DEL DIP. VÍCTOR VALENCIA DE LOS SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ADICIONANDO UN PÁRRAFO SEGUNDO AL INCISO E).
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,ADICIONANDO UN PARRAFO SEGUNDO AL INCISO "E",SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR LEOPOLDO VALENCIA DE LOS SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI.
El suscrito diputado federal Víctor Valencia de los Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara de Diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa, que contiene proyecto de Decreto para reformar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando un párrafo segundo al inciso "e" con la finalidad de quelas armas que decomise al narcotráfico y delincuencia organizada la Procuraduría General de la República, las Secretarías de Seguridad Pública Federal, de la Defensa Nacional, de Marina y, las diversas corporaciones policíacas del país, serán donadas a las entidades federativas y municipios para combatir a la delincuencia conforme al marco legal aplicable, en consideración de lasiguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Informes nacionales y de organismos internacionales coinciden en señalar que el tráfico de armas en México sigue dándose mediante pequeños cargamentos u "operaciones hormiga". En un informe que hizo llegar la Procuraduría General de la República (PGR) al Senado de la República, se precisa que las autoridades federales decomisaron al narcotráfico el año pasado 8 mil 500 armas, entre ellas "lanza cohetes tierra-tierra", diseñados para destruir vehículos blindados ligeros.
El documento en comento fue elaborado por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la PGR, detalla que entre las armas incautadas a miembros de la delincuencia organizada figuran también ametralladoras Barret calibre 50 milímetros, con capacidad para atravesar blindajes convencionales y unidades ligeras, así como ametralladoras Thompson, de origen estadunidense; Galil y Uzi, provenientes de Israel; HMPK, de manufactura alemana, y las hay también francesas y belgas.
Igualmente, se detalla que del total de armas incautadas a narcotraficantesen 2007,4 mil 333 son largas y otras 4 mil 205 cortas, además de que se decomisaron también 518 granadas.
El informe señala que las células del narcotráfico se dedican a "la adquisición de armas de fuego para facilitar el tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas", y para ello utilizan el corredor integrado por Tijuana, Baja California; Nogales, Sonora, y Nuevo Laredo, Tamaulipas".Sonora y Baja California son puntos de inicio del tráfico de armas, que pasan por el Distrito Federal al sur del territorio nacional; ello hace evidente que sí antes los grupos criminales luchaban por rutas de tráfico hacia Estados Unidos y habían llegado a cierto equilibrio, ahora luchan calle por calle por los mercados locales de distribución y consumo, y cada vez de manera más descentralizada y, por lo tanto, difícil de controlar.
Expertos en temas de Delincuencia Organizada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalan que México es uno de los seis países con mayor delincuencia organizada y niveles de errores judiciales en el impulso y procesamiento de causas penales, solamente superado por Iraq, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Guinea Ecuatorial. Consideran que México está ubicado en un nivel de casi 87 por ciento de errores en los expedientes que ya son investigaciones, impulsos o procesamientos de causas penales, lo anteriormente expuesto lo apuntan tras considerar
que una de las causas del incremento de la delincuencia organizada es que a nivel municipal, nuestro país sufre un proceso de "feudalización" mediante el cual llegan al poder los "actores criminales".
En materia de seguridad, las perspectivas para el año 2008 continúan siendo poco alentadoras para nuestro país: la incidencia de delitos violentos como consecuencia del combate del gobierno federal contra el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, es probable que continúe ocupando los primeros lugares de atención nacional, implicando una creciente tensión social.
Sin embargo, debe aceptarse al menos que -de manera gradual- las autoridades han empezado a comprender la magnitud del fenómeno delictivo y están buscando e impulsando soluciones ante un problema que tardará varios años en controlarse.
Al margen de las llamadas cifras oficiales, que difícilmente reflejan la realidad observada por los mexicanos, distintos especialistas de asociaciones dedicadas al tema de la seguridad en sus diversas modalidades (CISEN, INACIPE, ICESI, INSYDE, ASIS, CNSP, FEPASEP, México Unido contra la Delincuencia), así como analistas, comentaristas de medios, académicos y estudiosos de la materia, coinciden en que no disminuirán los niveles de inseguridad en el 2008, tanto para las personas, como para empresas e instituciones.
El gobierno mexicano, al verse rebasado en al menos los últimos 7 años en materia de seguridad, optó por recurrir a las fuerzas armadas para intentar poner orden en las calles, carreteras y espacios públicos. Situación excepcional, que no es típica sólo de México, pues en América Latina ha sido recurrente utilizar a las fuerzas del Estado para este propósito, como lo ejemplifican Brasil, Chile, Colombia o El Salvador.
Desafortunadamente, una mayor presencia de las fuerzas armadas en tareas de combate al narcotráfico y crimen organizado en nuestro país, puede desembocar en mayores riesgos de fricción social, debido a los operativos instrumentados y la capacidad de respuesta de los grupos delictivos.
Aunado a lo anterior, debe tenerse presente otra grave amenaza derivada de la deserción de más de 123,000 elementos del ejército entre los años 2000 a 2006. Si tan sólo un 20% hubiera sido captado por el crimen organizado, éste tendría a su disposición cerca de 25,000 elementos entrenados, armados y con información sobre el funcionamiento del gobierno. Muchos desertores del ejército se convierten en sicarios del narcotráfico, como el caso de los denominados Zetas, quienes también suelen delinquir por cuenta propia en muchas regiones del territorio nacional.
La seguridad es un fenómeno de percepción y la percepción es realidad. Ante el incremento de delitos violentos y no violentos en buena parte del territorio nacional, es imperativo mantener este tema como una de las prioridades en la agenda gubernamental y del empresariado que opera en México, revisar nuevamente las condiciones de seguridad que prevalecen en las organizaciones, disminuir vulnerabilidades y diseñar mecanismos e instrumentos prácticos de inteligencia, detección, prevención y respuesta para mitigar el impacto de posibles riesgos a materializarse.
En el arranque del año, por recomendación del CISEN y Ejército Mexicano, la Presidencia de la República anunció como parte de su estrategia para combatir la delincuencia organizada un incremento del 30% en el gasto de vigilancia para la protección de sus inmuebles y la logística de eventos presidenciales, equivalente a 7.3 millones de pesos en gastos de personal, más 23 millones de pesos en recursos materiales.
Cabe hacer notar que, si la propia oficina del Presidente instrumenta nuevos mecanismos de seguridad ante riesgos potenciales, lo procedente para el sector empresarial, especialmente del sistema financiero y bancario mexicano, es adoptar medidas en consonancia con la siniestralidad derivada de la escalada de delitos violentos y no violentos, registrados a lo largo del territorio nacional.
La inseguridad en México, al igual que el desempleo y la pobreza siguen siendo en este momento las principales preocupaciones de los mexicanos. En el primer punto, el gobierno calderonista decidió iniciar su mandato con una
cruzada contra el crimen organizado cuya respuesta, en extremo violenta en algunos Estados del país y en el Distrito Federal, se ha disparado afectando lastimosamente a la población y dejando mayor sensación de inseguridad.
Además de la pobreza endémica y la mala remuneración en una gran cantidad y diversidad de empleos, algunos factores abonados al incremento de la criminalidad común y organizada en México son: impunidad, comercio ilícito, penetración del crimen organizado en instituciones de seguridad pública y, en forma significativa, la corrupción del gobierno.
En efecto, estamos ante una triste realidad, mientras el crimen organizado avanza, las corporaciones policiales se detienen.Así tenemos que hay corporaciones policíacas municipales en las que sus elementos lamentablemente pasan semanas sin portar un arma, también carecen de cargadores, chalecos, esposas, lámparas y hasta radios. Resulta incongruente pretender dar seguridad con elementos policiacos, cuando dichos agentes comprometidos con la sociedad, no pueden patrullar con seguridad por la ciudad, por carecer de armas que les den un mínimo de garantía para poder hacer frente a la delincuencia.
Salvo contados casos, las policías carecen de herramientas elementales para combatir la inseguridad, por ende se contempla que es un hecho que la policía en México, está rebasada por el crimen organizado.
En muchos de los casos, los municipales se ven forzados a realizar su trabajo sin la protección de un arma de fuego, en algunos otros, una sola pistola es compartida por varios agentes en diferentes horarios, lo cual representa un riesgo para los policías mismos.
Es necesario hacer mención que el problema no es tan sólo la falta de armas en las corporaciones municipales, sino que las existentes, tienen ya muchos años siendo utilizadas. Existe por lo menos una cantidad considerable de revólveres que cuentan con más de 30 años de antigüedad, y pese a un buen mantenimiento, no se garantiza que funcionen de manera adecuada cuando sean utilizadas en una emergencia por la policía.
Se identifica que el mayor problema en materia de seguridad pública radica en la falta de infraestructura (patrullas, chalecos efectivos, pistolas, radios, motocicletas) de las corporaciones policíacas y, en segundo término, el aumento en cantidad y calidad de los agentes, aquí es menester reconocer que el problema de la inseguridad se agrava en razón de que los agentes de las policías carecen de los conocimientos suficientes como para abatir la delincuencia. El escueto entrenamiento que se les brinda a los futuros agentes comprometidos con salvaguardar la seguridad de la sociedad, por lo regular se da en un periodo de 3 meses donde, aparte de materias como criminología, principio de legalidad y derechos humanos, aprenden en específico el tipo de armas que utiliza la corporación a la que está destinada. Ni más ni menos, en el mejor de los casos.
En sí, éste es un curso básico para todas las corporaciones; para poderse desempeñar los miembros de las policías municipales, es común encontrase que van aprendiendo en la calle cómo van a desarrollar las destrezas.
Combatir la inseguridad pública es un reiterado reclamo social, la delincuencia afecta la convivencia de la sociedad e inhibe el desarrollo de las actividades productivas, Por ello, atenderse es el principal compromiso y el deber más importante que tenemos los representantes sociales.
La sociedad está inconforme y exige acciones concretas e inmediatas tales como el que se disminuyan los índices de criminalidad; se evite la violación de los derechos humanos; se erradique la corrupción e impunidad; se garantice la estricta aplicación de la ley y se propicie el respeto y la convivencia armónica de todos los sectores sociales.
Para recuperar la tranquilidad y confianza en leyes, instituciones y servidores públicos responsables de la seguridad, es indispensable la participación activa de la sociedad y sus organizaciones cívicas, gremiales y profesionales. Al gobierno, en sus tres niveles, le corresponde coordinar las acciones para que la seguridad pública
cumpla con los objetivos de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, brindar protección a su patrimonio, y garantizar la paz en nuestras ciudades y comunidades, en carreteras y caminos, en escuelas y centros de trabajo. Necesitamos unir esfuerzos para combatir la presencia del narcotráfico y sus ominosas consecuencias sociales y para abatir los altos índices delictivos.
El compromiso debe estar encaminado a fortalecer los cuerpos policiales preventivos, reforzar el sistema de procuración de justicia y avanzar en la readaptación social. Se debe de responder de manera enérgica y decidida, al reclamo de la ciudadanía de vivir en un entorno de seguridad, tranquilidad y apego a la ley. Para alcanzar este propósito es necesario adoptar medidas radicales, acciones integrales y esfuerzos que involucren a toda la sociedad. Demanda también una estrecha colaboración de los tres poderes del estado.
Por ello ante los grandes retos en materia de seguridad pública, es necesario plantear nuevos enfoques y reorientar la política de combate a la delincuencia hacia un concepto que comprenda de manera integral la prevención, persecución, sanción de los delitos e infracciones y la readaptación social. Asimismo la concurrencia de acciones por parte de los gobiernos federal, estatal ymunicipal, con su esfuerzo en los respectivos ámbitos de competencia, será un componente fundamental en la lucha contra la delincuencia.
En este ánimo de articular acciones que permitan erradicar los índices de la delincuencia en todo el país, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),en suXXIII ReuniónOrdinaria, celebrada en Zacatecas, Zacatecas, en fecha 16 de marzo de 2005, entre los Acuerdos sostenidos de las Reuniones Plenarias de Gobernadores relativos a la Comisión de Seguridad Pública, se aprobó que: dicha Comisión solicite a las autoridades federales competentes, que el armamento decomisado al crimen organizado y al narcotráfico, sea donado a las entidades federativas, de conformidad al marco legal aplicable.
El suscrito, a través de la presente iniciativa, y en mi carácter de Secretario de la Comisión de Seguridad Pública, pretendo respaldar este último planteamiento, en virtud de estoy plenamente convencido que adoptando esta estrategia, a través de la figura de la donación o de la extensión de dominio, se podrá hacer frente a la delincuencia; ya que como se ha expuesto, nuestros cuerpos policíacos no cuentan con el armamento necesario para cumplir con el cometido que es suprimir uno de los flagelos que laceran a la sociedad, la delincuencia.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando un segundo párrafo al inciso "e)" para quedar como sigue:
Artículo 21.... ... ... ... ... ... ...
...
a)a lad) ... e) ...
Las armas que decomise al narcotráfico y delincuencia organizada,la Procuraduría General de la República, las Secretarías de Seguridad Pública Federal, de la Defensa Nacional, de Marina y, las diversas corporaciones policíacas del país, serán donadas a las entidades federativas y municipios para combatir a la delincuencia conforme al marco legal aplicable.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión dispondrá lo necesario para adaptar la normatividad secundaria en materia de seguridad pública a los preceptos relativos de esta Constitución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a01 de julio de 2008. Dip. Víctor L.Valencia de los Santos.
