordando la actuación de la Comisión en el ámbito te-rritorial de esa comunidad, se debería uti-lizar la conjunción “o” cuando en el mismo se dice que la “(…) Comisión Con-sultiva Nacional de Convenios Colectivos podrá, subsidiariamente, conocer de las solicitudes presentadas por las empresas y los representantes legales de los trabaja-dores (…)”. Con ello, en opinión delCES, el

texto se adecuaría a lo dispuesto en el artículo 82.3.

Disposición adicional undécima.

Acreditación de la capacidad representativa

En esta disposición se establece que “A los efectos de expedición de las certificaciones acreditativas de la capacidad representativa en el ámbito estatal prevista en el artículo 75.7, las comunidades autónomas deberán remitir mensualmente copia de las actas electorales registradas a la oficina pública estatal”.

A juicio delCES, sería oportuno aclarar,

en esta disposición, que la misma alude a la capacidad representativa de las organiza-ciones sindicales, en la medida en que esta se refiere a actas electorales.

5. Conclusiones

ElCESremite las conclusiones del presente

dictamen a las que se desprenden de las

ob-servaciones generales y particulares que se formulan en el mismo.

Madrid, 28 de julio de 2015

V.º. B.º El Presidente Marcos Peña Pinto

La Secretaria General Soledad Córdova Garrido

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