Introducción. Capítulo 4

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UNA ÉTICA DE LA TIERRA PARA LA CIUDAD DENSA:

LAS AFECTACIONES A LA NATURALEZA POR LA

EXPANSIÓN URBANA EN EL SUR DE CALI Y LAS

POSIBILIDADES DE

CONSTRUIR UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE

04.

ÉTICA Y ESTÉTICAY AMBIENTE-SOSTENIBILIDAD: REFLEXIONES Y ESTUDIOS DE CASO / Renata Moreno Quintero

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Introducción

Mi infancia transcurrió en una casa al norte de Cali, cerca de la avenida 3, antes de que pasara el Mío y de que toda la avenida se volviera de vocación comercial.

Ya desde entonces había pocos recuerdos de la naturaleza que alguna vez existió en ese sector, reducida a los árboles junto a los andenes: los más notorios eran los guayacanes que adornaban el suelo de colores cuando soltaban sus flores; los ma- moncillos de los que pocas veces comí porque los vecinos o transeúntes siempre me ganaban en la carrera por las pepas maduras; los carboneros, con flores de pelos rojos; y los árboles de la chicha bruja que luego supe que no eran nativos y con los que mi mamá, mi hermana y yo jugábamos a mojarnos espichando su vejiguita llena de agua. Además de los árboles junto a los andenes, también exis- tían dispersos algunos parques cuadrados de pocos metros, pero en los que con mis primos jugábamos por la noche a atrapar luciérnagas, de las que en mi vida adulta solo he visto unas dos o tres. Al frente de mi casa había un árbol que lle- gaba hasta el segundo piso, no recuerdo qué nombre tenía y esto era lo más cerca que estaba de la naturaleza desde mi casa. Las únicas aves que recuerdo eran las torcazas a las que mi mamá ponía cuchuco todos los días y los únicos depreda- dores eran por supuesto los gatos que venían tras ellas, de resto los perros fueron los únicos animales con los que compartí mi niñez. Después de la vida apacible en la tercera norte, nos mudamos al frente de la Terminal de Transportes donde, por supuesto, mi relación con la naturaleza se redujo a los fines de semana que nos íbamos de paseo a alguna finca o en las vacaciones que visitábamos el mar.

Me volví tan insensible al ruido que dejé de percibir el pito del guarda de los taxis. El parque que estaba al lado de la Terminal que tenía algunos árboles grandes y donde sacaba a mis perros fue cerrado con muros altos de ladrillo porque lo usaban demasiado para consumir drogas, así que cambiamos el paseo de los perros a la ribera del río Cali que pasaba al costado de mi unidad, pero este era un lugar peligroso ocupado por invasiones y donde por las noches con frecuencia oía gritos que me hacían saltar de la cama. Después de algunos años de vivir en el exterior por mis estudios, me mudé con mi esposo a un apartamento en

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Ciudad Jardín, al lado del lago de la Babilla y el Zanjón del Burro. De repente mis mañanas comenzaron con el ruido de las guacharacas, un ave que nunca había visto antes, mis paseos con mis perros estuvieron acompañados por los guatines que salen a las orillas del Zanjón a buscar comida y el balcón se volvió mi lugar preferido de trabajo porque me permitía al mismo tiempo disfrutar del vuelo de las loras, el paisaje de los Farallones y el sonido de las hojas de los árboles al viento, un lujo que empecé a pensar que no debería ser únicamente de las personas que vivían en este sector, sino de todos los habitantes de Cali. El barrio permite una convivencia con la naturaleza y otras especies que no es posible en otros sectores de la ciudad.

Sin embargo, el avance de la urbanización hacia la comuna 22, que se autorizó con el cambio de suelo suburbano a urbano en la comuna y se pronunció con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014, puso en peligro los atributos ambientales del sector, que es una de las últimas áreas de conectividad biológica entre los Farallones de Cali y el río Cauca. Esta zona presenta la más intensa actividad constructora de Cali con el 55 % de total de los proyectos de vivienda y está rodeado por un área suburbana de rápida expansión y una subregión en proceso de conurbación (Salazar, 2017). Lo anterior ha dado paso a algunos conflictos por el deterioro de áreas de importancia ambiental que han sido protagonistas de los titulares de la prensa en años recientes.

Las anteriores observaciones sobre la relación de quien escribe este capítulo con la naturaleza son una muestra de las diferentes trayectorias que pueden tener estas relaciones en la vida de una persona y las diversas experiencias al respecto que suceden en distintos barrios de una misma ciudad, así como de los cambios en el tiempo que van teniendo estas relaciones y cómo estas se cruzan con los patrones de desarrollo que va viviendo la ciudad. Todo lo anterior daría para una agenda muy amplia de investigación.

La importancia de estudiar las relaciones socionaturales en las ciudades está en el interés creciente que están adquiriendo estas relaciones como factor explicativo de nuestra actual crisis ambiental, en tiempos en que los efectos de la degrada- ción ambiental y los pronósticos del cambio climático nos llaman a implementar cambios profundos en nuestra forma de habitar el planeta. Al respecto, Escobar (2019) ha desarrollado recientemente una hipótesis en este sentido. Para él “la crisis actual es una crisis de los modos heteropatriarcales, coloniales y capitalistas de habitar que han erosionado el modo sistémico de vida basado en una interdependencia radical”.

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En sintonía con esta hipótesis, nuevas propuestas para el diseño de las ciudades han surgido recientemente en las que se plantea darle espacio a la naturaleza en ellas, así como el establecimiento de formas diferentes de relacionarnos con esta, acordes con el reconocimiento de los seres no humanos que las habitan y la interdependencia que tenemos con ellos. A este tipo de propuestas se les han dado diversos nombres como ciudades biofílicas,^* rurbanización, re-earthing the city, entre otras (Escobar, 2019).

Dado que estas nuevas relaciones socionaturales que se proponen para las ciudades implican un replanteamiento de nuestras relaciones éticas con la naturaleza y los otros seres con los que las cohabitamos, este capítulo busca contribuir con estas nuevas propuestas a través de una reflexión en torno al comportamiento ético hacia la naturaleza que se observa en los procesos de expansión y densificación urbana actuales en una ciudad colombiana como Cali. Para esto combina un análisis de las transformaciones espaciales y de los efectos ambientales de la urbanización con la reflexión sobre las implicaciones éticas de estas acciones concretas. También busca indagar las perspectivas de cambio en la forma en que concebimos estas relaciones socioecológicas en el sentido de reconocer nuestra interdependencia con otras especies y el derecho de estas a existir en esos espacios urbanos.

Las relaciones entre los humanos con la naturaleza en Cali, en especial con el agua, han sido estudiadas principalmente desde la óptica de la historia ambiental (Patiño, 2008, 2013) y los conflictos ambientales (Serna, 2018; Urcuqui, 2011). En este capítulo, buscamos complementar estos estudios desde la perspectiva de la cuestión ética, haciendo énfasis en qué nos dice sobre esta los actuales desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo en la ciudad, sin desconocer que la historia es fundamental para entender cómo se han formado esas relaciones socioecológicas en las ciudades. Aunque también hacemos referencia a conflictos ambientales causados por estos nuevos desarrollos urbanísticos, más que anali- zarlos desde la óptica de la ecología o economía política, encontramos en estos un potencial transformador de las relaciones éticas entre los habitantes de las ciudades y la naturaleza.

* Las ciudades biofílicas son lugares profusamente dotados con naturaleza abundante y fácilmente accesible, capaces de propiciar la integración de los residentes con la naturaleza a través de ambientes multisensoriales, a veces, imitando la naturaleza (Beatley, 2011, 2016).

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Los procesos de desarrollo urbano como campo para el estudio de la ética ambiental

A finales de la década de 1950 mientras en el Valle del Cauca se secaban humedales y se talaba el bosque seco tropical para darles paso a los cultivos de caña de azúcar, en Cali pasaba algo equiparable. Lugares emblemáticos como el Charco del Burro se rellenaban para darles paso a edificaciones y vías que representaban el progreso. La imagen de los humedales como lugares inservibles, nidos de mos- quitos y obstáculos al progreso era una imagen compartida alrededor del mundo a la que Colombia no fue ajena. Los grandes proyectos como avenidas, puentes y grandes edificios eran apreciados como símbolos de modernidad y progreso en la ciudad, así como el establecimiento de grandes cultivos industriales lo eran para las zonas rurales. Hoy en día, el campo de la ecología ha avanzado gran- demente trayendo como consecuencia una revaloración de los humedales como ecosistemas altamente productivos y proveedores de importantes servicios para el hombre, lo que ha quedado consignado en acuerdos internacionales firmados por Colombia como la Convenio de Ramsar, cuyos principios fueron asumidos en la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia. La importancia de la conservación de los suelos para mantener el equilibrio ecológico, así como la calidad y cantidad del agua, ha sido también demostrada y consignada en políticas adoptadas por Colombia como la Política para la Gestión Sostenible de los Suelos.

Sin embargo, estos nuevos paradigmas sobre el manejo de recursos y el reconocimiento de su importancia no parecen hacer parte todavía de la cultura ambiental ciudadana en zonas urbanas del país, donde un examen a los desarrollos urba- nísticos en zonas de densificación y expansión en Cali para tomar un ejemplo muestran el alto grado de deterioro de recursos hídricos y forestales que conllevan. En zonas como Pance y Jamundí, las constructoras promocionan proyectos de vivienda familiar y hacen énfasis en los atributos naturales del área que se

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construirá y del privilegio de vivir rodeado de bosques y ríos, al tiempo que en informes como el de la Contraloría General de Santiago de Cali se destacan las grandes afectaciones que cometen estas mismas constructoras contra las franjas forestales protectoras de los ríos y de las quebradas, así como las numerosas talas de árboles que ejercen para la implantación de sus proyectos. La acción del Esta- do en la mayoría de los casos analizados es laxa y las sanciones impuestas rara vez se terminan pagando; los representantes de estas firmas tampoco son objeto de sanciones sociales por parte de la ciudadanía.

En este contexto, los nuevos proyectos urbanísticos en Cali se hacen sobre zonas de alta importancia ambiental por su red hídrica, valor paisajístico, presencia de humedales y corredores ecológicos, lo que ha propiciado movilizaciones y pro- nunciamientos en contra de estas afectaciones ambientales nunca antes vistos en la ciudad. En el caso del Charco del Burro, a finales de la década de 1970, no se reportó ninguna queja por su degradación por parte de la ciudadanía; esta incluso participó activamente en su desaparición llevando escombros y basuras que terminaron por sepultarlo, a pesar de haber sido un sitio de encuentro y esparcimiento para muchos caleños. A diferencia de este caso, las nuevas obras urbanísticas en cerros de la comuna 18 y el sur de Cali han activado la acción ciudadana que se opone a estas obras bajo consignas ambientales y de protección de los humedales y los corredores ambientales, al tiempo que realizan reivindi- caciones por una ampliación democrática en la toma de decisiones en cuanto al desarrollo de la ciudad y el medio ambiente.

En este capítulo, haremos, en primer lugar, una revisión teórica sobre la ética ambiental en la ciudad. Discutiremos los problemas para el desarrollo de un comportamiento más ético hacia la naturaleza en contextos urbanos que incluya un sentido de responsabilidades hacia la Tierra y el replanteamiento de nuestra relación con la naturaleza. A continuación, describiremos los cambios urbanísticos al sur de Cali y sus efectos sobre el medio ambiente. Examinaremos lo que estos procesos nos dicen sobre la relación con la naturaleza que estamos concibiendo y materializando en el contexto urbano. En una sección siguiente, analizaremos el rol de las autoridades ambientales y judiciales en la implementa- ción de las normas ambientales, y concluiremos que estas son insuficientes para garantizar la salud y el mantenimiento de ecosistemas naturales en las ciudades.

Pasaremos a discutir entonces cuáles serían los aportes de la ética ambiental al mejoramiento de las relaciones socioecológicas en contextos urbanos. Por último, examinaremos las implicaciones que tienen las nuevas manifestaciones ciudada- nas en contra de las afectaciones producidas por el sector de la construcción para el desarrollo efectivo de esta ética.

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Para esto centraremos el análisis en la transformación del sur de Cali, en especial del sector de la comuna 22 y Pance con algunas referencias también a las comu- nas 18 y 21. La metodología se basó en la recolección de datos de tipo cualitativo a través de un estudio de caso que incluye una investigación documental donde obtuve información desde 2008 hasta 2017 de afectaciones ambientales en la comuna 22. Se utilizaron distintas fuentes como el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) y la Contraloría General de Santiago de Cali, así como la comunidad que a través de sus instancias de participación ha pro- ducido una copiosa información sobre los cambios que ha sufrido la comuna y sus propuestas de ordenamiento. También se recogió información de estudios secundarios realizados por firmas de ingenieros y universidades. Por último, es importante resaltar que muchos de los datos de observación participante se recogieron como parte del involucramiento personal de la autora en los procesos comunitarios objeto de estudio, en especial en los comités de planificación de la comuna y en el comité de comanejo del área protegida del río Lili. Por eso se debe advertir que los datos obtenidos son principalmente desde la perspectiva comunitaria, y queda para una futura indagación un examen más juicioso de la perspectiva de las contrapartes en los procesos analizados, como los funcionarios y miembros de las constructoras.

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Perspectiva teórica: una ética de la tierra en la ciudad

Leopold (1949) se quejaba de la falta de una ética hacia la Tierra que interiori- zara en las personas responsabilidades y obligaciones hacia la naturaleza y sus componentes, en una medida similar a como existían entre los miembros de una sociedad. Leopold atribuía los abusos que se cometían en contra de otras especies y la degradación ambiental a la falta de esta ética, que se manifiesta en la falta de sanciones sociales para quien contamina los ríos o deteriora los suelos. De acuerdo con él, el problema estaba en que la tierra se consideraba como propiedad absoluta y la relación con ella era estrictamente económica, de forma que los suelos, las aguas, las plantas y los animales no eran considerados como partes importantes de la comunidad en que vivimos y hacia los que debemos establecer ciertos límites y responsabilidades, ya que al igual que los seres humanos tienen derecho a existir.

Según el autor, el interés económico propio en relación con la tierra se convirtió en la única guía para su uso. Leopold estaba pensando en propiedades rurales cuando insistía en la necesidad de que los dueños de granjas desarrollaran prác- ticas voluntarias de conservación como parte de su obligación ética hacia una comunidad más amplia que incluyera todos los elementos de la naturaleza. ¿Pero cómo alcanzar esta ética?

Para Leopold la evolución hacia una ética de la tierra es un proceso tanto intelectual como emocional. Recordemos que él vive su propia conversión personal.

Como funcionario del Servicio Forestal estadounidense, promovió el exterminio de los lobos con el fin de aumentar las ganancias económicas obtenidas a tra- vés de la caza deportiva de venados, política que fracasa al morir de hambre los venados que, sin tener quien controlara su crecimiento, agotaron el alimento disponible en la montaña. Después de esto, se convierte en un ferviente defen- sor de la vida silvestre y llega a ser denominado el padre del ambientalismo

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estadounidense. Esta conversión pasó por una reflexión profunda en la que logra reemplazar una imagen mental de la tierra como una máquina productora de bienes económicos, donde el papel del hombre es maximizar los beneficios, que puede extraer de ella la metáfora que lo hizo célebre en su ensayo “Thinking like a mountain” (Leopold, 1949); allí se refiere a la pirámide biótica para señalar la compleja interdependencia entre los lobos, los venados, las plantas y la salud del suelo que la anterior imagen mental no le permitía ver.

Por un lado, este proceso intelectual de cambio de imágenes mentales por otras más complejas que reconocen las relaciones entre todos los componentes de la naturaleza y sus efectos sobre el bienestar humano es facilitado por el conoci- miento de la ecología, que para la época de Leopold ya hacía populares con- ceptos como el de las cascadas tróficas y la importancia de los predadores en las cadenas alimenticias y más recientemente hasta en el curso de los ríos. Al respecto, varios otros autores latinoamericanos de la ética ambiental coinciden en este punto (“Manifiesto por la vida: una ética para la sustentabilidad”, 2002), al señalar que la ética para la sustentabilidad implica un nuevo saber capaz de comprender las complejas interacciones entre la sociedad y la naturaleza, es decir, un pensamiento de la complejidad.

Por otro lado, el proceso emocional de sentir amor, respeto y admiración por la Tierra en su historia personal nace a partir de experiencias vivenciales, un ejemplo de esto es la escena con una loba que menciona memorablemente en

“Thinking like a mountain” a la que le dispara y a la que ve el fuego de sus ojos desaparecer mientras muere dejando a su cría huérfana. De acuerdo con Leopold, este proceso emocional de desarrollo de una ética de la tierra se le difi- culta al hombre moderno porque este ya no tiene una relación vital con ella.

Al respecto, Kimmerer (2017) nos llama la atención por la pérdida que hemos sufrido los seres humanos modernos de la memoria de los nombres de los animales y de las plantas con los que cohabitamos, especialmente en las ciudades, lo que nos pone en una condición de aislamiento y desconexión con el resto de la naturaleza. Con esto, afirma la autora, hemos perdido un vocabulario entero de habla, experiencia y relación. Incluso en los barrios privilegiados por su cobertura arbórea o por estar cruzados por ríos, humedales o corredores ambientales, difícilmente encontramos que sus vecinos conozcan el nombre de los árboles o las plantas con los que se cruzan a diario al salir de sus viviendas. Muy pocos reconocen especies comestibles o medicinales que todavía se encuentran en las áreas verdes de las ciudades como el matarratón, el pipilongo, la suelda con suelda, etc. Mucho menos saben que los higuerones, los laureles y los caimos son las especies que producen las semillas que más les gustan a las guacharacas y a otros

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animales silvestres. Reconociendo este estado de nuestra relación con la naturaleza, Kimmerer se pregunta ¿cómo podemos cuidar a estos seres, monitorear su bienestar y pelear por su existencia si ni siquiera conocemos sus nombres?

Hoy en día, no podemos decir que la propiedad de la tierra es considerada como absoluta, ya que al menos en la Constitución Política de 1991 quedaron estableci- dos sus límites conforme a sus funciones sociales y ecológicas. Desde el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente de 1974, se exige además el respeto de la propiedad privada sobre las aguas y las franjas forestales protectoras de los ríos. Asimismo, se establece que las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura que afecten o puedan afectar los suelos están obligados a llevar a cabo prácticas de conservación y recuperación (art. 180, inc. 2). Sin embargo, estas normas no parecen tener correlación efectiva con una ética compartida por la ciudadanía en general que haga que tanto el dueño de la tierra como el vecino de este o el funcionario público entiendan la importancia de estas normas y estén compro- metidos en su implementación y defensa. Es como si la comprensión ecológica estuviera reducida a los especialistas que redactaron las normas, mas este cono- cimiento no fuera extensivo a la población en general.

A diferencia de Leopold, otros autores más recientes piensan que la conciencia de que somos parte del mundo natural y de que estamos ligados inexorablemente a los sistemas ecológicos que sostienen nuestras vidas es posible de desarrollar también dentro de las ciudades. Cronon (1995) critica la idealización que se hace de las áreas silvestres (como parques naturales o reservas) como las únicas donde la naturaleza puede ser admirada y hacia las que tenemos un deber ético de conservación. En sus palabras: “La mayoría de nuestros problemas más serios empiezan en casa, y si estamos dispuestos a resolver esos problemas, necesita- mos una ética ambiental que nos diga tanto acerca de usar la naturaleza como acerca de no usarla” (p. 16).^* El autor argumenta que la experiencia de maravilla y otredad no debe estar limitada a los lugares remotos del planeta: “el hogar después de todo es el lugar donde vivimos. Es el lugar hacia el que tenemos responsabilidad, el lugar que tratamos de sostener de modo que les podamos dejar lo mejor de él a nuestros hijos” (p. 19). La regulación de nuestros actos y la autoconciencia crítica sobre las consecuencias de nuestras acciones sobre las otras especies y elementos de la naturaleza deben suceder y con mayor razón en las ciudades, por ser el espacio que habitamos a diario.

* Las traducciones son mías.

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Pero además de las limitaciones que deberíamos tener con respecto a la naturaleza en nuestras ciudades con el fin de conservarla y preservar el derecho de otras especies a convivir con nosotros, autores como Cafaro (2001) proponen que la res- puesta ética a la destrucción ambiental debe ir más allá de establecer unos límites negativos a nuestras acciones. Esta debe estar dirigida a replantearnos una ética de la virtud que nos permita encontrar satisfacción y placer en esta relación más respetuosa con la naturaleza. Es decir, no es desde la autolimitación y autopri- vación que deberíamos basar nuestra responsabilidad hacia la tierra, sino desde la autorrealización y el disfrute de las posibilidades que implica una vida más plena que incluya la naturaleza, el contacto con otras especies y la experiencia de la diversidad. Esto coincide con los planteamientos del movimiento de la ecolo- gía profunda que propone que la calidad de vida depende de la satisfacción que recibimos al tener una relación estrecha con otras formas de vida (Naess, 1989).

Lo anterior es fácil de entender para los que viven en barrios privilegiados desde el punto de vista del patrimonio ambiental. Levantarse con el sonido de las aves, la vista desde el comedor al bosque, el clima más fresco que produce una alta densidad de árboles cerca al lugar de vivienda, las caminatas que son posibles en estos lugares para comenzar la mañana o terminar el día. Cafaro (2001) plantea así cuestiones éticas cruciales para la vida en las ciudades: ¿cuál es la mejor vida para una persona? y ¿qué es una sociedad buena y cómo podemos alcanzarla? Y nos pone en una dirección que busca que asumamos una posición más positiva y sostenible de convivencia respetuosa con la naturaleza.

¿Y qué significa tener una relación más respetuosa con la naturaleza? Kimme- rer (2014) propone que el siguiente paso, si queremos persistir como especie en este hermoso planeta, debe ser expandir nuestros protocolos de gratitud hacia la Tierra. La Tierra nos da regalos valiosos todo el tiempo que damos por sentado.

Cuando las personas se dan un regalo las unas a las otras, el acuerdo social im- plícito es devolver la atención por parte del que recibe el presente, pero con los regalos que nos da la tierra, como el aire puro, la frescura, la calma, la belleza, los alimentos, la vida, en resumen, nos comportamos como si estos no tuvieran ninguna contraprestación de nuestra parte. Devolver el regalo significa agradecer con nuestras acciones por esos dones que recibimos, protegerlos, evitar su daño o conservar su integridad.

En este mismo sentido, la propuesta de la filosofía del cuidado como ecosofía se basa en el reconocimiento de la íntima interconexión del ser humano con la natu- raleza y propone el concepto de ciudadanía cuidadora (Comins, 2016). Esta es una ciudadanía que dentro de la lógica de la gratitud está preocupada por el bienestar tanto de los otros como de la naturaleza. Desde el punto de vista de los derechos esta ciudadanía incorpora la tercera generación de derechos que son los de un

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ambiente sano y respecto de los deberes amplía la participación para incluir la relación con la naturaleza y el sentido de responsabilidad de los ciudadanos en su preservación y defensa. La política del cuidado que propone esta vertiente implica una profundización de la democracia, pues supone el desarrollo de una ciudada- nía consciente tanto de sus responsabilidades con el espacio que habita y las otras especies como de sus múltiples posibilidades de acción tanto individual como co- lectiva para materializar el cuidado de los otros, que se hace crítico en las ciudades por sus procesos de expansión y desarrollo de infraestructuras que muchas veces conllevan el arrasamiento completo de espacios naturales o de bienes comunes.

Por otra parte, autores como Hirsch & Norton (2012) coinciden con Leopold (1949) en señalar que el proceso intelectual de ajuste de nuestros modelos mentales de la naturaleza es indispensable para el desarrollo de una ética ambiental, pero argumentan que estos cambios a nivel societal requieren además el desarrollo de nuevas instituciones acordes con estos nuevos modelos culturales. El cambio en los modelos mentales con los que entendemos la naturaleza puede llevar a replantearnos la escala en la que pensamos estos sistemas, por tanto, su adecuado manejo implicará instituciones que respondan a estas nuevas escalas. Este plan- teamiento tiene antecedentes en la ecología social con Murray Bookchin quien en su ensayo de 1991 se preguntaba ¿qué instituciones se precisan para crear una nueva esfera pública, para dar origen a una nueva sensibilidad ecológica?

A fin de determinar cómo deben ser estas instituciones para el manejo de tales sistemas, debemos considerar cuestiones de escala, como lo señalan Hirsch

& Norton, pero también considerar quiénes participan de estas instituciones.

Al respecto, Leff (2003) ha señalado como uno de los grandes obstáculos a la construcción social de la sustentabilidad el hecho de que hemos subyugado los saberes que se fueron construyendo en el proceso de coevolución de las culturas con sus territorios y naturalezas. Es decir, que los saberes de indígenas, afroco- lombianos y campesinos fueron siendo marginados de las formas e instituciones con que se maneja la naturaleza, a medida que estos grupos sufrían procesos de marginación social, económica y política. De esta manera, fuimos perdiendo toda la sabiduría que estos tenían sobre los nombres de plantas que curan, los hábitos de los animales, los alimentos autóctonos, el manejo del suelo, etc.

Podríamos afirmar también que en los contextos más urbanos los habitantes de los barrios han sufrido estos procesos de marginación en la toma de decisiones sobre las cuestiones ambientales. Estas más bien se concentran en las oficinas con jurisdicción en el problema ambiental como el Dagma o la Corporación Autóno- ma Regional del Valle del Cauca (CVC) o en las secretarías de infraestructura y planeación municipal, cuyos funcionarios toman las grandes decisiones sobre el desarrollo de la ciudad bajo la presión de los gremios de la construcción. De esta

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forma, las instituciones que manejan el medio ambiente, sin un ethos democráti- co que se refleje en procesos más abiertos y participativos en las decisiones que afectan los ecosistemas urbanos, terminan siendo el reflejo de las visiones y de los intereses de actores dominantes cuya lógica es primordialmente económica, con lo que volvemos a la queja de Leopold (1949) y su reclamo de que nuestra relación con la Tierra sigue siendo estrictamente económica.

El análisis de los casos que realizaremos a continuación nos ayudará a precisar y contestar la pregunta de Bookchin sobre qué instituciones se necesitan para crear una sensibilidad ecológica, a partir del análisis de quiénes son los actores que participan efectivamente en las decisiones que se toman sobre el desarrollo urbano en Cali.

Para cerrar esta parte, señalaremos, entonces, que los autores de la ética ecológica identifican dos factores clave para su desarrollo: el cambio en los modelos mentales con que concebimos la naturaleza y el desarrollo de instituciones acordes con estos nuevos modelos para entender los sistemas naturales y la relación que tenemos con ellos.

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La relación con la tierra en el contexto urbano

Para examinar cuál es la relación con la tierra que prima en una ciudad como Cali, analizaremos la forma como se desarrollan las nuevas construcciones en la actualidad en las zonas orientadas a la redensificación y expansión de la ciudad a partir de los informes del Dagma, la Contraloría General de Santiago de Cali, Planeación Municipal y organizaciones comunitarias, y nos centraremos en algunos casos representativos.

El caso de la comuna 22

El territorio de la hoy comuna 22 se comenzó a urbanizar a partir de 1960 como un suburbio de ciudad, pues su área correspondía a la zona rural. Sin embargo, fue un área proyectada para bajas densidades, así se encontraban al norte del río Lili lotes promedio entre 400 y 600 m² y al sur del mismo río lotes entre 1800 y 4000 m² apro- ximadamente. Ello implicaba que el sector contenía alrededor de veinte unidades de vivienda unifamiliar por manzana al norte del río Lili y de solo dos a seis al sur.

Más al sur, ya en lo que se denominó área de parcelaciones, los lotes eran del orden de 4000 y 10 000 m², por lo que solo habría entre una y tres viviendas por manzana.

Dadas las condiciones de la comuna 22, especialmente en la zona de Antiguas Par- celaciones, caracterizadas por la ausencia de infraestructuras urbanísticas, el Acuer- do 69/2000, del 27 de junio determinó un plan de acción para que la Administración municipal completara el proceso de urbanización en la comuna 22, que debería ser implementado en la vigencia del POT. Sin embargo, tareas importantes para la con- servación de la biodiversidad como los inventarios requeridos para la protección de los recursos naturales no se realizaron, por lo que el avance de la urbanización y la edificación en muchos casos transformó las áreas de suelo de protección ambiental.

El avance de la urbanización sobre el sector fue promovido por el POT de 2000 y profundizado en el de 2014, que incrementó ostensiblemente la densidad permi- tida por la norma. Salazar (2017, p. 119) determinó que sobre el área bruta de la

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comuna (1058,9 ha) el cambio normativo significa un incremento en la densidad tanto en el área de Ciudad Jardín como en el área de Antiguas Parcelaciones que venía de 6 viviendas por hectárea a 52 viviendas por hectárea, con un incremento de 8,6 veces y de 20 hab./ha a 177 hab./ha, con un aumento de 8,85 veces. Con la aplicación de la nueva norma de 2014, la población y las viviendas del sector aumentarían como lo muestra la tabla 4.2.

Tabla 4.1. Evolución normativa Pance urbano

Periodos de norma

Acuerdo 16/1969, de 21 de abril

Decreto 659/1986, de 31 de julio

Acuerdo 30/1993, de 21 de diciembre

Acuerdo 69/2000, de 27 de junio

Acuerdo 373/2014, de 3 de diciembre Densidad

habitantes por hectáreas brutas

12 30 30 83,7 174,27

Fuente: Salazar (2017).

Tabla 4.2. Cálculo de población y viviendas según áreas de la comu- na 22 con la aplicación de la norma urbana contenida en el Acuerdo

373/2014, de 3 de diciembre

Área que se desarrollará

Área bruta de la comuna 1058,9

Población actual 21 494,8

Población adicional 165 838,3

Población total proyectada 187 333,1

Población flotante actual (*) 84 000,0 Población flotante proyectada (*) 92 000,0

Viviendas actuales 6322,0

Viviendas total proyectadas 55 098

Número total vivienda adicionales 48 776

(*) Población flotante inicial calculada por las juntas de acción comunal (JAC) en 2007 que era de 80 000 personas. A esto se le ha proyectado un incremento a la fecha del 5 % y a 15 años del 15 %.

Fuente: Salazar (2017).

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Efectos de la urbanización sobre el medio ambiente en la comuna 22

El territorio de la comuna 22 está cruzado por tres de los siete ríos del municipio: Meléndez, Lili y Pance, algunas quebradas como La Gualí y dos acequias principales (Acequia Grande y Cañasgordas) alimentadas por el río Pance, de las que se derivan otras acequias menores como La Umbría y La Alameda y algunos zanjones como el del Burro. Todos estos tienen asociada una franja forestal protectora que en algunos casos se conserva y que permite el funcionamiento de corredores biológicos que conectan el Parque Nacional Natural Farallones de Cali con el sistema Cauca Seco en los corregimientos de El Hormiguero y Navarro donde aún se conservan muchos humedales. En la comuna, y gracias a la red alimentada por las derivaciones del río Pance, existen 40 humedales entre naturales y artificiales.

Esta profusa red hídrica, de ríos, quebradas, acequias, humedales y áreas circun- dantes crea hábitats únicos en la ciudad que permiten el desarrollo de fauna y flora tanto terrestre como acuática que no se observa en otras partes de la ciudad.

Esta gran diversidad de especies depende de las condiciones de la vegetación que todavía se conservan y en muchos casos se han recuperado. Un estudio de Funagua (2018) estima que en la comuna existen todavía unas 235,64 ha de áreas naturales, lo que representa una situación privilegiada comparado con el resto de la ciudad. Es, por tanto, una comuna donde la naturaleza no está aislada de los sitios donde viven las personas, sino que está integrada a los espacios de tránsito y vivienda, hace parte de la cotidianidad y del entramado urbano.

El estudio de Funagua (2018) encuentra como la principal amenaza para la con- servación del patrimonio ambiental de la comuna la inadecuada ocupación del territorio con fines de expansión urbana, que ha dado lugar a procesos de tala, desvío de las fuentes hídricas, desecación y contaminación de los cuerpos de agua. De acuerdo con Funagua, el crecimiento urbanístico y la densificación de la comuna también han traído como consecuencia la fragmentación de los hábitats presentes en el área, a partir de la construcción de infraestructura vial, pavi- mentos, cercas, alcantarillado sanitario y pluvial, muros de contención, redes eléctricas y de comunicaciones, generado una transformación física del territorio e interrumpido la dinámica de las áreas restauradas, que ocasiona pérdida de continuidad ecosistémica y disminución de las coberturas vegetales.

Según los procesos sancionatorios llevados a cabo por el Dagma en este sector entre 2008 y 2016 (tabla 4.3), se presentaron diferentes tipos de afectaciones al medio ambiente. Aunque la información entregada es bastante incompleta, sí vemos que el impacto de la urbanización sobre los ríos que cruzan la comuna es bastante alto con siete casos de vertimientos y catorce de conexiones erradas, que son las

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que se producen cuando las tuberías de aguas residuales, en vez de conectarse al sistema de alcantarillado de aguas residuales, lo hacen al alcantarillado pluvial y así llegan directamente a los ríos sin ningún tipo de tratamiento, de modo que el más afectado es el río Lili. Otro tipo de afectaciones que se presentan como parte de los desarrollos urbanísticos son las talas de árboles sin permisos, la ocupación de las franjas de protección y el entamboramiento de cursos de agua.

Tabla 4.3. Procesos sancionatorios del Dagma en la comuna 22 entre 2008 y 2016

Año del proceso

sancionatorio Tipo de infracción Estado actual del proceso

1 2008 Vertimientos Finalizó con una sanción de multa

por COP 160 680 000 en mayo de 2011

2 2009 Vertimientos Finalizó con una sanción de multa

por COP 12 000 000 en abril de 2015

3 2016 Vertimientos Abre investigación y formulación

de cargos

4 2014 Vertimientos Etapa probatoria

5 2014 Vertimientos Abre investigación y formulación

de cargos

6 2014 Vertimientos Finalizó mediante Auto del 25 de

septiembre de 2015

7 2014 Vertimientos Finalizó mediante Auto del 21 de

diciembre de 2015

8 2012 Residuos sólidos Cobro persuasivo por COP 113 385 747

9 2012 Intervención arbórea Finalizó con una sanción de COP 416 278

10 2015 Tala de árboles sin permiso de la autoridad

ambiental Formulación de cargos

ambiental Periodo probatorio

ambiental Etapa probatoria

13 2014 Incumplimiento a las

normas ambientales Finalizó el proceso mediante Auto del 30 de julio de 2014

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Año del proceso

sancionatorio Tipo de infracción Estado actual del proceso

14 2014 Entamboramiento

derivación del río Pance Etapa probatoria

15 2014 Conexión errada río Lili Abre investigación y formulación de cargos

17 2014 Conexión errada río Lili Finalizó mediante Auto del 28 de mayo de 2015

18 2016 Conexión errada río Lili Indagación preliminar 19 2016 Conexión errada río Lili Indagación preliminar 20 2016 Conexión errada río Lili Indagación preliminar 21 2016 Conexión errada río Lili Indagación preliminar 22 2016 Conexión errada río Lili Indagación preliminar

27 2016 Conexión errada río Lili Indagación preliminar

29 2012

Impacto ambiental por ocupación de franja protectora y contaminación humedal Cañasgordas II por parte de PriceSmart

Se envía cobro coactivo en 2016 por un valor de COP 694 302 155;

ya está embargado pero no han pagado debido a que interpusieron un recurso por resolver

30 2013 Ocupación de cauce Etapa probatoria

31 2013 Ocupación franja de

protección derivación río Etapa probatoria

32 2013

Ocupación franja protectora y

contaminación cauce acequia

Culmina el proceso mediante Auto del 10 de diciembre de 2013

33 2014 Ocupación franja de

protección derivación

del río Pance Etapa probatoria Fuente: Dagma (2016).

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Aparte de estos casos detectados por el Dagma y cuya sanción efectiva no queda clara del reporte, los informes de la Contraloría General de Santiago de Cali (2017a, 2017b) encuentran que incluso en los permisos que da el Dagma a los urbanizadores se cometen infracciones a las normas ambientales. Estos informes también revelan la preponderancia de los intereses económicos sobre los ambientales en los desarrollos urbanísticos analizados, a pesar de las regulaciones existentes para garantizar la protección de elementos naturales como los ríos, los suelos, las franjas forestales protectoras y los árboles.

Uno de los casos más frecuentes encontrados por la Contraloría General de San- tiago de Cali (2017a) es que se emiten licencias urbanísticas a proyectos de vivienda sin tener el requisito de concepto ambiental de obra emitido por el Dagma y que estas empiezan a ejecutarse sin haberlo tramitado aún, como sucedió para los proyectos Scala, Naturezza y Gaudí. Es decir, el cumplimiento de obligaciones ambientales es considerado como un requisito que puede pasarse por alto y que es más bien accesorio. Las obligaciones hacia la naturaleza que pretenden garantizar estos requisitos son usualmente ignoradas y puestas en un rango de menor importancia, hasta el punto de no asumirse como verdaderas obligaciones.

La Contraloría General de Santiago de Cali (2017a) también encuentra que las solicitudes de las constructoras sobre intervenciones en los ecosistemas para adaptarlos a sus proyectos urbanísticos son por lo general aceptadas por parte de la autoridad ambiental, y así ponen en primer lugar las necesidades del agente privado antes que las de los ecosistemas que se alteran de esta forma.

Para los proyectos Scala, Praty y Naturezza la Contraloría General de Santiago de Cali encontró que el Dagma autorizó talas de árboles, la realineación de dos cauces, la intervención de franjas forestales protectoras, la ocupación del cauce, entre otras, lo que afecta directamente la regulación del sistema hídrico y la conservación de la biodiversidad.

La Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa encontró que el cauce natural de la quebrada Gualí en una parte de la comuna 22 fue literalmente borrado por el desarrollo urbanístico (figura 4.1) y que el humedal Cañasgordas viene siendo deteriorado por el vertimiento del lavado de recipientes con químicos uti- lizados para acabados en obras en construcción y por sedimentos cuando hacen remoción de tierras aguas arriba (Corporación para la Gestión Ambiental Biodi- versa, 2017). Por su parte, en la construcción de la unidad residencial Remanso de la Colina, los urbanizadores destruyeron uno de los nacimientos de la quebrada Zanjón del Burro y los desarrollos de la urbanización Gualanday interceptaron en al menos tres sitios el corredor ecológico de este zanjón, por lo que cortaron su funcionalidad para el mantenimiento de la biodiversidad.

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Figura 4.1. Antiguo cauce de la quebrada Gualí que alimenta el humedal Cañasgordas

Fuente: Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa (2017).

El Dagma también impuso en 2012 una sanción a PriceSmart por el relleno que hizo del humedal Cañasgordas II ubicado en la carrera 118 entre calles 22 y 25.

Este humedal está inventariado por el Dagma como un humedal con una exten- sión aproximada de 4500 m2 y es muy importante ya que cumple, entre otras, una función de regulación hídrica, en una comuna que carece del servicio de alcantarillado pluvial para más o menos el 60 % de su territorio. La multa impuesta fue de COP 694 302 155, pero hasta la fecha la empresa no la ha pagado.

Finalmente, la Contraloría General de Santiago de Cali (2017a) encontró para el condominio Gaudí que este había desviado de su cauce tres drenajes que vierten al Zanjón del Burro, que entubó subterráneamente sin ninguna autorización. El mismo constructor también secó un pequeño humedal que existía en este predio (figura 4.2).

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Figura 4.2. Nacimiento del Zanjón del Burro afectado por el proyecto Gaudí

A: 2012-2013

B: 2015

Fuente: Fotografías de Luz Ángela Forero.

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Lo mismo hizo la constructora Espacio Vital con el proyecto vecino Remanso de la Colina, que comenzó a ser ejecutado sin ningún concepto ambiental por parte de la autoridad ambiental. Esta constructora realizó talas de árboles sin permisos e intervino ilegalmente las quebradas Gualí y Cañasgordas, por lo que secó uno de los nacimientos del Zanjón del Burro (figura 4.3).

Figura 4.3. Nacimiento afectado por urbanización Remanso de la Colina

Fuente: Fotografía de Luz Ángela Forero.

El estudio de Funagua (2018, p. 268) documenta este mismo problema para el bra- zo principal de la quebrada Gualí y encuentra que su nacimiento coincide espacial- mente con la posición de la piscina de una institución universitaria de la ciudad.^* Otro tipo de afectación encontrada contra las fuentes hídricas por parte de las nuevas construcciones, que se incrementaron en la comuna a causa del POT de 2014, es el aumento de la sedimentación de los cursos de agua por la inadecuada disposición de materiales producto de la actividad constructora. Un ejemplo de esto sucede con el proyecto Ankara de la constructora Marval que se construye actualmente a un costado del Zanjón del Burro. De acuerdo con un estudio reciente:

El material obtenido de excavaciones se está depositando sobre el flanco de la ladera en la margen izquierda del Zanjón El Burro. Teniendo en cuenta que se están presentando frecuentes lluvias se considera inconveniente depositar material en ese sitio porque se van a presentar dos tipos de amenazas:

* Se refiere a la Universidad San Buenaventura de Cali.

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a) incrementos importantes de aportes de sedimentos sobre el cauce del zanjón el cual a su vez los transportará hacia el cauce del río Lili, consti- tuyéndose en una afectación por obstrucciones sobre las diferentes estruc- turas hidráulicas del río Lili, principalmente en los puentes que tengan deficiencia de gálibo, y

b) saturación de los suelos acumulados en cercanía de la ladera con fuerte pendiente que puede llegar a ocasionar movimientos en masa del material, lo que produciría taponamiento en el cauce del Zanjón El Burro y desbor- damientos por encima de la corona del dique de protección contra inundaciones existente sobre la margen derecha. (Arango, 2018)

En la figura 4.4, se ilustra el depósito de material proveniente de las excavaciones para cimentación de los edificios.

Figura 4.4. Depósito de materiales del proyecto Ankara

Fuente: Fotografía de Rubén Darío Arango.

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A medida que aumenta la densidad urbanística en el sector, se empiezan a ocu- par también las amplias zonas verdes y de antejardines que constituían parte importante del paisaje de la comuna, como vemos en la tabla 4.4 Debido a que el patrón de ocupación de la comuna fue principalmente dado por el establecimien- to de casas unifamiliares en grandes lotes, permitió el mantenimiento de grandes zonas verdes dentro de los predios privados que mantuvieron la cobertura ar- bórea y florística en la zona. De acuerdo con Funagua (2018), esta característica permitió que la comuna 22 contara con el 51 % de las especies de mariposas diurnas reportadas para la ciudad de Cali, que aprovecharon los amplios jardines presentes en la zona para alimentarse y reproducirse. La creciente ocupación de estas zonas verdes representa entonces una pérdida de hábitat importante que se suma a las de zonas boscosas y franjas de los ríos.

Tabla 4.4. Infracciones a las que el DAPM les está haciendo seguimiento entre 2006 y 20160

Año Investigado Infracciones

2013 Propietario Construcción no reglamentaria en zona verde 2013 Propietario Cerramiento y cubrimiento en zona de

antejardín

2015 Cavelu S. A. S. y otros Ocupación de espacio público colindante con zona verde

2013 Inmobiliaria Quilichao

S. A. y Cía. La zona verde cedida al municipio se encuentra cerrada

2013 Inmobiliaria Quilichao

S. A. y Cía. La zona verde cedida al municipio se encuentra cerrada

2016 Lago Club Adecuación zona verde

2016 Diego Mendoza Cerramiento espacio público (zona verde) con malla

2015 Fideicomiso Campestre

Alpes S. A. Adecuación de zona verde que se cederá al municipio

2014 Propietario Cubrimiento no reglamentario de antejardín 2013 Propietario Cubrimiento no reglamentario de antejardín 2013 Propietario Cubrimiento no reglamentario de antejardín 2013 Propietario Cubrimiento no reglamentario de antejardín 2013 Propietario Cubrimiento no reglamentario de antejardín 2013 Propietario Cubrimiento no reglamentario de antejardín 2013 Yolanda Quijano Gradas en antejardín, construcción no

reglamentaria

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Año Investigado Infracciones

2013 Propietario Ocupación de la zona de antejardín

2015 Gilberto Acosta Apropiación de una pequeña franja de terreno y realización de construcciones sin los permisos correspondientes

2013 Francisco Torres Cubierta de losa en zona de antejardín 2016 Wings América Cubrimiento de antejardín

2016 Sushi Green Ocupación de antejardín

Fuente: DAPM (2017).

Debido al escaso seguimiento y control por parte de las autoridades a las nuevas construcciones, estas en muchos casos talan los árboles en sus predios sin que medie para ello el permiso de aprovechamiento forestal que deben obtener del Dagma. Este es el caso del proyecto Matisse, ubicado en la carrera 114 # 16B-00, donde después de una denuncia ciudadana el Dagma (2018) realiza la visita y verifica que la constructora había realizado intervenciones forestales sin ningún permiso que afectaron la cobertura arbórea que rodea al humedal Cañasgordas, conlindante con este nuevo edificio.

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Las franjas forestales protectoras:

los límites que no se aplican

Así como las franjas forestales protectoras del río Cauca, que por ley deben ser de 60 m, no son respetadas en lo más mínimo por los cultivadores de caña que llevan sus cultivos prácticamente hasta las orillas del río, en Cali estas son cons- tantemente invadidas por las constructoras que llevan sus muros hasta el borde de ríos, humedales y acequias, aunque en el listado de procesos sancionatorios del Dagma (tabla 4.3) solo aparezcan registrados cinco casos entre 2008 y 2016.

La Corporación para la Gestión Ambiental Biodiversa (2017, p. 99), al realizar el Plan de Manejo del Humedal Cañasgordas en 2017, encontró que 17 predios están invadiendo la franja de protección de los 30 m de este humedal con un área total de 201 999 m2; tres de estos predios son de propiedad del municipio de Cali y el resto son de particulares. El humedal La Ballena se encuentra seccionado por un muro construido por la urbanización Altos de la Umbría que también ocupó tanto el cauce como la franja de protección de la quebrada (figura 4.4). De acuerdo con la Contraloría General de Santiago de Cali, el condominio Gaudí tampoco respetó la franja forestal otorgada por la CVC.

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Figura 4.4. Humedal La Ballena

Fuente: Google Earth 2018.

La ocupación de cauces y franjas es realizada también en la comuna por parte de clubes sociales que prestan servicios de eventos y fiestas, como es el caso del Club Social La Reserva. Este club, como se observa en la foto de Google Earth (figura 4.5), tiene ocupado ilegalmente el área del cauce del Zanjón del Burro que pasa por su predio, con el fin de represar sus aguas para construir una piscina.

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Figura 4.5. Club Social La Reserva y ocupación del cauce y la franja protectora del Zanjón del Burro

Fuente: Google Earth 2018.

Las franjas son así cuerpos violados en lo rural por la industria de la caña y en la ciudad por la industria de la construcción. A pesar de que la norma establece que las franjas de protección de los cauces de ríos y humedales deben ser de 30 m, los permisos que otorga el Dagma a las constructoras en muchos casos son por mucho menos (tabla 4.5), y los permisos de talas muchas veces se dan dentro de las mismas franjas, y así favorecen intereses económicos por encima de los ambientales. Para el proyecto Scala, por ejemplo, la Contraloría General de Santiago de Cali (2017a) encontró que el Dagma permitió un cerramiento a solo 7 m de la margen del cauce que atraviesa el predio sin fundamentación alguna en estudios técnicos que permitieran tomar esa decisión.

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Tabla 4.5. Permisos otorgados por el Dagma en los que define franjas forestales

Fecha Constructora Franja definida Proyecto Humedal Radicado

10-09-

2013 Sintagma S. A. S.

Franja que varía entre 15,6 m en el punto más al norte, disminuye a 13, 3 m en la mitad del lote del proyecto y termina en 16,29 m en el extremo sur, para un promedio de 14,29 m a lo largo de 57,99 m de lindero con el humedal

Edificio El Lago, La Buitrera Lote 31-b

El Retiro Dagma 2013- 41330-011542-2

08-07-

2016 Abraham Strelec Gorin

Un total de 15 m a partir del borde del cauce y en ambos lados

Palo Alto, carrera 122 con calle 16AEdificio de cinco pisos con terraza

Acequia Cañasgordas (derivación 4)

Dagma

2016411100830152

18-11-

2013 Silvio Velasco, gerente

Franja de 10 m paralela al borde de mareas máximas del humedal

Mirador

Campestre 2013413300289171

04-11-

2014 Constructora Espacio Vital

Franja de protección no menor de 10 m a partir del borde del cauce y en ambos lados

Proyecto Remanso de la Colina, calle 6 y carrera 118 Ciudad Jardín

Derivación

4-4-1 2014413300215141

Fuente: Elaboración propia con datos del archivo documental de la Personería Municipal de Santiago de Cali.

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Las escalas invisibles de la afectación ambiental

Muchos constructores ni siquiera tramitan los permisos ambientales correspondientes para sus proyectos y realizan las intervenciones que consideran nece- sarias sin considerar cómo estas impactan los sistemas naturales dentro de los que se desarrollan.

La mayoría de los casos analizados arriba tienen que ver con el irrespeto a las franjas forestales protectoras al talar árboles dentro de estas o construir sin considerar sus límites. Las franjas son muy importantes, y así han sido reconocidas en la legislación para garantizar la conservación de los suelos, las coberturas vegetales y las aguas.

La tala de la cobertura arbórea de las franjas, seguida de todo tipo de intervenciones, es una de las causas sobresalientes de degradación de suelos, sedimentación de los ríos y conflictos en las cuencas hidrográficas. Una vez pierde su cobertura el suelo queda inerme frente al impacto de preci- pitaciones y vientos que le lavan hasta erosionarle. El suelo lavado termina como sedimentos envileciendo los ríos. (Borrero, 2017, p. 50)

Otra infracción común tiene que ver con el entubamiento, el desvío y la canali- zación de fuentes hídricas para abrirles espacio a los proyectos urbanísticos. Al entubar un curso de agua se le está negando el derecho a otras especies a alimentarse y a vivir en este, se están interrumpiendo ciclos biológicos de especies acuáticas y se está negando el derecho a los habitantes del territorio al disfrute de una fuente de agua. En una escala mayor, se están alterando ciclos hidrológicos y relaciones ecosistémicas, ya que un curso de agua no es un elemento aislado del paisaje, sino que es una fuente de agua que alimenta otras aguas abajo, que crea suelo a su alrededor, que transporta energía y nutrientes y que es hábitat de especies que viven en y que llegan al territorio. Por tanto, la escala con la que el

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constructor piensa que está actuando, que es la de su predio, no se corresponde con los impactos reales que causa, que traspasan los límites de su acción individual. Entre los impactos de las afectaciones causadas por el condominio Gaudí que encuentra la Contraloría General de Santiago de Cali (2017a) están la apro- piación de áreas de franjas forestales protectoras, la disminución del caudal de la quebrada Gualí y el río Lili y la afectación negativa de la biodiversidad.

La destrucción de los relictos boscosos generada por el proceso de urbanización es de un alto impacto para la fauna migratoria registrada en el área de la comuna, que está compuesta principalmente por aves que vienen de Norteamérica. De las 243 especies de aves reportadas en estudios, 18 corresponden a este grupo (Funa- gua, 2018, p. 66). Es de esperarse que la perturbación de los hábitats para las aves migratorias pueda estar afectando los recursos alimenticios que estas utilizan (Salazar, 2017) y está por evaluarse el efecto que tendrán los grandes edificios de más de 20 pisos en el aumento del número de colisiones y en la interrupción de la circulación de los vientos.

En síntesis, la dinámica de la urbanización de la comuna 22 y las condiciones establecidas por la norma urbanística colocan a los corredores ambientales y a la red hídrica de drenaje en una situación de aislamiento y fragmentación para las especies, y en condiciones potenciales de riesgo por la ruptura del sistema de drenaje natural, el relleno de humedales y la reducción de la cobertura arbórea.

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Las instituciones y la implementación de las normas ambientales

Como vimos, si bien el aumento de la expansión de la actividad constructora en la comuna 22 lo autorizan las autoridades de planeación del municipio, estas no toman mayores providencias para garantizar la conservación del patrimonio natural de la comuna y la funcionalidad de los corredores ambientales y el sistema hídrico que atraviesa el sector. La ejecución de los proyectos urbanísticos termina violando a su vez muchas de las normas ambientales vigentes en la ciudad al invadir los espacios de las franjas forestales y de humedales, y alterar el sistema hídrico. Frente a estas infracciones el papel de la autoridad ambiental en el control y monitoreo de los recursos naturales también se percibe permisivo, por lo que le da preponderancia a los intereses económicos sobre los ambientales. A pesar de los requerimientos de las autoridades ambientales de no intervenir las franjas forestales protectoras, estas no son delimitadas ni alinderadas por la enti- dad de modo que se facilite el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de estos requisitos por parte de las constructoras, aunque el POT de 2014 estableció como proyecto estratégico adecuar a corto plazo el corredor ambiental “las aguas del sur” en la comuna 22, que incluye las áreas forestales protectoras de los cursos hídricos que atraviesan la comuna, este proyecto no ha sido realizado a la fecha.

En el mismo POT de 2014, quedó también establecido como ficha de proyecto a ejecutarse a corto plazo el diseño y la construcción de las obras de drenaje pluvial de la comuna 22 y el suelo rural suburbano de Pance, proyecto que debía ser ejecutado por Empresas Municipales de Cali (Emcali) y el DAPM, con el fin de disminuir las inundaciones que se presentan actualmente y manejar mediante sistemas de drenaje urbano sostenible todas las aguas lluvias de la zona. El proyecto reconoce que con el cambio de uso del suelo que se le ha dado a esta zona se ha modificado el ciclo hidrológico y dismunuido el porcentaje de aguas que se infiltran en el terreno.

Sin embargo, a la fecha dicho proyecto no ha sido ejecutado, mientras las nuevas edificaciones que permitió el POT se han ido construyendo de manera acelerada.

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El DAPM es el órgano encargado de realizar el seguimiento y control a las obras nuevas, sin embargo, la Contraloría General de Santiago de Cali encontró que esta función no ha sido asumida por este ente. En general, la CVC y el Dagma carecen del personal suficiente para hacer el seguimiento y control de los proyectos constructivos. Por otro lado, tampoco cuentan con los recursos necesarios para llevarlos a cabo; por ejemplo, el Dagma carece de equipo de topografía y depende de los estudios que le entregan los mismos constructores o propieta- rios de predios para definir las franjas forestales protectoras o en casos especiales debe contratar los servicios de terceros para desempeñar las funciones que la ley le otorgó en esta materia.

La Contraloría General de Santiago de Cali (2017b) también establece que la autoridad ambiental no está ejerciendo un efectivo control que garantice la reposición de la población arbórea de la ciudad, que es susceptible de compensación cuando se otorgan los permisos de tala a las constructoras. Al respecto, sus hallazgos muestran el fracaso de la implementación de la política de compensaciones en Cali: encuentran un presunto detrimento patrimonial calculado en COP 326 425 421 por compensaciones forestales que no se pudieron comprobar. También halló que la autoridad ambiental autoriza como compensación arbórea actividades que no están incluidas en la norma, como compra de material publicitario, material para el vivero del Dagma, equipos y mantenimiento de zonas verdes, remoción de escombros, etc. Y, por último, que las decisiones sobre las autorizaciones de compensación son tomadas de manera más bien a criterio del que otorga el permiso, sin la intervención de un equipo interdisciplinario.

Las curadurías, por su parte, a pesar de cumplir una función pública, mantienen un hermetismo casi absoluto frente a requerimientos por parte de la ciudadanía para que den explicaciones sobre sus actuaciones, es decir, no se hacen responsa- bles públicamente por las licencias que otorgan, que muchas veces, como lo en- contró la Contraloría General de Santiago de Cali y como lo documentó el diario El País (2014) para el caso del condominio Remanso de la Colina también ubicado en Pance, carecen de los permisos previos que deben dar el Dagma o la CVC.

La conclusión de la Contraloría General de Santiago de Cali (2017a) es que estas instituciones son permisivas y se limitan a legalizar las obras que realizan los constructores así estas no cumplan con los requisitos ambientales, cuyos permisos son tramitados en muchas ocasiones luego de realizadas. Pero la pregunta que hacemos aquí es si es únicamente la falta de personal idóneo y de recursos lo que explica esta falla en las funciones de las entidades de control ambiental. No será que la pregunta es más bien por qué, a pesar de las continuas quejas sobre la falta de personal y recursos, estas instituciones año tras año no son adecuada- mente financiadas y equipadas para que puedan cumplir con las funciones que

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les asigna la ley. Si asumimos que el problema no es la falta de presupuesto, ¿por qué los recursos que poseen estas entidades son sistemáticamente colocados en áreas de actividad distintas de las de seguimiento y control? Creemos que la falta de una ética ambiental puede ser el trasfondo que explica el tratamiento secundario que se les da a los delitos ambientales.

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El caso del Zanjón del Burro: cuando los casos de degradación ambientales pasan a manos de instancias judiciales

Ante la falla de las entidades encargadas de la protección ambiental y el control urbanístico, la última línea de defensa de los derechos ambientales sería entonces el sistema judicial, donde, como veremos a continuación, los procesos sancionatorios por infracciones contra el medio ambiente por parte de urbanizadores también terminan diluyéndose sin que las multas sean efectivamente cobradas o las sanciones impuestas a los infractores.

Usualmente, el derecho refleja los valores de una sociedad y las sanciones re- presentan la medida de cuánto la sociedad estima condenable una agresión a estos valores. Si bien el derecho contempla sanciones para todas las agresiones al medio ambiente mencionadas, y algunas fueron de hecho interpuestas, la mayo- ría de los procesos sancionatorios para este tipo de faltas contra la naturaleza se quedan en curso y su aplicación carece de fuerza.

Para ejemplificar las actuaciones de las entidades judiciales con respecto a los procesos relacionados con infracciones ambientales del tipo aquí tratado, vamos a analizar el caso de la intervención del Zanjón del Burro en 2008 como un caso típico que ilustra lo que ha sucedido en la ciudad cuando las acciones contra el medio ambiente cometidas por urbanizadores llegan a instancias judiciales.

El 17 de mayo de 2008, en el sitio ubicado al terminar la calle 13 en Ciudad Jardín, la comunidad de la zona se reunió alarmada ante la deforestación de un área de 1500 m2 producida en el bosque del Zanjón del Burro, también se percataron del entamboramiento de la quebrada El Burro. Esto se dio durante la adecuación del terreno para el desarrollo de la parcelación Altos de Ciudad Jardín por parte de la constructora Urbanismo y Soluciones Arquitectónicas S. A. S. contratada por la Fiduciaria FES S. A. (Fidufes), cuyo representante legal es el señor José Ramón Velásquez.

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Así quedó consignada la afectación por parte de la comunidad en el acta que levantaron tras la reunión que hicieran frente a lo sucedido:

Hacemos constar que estando en el sitio observamos cómo los guatines, armadillos y otros animales rastreros, estaban totalmente desubicados y entraban desorientados a la zona de la excavación y de afectación. Se tum- baron árboles de cierta magnitud y un gran bosque que cubría la ladera y se dañó completamente la capa orgánica que cubría el terreno, el cual tiene estimadamente una pendiente mayor al 25 % de angulosidad. (Acta de reunión extraordinaria de la comunidad, 17 de mayo de 2008; figura 4.6)

Figura 4.6. Área deforestada del Zanjón del Burro en 2008

Fuente: Fotografía de Hugo Salazar.

El área donde se realizó la deforestación está principalmente bajo jurisdicción del Dagma y en un 20 % de la CVC, por estar ubicada en área urbana y rural. Esta intervención se realizó a pesar de que el representante del proyecto había sido notificado por el Dagma y la CVC en resoluciones de 1995 en las que le prohibían cualquier afectación sobre esta zona: