COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

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Elaborado por ASELEX S.A. 2018-03-14

COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

EXPEDIENTE No. 20580. LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. EN DISCUSIÓN. Se recibió en audiencia al señor Leonardo Salas, viceministro de Ingresos, a la señora Priscilla Piedra, directora General de Hacienda, al señor Carlos Vargas, director General de Tributación, y a la señora Ivania García, asesora.

La señora Piedra expuso que, el proyecto contiene cuatro componentes a considerar: una reforma al IVA, la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformas al sistema de empleo público y la implementación de una regla fiscal a nivel legal. Sobre el IVA, explicó que se trata de un tributo dirigido al consumo y grava cada una de las cadenas productivas. Se impulsa porque es un impuesto que se auto controla y no afecta las exportaciones. En la actualidad se tiene un IVA incompleto, normado desde 1982 y no refleja la economía ni las condiciones actuales, puesto que, grava bienes y por excepción algunos servicios como:

restaurantes, hoteles, servicios telefónicos, entre otros. La propuesta pretende una ampliación de la base, mantiene la tarifa del 13% y crea una tarifa reducida del 4%, mantiene la canasta básica como medida de protección a los deciles de menor ingreso, aplica un sistema de deducción financiera plena e incluye un mecanismo de cobro para servicios intangibles (prestados por Internet). Además, explicó que exonera: la canasta básica, los servicios de transporte terrestre de pasajeros y servicios de cabotaje de personas, la energía eléctrica residencial:

consumo mensual igual o inferior a 250 kw/h, el agua residencial: consumo mensual igual o inferior a 30 metros cúbicos, los alquileres de vivienda: iguales o inferiores a un salario base y la venta o importación de sillas de ruedas y similares, equipo ortopédico, y prótesis en general.

Además, se exonera la importación o compra local de materias primas e insumos:

trigo y sus derivados para producir alimentos para animales, frijol de soya y sus

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derivados para producir alimentos para animales, sorgo, la fruta y almendra de palma aceitera y sus derivados para producir alimento para animales, los productos veterinarios y los insumos agropecuarios y de pesca. Asimismo, explicó que se crea una tarifa reducida del 4% a: sector educación, sector salud, boletos aéreos cuyo origen de ruta sea Costa Rica, materias primas, embalaje y empaque utilizados en la producción de bienes de la canasta básica y medicamentos, servicios de siembra, cosecha, recolección, fumigación, fertilización, control mecánico y químico de malezas, transporte y clasificación de productos, arrendamiento de terrenos y acopio, almacenamiento, comercialización y servicios suministrados a exportadores, utilizados en productos agropecuarios.

Además, los servicios de Ingeniería, Arquitectura, Topografía y construcción de obra civil registrados ante el Colegio de Ingenieros, que cuenten con permisos construcción aprobados por la municipalidad respectiva, y los servicios turísticos (Canopy, Rafting, Surf, Guía Turístico, agencia de viajes receptora y emisora, alquiler de autos, entre otros) registrados ante el ICT: no estarán gravados el primer año. El segundo año tendrán una tarifa reducida del 4%, el tercer año aumentará al 8% para que finalmente al cuarto año se adecúen al 13%.

En cuanto al segundo componente, la reforma a la ley de la renta, trae una unificación del gravamen general a las rentas de capital, las cuales pasan a un 15%. La idea además es que, se convierta en una norma anti paraíso, las cooperativas, mutuales y agrupaciones actualmente exentas pasan al 8%, mientras que los excedentes de cooperativas pasan del 5% al 8%.

El tercer componente tiene que ver con empleo público. En ese sentido, explicó que el proyecto define, regula y diferencia la dedicación exclusiva y la prohibición, crea un límite a las remuneraciones totales en la función pública (las cuales no podrán superar por mes el equivalente a veinte veces el salario más bajo indicado

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en la escala de sueldos de la Administración Pública) y finalmente, regula la anualidad y la liga a la evaluación de desempeño incorporando parámetros objetivos para su otorgamiento.

Sobre la regla fiscal, la señora García aseveró que, los problemas fiscales asociados al gasto público no se resuelven cortando masivamente el mismo, ya que, aspectos de calidad y eficiencia de los servicios deben ser abordados desde otra óptica, no desde una solución “de la ecuación financiera”. Además, contextualizó que, la historia fiscal reciente muestra que el gasto público ha crecido de manera acelerada, tanto por decisiones de política como por legislación novedosa. En ese sentido, urgió de implementar una regla fiscal vía legal, la cual, se define como un cuerpo normativo que establece reglas de juego sobre la forma en que se debería gestionar el gasto público.

La regla fiscal propuesta será aplicable a los presupuestos de los entes y órganos del sector público no financiero con la excepción de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) únicamente en lo que se refiere a los recursos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y toda empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta al régimen de competencia pero solo en lo relativo a dicha actividad.

En resumen, la regla fiscal propuesta establece que a mayor deuda, mayor es la restricción del gasto corriente. Actualmente, el nivel de deuda del PIB llega al 50%

de la producción. Además, advirtió que, si la deuda llega al 60% no solo se restringe el gasto corriente, sino también, el gasto de capital. Sin embargo, la regla contiene cláusulas de escape en caso de declaratoria de emergencia nacional que amerite aumento del gasto. De igual forma, mencionó que, si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del PIB, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de recursos suficientes del Gobierno y de las entidades

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beneficiarias. Finalmente, expuso que, el incumplimiento injustificado de la regla fiscal y del control de la misma, constituye una falta grave contra la Hacienda Pública, y si será sancionado por la Contraloría General de la República, y si en otra instancia correspondería a la Asamblea Legislativa proceder contra el Contralor y Sub Contralor General de la República que incumplan con su deber de controlar debidamente el cumplimiento de la regla fiscal.

Sección de consultas

A continuación se detallan a modo de interrogantes, las consultas realizadas por los diputados a los comparecientes, así como, las respuestas brindadas por el Ministerio de Hacienda.

Dip. Guevara Guth (PML)

P: ¿El texto presentado es el mismo de la exposición o ya tiene reformas?

R: La presentación es sobre el texto presentado.

P: ¿No incluye acuerdos a los que se han llegado?

R: No

P: ¿Cuándo se presentarían mociones y con quiénes ha estado conversando modificaciones?

R: Lo que existe son ajustes a nivel técnico por parte del texto. Por error material en la construcción se dejó por fuera las erogatorias necesarias para implementar la reforma pero ya fue subsanado.

P: Se hizo una mención por parte de Ivania sobre factura petrolera, ¿no es así?

R: Sí, fue por solicitud de la Contraloría General de la República.

P: ¿Cómo debo entender el tema de los destinos específicos?

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R: Lo que se busca es que el Ministerio de Hacienda tenga mayor discreción de los destinos específicos a partir del 50% de deuda. Eso da más músculo para que el Ministerio pueda presupuestar.

P: ¿Quién determina si estamos ante un gasto nuevo?

R: Todo nuevo gasto tiene que tener fuente de financiamiento. El Ministerio de Hacienda debe dar criterio sobre esto cuando la Asamblea Legislativa se lo consulte, así existe un control cruzado.

P: El proyecto inició en la corriente legislativa hace 4 meses y no hay informes de nada. Además, hay un texto sustitutivo rondando y es sobre el cual se debe sesionar y mocionar. Solicito a la Presidencia de la comisión gestionar todos los informes correspondientes. ¿Podría contemplarse un capítulo para una condonación de deudas que venga a permutar intereses entre entidades públicas?

R: Hay que conocer la viabilidad primero pero podría considerarse.

P: ¿Cómo lograr sancionar y a quién sancionar?

R: La solución más práctica fue dejarle esa potestad a la Contraloría General de la República, lo ideal es que al hacer el presupuesto esté garante la regla fiscal y el Ministerio de Hacienda debería presentarlo de esa forma.

P: Lo extraño es que la Contraloría General de la República es un órgano inferior a la Asamblea Legislativa, ¿cómo podría sancionarnos con el fuero especial de protección? Además, me preocupa la cláusula de escape. ¿La aprobación de un impuesto de ventas que extrae dinero de una buena cantidad de servicios, no genera recesión?

R: No. El proyecto no genera recesión. Ciertamente no resuelve el déficit pero una crisis de flujo de caja debe evitarse. La iniciativa viene a fortalecer las finanzas públicas, de no hacer nada podría ser peor.

P: ¿Por qué el PAC no considera la venta de activos? FANAL, BANCRÉDITO, recursos naturales, ¿por qué no reactivar la economía? Lo que quiere es “quitarle plata a la gente”. ¿Por qué no cerrar instituciones que no sirven? ¿Cuál es el

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impacto del CNP? Ninguno. Yo esperaría un cambio de visión en el partido de gobierno y en esa línea irán mis mociones.

Dip. Redondo Quirós (PAC)

P: ¿Cuál fue el procedimiento y quiénes fueron los actores involucrados?

R: Son proyectos que nacen de los presentados en el 2015, vienen siendo negociados desde la Administración Pacheco de la Espriella y la Administración Chinchilla Miranda. Aun así, este proyecto tiene la novedad de haber tenido reuniones con cámaras industriales y sectores empresariales.

P: Lo que está planteado no fue la intención original del Ejecutivo, ¿este proyecto es lo que había esperado el Ejecutivo y si no, cuál es la preocupación?

R: Desde el punto de vista técnico la propuesta original era otra, es insuficiente para lograr una reducción en el déficit pero en la vida de un país hay que lograr los acuerdos políticos que el margen permite.

P: ¿Qué sucede si este proyecto no se aprueba antes de que nosotros salgamos?

R: Un escenario económico muy perjudicial que se reflejaría en estándares y calificadoras internacionales. Habría un costo mayor para todos. Aprobar este mecanismo será bien visto a nivel internacional porque si Costa Rica baja la nota se encarecen los créditos que soportan los costarricenses.

Dipda. Piszk Feinzilber (PLN)

P: Debería quedar previsto que al hacer un ahorro de las instituciones autónomas, el Gobierno Central no hará transferencias. En las tarifas reducidas, cuando se trata de alquileres, se dice que son los menores al salario base, ¿cuál salario base?

R: al salario base de oficinista 1 del Poder Judicial que ronda los ₡ 431.000.

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P: Quisiera saber sobre quién cae la carga en el tema de Internet. ¿Han hecho una separación de servicios suntuarios, de aquellos que son necesarios para la productividad del país?

R: Lo que se busca gravar son los servicios transfronterizos, no a las empresas.

P: Lo que quiero claro es que aquellos servicios que son para incentivar la producción, no queden gravados.