COMISIÓN
EUROPEA
Bruselas, 2.3.2015
COM(2015) 86 final
2015/0043 (NLE)
Propuesta de
DECISIÓN DEL CONSEJO
relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de
Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas por lo que respecta a asuntos
relacionados con el Derecho penal sustantivo y la cooperación judicial en asuntos
penales
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2
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.
CONTEXTO
DE
LA
PROPUESTA
Son muchos quienes consideran que el amaño de partidos es una de las mayores amenazas
que se ciernen actualmente sobre el deporte. El amaño de partidos socava valores del deporte
como la integridad, el juego limpio y el respeto por los demás. Además, puede entrañar el
peligro de alejar del deporte organizado a los aficionados y seguidores. Por otra parte, en el
amaño de partidos están a menudo implicadas redes de delincuencia organizada que actúan a
escala mundial. Este problema se ha convertido en una prioridad para los poderes públicos, el
movimiento deportivo y los organismos que velan por el cumplimiento de la ley en todo el
mundo. Al objeto de responder a esos retos, el Consejo de Europa invitó durante el verano de
2012 a las Partes del Convenio Cultural Europeo a entablar negociaciones con vistas a adoptar
un Convenio del Consejo de Europa contra la manipulación de resultados deportivos. Las
negociaciones dieron comienzo en octubre de 2012, con la primera reunión del grupo de
redacción del Consejo de Europa.
El 13 de noviembre de 2012, el Consejo adoptó la «Recomendación de Decisión del Consejo
por la que se autoriza la participación de la Comisión Europea, en nombre de la UE, en la
negociación de un Convenio internacional del Consejo de Europa para combatir la
manipulación de los resultados deportivos»
1. La Recomendación de la Comisión fue
transmitida al Grupo de Trabajo sobre Deportes del Consejo el 15 de noviembre de 2012. A
raíz de los debates en el Grupo de Trabajo del Consejo, el Consejo dividió la propuesta de
decisión del Consejo en dos, tras haber añadido este una serie de bases jurídicas sustantivas,
incluida una base jurídica derivada de la parte 3, título V del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (en lo sucesivo, «el TFUE»)
2. El 10 de junio de 2013, el Consejo adoptó una
decisión sobre asuntos relativos a las apuestas y el deporte
3. La otra decisión fue adoptada
por el Consejo el 23 de septiembre de 2013 y se refería a asuntos relacionados con la
cooperación en asuntos penales y la cooperación policial
4.
De conformidad con las decisiones correspondientes del Consejo, la Comisión participó en las
negociaciones subsiguientes, que culminaron el 9 de julio de 2014 con la adopción, por parte
de los delegados de los ministros, del Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de
Competiciones Deportivas
5. Posteriormente, el 18 de septiembre de 2014 el Convenio se
abrió a la firma en la Conferencia de Ministros responsables del Deporte del Consejo de
Europa. De conformidad con su artículo 32, apartado 3, el Convenio está abierto a la firma de
la Unión Europea. Desde entonces, lo han firmado una serie de Partes, incluidos algunos
Estados miembros.
1
COM(2012) 655 final.
2
La Comisión emitió una declaración sobre las actas del Consejo en la que manifestaba su desacuerdo con la inclusión de la base jurídica sustantiva; véase documento nº 10509/13 del Consejo.
3
Decisión 2013/304/UE del Consejo, de 10 de junio de 2013, por la que se autoriza la participación de la Comisión Europea, en nombre de la UE, en la negociación de un Convenio internacional del Consejo de Europa para combatir la manipulación de los resultados deportivos, con la excepción de los asuntos relacionados con la cooperación en asuntos penales y la cooperación policial (DO L 170 de 22.6.2013, p. 62).
4
Decisión del Consejo, de 10 de junio de 2013, por la que se autoriza la participación de la Comisión Europea, en nombre de la UE, en la negociación de un Convenio internacional del Consejo de Europa para combatir la manipulación de los resultados deportivos, con la excepción de los asuntos relacionados con la cooperación en asuntos penales y la cooperación policial (documento nº 10180/13 del Consejo).
5
Malta votó contra el Convenio y el 11 de julio de 2014 presentó una solicitud de dictamen del Tribunal de Justicia acerca del Convenio, de conformidad con el artículo 218, apartado 11, del TFUE (dictamen 1/14).
Teniendo en cuenta la dimensión internacional del amaño de partidos, el Convenio también
está abierto a los países no europeos. Este aspecto es fundamental, dado que la cooperación a
escala mundial, principalmente con los países en los que están generalizadas las apuestas
deportivas, como los del Sudeste Asiático, se considera esencial para combatir eficazmente
las redes transnacionales de delincuencia organizada que están implicadas en amaños de
partidos y operan en distintos continentes. La Comisión considera que el Convenio puede ser
un instrumento eficaz en la lucha contra el amaño de partidos.
El artículo 165 del TFUE establece que la acción de la Unión se encaminará a desarrollar la
dimensión europea del deporte promoviendo la equidad y la apertura en las competiciones
deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del deporte. Además, el
artículo 165 del TFUE establece que la Unión y los Estados miembros han de favorecer la
cooperación con las organizaciones internacionales competentes en materia de deporte y, en
particular, el Consejo de Europa. La acción de la UE puede ayudar a abordar los retos
transnacionales, como el amaño de partidos, a que tiene que hacer frente el deporte en Europa,
y que exigen esfuerzos concertados y una estrecha coordinación.
Uno de los objetivos principales del Convenio es la promoción de la cooperación nacional e
internacional, y su capítulo III establece una serie de disposiciones para facilitar el
intercambio de información entre todas las partes interesadas. La lucha contra el amaño de
partidos exige una estrecha cooperación entre el movimiento deportivo, los gobiernos, los
operadores de apuestas deportivas, las autoridades encargadas de la aplicación de la ley y las
organizaciones internacionales. Tan amplio abanico de partes interesadas tiene que hacer
frente a sus propios desafíos, y la UE puede ayudar a reconciliarlos y a garantizar un enfoque
coordinado.
Los Estados miembros se encuentran en diversas fases de desarrollo a la hora de abordar el
amaño de partidos. Debido a la naturaleza transnacional del amaño de partidos, muy
probablemente será necesario trabajar con Estados miembros que tienen distintos grados de
experiencia, sentando así las bases para compartir las buenas prácticas y el desarrollo de
competencias. A este respecto, la UE tiene un importante papel que desempeñar a la hora de
crear la capacidad necesaria, de servir de catalizadora de la cooperación y, en última instancia,
de ayudar a aplicar el Convenio.
La firma de este Convenio debe formar parte de los esfuerzos de la Comisión por participar en
la lucha contra el amaño de partidos, conjuntamente con otras herramientas tales como la
próxima iniciativa de la Comisión sobre el amaño de partidos relacionado con las apuestas, en
consonancia con la Comunicación de la Comisión de 2012 sobre las apuestas en línea
6, el
trabajo del Grupo de Expertos de la UE sobre amaño de partidos y las acciones preparatorias
y proyectos dedicados al amaño de partidos
7.
De conformidad con las decisiones del Consejo por las que se autoriza la apertura de
negociaciones, la adhesión de la Unión debe ir precedida de un análisis de competencias,
teniendo presente que «la naturaleza jurídica del Convenio y el reparto de competencias entre
los Estados miembros y la Unión se determinarán por separado al término de las
negociaciones, basándose en un análisis del ámbito de aplicación preciso de cada una de las
disposiciones».
Este análisis de competencias se establece a continuación.
Índole y alcance de las competencias de la Unión
6
http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/communication/index_en.htm
7
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-ES
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De conformidad con el artículo 1 del Convenio: «La finalidad del presente Convenio es
combatir la manipulación de las competiciones deportivas a fin de proteger la integridad del
deporte y la ética deportiva de conformidad con el principio de autonomía del deporte». A tal
efecto, el principal objetivo del Convenio es «proteger la integridad del deporte y la ética
deportiva». Para ello, adopta una serie de medidas que tienen por finalidad prevenir, detectar
y sancionar la manipulación de las competiciones deportivas. Con esta finalidad, el Convenio
también promueve la cooperación internacional y establece un mecanismo de supervisión para
garantizar que las disposiciones establecidas en el Convenio sean objeto de seguimiento.
De esa manera, el Convenio aplica un enfoque multidisciplinar para hacer frente a la
manipulación de las competiciones deportivas. Por consiguiente, las medidas que habrán de
adoptarse son de naturaleza diversa y afectan a distintos ámbitos del Derecho, si bien los
aspectos relacionados con la prevención están presentes por doquier
8. Otros aspectos
jurídicos afectados son el Derecho penal sustantivo, la cooperación judicial en asuntos
penales, la protección de datos y también la regulación de las actividades relacionadas con las
apuestas.
Prevención (capítulos II-III, artículos 4-14)
La mayor parte de las disposiciones relativas a la prevención contempladas en el Convenio
podrían estar cubiertas por el artículo 165, apartado 4, inciso primero, del TFUE relativo a las
medidas de apoyo en el ámbito del deporte
9. Sin embargo, el alcance de este tipo de
competencia es limitado, ya que excluye toda armonización de la legislación y
reglamentaciones de los Estados miembros. El artículo 165 del TFUE se refiere a medidas de
«promoción», de «cooperación» o de «fomento»,. Por consiguiente, la competencia de la
Unión no sustituye la de los Estados miembros en ese ámbito
10.
Contrasta con ello el hecho de que determinadas medidas relativas a los servicios de apuestas
pueden afectar a las libertades del mercado interior en materia de derecho de establecimiento
y a la libertad de ofrecer servicios, en la medida en que los operadores de apuestas ejercen una
actividad económica. Por lo que se refiere al artículo 3, apartado 5, letra a), y al artículo 11 en
particular, la definición de «apuestas deportivas ilegales» se refiere a cualesquiera actividades
deportivas cuya naturaleza u operador no estén autorizados en virtud de la legislación
aplicable en la jurisdicción de la Parte en que se encuentre el apostante. El término
«legislación aplicable» incluye el Derecho de la UE. Ello implica que también debe tenerse
en cuenta todo derecho reconocido por el Derecho de la UE y que el Derecho nacional de los
Estados miembros ha de ser conforme con el Derecho de la UE, y en particular con las
normas del mercado interior.
Los artículos 9 a 11 prevén medidas que podrían conducir a cierto grado de aproximación de
las legislaciones. Por ejemplo, el artículo 9 del Convenio propone una lista indicativa de
medidas que podrían ser aplicadas por las respectivas autoridades reguladoras de las apuestas,
«si procede», para luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas en relación
con las apuestas deportivas. El artículo 10, apartado 1, del Convenio establece que: «Cada
8
La prevención se aborda en los capítulos II y III, así como en los artículos 27 y 28 del Convenio.
9
Esencialmente, el artículo 4, el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, y el artículo 7 del Convenio sobre el fomento de determinadas actividades por parte de las organizaciones deportivas, y el artículo 8 del Convenio, así como determinados aspectos del artículo 9, el artículo 10, apartado 2, y los artículos 12 y 13 del Convenio.
10
Véase el artículo 2, apartado 5, del TFUE: «En determinados ámbitos y en las condiciones establecidas en los Tratados, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, sin por ello sustituir la competencia de éstos en dichos ámbitos».
Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole necesarias para prevenir conflictos de
intereses y el uso ilegítimo de información privilegiada por parte de personas naturales o
jurídicas que ofrezcan productos de apuestas deportivas (...)» [el subrayado es nuestro]. El
artículo 10, apartado 3, del Convenio tiene por finalidad establecer obligaciones de
información declarando que: «Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole
que resulten necesarias para obligar a los operadores de apuestas deportivas a informar sin
dilación a la autoridad reguladora de las apuestas (...)» [el subrayado es nuestro]. Por último,
el artículo 11 del Convenio sobre apuestas deportivas ilegales ofrece mayor flexibilidad a las
Partes. Reza así: «Cada Parte estudiará los medios más apropiados para perseguir a los
operadores de apuestas deportivas ilegales y sopesará la posibilidad de adoptar medidas, en
virtud de la legislación aplicable en cada país, tales como (...)»
Ello significa que el artículo 9, y el artículo 10, apartados 1 y 3, del Convenio sientan las
bases para una posible armonización con arreglo al artículo 114 del TFUE en la medida en
que los operadores de apuestas ejercen una actividad económica. El artículo 11, cuya
redacción es incluso más flexible, también supone cierto grado de aproximación de las
disposiciones que puede verse contemplado también por el artículo 114 del TFUE sobre el
establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.
Además, el artículo 11 del Convenio también puede afectar a los servicios prestados desde un
tercer país. Las medidas en cuestión, que afectan al acceso «directo» a dichos servicios,
estarán cubiertas por la política comercial común, en aplicación del artículo 207 del TFUE.
El artículo 14 del Convenio, que se refiere a la protección de datos, entra dentro de la
competencia de la Unión, de conformidad con el artículo 16 del TFUE.
Cumplimiento de las normas de Derecho (capítulos IV-VI; artículos 15-25)
El capítulo IV se refiere al Derecho penal y a la cooperación en la vigilancia de su
cumplimiento (artículos 15 a 18). El artículo 15 del Convenio no impone sancionar de forma
general la conducta de manipulación de las competiciones deportivas, sino solamente
determinadas formas (cuando lleven consigo prácticas coercitivas, corruptas o fraudulentas).
Estos hechos pueden estar regulados por el artículo 83, apartado 1, del TFUE si los perpetran
grupos de delincuencia organizada o se llevan a cabo mediante prácticas corruptas
11. No
obstante, el artículo 15 no se limita a la delincuencia organizada, e incluye asimismo las
prácticas coercitivas y fraudulentas sin ningún tipo de comportamiento corrupto. En este
contexto, el acervo pertinente de la UE es limitado.
El artículo 16 se refiere al blanqueo de dinero. A escala de la Unión, la normativa pertinente
es la Decisión Marco 2001/500/JAI
12del Consejo, junto con la Directiva 2014/42/UE
13. El
artículo 16, apartado 3, del Convenio entra en el ámbito de competencias de la UE y del
artículo 114 del TFUE; la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del
sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo se basa
en el artículo 114 del TFUE
14. Como la Directiva no abarca específicamente las
11
Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.07.2003, p. 54).
12
Decisión Marco 2001/500/JAI del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito (DO L 182 de 5.7.2001, p. 1).
13
Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea.
14
La Directiva establece el marco concebido para proteger la solidez, la integridad y la estabilidad de las instituciones crediticias y financieras, así como la confianza en el sistema financiero en su conjunto, contra
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6
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competiciones deportivas, no interfiere con el artículo 16, apartado 3, del Convenio, que
únicamente afecta a los «operadores de apuestas deportivas». La competencia sobre los
artículos 17, 18, 22 y 23 (en los capítulos IV y VI) está relacionada con la competencia con
arreglo a los artículos 15 y 16 del Convenio.
El capítulo V sobre competencia, procedimiento penal y medidas de vigilancia, y el capítulo
VI sobre sanciones y medidas, contiene disposiciones que acompañan las normas de Derecho
penal sustantivo contenidas en los artículos 15 a 18 del Convenio. El artículo 19 del
Convenio (competencia) es una disposición accesoria con vistas al establecimiento de
disposiciones de carácter penal. Los artículos 20, 21 y 25 del Convenio (medidas de
investigación, de protección, y de embargo y decomiso) son medidas del ámbito del
procedimiento penal que pueden estar reguladas por el artículo 82, apartado 2, letras a) y b),
del TFUE.
Cooperación internacional (capítulo VII; artículos 26-28)
El capítulo VII se refiere a la cooperación internacional en materia judicial y en otros ámbitos.
Es importante observar que el Convenio no contempla ningún régimen jurídico que pudiera
sustituir a las normas existentes, y, por tanto, debe entenderse sin perjuicio de los
instrumentos ya existentes en el ámbito de la asistencia mutua en materia penal y de
extradición
15. En este contexto, existe una serie exhaustiva de instrumentos a escala europea
para facilitar la cooperación judicial en asuntos penales, que se aplicaría a los diferentes modi
operandi del amaño de partidos o a la consideración penal del amaño de partidos como un
nuevo delito en el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros
16. Ello abarcaría
lo dispuesto en el artículo 26 del Convenio.
En cuanto a los artículos 27 y 28 del Convenio, se trata de disposiciones de carácter general
sobre cooperación, de las que se ocupa el artículo 165 del TFUE.
Conclusiones
Determinados delitos no están regulados en la actualidad por el artículo 83, apartado 1, del
TFUE. La Unión tiene competencias sobre el resto, pero solo es exclusiva respecto de dos
disposiciones: el artículo 11 (en la medida en que se aplica a servicios procedentes de terceros
países o dirigidos a estos) y el artículo 14, relativo a la protección de datos (parcialmente)
17.
El resto está compartido o bien se trata de una competencia «de apoyo».
15
Apartado 21 del informe explicativo del Convenio.
16
Acto del Consejo, de 29 de mayo de 2000, por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 1); Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 20); Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (DO L 196 de 2.8.2003, p. 45); Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso; Decisión Marco 2008/978/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, p. 72); Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales (DO L 328, de 15.12.2009, p.42); Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO L 130, de 1.5.2014, p. 1); Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO L 127 de 29.4.2014, p. 39).
17
Entre los actos legislativos pertinentes se pueden incluir: la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
2.
ASPECTOS
JURÍDICOS
DE
LA
PROPUESTA
Por lo que se refiere a la base jurídica, según reiterada jurisprudencia, la elección de la base
jurídica de un acto de la Unión debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control
jurisdiccional; entre dichos elementos figuran la finalidad y el contenido de ese acto
18. Si el
examen de un acto de la Unión Europea muestra que este persigue un doble objetivo o que
tiene un componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante,
mientras que el otro sólo es accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a
saber, aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante. Sólo,
excepcionalmente, si resulta probado que el acto persigue al mismo tiempo distintos objetivos
que están inseparablemente unidos, sin que pueda considerarse que uno es secundario e
indirecto con respecto al otro, dicho acto deberá adoptarse sobre las distintas bases jurídicas
pertinentes
19.
Las bases jurídicas que son potencialmente pertinentes en el caso que nos ocupa son: artículo
16 del TFUE (protección de datos); artículo 82, apartados 1 y 2, del TFUE (cooperación
judicial en materia penal); artículo 83, apartado 1, del TFUE (Derecho penal sustantivo);
artículo 114 del TFUE (establecimiento y funcionamiento del mercado interior); artículo 165
del TFUE (deporte) y artículo 207 del TFUE (política comercial común).
En conjunto, el objetivo de luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas
contiene elementos de prevención y de cooperación que están contemplados
fundamentalmente en el artículo 165 del TFUE, y elementos de cooperación y de
aproximación que lo están en el artículo 114 (en cuanto a las disposiciones no penales), el
artículo 207 (en la medida en que dichas disposiciones se refieren al acceso a operadores de
apuestas de terceros países), y los artículos 82, apartado 1, y 83, del TFUE (en lo relativo a
asuntos penales).
En lo que se refiere a los servicios de apuestas, los artículos 114 y 207 del TFUE podrían ser
pertinentes, dependiendo de si los servicios se prestan dentro de la UE o no. El aspecto
relativo al mercado interior es más visible en el Convenio en su conjunto, mientras que el
relativo a la política comercial común parece estar presente solamente en el artículo 11 del
Convenio. Sin embargo, incluso si el artículo 207 del TFUE no se menciona y se considera
subsidiario respecto de los aspectos del mercado interior, los Estados miembros no son
competentes en cuanto a los aspectos pertinentes que pertenecen al ámbito de la política
comercial común.
Por lo que se refiere a la protección de datos, no es ese el principal objetivo del Convenio, y
sus disposiciones son simplemente accesorias. En la actualidad, son numerosos los
Convenios del Consejo de Europa que insisten en el respeto de la protección de datos, aunque
dichas obligaciones también pueden emanar de otros convenios (como el Convenio nº 108,
relativo a la protección de las personas frente al procesamiento automático de datos
personales), teniendo en cuenta que las Partes de cada Convenio pueden no ser idénticas.
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, de 23.11.1995, p. 31); el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8, de 12.1.2001, p. 1); y la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal (DO L 350, de 30.12.2008, p. 60).
18
Asunto C-377/12, Comisión Europea / Consejo de la Unión Europea, apartado 34.
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Por consiguiente, para que la UE ejerza sus competencias sobre la totalidad del Convenio
(excluyendo los elementos sobre los que carece de competencias), las principales bases
jurídicas son los artículos 82, apartado 1; 83, apartado 1; 114 y 165 del TFUE.
Debido a que las disposiciones del Convenio están interrelacionadas, y a que este abarca tanto
competencias que pueden ser exclusivas de la UE como otras que esta no tiene atribuidas, no
es posible que la Unión o los Estados miembros celebren el Convenio por separado.
2015/0043 (NLE)
Propuesta de
DECISIÓN DEL CONSEJO
relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de
Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas por lo que respecta a asuntos
relacionados con el Derecho penal sustantivo y la cooperación judicial en asuntos
penales
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 82,
apartado 1, y 83, apartado 1, leídos en relación con su artículo 218, apartado 5,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 10 de junio de 2013, el Consejo autorizó a la Comisión a participar, en nombre de
la UE, en las negociaciones de un Convenio internacional del Consejo de Europa para
combatir la manipulación de las competiciones deportivas (en lo sucesivo, «el
Convenio»), con la excepción de los asuntos relacionados con la cooperación en
asuntos penales y la cooperación policial.
(2)
El 23 de septiembre de 2013, el Consejo adoptó una segunda autorización para que la
Comisión participara, en nombre de la Unión Europea, en las negociaciones del
Convenio por lo que respecta al ámbito de la cooperación en materia penal y la
cooperación policial.
20(3)
Las negociaciones culminaron con la adopción del Convenio por parte del Comité de
Ministros del Consejo de Europa el 9 de julio de 2014.
(4)
El artículo 15 del Convenio no impone sancionar de forma general la conducta de
manipulación de las competiciones deportivas, sino solamente determinadas formas
(cuando lleven consigo prácticas coercitivas, corruptas o fraudulentas). La conducta
constitutiva de manipulación de las competiciones deportivas está cubierta solo
parcialmente en los ámbitos delictivos explícitamente contemplados en el artículo 83,
apartado 1, del TFUE, cuando está implicada la delincuencia organizada o se realiza
mediante prácticas fraudulentas
21.
(5)
El artículo 16 del Convenio exige que las Partes adopten las medidas necesarias para
tipificar, como delito, la conducta que implique blanqueo de capitales cuando la
infracción principal que genere beneficios sea una de las mencionadas en los artículos
15 y 17 del Convenio, «y, en cualquier caso, cuando se produzca extorsión, corrupción
o falsificación». El «blanqueo de capitales» se menciona en el artículo 83, apartado 1,
20
Documento del Consejo nº 10180/13.
21
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del TFUE. A escala de la Unión, la normativa relativa al blanqueo de capitales es la
Decisión Marco 2001/500/JAI del Consejo
22.
(6)
La competencia sobre los artículos 17, 18, 22 y 23 (en los capítulos IV y VI) del
Convenio está relacionada con la competencia con arreglo a los artículos 15 y 16 de
este.
(7)
El capítulo V sobre competencia, procedimiento penal y medidas de vigilancia, y el
capítulo VI sobre sanciones y medidas, contiene disposiciones que acompañan las
normas de Derecho penal sustantivo contenidas en los artículos 15 a 18 del Convenio.
El artículo 19 del Convenio (competencia) es una disposición accesoria con vistas al
establecimiento de disposiciones de carácter penal.
(8)
El capítulo VII se refiere a la cooperación internacional en materia judicial y en otros
ámbitos. Es importante observar que el Convenio no contempla ningún régimen
jurídico que pudiera sustituir a las normas existentes, y, por tanto, debe entenderse sin
perjuicio de los instrumentos ya existentes en el ámbito de la asistencia mutua en
materia penal y de extradición
23. En este contexto, existe una serie exhaustiva de
instrumentos a escala europea para facilitar la cooperación judicial en asuntos penales,
que se aplicaría a los diferentes modi operandi del amaño de partidos o a la
consideración penal del amaño de partidos como un nuevo delito en el ordenamiento
jurídico interno de los Estados miembros
24.
(9)
La Unión Europea promueve la firma del Convenio del Consejo de Europa sobre
Manipulación de Competiciones Deportivas como una contribución al esfuerzo de la
Unión Europea por combatir la manipulación de las competiciones deportivas al
objeto de proteger la integridad del deporte y de la ética deportiva, de conformidad con
el principio de autonomía del deporte.
(10)
Procede, por tanto, firmar dicho Convenio en nombre de la Unión Europea, a reserva
de su celebración en una fecha posterior.
22
DO L 182 de 5.7.2001, p. 1; véase, asimismo, la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).
23
Apartado 21 del informe explicativo del Convenio.
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Acto del Consejo, de 29 de mayo de 2000, por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 1); Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 20); Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas (DO L 196 de 2.8.2003, p. 45); Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso; Decisión Marco 2008/978/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa al exhorto europeo de obtención de pruebas para recabar objetos, documentos y datos destinados a procedimientos en materia penal (DO L 350 de 30.12.2008, p. 72); Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales (DO L 328, de 15.12.2009, p. 42); Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO L 130, de 1.5.2014, p. 1); Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO L 127 de 29.4.2014, p. 39).
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Queda aprobada la firma del Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de
Competiciones Deportivas en nombre de la Unión, a reserva de la celebración de dicho
Convenio.
El texto del Convenio que debe firmarse se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
La Secretaría General del Consejo establecerá el instrumento de plenos poderes para firmar el
Convenio, a reserva de su celebración, para la(s) persona(s) que indique el negociador del
Convenio.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo
El Presidente
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COMISIÓN
EUROPEA
Bruselas, 2.3.2015
COM(2015) 86 final
ANNEX 1
ANEXO
de la
Propuesta de Decisión del Consejo
relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de
Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas por lo que respecta a asuntos
relacionados con el Derecho penal sustantivo y la cooperación judicial en asuntos
penales
Serie de Tratados del Consejo de Europa. N.º 215
Convenio del Consejo de Europa
sobre Manipulación
de Competiciones Deportivas
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Preámbulo
Los Estados miembros del Consejo de Europa y los demás signatarios del presente Convenio, Considerando que el objeto del Consejo de Europa es lograr una mayor unidad entre sus miembros;
Considerando el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa (Varsovia, 16-17 de mayo de 2005), que recomienda la continuación de las actividades del Consejo de Europa que puedan servir de referencia en el ámbito del deporte;
Considerando que resulta necesario continuar elaborando un marco común europeo y mundial para el desarrollo del deporte, basado en los conceptos de democracia pluralista, Estado de Derecho, derechos humanos y ética deportiva;
Conscientes de que todos los países y deportes del mundo pueden en teoría verse afectados por la manipulación de las competiciones deportivas, y subrayando que este fenómeno, como amenaza global a la integridad del deporte, exige una respuesta mundial que deben también hacer suya los Estados no integrantes del Consejo de Europa;
Expresando su preocupación por la incidencia de las actividades delictivas, y en especial la delincuencia organizada, en la manipulación de las competiciones deportivas y por el carácter transnacional de la misma; Recordando el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950, ETS nº 5) y sus Protocolos, el Convenio Europeo sobre violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente de partidos de fútbol (1985, ETS nº 120), el Convenio contra el Dopaje (1989, ETS nº 135), el Convenio Penal sobre la Corrupción (1999, ETS nº 173) y el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (2005, CETS nº 198);
Recordando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) y sus Protocolos;
Recordando asimismo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003);
Recordando la importancia que reviste investigar eficazmente y sin retrasos injustificados los delitos cometidos en su territorio;
Recordando la función esencial que desempeña la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para facilitar una cooperación eficaz entre las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, además de la cooperación judicial;
Subrayando que las organizaciones deportivas son responsables de descubrir y sancionar los casos de manipulación de competiciones deportivas por parte de personas sujetas a su autoridad;
Reconociendo los resultados ya obtenidos en la lucha contra la manipulación de competiciones deportivas; Convencidos de que la lucha eficaz contra la manipulación de competiciones deportivas exige una cooperación nacional e internacional más intensa, rápida, sostenible y que funcione correctamente;
Vistas las Recomendaciones del Comité de Ministros a los Estados miembros Rec(92)13rev sobre la revisión de la Carta Europea del Deporte; CM/Rec(2010)9 sobre la revisión del Código de Ética Deportiva; Rec(2005)8 sobre los principios de buena gobernanza en el deporte y CM/Rec(2011)10 sobre promoción de la integridad en el deporte para luchar contra la manipulación de resultados, en especial el amaño de partidos;
A la luz del trabajo y las conclusiones de las siguientes conferencias:
– la 11ª Conferencia del Consejo de Europa de Ministros responsables del Deporte, celebrada en Atenas los días 11 y 12 de diciembre de 2008;
septiembre de 2010), sobre promoción de la integridad en el deporte contra la manipulación de resultados (amaño de partidos);
– la 12ª Conferencia del Consejo de Europa de Ministros responsables del Deporte (Belgrado, 15 de marzo de 2012), en particular para la redacción de un nuevo instrumento jurídico internacional contra la manipulación de resultados deportivos;
– la 5ª Conferencia Internacional de la UNESCO de Ministros y Altos Funcionarios encargados de la educación física y el deporte (MINEPS V);
Convencidos de que el diálogo y la cooperación entre autoridades públicas, organizaciones deportivas, organizadores de competiciones y operadores de apuestas deportivas a escala nacional e internacional, sobre bases de confianza y respeto mutuos, son esenciales para lograr respuestas comunes y eficaces a los retos que plantea el problema de la manipulación de competiciones deportivas;
Reconociendo que el deporte, basado en una competición justa e igualitaria, es imprevisible por naturaleza y exige que se ponga coto de forma eficaz y firme a las prácticas y comportamientos contrarios a la ética; Reiterando su certeza de que una aplicación coherente de los principios de buena gobernanza y ética deportiva constituye un factor significativo en la lucha para erradicar la corrupción, la manipulación de las competiciones deportivas y otros tipos de prácticas nocivas en el deporte;
Reconociendo que, en virtud del principio de autonomía del deporte, las organizaciones deportivas son responsables en este terreno y gozan de competencias disciplinarias y de autorregulación en la lucha contra la manipulación de competiciones deportivas, pero que las autoridades públicas deben proteger la integridad del deporte cuando ello proceda;
Teniendo en cuenta que el desarrollo de las apuestas deportivas, sobre todo las de carácter ilegal, incrementa el riesgo de que se produzca tal manipulación;
Considerando que la manipulación de competiciones deportivas puede guardar o no relación con las apuestas deportivas o con otras actividades delictivas, y que debe reprimirse en cualquier caso;
Tomando nota del margen de discreción de que gozan los Estados, en el marco del Derecho aplicable, para decidir la regulación de las apuestas deportivas;
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Capítulo I – Finalidad, principios rectores, definiciones Artículo 1 – Finalidad y principales objetivos
1 La finalidad del presente Convenio es combatir la manipulación de las competiciones deportivas a fin de proteger la integridad del deporte y la ética deportiva de conformidad con el principio de autonomía del deporte.
2 A tal fin, los principales objetivos del Convenio son:
a prevenir, descubrir y sancionar la manipulación nacional o transnacional de las competiciones deportivas nacionales y transnacionales;
b promover la cooperación nacional e internacional contra la manipulación de las competiciones deportivas entre las autoridades públicas afectadas y con las organizaciones activas en el ámbito del deporte y las apuestas deportivas.
Artículo 2 – Principios rectores
1 La lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas respetará, entre otros, los siguientes principios:
a derechos humanos;
b legalidad;
c proporcionalidad;
d protección de la vida privada y los datos personales.
Artículo 3 – Definiciones
A efectos del presente Convenio:
1 Por «competición deportiva» se entenderá cualquier acontecimiento deportivo que se ajuste a las normas de una de las organizaciones deportivas comprendidas en la relación elaborada por el Comité de Seguimiento del Convenio de conformidad con el artículo 31.2 y reconocido por una organización deportiva internacional o, si procede, por otra organización deportiva competente.
2 Por «organización deportiva» se entenderá cualquier organización que dirija el deporte o un deporte concreto y que figure en la relación elaborada por el Comité de Seguimiento del Convenio de conformidad con el artículo 31.2, así como sus organizaciones afiliadas continentales y nacionales, de ser necesario.
3 Por «organizador de competiciones» se entenderá cualquier organización deportiva o cualquier otra persona, con independencia de su forma jurídica, que organice competiciones deportivas.
4 Por «manipulación de competiciones deportivas» se entenderá un acuerdo, una acción o una omisión de carácter intencional cuya finalidad sea alterar ilegalmente el resultado o el curso de una competición deportiva a fin de eliminar, total o parcialmente, el carácter imprevisible de dicha competición con objeto de obtener una ventaja indebida para sí o para otros.
5 Por «apuesta deportiva» se entenderá la entrega de un valor monetario sujeta a la expectativa de obtener un premio de valor pecuniario en caso de que se produzca un hecho futuro e incierto relacionado con una competición deportiva. En particular:
a por «apuesta deportiva ilegal» se entenderá toda apuesta deportiva cuya naturaleza u operador no estén autorizados conforme a la legislación aplicable del país en el que se encuentre el consumidor;
b por «apuesta deportiva irregular» se entenderá cualquier apuesta deportiva que no se ajuste a las apuestas habituales o previsibles del mercado de que se trate o que guarde relación con una competición deportiva que se desarrolle conforme a pautas no habituales;
c por «apuesta deportiva sospechosa» se entenderá cualquier apuesta deportiva que, atendiendo a pruebas fiables y no contradictorias, parezca estar vinculada a una manipulación de la competición respecto de la cual se realiza dicha apuesta.
6 Por «parte interesada en la competición» se entenderá cualquier persona natural o jurídica comprendida en alguna de las siguientes categorías:
a «deportista», es decir, toda persona o grupo de personas que participe en competiciones deportivas;
b «personal de apoyo a los deportistas», es decir, los entrenadores, directores deportivos, agentes, personal del equipo, responsables del equipo o personal médico o paramédico que trabajen con los deportistas que participen o se entrenen para participar en las competiciones deportivas, o les atiendan, y cualquier otra persona que trabaje con los deportistas;
c por «responsable deportivo» se entenderá cualquier persona que sea propietaria o accionista, directivo o miembro del personal de las entidades que organizan o promocionan competiciones deportivas, así como los árbitros, jueces o cualquier otra persona acreditada. El término abarca asimismo a los directivos y al personal de las organizaciones deportivas internacionales y, si procede, de otras organizaciones deportivas competentes que reconocen la competición.
7 Por «información privilegiada» se entenderá la relativa a cualquier competición que esté en poder de una persona en virtud de su cargo en relación con un deporte o competición, excluida la información ya publicada o de conocimiento general a la que los ciudadanos interesados puedan acceder con facilidad o que se haya hecho pública de acuerdo con la normativa que regule la competición de que se trate.
Capítulo II – Prevención, cooperación y otras medidas Artículo 4 – Coordinación nacional
1 Cada Parte coordinará las políticas y actuaciones de las autoridades públicas competentes para luchar contra la manipulación de las competiciones deportivas.
2 En el ámbito de su competencia, cada Parte alentará a las organizaciones deportivas, organizadores de competiciones y operadores de apuestas deportivas a que cooperen en la lucha contra la manipulación de las competiciones deportivas y, si procede, les encomendará la aplicación de las disposiciones pertinentes del presente Convenio.
Artículo 5 – Valoración y gestión de los riesgos
1 Cada Parte —si procede, en cooperación con las organizaciones deportivas, operadores de apuestas deportivas, organizadores de competiciones y otras organizaciones pertinentes— determinará, analizará y valorará los riesgos inherentes a la manipulación de las competiciones deportivas.
2 Cada Parte alentará a las organizaciones deportivas, operadores de apuestas deportivas y otras organizaciones pertinentes a que adopten procedimientos y reglamentos que permitan combatir la manipulación de las competiciones deportivas y aprobará, según proceda, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias a tal fin.
Artículo 6 – Educación y concienciación
1 Cada Parte fomentará la concienciación, educación, formación e investigación que permitan combatir la manipulación de competiciones deportivas.
Artículo 7 – Organizaciones deportivas y organizadores de competiciones
1 Cada Parte exhortará a las organizaciones deportivas y organizadores de competiciones a que adopten y apliquen normas para combatir la manipulación de competiciones deportivas, así como principios de buena gobernanza relativos, entre otras cosas, a lo siguiente:
a prevención de conflictos de intereses, lo que abarca:
– prohibir a las partes interesadas en la competición que apuesten en las competiciones deportivas en las que participen;
– prohibir el uso indebido y difusión de información privilegiada;
b cumplimiento, por parte de las organizaciones deportivas y sus afiliados, de sus obligaciones contractuales y de cualquier otra naturaleza;
c la obligación de que las partes interesadas en la competición informen de inmediato sobre cualquier actividad, incidente, incentivo o contacto sospechosos que podrían considerarse una vulneración de las normas contra la manipulación de competiciones deportivas.
2 Cada Parte animará a las organizaciones deportivas a que adopten y apliquen las medidas pertinentes para garantizar:
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a una supervisión más intensa y eficaz del desarrollo de las competiciones deportivas en las que exista mayor riesgo de manipulación;
b la existencia de mecanismos para informar sin demora a las autoridades públicas competentes o a la plataforma nacional sobre actividades sospechosas relacionadas con la manipulación de competiciones deportivas;
c la existencia de mecanismos eficaces para facilitar la divulgación de toda información relativa a casos posibles o confirmados de manipulación de competiciones deportivas, incluida la adecuada protección de los informadores;
d una concienciación entre las partes interesadas en la competición, incluidos los deportistas más jóvenes, del riesgo de manipulación de las competiciones deportivas y de los esfuerzos realizados para combatirla a través de la educación, la formación y la divulgación de información;
e la designación, en el momento más tardío posible, de los responsables de cada competición deportiva, en particular jueces y árbitros.
3 Cada Parte alentará a sus organizaciones deportivas, y a través de ellas a las organizaciones deportivas internacionales, a que impongan sanciones y medidas disciplinarias específicas, efectivas, proporcionadas y disuasorias en los casos de infracción de sus normas nacionales contra la manipulación de competiciones deportivas, en especial las mencionadas en el apartado 1 del presente artículo, y a que velen por el reconocimiento mutuo y ejecución de las sanciones impuestas por otras organizaciones deportivas, especialmente en otros países.
4 La responsabilidad disciplinaria establecida por las organizaciones deportivas no excluirá la responsabilidad penal, civil o administrativa.
Artículo 8 – Medidas relativas a la financiación de organizaciones deportivas
1 Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que resulten necesarias para garantizar la adecuada transparencia de la financiación de las organizaciones deportivas a las que preste apoyo económico.
2 Cada Parte sopesará la posibilidad de ayudar a las organizaciones deportivas a combatir la manipulación de competiciones deportivas, incluida la posibilidad de financiar los mecanismos pertinentes.
3 Cada Parte, cuando proceda, estudiará la posibilidad de retirar el apoyo económico, o de invitar a las organizaciones deportivas internacionales a que retiren dicho apoyo, a las partes interesadas en las competiciones deportivas sancionadas por manipular la competición deportiva durante la vigencia de la sanción.
4 Cuando proceda, las Partes adoptarán medidas para retirar parcial o totalmente el apoyo económico o de otro tipo prestado, en el ámbito deportivo, a las organizaciones que no apliquen firmemente las normas para combatir la manipulación de competiciones deportivas.
Artículo 9 – Medidas relativas a la autoridad de regulación de las apuestas u otras autoridades responsables
1 Cada Parte designará una o más autoridades responsables que, conforme a su ordenamiento jurídico interno, se ocuparán de aplicar la regulación de las apuestas deportivas y de las medidas pertinentes para combatir la manipulación de las competiciones deportivas en relación con las apuestas, incluidas, si procede, las siguientes:
a el intercambio oportuno, con otras autoridades competentes o con la plataforma nacional, de información sobre apuestas deportivas ilegales, irregulares o sospechosas, así como sobre infracciones a la regulación mencionada o a la establecida de conformidad con el presente Convenio;
b la limitación de la oferta de apuestas deportivas, previa consulta a las organizaciones deportivas y operadores de apuestas deportivas nacionales, en concreto la exclusión de aquellas competiciones deportivas:
– destinadas específicamente a los menores de 18 años, o
– en las que las condiciones organizativas o los retos, en términos deportivos, sean insuficientes;
c la transmisión previa de información a los organizadores de competiciones sobre los tipos y finalidades de los productos de apuestas deportivas para apoyarles en su esfuerzo por detectar y gestionar los riesgos de manipulación deportiva en el seno de su competición;
seguimiento de los flujos económicos, por encima de un determinado umbral que definirá cada Parte, en especial remitentes, receptores y cantidades;
e en cooperación con las organizaciones deportivas y, si procede, con los operadores de apuestas deportivas, la aplicación de mecanismos que impidan a las partes interesadas en las competiciones apostar en aquellas que supongan una vulneración de las normas del deporte de que se trate o de la legislación vigente;
f la suspensión de las apuestas, conforme a la legislación nacional, cuando se haya emitido la pertinente alerta en relación con una competición concreta.
2 Cada Parte comunicará al Secretario General del Consejo de Europa el nombre y dirección de la autoridad o las autoridades designadas en cumplimiento del apartado 1 del presente artículo.
Artículo 10 – Operadores de apuestas deportivas
1 Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole necesarias para prevenir conflictos de intereses y el uso ilegítimo de información privilegiada por parte de personas naturales o jurídicas que ofrezcan productos de apuestas deportivas, en especial limitando la posibilidad de que:
a las personas naturales o jurídicas que ofrezcan productos de apuestas deportivas puedan apostar con ellos;
b pueda abusarse de la posición de patrocinador o propietario parcial de una organización deportiva para facilitar la manipulación de una competición deportiva o para hacer un uso ilegítimo de información privilegiada;
c las partes interesadas en una competición deportiva puedan intervenir en la recopilación de las apuestas para la competición en la que participan;
d cualquier operador de apuestas deportivas que ejerza un control sobre un organizador o parte interesada en competiciones deportivas, así como cualquier operador que esté bajo control de dicho organizador o dicha parte interesada, ofrezca la posibilidad de apostar sobre la competición en la que participe el organizador o la parte interesada.
2 Cada Parte invitará a sus operadores de apuestas deportivas y, a través de ellos, a las organizaciones internacionales de operadores, a que procuren concienciar a sus propietarios y trabajadores sobre las consecuencias de la manipulación de competiciones deportivas y la manera de combatirla, a través de la educación, la formación y la difusión de información.
3 Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que resulten necesarias para obligar a los operadores de apuestas deportivas a informar sin dilación a la autoridad reguladora de las apuestas, a las demás autoridades responsables o a la plataforma nacional sobre cualquier apuesta irregular o sospechosa.
Artículo 11 – Medios para combatir las apuestas deportivas ilegales
1 Con vistas a combatir la manipulación de competiciones deportivas, cada Parte estudiará los medios más apropiados para perseguir a los operadores de apuestas deportivas ilegales y sopesará la posibilidad de adoptar medidas, en virtud de la legislación aplicable en cada país, tales como las siguientes:
a cierre o limitación directa o indirecta del acceso a los operadores a distancia de apuestas ilegales, y cierre de operadores ilegales de apuestas deportivas establecidos físicamente en el territorio de la Parte;
b bloqueo de los flujos económicos entre los operadores de apuestas deportivas ilegales y los consumidores;
c prohibición de la publicidad de los operadores de apuestas deportivas ilegales;
d concienciación de los consumidores sobre los riesgos derivados de las apuestas deportivas ilegales.
Capítulo III – Intercambio de información
Artículo 12 –Intercambio de información entre autoridades públicas competentes, organizaciones deportivas y operadores de apuestas deportivas
1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, cada Parte facilitará, a escala nacional e internacional, y de conformidad con su legislación nacional, los intercambios de información entre autoridades públicas competentes, organizaciones deportivas, organizadores de competiciones, operadores de apuestas deportivas y plataformas nacionales. En concreto, cada Parte establecerá mecanismos para intercambiar información que pueda ayudar a valorar los riesgos a que se refiere el artículo 5, en especial para la transmisión previa a los organizadores de competiciones de información sobre los tipos y finalidad de los productos de apuesta, y
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a iniciar y desarrollar investigaciones o actuaciones relativas a la manipulación de competiciones deportivas.
2 Previa solicitud, el receptor de dicha información informará sin demora, y conforme a su legislación nacional, a la organización o a la autoridad con la que la haya intercambiado del seguimiento realizado a su comunicación.
3 Cada Parte examinará posibles vías para desarrollar o intensificar la cooperación y el intercambio de información en el contexto de la lucha contra las apuestas deportivas ilegales, según lo previsto en el artículo 11 del presente Convenio.
Artículo 13 – Plataforma nacional
1 Cada Parte designará una plataforma nacional contra la manipulación de competiciones deportivas. De acuerdo con la legislación nacional, esta plataforma:
a servirá como centro de información, recogiendo y comunicando a las organizaciones y autoridades correspondientes datos pertinentes para luchar contra la manipulación de competiciones deportivas;
b coordinará la lucha contra la manipulación de competiciones deportivas;
c recibirá, centralizará y analizará información sobre apuestas irregulares y sospechosas realizadas en relación con competiciones deportivas que tengan lugar en el territorio de la Parte y, cuando proceda, emitirá las correspondientes alertas;
d transmitirá información sobre posibles infracciones de la legislación o los reglamentos deportivos a los que se refiere el presente Convenio a las autoridades públicas u organizaciones deportivas y/u operadores de apuestas deportivas;
e cooperará con todas las organizaciones y autoridades pertinentes, a escala nacional e internacional, incluidas las plataformas nacionales de otros Estados.
2 Cada Parte comunicará al Secretario General del Consejo de Europa el nombre y dirección de la plataforma nacional.
Artículo 14 – Protección de datos personales
1 Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que resulten necesarias para garantizar que todas las actuaciones contra la manipulación de competiciones deportivas se atienen a las leyes y principios nacionales e internacionales sobre protección de datos personales, en particular por lo que respecta al intercambio de información al amparo del presente Convenio.
2 Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que resulten necesarias para garantizar que las organizaciones y autoridades públicas a que se refiere el presente Convenio adoptan las medidas pertinentes para velar por que en la recogida, el tratamiento y el intercambio de datos personales, con independencia de la naturaleza de dicho intercambio, se presta debida atención a los principios de legalidad, idoneidad, pertinencia y exactitud, y también a la seguridad de los datos y a los derechos de los interesados.
3 Cada Parte dispondrá en su legislación que las organizaciones y autoridades públicas a que se refiere el presente Convenio deben garantizar que el intercambio de datos a efectos del mismo no se extienda más allá del mínimo necesario para lograr el objetivo declarado de dicho intercambio.
4 Cada Parte invitará a las diversas organizaciones y autoridades públicas a que se refiere el presente Convenio a que dispongan los necesarios medios técnicos para velar por la seguridad de los datos intercambiados y garantizar su fiabilidad e integridad, así como la disponibilidad e integridad de los sistemas de intercambio y la identificación de sus usuarios.
Capítulo IV – Normas de Derecho penal sustantivo y cooperación en la vigilancia de su cumplimiento Artículo 15 – Infracciones penales en materia de manipulación de competiciones deportivas
1 Cada Parte se cerciorará de que su legislación nacional permite imponer sanciones penales a la manipulación de competiciones deportivas cuando lleve consigo prácticas coercitivas, corruptas o fraudulentas, según las definan las leyes nacionales.
Artículo 16 –Blanqueo del producto de las infracciones penales relativas a la manipulación de competiciones deportivas
1 Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole necesarias para tipificar conforme a su legislación nacional las conductas mencionadas en el artículo 9, apartados 1 y 2, del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (2005, CETS nº 198), el artículo 6, apartado 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) o el artículo 23, apartado 1, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), en las condiciones allí previstas, cuando la infracción principal que genere un beneficio sea alguna de las mencionadas en los artículos 15 y 17 del presente Convenio y, en cualquier caso, cuando se produzca extorsión, corrupción o falsificación.
2 Al establecer la gama de infracciones que deben considerarse infracciones principales según lo previsto en el apartado 1, cada Parte podrá decidir, conforme a su legislación nacional, cómo se definen dichas infracciones y la naturaleza de los elementos que las convierten en hechos de especial gravedad.
3 Cada Parte sopesará la posibilidad de incluir la manipulación de competiciones deportivas en su normativa de prevención del blanqueo de dinero, exigiendo a los operadores de apuestas deportivas que cumplan requisitos de diligencia debida respecto a los clientes, de mantenimiento de registros y de presentación de informes.
Artículo 17 – Complicidad
1 Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole necesarias para tipificar como delito, conforme a su legislación nacional, la complicidad, cuando sea intencional, en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 15 del presente Convenio.
Artículo 18 – Responsabilidad de las personas jurídicas
1 Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que las personas jurídicas respondan de los delitos tipificados conforme a los artículos 15 a 17 del presente Convenio, cuando se hayan cometido en su beneficio por una persona natural que actúe individualmente o en calidad de miembro de uno de los órganos de la persona jurídica y ocupe un cargo de responsabilidad en su seno en función de:
a un poder de representación de la persona jurídica;
b la facultad para adoptar decisiones en nombre de la persona jurídica;
c la facultad para ejercer control en el seno de la persona jurídica.
2 Con sujeción a los principios jurídicos de cada Parte, la responsabilidad de la persona jurídica puede ser penal, civil o administrativa.
3 Aparte de los supuestos previstos en el apartado 1, las Partes adoptarán las medidas necesarias para garantizar que pueda exigirse responsabilidad a una persona jurídica cuando la falta de supervisión o control por una persona natural mencionada en el apartado 1 haya permitido la comisión de un delito tipificado conforme a los artículos 15 a 17 del presente Convenio, en beneficio de dicha persona jurídica, por parte de una persona natural que actúe bajo su autoridad.
4 Dicha responsabilidad se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas naturales que hayan cometido el delito.
Capítulo V – Competencia, procedimiento penal y medidas de vigilancia del cumplimiento de la ley Artículo 19 – Competencia
1 Las Partes adoptarán las medidas legislativas y de otra índole necesarias para establecer su competencia respecto a los delitos mencionados en los artículos 15 a 17 del presente Convenio cuando se hayan cometido:
a en su territorio; o
b a bordo de un buque que enarbole su pabellón; o
c a bordo de una aeronave matriculada conforme a su ordenamiento; o
d por uno de sus nacionales o por una persona que resida habitualmente en su territorio.
2 Cada Estado o la Unión Europea, en el momento de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, podrá manifestar, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo
