TESIS DOCTORAL

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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA Departamento de Antropología Social

TESIS DOCTORAL

Las políticas sociales en perspectiva socio-antropológica:

estudio de la gestión y aplicación de la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid con el colectivo gitano

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR

Ariadna Ayala Rubio

Directores

María Isabel Jociles Rubio

Madrid, 2012

© Ariadna Ayala Rubio, 2012

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Las políticas sociales en perspectiva socio-antropológica: estudio de la gestión y aplicación de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid

con el colectivo gitano

Doctoranda: Ariadna Ayala Rubio Directora: María Isabel Jociles Rubio Departamento: Antropología Social, UCM Programa Doctorado: "Antropología Social de la Diversidad Cultural y la Ciudadanía"

Marzo de 2012

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Agradecimientos:

A Aitana, por regalarnos su presencia. A Inti, por acompañarme en este camino y ayudarme hasta el final. A mi directora de tesis, María Isabel Jociles, por el apoyo y dedicación que le ha prestado a mi tesis. A mi vecina, por brindarme un espacio de tranquilidad para trabajar y decirme que podía ser madre y doctoranda. A mi madre, Ana, y a mi tía, Pili, por la fortaleza y los cuidados que nos han prodigado para que pudiera sacar este proyecto adelante. Muchas gracias.

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Índice

Introducción 1

0.1 Presentación 1

0.2 Estado de la cuestión 8

0.2.1 Los estudios sobre las rentas mínimas en Francia y España ... 8

0.2.2 Apuntes sobre otros estudios y otras cuestiones relacionadas con éste ... 16

0.3 Metodología 18 0.3.1 Trabajo de campo ... 19

0.3.1.1 Las fases del trabajo de campo ... 19

0.3.1.2 El acceso al campo... 20

0.3.2 Descripción de los asentamientos donde se realizó observación participante ... 23

0.3.2.1 El Cañaveral o La Jungla... 24

0.3.2.2 Santa Catalina ... 24

0.3.2.3 Cañada Real Galiana... 25

0.3.2.3.1 Cañada Real-zona de Valdemingómez... 26

0.3.2.3.2 Cañada Real-zona Rivas... 27

0.3.3 Metodología seguida en la investigación sobre hábitos de salud en el colectivo gitano... 28

0.3.4 Metodología seguida en la investigación sobre la RMI y el colectivo gitano... 29

0.3.4.1 Entrevistas ... 29

0.3.4.2 Observación participante ... 30

0.3.4.2.1 Observación en proyectos educativos para beneficiarios de la RMI ... 31

0.3.4.2.2 Observación en foros y jornadas... 33

Capítulo 1: El Estado frente a la exclusión social. Las políticas de rentas mínimas 35 1.1 Las rentas mínimas en el Estado Español 42 1.2 El Ingreso Madrileño de Integración, predecesor de la Renta Mínima de Inserción en Madrid 46 1.2.1 El IMI, y el trabajo con el colectivo gitano: el contexto de la intervención social en los 90 ... 52

1.2.1.1 IMI y estrategias de intervención de los trabajadores sociales de Servicios Sociales... 60

1.3 La RMI en la Comunidad de Madrid 66 1.3.1 La prestación económica ... 72

1.3.1.1 Requisitos para percibir la prestación económica de la RMI... 72

1.3.1.2 La cuantía de la prestación económica de la RMI... 72 1.4 Resumen del proceso de solicitud de la prestación 74 1.5 Algunos datos numéricos sobre los perceptores de la RMI durante el

2010 77

1.6 Recapitulación 79

Capítulo 2: Factores que dificultan la aplicación y gestión de la RMI 83 2.1 Factores concernientes a la ambigüedad de la ley 83 2.2 Factores concernientes a la inclusión de la gestión de la RMI dentro de

la lógica administrativa 98

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2.2.1 Algunas excepciones a los protocolos de la RMI para usuarios que trabajan en la

economía informal... 102 2.3 Condiciones estructurales que dificultan la implantación de la RMI 104 2.4 Factores políticos. El contexto social de los Servicios Sociales actuales:

el electoralismo ‘ciudadanista’ y la intrusión política en los Servicios

Sociales 111

2.5 Los profesionales “técnicos” como conocedores parciales de las

medidas de inclusión social 116

2.6 El establecimiento de jerarquías poco claras entre instituciones que

gestionan o ejecutan la RMI 117

2.7 Condiciones laborales debidas a la externalización y precarización del

ámbito de la intervención social 123

2.8 Los gitanos en los Servicios Sociales: su construcción como colectivo

“resistente” y “demandante” 128

2.8.1 La RMI y la precariedad económica: la desconfianza hacia los gitanos derivada de

la compatibilización de la RMI con ingresos provenientes de la economía informal... 133 2.8.2 Tensiones con el colectivo gitano en el marco de las instituciones públicas ... 135

Capítulo 3: Concepciones de los profesionales sobre la exclusión social, la

integración, el sujeto legítimo de la intervención social y el colectivo gitano 143 3.1 Exclusión, integración y sujeto legítimo de la intervención social 143 3.2 La importancia del “hacer algo” como constitutivo del sujeto racional

moderno 155 3.3 El lenguaje de la autonomía en el ámbito de la intervención socio-

educativa 159

Capítulo 4: Lo gitano como categoría – problema de la intervención social 165 4.1 Las deportaciones de gitanos en Francia y en España 165 4.2 Lo socio-cultural como raíz del problema de los gitanos: cuando la

discriminación y estigmatización proviene de informes técnico-

profesionales. 169 4.2.1 Un caso concreto: el informe de los asentamientos marginales del área 1 ... 172

Capítulo 5: Estrategias profesionales en la aplicación de la RMI 191 5.1 Estrategias del grupo fiscalizador para hacer cumplir el PII 207 5.2 Una aplicación diferente: los trabajadores sociales que se desvinculan

de la autoridad 220

Capítulo 6: Las experiencias y los puntos de vista de los gitanos sobre la RMI 233

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6.1 La clasificación de los beneficiarios gitanos de acuerdo a clases

sociales 234

6.2 RMI, desconfianza y contexto de percepción de los Servicios Sociales 237 6.3 Estrategias productivas del colectivo gitano perceptor de la RMI 243

6.4 La relación subjetiva con el trabajo 245

6.5 El nerviosismo ante los Servicios Sociales: la auto-representación de los beneficiarios de clase baja y media-baja como sujetos sin poder de

negociación con respecto a los profesionales de Servicios Sociales 254 6.6 La petición de recursos sociales: estrategias de auto-presentación y

legitimación ante los profesionales 259

6.7 RMI y profesionales 274

6.7.1 La demanda gitana como demanda desadaptada: la búsqueda de alianzas

personales con los profesionales del trabajo social... 276 6.7.2 Trabajadores sociales vs. educadores sociales ... 279

Capítulo 7: Las actividades educativas con gitanos en los grupos de la RMI 287 7.1 La mujer gitana como terreno abonado para la intervención social 288 7.2 La resocialización de la mujer gitana en los cursos de alfabetización la

RMI. Los contenidos más frecuentes 295

7.2.1 La autonomización de la mujer como etapa necesaria en “la “evolución hacia la

liberación femenina” ... 302 7.2.2 Un inciso: las mediadoras sociales como emblema de la modernización de la

mujer gitana... 305 7.2.3 Algunas hipótesis sobre la participación en “el culto” y el cambio de roles de

género de las mujeres gitanas ... 310 7.3 Alfabetización e infantilización: consecuencias corporales de la práctica

de la lectoescritura en los grupos RMI 314 7.4 El “control blando” en los espacios educativos asociados a la RMI y

algunas tácticas de resistencia de las alumnas 318 7.5 Maternalismo y moralización en los grupos RMI: lo que implica educar 323

Conclusiones 333

Bibliografía 349

Anexo: Guiones de entrevistas 369

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Introducción

0.1 Presentación

Esta tesis doctoral parte de algunas hipótesis que se generaron en el desarrollo de una investigación titulada “Actitudes y pautas de comportamiento con relación a la salud de la población gitana madrileña”¹, que se llevó a cabo en el año 2008. Ahora bien, aunque arranque de dichas hipótesis, esta investigación no ha sido la única que le ha servido de base empírica, sino que hay que añadir otra, también de carácter socio-antropológico, que ha supuesto un desplazamiento temático y conceptual importante con respecto al objeto de estudio que guió a la primera, puesto que se ha centrado en la gestión de la Renta Mínima de Inserción (en adelante la RMI²) y en su aplicación con esa misma población. En el transcurso del primer estudio, que versaba sobre las prácticas relacionadas con el cuidado de salud del colectivo gitano madrileño en situación de vulnerabilidad, se destacó una vertiente de este colectivo que entonces no pudo ser investigada, pero se convirtió en el núcleo de reflexión del segundo estudio y, de este modo, de la tesis doctoral que aquí se presenta: el uso de la referida prestación económica para promover, desde diferentes espacios educativos y de intervención social vinculados a ella, un cambio de comportamientos en la población gitana. Así, la RMI aparecía recurrentemente en los discursos de los profesionales socio-sanitarios³ entrevistados durante la primera investigación mencionada como un medio que permitía captar a una población gitana para poder así intervenir socio-educativamente en diferentes ámbitos, alrededor de los cuales se congregaban diversas instituciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones, la mayoría subsidiarias de la Administración Pública.

Y en distintos documentos técnicos sobre exclusión social que entonces consulté, la RMI era

1 El informe de esta investigación, realizada para el Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid a través de un convenio de esta entidad con el Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, y publicado en 2008, puede ser consultado en:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1161769242584&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2PTSA_pintarContenidoFinal

&vest=1156329914017.

2 La Renta Mínima de Inserción se conoce, en el lenguaje técnico de los profesionales y de algunos beneficiarios de la misma, como “la remi”. A efectos de facilitar la lectura de este trabajo, en adelante usaré preferentemente los términos

“remi” o la RMI para designar esta prestación económica.

3 En la fase de acercamiento al campo contacté con el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) de la Comunidad de Madrid, así como con asociaciones y ONG que conocía por haber estado trabajando antes como educadora en una ONG que realizaba actividades de promoción de la salud con drogodependientes en Las Barranquillas, asentamiento chabolista de la zona sur de Madrid, cercano a Merca Madrid, conocido por la venta de sustancias ilegales y por ser el espacio donde la Agencia Antidroga ubico la primera sala de consumo supervisado de España en el año 2000, también conocida como “narcosala” y que, en diciembre 2011, fue clausurada por la CM. Su nombre oficial era Dispositivo Asistencial de Venopunción (DAVE). Fuentes:

http://www.abc.es/20111212/madrid/abcp-cuando-cierre-narcosala-quedaremos-20111212.html;

http://www.abc.es/20111227/madrid/abcp-ultima-noche-narcosala-20111227.html;

http://elpais.com/diario/2011/11/13/madrid/1321187059_850215.html.

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presentada como la única opción que se tenía para poder encaminar a los gitanos hacia una modificación de hábitos. Así, esta política social era concebida abiertamente, al menos en esos discursos y documentos técnicos, como un instrumento de intervención social que permitía presionar a este colectivo a asumir cambios personales y sociales que había que procurar "por su bien". Lo que más me llamó la atención de la RMI es que revela una paradoja que es, a la vez, un dilema ético que no desconocen los profesionales más progresistas que la aplican, puesto que se convence a los gitanos para que participen en las actividades dirigidas a intervenir con ellos mediante la idea, no del todo cierta –como se verá–

, de que pueden perder la prestación económica si no lo hacen, pero ello se justifica a ojos de esos profesionales sólo a costa de asumir acríticamente la bondad (tanto de intenciones como de resultados) de dicha intervención.

En los primeros meses de trabajo de campo etnográfico, del orientado al estudio de las pautas de comportamiento relacionadas con la salud, no cesé de escuchar frases, en boca de dichos profesionales, del tipo: “Ya se sabe que los gitanos vienen porque cobran la remi” o

“No estarían aquí si no fuera por la paga”. De este modo, por un lado, todo apuntaba a que manejaban una imagen muy negativa del colectivo gitano basada en la creencia de que carecían de capacidad, motivación y autonomía y, por el otro lado, parecía que tenían la necesidad de trabajar con los gitanos en situación de exclusión social utilizando la remi como un medio para “educarlos” con relación a diferentes temáticas, como la planificación familiar, la higiene, la prevención del consumo de sustancias adictivas, las reglas de utilización de las instituciones públicas, la vacunación infantil, la gestión de la tarjeta sanitaria, etc.⁴ Por su parte, las personas de etnia gitana en contacto con esos profesionales hacían referencia a la RMI como un elemento que les llevaba a la toma de determinadas decisiones, lo que revelaban mediante frases como “Si no llevas a los niños al colegio, te quitan la paga” o “Mi trabajadora social me ha dicho que tengo que ir a la revisión anual si quiero seguir cobrando”⁵. La Renta Mínima, gran desconocida para mí, no dejaba de aparecer continuamente en cada uno de mis acercamientos al campo de estudio de la promoción de la salud. Es por ello por lo que, al cabo de ocho meses de trabajo de campo, consideré que sólo podía comprender la intervención socio-sanitaria que se estaba implementando si estudiaba en

4 En el documento mimeografiado titulado “Situación de los asentamientos marginales del área sanitaria 1”, producido por SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros (2006), encontramos un argumento bastante significativo de lo que se acaba de exponer: “en muchas ocasiones, se consiguen resultados utilizando el la RMI como medida de presión para mejorar la adherencia a los controles y seguimientos previstos”.

5 Han sido numerosos los casos encontrados de mujeres que expresaron que debían ir a la revisión ginecológica como parte del acuerdo con su trabajadora social de Servicios Sociales, afirmando que en caso de no hacerlo, su prestación económica estaría en peligro.

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profundidad la Renta Mínima de Inserción, dado que ésta era el eje que daba sentido a la mayor parte de los dispositivos ideados para intervenir con los gitanos españoles residentes en Madrid que se encontraban en situación de exclusión social.

Igual que esta investigación marcó mi interés por la Renta Mínima de Inserción, también fue el origen de mi interés académico por el colectivo gitano. La minoría gitana es la minoría étnico-nacional más numerosa de España, siendo también una de las más estigmatizadas y que más rechazo genera en la población general⁶. Como colectivo-diana que ha sido recurrentemente de la intervención social, supone un caso bien paradigmático ya que permite analizar los dispositivos de gestión de la exclusión social cuando éstos atienden a una población que ha sido siempre caracterizada, al menos en España, como prototipo de la diversidad étnica y cultural. Además, se puede hablar de una peculiar relación del Estado y sus instituciones con el colectivo gitano que, ya desde el siglo XV, ha sido fundamentalmente represora, lo que hace que lo gitano se asocie comúnmente “con situaciones de conflictividad, peligrosidad y vagancia” (Fernández Torres, 2008: 148).

La aplicación de la RMI con esta población tiene que ver con una definición, por parte de los profesionales del ámbito de la intervención social, de lo gitano como problema; un problema que se ha construido en términos culturalistas y que ha sido magnificado, por ejemplo, por recientes actuaciones de los medios de comunicación que ha legitimado la expulsión de gitanos rumanos de varios países de Europa, y han sacado a la luz las actitudes xenófobas de buena parte de la población europea. Los debates surgidos en el panorama internacional a raíz de estas expulsiones han servido para poner en evidencia el marco ideológico en el que se desarrollan, además de estos fenómenos represivos, algunos otros relacionados –en lo que aquí interesa– con la Renta Mínima de Inserción que es objeto de estudio de esta tesis doctoral, dando sentido, por un lado, a ciertos conflictos subyacentes en las relaciones entre los profesionales que implementan esta prestación económica y los gitanos y, por otro, a las estrategias punitivas extremadamente duras que despliegan cuando aplican la RMI con ellos, coherentes con la "mano dura" que se está imponiendo a este respecto a escala internacional.

El interés que este panorama me suscitó me animó a orientar la investigación etnográfica destinada a realizar la tesis doctoral que ahora se presenta al análisis de la intervención social que tiene lugar cuando la RMI se implementa con el colectivo gitano en

6 Amnistía Internacional (2005, citado en Fernández Torres 2008: 151, nota a pie) destaca que los gitanos son el colectivo peor valorado socialmente, Cebrián (1992:15-18) recuerda varias investigaciones que corroboran el racismo de la población española hacia el colectivo gitano.

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situación de exclusión social, prestando especial atención al quehacer de los trabajadores sociales (y otros profesionales) que la aplican y a las consecuencias de carácter socio-cultural que ese quehacer (y la RMI, en general) tiene sobre la población-diana.

Para ello, he llevado a cabo, en primer lugar, un recorrido histórico que busca enmarcar el surgimiento de las políticas sociales de rentas mínimas en el Estado Español y, en segundo lugar, una descripción de la Renta Mínima de Inserción tal como se ha estructurado en la Comunidad de Madrid (la RMI o la remi), sobre todo a partir de la Ley 15/2001 de 27 de diciembre y del Decreto 147/2002, de 1 de agosto, que regulan las nuevas funciones de los profesionales del trabajo social con relación a los solicitantes/beneficiarios de esta prestación económica, al igual que los derechos y obligaciones de unos y de otros. Así, en el capítulo 1, se presenta tanto dicho recorrido histórico como el estudio de esos textos legales que rigen la RMI, con la intención de reconstruir el contexto social, económico y legal de las estrategias que los trabajadores sociales despliegan en su aplicación de la misma con el colectivo gitano;

analizándose a la par las distintas interpretaciones que hacen de la legislación relativa a la RMI, que –como se verá– dan cabida a estilos profesionales diversos y, en ocasiones, contradictorios.

En los capítulos 2, 3 y 4 se identifican las representaciones de los profesionales sobre el colectivo gitano, la exclusión social y los sujetos legítimos de la intervención social, al mismo tiempo que se reflexiona sobre la medida en que la RMI está cumpliendo el objetivo para el que fue pensada, esto es, para favorecer la inserción social de las personas que reciben la prestación económica y para promover la dignificación de sus vidas. Para ello, se analizan tanto los discursos de los profesionales que participan en su implementación como algunos informes, denominados "técnicos", elaborados por trabajadores sociales y socio-sanitarios de la Comunidad de Madrid, en los que, entre otras, se estigmatiza al colectivo gitano al recurrir a representaciones de éste, sin ni siquiera tratar de justificarlas, profundamente estereotipadas e, incluso, infamantes, como las que presentan la violencia de género como algo intrínseco al colectivo gitano o como las que parten, como si viniera de por sí, de que los padres gitanos no tienen interés en la mejora de las vidas de sus hijos; todo lo cual se interpreta como propio de la irresponsabilidad étnica, del “atraso” o de la escasa “evolución cultural” que ha experimentado el colectivo.

El cruce entre, por una parte, el objetivo de proteger a los ciudadanos que se encuentran en situación de exclusión social (que es el de la RMI), por otra, los dispositivos que se generan para alcanzarlo y, por último, las concepciones de etnicidad que se manejan en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas orientadas a ese objetivo sirve de

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escenario para analizar cómo se construye técnica y académicamente la figura del “gitano excluido”, así como para reflexionar acerca de cómo se plantean, en este escenario, las cuestiones de ciudadanía (por ejemplo, a quiénes se considera ciudadanos a la hora de redistribuir los recursos y sobre la base de qué requisitos), de reconocimiento de los derechos sociales por parte del Estado (a quiénes se tiene por sujetos de derecho y en qué situaciones) y de justicia social (cuándo y en qué condiciones se justifica ideológica, política y socialmente que se apliquen medidas de discriminación positiva para ciertos ciudadanos que se catalogan como excluidos). Ello es trabajado principalmente en los capítulos 4 y 5, como se podrá ver más adelante.

La focalización de esta investigación sobre la RMI en el colectivo gitano permite reflexionar, así mismo, sobre la dificultad que entraña implementar algunas políticas con pretensiones de universalidad, es decir, que nacen con vocación de ser aplicadas del mismo modo a todos los ciudadanos que reúnan los requisitos necesarios para ello y que no permiten un margen de flexibilidad y/o de adaptación suficientemente amplio para adaptarse a las características de colectivos socialmente estigmatizados y que cuentan con una historia de relación con la sociedad mayoritaria, en general, y con las instituciones sociales de ésta, en particular, que tiene un carácter marcadamente distintivo, como es el caso del colectivo gitano. Es por ello por lo que en esta tesis doctoral se dedican varios apartados (el apartado octavo del capítulo 2, el apartado tercero del capítulo 3, el segundo apartado del capítulo 4 y los apartados tercero y cuarto del capítulo 6) a estudiar los factores que obstaculizan que los profesionales que trabajan en el ámbito de la RMI puedan desarrollar con los gitanos (en este caso, con los gitanos españoles) una intervención social mutuamente satisfactoria. Para entender lo que a ese respecto se dirá en las páginas que siguen, hay que advertir que lo que se denomina “etnicidad gitana” o “colectivo gitano” es considerado en todo momento como una categoría social creada por los propios dispositivos que se encargan de gestionar la pobreza (Sassier, 2008: 102), aquí los de la RMI, sin que se pretenda con ello negarle la existencia de una “identidad propia” (Cebrián, 1992: 15), sino únicamente explicitar la razón por la que esta tesis doctoral se ocupará no del análisis de ésta, sino de los mecanismos políticos relacionados con la prestación económica que producen representaciones de “lo gitano” ante las cuales los solicitantes/beneficiarios de la RMI han de contestar cuando son interpelados a partir de ellas.

La RMI no se aborda aquí, por tanto, sólo como una política de protección social, sino teniendo en cuenta también los efectos de estigmatización que generan sus procedimientos y dispositivos de acción con la población excluida que se considera que forma parte de la minoría gitana. De este modo, se estudian igualmente (esta vez en los capítulos 6 y 7) las

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experiencias de los gitanos solicitantes/ beneficiarios de la RMI y los discursos que elaboran sobre sí mismos, precisamente a partir de sus relaciones con los Servicios Sociales y los profesionales de la red de intervención social madrileña; y se presentan las actividades que tienen en las ONG o entidades de iniciativa social en las que es común que participen los gitanos beneficiarios de la RMI como contraprestación al cobro de esta prestación.

Los sujetos excluidos y/o asistidos (aquí los gitanos), que se van conformando como tales en sus relaciones con las instituciones que se ocupan de las ayudas sociales y a través de su condición de receptores de las mismas, van construyendo subjetividades coherentes con los modos institucionales y sociales de entender, definir y gestionar, en este caso, la Renta Mínima de Inserción. Con relación a ello, en los capítulos 5 y 6, se presentan casos etnográficos paradigmáticos en los que los gitanos solicitantes/beneficiarios de esta prestación económica se ven confrontados con largos itinerarios de inserción social (de “activación”) que se les ofrece desde las instituciones sociales competentes y, a través de los cuales, aprenden el uso de ciertas categorías de beneficiarios legítimos (como la de “pobre” o la de “mujer maltratada”) que se están manejando en ellas y, en general, en el ámbito de la intervención social. Relacionado con ello, también se exponen –en los capítulos 6 y 7– los comportamientos que adoptan los gitanos solicitantes/beneficiarios de la RMI así como las estrategias de adaptación que despliegan ante las diferentes situaciones a las que se ven confrontados por el hecho de recibir la prestación económica.

La RMI de la Comunidad de Madrid es también analizada como una herramienta que permite, a la Administración Pública, establecer un vínculo con una población, la gitana, que de otro modo estaría al margen de la gestión institucional del Estado⁷. Es, por tanto, una

“tecnología política” (Agudo, 2009: 64) que establece un puente entre distintos actores sociales presentes en la arena socio-política madrileña, en la que algunos de ellos (en especial, los profesionales del trabajo social) buscan intervenir en la vida de “los “otros” excluidos, definidos generalmente a partir de variables étnicas y culturales. En este sentido, en los capítulos 1 y 2, se enumeran y describen algunos de los cambios acaecidos en el ámbito del trabajo social, sobre todo los que apuntan a su tecnificación, que están derivando el quehacer de los profesionales de Servicios Sociales hacia “la gestión de recursos” (Zamanillo, 2011) y diluyendo todo lo relacionado con lo que, en este ámbito, se denomina “acompañamiento social”. De hecho, esta función de “acompañamiento social”, que ha formado parte tradicionalmente del trabajo social comunitario, ha sido externalizada hoy en día al

7 Ver más adelante, en la nota a pie 149, por qué hablo de “Estado” a pesar de que las rentas mínimas estén a cargo de las comunidades autónomas en el caso de España.

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subcontratarse para su puesta en práctica a entidades de iniciativa social. La subcontratación de funciones, como las de acompañamiento o de seguimiento continuado a las familias beneficiarias de la RMI, pasa a ser uno de los factores que dificultan el desarrollo cabal de esta política social; tema al que también se dedica un espacio en esta tesis doctoral, en particular los apartados tercero y séptimo del capítulo 2. Entre esos factores se encuentran, por ejemplo, la ambigua redacción de la ley y de su decreto regulador, la complejidad de su gestión debido al reparto de funciones entre instituciones diferentes y la no-clarificación de la jerarquía existente entre ellas, así como la fragmentación de la estructura de la intervención social en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

La Renta Mínima de Inserción, una prestación económica destinada a garantizar un mínimo de ingresos a las personas consideradas en situación de exclusión social, sirve aquí como núcleo organizador de un análisis socio-antropológico de una política pública⁸. A través del estudio de la lógica que subyace a esta política y de la intervención profesional ligada a ella, se puede indagar acerca de cuestiones como las formas institucionales de gestionar la vulnerabilidad, los conceptos y la retórica que emanan de los programas de intervención social, las definiciones étnicas y morales que producen las instituciones y sus trabajadores

“expertos”, las formas de protección social y la generación de categorías de ciudadanía que emanan de la estructura normativa de una determinada política social. En última instancia, se trata de abordarla como a un espejo que, al mirarlo, nos devuelve como imagen los fundamentos mismos de la sociedad, sus modos de regulación y las estrategias que se despliegan para alcanzar la “integración social” de sus miembros. Por ello es por lo que algunas de las preguntas que nos hemos hecho con relación a esta temática son las que se exponen a continuación; exposición con las que damos por finalizada esta Introducción de la tesis doctoral que después se presenta. Dichas preguntas son:

• ¿Qué categorías de sujeto excluido legitiman los Servicios Sociales y sus trabajadores?

• ¿Qué derechos y obligaciones tiene el sujeto excluido y ante quién los puede reclamar?

• ¿Qué roles diferenciados ocupan los trabajadores sociales y los educadores sociales en su relación con los sujetos excluidos?

8 Agudo (2009: 63) señala que las obras recientes de antropología política discuten procesos de formación del Estado, globalización y cambio cultural, pero no suelen abordar la cuestión de las políticas públicas a pesar de su significativa vinculación con dichos procesos.

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• ¿Existen distintas interpretaciones y/o aplicaciones de la ley de la RMI por parte de los trabajadores sociales de Servicios Sociales y de los profesionales de ONG?

• ¿Hay interpretaciones y/o aplicaciones de la ley de la RMI divergentes por parte de los trabajadores sociales de Servicios Sociales y de los profesionales de ONG?

• ¿El reglamento de la RMI tiene en cuenta acciones de discriminación positiva para poblaciones culturalmente diferenciadas?

• ¿Cómo se negocia la firma del contrato de inserción (ahora llamado Programa Individual de Inserción)?

• ¿Es la RMI una prestación económica legitimada por los profesionales que la aplican y, en tal caso, cómo la legitiman o la deslegitiman?

• ¿Qué noción de dependencia/autonomía manejan los trabajadores sociales?,

¿afecta ésta a la manera de gestionar la RMI con la población gitana española?

• ¿El hecho de ser aplicada a gitanos españoles cambia el contenido y la forma de aplicación de la RMI?

• ¿Categorías supuestamente técnicas, como las de “colectivo excluido” o

“colectivo gitano”, están invisibilizando las diferencias internas dentro de estas poblaciones?

• Y, finalmente, ¿qué representaciones sociales sobre la población gitana manejan los diferentes profesionales?

0.2 Estado de la cuestión

0.2.1 Los estudios sobre las rentas mínimas en Francia y España

Las rentas mínimas son prestaciones económicas concebidas para que ningún ciudadano se quede sin nada para vivir y marcan un nivel mínimo de protección social (Milano, 1990). Se trata, por tanto, de los recursos a los que pueden acudir individuos y familias cuando carecen de otras fuentes de ingresos y/o protección, por lo que constituyen la

‘última red’ de protección social (Arriba y Pérez, 2007) o, en términos de otros autores, son

“las políticas destinadas al ‘último eslabón’ social” (González Temprano, 2003). Al hablarse de ‘última red’ de protección se hace alusión a una serie de dispositivos que se caracterizan por ofrecer unos ingresos mínimos a los que se accede mediante la demostración de

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insuficiencia de recursos económicos y que, en ocasiones, van acompañados de la posibilidad/obligación de participar en diversas actividades y servicios. En algunos de los programas de rentas mínimas se regulan mecanismos de financiación para los programas y los proyectos orientados a la inserción (servicios sociales, educación y formación, empleo y cooperación) de la población beneficiaria de la RMI, que son llevados a cabo –en la mayoría de los casos– por entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro, suponiendo una colaboración entre los sectores público y privado (Arriba y Pérez, 2007: 117, 123).

Las cuestiones relacionadas con las rentas mínimas de inserción han sido objeto en Francia de un importante número de investigaciones realizadas desde las ciencias sociales.

Así, en el ámbito de la sociología y, en concreto, en lo que se refiere al análisis de las políticas públicas, existe –desde los años 80– una fuerte tradición de reflexión y de evaluación de los dispositivos políticos y administrativos a nivel estatal (Thoenig, 1985; Lafore, 1989, 1989a, 1991; Laborde y Lafore, 1991). En particular sobre la RMI, hay trabajos en los que se comparan diferentes experiencias de implantación de las rentas mínimas a nivel europeo desde finales de los 90 (Euzeby, 1989). Así, autores como Paugam (1993) han estudiado la Renta Mínima de Inserción con relación a las distintas políticas diseñadas por el Estado francés para luchar contra la pobreza. De hecho, Paugam (1993) describe estas políticas tal como se desarrollan en las décadas de los 80-90, y hace hincapié tanto en el tratamiento discursivo-político de la pobreza como en los efectos que la RMI tiene sobre quienes la reciben a raíz de la promulgación, en 1988, de la ley francesa que la regula. Estudia, además, la polisemia que caracterizó la noción de inserción en los debates previos a la creación de esta ley, estableciendo además, a través de una encuesta, una tipología de “remistas” (personas que cobran la RMI o beneficiarios de la misma) a tenor de sus experiencias en cuanto a la integración laboral y a la intensidad de sus vínculos sociales. Por su parte, Castel y Laé (1992) llevan a cabo un análisis sociológico de la forma en que se está aplicando la RMI en Francia y se centran en explicitar las perspectivas de los principales actores que han estado implicados en la implantación de esta política social, entre ellos, los responsables políticos y administrativos, los sociólogos que han estado encargados de la evaluación y los “técnicos”

que la aplican sobre el terreno. Estos autores se preguntan sobre aspectos de la RMI que aún hoy son considerados centrales, como el que apunta a si es un salario social que abre la posibilidad de financiar actividades que caen fuera del ámbito productivo o, por el contrario, es una prestación de supervivencia para las personas que han sido dejadas atrás por la modernidad.

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A principios de los años 90 empiezan a producirse, también en Francia, diversos informes sobre la RMI debidos a las Comisiones Nacionales de Evaluación (CERC, 1991;

MIRE, 1991; CERC, 1997; Commissariat Géneral du Plan, 1998), en los que se hace referencia a la dificultad que esta política social tiene para insertar a sus beneficiarios, a la vez que aparecen otros análisis acerca de los efectos de la misma (Viveret, 1989; Nicole- Drancourt, 1991; Zoyem, 1999, 2002; Perret, 2001). Se da comienzo, de este modo, a una serie de evaluaciones del proceso de implantación de la RMI⁹, entre ellas la realizada por Valerenberghe (1992), quien equipara la intervención social con beneficiarios de la RMI con

“el desafío de la inserción” dado que, según indica, la inserción laboral a la que éstos pueden aspirar es tan endeble que muchos prefieren permanecer cobrando la prestación económica a dicha inserción. En la misma línea, Dubet y Vérétout (2001) publican un artículo en el que aluden al “enquistamiento” de algunos beneficiarios en el cobro de esta prestación y buscan dar cuenta de la racionalidad que hay detrás de algunas de sus decisiones a este respecto, como la de no buscar empleo.

A partir de 1997, con estudios como el de Astier (1997, 1998) o el de Astier y Duvoux (2006), el análisis de la RMI adquiere otro cariz, enfocándose hacia cuestiones relativas a la forma que toman las peticiones de ayuda de los solicitantes de la RMI o, dicho con otras palabras, a la manera en que los pobres narran su situación de pobreza ante las distintas instituciones públicas y la relación que ello tiene con la valoración a la que son sometidos por parte de los organismos encargados de aprobar su concesión. Se abre una línea de investigación sociológica y socio-antropológica que profundiza en temáticas como el respeto (/no-respeto) de la intimidad de los beneficiarios o como la gestión profesional de la inserción social, que se relaciona con la moralización de la que son objeto las personas excluidas que han de recurrir a los procedimientos burocráticos vinculados a esta política social. Dentro de esta corriente de pensamiento, podemos incluir trabajos como el de Fassin (2000) o el de Memmi y Fassin (2004), en los que se da cuenta de las denominadas “estrategias discursivas de súplica” de los demandantes de ayudas sociales. Bajo la mirada de la “sociología de los lugares de escucha”, varios autores (Fassin, Aïach, Boulenger, Bretin, Cèbe, Kessar, Klinberg y Philippe, 2004) se aproximan a los usuarios de la RMI –y de otros dispositivos de intervención social– fijándose en los modos a través de los cuales las distintas instituciones públicas se acercan a las personas que sufren o, dicho en otros términos, prestando atención a las formas de gobierno que se tejen a través de los distintos dispositivos “de la escucha” que

9 En la página web http://lesrapports.ladocumentation francaise.fr se pueden encontrar varios informes de evaluación de la RMI y de las políticas que la suceden (RMA y RSA).

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han sido diseñados para los excluidos (Fassin, 2004b: 9). Ponen énfasis, así, en las diversas modalidades de fragilidad, marginalidad o descalificación que son aprehendidas a través de las prácticas gubernamentales y/o institucionales.

Ya a finales de los 90, tienen lugar una serie de estudios que enfatizan todo lo que atañe a las relaciones de dominación que sufren los demandantes de prestaciones sociales (entre ellas, la RMI) cuando entran en contacto con los dispositivos que las diferentes organizaciones encargadas de ello destinan a recibirlos. Uno de los precursores de esta otra manera de acercarse al tema es Dubois (1999), quien reflexiona sobre el proceso de victimización de los usuarios de la RMI cuando han de plegarse a la forma de disciplina que les imponen estos organismos. La obra de Weller (1999) puede ser considerada como complementaria a la de Dubois, puesto que se ocupa de las transformaciones que han sufrido las instituciones públicas –entre ellas los Servicios Sociales– a raíz de la inclusión de la lógica de servicio a los usuarios como parte de su modo de funcionamiento. Por su parte, Moulière, Rivard y Thalineau (1999) estudian los procesos de culpabilización a los que son sometidos los perceptores de la RMI y la dificultad que éstos tienen para satisfacer las expectativas de los distintos profesionales; y Dubois y Dulong (2003) prosiguen esta línea de investigación al profundizar en aspectos relativos al control social de los beneficiarios de prestaciones sociales.

Los estudios se van interesando, de este modo, cada vez más por conocer y dar cuenta de la subjetividad que se va produciendo a raíz del contacto de los solicitantes/beneficiarios de la RMI con los servicios públicos que la gestionan. De Gaulejac y Taboada-Leonetti, por ejemplo, a partir de una investigación ligada a una evaluación de la RMI (De Gaulejac y Taboada-Leonetti, 1994; Gaulejac, 1996), reflexionan sobre aquellos beneficiarios que sienten vergüenza de encontrarse en la situación de tener que depender de ayudas sociales, abriendo una vía de análisis a través de historias de vida que se centra en los destinos individuales de quienes reciben prestaciones sociales instauradas en el sistema de protección del Estado. Estos autores muestran que hay una serie de “rupturas” que producen el “desenganche” de los sujetos de la vida social, y originan diferentes reacciones en ellos, que van desde las estrategias de resistencia y las de adaptación hasta las que califica de estrategias de instalación, consistentes esta últimas en combinar la percepción de la RMI con ingresos provenientes de la economía informal o bien en recibir paralelamente otras ayudas sociales, lo cual desincentiva la participación en actividades dirigidas a la inserción laboral y, por consiguiente, –según se sostiene– también social.

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Algo más tarde aparece otra tendencia de análisis (Paugam, 2007, 2007b; Duvoux, 2007; Duvoux, 2009) que se ocupa de los aspectos de la RMI relativos a “la contractualización”, es decir, a la forma en que, a través de ella, se insta a los solicitantes de la misma a que firmen o se comprometan a realizar ciertas actividades que se incluyen en un contrato de inserción. A través de esta corriente teórica, calificada por Duvoux (2009) de

“sociología de las políticas de inserción”, estos autores enfatizan cuestiones como la individualización de los problemas sociales que tiene lugar a través de las políticas sociales semejantes a la RMI o como el peligro que supone para los excluidos la “conminación a la autonomía”, que tiene lugar a través de instrumentos como el mencionado contrato de inserción. Por su parte, Bessin, Bory, Cardi, Herman, Murard y Steinauer (2009) se centran en analizar las consecuencias de género de dicha interpelación a la autonomía procedente de la intervención social, y otros investigadores hacen hincapié en la psicologización que se produce alrededor de las políticas de inserción (Vrancken y Macquete, 2006). Entre este conjunto de estudios, se puede situar el de Murard (2003), que trata de la subjetividad de las personas que entran en contacto con las instituciones de beneficencia social; el de Astier (1995), sobre los relatos biográficos que estas instituciones incentivan; así como una serie de recopilaciones, correspondientes a la misma época, que buscan dar cabida al abordaje de las tácticas y estrategias de esas mismas personas¹⁰ (Châtel y Soulet, 2002; Bessin y Roulleau- Berger, 2002; Dubois, 2003). Y, en lo que se refiere al panorama francés o de habla francesa, hay que hacer referencia, por último, a los trabajos sociológicos y/o filosóficos que analizan los dilemas de la aplicación del trabajo social en tanto que trabajo de proximidad y/o cercanía (Donzelot, 1977; Verdès-Leroux, 1978; Chopart, 2000; Avenel, 2002, 2003: Breviglieri, Pattaroni y Stavo-Debauge, 2004; Bessin, 2005; Ion, 2005; Laugier y Paperman, 2005;

Pattaroni, 2007).

Se han traído aquí a colación los diversos estudios relacionados con la aplicación de la RMI en Francia debido a que, como se verá en el Capítulo 1:, esta implantación y los debates que llevaron hasta ella han servido de espejo a las distintas Comunidades Autónomas españolas para diseñar sus políticas de rentas mínimas. Además, la amplitud, profundidad y larga tradición de los estudios franceses en torno a cuestiones relacionadas con la Renta Mínima de Inserción contrastan con la escasez de los existentes en el contexto español y con la menguada diversidad que presentan los enfoques desplegados en ellos.

10 El número 7 (2003) de la revista Pyramides se titula “Relation de service et secteur public”, consagrándose así al análisis de la relación entre los “usuarios” o “clientes” y los servicios públicos a los que acuden.

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En este panorama de falta de estudios y de debates en España sobre los programas de rentas mínimas, la iniciativa de comenzar a trabajar en esta dirección, cuando se ha tomado, ha ido a menudo de la mano de Cáritas Española. Así, en 1989, momento histórico en el que se discutía, en distintas Comunidades Autónomas, la creación de programas de rentas mínimas, Cáritas elaboró –de la mano de Aparicio, Fernández, García Nieto, Rojo y Salinas (1989)– un dossier titulado Renta mínima y salario ciudadano, en el que se recogían las distintas experiencias europeas a este respecto, así como algunas discusiones internacionales en torno a esta cuestión, para después analizar la experiencia del País Vasco, primera Comunidad Autónoma en la que se implantó un programa de rentas mínimas.

Los distintos gobiernos autonómicos han sido promotores de informes sobre sus programas, aunque con distinta intensidad y haciendo referencia a información muy dispar.

Hay que reseñar la precocidad de los promovidos por el gobierno vasco, que realizó el primer Balance del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en el año 1991, en donde ya eran estudiados los perfiles de los beneficiarios del llamado Ingreso Mínimo Familiar (IMI) vasco y los motivos por los que entraron en contacto con los Servicios Sociales. En la misma Comunidad, el Departamento de Trabajo y Seguridad Social evaluó el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en Euskadi (1988-1992) y produjo, en 1993, una obra titulada La inserción, a debate, en la que se ponía en relación la política de inserción vasca con los dispositivos que habían sido creados en Francia con el mismo objetivo, ilustrando así el profundo vínculo que existía entre los textos franceses y la creación de programas de esta índole a nivel del Estado Español. Se puede decir –por otro lado– que, además de Cáritas, eran ya las Comunidades Autónomas las que lideraban el proceso de debate, implantación y evaluación de los programas de rentas mínimas.

Se publican entonces, es decir, a finales de los 80 y principios de los 90, algunas obras en las que se aborda el problema de la pobreza y la desigualdad, algunas de las cuales recomiendan el desarrollo de políticas de rentas mínimas. EDIS-CARITAS (1989) es la responsable de un libro, titulado Pobreza y desigualdad en la Comunidad de Madrid, en el que se enfatiza la insuficiencia de las políticas estatales en materia de pobreza. Y la Comunidad de Madrid presenta, en 1990, una serie monográfica sobre el Ingreso Madrileño de Integración –IMI– (Comunidad de Madrid, 1990)¹¹ que, en 1993, se completa con la primera evaluación del mismo, elaborada por Aguilar, Gaviria y Laparra.

11 Vol. I: “El Programa de Ingreso Madriñeño de Integración”. Vol. II: “La Integración”. Vol.III: “La exclusión”. Vol. IV:

“Los excluidos y la protección social”. Vol. V: “La exclusión y la vivienda”. Consejería de Integración social.

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Esta Comunidad implanta el Plan de Lucha contra la Exclusión Social en 2002, es decir, más de una década después que el País Vasco. Como paso previo al Plan, se realiza una serie de estudios de base para comparar la implantación del IMI, programa predecesor de la actual RMI que entró en vigor en 1990, con la implantación de esta última (Laparra, Aguilar y Pérez, 2003: 21-50). Se compila una obra que reúne las distintas investigaciones y que, entre otras cosas, reflexiona sobre las dificultades de realizar un trabajo de intervención centrado en los apoyos sociales (“acompañamiento social”) con los beneficiarios de la RMI desde los Servicios Sociales (Laparra, Aguilar y Pérez, 2003b: 83-118).

El primer estudio que, a nivel general, analiza y evalúa las características de los programas de rentas mínimas en España fue efectuado por la Universidad Pública de Navarra en 1995, redactado por Aguilar, Gaviria y Laparra y financiado por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada). En él, se comparan los requisitos y coberturas existentes en las distintas Comunidades, así como el tipo de beneficiarios que accede a este tipo de programas sociales, y se introducen los problemas y conflictos ligados a la práctica profesional del trabajo social en este ámbito. El estudio destaca asimismo que únicamente tres Comunidades Autónomas, es decir, una mínima parte de ellas, han evaluado sus programas de rentas mínimas; y en la misma línea se pronuncia Arriba (1999), quien se hace eco al mismo tiempo de la complejidad que entraña la tarea de comparar la implantación de los distintos programas a nivel nacional debido a la diversidad y dispersión de los datos producidos por cada Comunidad Autónoma.

En el ámbito de las ciencias económicas, y desde mediados de los años 90, también se han realizado estudios comparativos sobre las rentas mínimas. Así, Ayala Cañón (1997) realizó, en su tesis doctoral, un análisis económico de los sistemas de rentas mínimas en España y, en trabajos posteriores, ha examinado los efectos de la distribución de la renta que este tipo de programas supone a nivel europeo (Ayala Cañón, 1994, 1994a, 2000, 2007). Se da inicio con ello a una línea de estudios sobre el Estado de Bienestar auspiciados por el Consejo Económico y Social, que se centran en estudiar la consolidación de este modelo general de organización social a través del análisis del gasto que la Administración, tanto central como autonómica, dedicada a la protección social (Cabases y Monserrat, 1990;

González Temprano, Centella, López y Torres, 2003). La Fundación Ramón Areces y la Fundación Luis Vives han contribuido a consolidar el análisis económico de las políticas del Estado destinadas a luchar contra la exclusión social, financiando trabajos como el de Gimeno (2004), que se ha enfocado a medir el efecto compensador de las políticas redistributivas del Estado de Bienestar con respecto a las desigualdades de rentas existentes.

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En el ámbito de la sociología, hay también una línea de investigaciones que, desde finales de los 90, se ocupa de las instituciones y de las políticas sociales desde una perspectiva comparada, incluidas las políticas de rentas mínimas de inserción. Muchos de estos trabajos han sido efectuados por sociólogos que forman parte del Centro Superior de Investigaciones Científicas (del antiguo Instituto de Estudios Sociales Avanzados, IESA, o del moderno Instituto de Políticas y Bienes Público, IPP) o que colaboran en proyectos de investigación con él¹². Es cierto que algunos, como el de Moreno y Pérez Yruela (1992), auspiciado por el Ministerio de Asuntos Sociales, se llevaron a cabo en la primera mitad de los 90, pero la mayoría de ellos se han emprendido en los últimos años de esta década. En la obra de Moreno (2001) Pobreza y exclusión: “la malla de seguridad” en España, se recogen los planteamientos de diversos científicos sociales sobre los sistemas de protección social del Estado de Bienestar como “última malla” de protección para hacer frente a la pobreza y exclusión social. Arriba (2001) dedica, en esta compilación, dos capítulos a las rentas mínimas: uno a los procesos de implantación de estas políticas en España y otro a las características del Ingreso Madrileño de Integración¹³. En cuanto a los estudios de Aguilar, Gaviria y Laparra (1995, 1995a, 1996, 2004), pueden ser ubicados asimismo dentro de esta corriente de análisis de las políticas de protección social del Estado de Bienestar.

Por último, el Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales (GETS), del departamento de Sociología III de la UNED, ha coordinado y publicado obras como la de Tezanos (2004), en las cuales se hace una recopilación de trabajos sobre las políticas que atañen a la exclusión social, con especial énfasis en las condiciones de vida de la población excluida y en las dificultades que ésta experimenta a la hora de acceder a diferentes recursos, como la vivienda o la educación, por ejemplo¹⁴. En cuanto a las aportaciones hechas desde el trabajo social, cabe destacar un reciente artículo de Martín Giner (2007) en el que esta autora analiza las contradicciones e incertidumbres de la aplicación de la Renta Mínima de Inserción, principalmente en lo que se refiere a las dinámicas de control que surgen en el desarrollo del trabajo social de Servicios Sociales vinculado a esta política. Y Molleda, por otra parte, trata

12 La obra de Moreno (2001) que se citará después es el resultado de la financiación de la CICYT (Comisión Interdisciplinar de Ciencia y Tecnología), durante el período 1997-2000, del proyecto: “Exclusión e integración en el Estado de Bienestar:

La ’última red’ de protección social en España”, en el que han colaborado investigadores del CSIC, de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Salamanca.

13 La tesis doctoral de Ana Arriba fue presentada en 1999 en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. En ella, la autora presentaba un análisis comparado de los procesos de implantación, a nivel nacional, de los programas de rentas mínimas. Desde entonces, no ha dejado de escribir acerca de estas políticas, contando en su haber numerosas publicaciones al respecto (1998, 1999, 2002, 2002a, 2007).

14 Esta obra recoge las propuestas recogidas en el Foro sobre tendencias sociales que organiza el grupo GETS desde 1998.

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en dos de sus obras (2007, 2008) algunos de los dilemas éticos a los que se enfrentan los trabajadores sociales en su aplicación de la RMI.

A la par que los estudios sobre las políticas de rentas mínimas, han surgido en España, aunque no en el seno de una sola disciplina social, una serie de obras que debaten sobre la llamada renta básica o salario ciudadano (Iglesias, 1998; Espada, 1999; Iglesias, Busqueta y Sáez, 2001; Raventós, 2001; Antón, 2003; Carro, 2003; Pisarello y de Cabo, 2006; Casassas y Raventós, 2011), que se ha concebido fuera del marco de la protección social vinculada al trabajo asalariado y ha sido defendida por asociaciones sindicales y colectivos de izquierdas.

En todo caso, si algo se puede extraer de este rápido y breve recorrido por los estudios realizados sobre políticas sociales como la renta mínima de inserción, es la casi total ausencia de los mismos en la antropología social española, aspecto ya señalado por autores como Agudo (2009) en lo que se refiere a la antropología social en general. Así, no se ha abordado la RMI desde la antropología política, para poner un caso, a pesar de su vinculación con procesos de formación y consolidación del Estado o de su relación con la aplicación de determinados derechos sociales. Se puede decir, por tanto, que el campo de lo que el autor antes citado llama antropología de las políticas públicas (Agudo, 2009: 64-65) no está consolidado dentro de la disciplina. De este modo, en lo que atañe, por ejemplo, a los países de habla hispana, en España –como se ha dicho– hay escasas contribuciones en esta línea que se refieran a la RMI, ya se contabilicen atendiendo a los estudios realizados por antropólogos (Ayala Rubio, 2009; Ayala Rubio y García García, 2009) o por sociólogos que adoptan perspectivas teórico-metodológicas muy cercanas a la antropología social (Serrano y Arriba, 1998). Y, en cuanto a Latinoamérica, sólo recientemente se están haciendo contribuciones relativamente numerosas a este campo de estudios (Escobar y González de la Rocha, 2000;

Escobar y González de la Rocha, 2004; Villatoro, 2004; Agudo, 2006; 2008, 2009; González de la Rocha, 2006, 2006a; Levy, Santiago y Evelyne, 2005; López y Salles, 2006; Molyneux, 2006).

0.2.2 Apuntes sobre otros estudios y otras cuestiones relacionadas con éste

Fuera del marco de las políticas sociales, sí han sido trabajadas desde la antropología otras cuestiones que guardan relación con la temática de esta tesis doctoral, como las relativas a la exclusión social, que se han enfocado, además, desde diferentes perspectivas teóricas.

Así, hay que señalar, por ejemplo, las aportaciones que han buscado enriquecer las nociones

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de pobreza (Monreal, 1996, 1999; Martínez Veiga, 1999), de cultura de la pobreza (Monreal, 1999) o de marginación (San Román, 1991; Romaní, 1992; 1996).

En cuanto al estudio de la comunidad gitana, las ciencias sociales han sido bastante prolíficas, teniendo la antropología social un importante papel en ello. En este sentido, San Román (1976, 1984, 1986, 1987, 1997, 1999, 2010, 2010a) posee una larga trayectoria investigadora acerca de las condiciones de vida y estrategias socio-culturales de los gitanos españoles. Montoya (1987) realiza un acercamiento socio-antropológico a la comunidad gitana. Y Gamella (1996), en un ambicioso trabajo, trata de abarcar una amplia gama de aspectos de la vida social de los gitanos andaluces e incluir también en su descripción las representaciones de diferentes profesionales en contacto con el colectivo; concentrándose más tarde (Gamella, 2000) en la exclusión social del mismo que se deriva de su pertenencia étnica.

Por su parte, Ardèvol (1987, 1988, con Llinás, 1988, y con Pérez-Tolón, 1991) ha realizado trabajo de campo entre la comunidad gitana de Granada, principalmente en los ámbitos de la antropología visual y la antropología urbana. Por otro lado, en el departamento de Antropología Social de la Complutense, se han presentado al menos dos tesis doctorales que se ocupan de diversos temas relacionados con la comunidad gitana (Giménez Adelantado, 1994; Sama, 2009). Y, desde la Universidad de Sevilla, Cantón (1999, 2004, 2007) y Cantón y Mena (2004) concentran su mirada en las prácticas de los gitanos pentecostales en Andalucía. En el campo de la antropología médica, diversos estudios (Laguna, 2000; Otegui, 2002; Ramírez Hita, 2003; Salud y Comunidad Gitana, 2004; EDIS, 2005; Ayala Rubio, Jociles, Pérez-Sutil, Villaamil y otros, 2008; Abad, Garrido, Abéjar, Chacón y García, 2008) han abordado aspectos relativos a la salud de los gitanos. Así, por ejemplo, en 2002, Otegui realiza una investigación cualitativa sobre los conocimientos, actitudes y comportamientos del colectivo gitano relacionados con la transmisión del VIH-SIDA. Ramírez Hita defiende, en 2003, una tesis doctoral en la que se propone articular los diferentes modelos médicos manejados por este colectivo, y analiza la manera en que distintos gitanos dan sentido a sus padecimientos, a la vez que la relación entre las representaciones de éstos y las políticas sociales francesas. En 2008, Ayala Rubio, Jociles, Pérez-Sutil, Villaamil y otros, a partir del estudio mencionado en la Introducción, realizan una aproximación a las prácticas de cuidado de la salud de la comunidad gitana madrileña. Y, por su parte, Berna (2010) centra su investigación en cuestiones que tienen que ver con la sexualidad dentro del colectivo gitano.

En lo que atañe a las relaciones de la comunidad gitana con la educación o, en particular, con el sistema educativo español, se cuenta con trabajos como los de Abajo y Carrasco sobre el

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éxito escolar del alumnado gitano (2004), así como con los de Abajo (1997), Giménez Adelantado (2001; 2003; 2003a, 2008), García Pastor (2009) o Sama (2001; 2009).

Se han realizado en los últimos años varios estudios sectoriales y/o informes

“técnicos” (SaludMadrid, IRIS, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, MadridSalud y otros, 2006; ACCEM, Asociación El Fanal, EDES, IRIS, 2006; o ACCEM, Fundación Secretariado General Gitano, 2010) que han buscado sobre todo diagnosticar los problemas de la intervención social en asentamientos chabolistas o en zonas como la Cañada Real Galiana de Madrid. Y desde distintas instituciones públicas (Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación, principalmente), también se han apoyado financieramente investigaciones sociales sobre la comunidad gitana, como las llevadas a cabo por Laparra (2007), García Serrano, Marbán Gallego y Rodríguez Cabrero (2009) o Grañeras y Parras, (2010).

En el ámbito de las asociaciones o entidades de iniciativa social, no se puede dejar de mencionar a la Fundación Secretariado General Gitano (FSGG), ya que a través de sus publicaciones periódicas y de los estudios que elabora y/o financia, está siendo una importante propulsora de la divulgación del conocimiento relativo a la comunidad gitana. De igual modo hay que hacer referencia, por último, a las jornadas que organiza la Asociación de Enseñantes de Gitanos, que son un foro de encuentro profesional en el que se debaten y reflexionan cuestiones contemporáneas de gran interés sobre la educación gitana.

En este Estado de la Cuestión se ha presentado, de forma breve y esquemática, una panorámica general de los estudios que se han llevado a cabo –sobre todo en España– sobre la RMI, sobre otras temáticas que son tratadas en la tesis doctoral que aquí se presenta, así como sobre el colectivo, en este caso el gitano, al que esas temáticas se refieren. Se ha optado por la brevedad a la hora de elaborar este apartado dado que, en los capítulos que se presentan más adelante, se aborda de forma más detenida las contribuciones que realizan dichos estudios, en particular los que se ocupan específicamente de la RMI, puesto que sus aportaciones teóricas han informado el análisis de los datos recopilados acerca de la manera en que esta política social es aplicada con el colectivo gitano, y sus aportaciones empíricas han permitido, en muchos casos, hacer comparaciones relevantes a este respecto. Todo ello, como se ha dicho, se muestra más adelante.

0.3 Metodología

El presente trabajo se ha basado en el desarrollo de una metodología de investigación etnográfica, para la cual se ha acudido principalmente a la observación participante

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prolongada en distintos espacios de la Comunidad de Madrid que tienen que ver con la implementación de la RMI (sobre todo en asentamientos chabolistas, en instituciones públicas y en proyectos educativos dirigidos a población gitana beneficiaria de esta prestación económica), a la realización de entrevistas en profundidad a profesionales de la intervención social y a personas de etnia gitana solicitantes y/o perceptores de la Renta Mínima de Inserción, así como a la consulta/análisis de diferentes documentos (legislativos, informes de evaluación, etc.) relacionados con la misma

0.3.1 Trabajo de campo

0.3.1.1 Las fases del trabajo de campo

El trabajo de campo fue llevado a cabo en distintas fases, que se detallan a continuación:

• Primera fase:

• En mayo de 2006, emprendí la fase de acercamiento a diferentes asentamientos chabolistas en los que residían miembros del colectivo gitano (como El Cañaveral, Santa Catalina y Cañada Real¹⁵).

• De mayo a junio de 2006, mantuve reuniones con representantes de distintos organismos públicos y ONG que trabajaban con población gitana beneficiaria de la RMI, de cara a solicitar apoyo para contactar a posibles informantes de etnia gitana y acceso a otros asentamientos.

• De junio de 2006 a febrero de 2007, llevé a cabo observación participante en asentamientos chabolistas, en talleres de formación de perceptores gitanos de la RMI, entrevistas a gitanos y a profesionales, así como acompañamiento a algunos de los primeros a consultas médicas.

• Segunda fase:

• De julio de 2007 a agosto de 2008, realicé observación participante en talleres de la RMI, entrevistas a gitanos beneficiarios de la RMI y a profesionales del ámbito de la intervención social.

• Tercera fase:

• De mayo a agosto de 2010: culminé las últimas entrevistas a solicitantes/beneficiarios de la RMI gitanos, acompañé a una beneficiaria de la RMI durante todo el proceso de solicitud de una vivienda de protección oficial y efectué una entrevista grupal a educadores sociales.

15 Las zonas en las que realizó el trabajo de campo se describen en detalle en la sección 0.3.2.