DOC umentos ODHES 23
CODHES23 De la seguridad a la prosperidad democrática en medio del conflicto
No hay una variación significativa de las tendencias de despla- zamiento forzado en Colombia entre el último año del gobier- no de Uribe y el primero del presidente Juan Manuel Santos.
Se mantiene la salida forzada de miles de personas que huyen de enfrentamientos armados, bombardeos y ametrallamien- tos aéreos, en medio de un conflicto que persiste sin solución militar, no obstante la continuidad de la política de seguridad democrática y su proceso de militarización del territorio y la sociedad, no exenta de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
CODHES - Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
Documentos coDHes
• Chocó: agua y fuego
• Las mujeres en la guerra:
de la desigualdad a la autonomía política
• Cifras e indicadores del desplazamiento forzado y derechos humanos en Colombia
• Las repatriaciones: obstáculos, retos y alternativas para alcanzar la integración local
• En el borde del conflicto: Guerra y desplazamiento en las fronteras
• Huyendo de la guerra
• En los límites del Plan Ecuador
• Tras las huellas del conflicto
• Desplazamiento forzado y enfoques diferenciales
• Los límites de la guerra
• Arauca: Dilemas de guerra, desafíos humanitarios
• Confinamiento: la otra cara de la crisis humanitaria y de derechos humanos
• Tensión en las fronteras: un análisis sobre el conflicto armado,
el desplazamiento forzado y el refugio en las fronteras de Colombia con Ecuador, Venezuela y Panamá
• Las sobrevivientes cuentan: la experiencia de las mujeres en las masacres
de Chengue y El Tigre
• Inclusión desde la diversidad:
una caracterización de las minorías étnicas en situación de desplazamiento forzado en Barrancabermeja
• Política pública para mujeres en situación de desplazamiento, Auto 092:
Un proceso de incidencia social
• ¿Consolidación de qué? Informe sobre el desplazamiento, conflicto armado y derechos humanos en Colombia 2010
• Territorios en confrontación: impacto del conflicto armado sobre la población civil en la Orinoquía y Amazonía Colombiana
• El día en que se dañó la tranquilidad.
Violencia sexual en las masacres de La Gabarra y el Alto Naya
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES- es una organización no gubernamental de carácter internacional que promueve la realización y vigencia integral de los derechos humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes teniendo como referente, en casos específicos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Refugiados y los Principios Rectores sobre los Desplazamientos Internos.
Desde los Derechos Humanos, CODHES asume como mandato la construcción democrática de la paz, la justicia y equidad social, como vía segura para prevenir el desarraigo, el destierro y el despojo.
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
CODHES- Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento
De la seguridad
a la prosperidad democrática
en medio del conflicto
De la seguridad a la prosperidad democrática
en medio del conflicto
Bogotá, octubre de 2011 ISBN: 978-958-99715-8-1
© Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES
Jorge Rojas Rodríguez
PRESIDENtE
Marco Romero Silva
DIRECtOR
UNIDaD DE INvEStIgaCIóN EN COlOMBIa
luz amparo Salinas abdala
COORDINaDORa SIStEMa DE INfORMaCIóN SOBRE DESPlazaMIENtO fORzaDO y DERECHOS HUMaNOS SISDHES
Carlos Núñez Santiago gómez Juan David Jaramillo Juan Sebastián Silva
Darío Salcedo
UNIDaD DE INvEStIgaCIóN EN ECUaDOR
zully Johana laverde Morales
COORDINaDORa DE la OfICINa DE CODHES EN ECUaDOR
Miguel Ángel Ramírez luis túpac yupanqui
Daniela Pacheco
CODHES
Cra. 6 Nº 34-62, oficina 302, Bogotá D. C.
tel.: (57-1) 232 5666 [email protected] www.codhes.org
Marta Rojas
PREPaRaCIóN EDItORIal
Martha gómez
DISEñO DE la COlECCIóN
Emma ariza
REvISIóN DE tExtOS
Karina Ríos
fOtOgRafía DE PORtaDa
Ediciones antropos ltda.
Cra. 100B Nº 75D- 05, PBx: (57-1) 433 7701 Bogotá D.C. Colombia
IMPRESIóN
DOC
umentosODHES 23
CONTENIDO
7 AGRADECIMIENTOS 8 PRESENTACIÓN 9 RESUMEN EJECUTIVO
11 RESUMEN DE PRENSA DEl bOlETíN Nº 78 SObRE DESPlAzAMIENTO fORzADO, REfUGIO y CONflICTO ARMADO EN COlOMbIA,
PRIMER SEMESTRE DE 2011
12 De la seguridad a la prosperidad democrática en medio del conflicto
17 Hay conflicto y el desplazamiento continúa
43 Los retos en la implementación de la Ley de Víctimas 53 El refugio en Ecuador:
el dilema de los derechos frente a la seguridad
69 fIChA DEPARTAMENTO DE CÓRDObA 70 Información base
71 Contexto general
74 Situación de derechos humanos y crisis humanitaria 85 Política pública
88 Anexo 1. Las muertes que no debemos olvidar
91 fIChA REGIONAl bAJO CAUCA 92 Información base
95 Contexto regional
102 Situación de derechos humanos y crisis humanitaria 110 Política pública
114 Anexo 1. Medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH
116 Anexo 2. Tasa departamental de desplazamiento por cada 100.000 habitantes, 1999-2009 117 Anexo 3. Relación entre la minería
y las regiones del país
118 Anexo 3. Relación entre el cultivo de coca y los 150 municipios más expulsores
121 fIChA REGIONAl DEPARTAMENTO DE lA GUAJIRA 122 Información base
123 Contexto general
127 Situación de derechos humanos y crisis humanitaria 138 Política pública
AGRADECIMIENTOS
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), las personas que coordinan y operan el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES) y el equipo de investigación de CODHES expresan su agradecimiento a las organizaciones de población desplazada, a las orga- nizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a las diferentes jurisdicciones de la Iglesia Católica y otras congregaciones religiosas, y a los servidores públicos, entidades del Estado e instituciones gubernamentales que apoyaron la labor de CO- DHES en terreno. Es invaluable el aporte y apoyo de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y del equipo nacional de verificación.
Especial reconocimiento a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-CID) y al Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), que desde diversos proyectos específicos aportaron a la construcción de este boletín número 78 sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos, correspondiente al primer semestre de 2011.
Las opiniones y el contenido total de esta publicación son de exclusiva responsa- bilidad de CODHES y no comprometen a las agencias de cooperación ni a las organi- zaciones y personas que contribuyeron con sus datos a la construcción del informe.
ficha regional Bajo Cauca 9
PRESENTACIÓN
Este informe de CODHES corresponde al primer semestre de 2011 y se refiere a las tendencias, dinámicas y características del desplazamiento forzado en medio del conflicto armado y la crisis humanitaria y de derechos humanos que prevalecen en Colombia de manera crónica, sostenida y prolongada.
La primera parte del documento hace referencia al número de personas despla- zadas, a los lugares críticos de llegada y a los desplazamientos masivos. La segunda parte se detiene en las cifras del conflicto armado, demuestra su continuidad entre el gobierno pasado y el actual, y pone en evidencia la inutilidad de la guerra del Estado y de la lucha armada para resolver el conflicto. La tercera parte revisa las políticas públicas sobre desplazamiento, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y el nuevo escenario político e institucional sobre el que se orienta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La cuarta parte está dedicada a los refugiados colombianos en diversos países del mundo con énfasis en su situación en el Ecuador. Por último, el informe presenta tres casos regionales que dan cuenta de la difícil situación que en- frentan tres zonas del conflicto armado en Colombia: Córdoba, Bajo Cauca antioque- ño y La Guajira.
RESUMEN EJECUTIVO Por lo menos 89.750 personas que integran 17.950 familias fueron desplazadas en Co-
lombia durante el primer semestre de 2011, reveló la Consultoría para los Derechos Hu- manos y el Desplazamiento (CODHES) en un informe en el que atribuye la salida forzada a “hechos de violencia e intimidación contra la población civil, sucedidos en medio del conflicto armado interno y atribuidos a grupos post desmovilizados, guerrillas y, en oca- siones, a acciones u omisiones de la Fuerza Pública”.
Según el informe, un promedio de 496 personas llegaron desplazadas a 621 munici- pios de 32 departamentos del país y las situaciones más críticas se registraron en Antio- quia, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Córdoba, que concentraron casi al 57% del total de desplazados en Colombia en este período.
Unas 18.088 personas, que corresponden al 20% del total de la población afectada, fueron forzadas a salir en forma colectiva de sus lugares de origen en 36 eventos de des- plazamiento masivo.
CODHES señala como “presuntos responsables” del desplazamiento masivo en 2011 a nuevos grupos paramilitares (“Águilas Negras”, los “Rastrojos” y los “Machos”), a las guerrillas de las FARC y el ELN y a la Fuerza Pública, y explica que los éxodos se producen antes o después de masacres, combates, bombardeos de la Fuerza Aérea y la Aviación del Ejército y operaciones militares y policiales de erradicación de cultivos ilícitos.
Según la organización no gubernamental, desde 1985, alrededor de 5.281.360 perso- nas han sido desplazadas en Colombia, “pero es muy difícil precisar cuántas retornaron, fallecieron, se fueron del país o superaron su condición de desplazadas”.
El informe semestral de CODHES, titulado “De la seguridad a la prosperidad demo- crática en medio del conflicto”, advierte que el 27,8% de los desplazados en el primer se- mestre, alrededor de 24.993 fueron forzados a salir de 72 de los 86 municipios incluidos en el plan de recuperación de la seguridad y conocidos como “zonas de consolidación”.
Resumen de prensa del boletín Nº 78 sobre desplazamiento forzado, refugio y conflicto armado en Colombia, primer semestre de 2011 11 10 Documentos Codhes Nº 23
CODHES INfORMa
RESUMEN DE PRENSA DEl bOlETíN Nº 78 SObRE DESPlAzAMIENTO fORzADO, REfUGIO y CONflICTO ARMADO EN COlOMbIA,
PRIMER SEMESTRE DE 2011
Resumen de prensa del boletín Nº 78 sobre desplazamiento forzado, refugio y conflicto armado en Colombia, primer semestre de 2011 13 12 Documentos Codhes Nº 23
DE lA SEGURIDAD A lA PROSPERIDAD DEMOCRáTICA EN MEDIO DEl CONflICTO
“No hay una variación significativa de las tendencias de desplazamiento forzado en Co- lombia entre el último año del gobierno de Uribe y el primero del presidente Juan Ma- nuel Santos”, afirmó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), al presentar su informe semestral sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos en Colombia.
Según el director de la ONG, Marco Romero:
[…] se mantiene la salida forzada de miles de personas que huyen de enfrenta- mientos armados, bombardeos y ametrallamientos aéreos, en medio de un con- flicto que persiste sin solución militar, no obstante la continuidad de la política de seguridad democrática y su proceso de militarización del territorio y la socie- dad, no exenta de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Romero dijo que los “nuevos grupos paramilitares se asentaron en buena parte del territorio nacional y consolidan una estrategia de control e intimidación a la población civil orientada a evitar la restitución de las tierras despojadas a los desplazados” y resaltó que estos grupos “aseguran su presencia y expansión en zonas de explotación minera, monocultivos, plantaciones de coca, lugares de procesamiento y rutas para el tráfico de drogas ilícitas”.
Al referirse a las guerrillas de las FARC y el ELN, el informe de CODHES sostiene que “al igual que en el gobierno pasado, las guerrillas resisten una dura ofensiva militar y reacomodan sus estrategias de movilidad y acción, sin miramiento alguno a las normas del derecho internacional humanitario” y responsabiliza a estos grupos de siembra de minas antipersonal, reclutamiento masivo de niños y adolescentes y del uso de armas de efectos indiscriminados contra bienes protegidos.
“Las guerrillas siguen operando en zonas supuestamente rescatadas durante el go- bierno pasado, amplían su presencia en otras regiones y ejercen presión sobre sectores claves de la economía en los territorios del conflicto”, dice el informe y asegura que
“todos los grupos armados irregulares giran alrededor de la explotación legal o ilegal de oro y otros recursos mineros, al igual que de economías ilícitas, incluido el narcotráfico”.
Sobre el proceso electoral, CODHES señala que “las elecciones territoriales marcan un escenario crítico de violencia y desplazamiento forzado, en la medida en que los gru- pos armados y las mafias intentan mantener o ampliar el control de la institucionalidad local y la cooptación del Estado para sus fines criminales”.
El informe de CODHES presenta un capítulo dedicado a las zonas de frontera que ca- lifica de “especialmente sensibles”, dado que la violencia obliga a comunidades afrodes- cendientes, pueblos indígenas y campesinos “a cruzar las líneas fronterizas para buscar protección en países vecinos, especialmente Ecuador”.
DESPlAzAMIENTO fORzADO y ElECCIONES TERRITORIAlES
El desplazamiento forzado se acentúa en Colombia en años de elecciones territoriales y 2011 no es la excepción, advirtió CODHES, al presentar un informe sobre tendencias y dinámicas del desplazamiento en el primer semestre del año: “Los procesos electorales locales para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, que se cumplen en situaciones de conflicto armado, han sido escenario de intensificación del desplaza- miento, como estrategia de control y dominación por parte de grupos armados irregula- res”, señala el informe de la organización no gubernamental.
Según CODHES,
[esta estrategia se adelanta a través de] presiones armadas para que los electores voten por determinado candidato, según acuerdos entre políticos y grupos ar- mados irregulares, presiones armadas para que candidatos de otras tendencias no participen en las elecciones, paros armados para sabotear las elecciones e impedir proselitismo político de los candidatos y libre participación de los elec- tores, presiones armadas para movilizar electores de un lugar a otro y mediante la infiltración y/o corrupción de autoridades electorales para interferir en los escrutinios.
CODHES asegura que “las mayores presiones de grupos armados irregulares se con- centran en municipios y departamentos de altos niveles de ingreso por concepto de re- galías por explotación minera, en zonas claves para economías ilícitas y en regiones de despojo y concentración de tierras”.
“Las personas desplazadas desde el cierre del registro electoral y antes del día de elecciones hacen parte de una ciudadanía a la que se le impide el libre ejercicio del de- recho a elegir”, advierte la ONG y recuerda que la autoridades electorales tiene el deber de hacer efectiva la orden de la Corte Constitucional para que asegure la participación de los desplazados en las elecciones.
lA CONTINUIDAD DE lA CRISIS hUMANITARIA
El impacto del conflicto armado sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario no muestra un balance positivo en Colombia durante el primer semestre de 2011, aseguró la Consultoría para los Derechos humanos y el Desplazamiento (COD- HES).
Según CODHES, entre el primer semestre de 2010 y el mismo período de 2011 au- mentaron las masacres de 17 a 22, subió el número de víctimas en estas masacres de 81 a 101 y se incrementaron los asesinatos selectivos de indígenas de 41 a 55.
“Estas cifras fueron suministradas por el Gobierno y muestran una perversa lógica en la continuidad de políticas de seguridad que privilegian sectores poderosos de la socie- dad sobre los más vulnerables”, afirmó el director de CODHES Marco Romero.
Según Romero, “la continuidad de la política de seguridad democrática que tanto reclama el expresidente Uribe y reafirma el presidente Santos puede haber significado una mejoría para algunos sectores privilegiados de la sociedad (ganaderos, industriales, inversionistas extranjeros y banqueros) pero no para los sectores más vulnerables que, además, siguen soportando la violencia y el despojo”.
Resumen de prensa del boletín Nº 78 sobre desplazamiento forzado, refugio y conflicto armado en Colombia, primer semestre de 2011 15 14 Documentos Codhes Nº 23
CODHES presentó las cifras de asesinatos y masacres en el informe semestral sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos, revelado simultánea- mente en Bogotá y Quito.
Al atribuir buena parte de las acciones armadas a los grupos paramilitares, CODHES afirma que “pese a la insistencia del Gobierno de llamar ‘bacrim’” (bandas criminales) a estos grupos que nunca se desmovilizaron y a los que surgieron tras el proceso de desmo- vilización, es evidente que se trata de una prolongación del paramilitarismo en las nuevas condiciones del conflicto armado.
CODHES llama la atención sobre el asesinato de líderes desplazados que reclaman tierras en Colombia y afirma en el informe que “la política de seguridad democrática no garantizó la vida de 38 líderes de población desplazada durante el gobierno del presi- dente Uribe (2002-2010) ni tampoco evitó la muerte violenta de 12 de ellos durante los primeros diez meses de gobierno del presidente Juan Manuel Santos”.
¿MáS O MENOS REfUGIADOS COlOMbIANOS EN ECUADOR?
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento reveló en Quito que por lo menos 9.039 colombianos que llegaron a Ecuador en busca de protección durante el primer semestre de 2001 no accedieron al estatuto de refugiados y llamó la atención sobre una posible restricción de la política de refugio en este país andino.
En un informe sobre refugio y conflicto armado, CODHES recuerda que Ecuador ha mantenido una política de reconocimiento del refugio de los colombianos obligados a cruzar la frontera con Ecuador para huir del conflicto armado en Colombia, pero que
“hay muchas presiones internas para convertir el tema de refugiados en un tema de segu- ridad, más que un tema humanitario”.
Citando fuentes de la Dirección de Refugio de la Cancillería ecuatoriana, CODHES señala que, entre enero y agosto de 2011, Ecuador admitió para trámite 10.632 solicitu- des de refugio y concedió ese estatus a 1.593, es decir, que 85 de 100 cien solicitudes no fueron aprobadas.
Al comparar las cifras de reconocimiento de años anteriores, la organización no gubernamental recuerda que antes de 2008 se presentaron 65.442 solicitudes de refugio por parte de colombianos, de las cuales 18.342 fueron reconocidas, mientras que en 2009, año en el que se aplicó un “registro ampliado”, se presentaron 30.404 solicitudes y se reconocieron como refugiados a 25.872. Los datos de 2010 indican que se presentaron 23.875 solicitudes y que 8.007 fueron reconocidas. Según la Dirección de Refugiados del Ecuador, hasta agosto de 2011, 54.523 habían recibido el estatus de refugiados.
“Es evidente que hay una presión para convertir el refugio en Ecuador en un proble- ma de seguridad y esto podría afectar políticas que han sido reconocidas como buenas prácticas por la comunidad internacional”, afirmó Jorge Rojas, presidente de CODHES, al presentar el informe en la capital ecuatoriana.
El informe de CODHES cita una declaración del presidente de Ecuador Rafael Co- rrea según la cual “se han reducido drásticamente las solicitudes de refugio porque ahora se exigen muchos más requisitos, y esto será revisado estrictamente para darle el estatus de refugiado al que verdaderamente lo merece. Antes era muy laxo el proceso, eso ya ha sido corregido”.
Rojas dijo que el Gobierno es autónomo para dictar medidas administrativas de con- trol y promover nuevos mecanismos de acceso al estatuto de refugiados en Ecuador, al tiempo que recordó que en la cancillería hay un espíritu positivo para mantener la tradi- ción de observar plenamente el derecho internacional de los refugiados.
El informe de CODHES admite que en Ecuador hay cierta “fatiga y cansancio” por la existencia de un conflicto armado en Colombia “que se prolonga por más de cuatro décadas y que afecta en forma directa el territorio y la sociedad ecuatoriana”.
Rojas lamentó que ese conflicto continúe y manifestó que en el futuro se requiere
“más compromiso de la comunidad internacional para apoyar a Ecuador en la atención de los refugiados colombianos que siguen cruzando la frontera con Ecuador”.
REfUGIO E INSEGURIDAD EN ECUADOR
La población reconocida como refugiada en Ecuador representa el 0,37 del total de la población ecuatoriana, reveló en Quito la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) durante la presentación del informe sobre conflicto armado en Colombia y refugio en Ecuador.
Tomando como base los resultados del censo de población realizado en Ecuador en 2010 y los registros de la Dirección de Refugio de la Cancillería, CODHES indica que en Ecuador hay 14.483.499 habitantes y aproximadamente 55.000 refugiados, 85%
colombianos y 15% de otras nacionalidades, especialmente cubanos, afganos, peruanos, iraquíes e iraníes.
El informe revela, además, cifras recientes de la Comandancia General de la Policía en Ecuador sobre personas detenidas según delito y nacionalidad del presunto responsa- ble, para determinar la participación de extranjeros en hechos de inseguridad en el país.
El informe de la Policía indica que del total de detenidos durante 2010, el 95,3%
corresponde a ecuatorianos, el 3,37% a colombianos, el 0,59% a peruanos, el 0,2% a cu- banos y el 0,54% a otras nacionalidades. Los resultados de personas detenidas por delitos cometidos durante el primer semestre indican que el 95,4% corresponde a ecuatorianos, el 2,9% a colombianos, 0,8% a peruanos y 0,2% a cubanos.
REfUGIADOS COlOMbIANOS EN El MUNDO
En el mundo hay 395.577 personas de nacionalidad colombiana refugiadas, solicitantes de refugio o con necesidades de protección internacional, reveló en Quito la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
Citando fuentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y datos de gobiernos de varios países, CODHES señala que Ecuador, con 54.523 refugiados reconocidos hasta agosto de 2011, es el país que más recibe y más reconoce refugiados colombianos que huyen del conflicto armado en su país.
Además de Ecuador, el informe señala que en Estados Unidos hay 33.455 refugiados colombianos reconocidos hasta diciembre de 2010, mientras que en Canadá el total de refugiados reconocidos hasta mediados de 2011 era de 16.054 y en Costa Rica, para la misma fecha, el número de refugiados colombianos reconocidos ascendía a 10.279.
El informe de CODHES muestra que mientras Ecuador recibe el mayor impacto de refugiados que huyen de la violencia, países vecinos a Colombia reconocen menos
Hay conflicto y el desplazamiento continúa 17 16 Documentos Codhes Nº 23
refugiados. En Venezuela, hasta junio de 2011 había 2.734 refugiados colombianos reco- nocidos, mientras que en Panamá hasta diciembre de 2010 eran 1.328 y en Brasil hasta julio de 2011 eran 628.
PROCEDENCIA y lUGAR DE ASENTAMIENTO DE REfUGIADOS EN ECUADOR
El 70,8% del total de los refugiados colombianos registrados en Ecuador provienen de seis departamentos que coinciden con las zonas de mayor agudización o expansión del conflicto armado en Colombia en la última década. Así lo reveló la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) en su informe semestral sobre des- plazamiento, refugio y conflicto armado, citando fuentes de la Dirección de Refugiados de la Cancillería ecuatoriana.
Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Antioquia, Cauca y Caquetá son los departamen- tos de origen de los refugiados colombianos que obtuvieron el reconocimiento y la pro- tección del Gobierno ecuatoriano en los últimos años. El informe de CODHES precisa:
Estos departamentos incluyen toda la frontera terrestre con Ecuador afectada desde comienzos de la década pasada por múltiples formas de violencia y cono- cida como epicentro de las acciones del Plan Colombia (Nariño y Putumayo).
Otros dos departamentos se extienden por el cordón del Pacífico y la Región Andina en donde se libra buena parte de la confrontación armada reciente (Cau- ca y Valle del Cauca). Las otras dos regiones son Antioquia, el principal centro de expulsión de desplazados en Colombia y Caquetá, escenario de una intensa confrontación entre Fuerza Pública y la guerrilla de las FARC.
Tras advertir que a Ecuador llegan solicitantes de refugio de casi todos los departa- mentos del Colombia, CODHES hace una radiografía de la violencia en el país de origen y señala que la mayoría de los refugiados colombianos en Ecuador provienen de zonas en las que confluyen la violencia paramilitar y narcoparamilitar, como Antioquia; de re- giones en las que se adelantan las operaciones ofensivas más grandes de la Fuerza Pública contra la guerrilla de las FARC, como Caquetá; de los llamados “laboratorios de paz” del Plan Colombia en la frontera con Ecuador (Nariño y Putumayo) y de la región en la que el conflicto armado ha sido más intenso en los últimos dos años por la persecución con- tra el máximo líder de las FARC, “Alfonso Cano” (Valle del Cauca y Cauca).
El mismo informe indica que el 79,5% de los refugiados colombianos en Ecuador están ubicados en las provincias de Pichincha (29,7%), Sucumbíos (22,1%), Esmeraldas (11,3%), Carchi (8,8%) e Imbabura (7,8%), aun cuando su presencia se extiende a las provincias del Guayas (5,4%) y Azuay (3,8%).
En las provincias de Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi, que limitan con los departa- mentos colombianos de Nariño y Putumayo, se concentran el 42,2% de los refugiados,
“otra forma de impacto directo del conflicto armado en la zona de frontera que compar- ten ambos países”, señala CODHES en su informe.
hAy CONflICTO
y El DESPlAzAMIENTO CONTINÚA
No hay una variación significativa de las tendencias de desplazamiento forzado en Co- lombia entre el último año del gobierno de Uribe y el primero del presidente Juan Ma- nuel Santos. Se mantiene la salida forzada de miles de personas que huyen de enfren- tamientos armados, bombardeos y ametrallamientos aéreos, en medio de un conflicto que persiste sin solución militar, no obstante la continuidad de la política de seguridad democrática y su proceso de militarización del territorio y la sociedad, no exenta de vio- laciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Nuevos grupos paramilitares se asentaron en buena parte del territorio nacional y consolidan una estrategia de control e intimidación a la población civil orientada a evitar la restitución de las tierras despojadas a los desplazados, al tiempo que aseguran su pre- sencia y expansión en zonas de explotación minera, monocultivos, plantaciones de coca, lugares de procesamiento y rutas para el tráfico de drogas ilícitas. La mayor parte de esa expansión paramilitar ocurre en las llamadas zonas de consolidación de la política de seguridad democrática o de alta presencia de la Fuerza Pública.
Al igual que en el gobierno pasado, las guerrillas resisten una dura ofensiva militar y reacomodan sus estrategias de movilidad y acción, sin miramiento alguno de las normas del derecho internacional humanitario (siembra de minas antipersonal, masivo recluta- miento de niños, niñas y adolescentes, uso de armas de efectos indiscriminados y ataques a bienes protegidos).
Las guerrillas siguen operando en zonas supuestamente recuperadas durante el go- bierno pasado, amplían su presencia en otras regiones y ejercen presión sobre sectores claves de la economía en los territorios del conflicto.
Todos los grupos armados irregulares giran alrededor de la explotación legal o ilegal de oro y otros recursos mineros, al igual que de economías ilícitas, incluido el narcotráfi- co. La corrupción y la violencia van de la mano en las zonas de conflicto.
Las elecciones territoriales marcan un escenario crítico de violencia y desplazamien- to forzado, en la medida en que los grupos armados y las mafias intentan mantener o ampliar el control de la institucionalidad local y la cooptación del Estado para sus fines criminales. Las zonas de frontera son especialmente sensibles a estas formas de violen- cia, en tanto que comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y campesinos son obligados, con frecuencia, a cruzar las líneas fronterizas para buscar protección en países vecinos, sobre todo Ecuador.
Este informe de CODHES corresponde al primer semestre de 2011 y se refiere a las tendencias, dinámicas y características del desplazamiento forzado en medio del conflic- to armado y la crisis humanitaria y de derechos humanos que prevalecen en Colombia de manera crónica, sostenida y prolongada.
La primera parte del documento hace referencia al número de personas desplaza- das, a los lugares críticos de llegada y a los desplazamientos masivos. La segunda parte se
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detiene en las cifras del conflicto armado, demuestra su continuidad entre el gobierno pasado y el actual y pone en evidencia la inutilidad de la guerra del Estado y de la lucha armada para resolver el conflicto. La tercera parte revisa las políticas públicas sobre des- plazamiento, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y el nuevo escenario político e institucional sobre el que se orienta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. La cuarta parte está dedicada a los refugiados colombianos en diversos países del mundo con énfasis en su situación en el Ecuador.
Por último, el informe presenta tres casos regionales que dan cuenta de la difícil situación que enfrentan tres zonas del conflicto armado en Colombia: Córdoba, Bajo Cauca antioqueño y el departamento de la Guajira.
MáS CONflICTO, MáS DESPlAzAMIENTO
De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (COD- HES), durante el primer semestre de 2011, aproximadamente 89.750 personas1 (cerca de 17.950 familias) fueron desplazadas en Colombia por hechos de violencia e intimida- ción contra la población civil, sucedidos en medio del conflicto armado interno y atri- buidos a neoparamilitares, guerrillas y, en ocasiones, a acciones u omisiones de la Fuerza Pública2 (ver gráfico 1).
1 La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional reportó durante el primer semestre de 2011, 48.142 personas desplazadas según zona de llegada y 44.144 según zonas de expulsión.
2 No es posible una comparación con el mismo período del año 2010, toda vez que el último reporte semestral de desplazamiento forzado registrado por CODHES corresponde al primer semestre de 2007.
Mapa 1.
tasa de recepción por 100.000 hab.
fuente: acción Social 2011 (1)
Así mismo, entre el 1º de enero y el 30 junio de 2011, un promedio de 496 personas por día llegaron desplazadas a 621 municipios de los 32 departamentos del país. Los cinco departamentos que recibieron mayor número de desplazados fueron Antioquia (34.333), Nariño (9.601), Cauca (4.957), Valle del Cauca (4.404) y Córdoba (2.849).
Los cinco municipios más afectados por recepción de desplazados fueron Medellín (An- tioquia, 14.902), Bogotá, D.C. (11.215), Amalfi (Antioquia, 5.941), Anorí (Antioquia, 5.924) y Tumaco (Nariño, 3.857) (ver gráficos 2 y 3).
0- 206 207-853 854- 2645 2646- 6710 6711-54444 Ecuador
Panamá
Mar Caribe
Océano Pacífico
venezuela
Perú
Brasil Gráfico 1
Datos comparativos Acción Social – CODhES Variable: Número de personas desplazadas 1997-2011(1) 600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
acción Social-SIPOD-Recepción acción Social-SIPOD-Declaración CODHES-SIDHES
1997 194.880
16.323 257.000
1998 97.915 46.090 308.000
1999 96.696 43.654 288.127
2000 329.549 297.410 317.375
2001 412.257 397.444 342.243
2002 451.650 501.244 412.553
2003 260.899 262.945 207.607
2004 244.025
261.437 287.581
2005 279.663 302.536 310.237
2006 301.509 377.241 221.638
2007 339.641 449.859 305.966
2008 308.080
543.917 380.966
2009 188.342 519.356 286.389
2010 131.652 520.409 280.041
2011-1 48.142 193.409 89.750
Fuente: SIPOD – Acción Social, a junio 2011 / SISDHES - CODHES, a junio 2011.
Hay conflicto y el desplazamiento continúa 21 20 Documentos Codhes Nº 23
16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
Medellín Bogotá D.C. amalfi anorí San andrés de tumaco tarazá Cali Popayán Cartagena El Charco
Fuente: CODHES – SISDHES (2011).
Según CODHES, por lo menos 18.088 personas, que corresponden al 20% del total de la población afectada en el primer semestre de 2011, fueron forzados a salir en forma colectiva de sus lugares de origen en 36 eventos de desplazamiento masivo, ocurridos en desarrollo de operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, bombardeos y enfren- tamientos armados3. Por lugar de recepción, el mayor número de desplazamientos ma- sivos se presentó en el nordeste de Antioquia. Al municipio de Amalfi arribaron 5.500 personas procedentes del municipio de Anorí. El municipio de Tarazá fue escenario del desplazamiento forzado de 3.132 personas procedentes de veredas de los municipios de Ituango, Valdivia y la zona rural de Tarazá. También se registraron desplazamientos
3 Para el mismo período, Acción Social reporta 19 desplazamientos masivos, con un total de 7.469 per- sonas afectadas.
masivos en Ricaurte (Nariño), 1.045 personas; Timbiquí (Cauca), 1.000 personas; y Bue- naventura (Valle del Cauca), 889 personas.
Los desplazamientos masivos ocurrieron por enfrentamientos entre grupos que pro- vienen de procesos de desmovilización y rearme de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), combates entre estos grupos y la Fuerza Pública, y entre la guerrilla de las FARC y el Ejército y/o la Policía.
De acuerdo con la matriz de monitoreo de CODHES, el primer lugar de presuntos responsables de desplazamientos masivos lo ocupan nuevos grupos paramilitares como las “Águilas Negras”, los “Rastrojos” y los “Machos”. En segundo lugar, las FARC, que al igual que los grupos paramilitares presionan con hechos violentos la salida masiva de po- bladores en zonas de su influencia. Otras causas de desplazamientos masivos obedecen a combates entre la guerrilla de las FARC y el ELN con la Fuerza Pública en zonas pobladas y a operaciones de las Fuerzas Militares en zonas de mayor intensidad del conflicto (bom- bardeos de la Fuerza Aérea y operaciones terrestres del Ejército).
Cabe anotar que del total de personas desplazadas durante el semestre, 24.993 (27,85%) provienen de municipios CCAI (Centro de Coordinación y Acción Integral), en los cuales se lleva a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial, establecido desde el año 2007, que busca “Fortalecer la legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zonas específicas del territorio nacional donde había sido débil y en las que se estaba avanzando en la seguridad” (Presidencia de la República - Centro de Coordina- ción de Acción Integral, s.f.). Estas 24.993 personas (aproximadamente 5.000 familias) se desplazaron de 72 de los 86 municipios CCAI. Adicionalmente, de los 100 municipios con mayor tasa de desplazamiento, 32 se encuentran en zonas CCAI.
La información de CODHES indica que los municipios con mayor número de po- blación desplazada ubicados en zonas CCAI son: Anorí (5.924), Tumaco (3.857), Tarazá (3.132), Buenaventura (1.555) y Timbiquí (1.268) (gráfico 4).
14.902
Gráfico 2
Número de personas desplazadas por municipio de llegada 2011(1)
11.215
5.941 5.924 3.857
3.132 2.131
1.866 1.610 1.575
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
antioquia Nariño Cauca valle del Cauca Córdoba Bolívar Huila Caquetá Chocó Meta
Fuente: CODHES – SISDHES (2011).
34.333
Gráfico 3
Número de personas desplazadas por departamento de llegada 2011(1)
4.957 9.601
4.404
2.849 2.515 2.212 2.199 2.902 1.820
450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000
0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-1
total desplazamiento zonas CCaI
Eje izquierdo % con respecto al total nacional
Eje derecho Fuente: CODHES – SISDHES (2011).
Gráfico 4
Desplazamiento en zonas CCAI 1999-2011(1) Total desplazamiento zonas CCAI (Eje izquierdo)
% con respecto al total nacional (Eje derecho)
19%
28%
21%
16%
24%
25%
20% 17%
17%
19%
27%
20% 33%
35 30 25 20 15 10 5 0
Hay conflicto y el desplazamiento continúa 23 22 Documentos Codhes Nº 23
De acuerdo con cifras de Acción Social, de las 44.144 personas desplazadas por expulsión durante el primer semestre del año, 23.469 (4.694 familias) fueron de zonas CCAI. Esto corresponde a un 53,16% del total reportado. Estas personas se desplazaron de 84 de los 86 municipios que forman parte del Plan Nacional de Consolidación. Los dos municipios en los cuales no se registraron desplazamientos por expulsión fueron Pueblo Bello (Cesar) y San Juan del Cesar (La Guajira), que forman parte de la Zona CCAI de la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, de los 100 municipios con mayor
tasa de expulsión, 39 están en zonas CCAI (CODHES, 2011).
De acuerdo con el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Dere- chos Humanos (SISDHES), de CODHES, y el primer estudio de la Conferencia Episcopal de Colombia sobre desplazamiento, entre el 1º. de enero de 1985 y el 30 de junio de 2011, alrededor de 5.281.360 personas han sido desplazadas en Colombia.
Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forza- do (2011a, p. 39), en los últimos 14 años, el 90% de los grupos familiares se han despla- Ecuador
Panamá
Mar Caribe Mapa 2.
tasa de desplazamiento por 100.000 habitantes en zonas CCaI
fuente: CODHES - 2011(1)
Océano Pacífico
venezuela
Perú
Brasil
Mapa 3.
tasa de expulsión por 100.000 habitantes en zonas CCaI fuente: acción Social – 2011(1)
0- 669 670- 1600 1601- 3474 3475- 7289 7290- 58816 0- 194
195- 1465 1466- 6204 6205- 16402 16403-72965
Ecuador Panamá
Mar Caribe
Océano Pacífico
venezuela
Perú
Brasil
Hay conflicto y el desplazamiento continúa 25 24 Documentos Codhes Nº 23
450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-1
CODHES- Desplazamiento por año
Eje izquierdo Desplazamiento acumulado
Eje derecho Fuente: CODHES – SISDHES (2011).
6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
zado una sola vez, mientras que el 7% y menos se han desplazado dos veces y el 1% lo ha hecho tres o más veces (gráfico 5).
Por su parte, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Inter- nacional registra un acumulado de 3.692.783, que corresponde a personas que han sido desplazadas entre el 1º de enero de 1997 y el 30 de junio de 2011.
De acuerdo con el SISDHES, los municipios que presentan una mayor afectación por tasa de desplazamiento, según municipio de llegada (número promedio de desplazados por cada 100.000 habitantes) son Anorí (Antioquia), 72.965; Amalfi (Antioquia), 55.396;
Tarazá (Antioquia), 16.401; Ricaurte (Nariño), 12.229; y Timbiquí (Cauca), 11.968 (grá-
fico 6). Las fumigaciones y erradicación de cultivos de coca, la presencia activa de gue- rrillas y nuevos grupos paramilitares y el control de rutas del narcotráfico explicarían el desplazamiento en estas regiones del norte y suroccidente del país. (gráfico 6)
Los municipios con mayor tasa de expulsión (número promedio de personas obli- gadas a salir por cada 100.000 habitantes), según el registro de Acción Social, son Anorí (Antioquia), 58.816; El Rosario (Nariño), 7.289; Medio Baudó (Chocó), 5.890; El Charco (Nariño), 3.754; y Tumaco (Nariño), 3.474 (gráfico 7).
80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
anorí amalfi tarazá Ricaurte timbiquí El harco El Rosario Bajo Baudó Caloto San andrés de tumaco
Fuente: CODHES – SISDHES (2011).
72.965,25 55.396,52 16.401,77 12.229,37 11.968,47 9.871,20
Gráfico 6
Municipios más afectados por tasa de desplazamiento Tasa por 100.000 habitantes
Mapa 4. Desplazamiento por 100.000 habitantes fuente: CODHES 2011 (1) Gráfico 5
Desplazamiento forzado acumulado 1985-2011(1)
8.992,28 6.204,12 4.685,98 44.215,2770
0- 353 354- 1933 1934- 6204 6205- 16402 16403- 72965 Ecuador
Panamá
Mar Caribe
Océano Pacífico
venezuela
Perú
Brasil
Hay conflicto y el desplazamiento continúa 27 26 Documentos Codhes Nº 23
La salida forzada es más notoria en los municipios del Pacífico colombiano, epicen- tro de la expansión del conflicto armado en la última década, y las comunidades más afectadas siguen siendo afrodescendientes que habitan territorios comunitarios.
No todos los desplazados que salen de un lugar a otro se registran y no todos los registrados son incluidos en el sistema oficial. CODHES advierte, una vez más, sobre los altos niveles de subregistro y no inclusión, que para este periodo fueron de 34,02% y 24,89%, respectivamente.
El DESPlAzAMIENTO fORzADO EN TIEMPOS DE ElECCIONES
Los procesos electorales locales para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, en situaciones de conflicto armado, han sido escenario de intensificación del desplazamiento, como estrategia de control y dominación por parte de grupos armados irregulares. Algunas de las estrategias de los grupos armados y políticos que intentan controlar la institucionalidad local han sido:
1. Presiones armadas para que los electores voten por determinado candidato, según acuerdos entre políticos y grupos armados irregulares. Ante situaciones de amenaza, intimidación y asesinato, a quienes no se someten a esta forma violenta de homogenei- zación política solo les queda el camino del desplazamiento forzado, lo que constituye una grave constricción del derecho a elegir.
2. Presiones armadas para que candidatos de otras tendencias no participen en las elec- ciones (amenazas, asesinatos, sabotaje), que derivan en el desplazamiento forzado de candidatos/as y dirigentes políticos, lo que constituye una violación del derecho a ser elegido.
3. Presiones armadas (paros armados) para sabotear las elecciones e impedir el proseli- tismo político de los candidatos y la libre participación de los electores.
4. Presiones armadas para movilizar electores de un lugar a otro (inscripción de cédulas y traslado de votantes) con el fin de imponer resultados favorables a determinados candidatos.
5. Presiones armadas, infiltración y/o corrupción de autoridades electorales para inter- ferir en los escrutinios.
Es evidente que las mayores presiones de grupos armados irregulares se concentran en municipios y departamentos de altos niveles de ingreso por concepto de regalías por explotación minera, en zonas claves para economías ilícitas y en regiones de despojo y concentración de tierras.
Mapa 5. tasa de expulsión por 100 habitantes acción Social - 2011(1)
Gráfico 7
Municipios más afectados por tasa de expulsión Acción Social
Tasa por 100.000 hab.
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
anorí El Rosario Medio Baudó El Charco San andrés de tumaco argelia timbiquí leguízamo Buenaventura Puerto guzmán
Fuente: Cálculos con base en el SIPOD – Acción Social.
58.816,28 7.289,04 5.890,16 3.474,20 2,953,41 2.765,59
0.00-445.74 445.75-1413.95 1413.96- 3754.19 3755.20-7289.04 7289.05-58816.28
3.754,19 2.523,54 2.480,57 2.378,80
Ecuador Panamá
Mar Caribe
Océano Pacífico
venezuela
Perú
Brasil
Hay conflicto y el desplazamiento continúa 29 28 Documentos Codhes Nº 23
En los últimos diez años se consolidó la cooptación de buena parte de la institucio- nalidad local por parte de poderes ilegales, que trasciende cargos de elección popular y abarca otras instancias del Estado (Fuerza Pública, Fiscalía, institucionalidad rural, nota- rías, oficinas de registro, corporaciones regionales) o contratadas por el Estado (salud, juegos de azar, obras públicas). Las elecciones del 30 de octubre pusieron a prueba la ca- pacidad del Gobierno y de las instituciones para evitar esta infiltración ilegal en el poder territorial y asegurar el pleno ejercicio de la democracia.
Desde el cierre del registro electoral y antes del día de elecciones, las personas despla- zadas hacen parte de una ciudadanía a la que se le impide el libre ejercicio del derecho a elegir. La Organización Electoral tiene el deber de hacer efectiva la orden de la Corte Constitucional para que asegure la participación de los desplazados en las elecciones.
Una lectura de las cifras de desplazamiento forzado correspondientes a los años electorales más recientes (1997, 2000, 2003, 2007) indican que los comicios territoriales (para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles) en medio del conflic- to armado han sido escenario de intensificación del desplazamiento.
Con excepción del año 2003, cuando el desplazamiento registró una reducción con- siderable (49%), en cada proceso electoral de carácter regional se advierte un fuerte incremento de la salida forzada de personas en circunstancias que pueden atribuirse a violencia política e injerencia armada en los resultados electorales (tabla 1).
Hay que tener en cuenta que 2002 fue año preelectoral para comicios locales; sin em- bargo, fue año de elección presidencial, en el cual resultó favorecido Álvaro Uribe Vélez, bajo la promesa de la derrota militar de las FARC, ante el fracaso del proceso de paz ade- lantado por su antecesor Andrés Pastrana Arango. Frente a la disminución del crecimiento real de la cifra de desplazamiento forzado presentado en 2003, CODHES preguntó: ¿Es posible garantizar que la disminución de la cifra responda a una nueva situación de segu- ridad en el país y que, en consecuencia, esa sea la tendencia hacia el futuro? ¿Es una con- tracción coyuntural en medio de la reestructuración del conflicto y el reacomodamiento de actores armados o es una disminución estructural que da cuenta de nuevos escenarios de paz, democracia y realización de derechos? (CODHES, 2004) (gráficos 8 y 9).
En ese momento, CODHES llegó a la conclusión de que la contracción del desplaza- miento forzado no respondía a una lógica de restitución de derechos y garantías de seguri- dad, que se tradujeran en un alivio de las condiciones de vida de la población desplazada.
Por el contrario, esta disminución obedeció a una lógica de control territorial por parte de la Fuerza Pública y los grupos al margen de la ley, incluidos los posdesmovilizados.
Tabla 1
Estadística de PDV vs. riesgo electoral
año PDv - Recepción
acción Social
PDv - Expulsión acción Social
PDv - Recepción CODHES
1999 96.696 114.106 279.218
2000 329.549 265.341 317.375
2002 451.650 451.136 412.553
2003 260.899 260.165 207.607
2006 301.509 296.912 221.187
2007 339.641 333.580 305.966
2010 131.652 120.201 280.041
Fuente: SISDHES-CODHES.
500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000
0 1999 2000 2002 2003 2006 2007 2010
PDv - Recepción acción Social PDv - Expulsión acción Social PDv - Recepción CODHES
Fuente: CODHES – SISDHES (2011).
Gráfico 8
Dinámica del desplazamiento vs. riesgo electoral
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0 1999 2000 2002 2003 2006 2007 2010
PDv - Recepción CODHES PDv - Expulsión acción Social
Fuente: CODHES – SISDHES (2011).
Gráfico 9
Dinámica del desplazamiento vs. riesgo electoral
Hay conflicto y el desplazamiento continúa 31 30 Documentos Codhes Nº 23
CODHES concluyó que la reducción se tradujo en “el confinamiento de poblaciones convertidas en verdaderos rehenes de los actores del conflicto, el crecimiento de las solicitudes de refugio en otros países que aumenta la diáspora de compatriotas hacia el exterior y el desplazamiento no reconocido que ocurre en medio de las fumigaciones de cultivos ilícitos”.
Desde esos años (2003-2004) era evidente el reacomodamiento de los actores arma- dos (incluso se habló de la reestructuración del conflicto) y, por supuesto, de nuevas for- mas de acción, coacción y control sobre la población civil. Tanto las guerrillas, sometidas a una fuerte ofensiva gubernamental, como los paramilitares, que adelantaban en esos años un cuestionado proceso de desmovilización, diversificaron sus estrategias: menos masacres, más asesinatos selectivos, más confinamiento y menos desplazamiento, más desplazamiento individual y unifamiliar, y menos desplazamientos masivos.
Ocho años después surgen los mismos interrogantes y se mantiene el desafío de los poderes armados frente a la democracia en los territorios en los que prevalece el conflic- to y se expande la violencia.
Esas modalidades de sometimiento de la población civil se mantienen, aun en áreas de fuerte control militar y policial, como el corredor del Pacífico (que atraviesa los de- partamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en la frontera con Ecuador) y zonas como el nordeste, el Bajo Cauca y el Urabá antioqueño, además del departamento de Córdoba.
Hay un interés específico de los grupos armados irregulares por controlar los proce- sos electorales para incidir en los resultados y asegurar el dominio sobre las autoridades que serán elegidas el 30 de octubre. Por parte de los paramilitares y narcotraficantes, para mantener el dominio sobre tierras despojadas y asegurar su uso de acuerdo con intereses económicos asociados a la minería, a la expansión de monocultivos destinados a la agroindustria de los biocombustibles y al tráfico de drogas (procesamiento y expor- tación); por parte de las guerrillas, para mantener el dominio territorial, controlar zonas de explotación minera y las regalías que producen y, por supuesto, cultivos de coca y rutas del narcotráfico.
Los partidos políticos que avalan candidatos y los procedimientos de aval por la vía de firmas de ciudadanos deberían ser muy estrictos en las zonas más afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado. La presencia de grupos armados y el control de la ins- titucionalidad local son indicios de hechos que pueden alterar la selección de candidatos, el libre ejercicio de los derechos a elegir y ser elegidos, y los resultados de las elecciones.
Como organización que integra desde su fundación la Misión de Observación Elec- toral (MOE, 2011, p. 273), CODHES ha recomendado:
n A las instituciones acatar las órdenes de la Corte Constitucional para garantizar ple- namente los derechos políticos de la población desplazada, emitidas en el marco de la Sentencia T-025 de 2004, que tienen plena vigencia para las jornadas electorales que se avecinan. En esta dirección, es urgente que la Organización Electoral tome medi- das efectivas para que la población desplazada pueda ejercer su derecho al voto en las zonas de llegada.
n La Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Organización Electoral, debe crear mecanismos seguros para que la población desplazada pueda denunciar las presiones a que pueda llegar a ser sometida por funcionarios, candidatos y actores armados en el marco de la contienda electoral.
lA CONTINUIDAD DE lA SEGURIDAD DEMOCRáTICA O El fRACASO DE UN EMbRUJO
Si bien los resultados operativos de la Fuerza Pública contra las guerrillas muestran cierta contracción en el período de transición entre los gobiernos de los presidentes Juan Ma- nuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, es evidente que se mantiene el modelo de seguridad democrática con algunos cambios que se empiezan a implementar.
Según el informe al Congreso por parte del Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, entre agosto de 2010 y mayo de 2011 fueron abatidos 325 guerrilleros frente a un total de 468 entre agosto de 2009 y mayo de 2010, mientras que 325 fueron capturados y 1.606 se desmovilizaron, frente a 468 y 2.075 del período anterior, respectivamente.
El Ministerio de Defensa cambió el nombre de la “red de cooperantes” por el de “redes sociales de seguridad”, manteniendo el principio de la participación ciudadana, es decir, in- volucrar a civiles en el conflicto armado. Este programa está en marcha en los departamentos de los Llanos Orientales y del Eje Cafetero y se extenderá próximamente al Valle del Cauca y Cundinamarca (Informe del Ministro de Defensa al Congreso de la República, 2011).
Durante el gobierno pasado y durante el Ministerio de Defensa ejercido por el actual Presidente de la República se implementó una política de seguridad orientada a esta- blecer pleno control de la Fuerza Pública sobre el territorio nacional. Esta política fue presentada como exitosa, al punto que se anunció el “fin del fin” y la inminencia de un país sin guerrilla, sin paramilitarismo y sin narcotráfico.
El Gobierno insiste en la continuidad de esta política, aun cuando admite una “nue- va visión” de las amenazas y un “nuevo dimensionamiento real” de la seguridad y la de- fensa en el país4. Por eso, anuncia que la “visión estratégica de la Política busca que el
4 En su informe al Congreso, el ministro de Defensa Rodrigo Rivera le explicó al Congreso que “una Tabla 1
Estadística de PDV vs. riesgo electoral año PDv - Recepción
acción Social
PDv - Expulsión acción Social
PDv - Recepción CODHES
1999 96.696 114.106 279.218
2000 329.549 265.341 317.375
2002 451.650 451.136 412.553
2003 260.899 260.165 207.607
2006 301.509 296.912 221.187
2007 339.641 333.580 305.966
2010 131.652 120.201 280.041
Fuente: SISDHES-CODHES.
