DICTAMEN Nº 132 / 2012

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DICTAMEN Nº 132 / 2012

Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de

la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 23 de marzo de 2011 se presentó escrito suscrito y firmado

por “X” indicando como domicilio a efectos de notificaciones el despacho del abogado …, formulando reclamación por daños derivados de la calificada como incorrecta asistencia sanitaria, que le fue prestada por el Servicio Aragonés de Salud, por lo que reclama la cantidad de 70.000 euros.

En dicho escrito se manifiesta lo siguiente:

“PRIMERO: que “X”, con 82 años de edad, sufrió una caída en casa el 2 de abril de 2010, cayendo sobre sus rodillas.

SEGUNDO: que su hijo la lleva a Urgencias del Hospital Lozano Blesa de Zaragoza, en donde es atendida por la Dra. … (Residente de primer año).

Le hacen una radiografía de rodillas, si bien el hijo solicitó que también se la hicieran de la cadera, dada la edad de la paciente. Sin embargo, la doctora, sin consultarlo con el adjunto ni con traumatología, decidió que no era necesario hacerle ninguna prueba para la cadera. Remitiendo a casa a la paciente.

TERCERO: que en casa, la paciente apenas podía caminar, por lo que llaman al Dr. … del Centro de Salud Domingo Miral de Zaragoza, quien acude al domicilio de la paciente y no observa nada, aunque deja un P10 por si fuera preciso. También le manda un andador.

CUARTO: que ante la situación de su madre, el hijo llama a la ambulancia con el P10, y cuando llegan los de la ambulancia dicen que la paciente tiene la cadera rota, que era muy evidente.

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QUINTO: que por tales motivos, la paciente ha empeorado mucho su nivel de vida. Pues de ser una persona razonablemente independiente, según su edad, ha pasado a tener dependencia de terceros, con necesidad de ser ingresada en la residencia Nuestra Señora del Alba desde el 3 de mayo de 2010.

SEXTO: que no puede comprenderse que:

- En Urgencias del Hospital Lozano Blesa no se dieran cuenta de la rotura de cadera, ni quisieran hacer una mínima radiografía para su comprobación. Teniendo en cuenta la edad avanzada de la paciente y los problemas que, en tales personas, pueden provocar las caídas. - En la visita al domicilio de la paciente del médico de cabecera tampoco se percata de la rotura de la cadera.

- Todo ello, teniendo en cuenta que tal rotura de cadera era algo completamente evidente para el personal que acudió con la ambulancia al domicilio de la paciente.

SÉPTIMO: que la paciente no fue debidamente atendida (…).” Acompañan al escrito los siguientes documentos:

Escrito por el que la reclamante otorga su representación al abogado …

Fotocopia del DNI de la reclamante.

• Diversos documentos que pertenecen a la historia clínica de la paciente, entre ellos:

1. Informe de Urgencias del 2 de abril de 2010, en el que se señala lo siguiente:

“EXPLORACIÓN GENERAL:

Exploración rodilla I: aparato extensor conservado, choque negativo, cajones negativos, varo y valgo forzados sin bostezo. Exploración meniscal positiva en menisco interno. Sin dolor a la palpación en interlínea articular ni en TTA. No presenta inestabilidad rotacional. Pulsos distales conservados, buen trofismo distal, sin alteraciones NV.

(…)

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

(…) CONTUSIÓN DE RODILLA izquierda.”

2. Informe de Urgencias del 13 de abril de 2010: “ENFERMEDAD ACTUAL:

Hace 11 días fue valorada en Urgencias por traumatismo en rodilla izda. Dx contusión rodilla izda. Rodilla artrósica. Tto: Ibuprofeno 1/8h asociado a su medicación. Fue a mejor, deambuló con andador. Hoy de nuevo dolor intenso, sin traumatismo previo. Ha notado chasquido al caminar. Posteriormente ya no ha podido deambular por dolor. No dolor cadera (…). EXPLORACIÓN GENERAL:

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Posición antiálgica de pierna izda con rotación externa y dudoso acortamiento de dicha extremidad. Leve dolor a la palpación en ingle izda. Dolor a la rotación interna y externa. Pulsos pedios presentes y tibiales posteriores. Rodilla izda: no edema, no rubor, no derrame articular. Rodillas artrósicas en valgo. Flexo extensión completa dolorosa en últimos grados. Maniobras meniscales positivas? Choque. Cajones negativos. Dolor en cara anterior e interna de interlínea articular de rodilla.

(…)

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: (…) Fractura cuello fémur cerrada.”

• Resolución del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, de fecha 27 de diciembre de 2010, por la que se reconoce a la reclamante un grado de discapacidad de 65%, al haberse modificado el grado que tenía reconocido por Resolución de fecha 17 de enero de 2008. En la misma resolución se señala que no procede la necesidad de concurso de 3ª persona.

Segundo.- La Secretaria General Técnica del Departamento de Salud y Consumo

(en la actualidad, Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia), mediante escritos de fecha 1 y 4 de abril de 2011, comunica la interposición de la reclamación de responsabilidad patrimonial a Aon, Gil y Carvajal, S.A. y a Zurich España, S.A., remitiendo a ésta última copia de la misma.

Mediante oficio de fecha 13 de abril de 2011, se comunica al abogado de la reclamante la entrada y la incoación de la tramitación se su reclamación de responsabilidad patrimonial.

Mediante notas interiores de 26 de abril de 2011 se solicita a la Gerencia del Sector de Zaragoza III que proceda a la remisión de la Historia Clínica del paciente en el Hospital Lozano Blesa, así como el informe de los facultativos intervinientes, y a la Dirección de Atención Primaria, que remita la Historia Clínica en el Centro de Salud Domingo Miral.

Tercero.- El 20 de mayo de 2011, se remite el Informe del Dr. … del Hospital

Lozano Blesa, en el que manifiesta lo siguiente:

“1º) El día 2 de Abril de 2010 acudió a Urgencias “X” con sintomatología traumática a nivel de rodilla izquierda. Tras exploración clínica completa y rigurosa de la rodilla, lo que requiere movilizar la cadera sin que figure dolor a dicho nivel, se solicitó estudio radiológico en el que se aprecian signos artrósicos en rodillas, sin apreciarse signos de acortamiento ni de rotación externa en la extremidad que pudieran hacer sospechar una fractura de cadera. La paciente es dada de alta, figurando revisión a la semana con su Médico de Familia para control de su evolución. El Médico de Familia vuelve a explorarla pasados unos días sin apreciar sintomatología en cadera.

2º) El día 13 de abril de 2010 vuelve a Urgencias. En la anamnesis consta mejoría de la paciente que inició marcha con andador hasta notar un chasquido con aumento súbito del dolor e incapacidad para la marcha. En la radiología de ese día se aprecia una fractura subcapital con trazo vertical y sin acortamiento lo que habla a favor de una fractura de estrés (no por caída) ese mismo día, es decir, a un nuevo episodio traumático y no una fractura de cadera pasada por alto el día 2 de abril.

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3º) La atención prestada el día 2 de abril, por tanto, fue correcta y la residente tuvo la previsión de citar a la paciente a una revisión posterior por su médico de familia a la semana de la caída.

4º) Tanto el Servicio de Traumatología como el Servicio de Anestesiología informaron ampliamente a la paciente y a su familia de riesgos, complicaciones, etc, firmando y aceptando la paciente y su hijo dichos documentos en los que figuraban: - los riesgos y beneficios de la implantación de una prótesis articular como tratamiento de su fractura con las posibles complicaciones de las prótesis, - y los riesgos anestésicos bajo anestesia general o epidural de la intervención.

La evolución de la prótesis ha sido correcta, con recuperación de la deambulación, estando pendiente de revisión al año de su implantación.”

Obra en el expediente la historia clínica de la paciente en el Centro de Salud Domingo Miral.

El 27 de mayo de 2011, se remite la historia clínica de la reclamante en el Hospital Lozano Blesa y los informes siguientes:

1.- Informe del Coordinador del Servicio de Urgencias, en el que después de describir las dos asistencias que se le prestaron a la paciente en Urgencias, señala: “lamentamos el retraso diagnóstico inicial que pudo deberse a la escasa sintomatología que la paciente al principio presentaba”.

2.- Informe del Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, en el que expresa que:

“(…)

Con respecto a la reclamación presentada por la paciente es absolutamente improcedente y es muy claro el proceso que sufrió, pues es una forma de presentación habitual de una fractura de cadera.

En la atención en urgencias el día 2 de abril la paciente no presentaba signo alguno de fractura de cadera, no presentaba acortamiento ni rotación externa y era posible la deambulación, por lo que no había fractura de cadera que siempre presenta signos clínicos claros además de una impotencia funcional absoluta para la deambulación.

Posteriormente se produjo la fractura de cadera sin otro traumatismo, hecho también normal dada la edad de la paciente y sus características óseas. De todos es sabido que la fractura de cadera se produce en muchas ocasiones sin caída alguna, primero la fractura por la fragilidad ósea osteoporótica y debido a ella se produce la caída. ¿Es posible que en la primera caída se produjera un debilitamiento trabecular de la cadera?, es posible, pero de cualquier forma es indiagnosticable clínica ni radiológicamente e intrascendente en cuanto a la indicación terapéutica y el resultado final. Estos hechos y formas de presentación de la fractura los vemos con muchísima frecuencia pues tratamos cerca de 500 pacientes al año con fractura de cadera y conocemos muy bien sus formas de presentación, síntomas pruebas diagnósticas y tratamiento a realizar como demuestran las decenas de artículos científicos y publicaciones internacionales realizadas por nuestro Servicio en este campo del que nos podemos considerar expertos.

En resumen, la exploración, el diagnóstico y tratamiento realizado el día 2 de abril de 2010 en el Servicio de Urgencias a la paciente fue absolutamente correcto e intachable e todos sus puntos. El tratamiento realizado con posterioridad fue igualmente absolutamente correcto en todos y cada uno de sus puntos y la situación actual de incapacidad que presenta la paciente es habitual después de haber sufrido una fractura de cadera cuya mortalidad es del 10% en la primera semana, del 35% en los seis primeros meses y mucho más de la mitad de los pacientes que sobreviven nunca vuelven a caminar, debido a su edad, situación general y los antecedentes patológicos que presentan como le sucede a esta paciente. Solo y exclusivamente a esto se debe la situación actual de la paciente y no al tratamiento recibido en nuestro hospital, absolutamente impecable en todos sus puntos.”

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Cuarto.- Mediante nota interior de fecha 2 de junio de 2011, se solicita al Inspector

Médico … la realización del correspondiente Informe Técnico de la Inspección Médica.

Quinto.- El 17 de junio de 2011, el abogado de la reclamante aporta al

procedimiento diversos documentos médicos.

Sexto.- Obra en el expediente el Informe elaborado por el Inspector Médico, de

fecha 29 de junio de 2011, en el que se manifiesta lo siguiente: “JUICIO CRÍTICO:

La paciente acudía al Servicio de Urgencias el 02/04/2010 por dolor en rodillas, no manifestando dolor en cadera, fue atendida por la patología de rodilla que presentaba. No presentaba acortamiento ni rotación externa de EEII, signos éstos patognomónicos de lesión de cadera.

El 07/04/2010, atendida por facultativo de Atención Primaria, tampoco presentaba signos de lesión de cadera por lo que dicho facultativo decidió continuar tratamiento prescrito en el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

El 13/04/2010, de nuevo es atendida en Servicio de Urgencias por impotencia funcional y dolor en EEII sin traumatismo previo, es diagnosticada de fractura de fémur subcapital.

Por todo ello, se desprende que la atención fue correcta, que no se pudo diagnosticar dicha lesión porque no había signo alguno que lo indicase, y que su posterior tratamiento y recuperación no se ha comprometido en momento alguno por estas actuaciones.”

Se remite el informe del médico inspector y el resto de la documentación que obra en el expediente a Aon, Gil y Carvajal, S.A., solicitando que se envíe a Zurich España, S.A.

Séptimo.- Obra en el expediente dictamen médico de la Asesoría Médica Dictamed I

& I, S.L., de fecha 31 de agosto de 2011, elaborado por especialistas en Traumatología y Ortopedia, en el que se expresan las siguientes conclusiones:

“1. “X” sufrió una caída casual con traumatismo en miembro inferior izquierdo.

2. La paciente refería únicamente dolor en la rodilla por lo que se solicitó estudio radiográfico de esa articulación.

3. En un paciente anciano que sufre un traumatismo en los miembros inferiores, sobre todo si refiere dolor en la rodilla es recomendable explorar la articulación de la cadera. Si la exploración de la cadera es normal no será necesaria la realización de radiografías de dicha articulación.

4. En el caso que nos ocupa resulta muy complicado decidir si la fractura se produjo tras el traumatismo inicial o se trataba de una fractura de stress (la visualización de la radiografía podría ofrecer algún indicio en este sentido aunque en ocasiones esto no es posible).

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5. Si en la primera atención en urgencias se le exploró la cadera y no se objetivó sintomatología a ese nivel no estaría indicada la realización de estudio radiográfico. En caso contrario, sí.

6. No obstante, la demora de 11 días no creemos que haya cambiado el pronóstico funcional de esta paciente.”

Octavo.- Mediante oficio de fecha 11 de octubre de 2011, se comunica al abogado

de la reclamante la apertura del trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del RD 429/1993, de 26 de marzo.

El día 19 de octubre de 2011, el abogado se persona en las dependencias de la Sección de Asuntos Jurídicos – Unidad de Responsabilidad Sanitaria y se le da vista de todo el expediente, retirando copia íntegra del mismo.

Posteriormente, el día 25 de octubre de 2011, tiene entrada un escrito de alegaciones por el que se confirman las posturas establecidas en su escrito inicial.

El 15 de noviembre de 2011, el abogado aporta al expediente diversos documentos médicos y facturas.

Noveno.- De la documentación obrante en el expediente administrativo y de las

actuaciones practicadas se consideran hechos acreditados los siguientes:

Paciente de 82 años que, con fecha 2 de abril de 2010, acude al Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa tras haber sufrido una caída, aquejada de dolor en ambas rodillas.

Una vez atendida se le diagnostica contusión en rodilla y se le instaura tratamiento y revisión por su facultativo de Atención Primaria en una semana.

El 7 de abril de 2010 acude al domicilio de la paciente su médico de familia, por seguir aquejada de dolor en rodilla izquierda ante lo cual, dicho facultativo después de exploración decide continuar con el tratamiento recomendado en el Hospital.

El 13 de abril de 2010 nuevamente es atendida en el Servicio de Urgencias, por presentar dolor, haber oído chasquido al caminar e imposibilidad de deambulación. Una vez atendida por este motivo la paciente es diagnosticada de fractura subcapital de fémur izquierdo, por lo que fue ingresada en dicho Hospital y se le practicó artroplastia total de cadera.

Décimo.- Consta en el expediente la propuesta de resolución de fecha 26 de abril de

2012, por la que se propone desestimar la reclamación, por entender que la asistencia sanitaria prestada a la paciente fue conforme a la lex artis.

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Undécimo.- El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia solicitó del

Consejo Consultivo de Aragón dictamen preceptivo, mediante escrito de fecha 27 de abril de 2012, registrado de entrada el día 25 de mayo de 2012, adjuntando borrador de la Orden resolutoria, original del expediente administrativo y relación índice de los documentos que lo conforman.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I

El dictamen solicitado entra dentro de las competencias del Consejo Consultivo de Aragón tal y como se regula en el artículo 15.10 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, que dispone la necesidad de consulta preceptiva al Consejo en el supuesto de “reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios de cuantía superior a 6.000 euros”. Ello significa, dada la cuantía de la indemnización solicitada en este caso, el carácter preceptivo del Dictamen que se emite por este Consejo.

En función de lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la misma Ley 1/2009, resulta competente la Comisión para la emisión del dictamen.

I I

El Consejo Consultivo ha de pronunciarse acerca de si, a la vista del expediente tramitado por el órgano competente de la Administración Autonómica, procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada en relación con daños ocasionados, según se alega, por la prestación deficiente de la asistencia sanitaria, debiendo concretar específicamente, por mandato del art. 12.2 del Reglamento aprobado por R.D. 429/1993, de 26 de marzo, la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, con valoración, en su caso, del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios legales de aplicación.

Por lo que se refiere a la normativa aplicable, ha de recordarse que en el Derecho español vigente la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración, constitucionalizada en el art. 106.2 de la Constitución, atribuye a los particulares derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y se cumplan los demás requisitos dispuestos por el ordenamiento jurídico (art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Los requisitos para que sea declarada la responsabilidad patrimonial de la Administración, según reiterada y pacífica formulación doctrinal y jurisprudencial del

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régimen de Derecho Positivo sobre la materia, pueden resumirse del siguiente modo: 1º) la efectiva realización del daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; 2º) que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa a efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal; 3º) que el daño o perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor; y 4º) que no haya prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un año, computado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo).

I I I

En el supuesto que nos ocupa, no hay nada que objetar sobre el cumplimiento de los requisitos formales, al haberse presentado la reclamación dentro del plazo legalmente establecido y haber sido dirigida a la Administración Pública competente por persona que ostenta suficiente legitimación para ello.

IV

En cuanto al fondo del asunto y siguiendo nuestra doctrina consolidada y la jurisprudencia sobre la materia a la que también nos hemos referido repetidamente, no cabe duda de que en el ámbito de la sanidad la producción de responsabilidad administrativa no siempre está ligada a un fracaso en la actuación de los medios personales y materiales de la Administración, dado que en la sanidad asistencial el éxito no puede garantizarse nunca, sino que la responsabilidad se vincula a una utilización conforme a los principios de buena práctica médica (lex artis ad hoc) de dichos medios personales y materiales.

A esos efectos conviene recordar, en primer lugar, que el Consejo de Estado (Dictámenes 166 y 692/1999, de 11 y 25 de marzo, entre otros) y la Comisión Jurídica Asesora, antecesora de este Consejo Consultivo de Aragón (Dictamen 132/2003, de 23 de septiembre, Dictamen 178/2003, de 2 de diciembre, entre otros) vienen sustentando de forme reiterada y con palabras semejantes a las que reproducimos a continuación que: “para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la ‘lex artis’, de modo que tan sólo en caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la ‘lex artis’, ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular sin que generen, en modo alguno, el derecho a percibir una indemnización”. Al mismo tiempo el Tribunal Supremo tiene declarado que según el artículo 141.1 de la LPAC sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, pues lo contrario convertiría a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales, lo que no resulta acorde con el significado de la responsabilidad extracontractual aunque sea objetiva o por resultado (Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2001).

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V

Tras lo expuesto, se considera que puede ya plantearse si la asistencia sanitaria prestada a “X” fue la adecuada, de modo que pueda considerarse que se está ante unos hechos que no constituyen un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste recogida en el artículo 141.1 de la LPAC, y si fueron suficientes los medios con los que aquella asistencia fue dispensada, dentro de los disponibles.

Para llegar a una conclusión sobre este extremo se considera necesario analizar y valorar los hechos acreditados en el expediente y, de forma especial, los informes emitidos dado el carácter técnico que los mismos tienen, que este Consejo Consultivo, por su carácter, no puede confrontar con criterios propios de esta naturaleza.

La reclamante sostiene que no se le prestó la asistencia sanitaria debida, ya que si en su primera visita a Urgencias se le hubiese practicado una radiografía de cadera, se habría diagnosticado la fractura en un primer momento, evitando así su situación actual de dependencia de terceros. Sin embargo, la reclamante, más allá de su propio relato de los hechos, no aporta ningún documento o informe médico en el que se acredite la mala praxis de los facultativos intervinientes en la asistencia que se le prestó.

Es más, de la documentación contenida en la Historia Clínica, se deduce que la paciente ha sido atendida de forma correcta, con minuciosidad y con continuidad por todos los profesionales médicos, en las sucesivas visitas al Servicio de Urgencias y al Médico de Atención Primaria, siendo sometida a todas las pruebas necesarias y adecuadas a los signos que presentaba.

En concreto, en la primera visita a urgencias no presentaba signos de acortamiento ni de rotación externa de la extremidad que hicieran sospechar de fractura de cadera. Y en el informe de urgencias del 13 de abril, se recoge expresamente que, después de su primera visita a urgencias su evolución fue a mejor, deambulando con andador; pero que ese mismo día, notó un chasquido al caminar con dolor intenso, sin poder después de ello deambular.

Así, a la vista de los informes médicos aportados al expediente, todo parece indicar que la fractura no se produjo con la caída del día 2 de abril, sino que se produjo por estrés el mismo día 13 de abril.

En definitiva, no se acredita por la reclamante que hubiese un retraso en su diagnóstico y, en el caso de que así fuese, esos 11 días no habrían cambiado la situación actual de la paciente, que se debe a su avanzada edad y a las secuelas propias de una fractura de cadera; teniendo en cuenta, además, que la evolución de la prótesis ha sido correcta, con recuperación de la deambulación por la paciente.

Por tanto, una valoración conjunta de las pruebas que obran en el expediente, reseñadas en los antecedentes, que se acaban de reproducir parcialmente o de citar, lleva a este Consejo a estimar que no se ha acreditado la existencia de una mala o inadecuada praxis que permita concluir que no fue observada la lex artis ad hoc, ni que los medios utilizados y los tratamientos dispensados a la paciente fueran inadecuados o insuficientes, por lo que falta el nexo de causalidad necesario para que la pretensión de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria formulada pueda prosperar.

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En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Aragón formula el siguiente DICTAMEN:

Que, en conformidad con la propuesta de resolución, procede desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración por la incorrecta asistencia sanitaria prestada a “X”.

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