para los países desarrollados y muchos empresarios que circunscriben su función a adquirir patentes y pagar royalties. Todos aquellos que adoptan esta actitud pasiva, olvidan que la nación que descarte esta tarea corre el peligro de quedar marginada de la historia, ignorando el lenguaje de los países científica y técnicamente más avanzados y ostentando los viejos atributos de la soberanía como meros símbolos formales, vigentes, quizá, en un pasado que definitivamente terminó‖. Sabato y Botana, 1967.
Contexto de surgimiento de la política nuclear en Argentina y de las
políticas científicas y tecnológicas
Las primeras medidas tendientes a dar forma al entramado nuclear argentino, fueron tomadas en un contexto de incipiente proceso de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), como consecuencia de la contracción económica registrada en el periodo de entreguerras que obligó a varios países exportadores de productos primarios, a reemplazar con productos de industrias locales aquellos otrora importados de los países más desarrollados.
Ni América Latina en general, ni Argentina en particular fueron ajenas a este proceso, y la tendencia de incipiente ISI que comenzó en la década de 1930 fue profundizada a partir de planes específicamente diseñados en la primera presidencia de Juan D. Perón (1946 – 1955) (Lalouf, 2004). En la decisión estratégica de promover con políticas públicas la industrialización del país, hubo dos factores que actuaron como catalizadores: por un lado, tuvo peso el pensamiento que permeaba las Fuerzas Armadas referido a la importancia de contar con una industria nacional, elemental en un contexto donde se manejaban hipótesis de una posible tercera guerra entre potencias (Lalouf, 2004; Waldmann, 1986; Sheinin, 2005, Hurtado, 2010). En este sentido, era necesario avanzar hacia la independencia de suministros tanto armamentísticos como energéticos,
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y la ISI estaba llamada a jugar un rol protagónico en el reaseguro del suministro de insumos necesarios para garantizar la soberanía del país, como se detallará en breve.
Por otra parte, y aunado a lo anterior, la adopción de una postura neutral durante prácticamente toda la SGM había generado recelos entre los aliados, que privaron a Argentina de acceso a material bélico estadounidense. Frente a esta situación, que tornaba vulnerables a las fuerzas militares argentinas frente a un posible tercer conflicto mundial, se tomó la decisión de buscar la autonomía absoluta con respecto a los suministros militares, lo que obró a favor del impulso de la ISI, y sobre todo, del aliento a las industrias consideradas estratégicas, entre ellas, la nuclear (Hurtado, 2010).
Fue así que el peronismo inició un proceso de cambios económicos, sociales y políticos donde el Estado tuvo un papel protagónico como planificador y promotor del desarrollo nacional (Waldmann, 1986). Como parte de sus objetivos tendientes a lograr la independencia económica en relación a los países más avanzados, el gobierno peronista intensificó el control estatal sobre transacciones financieras y económicas, efectuó la cancelación total de la deuda externa, procedió a la nacionalización de compañías importantes del sector de servicios, declaró como propiedad del Estado las riquezas del subsuelo y protegió y alentó el desarrollo de la industria nacional por medio de leyes que lo ampararon.
El gobierno peronista también buscó ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas, a través, por ejemplo, de medidas como la creación del Consejo Nacional de Defensa en 1944, cuya tarea fue la de organizar la defensa en los diferentes ministerios; o la sanción de la Ley 12.987 de 1947 en la que designaba a la Dirección General de Fabricaciones Militares como la responsable del primer plan nacional de producción de hierro y acero. Tales acciones estuvieron enmarcadas en el objetivo general de independizar la fabricación de material bélico de aquella de los países más avanzados, impulsando el desarrollo de la industria pesada.
Puede decirse entonces, que las estrategias económicas y sobre todo industriales del peronismo formaron parte de consideraciones militares más amplias (Rouquié, 1983), sustentadas en la creencia según la cual una nación debía estar preparada para movilizar
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todos sus recursos y el potencial humano y económico ante un eventual conflicto bélico, en ese momento justificado por la hostilidad estadounidense post SGM (Rouquié, 1983), teniendo en cuenta que se consideraba que la capacidad defensiva de un país era determinada por la potencia económica (especialmente industrial) de éste, lo que vinculaba los objetivos económicos a los militares.
Las Fuerzas Armadas se convirtieron, entonces, en las responsables de erigir la infraestructura industrial en los sectores de industria pesada (sobre todo de química y siderurgia), y en actividades que involucraban tecnología avanzada como la industria aeronáutica, nuclear y automotriz. Al controlar además de forma implícita o explícita gran parte del sector público argentino, incluyendo grandes empresas nacionales e infraestructura industrial y de servicios (como Altos Hornos Zapla, Ferrocarriles Argentinos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales –YPF-, o Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina –SOMISA-) es posible afirmar, siguiendo a Rouquié (1983), que las Fuerzas Armadas argentinas lograron erigir una relación orgánica con el aparato productivo industrial nacional, dando lugar a un fenómeno tan amplio como único en América Latina. Si bien estuvo presente en otros países como Brasil a partir del golpe de Estado de 1964, no revistió el mismo grado de intensidad que alcanzó en Argentina, donde se generó una militarización de la sociedad debido a la penetración de las Fuerzas Armadas en todos los ámbitos de la estructura económica pública y privada. En este marco no es extraño notar entonces, que muchos de los esfuerzos industriales emprendidos durante los dos primeros gobiernos peronistas estuvieron vinculados a esfuerzos tecnológicos en el área de defensa (Bisang, 1995; Hurtado, 2014).
A partir del golpe de Estado de 1955 las medidas económicas implementadas por los sucesivos gobiernos estuvieron dirigidas a modernizar al país y garantizar la competitividad a partir del impulso a la libre empresa y el ingreso de inversiones y tecnologías extranjeras. Las Fuerzas Armadas se constituyeron en actores predominantemente antiperonistas (debido a que estos sectores lideraron las Armas), y se erigieron en defensoras del liberalismo económico relegando a los sectores desarrollistas a ocupar nichos específicos en el Estado. Asimismo, la lucha contra el comunismo pasó a tener centralidad en la agenda política de este actor, anteponiendo el
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alineamiento con Occidente a los anteriores objetivos de independencia económica y desarrollo de la industria nacional.
A pesar de esto, el sector nuclear quedó a resguardo e incluso fue beneficiado. En la década de 1960, durante el gobierno del Gral. Juan C. Onganía, la asistencia exterior permitió emprender grandes obras de infraestructura que, como se verá en el transcurso del capítulo, impactaron en el sector nuclear con el llamado a licitación para la construcción de la primera central de potencia. Así también, la política de distensión promovida por R. Nixon desde finales de la década de 1960 hasta mediados de la de 1970, marcó el retroceso del escenario de Guerra Fría en el continente y permitió que los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas argentinas ganaran mayor gravitación en el proceso decisorio. Durante este periodo, el programa nuclear argentino creció de forma sostenida, protegido, como se verá, de los mayores vaivenes políticos y económicos, lo que llegó a revestir la historia de su evolución de ciertos rasgos de excepcionalidad (Hurtado, 2014).
El pensamiento de desarrollo autónomo de tecnología, vinculado al desarrollismo presente en un sector importante de las Fuerzas Armadas de ese momento, quedó
plasmado en la afirmación del vicealmirante Carlos Castro Madero19 (que tendría un rol
preponderante en la industria nuclear en la década de 1970) quien sostenía que: ―los militares tenían que jugar un papel decisivo en el desarrollo de aquellas áreas
estratégicas capaces de impulsar la industrialización del país‖entre las cuales el sector
nuclear ocupaba la plana mayor(citado en Hurtado, 2009: 34).
Por otra parte, durante las décadas de 1940 y 1950 se crearon algunas de las instituciones de CyT más significativas del país (no solo en el ámbito de la defensa). Algunas de estas instituciones fueron: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de 1950, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de 1956, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de 1957 y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) de 1958 (Feld, 2015). De
19 Carlos Castro Madero (1927 – 1990) fue un oficial naval además de ingeniero nuclear, egresado del
Instituto Balseiro. Presidió la CNEA entre los años 1976 y 1983 y tuvo un rol importante en la obtención de uranio enriquecido. Durante su trayectoria destacaron sus ideas nacionalistas y orientadas a la generación de tecnología nuclear pacífica y endógena.
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acuerdo a Bisang (1995), el origen de estas iniciativas tuvo que ver con la inadaptación de las estructuras de CyT a las necesidades del proceso de industrialización, ya que los cambios impulsados a partir de la ISI requerían de respuestas tecnológicas que cubrieran las falencias de insumos y procesos. La ISI planteaba así, un nuevo papel para la CyT y, por lo tanto, para el entramado que la sustentaba en el contexto de un nuevo modelo productivo: ―En términos económicos lentamente el mercado tecnológico fue configurando una oferta y una demanda claramente diferenciadas de las emergentes del modelo agroexportador (…); ello demandaba desde el punto de vista económico, la
intervención estatal‖(Bisang, 1995: 17).
De lo anterior se sigue que, retomando la clasificación de culturas científicas elaborada por Elzinga y Jamison (1996), a partir de la década de 1940, la CyT argentinas acompañaron los cambios económicos que se estaban implementando en el país. Por ello, fueron concebidas más desde una perspectiva de cultura burocrática, con importantes componentes tecnocráticos orientados al desarrollo de un perfil de modernización del país, atendiendo a problemáticas locales.
Orígenes del entramado nuclear argentino. Autonomía lateral para
alcanzar la autonomía tecnológica
Como se mencionó, la visión de desarrollo soberano también penetró a la CyT nuclear desde los gobiernos peronistas, hasta el gobierno de Raúl Alfonsín (1983 – 1989) (Ledesma, 2007), salvaguardada por los sectores desarrollistas de las Fuerzas Armadas. En relación a otros sectores científico-tecnológicos, el entramado nuclear se mantuvo a salvo de los vaivenes sociales, políticos y económicos del periodo, gracias a la concepción que de este sector se tenía como ―industria industrializante‖, es decir, un área generadora de encadenamientos productivos en otros sectores industriales, capaces de alimentar y hacer crecer el aparato productivo nacional, considerado además como fuente de desarrollo de soluciones tecnológicas y autonomía nacional (Ledesma, 2007; Harriague, Quilici y Sbaffoni, 2008).
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A pesar de lo anterior, en un principio se decidió encomendar el desarrollo de esta industria a científicos extranjeros, generalmente exiliados de Alemania nazi. Así como se invitó al ingeniero Kurt Tank a desarrollar el sector aeronáutico nacional, en el área nuclear el elegido fue el austríaco Ronald Richter, a quien le fue provisto un laboratorio completamente equipado en la Isla Huemul, provincia de Río Negro, al sur del país. Richter trabajó varios años en su proyecto de obtener energía por fusión nuclear, bajo el control de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), un organismo directamente dependiente de la presidencia de la Nación. En 1951, luego de determinar que el trabajo de Richter hasta ese momento había sido una farsa y no había arrojado ningún resultado concreto, a pesar de las grandes inversiones apostadas al proyecto Huemul, éste fue abandonado, y el equipamiento trasladado a un área de almacenamiento en Bariloche. Allí, se estableció la CNEA y más tarde se inauguró el Centro Atómico Bariloche (CAB).
El nacimiento del CAB estuvo ligado a los intentos de resignificación del affaire
Richter20 que había dejado a la incipiente comunidad científica nuclear en una posición
vulnerable frente a la opinión pública. Enrique Gaviola21 propuso la creación de una escuela de física de nivel internacional, proyecto al que accedió Pedro Iraolagoitía22, capitán de fragata que estaba al frente de la CNEA en ese momento. Así, en 1955 se inauguró el CAB, que quedó al mando de José Balseiro, un joven físico que se había doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, a partir de la firma de un convenio entre CNEA y la Universidad Nacional de Cuyo.
Paralelamente a la CNEA, que se había encargado de auditar el trabajo de Richter, el gobierno había creado la Dirección Nacional de Energía Atómica (DNEA) en 1951, dependiente de la Armada Argentina, con el objetivo de incorporar a científicos locales
20 Se conoció como Affaire Richter al fiasco generado por la contratación de R. Richter para el desarrollo
del proyecto Huemul, que recibió gran cantidad de fondos estatales en la búsqueda de la fusión nuclear sin lograrlo.
21 Enrique Gaviola (1900 – 1989) fue un científico argentino que se destacó en física y astronomía. Tuvo
un papel relevante en el diseño del proyecto original del Instituto Balseiro, en la creación de la Asociación Física Argentina (AFA) y algunas de sus investigaciones giraron en torno al desarrollo de los antecedentes de la tecnología láser actual.
22 Pedro Iraolagoitía fue un contraalmirante que presidió la CNEA entre los años 1952 y 1955, y 1973 y
1976. Fue egresado de la escuela naval argentina en el año 1934, comandante de la Fuerza Aeronaval Nº1 y de la Escuadra Aeronaval Nº 3. Tuvo protagonismo en el desenlace del affaire Richter, evaluando los supuestos avances del científico alemán y dando por cerradas sus investigaciones.
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a la investigación sobre física nuclear, en vistas de la poca voluntad de Richter de permitir que los físicos argentinos participaran de su Proyecto. Esta agencia sería más tarde fagocitada por la CNEA y quedarían fusionadas en una.
De acuerdo a su decreto de creación n° 10.936/50, la CNEA debía constituirse en una entidad autárquica dentro de la jurisdicción de la Presidencia de la Nación, cuyas tareas principales eran el asesoramiento al Poder Ejecutivo Nacional, la formación de recursos humanos, el tratamiento de residuos nucleares y la posesión de todos los materiales fisionables del territorio argentino (Carasales, 1999). El mismo decreto de su creación hace alusión al valor estratégico que se otorgaba a sus funciones y lo justificaba de esta manera:
―Considerando:
―Que el progreso de las investigaciones relacionadas con la energía atómica no puede ser desconocido por el Estado, en razón de las múltiples derivaciones de orden público que sus aplicaciones prácticas determinan o pueden determinar en el porvenir;
―Que los efectos de la radioactividad derivada de la energía atómica exigen la adopción de medidas de carácter defensivo adecuadas;
―Que la salud pública puede recibir ingentes beneficios de la correcta aplicación de la radioactividad generada por la energía atómica;
―Que la energía atómica puede reemplazar a las formas corrientes de energía y que este hecho podría alterar el equilibrio económico y social del país en razón de las profundas modificaciones que determinaría en la actividad de la industria, de los transportes, de la minería, etc., por lo cual es conveniente que el Estado tome las medidas de previsión correspondientes;
―Que es necesario coordinar la acción de todos los organismos oficiales y privados que se ocupan actualmente de las investigaciones de este carácter dentro del país evitando dispersión y superposición de esfuerzos;
―Que la República Argentina, despreocupada de toda intención ofensiva, puede trabajar en este orden de cosas también con elevado sentido de paz en beneficio de la humanidad
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Artículo 3. — Serán funciones específicas de la Comisión Nacional de la Energía Atómica:
A) Coordinar y estimular las investigaciones atómicas que se realicen en el país. B) Controlar las investigaciones atomísticas oficiales y privadas que se efectúen en todo el territorio de la Nación.
C) Proponer al Poder Ejecutivo la adopción de las previsiones necesarias a los fines de la defensa del país y de las personas contra los efectos de la radioactividad atómica.
D) Proponer al Poder Ejecutivo las medidas tendientes a asegurar el buen uso de la energía atómica en la actividad económica del país: medicina, industrias, transportes, etc. (Decreto N° 10.936/50: 2-3)
Es decir, fue un organismo que desde un comienzo centralizó la totalidad de las funciones relacionadas al desarrollo del programa nuclear: desde las relacionadas a la exploración y explotación de materiales fisibles, hasta la construcción de la ingeniería y arquitectura necesarias para la infraestructura atómica, pasando por la formación de recursos humanos propios. La adopción de este marco normativo es uno de los rasgos particulares que para Oszlak (1976) ubican a la CNEA en un plano diferente a otros organismos del Estado como el INTI o el INTA, ya que permitió otorgar al organismo nuclear un grado de coherencia en la planificación de su actividad del que carecieron otras agencias.
Ello garantizó que las decisiones referidas al área atómica fueran tomadas en su seno, sin interferencia ni imposición de otras agencias (Oszlak, 1976; Adler, 1988; Solingen, 1993) reforzando su autonomía lateral y manteniéndola aislada de la competencia partidaria, de vaivenes propios de la inestabilidad política, económica y social argentina
del periodo; dando lugar a que tampoco fuera afectada por ejemplo por el lobby de los
empresarios de la energía hidroeléctrica y sus aliados en la Secretaría de Energía (Adler, 1988; Hurtado, 2014).
Esta autonomía lateral le permitió a la CNEA definir objetivos y formular e implementar políticas con mayor facilidad. A ello es necesario agregar además, que la CNEA fue una agencia que gozó de la protección de la Armada Argentina desde 1952 (Hurtado, 2010), lo cual redundó en la permanencia y estabilidad de su conducción, ya que a lo largo de 25 años tuvo sólo dos directores, ambos pertenecientes a la Marina
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(Oszlak, 1976) lo que permitió la continuidad de los proyectos, de los cuales como se verá, todos llegaron a su fin, a pesar de la presencia de más o menos obstáculos. En este punto, es necesario remarcar lo decisivo que fue en el desarrollo del sector nuclear la
gravitación de las Fuerzas Armadas23.
A partir de su creación, la CNEA se dedicó a consolidar la actividad a nivel nacional, través de la exploración y explotación de yacimientos uraníferos; la planificación de actividades del sector; el establecimiento del ya mencionado Centro Atómico Bariloche (Bariloche) en 1955 y del Centro Atómico de Ezeiza (en 1957) y del Centro Atómico Constituyentes (Buenos Aires) en 1958. En esta etapa, sus tareas principales se centraron en la formación de recursos humanos con el establecimiento de los primeros grupos de investigación, sobre todo a partir de la adquisición de un acelerador de partículas que sentó las bases de las investigaciones en radioisótopos, que no presentaba gran desarrollo a nivel mundial, y que además contaba con muy pocos exportadores24 (Coll y Radicella, 1999).
Además, se comenzó también con la prospección de uranio en Mendoza, en 1952, y se instaló en Córdoba una planta experimental de reprocesamiento. Tres años después, se inició la sistematización de reservas uraníferas existentes, las cuales permitieron la constatación de que las reservas existentes garantizarían la autosuficiencia por treinta años de uranio natural (Ornstein, 1999). Este descubrimiento tuvo un impacto especialmente importante en las elecciones tecnológicas relativas al entramado atómico e influyó en la política nuclear argentina desde ese momento en adelante: se estimó que ante la posibilidad no muy lejana de desarrollar reactores de potencia (centrales nucleares que proveyeran nucleoelectricidad), contar con grandes reservas de uranio natural significaría inclinar la balanza a favor de reactores de uranio natural y agua pesada, en lugar de aquellos de uranio enriquecido y agua liviana. Lo anterior beneficiaría a la Argentina en varios sentidos: reduciría la dependencia de Estados
23 Oszlak (1976) destaca además que el hecho de haber sido creada de forma específica, sin haber
heredado estructuras burocráticas previas que pudieran actuar como lastres a partir de la imposición de rigideces y rutinas inamovibles, y la dependencia única de la Presidencia de la Nación y el control