Derechos humanos y reparación desde el estado chileno

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(1)Universidad Alberto Hurtado Departamento de Ciencia Política y RR.II. Magíster Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos. Derechos Humanos y Reparación desde el Estado Chileno. Alumno: Esteban Zamorano H. Profesor Guía: Carolos Riquelme C. Profesor Informante: Pablo Salvat..

(2) El Olvido. El olvido no es victoria sobre el mal ni sobre nada y si es la forma velada de burlarse de la historia para eso está la memoria que se abre de par en par en busca de algún lugar que devuelva lo perdido no olvida el que finge olvido sino el que puede olvidar. Mario Benedetti. 2.

(3) INDICE I.II.-. III.-. PROBLEMATIZACIÓN OBJETIVOS II.1.- General II.2.- Específicos ANTECEDENTES GENERALES. 04 07 07. III.1.- Contexto Represivo. 08 III.1.a.- Primera Fase: Septiembre a Diciembre de 1973. 09 III.1.b.- Segunda Fase: Enero de 1974 a Agosto de 1977. 10 III.1.c.- Tercera Fase: Agosto de 1977 a Marzo de 1990. 10 III.2.- Prisión Política y Tortura. 11 III.3.- Raíces de las Organizaciones de Salud Mental y del 14 Movimiento de Derechos Humanos III.4.- Gobiernos Elegidos Democráticamente y sus Medidas Reparatorias.18 IV.-. V.VI.-. MARCO TEÓRICO IV.1.- Revisión Conceptual de Reconciliación IV.2.- Revisión Conceptual de Trauma Proceso de Traumatización Extrema en Presos Políticos. IV.2.a.- Detención Como Experiencia Traumática. IV.2.b.- Trauma Específico de la Tortura. IV.2.c.- Trauma de la Recuperación de la Libertad. IV.2.d.- Carácter Traumático de la Impunidad. IV.2.d.- Retraumatización IV. 3.- Daño de la Prisión Política. VI.3.a.- Daño Individual. VI.3.b.- Daño Familiar. VI.3.c.- Daño Psicosocial. VI.4.- Revisión Conceptual de Justicia METODOLOGÍA ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS VI.1.- Presentación Sinóptica de Resultados. VI.2.- Presentación de Categorías, Cuadro Sinóptico. VII.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES REFERENCIAS. 3. 23 27 35 35 36 40 42 44 45 45 47 48 50 57 62 66 97 106.

(4) Derechos Humanos y Reparación desde el Estado Chileno; La relación entre Reconciliación y Justicia y la percepción de los afectados.. I. PROBLEMATIZACION:. Durante el período comprendido entre 1973 y 1990, la sociedad chilena vivió experiencias de violencia política que han dejado una huella profunda en la subjetividad individual y social en nuestro país. Múltiples estudios realizados en Chile, Latinoamérica y países europeos dan cuenta del impacto traumático de las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) ejercidas por los regímenes dictatoriales (Carvajal, Huertas, Jaramillo, Kovalskys, Quintana y Valdés, 2001; Castillo y Piper, 1996). En los últimos años, nuestro país ha sido testigo de un potente viraje en la percepción colectiva respecto de las violaciones a los Derechos Humanos y cuya magnitud ha operado, si no en la totalidad, en gran parte de los actores involucrados directa o indirectamente; en los/as afectados/as directos/as por el terrorismo de Estado debido a la remoción de representaciones, vivencias y afectos asociados a sus propias experiencias traumáticas; en los/as que se identificaron con el poder y han debido enfrentar cambios importantes en las lecturas que la sociedad realiza de ese período histórico; en el/la ciudadano/a que vivió y/o vive desde una falsa conciencia de no involucramiento, prescindencia o negación de vínculos con este trauma social (Madariaga, 2003).. Vivimos tal vez el más masivo proceso desmitificador de la historia reciente de nuestro país en el marco de una ofensiva mediática, numerosas jornadas de reflexión, actos conmemorativos, edición de una gran cantidad de textos alusivos, eventos internacionales, etc., que evidencian la transformación experimentada a nivel de las representaciones sociales y del imaginario colectivo de Chile. Muchos mitos y estereotipos surgidos con la guerra psicológica impuesta por la Dictadura Militar y recreados durante la transición a la democracia se están desvaneciendo y cambiando. Ha 4.

(5) sido un multifacético esfuerzo de reconstrucción de la memoria social a partir del testimonio fidedigno aportado, muchas veces, por protagonistas anónimos de la historia (Madariaga, 2003).. En contraposición a lo anterior, la impunidad, principal factor retraumatizador actual, perturba directamente los procesos de duelo y la rehabilitación en la primera generación. Su efecto en el psiquismo individual y colectivo ha sido ampliamente documentado en diversas publicaciones científicas (Bastías, Mery, Rodríguez y Soto, 2001; Edelman y Kordon, 2002; Madariaga, 2003 y Scapusio, 2003) y ratificado en las demandas de asistencia médico–psicológicas a raíz de irrupciones sintomáticas y recaídas en víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, tales como trastornos de ansiedad, del ánimo, reacciones graves al estrés y trastornos adaptativos, trastornos somatomorfos, problemas psicosociales como abuso de alcohol y otras sustancias y otras conductas de riesgo (Comisión “Norma para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política, 2002).. Según informes nacionales, internacionales y de instituciones privadas, se estima que la población directamente afectada por la represión política ejercida por el Estado alcanzó a alrededor de 800.000 personas. De éstas, un alto porcentaje sufrió de traumatización extrema, con graves consecuencias para su salud física y psicológica. La población directamente afectada está conformada por los grupos familiares en que uno o varios de sus miembros fueron víctimas de acciones represivas ejercidas por el Estado.( Norma Técnica Para la Atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990).. En septiembre de 1990, se conforma el primer equipo multiprofesional en la ciudad de Iquique, a partir del hallazgo de las fosas de Pisagua. Luego, el Ministerio de Salud, inicia un programa dirigido a las familias más severamente afectadas por situaciones de represión política. Posteriormente, en diciembre de 1992 se formaliza el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derecho Humanos.. Este Programa ha estado orientado a la atención integral de la salud física y mental, en el ámbito individual, grupal familiar y social-comunitario de las personas afectadas por la represión política ejercida por el estado en el periodo septiembre 1973 – marzo 1990, 5.

(6) brindando un espacio de acogida y atención que permite evaluar la magnitud del daño y desarrollar intervenciones psicoterapéuticas, involucrando a los afectados en un rol activo en su rehabilitación, a través de sus organizaciones y la participación en actividades de autoayuda y de reinserción social. -. El sustento político del Programa de Atención Reparatoria en Salud se encuentra. en el compromiso de REPARACION asumido por los Gobiernos democráticos con las víctimas de la represión política ejercida por el Estado en el periodo de la dictadura militar, septiembre 1973 a marzo de 1990.. Desde que se inició el Programa, la demanda de atención por parte de la población afectada se mantuvo constante, sin embargo, a partir de 1999 el número de beneficiarios aumentó considerablemente y se produjo un importante incremento en la demanda de atención por problemas de salud mental. Este incremento se relaciona directamente con los acontecimientos políticos, judiciales y sociales en torno a DDHH ocurridos en el país a partir de 1999, especialmente después de la detención de Pinochet en Londres (incremento de causas jurídicas por violación de derechos humanos; mesa de diálogo; búsqueda de detenidos desaparecidos y. hallazgo de osamentas; organización y. movilización personas que fueron detenidas, torturadas, exiliadas; promulgación de la Ley de Exonerados; 30º aniversario del golpe militar, propuesta del gobierno de legislar en materia de derechos humanos y las consiguientes leyes de reparación, creación de la Comisión de Prisión Política y Tortura, etc.) Sin embargo el principal defecto de las comisiones, es la ausencia de cualquier tipo de castigo ligado a los efectos de la comisión.. Dado todo lo anteriormente expuesto el problema a investigar es pretender describir de que manera se configura el fenómeno de la relación entre reconciliación y justicia.. La presente investigación pretende ser un aporte desde mi campo profesional específico a la construcción de la memoria histórica, es decir, “...rescatar el pasado y pensar el futuro...” como “una forma activa de transformación del presente como elemento constitutivo de una trayectoria social...permitir el pasaje de la historia a la historicidad; es decir, la asunción de una historia personal vivida como diferencia que da sentido a la existencia con y entre otros también diferentes...” (Scapusio, 2003, p.8); en busca de. 6.

(7) “una travesía por la identidad, una fenomenología colectiva expresada en una narrativa” (Corradi, 2001 en Scapusio, 2003, p. 8).. Pregunta de Investigación:. ¿Cómo han funcionado las políticas de reparación? ¿Qué hacen efectivamente?¿Donde se evidencia? ¿Qué testimonios hay sobre la reparación?. Dado lo anterior, a través del presente estudio se pretende contribuir a la comprensión acerca de los medios por los que la violencia experimentada se expresa actualmente en la subjetividad y en la vida relacional de la población de nuestro país. Se trata de profundizar en el conocimiento de las consecuencias del período dictatorial en el desarrollo posterior de nuestra sociedad, así como el grado de elaboración social de dichos traumatismos (Carvajal, Huertas, Jaramillo, Kovalskys, Quintana y Valdés, 2001; Edelman y Kordon, 2002; Scapusio, 2003).. II: OBJETIVOS:. Objetivo General:. Explicar cómo se configura el fenómeno de la relación entre reconciliación y justicia en el programa de reparación implementado por el Gobierno de la Concertación, desde la perspectiva de los afectados directos de la represión política ejercida por el Estado Chileno en el Periodo 1973-1990.. Objetivos Específicos:. •. Referente a la comisiones Retting y Valech indagar, si perciben las victimas. algún tipo de justicia respecto de las comisiones o de la reparación que estas proponen.. •. Determinar a través de los discursos de las victimas las repercusiones. psicosociales de la experiencia de represión durante el periodo 1973-1990.. 7.

(8) •. Conocer la práctica reparatoria actual, entendida como aquella que desde su. mirada busca impactar en el daño derivado de la represión política. III.-. ANTECEDENTES GENERALES.. III.1.- Contexto Represivo. El Golpe de Estado ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973 significó un quiebre institucional y el fin del Estado de Derecho encabezado hasta esa fecha por el presidente Salvador Allende, iniciándose un régimen bajo el mando de una Junta Militar del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y Carabineros. Esta Junta Militar de Gobierno fue encabezada por el entonces General Augusto Pinochet, quien posteriormente asume el ejercicio total de los poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo (Comisión Chilena de Derechos Humanos & Centro IDEAS, 1991; Padilla, 1995; Rojas et. al., 1996). Bajo este régimen militar se inicia en Chile un período caracterizado por la represión y persecución de todas aquellas personas partidarias del Gobierno de la Unidad Popular. Bajo la doctrina de la Seguridad Nacional y, por lo tanto con el supuesto de una “guerra” y un “enemigo interno”, se busca desarmar y poner fin a la actividad política y sindical de los movimientos sociales a través de decretos sobre la ilegalización y receso de los partidos políticos, las limitaciones a los derechos gremiales o sindicales y la supresión de la autonomía universitaria entre otras medidas (Lira, 1986; Padilla, 1995; Rojas et. al., 1996). Así, la normativa que se impuso durante este período fue el dictamen de Decretos Leyes, iniciándose inmediatamente allanamientos, instalación de campos de prisioneros y el ejercicio de una represión masiva. En este contexto se llevaron a cabo múltiples violaciones a los Derechos Humanos bajo el ocultamiento, la negación y la falta de justicia: infinitas tácticas para atemorizar y someter a la población, la persecución, la prisión política y la tortura, el exilio, el secuestro de personas seguido de desaparición, la perversa agresión humana con cuerpos destrozados, dinamitados, quemados y degollados (Carrasco, 1991; Quiroga, 1995; Rojas, 1996).. 8.

(9) Según lo establecido en el año 2004 por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, y en concordancia con lo antes establecido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la represión política no fue ejercida de la misma forma durante el periodo que duró el régimen dictatorial, en este sentido, los dos informes mencionados distinguen tres fases que describen y contextualizan el proceso represivo del régimen militar: a) La primera fase, desde septiembre a diciembre de 1973. b) La segunda fase, desde enero de 1974 a agosto de 1977. c) La tercera fase, de agosto de 1977 a marzo de 1990.. III.1.a.-. Primera Fase (Septiembre a Diciembre de 1973):. Tras el golpe del 11 de septiembre de 1973, Las Fuerzas Armadas y de Orden organizaron el territorio nacional unificando el Poder Político, Administrativo y Militar para lo cual la máxima autoridad militar ocupó el cargo superior de Jefe Político, Gubernativo y Administrativo, teniendo como facultad regular el Estado de Emergencia, y ratificar sentencias de muerte dictadas en Consejos de Guerra (Agger, Jensen, 1996; Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996; Minoletti, 2002, Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2004). En noviembre de 1973, se creó la Dirección de Inteligencia Nacional (D.I.N.A.), la cual reprimió con extrema dureza a los partidarios del Gobierno de la Unidad Popular, mediante malos tratos y torturas que se llevaron a cabo en distintos grados y formas para obtener información; las que en muchos casos, se tradujeron en muertes y desapariciones. Dichas muertes y/o desapariciones, se llevaron a cabo por medio de ejecuciones selectivas de carácter político que se refieren principalmente a autoridades nacionales y locales del Gobierno de Allende y a los líderes y militantes más activos de aquellos partidos adherentes a dicho Gobierno. Se realizaron ejecuciones de personas simpatizantes del Gobierno depuesto, que en su gran mayoría pertenecían a sectores modestos, ejecuciones selectivas de supuestos delincuentes, muertes debidas al uso innecesario o excesivo de la fuerza y ejecuciones realizadas con motivo de venganzas personales (Comisión de Verdad y Reconciliación, 1996; Minoletti, 2002; Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2004).. En noviembre de este período se cierra el centro público con mayor número de detenidos, el Estadio Nacional y entran en funcionamiento los centros secretos de 9.

(10) detención y tortura, en donde la privación de libertad, las torturas sufridas y presenciadas y el conocimiento de ejecuciones de detenidos generaron una gran sensación de vulnerabilidad en las personas y un fuerte temor a perder sus vidas. Fue frecuente también que tras recuperar la libertad a tales personas se les impusiera arrestos domiciliarios u otras medidas como prohibición de abandonar su ciudad de residencia, mientras que muchos otros fueron expulsados del país prohibiéndoles su reingreso (Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2004).. III.1.b.-. Segunda Fase (Enero de 1974 a Agosto de 1977):. Durante este período se mantienen en funcionamiento los campamentos de detenidos, siendo la D.I.N.A. la principal responsable de la represión ejercida en Chile. La metodología principalmente empleada fue la desaparición forzada de personas, que era llevada a cabo a través de una planificación previa que respondía a una voluntad de exterminio hacia todas aquellas personas que podían considerarse peligrosas políticamente (Minoletti et. al., 2002, Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, 2004). A fines de 1974 se creó el Comando Conjunto, agrupación de inteligencia y represión política que operó principalmente en Santiago, constituida por miembros de todas las Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones y civiles. Estos organismos comprometen la vida de numerosas personas, cuyas muertes y desapariciones quedan confirmadas en el Informe Rettig (Agger, Jensen, 1996; Minoletti, 2002, Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2004). La práctica de las desapariciones forzadas tenía un doble objetivo: por un lado matar y por otro, que el Gobierno Militar y los distintos Servicios de Inteligencia no fueran responsabilizados por los hechos cometidos. Lo que se pretendía era eludir las acciones judiciales y las presiones generadas en la opinión pública tanto dentro como fuera del país (Minoletti, 2002).. III.1.c.-. Tercera Fase: (Agosto de 1977 a Marzo de 1990):. De acuerdo a lo planteado por distintos autores, se crea en este período la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.) en agosto de 1977, la que prácticamente tuvo un diseño o funcionamiento similar a la D.I.N.A. En general, las víctimas fatales de este período fueron escogidas mucho más selectivamente que en las etapas 10.

(11) anteriores. En mayor medida se trataba de personas pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y al Partido Comunista, donde el Gobierno las justificaba junto a otros métodos represivos como durezas o necesidades propias de una guerra irregular en las que el adversario también las cometía (Minoletti, 2002; Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2004). Por otra parte, la tortura siguió practicándose de manera sistemática y en cuanto a las desapariciones forzadas de personas, éstas continuaron pero en menor escala y de tal forma que no existieran testigos de aquellos hechos. En un menor número de casos se dieron otras formas de ejecución como el degollamiento, el secuestro y la ejecución por múltiples disparos en la cabeza. Muchas muertes bajo este período se llevaron a cabo en manifestaciones políticas colectivas de diferente índole. Esto se comenzó a gestar en 1983 y los casos fatales se concentraron en mayor cantidad entre los años 1983 y 1985, en las jornadas de protesta nacional (Minoletti, 2002, Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2004). Se dicta el Decreto Ley según el cual los medios de comunicación no podían ni informar ni opinar mientras existiera el Estado de Emergencia “sobre las conductas descritas como conductas terroristas o sobre actividades de índole político-partidista”. Sin embargo, a pesar de ésto poco a poco se acrecentaban los márgenes de libertad de expresión. Cabe destacar que durante este período se dicta el Decreto Ley de Amnistía que significó la liberación de los presos que aún permanecían detenidos, entra en vigencia la constitución de 1980, se puso término al estado de sitio y al toque de queda, lo cual no significó una disminución de la represión política (Agger, Jensen, 1996, p. 128, Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2004).. III.2.- Prisión política y tortura. Con respecto a las cifras asociadas a la prisión política y la tortura, la privación de libertad como forma de represión política, ha afectado a un número considerable de chilenos. Más de ochocientas mil personas han pasado por las cárceles de nuestro país desde septiembre de 1973, de las cuales aproximadamente doscientas mil han sufrido prisión prolongada. Cabe señalar que no existen cifras exactas en relación a la cantidad de personas afectadas por la tortura, sin embargo según un número estimativo. 11.

(12) presentado por la Vicaría de la Solidaridad, alcanzan a 81.051 los casos denunciados a esta institución. (Freraut, et. al., 1991; Neumann y Erazo, 1996). Diversos estudios con prisioneros políticos plantean que no existe en Chile prisionero político que no haya pasado por una situación límite, que incluya alguna forma de tormento psicológico, con o sin agresión física. La prisión política comienza siempre por períodos variables de aplicación de torturas, de esta manera la tortura fue aplicada de forma habitual y sistemática a los prisioneros políticos (CODEPU, 1987; Pesutic, 1989; Neumann y Machiavello, 1989). En la presente investigación entenderemos por tortura “todo acto por el cual se haya inflingido intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, intimidar o coaccionar a esa persona u otras, anular su personalidad o disminuir su capacidad física o mental, o por razones basadas en cualquier tipo de discriminación. Siempre y cuando dichos dolores o sufrimientos se hayan cometido por un agente del Estado u otra persona a su servicio, o que actúe bajo su instigación, o con su consentimiento o aquiescencia” (Freraut, et. al., 1991; Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2004). Existen diversas clasificaciones de los métodos de tortura utilizados por la represión política en Chile, para Rojas (1981) estos pueden agruparse en: Principalmente corporales: Técnicas que agreden el cuerpo humano a través del dolor y el agotamiento; golpes en ciertas partes del cuerpo y golpes constantes; electricidad aplicada en forma generalizada (“la parrilla” o cierto tipo de sillas eléctricas) o dirigida con electrodos a partes mas sensibles como genitales, orejas y lengua. Principalmente biológicos: Privación de comida y agua, obligación de comer inmundicias, asfixia, impedir las funciones fisiológicas, impedir el sueño. Predominantemente sexual: Insultos sexuales y violación, agresiones que se practicaban contra el prisionero, su esposa u otros familiares. Violación por un hombre, una mujer o un animal, violación oral o anal, violaciones individuales o colectivas, privadas o en público, introducción de objetos o animales en la vagina o ano, obligación de hacer actos sexuales en privado o en público y otros tipos de humillación sexual.. 12.

(13) Predominantemente psicológicos: Vendaje de ojos, desnudez, insultos, humillaciones, obligación de presenciar la tortura o asesinato de un familiar o compañero de reclusión, falsas ejecuciones, simulacros de sepultación, confinamiento solitario, deprivación sensorial, aplicación de drogas como pentotal, drogas adictivas, neurolépticos, alucinógenos y sometimiento a la hipnosis. Con respecto a los objetivos perseguidos por los agentes de la represión a través de la tortura, diversos autores plantean que pueden sintetizarse en: obtener información para un proceso judicial o para usarla en operaciones inmediatas o posteriores a la “guerra”; obtener información sobre el “enemigo” (hábitos, métodos de trabajo, organización, etc.); obtener confesiones; castigar; neutralizar política y socialmente al detenido (y a la población opositora en general) y a los grupos político, social o familiar a que este pertenece; transformar al detenido en colaborador del régimen. La detención y especialmente el aislamiento pueden ser usadas para provocar desconfianza y rupturas en los grupos de pertenencia del detenido (Agger, Jensen, 1996). Asimismo, el importante elemento psicológico de la tortura, el hecho de que siempre provoca sufrimiento psicológico, forma parte de la guerra psicológica implementada por el régimen en concordancia con la Doctrina de Seguridad Nacional. De esta forma el objetivo global es aterrorizar a la población para someterlos al Estado, y subordinado a ello el objetivo es también destruir al detenido, considerado como “enemigo interno”, manipulando a la población al demostrar y exhibir tal poder (Agger, Jensen, 1996). De esta forma, la situación total y la información que ha sido recogida en la interrogación-tortura son utilizadas en la manipulación de la población mediante los medios de comunicación, controlados por la dictadura, que a su vez difunden una versión distorsionada de los acontecimientos particulares y de la realidad represiva que acontece en el país, la cual es sistemáticamente negada durante todo el régimen militar de manera anárquica e irracional, lo cual se expresó en la tendencia a no entregar los cadáveres de quienes murieron en medio de la tortura y de todos aquellos que de una u otra forma fueron ejecutados, ocultándolos en fosas clandestinas o piques de minas, arrojándolos a ríos o al mar, o dinamitándolos (Agger, Jensen, 1996, Minoletti, 2002). Tales condiciones históricas permiten plantear que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época utilizando recursos humanos y materiales de diferentes 13.

(14) organismos públicos a través de decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas contando con el apoyo casi siempre implícito de la judicatura, que abdicando de algunas de sus funciones dejó a las victimas de la represión política en la más completa indefensión frente a las arbitrariedades y a las violaciones a los derechos humanos, cometidas sistemática y masivamente por agentes del Estado o personas a su servicio (Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2004).. III.3.- Raíces de las Organizaciones de Salud Mental y del Movimiento de Derechos Humanos. Entre 1973 y 1990 se crearon numerosos organismos de Derechos Humanos, los cuales desde su comienzo cumplieron un importante rol social al mantenerse a pesar de la dura represión. Constituyeron entidades que registraron las constantes violaciones a los Derechos Humanos realizando una importante actividad de asistencia y denuncia permitiendo así que se generara una creciente conciencia del problema, tanto dentro como fuera del país (Lira, 1996). Al asumir el régimen dictatorial fueron afectadas todas las instituciones del país, fuesen estas gubernamentales o no gubernamentales, y por tanto también aquellas instituciones que normalmente atienden a personas con problemas psicológicos y/o psiquiátricos.. En los primeros años de dictadura no hubo reacciones frente a la. violación de Derechos Humanos en Chile, lo cual puede explicarse por factores como el miedo, la sorpresa o la ignorancia sobre lo que ocurría (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996). En este contexto, se hace difícil, sino imposible, encontrar instituciones que ayuden a que las víctimas de la dictadura reciban tratamiento haciéndose necesario, por tanto, crear nuevas instituciones, de forma clandestina en la mayoría de los casos (Agger, Jensen, 1996). Solo las Iglesias y la comunidad internacional en este momento tenían la posibilidad de brindar asistencia a los afectados por la represión; en los días que siguen al golpe, cientos de personas se acercan a las iglesias en busca de ayuda. La Iglesia en este sentido, asume el rol de resguardar este tipo de actividades, donde si bien, el trabajo de salud mental era clandestino, no era desconocido para los militares (Agger y Jensen, 1996).. 14.

(15) De esta manera, el arzobispado católico de Santiago junto a dirigentes de iglesias protestantes y la comunidad judía crean el Comité Pro Paz y el Comité Nacional de Refugiados (Brinkmann, 1999). En el Comité Pro Paz o Comité de Cooperación para la Paz (COPACHI) el propósito primordial fue ayudar a aquellos que a consecuencia del golpe vivían una situación personal o económica difícil, así una de las principales tareas es ayudar a buscar a personas que habían desaparecido, identificar cadáveres y asistir a los funerales. Se comienza a correr la voz sobre su existencia y cada vez más gente cargada de angustia e incertidumbre llega a pedir ayuda, los requerimientos crecían y los abogados del comité comienzan a hacerse cargo de los prisioneros ante los consejos de guerra (Agger, Jensen, 1996). El comité solicitó a profesionales de salud mental que prestaran atención de emergencia a personas que experimentaban severos trastornos psicológicos a raíz de las experiencias represivas padecidas. Los profesionales que colaboraron lo hicieron de forma voluntaria atendiendo a los afectados en sus consultas privadas (Lira, 1996). Durante este tiempo quienes participan en el COPACHI asumen la intensa tarea de defensa de la vida de los perseguidos bajo condiciones de extrema presión. Era una experiencia peligrosa y totalmente distinta para los profesionales, varios funcionarios del COPACHI fueron detenidos entre Septiembre y Noviembre de 1973. Aun así entre los profesionales había un apoyo recíproco desarrollándose un trabajo creativo y flexible, poniéndose gran esfuerzo en establecer redes de trabajo (Agger y Jensen, 1996; Lira 1996). Estadísticas del COPACHI mencionan que las personas atendidas en este período fueron aproximadamente 64.986, esto hasta el año 1975, fecha en que el Comité es disuelto por presiones directas desde el gobierno (Lira, 1996). Es buscando ayuda en el Comité pro Paz que los familiares se van conociendo y a fines de 1974 conforman la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), primera agrupación de afectados que se organizan en torno a la tarea central de saber la verdad de lo sucedido con sus familiares, recuperarlos con vida y exigir justicia. La creación de esta agrupación es el ejemplo a seguir, y más adelante se organizan en agrupaciones los familiares de presos políticos, la agrupación de ejecutados políticos, etc. (Brinkmann, 1999). En cuanto al Comité Nacional de Refugiados, el primer propósito fue salvar íntegros a los latinoamericanos que vivían en Chile y que habían apoyado al gobierno 15.

(16) de Salvador Allende. Se calcula que a esa fecha eran 13.000 latinoamericanos asilados en Chile, principalmente uruguayos, brasileños, bolivianos y donde no todos gozaban del estatuto de refugiados. El comité debía protegerlos de la detención y la expulsión hacia sus países de origen, lo cual significó diseñar un programa de asistencia y protección a fin de sacarlos hacia otros países (Brinkmann, 1999). La comunidad internacional además ejerció presión sobre la dictadura publicando información acerca de la realidad chilena (Agger y Jensen, 1996). En 1975 se crea la Fundación de Ayuda Social de Las Iglesias Cristianas, FASIC, institución también de origen ecuménico, que tiene como finalidad principal auxiliar a los presos políticos condenados, que acogiéndose al Decreto Supremo 504 pedían la conmutación de su pena de presidio por la de extrañamiento, pudiendo salir del país junto a su familia centenares de personas (Lira, 1996; Brinkmann, 1999). Posteriormente FASIC extiende su atención a otras víctimas de represión y en el año 1977, crea su programa médico-psiquiátrico, equipo conformado principalmente por psicólogos, médicos-psiquiatras y asistentes sociales. La mayor parte del trabajo realizado por este equipo también es concebido como atención de emergencia, la cual a través del tiempo fue desarrollando un trabajo más complejo que implicaba integrar la atención psicoterapéutica, estudios clínicos y psicosociales con las actividades de documentación, denuncia y difusión (Lira, 1996). En enero de 1976 el Arzobispado de Santiago crea la Vicaría de la Solidaridad la cual asume la continuidad de las tareas del COPACHI, trascendiendo su labor las fronteras del país. En ella se estableció desde sus inicios un servicio de atención psicoterapéutica, que al igual que en el COPACHI en un comienzo se desarrollo en las consultas de los profesionales para posteriormente organizarse como programa de atención regular que funcionaba en la propia institución (Lira, 1996). A partir de 1978 en varias poblaciones se crean comités base que más tarde serán parte de la “Comisión Chilena de Derechos Humanos” quienes luchaban por el derecho a la vida, a la libertad, al trabajo y a la salud, junto con denunciar las violaciones a los Derechos Humanos y defender a los afectados. Desde esta comisión surge en 1983 la iniciativa respaldada de diversos sectores, de enfrentar de manera decidida el problema de la tortura; se realiza así un seminario en torno al tema y es a partir de él que se funda la Comisión Nacional Contra la Tortura. Entre sus objetivos estaba difundir la problemática de la tortura, crear conciencia sobre. 16.

(17) sus efectos en la persona, la familia y la sociedad, y luchar en conjunto con otros organismos nacionales e internacionales por su abolición (Brinkmann, 1999). En 1979 es creada la Fundación para la Infancia Dañada por Estados de Emergencia: PIDEE, orientada a la atención de niños y adolescentes, que vivían situaciones especialmente angustiantes, como la detención, tortura, encarcelamiento de ambos padres prestándoles atención terapéutica, psicopedagógica, médica nutricional y otros apoyos como becas de estudio para niños y jóvenes beneficiarios. Además crea una Casa-hogar donde los niños eran acogidos de forma transitoria y permanecían bajo el cuidado de profesionales especializados (Lira, 1996). El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) es creado en 1980, y cuenta desde su fundación con equipos especializados de defensa legal, educación, salud pública, documentación y denuncia (Lira, 1996); CODEPU asume la defensa de los prisioneros sin ninguna clase de discriminación ideológica o por la causa de su detención (a diferencia de la Vicaria que seguía el criterio de Amnistía Internacional que asumían solo los casos de los “presos de conciencia”) haciéndose cargo de la defensa de aquellos presos que eran acusados de acciones armadas, trabajando en conjunto con la Agrupación de Presos Políticos (Brinkmann,1999). En 1982 el CODEPU crea el programa DITT, equipo de Denuncia, Investigación y Tratamiento del Torturado y su grupo familiar (Lira, 1996). Sin embargo la actitud militante de CODEPU tuvo la consecuencia de que fuese constantemente hostigado por agentes de los nuevos servicios de seguridad, sufriendo sus integrantes represión directa y siendo uno de sus integrantes ejecutado en un falso enfrentamiento en 1984 (Brinkmann, 1999). En 1984 se crea el CINTRAS, Centro de Investigación y Tratamiento del Stress, el cual se suma al quehacer de los organismos ya existentes, brindando atención médico-psicológica a las víctimas de la tortura tanto en sus sedes como en las cárceles, y en general a los afectados por la represión (Lira, 1996). En 1988 se crea el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS, fundado por profesionales que provenían del FASIC. Es creado con el fin de realizar un trabajo más especializado en el ámbito clínico, uno de sus propósitos fue desarrollar un modelo de diagnóstico y atención psicoterapéutica dirigido a la población definida como “traumatizados extremos”, y hasta hoy ha contribuido en la formación de equipos de salud que trabajan en esta problemática de violaciones a los Derechos Humanos, en Chile y Latinoamérica (Lira, 1996). 17.

(18) Uno de sus aportes mas significativos es la sistematización de la práctica clínica, que ha sido difundida más allá del campo profesional, pues ha permitido la visualización de las violaciones de los Derechos Humanos no sólo en lo jurídico, sino también en cómo influye este tipo de violencia en la subjetividad de los afectados, permitiendo a su vez el desarrollo de una reflexión teórica vinculada a la comprensión de los procesos psicosociales que afectan a la sociedad chilena en general (Lira, 1996). La mayoría de los equipos de atención que hemos mencionado trabajaron bajo la modalidad de emergencia, es decir, definiendo su asistencia en atenciones breves, focalizadas en los problemas emergentes, propios de la situación aguda que llevaba a consultar a las personas. Bajo condiciones de represión no parecía posible desarrollar abordajes más complejos, entendiéndose el sufrimiento de los afectados como consecuencia de la represión política ejercida contra ellos.. Así las modalidades. terapéuticas respondían a enfoques tradicionales que predominaban entre los profesionales chilenos. Entre las diferentes agrupaciones e instituciones que trabajaban en la defensa de los Derechos Humanos existía una permanente colaboración y apoyo mutuo. Así, en 1984 se realizó un plenario, Primera Jornada por La Vida, con el fin de lograr una coordinación más estructurada y dar mayor efectividad a su accionar. En este sentido, en una investigación hecha por Agger y Jensen entre 19891992, al observar una gran similitud en la caracterización de la problemática de los pacientes y su contextualización social y política, entre los equipos de salud mental, y refiriéndose a una coincidencia a nivel de conceptualización global, los lleva a hablar de un “modelo Chileno”, Modelo de Derechos Humanos y Salud Mental, formado lentamente a lo largo de los años de represión y que continua su trabajo hasta estos días (Agger, Jensen, 1996, Rojas, 1990). De gran importancia resulta que en estas organizaciones se desarrollan estudios y registros (principalmente en la Vicaría de la Solidaridad) que facilitan la fundamentación de propuestas de Reparación para el Programa del primer gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia.. III.4.- Gobiernos elegidos democráticamente y sus medidas reparatorias Hacia fines del gobierno militar el conjunto de demandas de los grupos de Derechos Humanos se fue sintetizando no sólo en la atención a los afectados por la 18.

(19) represión sino también en la lucha por la democracia, lo que les dio un rol muy importante en el plebiscito de 1988. Además, las distintas organizaciones de Derechos Humanos se habían agrupado en el Coordinador de Equipos de Salud Mental CESAM, donde elaboraron propuestas de reparación integral desde el momento en que se comenzó a vislumbrar el fin de la dictadura, para colaborar de este modo con el gobierno que asumiría la tarea de reestablecer la democracia en un país cuya sociedad se encontraba severamente dañada (Brinkmann, 2002). El marco general de las recomendaciones fue la necesidad de priorizar la reparación moral de los afectados directos y su grupo familiar, entendiéndose que esta reparación moral debiera estar basada en la Verdad y la Justicia como valores éticos insoslayables en el proceso de reconciliación nacional; los beneficios materiales y sociales deberían ser reglamentados en este contexto (Brinkmann, 2002). El gobierno de Patricio Aylwin calificó las violaciones a los Derechos Humanos como el resultado de una política del gobierno militar, y por tanto asumió que sus consecuencias eran una responsabilidad del Estado Chileno (Lira, 1996). Es así que una de las primeras medidas del gobierno del Presidente Aylwin fue la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el objetivo de ésta era esclarecer la verdad sobre graves hechos de violación a los Derechos Humanos; reunir información que permitiera individualizar a las víctimas y establecer la suerte o paradero de éstas; recomendar medidas de reparación y recomendar medidas legales y administrativas para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los Derechos Humanos (Zalaquett, 2003). Esta Comisión trabajó durante el año 1990 escuchando a las víctimas y analizando la información disponible sobre las violaciones de Derechos Humanos (Lira, 1996). La publicación del informe dio cuenta del inequívoco resultado de la represión política: las vidas y los cuerpos destruidos, no sólo de los muertos, sino de quienes la sobrevivieron, señalando a la vez la dimensión irreparable del daño causado por la represión (Lira, 1996). El Presidente da a conocer el contenido del informe visiblemente emocionado y pide perdón a nombre del Estado, asumiendo la responsabilidad de la nación, siendo uno de los primeros actos de reparación simbólica registrados en el período de transición a la democracia (Brinkmann, 2002; Zalaquett, 2003). El Informe Rettig reviste gran importancia pues otorga el carácter de Verdad reconocida oficialmente a las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos por la dictadura de Pinochet, las cuales hasta ese momento aun eran puestas en duda por 19.

(20) algunos sectores de la sociedad. Se comienza a hablar de detenidos desaparecidos y no de presuntos detenidos desaparecidos, confirma la política estatal de exterminio de opositores políticos, señala el notable abandono de deberes que hizo el Poder Judicial al no acoger los recursos de amparo y aplicar el DL. 2.191 de Amnistía sin siquiera investigar los hechos (Brinkmann, 2002).. Los organismos de Derechos Humanos, y en especial los familiares de las víctimas, destacaron los aspectos positivos y meritorios del Informe Rettig, aunque al mismo tiempo señalaron algunas falencias: siendo una de las más importantes el haber dejado fuera de su ámbito la investigación de otras graves violaciones a los Derechos Humanos como lo son la tortura y el exilio. Por otra parte las cifras de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos eran incompletas y no se daba respuesta a la inquietud central de saber cómo habían ocurrido los hechos y dónde se encontraban los desaparecidos, a la vez que tampoco se consignaban los responsables de los delitos, aunque no en pocos casos estaban perfectamente identificados (Brinkmann, 2002). Simultáneamente con la publicación del informe, se definieron un conjunto de políticas sectoriales para enfrentar los problemas específicos derivados de las violaciones de Derechos Humanos (Lira, 1996). Estas políticas fueron: la creación de la Oficina Nacional de Retorno, para la inserción social laboral de quienes regresaban del exilio; el seguimiento de los problemas de violaciones a los Derechos Humanos con resultado de muerte, para lo cual se creo la Corporación de Reparación y Reconciliación; se dictó la Ley General de Reparaciones que fijó beneficios provisionales para los familiares de las víctimas (ejecutados y desaparecidos); programas de educación de Derechos Humanos del Ministerio de Educación; y por último la creación del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud para las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, PRAIS (Lira, 1996). En cuanto a la situación de los presos políticos, el proceso de entregarles la libertad fue en extremo lenta y penosa, los últimos presos políticos por acciones de resistencia al poder militar pudieron recuperar su libertad sólo pocos días antes de concluir el gobierno de Patricio Aylwin, la mayoría de ellos con indultos presidenciales concedidos a condición de abandonar el país (conmutación que había sido puesta en práctica en dictadura). En cuanto a las medidas de reparación, al finalizar el primer gobierno de la Concertación, los sobrevivientes de tortura sólo fueron considerados en 20.

(21) el programa de salud PRAIS, (el que en lo operativo ha tenido graves deficiencias) sin obtener ningún tipo de reparación moral ni indemnización por el daño que les fue inflingido por agentes del Estado (Brinkmann, 2002). Pese a los intentos de resolver, e incluso de cerrar el problema de los Derechos Humanos durante el gobierno del Presidente Aylwin, la problemática siguió pendiente (Lira, 1996), pues la verdad no fue seguida por el juzgamiento de los responsables. Brinkmann (2002) plantea que la actitud ambigua y contradictoria y de compromiso más aparente que real en relación a la problemática de Derechos Humanos es lo que caracterizó al primer gobierno de la Concertación. En este sentido, plantea que si bien en el primer gobierno de la Concertación se toman medidas positivas y de gran trascendencia primó el argumento de no poner en peligro la frágil e imperfecta democracia amenazada por la prepotente presencia del poder militar (Brinkmann, 2002). A diferencia de su antecesor, Eduardo Frei al sumir en 1994, consideró que los problemas de Derechos Humanos pendientes debían ser resueltos en los tribunales de justicia, no asignándoles importancia en la agenda gubernamental. Sin embargo, su posición fue muy pronto superada por la realidad, pues tuvo que enfrentar la condena de dos generales, cabezas de la disuelta DINA, por el asesinato de Orlando Letelier. Uno de los generales y ex jefe de la DINA, luego de 5 meses de rebeldía, accedió a ser encarcelado en una cárcel especialmente construida para ese efecto.. Luego de. confirmada su condena se desencadenaron múltiples propuestas para solucionar definitivamente el problema de Derechos Humanos, es decir, cerrar mas de 500 procesos que involucraban a uniformados., las cuales avanzan hacia una Ley de Punto Final que no logra prosperar (Brinkmann, 2002). En octubre de 1998, y luego de que en marzo del mismo año asumiera como Senador Vitalicio, Pinochet es detenido en Londres; se inicia un proceso para juzgarlo a lo que se suma la petición de extradición desde España sobre la base de la normativa internacional de Derechos Humanos, en especial de la Convención Contra la Tortura y otras penas o tratos crueles inhumanos y degradantes; donde el gobierno de Chile desde el primer momento realiza todos los esfuerzos para auxiliar a Pinochet (Brinkmann, 2002). En este contexto y para reforzar la imagen de que Chile tiene su propia vía para solucionar sus problemas y que esta vía era compartida por la sociedad en su conjunto es que el Presidente Eduardo Frei crea la Mesa de Diálogo Sobre Derechos Humanos, la 21.

(22) cual debía establecer el paradero de los detenidos desaparecidos, sin embargo, aunque la Mesa de Dialogo incorpora algunas personalidades de diferentes ámbitos de la vida nacional (religioso, científico, militar y legal) deja fuera a los afectados directos: las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares. A lo que se suma que una vez más se intenta reducir el problema de los Derechos Humanos, de la impunidad, la verdad, la justicia y la reconciliación en Chile a los detenidos desaparecidos (Madariaga, 2002). Posteriormente Pinochet vuelve a Chile, es desaforado y juzgado pero finalmente es sobreseído por demencia. Comienza un nuevo gobierno de la Concertación que continúa con el trabajo de la Mesa de Diálogo, en Junio de 2000 es entregado el informe final, cuyo análisis histórico significó un retroceso frente a lo establecido por el Informe Rettig, pues se refería a una cantidad limitada de casos, los datos eran extremadamente escuetos y en gran parte de ellos se contradecían con lo que habían logrado averiguar los mismos familiares en tribunales desde la dictadura a la fecha. En este sentido, hubo casos en que quedaba demostrado que la información entregada era totalmente falsa A pocos días de dado a conocer el informe comenzó a documentarse una suficiente cantidad de contradicciones, errores y falsedades, lo que fue un factor adicional de dolor y frustración para los familiares (Brinkmann, 2002; Madariaga, 2002). A treinta años del golpe militar, y sólo en el tercer gobierno de la Concertación, los ojos son puestos en los sobrevivientes de prisión y de la tortura. En Agosto de 2003 el Presidente Ricardo Lagos presenta su propuesta de Derechos Humanos “no hay mañana sin ayer”, planteando reparaciones “simbólicas y austeras” para quienes fueron prisioneros políticos o sufrieron la tortura. Luego de un año de trabajo la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura entregó su informe al Presidente de la República el día miércoles 10 de Noviembre de 2004. Para su elaboración, la Comisión recibió los testimonios de más de 35.000 personas (entrevistadas en su sede en Santiago, en 42 gobernaciones provinciales y en 102 localidades apartadas). Se recibieron también testimonios desde 40 países a través de los consulados y embajadas. El Informe contiene una nómina de las personas que sufrieron privación de libertad y tortura por motivos políticos, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, cometida por agentes de Estado y una explicación de cómo se desarrolló la prisión política y la tortura; contiene también criterios y propuestas de reparación a 22.

(23) los afectados reconocidos. El Informe fue estudiado por el Presidente de la República y dado a conocer al país el domingo 28 de noviembre de 2004. Cabe destacar que posteriormente a esa fecha la comisión debió enfrentar una nueva problemática que emergió del conjunto de testimonios recabados; el reconocimiento como afectados directos a personas que se encontraban en gestación al momento de la detención de sus madres o que nacieron en prisión o que eran niños o niñas al momento de su detención. Es así como finalmente 1.080 personas fueron reconocidas como afectados directos quienes eran menores de 18 años, proceso que no estuvo exento de polémicas y confrontaciones entre el gobierno y las organizaciones de Derechos Humanos. Actualmente podemos afirmar que las medidas que se han implementado consisten en atención gratuita en el sistema público de salud a través de la tarjeta Prais, posibilidad de retomar estudios en aquellos casos en que se hayan visto interrumpidos pos la prisión política, preferencia en el sistema de puntaje para postular a una vivienda, la asignación de una pensión vitalicia mensual para los afectados directos y la publicación del llamado informe Valech que contiene la verdad oficial en torno a como se desarrollo la prisión política y tortura como política de Estado.. IV.- MARCO TEÓRICO. IV.1.- Revisión conceptual de Reconciliación:. Es importante señalar que el termino reconciliación no debe entenderse aquí de un modo restringido, pues lejos de significar un mero cese de la violencia y hostilidades, se entenderá como la reconstrucción de relaciones fracturadas por la violencia y como proceso activo en el que participan las diferentes partes de un conflicto.. La reconciliación suele entenderse habitualmente como aquel proceso en el que tiene lugar la restauración de relaciones rotas y mediante el cual los individuos aprenden a. 23.

(24) convivir de un modo no violento en medio de radicales diferencias. El final de un periodo caracterizado por la violencia posibilita el alcance de tal reconciliación, la negociación en torno a intereses comunes y la superación de una situación estructuralmente injusta es capaz de crear el espacio necesario en el que las transformaciones son posibles y los procesos de reconciliación viables. Por tales motivos se podría mantener que el proceso de reconciliación constituye uno de los puntos fundamentales en la resolución de conflictos. Es el largo plazo que exige el proceso de reconciliación el que constituye la esencia de la transformación que toda dinámica de resolución de conflictos intenta alcanzar; podría incluso decirse que la reconciliación es la autentico núcleo en los procesos de mantenimiento y construcción de la paz, lo cual tiene enormes consecuencias como se vera a continuación. La reconciliación en su sentido más amplio es un proceso complejo que se construye a partir de diversos factores y etapas, pero desde un punto de vista minimalista puede ser también entendido como conformidad o aceptación de aquello que ya existe. Este elemento de conformidad a menudo olvidado y sin embargo fundamental en las políticas de pacificación captura la idea de aceptación voluntaria de lo que no resulta lo ideal o lo esperado y sin embargo se acepta tras una serie de mecanismos de negociación. Existe además una noción de reconciliación que incluye elementos tales como la comparación y correlación de historias. Desde este punto de vista, el proceso de reconciliación logra un estado de equilibrio entre diferentes versiones acerca de lo acontecido de modo que éstas al menos no resulten irremediablemente incompatibles o irreconciliables. En tercer lugar existe la idea de reconciliación entre contrarios a partir de la construcción de puentes entre diversidades. En esta noción de reconciliación aparece ya la posibilidad de intercambiar intereses y crear oportunidades que antes eran inaccesibles. Finalmente, la visión más radical de reconciliación y la que aquí nos interesa es aquella que sitúa el proceso en el establecimiento de relaciones entre antiguos enemigos. Según Donna Pankhrust, durante el proceso al que se refiere esta noción, el antiguo enfrentamiento entre contrarios es dejado atrás y un nuevo espacio emocional es creado con el objetivo de regenerar nuevas relaciones.. 24.

(25) Este proceso suele darse habitualmente entre individuales de pequeños grupos tales como familias o pueblos en los que las relaciones personales han sido intensas. Sin embargo, la reconciliación entre grupos más grandes, incluso naciones, es también posible si partimos de la posibilidad de reabrir relaciones diplomáticas a través de gestos simbólicos tales como la expresión formal de arrepentimiento, el esfuerzo por crear instituciones comunes o la promoción de intercambios culturales entre otros. Cada una de estas cuatro nociones de reconciliación se ajusta respectivamente a cada una de las diferentes fases por las que pasa la escalada y desescalada del conflicto en sí mismo. Así, los tres primeros significados de reconciliación, aun sin alcanzar el carácter definitivo del cuarto, son igualmente imprescindibles en las etapas que van desde la violencia y polarización de diferentes elementos del conflicto al manejo pacífico de contradicciones y la normalización de relaciones. Expertos en la resolución de conflictos han desarrollado importantes teorías en el terreno de la reconciliación desde hace algunos años. Destaca particularmente entre estas contribuciones la de Joseph Monteville, quien a través de su trabajo en mediación política ha desarrollado un enfoque hacia la reconciliación basado en una estrategia de tres etapas a la que denomina “contrición negociada y perdón”3. Kelman por su parte ofrece un método comparable para transformar la relación entre antiguos enemigos4; Lederach, desde un enfoque más teológico encuentra su inspiración en el Salmo ochenta y cinco para señalar que la reconciliación es el lugar común en el que la verdad, la misericordia, la justicia y la paz se encuentran5; Kriesberg ve también en la verdad (revelación, transparencia y reconocimiento), la justicia (restitución) y la misericordia (aceptación, perdón, compasión y curación) los principales ingredientes de un proceso de reconciliación real y duradero6. Desde un enfoque más psicosocial, Volkan sostiene que la necesidad fundamental está en el reconocimiento de los daños del pasado. Dicho reconocimiento permite a las víctimas comenzar a moverse desde la rabia y el odio hacia la aceptación primero de la pérdida y finalmente del otro, inclusosiendo el otro su antiguo enemigo7. Todos estos enfoques tienen en común el establecer diferentes etapas sucesivas durante el proceso de reconciliación: el cese de la violencia, la superación de la polarización, el manejo de las contradicciones y por último la aceptación de la diferencia. • El cese de la violencia como principal condicionante del proceso. El primer requisito para iniciar cualquier tipo de proceso transicional es la llegada a un punto desde el cual se pueda garantizar al menos que la vuelta a la violencia es una 25.

(26) circunstancia remota e improbable. Resulta muy complicado avanzar en este tipo de proceso si las partes que lo protagonizan sienten todavía su seguridad amenazada. Por este motivo la reconciliación es en principio más fácil de iniciar tras decisivas victorias o derrotas como la de Japón o Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Los “perdedores” en este caso sienten una necesidad más imperiosa de reconciliarse con el enemigo ya que las circunstancias son inevitables, mientras que los “vencedores” en su situación preponderante no encuentran tampoco grandes obstáculos para iniciar dicho proceso. Esta dinámica nos explica por qué el espacio creado para la reconciliación en la Sudáfrica del post-Apartheid, por ejemplo, fue mucho mayor a aquél que se creó en Bosnia tras los acuerdos de Dayton o en Kosovo cuando estaba todavía sin decidir la cuestión del status final. En estos dos últimos no se concebía aún una derrota o una victoria de forma clara, por lo que los miedos, las amenazas y las desconfianzas estaban todavía vigentes. Si resulta complicado reconciliarse con el enemigo vencido, y aún más complicado reconciliarse con el enemigo vencedor, parece del todo imposible reconciliarse con un enemigo que todavía es percibido como una amenaza real e inmediata. • La superación de la polarización y la conciliación de posturas opuestas. En la segunda etapa que constituye la superación de la polarización, los esfuerzos recaen en el intento de combatir la diferenciación radical de posturas opuestas durante el desarrollo del conflicto. Un proceso auténtico de reconciliación no puede llevarse a cabo si las visiones deshumanizadoras del enemigo continúan presentes y las mutuas convicciones discriminatorias ampliamente extendidas. Entramos aquí en el terreno de la conciliación de las versiones de los hechos acontecidos y de la reestructuración de identidades colectivas. En dicho terreno debe conseguirse que las presiones e intereses políticos por demonizar al enemigo pierdan fuerza y se sustituyan por un sentimiento compartido que admita las trágicas pérdidas de ambas partes del conflicto. La necesidad fundamental en esta etapa es por tanto la humanización del otro visualizado como enemigo. El factor principal del que depende dicha necesidad es el papel de las elites políticas o medios de comunicación creadores de opinión pública. • El manejo de las contradicciones Durante esta tercera etapa del proceso de reconciliación, la dinámica entra definitivamente en el ámbito de la transformación en cuanto que los esfuerzos se 26.

(27) concentran en reconstruir las fuertes diferencias mediante acuerdos estructurales de naturaleza principalmente política y económica. Estas transformaciones, enormemente complejas, deben garantizar que aún siendo remota la posibilidad de reparación a nivel individual, al menos la satisfacción de las necesidades básicas (de tipo material y no material) se incrementará a través de medidas inclusivas que afecten tanto a la y participación política como a la distribución igualitaria de recursos económicos y de oportunidades. El espacio para la reconciliación será mucho mayor si los individuos perciben que sus necesidades serán satisfechas de un modo más eficaz. El factor decisivo para superar exitosamente esta etapa será el carácter de las medidas adoptadas de cara a las transformaciones estructurales que requiere la sociedad en cuestión. • La aceptación de la diferencia. Sólo superando esta cuarta y última etapa se puede considerar que un estado de reconciliación verdadero ha sido alcanzado. Se entra aquí en la etapa de la expiación y el perdón, la cual exige actos formales de reconocimiento y un acuerdo general acerca de la necesidad de concentrarse en un futuro a compartir más que en un pasado de divisiones. Esta etapa exige además altos niveles de mantenimiento y construcción de la paz que vayan desde la revisión de las versiones oficiales acerca de los hechos acontecidos hasta la pluralización en el sistema educativo que permita crear un mínimo acuerdo en la memoria colectiva de todos los individuos. Las identidades en este momento se transforman como producto del entendimiento y de la concepción del otro como ser humano. No es común que se llegue a alcanzar esta etapa; quizás ciertos individuos de carácter extraordinario puedan llegar hasta ella, pero es bastante dudoso que sociedades enteras puedan disfrutar de la absoluta y real reconciliación que caracteriza la auténtica superación de diferencias. Sin duda las grandes dificultades en el proceso de reconciliación, son los efectos del stress post. Traumático, que a continuación se desarrollara.. IV. 2. Revisión conceptual de trauma. “Etimológicamente trauma significa herida; un traumatizado es un herido, cualesquiera sean las causas y el tipo de lesión sufrida” (Martín-Baró, 2000). 27.

(28) El concepto de trauma es introducido por primera vez al campo de la psicología por Sigmund Freud en 1916, quien plantea que ciertos estímulos de intensidad mayor afectarían al sujeto generando un colapso en su estructura psíquica llevando a la discontinuidad y ruptura de ciertos procesos psicológicos. Además, la conceptualización de Freud considera que el trauma puede surgir como respuesta a un evento traumático o a una secuencia temporal de traumas parciales de menor intensidad que operan en la psique del sujeto (Madariaga, 2002).. Postula Freud, que habitualmente debe existir un balance entre el individuo y las estimulaciones del medio externo, por lo tanto enuncia la existencia de “una barrera protectora” que actuaría como mediadora entre el individuo y las estimulaciones provenientes del entorno con el fin de equilibrar la internalización de estas energías externas. De esta forma, el mecanismo a la base del proceso de traumatización sería la alteración de este principio de constancia que permitiría el balance de la carga energética permitiendo un normal funcionamiento de los procesos mentales (Madariaga, 2002). El autor plantea respecto al trauma la noción de sobrecarga energética, ya sea impuesta de una vez o acumulativamente, concepción que implica por tanto que en el inicio de un trauma estaría participando la fortaleza psicológica inherente al sujeto, no dependiendo por tanto únicamente de las fuerzas externas. Cabe destacar que en este sentido los planteamientos de Freud están fuertemente influidos por las ciencias físicas de la época, procurando una comprensión dinámica en su teoría del psiquismo humano (Madariaga, 2002). De esta forma la teoría freudiana considera los procesos psíquicos como escenario primario de la mente humana, y postula que los mecanismos internos con los que el sujeto procesa los eventos traumáticos hacen de la actividad psíquica una condicionante del trauma, quedando en la configuración final del trauma la impronta particular, única e irrepetible del sujeto, hecho que confiere unicidad a su condición psíquica postraumática (Madariaga, 2002). En 1963, Masud Khan, quien profundiza en los estadios iniciales de la vida analizando la relación madre-hijo, define el concepto de trauma acumulativo planteando que el trauma se puede desarrollar a través de una secuencia de eventos los cuales no son necesariamente traumáticos, pero que en su evolución se refuerzan en un marco interaccional llevando al quiebre de la estructura psíquica. Con esto el autor introduce 28.

(29) a la teoría del trauma la dimensión de tiempo, poniendo el acento en la temporalidad de la gestación del trauma; y en lo relacional toda vez que subraya la díada materno-filial como escenario interaccional del trauma, abriendo una interesante perspectiva de análisis del problema relativa a la interacción con un otro (Madiariaga, 2002; Becker, Castillo, Díaz, 1991). Bruno Bettelheim, a raíz de su experiencia como prisionero en un campo de concentración nazi, elabora su concepto de trauma aludiendo a que aquellas traumatizaciones producto de desastres deliberadamente generados por la cultura humana contra si misma no son posibles de catalogar bajo los mismos preceptos de la psiquiatría psicoanalítica (del Solar y Piper, 1995; Recler, 1995). Plantea el concepto de traumatización extrema focalizando su análisis en la cualidad del evento traumático, planteando que este evento se genera en un contexto sociopolítico que obedece a la confrontación de intereses políticos y económicos supranacionales, con lo cual contextualiza en su historicidad al trauma otorgándole la calidad de acontecimiento radicalmente específico (Lira, 1990; Castillo, Albornoz, Dubois, Lefevre, 1996; Madariaga, 2002).. Estas experiencias traumáticas las define bajo el concepto de situación límite (extreme situation), es decir, una constante sucesión de hechos dolorosos destinados a producir una sensación de amenaza vital, en palabras de Bettelheim: “lo que más las caracterizaba era su inescapabilidad, su duración incierta pero potencialmente de por vida; el hecho de que nada al respecto era previsible, que la vida propia estaba amenazada en cada momento y que no podía hacer nada al respecto” (Bettelheim, 1981 en Castillo, Albornoz, Dubois y Lefevre, 1996). Es en este contexto amenazador e inevitable que los valores y mecanismos de adaptación que sostienen al sujeto se hacen insuficientes e inútiles y el resultado puede llegar a ser catastrófico desencadenando el estado de traumatización extrema (Lira, Becker, Castillo, 1989; Madariaga, 2002). Desde una conceptualización histórica y a partir de una exhaustiva investigación longitudinal con niños judíos huérfanos de guerra en Holanda tras la ocupación nazi, el holandés Hans Keilson desarrolla el concepto de traumatización secuencial. El autor se posiciona en el contexto sociopolítico para definir las características que adquiere el evento traumático, planteando que son las condiciones sociohistóricas concretas las que producen la descarga traumática sobre el sujeto (Becker, Castillo, Díaz, 1991).. 29.

(30) Plantea que los conflictos políticos en torno al poder se resuelven mediante la creación y la implementación de estrategias de dominación de parte de las fuerzas hegemónicas.. Estas estrategias adoptadas como política de Estado se traducen en. procesos violentistas periódicamente modificados de acuerdo a los resultados prácticos obtenidos, rediseñándose dinámicamente en concordancia del mayor o menor éxito obtenido en la tarea de aplacar la respuesta social al poder establecido (Madariaga, 2002). Analizando las violaciones sistemáticas al derecho a la integridad física, psíquica y moral en el transcurso del tiempo Keilson distinguió las siguientes tres secuencias traumáticas: (Keilson, 1979; Madariaga, 2002). Primera secuencia traumática: El impacto de la invasión y ocupación militar de los Países Bajos con el inicio del terror contra la minoría judía. Segunda secuencia traumática: Persecución directa, ocultamiento en familias adoptivas improvisadas durante la guerra, estadía en campos de concentración, hechos de sangre, masacres, deportación, etc., todo esto dentro del contexto de dominación.. Tercera secuencia traumática: consecuencias psicosociales en el período de post guerra. Bajo esta conceptualización se entiende el evento traumático como una situación estructural de violencia global permanente, donde no es posible reconocer la existencia de eventos particulares que trasciendan en tanto tales ya que más bien estos se suman al contexto horrorizante. Las secuencias propuestas por Keilson son un gran aporte al identificar momentos históricos en los cuales se producen cambios sociopolíticos en las estrategias represivas y los ajustes cualitativos en las respuestas psicosociales del trauma colectivo (Madariaga, 2002). Por otra parte, contribuye con el concepto de situación traumática extrema para identificar la condición psicopatogénica que afecta a la población en cada secuencia, desarrollándose el trauma como stress continuo y de extrema intensidad por la constante situación de amenaza vital imperante en el tejido social. De esta manera los trastornos psicológicos individuales pueden potencialmente cronificarse y proyectarse como daño transgeneracional a la descendencia (Madariaga, 2002).. 30.