Maestría en Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Humanas
Mención: Economía Política
de las Relaciones Internacionales
UNCPBA
Tesis para optar por el Título de:
Magíster en Ciencias Sociales
Título:
El desarrollo de los programas
nucleares de Argentina y México en
clave comparada (1945 – 1991)
Alumna: Lic. M. Nevia Vera
Directora: Dra. Sandra Colombo
Co-Directora: Dra. Nerina Sarthou
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Índice
Índice ... 3
Agradecimientos ... 5
Introducción ... 7
Tecnología nuclear: implicancias nacionales e internacionales de su desarrollo ... 7
Capítulo I: Planteo del problema de investigación, delimitación del objeto de estudio y justificación del tema ... 15
Ciencia y tecnología como objetos de políticas públicas ... 15
Ciencia y tecnología nuclear: la proliferación y los regímenes internacionales ... 22
América Latina frente al desarrollo nuclear: ¿autonomía o dependencia tecnológica? . 31 Desarrollo nuclear en Argentina y México: orígenes comunes y trayectorias divergentes ... 35
Capítulo II: Abordaje teórico – metodológico y argumento general ... 39
Estado de la cuestión ... 39
Consideraciones teórico-metodológicas y argumento general ... 54
Objetivos ... 66
Objetivo general ... 66
Objetivos específicos... 66
Metodología ... 67
Capítulo III: El caso de Argentina ... 71
Contexto de surgimiento de la política nuclear en Argentina y de las políticas científicas y tecnológicas ... 71
Orígenes del entramado nuclear argentino. Autonomía lateral para alcanzar la autonomía tecnológica ... 75
El desarrollo acelerado de la industria nuclear argentina: el boom de los reactores locales y la expansión regional ... 81
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Embalse: la segunda central nuclear argentina ... 85
Atucha II - la tercera central nuclear - y la Planta Industrial de Agua Pesada ... 88
El proyecto de enriquecimiento de uranio: entre la búsqueda de autonomía y los recelos internacionales. ... 90
Última fase: el ―saneamiento‖ del programa nuclear en la democracia ... 94
Evidencias y conclusiones preliminares ... 96
Capítulo IV: El caso de México ... 101
Contexto de surgimiento de la política nuclear en México y de las políticas científicas y tecnológicas ... 101
Institucionalización de la tecnología nuclear en México. Ausencia de autonomía lateral y divergencias tecnológicas y organizacionales ... 106
Consolidación del sector nuclear mexicano. La primera central nuclear y las divergencias con la CFE ... 109
El protagonismo internacional de México en las políticas de desarme: El Tratado de Tlatelolco y la creación de una ZLAN ... 112
El SUTINEN, la crisis energética y la primera reorganización institucional (1970 – 1976) ... 115
Las nuevas planificaciones en CyT y el renacimiento de los proyectos nucleares ... 119
Etapa final: nueva reestructuración del sector nuclear y abandono de los proyectos atómicos ... 122
Evidencias y conclusiones preliminares ... 126
Conclusiones ... 131
Glosario de siglas y abreviaciones ... 139
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Agradecimientos
Este trabajo no hubiera sido posible sin la oportunidad que la educación pública me concedió, de haber continuado mi formación académica. Especialmente agradezco a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Maestría en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Humanas; a la planta docente del posgrado; a la planta no docente de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad, y a mis compañeros y compañeras de cursada en todos estos años, por haberme permitido un enriquecimiento intelectual continuo durante los seminarios compartidos.
También encuentro necesario reconocer el apoyo y la contención brindados por el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Locales e Internacionales (CEIPIL), por su acompañamiento constante en este proceso.
Agradezco muy especialmente a la Doctora Sandra Colombo y a la Doctora Nerina Sarthou, por la paciencia, dedicación y profundidad de cada lectura, sugerencia y recomendación, y sobre todo por el acompañamiento continuo en este trayecto.
Finalmente, a quienes me apuntalaron desde lo emocional y espiritual, familia, amigos y amigas, colegas, conocidos y conocidas, profesionales y académicos.
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Introducción
Tecnología nuclear: implicancias nacionales e internacionales de
su desarrollo
La energía nuclear es aquella que se produce a partir de reacciones espontáneas o artificiales producidas en los núcleos de los átomos por el proceso de fisión nuclear, y cuyo principal insumo es el uranio, un mineral que se encuentra en abundancia en la Tierra. El uranio puede ser encontrado en la naturaleza como uranio 234 (U234), uranio 235 (U235) y uranio 238 (U238). De éstos, solo el U235 posee cualidades fisibles por sí solo, es decir, es capaz de liberar energía de forma espontánea, y sin necesidad de pasar previamente por procesos artificiales. Sin embargo, el U235 solo representa un 0,71% del total de las reservas de uranio en la naturaleza (Lazarín Miranda, 2014), con lo cual, es necesario enriquecer isótopos no fisibles como el U238 o el U234, y transformarlos en aptos para abastecer la demanda de combustible nuclear de los diversos reactores existentes en el mundo.
La fisión nuclear es el proceso mediante el cual un átomo de uranio absorbe un neutrón liberado de forma lenta, lo cual aumenta su número másico (suma total de protones y neutrones de un átomo), que se divide en núcleos más livianos, generando una reacción en cadena que libera grandes cantidades de calor (energía). En este sentido, el funcionamiento de una central nuclear de potencia es similar al de una central térmica pues ambas tecnologías cuentan con un generador eléctrico que gira sobre su eje a una determinada velocidad utilizando una turbina de vapor; la diferencia estriba en que en el caso de las centrales térmicas, las turbinas giran gracias al caudal de vapor generado por la combustión de ciertos materiales (reacción química), mientras que en las nucleares se produce por la fisión nuclear (reacción física).
Al hacer pasar isótopos de uranio no fisibles por el proceso de enriquecimiento, es posible obtener uranio con distintos grados de enriquecimiento (y potencia): leve (entre 0,9 y 2% de enriquecimiento), bajo (de un 2 a un 20%) y alto (más del 20% de
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parte de una cadena de procesos aun mayor, que se conoce como el ciclo de combustible nuclear que abarca la transformación sufrida por el mineral de uranio desde su extracción hasta su almacenamiento como residuo nuclear, pasando por las etapas de molienda, purificación, enriquecimiento, fabricación y utilización.
El combustible nuclear obtenido con estos diferentes niveles de enriquecimiento alimenta distintos tipos de reactores nucleares a lo largo y ancho del mundo, que en general pueden resumirse en dos tipos de tecnología: reactores de uranio natural que utilizan agua pesada como refrigerante, y reactores de uranio enriquecido y agua liviana1. El desarrollo de cada reactor tiene distintas implicancias para las políticas tecnológicas de cada país y para la política internacional, debido a que tanto el uranio enriquecido como el plutonio (desecho principal de los reactores en base a uranio natural) pueden ser utilizados para construir armas de destrucción masiva como las atómicas. Controlar las reacciones producidas por la tecnología nuclear para ser utilizada como energía eléctrica (o nucleoelectricidad) ha sido uno de los objetivos principales de las investigaciones abocadas al desarrollo de tecnología nuclear. Otro objetivo ha sido el de construir armas nucleares (que desencadenen reacciones no controladas) como forma de generar un arsenal que permita consolidar o mantener la posición internacional de potencias mundiales o países que aspiran a generar un poder militar diferencial en relación a sus pares.
Con respecto al primer objetivo, su búsqueda dio origen a la construcción de centrales nucleares de potencia, o plantas nucleares, generadoras de nucleoelectricidad, basadas
en el mencionado proceso de fisión nuclear2. La investigación nuclear, sin embargo, no
se limitó solo a la utilización de la energía nuclear como fuente de generación eléctrica, sino que además enfatizó los usos de esta tecnología en otras áreas, como la industrial, la agrícola o incluso la medicinal. Ello revistió a este tipo de tecnología de simbolismos de progreso y modernización, principalmente a partir de la década de 1950 y 1960, en que se llegó a pensar en la ciencia y tecnología nuclear casi como una panacea a muchos de los problemas del subdesarrollo. La década de 1970 trajo un nuevo impulso a las
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También existen los reactores alimentados con óxidos mixtos de uranio y plutonio, pero no son considerados de relevancia para el desarrollo del argumento central de este trabajo.
2 El proceso de fisión nuclear tiene lugar en el reactor de la planta, un contenedor diseñado especialmente
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investigaciones en el sector debido a la crisis de petróleo, cuyos altos precios llevaron a considerar a la nucleoelectricidad como una alternativa importante para enfrentar el
oligopolio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo3.
Lo que hace la energía nuclear tan polémica no es solo el destino de los residuos nucleares (que siguen generando radiación aun luego de ser utilizados y que por lo tanto, necesitan de contenedores herméticos sujetos a controles estrictos para no dañar a la población), sino además la posibilidad de que esta energía, como se mencionó, sea utilizada para la construcción de armas atómicas. Esto es especialmente lo que la convierte en una tecnología sensible o dual (capaz de satisfacer necesidades civiles como militares).
Los programas nucleares que buscan construir centrales de potencia son controlados por la comunidad internacional, como se verá más adelante, debido a que la generación de capacidades de enriquecimiento de uranio (para alimentar reactores generadores de nucleoelectricidad, de investigación y formación de recursos humanos, o incluso aquellos utilizados para la producción de radioisótopos para medicina o agricultura) suelen estar relacionadas con la posibilidad de adquirir bombas atómicas, ya que éstas utilizan dicho tipo de uranio. Es por eso que a los Estados se les exigen garantías con respecto a los propósitos de sus programas atómicos que aseguren la utilización meramente civil de la tecnología nuclear.
Por lo anterior, muchos países optaron por el desarrollo de reactores de potencia alimentados con uranio natural, que no generara tantas sospechas de intenciones bélicas. Sin embargo, el residuo de tal tipo de reactores, el plutonio, también es altamente fisible, con lo cual en última instancia, la garantía necesaria de las intenciones pacíficas de cada programa quedaron supeditadas a acciones político - diplomáticas como la aceptación de inspecciones por parte de organismos internacionales de control y la firma y ratificación de Tratados Internacionales de No Proliferación, como se desarrollará en los capítulos siguientes.
3 De hecho, como afirma Lazarín Miranda (2014), el crecimiento de las plantas nucleares generadoras de
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Otras razones por las cuales en muchos países, sobre todo en vías de desarrollo, tuvo lugar el debate sobre qué tipo de tecnología adoptar para los reactores civiles (si uranio natural y agua pesada o uranio enriquecido y agua liviana) estuvieron relacionadas a las capacidades técnicas y recursos humanos propios. Muchos Estados que contaban con reservas de uranio natural en abundancia pero no con la tecnología necesaria para enriquecerlo, vieron en la tecnología de reactores de uranio natural una oportunidad de desarrollar capacidades tecnológicas y conocimiento propios, más independiente de los controles y cuestionamientos internacionales, y de las capacidades de enriquecimiento monopolizadas por muy pocos países. Tales posturas entraban en confrontación con aquellas sostenidas por quienes defendían la adquisición rápida de la tecnología, aun si debía ser importada, en detrimento del desarrollo de capacidades endógenas (locales). Como se verá, tales debates en torno a las elecciones tecnológicas tendrán relevancia en los capítulos específicos de cada caso de estudio, y pueden comprenderse más acabadamente si se tiene en cuenta que de todo el proceso industrial del uranio, la fase más costosa es aquella del enriquecimiento, que da cuenta de hasta un 60% del gasto total, frente a otras fases como la fabricación de elementos combustibles (10%) o la minería para la extracción de este insumo (30%) (Lazarín Miranda, 2014).
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los yacimientos existentes en Australia, Canadá y Sudáfrica; Estados Unidos compartía la explotación de dichos yacimientos con Gran Bretaña; Francia tenía acceso a los yacimientos de Nigeria y Gabón y la Unión Soviética accedía a aquellos de Alemania del Este, Checoslovaquia y Rumania (Lazarín Miranda, 2014). En resumen, como consecuencia de lo anterior, el sistema internacional ha desplegado un número creciente de normas e instituciones que lo tornan poco amigable para el desarrollo de esta tecnología por parte de los Estados, máxime si deciden realizarlo a partir de sus propias capacidades, tal como se observará en los próximos capítulos.
Con respecto a los casos de estudio concretos de esta tesis, los proyectos para desarrollar actividades nucleares en Argentina comenzaron en la década de 1940, pero tomaron una forma más definida a partir de la siguiente, como se verá en el capítulo dedicado a este país. Inmediatamente después de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki ―un sector de las Fuerzas Armadas vio en el desarrollo del área atómica una posible solución a la dependencia de carbón y petróleo extranjero (…)‖ (Hurtado, 2014:
39). Pocos días después de aquel suceso, el general Manuel Savio4 presentó, por medio
del Ministerio de Guerra, un decreto que proponía la preservación de los depósitos de minerales estratégicos para el área nuclear y la prohibición de su exportación. La prospección (búsqueda) de uranio y torio quedaron a cargo de la Universidad Nacional de Cuyo y Fabricaciones Militares, con colaboración de la Dirección Nacional de Energía Atómica (DNEA) pero su explotación y tratamiento con fines comerciales no comenzó sino hasta 1952. En los primeros años de prospección, entre 1945 y 1949 se descubrieron pequeños yacimientos de uranio en la Provincia de La Rioja (San Santiago, mina de uranio y níquel, Santa Brígida y San Sebastián, minas de uranio y cobre) (Plaza, 2003). A partir de 1952, como se mencionó, comenzó la explotación de minerales uraníferos con fines comerciales en Mendoza, práctica que luego se extendió a ocho complejos fabriles ubicados en las provincias de Córdoba, Salta, Chubut, La Rioja y San Luis.
4 Manuel Savio (1892 – 1948) fue un ingeniero y militar argentino que durante los gobiernos peronistas
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Como se podrá apreciar en el tercer capítulo con mayor profundidad, Argentina tiene importantes reservas de uranio natural, lo cual históricamente inclinó la balanza a favor del desarrollo de tecnología nuclear que privilegiara este recurso natural, ya que se consideraba que al contar con importantes reservas del mineral, no sería necesario depender de su importación, ni de los países exportadores de uranio que, como se mencionó, eran reticentes a difundir este tipo de insumos y tecnología. Además, la utilización de uranio natural se presentó como una alternativa atractiva para el desarrollo de tecnología propia, y de los consiguientes recursos humanos, todo lo cual redundaría en un abaratamiento de costos tanto económicos (no sería necesario enriquecer uranio en el exterior) como políticos (no se consideraría al país como posible proliferante)5.
Al comparar las fuentes de abastecimiento de combustible tradicionales con el uranio (Imagen 1), si se tiene en cuenta que las dos centrales nucleares en funcionamiento en el periodo de corte de este análisis (1991) consumían hacia esa fecha, 130 toneladas de uranio anuales, se entiende el potencial de autoabastecimiento del país, además del eventual ahorro: 130 toneladas de uranio equivalen a 2.600.000 toneladas de carbón o a 1.900.000 toneladas de petróleo (Plaza, 2003).
Imagen 1
Imagen: a modo ilustrativo, equivalencias de abastecimiento de combustible para una central de 1000 Mw. Fuente: Foronuclear.org.
5 Hacia el año 2003 (es decir, en más de medio siglo) el país había logrado procesar unos 5.658.000 de
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Por su parte, de acuerdo a Villareal – Fuentes et al. (2011), México fue el primer país del continente americano en descubrir y explotar un yacimiento uranífero, en una fecha tan temprana como 1868 en Chihuahua. Allí también se consideró de vital importancia la protección de reservas uraníferas en la década de 1940, considerando como prioritaria la necesidad de llevar a cabo la prospección de uranio y la dotación de recursos financieros al sector, para garantizar la generación de conocimientos en ciencias nucleares y la adecuada formación de recursos humanos (Azuela y Talancón, 1995). En materia legal, tales decisiones fueron respaldadas por la incorporación ―a las reservas mineras nacionales de los yacimientos de uranio, torio, actinio y demás elementos
radiactivos‖ (Azuela y Talancón, 1995: 33) en 19456, tal y como reza una declaratoria
de la Secretaría de Economía Nacional en septiembre de ese año. A partir de la década de 1970, las reservas de uranio quedaron bajo resguardo de la empresa nacional Uranios Mexicanos (URAMEX), hasta mediados de la década de 1980, cuando la empresa fue disuelta y los yacimientos pasaron a estar bajo la órbita del Consejo de Recursos Minerales y de la Comisión de Fomento Minero. Se estima que el país cuenta con
reservas de unas 162.000 toneladas de octaóxido de trituranio (U3O8)7 no explotadas en
diferentes yacimientos a lo largo del país, como aquellos del estado de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Durango, Oaxaca y Baja California Sur.
Como es posible apreciar, incluso las decisiones que parecieran ser meramente técnicas tienen consecuencias políticas, sobre todo si del sector científico-tecnológico se trata. Es por eso que en el transcurso de este trabajo se intentará proveer una explicación a los desarrollos disímiles de los dos países en cuestión, atendiendo, como se verá, a la gravitación de ciertos actores en la toma de decisiones tecnológicas y en los condicionamientos del nivel internacional a las mismas.
6 Para Villareal-Fuentes et al., tal incorporación se llevó a cabo a partir de la década de 1950 cuando los
yacimientos radiactivos fueron declarados parte de las reservas nacionales, quedando bajo la órbita del Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN). Sin embargo, la creación del INEN no tuvo lugar sino hasta 1972.
7 El octaóxido de trituranio u octoóxido de trituranio es un compuesto de uranio también conocido como
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Capítulo I: Planteo del problema de
investigación, delimitación del objeto de
estudio y justificación del tema
―Ya en 1932 esto fue advertido por Horkheimer: si la ciencia se ha convertido en una fuerza de producción, entonces reproduce la estructura social. Se convierte en un instrumento que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Finalmente, en la realidad prevalece el ―efecto Mateo‖: Dios le da más al que más tiene‖. Albornoz, 2001.
Ciencia y tecnología como objetos de políticas públicas
El desarrollo científico y tecnológico ha sido y es percibido como uno de los mecanismos sociales por excelencia para alcanzar el desarrollo económico que permita la mejora de condiciones de las poblaciones de los países interesados en lograr tales objetivos, sin importar el tamaño o riqueza de los Estados (Drori, 1993). Si bien solía pensarse que los países en desarrollo no tenían capacidad para avanzar en este ámbito, y que sus progresos científicos y tecnológicos eran escasos, la historia ha desmentido tales afirmaciones (Lalouf, 2004).
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general se ha convertido ―en un factor integral para el crecimiento económico y frente a la sociedad adquirió el carácter de omnipresente‖ (Albornoz, 2007: 58).
Lo anterior ya era reconocido en la década de 1960, cuando se afirmaba que las CyT actuaban como una herramienta poderosa de transformación social, y como componentes dinámicos de la trama del desarrollo (Sábato y Botana, 1968). Para Aristimuño y Aguiar (2015: 42) ello ha conllevado que ―el interés en el análisis de programas, instrumentos, instituciones y políticas públicas de ciencia y tecnología (haya) ido creciendo en el mundo, producto de la comprensión de su íntima relación con el desarrollo económico y social de las naciones.‖
La política científica como se la conoce en la actualidad hizo su aparición a partir de la Segunda Guerra Mundial (SGM), y cobró relevancia en el transcurso de la Guerra Fría (1945 – 1991), cuando recibió financiamiento creciente y fue considerada estratégica por los gobiernos. Ello, a su vez conllevó la emergencia, en los países más avanzados, de la ―big science‖, un tipo de práctica científico-tecnológica caracterizada por el
surgimiento de grandes innovaciones y de investigaciones a gran escala, desarrolladas por grupos de científicos y financiadas por gobiernos y organismos estatales. Estos esfuerzos han estado tradicionalmente vinculados a la industria bélica, y se afianzaron en la época de la Guerra Fría. De hecho, Elzinga (2012: 416) afirma que las inversiones en big science comenzaron a ser considerados como ―la guerra por otros medios‖.
De esta forma, la política científica pasó a formar parte de un contrato social en el que las CyT aportaban expectativas de desarrollo y progreso, actuando como catalizadoras del cambio social y económico, y recibiendo por ello el apoyo de la sociedad y el Estado (Albornoz, 2007). En este sentido, siguiendo a Kreimer (2016) es posible acordar con el autor sobre la importancia de no considerar a la CyT como ámbitos aislados del contexto social, sino como parte constituyente y constituida de la sociedad, de la que surgen y con la que interactúan, en una relación dialéctica.
17 lobbies y Estados. Autores como Gilpin (1981) reconocen los avances y cambios en la CyT como uno de los factores principales de acumulación de poder por parte de los Estados, y su consiguiente ascenso a potencias en el sistema internacional. Es así que se hace imposible ignorar la importancia que el desarrollo científico –tecnológico guarda no solo para garantizar avances en el plano nacional, sino también, para aumentar la influencia de los Estados en el sistema internacional.
Frente a la progresiva importancia que el sector de CyT comenzó a tener para el desarrollo de los Estados, la intervención de éstos en la definición, formulación y regulación de políticas en CyT comenzó a crecer de manera consecuente. De esta forma, los diseños de políticas públicas abocadas al sector atravesaron distintos momentos a lo largo del periodo bajo estudio. Rico-Castro y Morera Cuesta (2009) definen a las políticas públicas en CyT como aquellas decisiones y acciones adoptadas por un gobierno que tengan por objetivo potenciar, promover o ejercer influencia en la dirección y el ritmo del desarrollo del sector de CyT, a partir del diseño de programas específicos destinados a determinar y modificar las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la actividad. Estas acciones tienen que ver con la gobernanza del área, vinculada a la arquitectura institucional y el marco legal en que se insertan; con la asignación de presupuesto y recursos humanos a las actividades de investigación; con la forma en que tales recursos se distribuyen entre las diversas disciplinas, los mecanismos específicos que determinan la adjudicación de fondos; con el tipo de organizaciones que se crean en el ámbito de CyT los cuales reflejan y reproducen ciertas prácticas institucionales y organizacionales que determinan la socialización de determinadas pautas de comportamiento en la comunidad de científicos; y finalmente, con el diseño de prácticas que aseguren la obtención de retornos a partir del desarrollo de las actividades de CyT.
Vale aclarar que el concepto de políticas científicas y tecnológicas data de la década de
1970/80, aunque en esta tesis se utilice el término para referirse a las políticas de todo el periodo bajo estudio.
En la década de 1930, autores como John Bernal (The Social Function of Science, 1939)
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esferas de regulación legítima por parte de los poderes públicos a nivel internacional y el sometimiento, en mayor o menor grado, de las agendas de investigación de los científicos a las prioridades marcadas por las políticas (…)‖ (Rico-Castro y Morera Cuesta, 2009: 796).
Ello fue además respaldado por el informe llamado ―Science, the endless frontier‖
(1945) escrito por el estadounidense Vannevar Bush8, para quien era necesario
―mantener la investigación dirigida hacia fines militares en tiempos de paz, aunque reclamaba la importancia de fomentar la investigación básica civil, a pesar de su alto coste y sus resultados inciertos, a través de programas de financiación estables y a largo plazo‖ (Rico-Castro y Morera Cuesta, 2009: 797).
Estas posturas eran opuestas a las defendidas por autores como Michael Polanyi, quien sostenía la importancia de la libertad de los científicos en contra de cualquier intromisión estatal en la creatividad de aquellos. Esta posición incluía, por lo tanto, la oposición también a cualquier tipo de planificación o de determinación de una agenda de prioridades de investigación, pues estas acciones obstruirían la autonomía, libertad y creatividad necesarias para la coordinación espontánea de las actividades de investigación. El debate se saldó con un contrato social entre la comunidad científica y el Estado, por el cual este último se comprometió a financiar la autonomía científica a través de la provisión estable de recursos económicos y humanos, sin articular una intervención pública directa, dejando en manos de los propios investigadores la
distribución de tales recursos, lo que fue conocido como un esquema bottom-up u
ofertista de la ciencia, que descansaba en la capacidad de la comunidad científica de determinar los usos del financiamiento.
La adopción de estas prácticas en el sector de CyT en otros países se hizo posible gracias a la creación de organismos interestatales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1946 o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1961, que implicaron un fuerte respaldo a las actividades del sector, y fungieron como difusoras de
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una determinada forma de organizar los sectores de CyT desde los países centrales a gran parte del resto del mundo, lo que puede explicar el isomorfismo institucional del ámbito de CyT en distintos países y continentes. Estos organismos introdujeron la idea de la necesidad de articulación y coordinación de las actividades de producción en CyT como objetos de políticas públicas específicas (que se dieron en llamar políticas para la ciencia), tratando de encontrar un equilibrio entre la libertad exigida por gran parte de la comunidad científica, con la necesidad de dar respuestas a varias problemáticas sociales que exigían soluciones técnicas (lo que se llamó ciencia para la política).
Estos organismos marcaron las agendas en las políticas y tendencias de CyT a partir de la emisión de informes, como aquellos de la OCDE, que se centraron en consignas y recomendaciones como: la diferenciación entre la ciencia básica y aplicada y la necesidad de que esta última estuviera enfocada hacia objetivos sociales concretos alejados de las metas de defensa en el informe de 1971; o la idea del acercamiento de las instituciones de ciencia básica al mercado, que instó a generar una mayor vinculación entre la industria y las universidades, y el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones que propiciaran un soporte a la industria (informe de 1981), (Rico-Castro y Morera Cuesta, 2009).
Esta última tendencia modificó efectivamente los mecanismos de toma de decisiones institucionalizados en las décadas anteriores, dado que a los procesos bottom – up u ofertistas a través de los cuales los científicos determinaban la distribución de los
recursos, se sumaron y combinaron los mecanismos top – down, determinados por las
resoluciones de los decisores públicos, a partir de la adopción de un modelo de innovación lineal. Tales desarrollos normativos derivarían en la década siguiente en la aplicación de la noción del Sistema Nacional de Innovación, que supone que el objetivo último de la actividad científica es el desarrollo de innovaciones, a partir del relacionamiento con un entramado más amplio en el que los investigadores se vinculan con órganos de decisión, planificación y coordinación de políticas en CyT, con productores de conocimiento públicos, privados y universitarios, y con actores políticos, sociales y económicos (Rico-Castro y Morera Cuesta, 2009).
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Jamison (1996). Estos autores clasificaron las distintas concepciones identitarias de las comunidades científicas de diversos Estados con sus tradiciones intelectuales, disciplinares e institucionales propias. Distinguieron cuatro ―culturas de las políticas‖ en CyT: la burocrática, la académica, la económica y la civil. A lo largo del tiempo, las culturas predominantes fueron variando, dando lugar a momentos de primacía a cada una de ellas. La cultura burocrática estuvo en muchos países dominada por las fuerzas militares y basada en la administración estatal, con sus respectivos departamentos y órganos de asesoramiento, preocupada primordialmente por el uso social de la ciencia y para que la política pública fuera científica; por su parte, la cultura académica se caracterizó por buscar validación en la propia comunidad científica, y por dar preeminencia a los valores académicos de autonomía, objetividad, integridad. En la década de 1980, la cultura económica o de mercado fue la que pareció dirigir el diseño de las políticas en CyT, como se dijo, alentando a la comunidad científica a acercarse al sector empresarial. Finalmente, la cultura civil es aquella más representativa de los movimientos que ponen el foco en el desarrollo social. Estas culturas estuvieron en constante competencia por recursos y por seducir a los decisores y dirigentes gubernamentales para orientar las agendas públicas de CyT, representaron intereses políticos y sociales distintos y poseyeron sus propias preferencias ideológicas y supuestos doctrinarios, y tales disputas estuvieron presentes también en América Latina.
En esta región se reprodujeron las tendencias descriptas previamente aunque con sus propias particularidades. De acuerdo a Albornoz (2001) el interés por las políticas en CyT en Latinoamérica surgió apenas pocos años después que en los países más avanzados, y tuvieron la particularidad de estar vinculadas desde un principio con los problemas del desarrollo. Vasen (2016) agrega que los debates en CyT en América Latina estuvieron enmarcados en la particularidad geopolítica que la región presentaba con respecto a su posicionamiento durante la Guerra Fría, en la cual constituyó ―un espacio maduro para las tensiones y competencia entre las dos superpotencias‖ (Vasen, 2016: 242). Esta situación marcó el contexto en el que se suscitaron los debates sobre el rol que la CyT debía jugar la región, sobre todo, el papel que debía tener en el desarrollo.
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internacional, generó que la problemática se instalara en las agendas gubernamentales y de organismos interestatales regionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). De esta forma, la cuestión del desarrollo comenzó a ser un tema prioritario en la región, por el cual se debía recurrir a la CyT en busca de soluciones. Una de las propuestas de este organismo fue el de impulsar la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) a partir de la activa intervención estatal, mediante la planificación de las políticas y regulación del mercado.
El desarrollismo impulsado desde la CEPAL dio el marco adecuado para el establecimiento de la política científico-tecnológica y la creación de variadas instituciones abocadas a las investigaciones científicas básicas y aplicadas, a semejanza de los modelos emanados por organismos internacionales. A partir de la década de 1960, el proceso de ISI comenzó a nutrirse de capitales y tecnología extranjeros, debido a la inestabilidad económica de los países de la región. Finalmente, luego de algunas décadas, la ISI no logró resolver el problema del subdesarrollo y no concluyó en la industrialización y modernización que había buscado promover debido a la desatención de las fases de adaptación y aprendizaje de las trayectorias tecnológicas de los productos, derivando en un sector productivo con baja capacidad tecnológica, poca demanda de tales productos y conocimientos y consecuentemente, sistemas científicos poco vinculados con los procesos económicos y sociales locales.
Esto fue agravado por las crisis de los países en la década de 1980, que dieron por terminada la confianza en la existencia de una solución hacia el desarrollo endógeno y cedieron el lugar a políticas de corte neoliberal (algunas ya ensayadas en países como Chile o Argentina desde la década de 1970). El vacío creado por la ausencia de demanda desde el sector productivo fue ocupado, de acuerdo a Dagnino y Thomas (1999) por la comunidad científica, incluso con niveles de influencia mayores que aquella de los países avanzados, al momento de diseñar las políticas públicas en CyT:
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académicas, en particular, de las comunidades disciplinarias, en autoridad política y poder de representación de la comunidad científica.
―Dada la virtual ausencia de otros actores en el proceso de decisionmaking –lo que no puede ser atribuido solamente al carácter periférico de la región– los representantes de la comunidad de investigación han sido los verdaderos diseñadores, implementadores y evaluadores de la Política Científico-Tecnológica, en una proporción significativamente mayor que sus colegas de los países desarrollados. En éstos el ―tejido de relaciones‖ genera señales de relevancia que orientan las acciones relacionadas con CyT, contrabalanceando el carácter ofertista del modelo institucional, y la comunidad de investigación comparte el poder con otros actores. En América Latina, la comunidad de investigación alcanzó una posición hegemónica en la Política Científico-Tecnológica‖ (Dagnino y Thomas, 1999: 61 – 62).
En el contexto descripto anteriormente tuvieron peso las divergencias expresadas a mediados del siglo XX por un grupo de científicos surgido del núcleo de las comunidades científicas con respecto a la forma de hacer ciencia dependiente en América Latina; éstas convergirían con la corriente desarrollista en materia económica y darían lugar al Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (PLACTED), como será desarrollado en los siguientes apartados. Lo anterior vale para destacar algunas de las particularidades del contexto en que se pensó, desarrolló y diseñó la política en CyT en la región latinoamericana, tema que será explorado en mayor profundidad de aquí en adelante.
Ciencia y tecnología nuclear: la proliferación y los regímenes
internacionales
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civiles, como se mencionó en la introducción. A través del programa ―Átomos para la
Paz‖9, Estados Unidos, por un tiempo único poseedor de esta tecnología, buscó brindar
asistencia para que países en desarrollo pudieran contar con ayuda en la adquisición de esa tecnología, al tiempo que se aseguraba un mercado donde hacer redituable las ingentes inversiones en tecnología nuclear hechas en el marco del conflicto bélico (Fernández, 2010).
Los esfuerzos por desarrollar y colocar productos derivados de la industria nuclear en el mercado no permanecieron circunscriptos a Estados Unidos por mucho tiempo. Pronto, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (1949), Gran Bretaña (1952), Francia (1960), y la República Popular China (RPCh) (1964) consiguieron realizar explosiones atómicas y desarrollar sus propios arsenales nucleares, generando al menos dos consecuencias concatenadas de envergadura a nivel internacional: por un lado, la búsqueda por parte de varios países en desarrollo, de igualar los logros tecnológicos de los países nucleares; por otro, frente a la situación anterior que hizo real la amenaza de
la proliferación horizontal10 de armas nucleares en un contexto político de
confrontación, comenzaron a generarse una serie de normas internacionales, basadas en acuerdos y tratados que dieron origen a lo que en la actualidad es conocido como el Régimen Internacional de No Proliferación (RINP de aquí en más).
Uno de los primeros académicos en utilizar el concepto de Régimen Internacional fue John Gerard Ruggie, en la década de 1970, quien lo definió como ―un conjunto de mutuas expectativas, normas, regulaciones, planes, energías organizativas y compromisos financieros que han sido aceptados por un grupo de estados‖ (Ruggie, 1975: 570). Sin embargo, la definición de Régimen Internacional más extendida es aquella brindada por Stephen Krasner (1982), quien lo define como una serie de principios explícitos o implícitos (entendiendo los principios como creencias de hechos, causación y rectitud), normas (estándares de comportamiento entendidos como derechos y obligaciones), reglas (prescripciones o proscripciones) y procedimientos de toma de decisión (vinculados a las prácticas que prevalecen a la hora de generar e implementar
9 El nombre de esta iniciativa tuvo su origen en un discurso pronunciado por el Presidente D. Eisenhower
frente a la Asamblea General de Naciones Unidas en 1953, donde instó a la comunidad internacional a alentar la utilización pacífica de la tecnología nuclear.
10 Los académicos suelen distinguir entre proliferación horizontal y vertical. La proliferación horizontal
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elecciones colectivas). Autores como Keohane (1993) y Milner (1992) abrevan en tal definición.
Es necesario hacer una aclaración preliminar: la proliferación de acuerdos, tratados internacionales y organismos interestatales para la regulación del uso de tecnología nuclear, no actuó en detrimento de la acción muchas veces unilateral de las potencias, principalmente de Estados Unidos y sus aliados. Lo anterior tiene lógica en los orígenes de la Guerra Fría, si se piensa que teniendo el monopolio de la tecnología nuclear, al menos hasta 1949, Estados Unidos fue el único cuyas decisiones internas pudieron
incidir en la provisión internacional de insumos tecnológicos nucleares11.
Ello no impidió embarcar a dos de sus principales aliados (Gran Bretaña y Canadá) en políticas unilaterales de monopolización de dos elementos principales para evitar la proliferación: el conocimiento sobre la tecnología atómica, y las reservas de uranio. Con respecto a lo primero, los gobiernos estadounidense, canadiense y británico se comprometieron, inmediatamente luego de la SGM, a mantener el secreto sobre la obtención de la bomba; y en cuanto a lo segundo, acordaron comenzar una política de compra del uranio disponible en el mundo para garantizar que el mismo no sería utilizado por otros países como insumo para tecnología nuclear (Goldschmidt, 1986)
Lo anterior respondió a un debate que se originó inmediatamente luego de finalizada la SGM en el congreso de Estados Unidos, donde se delinearon claramente dos posturas:
los monopolistas y los managers. Los primeros buscaban mantener el secretismo
tecnológico alrededor de los conocimientos involucrados en la obtención de la bomba, mientras que los segundos sostenían que tal objetivo sería muy difícil, y abogaban por sacar provecho de las inversiones efectuadas en el ámbito atómico convirtiendo a Estados Unidos en el único proveedor de tecnología nuclear frente al resto del mundo, exportando insumos de usos civiles a través de un programa de asistencia (que sería el programa Átomos para la Paz) (Walsh y Saveliev, 2004).
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A partir de lo anterior, en 1946 y luego de haber llegado a un acuerdo con la URSS, se aceptó crear en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) una comisión específica para el control de los usos de la tecnología nuclear. Esta comisión elaboró un
informe final, conocido como el informe Acheson - Lilienthal12, que hacía hincapié en
la imposibilidad de controlar la difusión de la tecnología, y por lo tanto, proponía sustraer de la competencia de los Estados todas las etapas consideradas ―peligrosas‖ o críticas para la fabricación de armamento nuclear, y dejarlas en manos de una organización internacional que actuara como autoridad única en nombre de todos los países, que tuviera la propiedad de las existencias totales de combustibles y minerales nucleares, y que gestionara las facilidades de generación y reprocesamiento de combustible y reactores de energía. Actuaría además como auditor de posibles actividades clandestinas y tendría bajo su control todas las armas nucleares. La existencia de esta organización se aprobó con diez votos favorables y la abstención de la URSS y Polonia, y durante todo el año siguiente se debatieron los detalles de su establecimiento. En ese contexto, países como Bélgica y Brasil presionaron para impedir la enajenación de sus reservas de uranio a favor del nuevo organismo y lograron que este mineral no pasara a manos de la organización sino hasta después de su extracción.
Luego de dos años de negociaciones, éstas llegaron a un punto muerto y el proyecto de instalar un organismo internacional de control fracasó (Goldschmidt, 1986). Por su parte, en 1949 la URSS obtuvo su propia explosión nuclear, lo que obligó a centrar las negociaciones en el desarme tradicional, máxime cuando la obtención de armas nucleares por parte de Gran Bretaña en 1952, y los planes de Francia para construir grandes termonucleares, dejaron en evidencia que la política del secretismo había fracasado. En ese punto, Estados Unidos produjo un viraje de su política con respecto a la difusión del conocimiento nuclear, y bajo la presidencia de D. Eisenhower se lanzó la iniciativa Átomos para la Paz, previa flexibilización de las leyes internas sobre materiales nucleares, para que se facilitara la cooperación con otros países.
Ente 1955 y 1957, una conferencia especial trabajó en Estados Unidos para dar forma a un nuevo organismo de control de las actividades nucleares, resultando esta vez en la
12 El informe fue llamado así debido a sus dos principales promotores Dean Acheson, el Subsecretario de
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creación de una organización que pretendía poner bajo su supervisión todos los materiales fisionables, incluyendo minerales como el uranio natural. Esta propuesta contó con la oposición de la India, que insistió en que ello dejaría en una posición muy vulnerable a aquellos países que no tuvieran uranio o no pudieran comprarlo en el mercado internacional, frente a los Estados con grandes programas militares protegidos por el secreto industrial. India fue apoyada por varios países en desarrollo, según los cuales la aplicación de controles tan estrictos, incluso sobre reservas uraníferas potenciales y aun no exploradas, eran reminiscentes de un esquema de relacionamiento neo-colonial, ya que perpetuaba la desigualdad. Argumentaban que los países desarrollados quedarían exentos de obligaciones, ya que por contar con grandes avances en temas nucleares, nunca acudirían al organismo en busca de asistencia, y por lo tanto, no se les exigiría la aplicación de condiciones tan leoninas.
Finalmente, en julio de 1957 se hizo oficial el nacimiento de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), a partir de la ratificación de su estatuto por parte de Estados Unidos, como un órgano autónomo perteneciente a la constelación de las organizaciones de Naciones Unidas que promueve la cooperación científica y tecnológica en el ámbito nuclear con fines pacíficos. El artículo III de su Estatuto establece que fomentará en el mundo entero la investigación, el desarrollo y la utilización de la energía atómica con fines pacíficos aplicando salvaguardias y fijando normas de seguridad, y verificando, a través de un sistema de inspección, que la difusión de los conocimientos, materiales, servicios, equipo e instalaciones, no sea desviada hacia propósitos militares (Colombo, Guglielminotti, Vera, 2017).
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Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, constituye una violación directa de la misma‖ (Ortega, 1963: 165).
En 1959, por su parte, se llevó a cabo la firma del Tratado Antártico que prohibió las pruebas nucleares en la Antártida, específicamente, cualquier explosión nuclear o la presencia de desechos radiactivos en ese continente. En 1963, luego de la crisis de los misiles en Cuba, Estados Unidos, la URSS y el Gran Bretaña procedieron a firmar el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares con el objetivo de prohibir, evitar y verificar cualquier tipo de explosión nuclear o armas nucleares incluyendo la atmósfera, el espacio ultraterrestre, la alta mar, debajo del agua o en aguas territoriales. La firma de este tratado fue interpretada por Mao como un intento de soviéticos y estadounidenses para impedir que la RPCH desarrollara armamento nuclear. En 1964, la
RPCH probó con todo éxito un dispositivo nuclear, convirtiéndose en el primer país no
desarrollado en poder hacerlo.
En 1967, la firma del Tratado del Espacio Exterior por parte de la URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos buscó prohibir la colocación de armas nucleares o de cualquier tipo de arma de destrucción masiva en el espacio o cuerpos celestes.
Por su parte, una de las tareas principales de la OIEA fue (y sigue siendo) la de garantizar el cumplimiento de los tratados que forman parte del régimen, principalmente aquellos considerados fundamentales para evitar la proliferación, como el Tratado de No Proliferación (TNP), adoptado en 1968 y en vigor desde 1970, cuyo objetivo principal es prevenir la proliferación de armamento nuclear y de tecnología atómica con posibles utilizaciones militares, a través del establecimiento de un sistema de salvaguardias bajo su responsabilidad, al tiempo que buscó extender las aplicaciones pacíficas de tecnología nuclear.
El TNP no tuvo completa aceptación en sus orígenes, incluso por parte de potencias
nucleares como Francia y China. Al establecer un status quo desigual entre países
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que muchos Estados, incluida Argentina, consideraron razón legítima para negarse a proceder a su firma y ratificación13.
Las principales disposiciones del TNP se condensaron en los siguientes artículos: el primero dispuso el compromiso de los Estados Nuclearmente Armados de no transferir tecnología de armas nucleares, ni asistencia para la construcción de tales armas a terceros. En este sentido, para Dunn (2009) el TNP resultó de una combinación de
realpolitik y preservación del interés nacional de las potencias de la Guerra Fría, que las llevó a reconsiderar los riesgos de transferir tecnología nuclear. Es decir, las potencias nucleares buscaron garantizar a través del primer artículo, que permanecerían en posesión de los únicos arsenales nucleares del mundo.
En el segundo y tercer artículo, los Estados No Nuclearmente Armados se comprometieron a no emprender la fabricación de armas nucleares y a someterse a las salvaguardias previstas por la OIEA. El artículo cuarto, sin embargo, resaltó el derecho soberano de todos los Estados a desarrollar tecnología nuclear con fines pacíficos, siempre que se atuvieran a los artículos anteriores. Y por último, los Estados Nuclearmente Armados se comprometieron a no atacar a Estados No Nuclearmente Armados con armas atómicas y a reducir sus arsenales nucleares. Por lo tanto, el TNP es un acuerdo que no solo abordó la no proliferación sino que además previó la desnuclearización o desarme de las potencias nucleares, pero que no obstante ha avanzado más en la prohibición de transferencia de tecnología nuclear dual a Países No Nuclearmente Armados, que en el desarme de los arsenales atómicos existentes. Como se verá, lo anterior suscitó variadas reacciones y reflexiones en el amplio espectro de Países No Nuclearmente Armados, con gran incidencia en varios de los programas nucleares en marcha en el mundo en vías de desarrollo.
Un año antes de la creación del TNP, en 1967, América Latina ya había propuesto una iniciativa de desarme: el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América
13 India, Israel y Pakistán nunca aceptaron firmar el Tratado. Corea del Norte se retiró del mismo en el
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Latina y el Caribe, que se conoció como Tratado de Tlatelolco (Serrano, 1996). Propuesto por México, este acuerdo promovió la creación en el subcontinente americano de una Zona Libre de Armas Nucleares (ZLAN), comprometiendo a las cinco potencias nucleares a no transferir armas nucleares a ninguno de los países firmantes, que a su vez acordaron no albergar ese tipo de tecnología, ni permitir el tránsito de material nuclear por sus territorios. Para controlar su cumplimiento se procedió a la creación de la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL). Argentina y Brasil fueron dos de los países que se negaron a firmarlo y/o ratificarlo (a pesar de que en un primer momento este último había apoyado la iniciativa, de acuerdo a Sotomayor, 2014), adelantando ya los argumentos que presentarían también frente al TNP: la consolidación de categorías desiguales para convalidar Estados ―de primera y de segunda‖, es decir, aquellos con armas nucleares y aquellos que autolimitaban tal derecho de forma voluntaria, lo que se dio en llamar ―el desarme de los desarmados‖.
Por último, otro de los principales organismos que dan forma a las políticas de no
proliferación a nivel mundial es el Nuclear Suppliers Group14. Éste fue creado en 1975
por siete países (Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña, Francia, la República Federal de Alemania, Japón y Canadá, a los que luego se le agregaron Bélgica, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, Italia, Países Bajos, Polonia, Suecia y Suiza - Strulak, 1993) como consecuencia directa de las pruebas nucleares efectuadas un año antes por la India, que dejaron entrever las falencias del recientemente creado RINP, en cuanto a la efectividad de la no transferencia de tecnología nuclear bélica. Así, el organismo fue establecido para regular las exportaciones de material nuclear, y con el fin implícito de corporativizar las exportaciones nucleares (Hurtado, 2009) siendo integrado por un grupo selecto de países con capacidad de exportación de tales materiales, incluyendo desde equipos hasta programas informáticos (Colombo, Guglielminotti, Vera, 2017).
14 El Grupo de Proveedores Nucleares se encuentra compuesto en la actualidad por 48 países: Argentina,
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El principal antecedente de este organismo había sido el llamado ―Club de Londres‖, creado el año anterior a partir de la celebración de reuniones secretas cuyo objetivo explícito fue el de imponer restricciones al comercio de tecnologías nucleares para evitar que surgieran nuevos competidores en el mercado atómico internacional que debilitaran las salvaguardias (Hurtado, 2009). Los objetivos de ambas instancias convergieron, como es posible apreciar, en el refuerzo del RINP.
La severidad creciente de estos controles generaron que sus políticas restrictivas fueran vistas como obstáculos o condicionamientos a la obtención del material necesario por parte de países en desarrollo para el avance de los programas nucleares nacionales, impidiendo, como se comentó, que estos últimos lograran convertirse en competidores efectivos en el mercado mundial de productos nucleares, creando el mencionado ―apartheid tecnológico‖ (Hurtado, 2006). Esta situación, que fue percibida como discriminatoria, impulsó a varios países en desarrollo interesados en la generación de tecnología nuclear para el impulso de sus industrias, o para subsanar sus problemas energéticos, a buscar expandir los márgenes de autonomía necesaria para llevar a cabo tales proyectos (DerGoughassian, 2010).
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América Latina frente al desarrollo nuclear: ¿autonomía o
dependencia tecnológica?
Los países latinoamericanos no fueron ajenos al contexto internacional y tecnológico descrito anteriormente. La industria nuclear encontró una gran recepción y entusiasmo en algunos de los países latinoamericanos como Argentina, Brasil, México o Perú, con sus propias particularidades. La expansión y desarrollo de la industria nuclear a nivel global coincidió, en América Latina, con la difusión de las ideas desarrollistas provenientes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dependiente de la ONU e impulsora de la teoría de la dependencia15, y también con la expansión del mencionado Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad o Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (de ahora en más, PLACTED), que se abocó específicamente a reflexionar sobre las prácticas de CyT en América Latina.
Los inicios del PLACTED se remontan a la década de 1960, y cobró mayor vigencia hacia la década de 1970. Reunió a pensadores de casi todos los países latinoamericanos destacándose Amílcar Herrera, Jorge Sábato y Oscar Varsavsky en Argentina, Miguel Wionczek, Alejandro Nadal Egea y Arturo Rosenblueth en México; Helio Jaguaribe,
José Leite Lópes y Simon Schwartzman en Brasil,Máximo Halty Carrere en Uruguay, y
Francisco Sagasti en Perú (Kreimer, et al., 2014). Nació amparado por los preceptos más generales difundidos desde la ya mencionada CEPAL, donde las ideas de Raúl Prebisch (quien fue su director entre 1950 y 1963) sobre la dependencia económica de la región encontraron eco, sobre todo en el contexto de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) y protección de la industria naciente que América Latina vivía en ese momento (Martínez Vidal y Marí, 2002).
Para los teóricos de la dependencia, muchos de ellos nucleados en la CEPAL, era evidente que en el sistema internacional existía una división asimétrica del trabajo entre aquellos países productores y exportadores de productos primarios, y los Estados
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avanzados, que importaban materias primas, y exportaban productos con alto contenido tecnológico hacia el mundo en desarrollo. Lo anterior redundaba en constantes deterioros de los términos del intercambio, lo cual sumía a los países en desarrollo en un estancamiento económico y dependencia estructural perpetuos. Al contrario de las teorías del desarrollo difundidas desde los centros, que consideraban al subdesarrollo como una etapa previa y necesaria hacia el desarrollo, estos teóricos entendían que el subdesarrollo de ciertos países era una consecuencia del desarrollo de otros, es decir, las dos caras de una misma moneda. Una de las soluciones que la CEPAL propuso ante este escenario fue, como se dijo, promover políticas públicas orientadas a la industrialización de las economías latinoamericanas para la superación del atraso (Hurtado, 2011).
Bajo estos diagnósticos es que se desarrolló y ganó apoyo el PLACTED, que consideró a la industria nuclear como una de las industrias con potencial industrializante, es decir, con posibilidad de promover desarrollos en el resto del sector industrial generando sinergias virtuosas de aliento al desarrollo general (Quilici, 2008; Hurtado, 2010). Esta escuela sostenía como principal objetivo pensar la ciencia en el contexto social, económico, político y cultural de cada país, y por lo tanto abogaba por una ciencia que se adaptara y respondiera a las necesidades locales, y que apuntara a la búsqueda de políticas públicas orientadas al desarrollo tecnológico y científico considerado como un componente indisociable del desarrollo económico en su sentido más amplio. En este contexto el Estado era llamado a jugar un rol muy importante, debido al poco interés demostrado por el sector privado en emprendimientos de tal envergadura. Como plantean Martínez Vidal y Marí (2002) las políticas impulsadas a partir de los diseños basados en las recomendaciones del PLACTED, incentivaron a que el Estado generara dinámicas productivas que más tarde serían la base de los Sistemas Nacionales de Innovación.
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poder mundial eran difundidos hacia los países menos desarrollados, los cuales eran capaces de desarrollar su ciencia propia a partir de la adopción de los modelos propagados desde los países avanzados (Núñez Jover, 1999; Matharan, 2016).
El PLACTED criticaba esta visión porque según ella, los países en desarrollo podían generar CyT, pero adoptando problemáticas que no les eran propias, imitando procesos, soluciones e instituciones foráneas, de acuerdo a los lineamientos determinados por los centros. En su lugar, como se mencionó, el PLACTED denunciaba los perjuicios de las estrategias imitativas que importaban modelos de gestión y tecnología foráneas de forma acrítica y defendía una ciencia pensada por y para Latinoamérica.
La corriente latinoamericana ganó reconocimiento principalmente por sostener que era posible alcanzar el desarrollo autónomo de tecnología, una de las ideas más importantes de su cuerpo de pensamiento. El concepto de desarrollo autónomo o independiente de tecnología, sostenía que era necesario defender la capacidad de adquirir autonomía decisional propia con respecto a las elecciones tecnológicas y al manejo de tecnologías; la capacidad de desagregación de los paquetes tecnológicos para su posterior adaptación a las necesidades locales; la generación de alternativas tecnológicas que permitieran no
depender de monopolios; la capacidad de bargaining o negociación, como posibilidad
de elegir, en caso de ser necesario, los proveedores más convenientes, sin estar sujetos a restricciones de ningún tipo, y finalmente, la capacidad de desarrollar los recursos necesarios para pasar a un estadio superior que permita la generación de tecnologías propias o endógenas cada vez a mayores escalas (Dagnino, Thomas y Davyt, 1996; Martínez Vidal y Mari, 2002). El desarrollo autónomo de tecnología fue especificado por Sábato16 como la capacidad de definir el flujo apropiado para cada sector, la producción de tecnología nacional en la cantidad y calidad que se consideren necesarias, y el control de la tecnología importada en todas las etapas de su incorporación a las dinámicas propias, desde su elección a su utilización en las estructuras productivas, pasando por la negociación de los términos de su adquisición (Sabato y Mackenzie, 1982).
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La forma en que se proponía el logro de tales objetivos era a través de la creación de un trabajo coordinado entre tres agentes principales: el sector productivo, demandante de soluciones tecnológicas; el Estado como el generador principal de políticas públicas en CyT, y otorgante de financiamiento; y por supuesto, el sector científico-tecnológico. Este modelo sinérgico fue conocido como el triángulo de Sábato (Sabato y Botana, 2011 [1968]), llamado así en honor al físico y tecnólogo vinculado a la industria nuclear argentina que lo ideó.
Hacia 1970 el PLACTED había logrado crear un ambiente propicio para la búsqueda y defensa de la endogeneización (producción local) de la tecnología, que implicaba el desarrollo de capacidades nacionales para adaptar la tecnología importada que se necesitara según la dotación local de factores, y que permitiera dar paso a la generación propia de tecnología obedeciendo a la demanda social y productiva específicas. Y si bien tales esfuerzos se perderían frente a la avanzada de las políticas neoliberales instaladas en la región a partir de esa década, y con distintas intensidades, el legado del PLACTED nunca desapareció completamente.
Además, representó la entrada en la escena política de científicos que se encontraban a favor del progreso y el desarrollo de la mano de la CyT. Kreimer et al (2016: 13) argumenta que:
―Los científicos en esos años intentaban institucionalizar la actividad científica y tecnológica en sus países y sus preguntas giraban en torno a cómo hacer que la ciencia y la tecnología contribuyeran al desarrollo de sus sociedades. Eran actores públicos que a menudo buscaban ocupar posiciones en la toma de decisiones como medio para protagonizar cambios sociales. Sus compromisos constituían un movimiento por la transformación de sus sociedades y pensaban que con la CyT se podría lograr‖
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Desarrollo nuclear en Argentina y México: orígenes comunes y
trayectorias divergentes
Argentina y México se embarcaron en búsquedas similares con el objetivo de contar con un programa atómico nacional, con asistencia extranjera en un principio, pero con proyectos de generar eventualmente una industria propia. Ambos países comenzaron sus proyectos nucleares, en contextos políticos, sociales y económicos similares, potencialmente aptos para el desarrollo de proyectos de tal envergadura. Sin embargo, llegado el año 1991 presentaban diferencias notables en cuanto a sus logros, como lo evidencia la Tabla 1.
Tabla 1: cuadro comparativo de capacidades nucleares de Argentina y México hacia 1991
Argentina México
Reactores nucleares 6 (5 de fabricación nacional) 1
Reactores de potencia 2 1
Capacidad de enriquecer uranio
Sí (1983) No
Centros Atómicos / Institutos Nucleares
3 Centros Atómicos y 3 Institutos Nucleares*
1**
Reactores exportados 4 0
Fabricación de radioisótopos Sí Sí
Empresas Nacionales relacionadas a lo nuclear
6*** 0
*Los Centros Atómicos de Argentina son: Centro Atómico Bariloche, Centro Atómico Constituyentes y Centro Atómico Ezeiza; los Institutos Nucleares son Instituto Balseiro (que funciona en las instalaciones del centro Atómico Bariloche, Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson e Instituto Sabato.
** Instituto Nacional de Investigación Nuclear
*** Las empresas que aparecen en la tabla son: CONUAR (1981), FAE.SA (1986), INVAP (1976), Nuclear Mendoza (1977), CORATEC (1986) y ENSI (1989). Elaboración propia en base a datos de CNEA e ININ.
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nucleares, ambos países llegaron a niveles de desarrollo nuclear tan dispares cuarenta y cinco años después?
Esta pregunta es importante ya que en primer lugar, a pesar de que las trayectorias nucleares de países como Argentina y Brasil han sido largamente exploradas y destacadas como desarrollos hasta no hace mucho considerados fuera de lo común para países en desarrollo, hay un gran vacío académico en lo atinente al análisis del sector atómico mexicano, tercer país de Latinoamérica en contar con tal tecnología.
Por otra parte, el ejercicio comparativo es útil ya que toma en cuenta diversas trayectorias y desarrollos para el diseño presente y futuro de políticas públicas, específicamente en el sector de CyT, y particularmente, para analizar qué combinación de factores resultó en un mayor desarrollo nuclear.
Además, como el sector nuclear es un ámbito polémico debido a que aun hoy en día sigue siendo considerada una tecnología estratégica y dual, los casos escogidos sirven como ejemplos para entender tanto el proceso de la formación de política pública y la interacción de actores al interior de los Estados en la búsqueda de imposición de agendas en la arena política, como el contexto de condicionamientos del Sistema Internacional al desarrollo de tecnologías sensibles. Por todo lo anterior es posible afirmar que el análisis de las trayectorias de los sectores nucleares de ambos países, con sus puntos de partida similares y sus distintos resultados (un sector avanzado en Argentina y uno con claro rezago en México) pueden dar cuenta de la incidencia de la identificación de factores domésticos e internacionales que incidieron en la formulación e implementación de los programas nucleares y condicionaron su desarrollo.
¿Por qué se elige estudiar los casos argentino y mexicano sin incluir países como Brasil,
Perú o Chile, todos países en desarrollo y latinoamericanos? En primer lugar, como se
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funcionamiento, y Brasil contaba con Angra I), criterio que fue tenido en cuenta para la elección de los casos de estudio.
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Capítulo II: Abordaje teórico – metodológico y
argumento general
Estado de la cuestión
La tecnología nuclear ha acaparado la atención de la academia desde el final de la SGM y comienzos de la Guerra Fría, puesto que fue un factor de innegable peso en la política internacional del periodo. Como se mencionó en la introducción, la mayor preocupación vinculada al desarrollo de tecnología nuclear estribó en cómo evitar la proliferación horizontal de armas nucleares y cómo predecir qué países serían, con mayor probabilidad, los próximos en desarrollar tal armamento.
Desde diferentes perspectivas teóricas, varios analistas se han preguntado por qué los países tanto desarrollados como en desarrollo deciden impulsar programas nucleares, y qué explica el mayor o menor éxito de éstos. En general, tales preguntas giran en torno a descubrir patrones que ayuden a entender la creación de programas nucleares bélicos. Pero es posible que, dentro de tales corrientes y perspectivas, se pueda arrojar luz sobre el desarrollo de tecnología nuclear en general, es decir, incluyendo aquella de uso meramente civil como sucede con los casos de estudio de esta investigación.
