CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
5 CAPITULO I
EL PROBLEMA
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A través de la historia el desarrollo económico del Estado se ha plasmado desde un punto de vista constitucional en lo que se ha denominado la
“Constitución Económica”, es decir, el conjunto de normas jurídicas previstas en la carta fundamental de un determinado país y que orientan la posición que el Estado, no solo el Poder Ejecutivo, debe seguir en materia económica.
Venezuela ha sido mundialmente calificada como un país mono productor, cuya economía depende en gran medida de la comercialización y venta del petróleo venezolano; esta situación ha generado que históricamente en Venezuela haya resultado más económico importar productos de otros países para satisfacer las necesidades de la población que producirlos acá, con todas las consecuencias negativas que ello ha generado.
Aunado a lo anterior una economía con altos índices de importación, como la economía venezolana, requiere un importante flujo de divisas para el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas con los proveedores de dichos bienes y servicios, por lo tanto, a criterio de los investigadores, el establecimiento de un régimen de control de cambio, como
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el que se ha aplicado en Venezuela, desde hace algo más de quince años es una de las formas más intensas de intervención en la economía, tomando en cuenta el establecimiento de sanciones administrativas y penales para quienes pretendan adquirir divisas a través de mecanismos distintos a los dispuestos en los instrumentos normativos que regulan el sistema cambiario.
Ahora bien, en este sentido la vigente constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), establece normas precisas que deben orientar la política económica del Estado y que conforman ese bloque constitucional que garantiza la libre iniciativa privada, por un lado, y las formas de intervención del Estado para garantizar los derechos sociales de la población y evitar distorsiones que perjudiquen a los más pobres, por otro.
Ejemplo de lo que venimos comentando es la cláusula de Estado Social (artículo 2), derecho a la libertad económica (artículo 112), derecho a la propiedad (artículo 115) derecho a libre competencia (artículo 117), régimen de economía mixta (artículo 299), entre otras.
Coligiendo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) podría estar influida por las corrientes que postulan una economía social de mercado, cuyo principal agente económico debería ser el particular con su libre iniciativa, estando limitada la acción del Estado a áreas sensibles de la economía que requieran de estímulos y controles para garantizar el desarrollo integral de la nación.
Es por ello que, la intervención directa del Estado en la economía estaría limitada o restringida a aquellos campos o sectores donde sería imposible intervenir a los particulares (principio de subsidiariedad), o en aquellas actividades expresamente reservadas al Estado por norma constitucional o
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legal, tal como es el caso de la actividad de hidrocarburos (artículo 302) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).
De allí la figura del delito cambiario que no es más que toda acción u omisión mediante la cual se incumplan total o parcialmente las normas, procedimientos, los deberes y obligaciones establecidos para la obtención y venta de moneda extranjera, encontrándose estos en la calificación de delitos económicos.
Es por ello, que se hace necesario determinar si las consecuencias jurídicas de los ilícitos cambiarios creados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario, podrían menoscabar los derechos constitucionalmente establecidos o propenden al establecimiento de una economía sólida y jurídicamente respaldada, trayendo como corolario el fortalecimiento del Estado Democrático, de Derecho y de Justicia.
Así como analizar la Consecuencias Jurídicas de los Ilícitos Cambiarios creados en el Decreto, a través de los convenios cambiarios, las normas dictadas por la autoridad cambiaria, los estudios realizados por doctrinarios versados en la materia y las sentencias referidas a los Ilícitos Cambiarios comprendidos del año 2003 al año 2016
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2. 1. OBJETIVO GENERAL
Analizar las Consecuencias Jurídicas de los Ilícitos Cambiarios creados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.
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2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Analizar el régimen cambiario en Venezuela desde el año 2003 hasta el año 2016.
Analizar los efectos legales de la implementación de un régimen cambiario en Venezuela
Analizar jurisprudencialmente el control cambiario en Venezuela
3. JUSTIFICACIÓN
El tema elegido es de trascendental importancia, especialmente desde el aspecto humano, ético y jurídico; debido a que propende a dilucidar las Consecuencias Jurídicas de los Ilícitos Cambiarios creados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.
Desde el punto de vista socio-jurídico, la presente investigación encuentra su justificación en el análisis de la restricción de las libertades económicas establecidas constitucionalmente y el efecto de tales restricciones en el impulso del Estado, por lo que, a través del perfeccionamiento de la investigación, se determinaran y desarrollaran los parámetros necesarios en la legislación venezolana.
Desde el punto de vista teórico se enfocara en determinar aún más a fondo lo concerniente con los Ilícitos Cambiarios en el ámbito legal penal, así como la conceptualización de Control Cambiario y las consecuencias jurídicas de tales Ilícitos Cambiarios creados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, todo esto con sustento
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en el ordenamiento jurídico venezolano y en los textos doctrinarios de autores que se han enfocado en desarrollar los temas previstos en esta investigación.
Desde el punto de vista metodológico esta investigación permite establecer las bases y servir de soporte para que las futuras investigaciones sobre esta área de materia penal y económica, puedan establecer una idea más precisa y acertada en lo concerniente al tema a tratar en esta investigación, a través de la técnica e instrumentos de recolección de información.
4. DELIMITACIÓN
El presente estudio se enmarcará en el área del Derecho penal, específicamente en la línea de investigación relativa a las consecuencias jurídicas de tales Ilícitos Cambiarios en Venezuela.
En cuanto al contenido de la investigación fue fundamentada con textos y bases legales como La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Código Orgánico Procesal Penal (2012), Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos (2014), Ley de Reforma Parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios (2010), Ley de Reforma Parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios (2013) y autores como Grisanti, (2010) Hernández (2006, 2012, 2015) Peña (1999) Iribarren (2014) Leal (2015) Orta (2014) entre otros. El estudio se realiza en la Ciudad de Maracaibo, durante el periodo correspondiente de enero a diciembre 2016.
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Esta investigación se encuentra enmarcada en los grandes objetivos históricos de la Ley del Plan de la Patria 2013-2019, que constituyen la guía para la transformación de la sociedad venezolana y la definitiva concreción de una plena soberanía Política, Económica, Social, Jurídica y Cultural;
específicamente el Segundo Gran Objetivo Histórico que tiene como finalidad dar paso a una sociedad más igualitaria y justa, sustentada en el rol del Estado Social y Democrático, de Derecho y de Justicia, Lo anterior se relaciona con la necesaria promoción de una nueva hegemonía ética, moral y espiritual que nos permita superar los vicios, que aún no terminan de morir, del viejo modelo de sociedad capitalista.
Mención especial merece el propósito expreso contenido en la ley del plan de la patria 2013-2019, de seguir avanzando en el desarrollo de un modelo de seguridad pública para la protección de la vida humana y direccionar una definitiva revolución en el sistema de administración de justicia, para acabar con la impunidad, lograr la igualdad en el acceso y erradicar el carácter clasista y racista en su aplicación desatando la potencia contenida en la Constitución Bolivariana, logrando la irrupción definitiva del nuevo Estado Social y Democrático, de Derecho y de Justicia.
En ese orden de ideas, la presente investigación es desarrollada con observancia del Primer Gran Objetivo Histórico de la Ley del Plan de la Patria 2013- 2019, Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional; en el Objetivo Nacional 1.3. “Mantener el manejo soberano del ingreso nacional” y
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más específicamente del objetivo estratégico y general 1.3.10.1. “Desarrollar un nuevo sistema cambiario y de asignación de divisas que nos permitan alcanzar máxima transparencia, control, eficiencia y eficacia en la asignación de divisas”.
En concatenación con el enunciado del Segundo Gran Objetivo Histórico:
Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad”, para nuestro pueblo; íntimamente relacionada con el Objetivo Nacional 2.2 “Construir una sociedad igualitaria y Justa” y se desarrolla en el objetivo estratégico y general 2.2.1.30. “Combatir la impunidad, el retraso procesal de pena y de otros beneficios, en coordinación con el Ministerio Público, Defensa Pública y Poder Judicial”.
La investigación es transversalizada por el objetivo Nacional 2.4
“Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo.” Y con especial adminiculación en el objetivo estratégico y general 2.4.3.1. “Fortalecer el sistema de administración de justicia mediante la dotación de los medios necesarios para su óptimo desempeño, incluyendo el nivel de investigación criminal que permita combatir la impunidad”.
