I
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
II
ÍNDICE
I.
MANIFIESTO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ESTADO PLURINACIONAL …………. ...….1
II.
PRESENTACIÓN ……….. ... .4
III.
INTRODUCCIÓN………..………. ... 5
IV.
MARCO METODOLÓGICO.……….……….. ... 7
V. ... M
ARCO CONTEXTUAL………..………. ... 9
1. Aspectos Generales.
2. Balance de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia.
3. Los Derechos Humanos más Vulnerados Denunciados a la Defensoría del Pueblo.
VI.
MARCO
CONSTITUCIONAL
Y
NORMATIVO………..………..
………….17
1. Mandato Constitucional y Base Legal de la Defensoría del Pueblo.
2. Atribuciones.
VII.
MARCO DE DESARROLLO NACIONAL ……..………..…..…..….... ... 21
1. Agenda Patriótica 2025
2. Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).
3. Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos (PNADH).
4. Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades – Mujeres construyendo
la nueva Bolivia para “Vivir Bien”.
5. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal – Estado
Plurinacional de Bolivia.
6. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
7. Convenio 169 OIT.
8. Informe de Bolivia al Comité de los Derechos del Niño (2009) - Recomendaciones
para el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia al Estado
Plurinacional de Bolivia.
9. Principios de París.
10. Bloque de Constitucionalidad.
VIII.
ANÁLISIS DE ESCENARIOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS ………….….32
1. Ámbito Político.
2. Ámbito Económico.
3. Ámbito Sociocultural.
IX.
ANÁLISIS DE RIESGOS INTERNOS Y EXTERNOS ……….37
III
1. Riesgos Externos.
2. Riesgos Internos.
X.
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL INTEGRAL
………..………43
1. Antecedentes de la Defensoría del Pueblo.
2. Marco Retrospectivo.
3. Marco Prospectivo.
XI.
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 – 2016.………..………..
……….58
1. Visión de la Defensoría del Pueblo.
2. Misión de la Defensoría del Pueblo.
3. Principios y Valores Institucionales Defensoriales.
4. Políticas Institucionales 2012-2016.
5. Nuevas Prioridades Estratégicas: Programas y Proyectos.
6. Objetivos Estratégicos del PEI 2012 – 2016.
XII.
MATRIZ ESTRATÉGICA PROGRAMÁTICA 2012 - 2016..……….………70
PROGRAMA Nº. 1: LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL ………..…….…………..……..71
PROYECTO 1.1.
DESPATRIARCALIZACIÓN, GÉNERO Y DESCOLONIZACIÓN.
PROYECTO 1.2.
EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL ESTADO PLURINACIONAL.
PROYECTO 1.3.
COMUNICACIÓN DEFENSORIAL PARA LA VIGENCIA PLENA Y
EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
PROYECTO 1.4.
INCIDENCIA INTEGRAL EN POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE EL ENFOQUE DE
DERECHOS HUMANOS.
PROYECTO 1.5.
GESTIÓN, TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
PROGRAMA Nº. 2: EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL ESTADO PLURINACIONAL………..………..………..…121
PROYECTO 2.1.
EJERCICIO DE LOS DERECHOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN, LA SALUD Y
EL TRABAJO EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y NO-DISCRMINACIÓN.
PROYECTO 2.2.
DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIANOS Y BOLIVIANAS EN EL
EXTERIOR Y MIGRANTES EN EL PAÍS.
PROYECTO 2.3.
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA.
PROYECTO 2.4.
SISTEMA DE SERVICIO AL PUEBLO.
PROYECTO 2.5.
GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES.
PROGRAMA Nº. 3
VIGENCIA DE LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Y DERECHOS HUMANOS
DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS………..167
IV
PROYECTO 3.1.
DERECHO DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS.
PROYECTO 3.2.
NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS CON DERECHOS HUMANOS ALTAMENTE
VULNERABLES, AISLAMIENTO VOLUNTARIO, NO CONTACTADOS Y EN
RIESGO DE EXTINCIÓN.
PROYECTO 3.3. DERECHO A LA CONSULTA.
PROGRAMA N° 4:
DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES………...185
PROYECTO 4.1.
DESARROLLO INTEGRAL, PARTICIPACIÓN Y SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NNA.
PROYECTO 4.2.
DERECHOS HUMANOS DE NNA EN LAS ACTIVIDADES: ZAFRA, BENEFICIADO
DE LA CASTAÑA Y MINERÍA Y ERRADICACIÓN DE LAS PEORES FORMAS
DE EXPLOTACIÓN.
PROYECTO 4.3.
TRATA Y TRÁFICO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
PROYECTO 4.4.
DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ QUE CONVIVE CON SUS PADRES EN
1
I. MANIFIESTO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ESTADO PLURINACIONAL.
La Defensoría del Pueblo debe su existencia a una disposición constitucional y a la voluntad de los
bolivianos y bolivianas que, al decidir la implementación de una nueva Constitución, nos dieron el
mandato de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de sus derechos,
individuales y colectivos que se establecen en la Carta Magna.
Fieles a ese mandato, estamos comprometidos con la implementación del Estado Plurinacional y
orientamos nuestros objetivos hacia este fin. Este compromiso se expresa en la vigilancia
permanente y firme para que, en el proceso de construcción, se respeten y se promuevan los
Derechos Humanos, a los que consideramos la base sustancial e imprescindible para lograr, no
sólo su construcción, sino su vigencia y aún su propia existencia. Para nosotros, la vulneración de
los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional atentan contra la decisión del pueblo de
construirlo y de sostenerlo.
Desde esa perspectiva reafirmamos nuestra decisión y compromiso de vigilar, promover y exigir el
cumplimiento de los Derechos Humanos de todos los bolivianos y todas las bolivianas en un marco
de autonomía e independencia de cualquier poder del Estado, de cualquier organización política,
económica o de otra índole, origen y naturaleza; respondiendo por nuestras acciones a la
Constitución, las leyes y al pueblo boliviano. Esta no es una opción, es el mandato, la razón de ser
de nuestra institución y un compromiso de vida.
A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, es indudable que el pueblo
boliviano y el Estado Plurinacional, hemos dado pasos importantes y firmes en este camino tan
difícil como necesario, para transformar un Estado discriminatorio, patriarcal y excluyente, hacia
una sociedad que se oriente por la justicia, la libertad y la paz, donde todos los bolivianos y
bolivianas nos reconozcamos al fin como una sociedad de personas iguales en dignidad y derechos
y como tales, seamos capaces de construir el presente y el futuro respetando y valorando al otro,
tanto como nos respetamos y valoramos a nosotros mismos.
Nuestra Constitución Política es un ejemplo de la nueva visión de desarrollo, justicia, igualdad y
democracia, que debe expresar la decisión y la voluntad común de avanzar hacia un tiempo nuevo
que reivindique los ideales que impusieron los movimientos populares de resistencia y la lucha
permanente de los pueblos y naciones indígenas para que se respeten sus derechos conculcados
por centurias.
Hemos avanzado sobre todo en la generación de una conciencia colectiva sobre nuestros
derechos, su vigencia y su exigibilidad, y en la construcción de normativa tendente a materializar
los preceptos y los valores constitucionales. Las leyes y políticas contra el racismo, por la igualdad
plena entre mujeres y hombres, por la protección de nuestros niños y niñas, por la educación
universal y gratuita, para disminuir la pobreza, para profundizar la democracia, por la equidad en
la distribución de la riqueza, por la dignidad nacional y muchas otras, muestran que hay una
voluntad política clara que se expresa en decisiones y acciones que nos confirma que hemos
avanzado en este camino del desarrollo económico, político y social y que nadie puede afirmar
que vivimos igual o peor que el pasado reciente, sin caer en la falacia y la mala fe.
Entendemos que el camino no es fácil y que la implementación de una nueva forma de Estado, de
una transformación profunda del modelo democrático, de cambio de conciencia y de vigencia
2
plena de los Derechos Humanos, requiere de grandes esfuerzos y sacrificios y que muchas veces
vamos a tropezar con errores y deficiencias, que sin embargo, deben ser tomados con la humildad
suficiente para entender nuestra propia falibilidad y nos impulse a recomponer nuestras políticas y
readecuar nuestras acciones.
Sin embargo, es preciso que tengamos un tiempo para la reflexión honesta, profunda y generosa
sobre los avances y los frenos en este proceso de construcción del Estado Plurinacional, que
compromete nuestro presente y el futuro de las generaciones que vendrán.
Tenemos que repensar, como Estado y sociedad, sobre todo los temas no resueltos que afectan
los Derechos Humanos y configuran una realidad compleja que pone en riesgo no sólo el avance,
sino la propia construcción del nuevo Estado que decidimos en enero de 2009.
En primer lugar, debemos recordar y reafirmar la decisión de construir la plurinacionalidad
entendida no solamente desde lo discursivo y lo simbólico. Nuestra Constitución es clara cuando
afirma que “Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el
marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su
cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales,
conforme a esta Constitución y la ley”.
El respeto por los derechos de los pueblos y naciones indígena originaria campesinas, constituye la
base de la construcción del nuevo Estado. Si esta condición no es cumplida o se reinterpreta de
manera arbitraria, corremos el serio riesgo de retroceder de nuevo hacia un Estado discriminador
y excluyente, que termine por sentenciar la desaparición de las naciones indígenas en situación de
vulnerabilidad y de la aculturación de aquellas que reclaman el respeto a sus formas de vida.
La gestión y la administración de la justicia es un tema que debemos encarar de manera firme,
decidida y coherente. La ausencia de justicia es tan peligrosa como su manipulación, politización o
tergiversación y constituye una de las formas más graves de vulneración de Derechos Humanos.
Resulta evidente que la elección de magistrados realizada en 2011, fue importante pero no es
suficiente para garantizar un sistema judicial independiente, imparcial, eficiente y confiable.
Es necesario su fortalecimiento financiero, organizacional y estratégico; además el propio Órgano
Judicial debe iniciar un proceso de reforma desde los niveles básicos, es decir los jueces, pasando
por su organización administrativa y sus propios procedimientos.
La brecha existente entre el esfuerzo por la construcción de normativa que garantice la vigencia
plena de los Derechos Humanos y su efectivo ejercicio por la ciudadanía es, a nuestro criterio, el
otro elemento que debemos considerar. Nunca antes en la historia republicana, el Estado había
promulgado tantas leyes que favorecen a los Derechos Humanos, sin embargo los resultados en
términos de vulneraciones, no acompañan la eficiencia y la rapidez con que se legisla. Es
importante que la construcción de las leyes esté acompañada de la suficiente coordinación entre
órganos del Estado y la sociedad y que se cree un sistema de seguimiento a su aplicación, desde la
perspectiva de los Derechos Humanos.
3
La impunidad es otro de los problemas que debemos enfrentar con mayor decisión y claridad. Los
casos emblemáticos que datan de la época anterior al Estado Plurinacional, como los casos
Octubre Negro o Porvenir, pero también aquellos que se han originado en los años recientes,
como Caranavi y Chaparina, parecen haber sido archivados y olvidados, como consecuencia las
víctimas, en muchos casos, han perdido toda esperanza de que se haga justicia.
Los temas que hemos señalado no están aislados en sus causas ni en sus consecuencias; no
pueden ser atribuidas únicamente a conductas personales o circunstancias excepcionales. Son los
resabios de una visión colonial y excluyente que debe ser erradicada si queremos de verdad
construir el Estado Plurinacional y hacerlo en el marco de la justicia, la transparencia y los
Derechos Humanos.
Es necesario que el Gobierno y el sistema político asuman que la construcción del Estado
Plurinacional no es obra ni responsabilidad de un sector, un partido ni un grupo, sino que es una
decisión y una responsabilidad de todos los bolivianos y bolivianas.
Debemos ser capaces de asumir la diversidad de opiniones, de visiones y de posiciones, como un
derecho sustancial a la democracia y un principio de justicia. La descalificación, la persecución y la
censura a las opiniones diferentes, son el primer paso a la exclusión y la intolerancia que han
llevado a los grandes procesos revolucionarios del mundo a su propia destrucción.
Es necesario también asumir que lo más importante, no sólo al final del proceso sino en su camino
de construcción, es el respeto pleno, irrestricto y absoluto por los Derechos Humanos, sin los
cuales ninguna ideología, ninguna doctrina y ningún ideal son legítimos.
4
II. PRESENTACIÓN.
!La institución debe ser útil al pueblo¡ Esta expresión, emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva
al inicio de las intervenciones dirigidas al personal de la Defensoría del Pueblo, explicita la
necesidad de un cambio profundo que implica la deconstrucción de nuestra estructura mental y la
revisión de los procesos e instrumentos defensoriales.
La Defensoría del Pueblo está llamada a potenciarse institucionalmente, asimilando condiciones y
características que faciliten su contribución “…a la construcción y al fortalecimiento del Estado
Plurinacional naciente y… a la superación del viejo Estado monocultural, que con la
castellanización impuesta siempre ha buscado la homogenización alienante de nuestras
culturas…”
1. Parte de su potenciamiento implica desarrollar nuevas líneas defensoriales que
consoliden una gestión pública plurinacional e intercultural, al servicio de la población en general
pero, con énfasis en aquellos más vulnerables, discriminados, marginados y olvidados
históricamente. Institucionalmente, asumimos el desafío de identificar, delinear e implementar
prioridades que respondan de forma inmediata a la coyuntura actual y nos permitan abordar
nuevos escenarios de actuación en los que la labor defensorial contribuya a generar resultados e
impactos visibles en la vida de los bolivianos, bolivianas que viven el país, como también de los
que están en el exterior.
1 Ibíd. nota 1.
5
III. INTRODUCCIÓN.
La planificación institucional de la Defensoría del Pueblo, antes Defensor del Pueblo, se refleja,
inicialmente, en dos Planes Estratégicos: un Quinquenal 2001 - 2005 (PEQ), que fue ampliado
hasta el 2006 y un Institucional 2007-2011 (PEI), que introdujo una nueva estructura programática,
visibilizando programas y proyectos respecto a acciones recurrentes, pero también problemáticas
específicas de interés de la sociedad boliviana.
De acuerdo a la metodología adoptada, el Plan Estratégico se dedicó, en primera instancia, a la
evaluación retrospectiva y al análisis prospectivo, que es parte del Diagnóstico Institucional
Integral, para determinar las condiciones internas de la institución de cara a los nuevos retos y al
rol que le asigna la Constitución. El análisis de escenarios se construyó recurriendo a la
información institucional, estudios especializados y percepciones de los integrantes del Comité de
Coordinación del Defensor del Pueblo
2. Sin embargo, de manera previa y paralela a este análisis,
a lo largo de la gestión 2011, la Defensoría del Pueblo organizó un conjunto de talleres de consulta
a miembros de la institución a nivel nacional, organizaciones de la sociedad civil y entidades
públicas, recogiendo la percepción de la población en zonas rurales y periurbanas en torno a las
expectativas sobre el trabajo desarrollado por la institución y los temas de Derechos Humanos que
requieren encararse con prioridad en el próximo quinquenio.
La gestión 2012 se constituyó en un período de transición adecuado para implementar las
recomendaciones y conclusiones de todos los espacios de análisis y consulta participativa
generados que se concretizaron en el nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2012 – 2016),
fundamentado en Nuevas Líneas Estratégicas identificadas a partir de esos espacios de consulta,
de aportes internos y externos a la institución, de organizaciones y movimientos sociales, así como
de entidades de los cuatro Órganos Estatales a nivel nacional y subnacional, introduciendo la
posibilidad de abordar prioridades y problemáticas específicas, con énfasis en zonas rurales,
periurbanas y sectores o poblaciones históricamente excluidos y marginados por el Estado.
Con el PEI 2012 - 2016 se pretende también garantizar la continuidad de políticas públicas
(Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, entre otros), estrategias y objetivos de la Defensoría del Pueblo que trascienden la
actual gestión institucional.
Por otra parte, la ejecución presupuestaria en la gestión 2012, hasta la aprobación del PEI
2012-2016 anterior, fue realizada con recursos correspondientes al PEI 2007 - 2011, lo que justifica
también la aprobación del nuevo Plan Estratégico institucional 2012 – 2016 con recursos del TGE y
de la Cooperación Internacional.
En la construcción de esta nueva perspectiva, es importante destacar el apoyo de la Canasta de
Fondos, que adicionalmente, apoyaron con una especialista en género e interculturalidad y un
equipo internacional especializado en Derechos Humanos y gestión por resultados, contribuyendo
así a cualificar los resultados de la planificación estratégica institucional.
2 Máxima instancia que cuenta con la participación de: Defensor del Pueblo, la Adjuntoría de Atención a la Ciudadanía, la Adjuntoría de Promoción y Análisis, la Adjuntoría de Programas Especiales y Actuaciones Urgentes, la Secretaría General, Coordinación de Gestión Institucional y la Jefatura de Gabinete.
6
En el PEI 2012 – 2016 se priorizan cuatro programas: 1) Los Derechos Humanos en el Proceso de
Construcción del Estado Plurinacional, 2) Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos Humanos en
el Estado Plurinacional, 3) Vigencia de los Derechos Humanos de las Naciones y Pueblos Indígena
Originarios Campesinos y Derechos de la Madre Tierra y 4) Los Derechos Humanos de los Niños,
Niñas y Adolescentes; sobre los cuales, la institución concentrará de manera especial sus esfuerzos
para obtener resultados significativos.
El Plan Estratégico aborda las temáticas consideradas de mayor relevancia para su ejecución
durante los próximos cinco años, tanto a nivel nacional como desde las prioridades regionales.
Destacamos que la estructura y los aspectos programáticos del plan no sólo ayudarán a su
operativización, sino al establecimiento de un flujo de información que facilitará su seguimiento y
la evaluación e identificación de impactos, lo que se constituye en un nuevo hito en la historia de
la gestión por resultados en la Defensoría del Pueblo.
IV. MARCO METODOLÓGICO.
El proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional 2012-2016, se fundamentó en los
insumos internos y externos obtenidos a través de la aplicación de una metodología
7
eminentemente participativa y plural en todas las áreas de la institución, así como de
organizaciones, movimientos y entidades públicas nacionales y regionales. El análisis y tratamiento
de la información se concretiza en el Diagnóstico Institucional Integral, caracterizado por los
siguientes aspectos:
La aplicación de un estudio sistémico, integral y estructural proactivo, evitando observar la
gestión defensorial de una manera fragmentada.
El análisis de distintos temas relacionados a las condiciones del contexto nacional, de la
gestión estratégica y del desempeño institucional, sin concentrarse exclusivamente en la
efectividad de las acciones defensoriales.
El desarrollo de encuestas, entrevistas, talleres y micro talleres, buscando una amplia
participación de los servidores públicos defensoriales de la oficina nacional y de las regionales,
así como de Órganos del Estado y actores externos involucrados en el tema de los Derechos
Humanos.
La recopilación de información se realizó en la Oficina Nacional, Representaciones
Departamentales, Especiales y Mesas Defensoriales.
Los criterios utilizados para la definición de la muestra y la definición de fuentes primarias de
información, fueron:
Las principales autoridades de la Oficina Nacional (Defensor del Pueblo, Adjuntos (a),
Secretario General, Coordinador de Gestión Institucional, Jefa de Gabinete y Asesores).
Todos los Representantes Departamentales (9), Especiales (2) y Responsables de Mesas
Defensoriales (5).
Jefes Nacionales, con énfasis en los que son parte de áreas sustantivas (Adjuntorías).
Profesionales de las Oficinas Nacional y Regionales, con experiencia en temas de derechos. Se
encuestaron a 153 servidores, de los cuales 59 fueron entrevistados.
A partir de la gestión 2010, hasta la formulación del presente plan, se generaron espacios
participativos, a nivel nacional y regional, con:
-
Instituciones Públicas de los cuatro órganos del Estado.
-
Organizaciones Sociales (CIDOB, CIPOAB, CONAMAQ, Bartolina Sisa, CSTUCB, COB, entre
las más sobresalientes).
Poblaciones con Derechos más vulnerados (TLGB, Niños Niñas y Adolescentes, Adultos
Mayores, entre otros).
En base a los resultados anteriores y en concordancia con la metodología, se generaron espacios
de análisis – reflexión
3para el ajuste del PEI 2012 – 2016 que es el resultado de una lectura actual
de la Defensoría del Pueblo que, dentro las limitaciones presupuestarias, busca fortalecerse y
3
“La Defensoría del Pueblo en la gestión 2013”, Cochabamba enero de 2013. Comité de Coordinación Ampliado, La Paz (Zona de Aranjuez) enero de 2013. Reunión a solicitud del Comité de Coordinación y la MAE, La Paz (Salón Vienna) marzo de 2013.
8
generar impactos, acercándose de manera efectiva a la población, cumpliendo su mandato
constitucional de manera activa y protagónica.
El PEI ajustado y consensuado con todas las áreas sustantivas, basado en la matriz programática,
proyectos integrales que van a permitir una mejor calidad operativa. Considera proyectos cuyos
resultados permiten convertirlos en líneas estratégicas de otros proyectos relacionados y además,
otorga mayor énfasis a la transversalidad de género e interculturalidad, al trabajo integral entre
áreas y apoya positivamente al logro de los efectos y resultados.
V. MARCO CONTEXTUAL.
1. Aspectos Generales.
A fin de concentrarnos en los principales temas y problemáticas, abordamos desde nuestras
competencias los elementos esenciales de esta realidad sobre la que se construyen los cambios en
Bolivia. Nuestro análisis, no sólo hace referencia a nuestra historia, a la construcción de nuestro
9
país, con base en lo intangible de ser, sentirse y actuar como bolivianos y bolivianas, ante la deuda
histórica de constituir un país con identidad propia, comprendiendo y respetando a todos sus
actores como protagonistas en su constitución.
Conocedores y comprometidos con nuestra historia institucional, con los retos que nos demandan
nuestras competencias constitucionales, identificamos el escenario propicio que nos genera la
oportunidad de construir un país donde todos los bolivianos y bolivianas vivamos una realidad sin
exclusión, con visión solidaria y equidad social. En este marco, también sabemos que los procesos
de transformación de un país dependen de distintas variables: la actitud, convicción y compromiso
del pueblo y de sus gobernantes, la interacción e influencia con el contexto, nacional e
internacional, entre las principales.
Bolivia se encuentra en un proceso de cambios estructurales, que implican garantizar el ejercicio
de los derechos desde de los pueblos y naciones indígena originaria campesina, la erradicación de
la pobreza y toda forma de exclusión, discriminación, marginación y explotación y, el ejercicio
pleno de los derechos sociales, políticos, culturales y económicos, de forma que la solidaridad y la
reciprocidad se expresen en un patrón equitativo de distribución del ingreso y la riqueza, así como
en una población en situación de menor riesgo en lo social, económico y político.
Hoy en día nos reconocemos como un país plurinacional
4y en términos demográficos, la mayoría
de nuestra población es indígena (62%)
5.
Del total de la población (10.426.154 habitantes), 5.201.974 son hombres y 5.224.180 son
mujeres
6. Aproximadamente 3.734.181 personas son jóvenes menores de 15 años (1.903.360
hombres y 1.830,821 mujeres) y 2.924.583 son jóvenes entre 15 y 29 años, haciendo un total de
6.658.764 personas (63.86% de la población) que tienen menos de 30 años
7.
La esperanza de vida es de 64.24 años para los hombres y 68.54 para las mujeres.
La mortalidad infantil en niños menores a 5 años es de 64 por cada 1.000 para los hombres y 55
por cada 1.000 para las mujeres
8.
Siendo un país mayoritariamente indígena, de mujeres, niñas, niños y jóvenes, es importante
puntualizar que aún existen condiciones de discriminación por razón de género, clase, etnia, raza,
sexualidad y otras que restringen el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en general, de
las mujeres indígenas, originarias, campesinas y afro bolivianas en particular y de otros actores de
la población como , los colectivos TLGB, cuyo ejercicio de derechos es frecuentemente restringido
por la falta de reconocimiento y la persistencia de un sistema patriarcal que invisibiliza su aporte al
país y la sociedad boliviana.
4
Datos Socioeconómicos: Información extractada del documento de “Revisión de medio término: Plan Estratégico Institucional (2007-2011) de la Defensoría del Pueblo de Bolivia”, Gestión 2007.
5 Informe del Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, Misión a Bolivia, Documento A/HRC/11/11 del 9 de enero de 2009.
6 Bolivia Población total proyectada por años calendario y sexo, según edades simples 2005 – 2010. Fuente Instituto Nacional de Estadística.
7
Edad 30-39: 1.360.026 personas; Edad 40-49: 946.093 personas; Edad 50-59: 655.786 personas; Edad 60-69: 412.928; Edad 70-79 222.774 y 80 y más: 62.385.
10
En cuanto al escenario socio económico, la tasa de alfabetismo de las personas mayores de 15
años era de 86,7% (censo del año 2001). Según la Encuesta de Hogares 2007 – 2008 del INE, el
índice de alfabetismo total es de 90,7% (95% hombres y 86.9% mujeres). Sin embargo, con la
ejecución del Programa de Educación “Yo si puedo”, Bolivia fue declarada por el Gobierno, libre
de analfabetismo.
Según el Índice de Desarrollo Humano de 2007, el país está en la posición Nº 117 en el mundo, con
una puntuación de 0.695. El Informe de Desarrollo Humano de Bolivia muestra un avance de 0.563
en 1992 a 0.641 en 2001 y 0.669 en 2005
9.
En 2004, el 63.9% de la población de Bolivia vivía en pobreza y el 34.7% en extrema pobreza
10,
mientras que en América Latina esta situación alcanzaba al 48,3 % de la población. En 2009, la tasa
de personas que viven en extrema pobreza en el país, llegó a 37 %
11.
Variables como la inflación, el desempleo y el crecimiento económico, también influyen en la
estabilidad del Estado Plurinacional, estando en marcha un proceso de restructuración económica
que pretende consolidar un modelo económico propio, en el que se priorice el desarrollo humano
por sobre el desarrollo económico, mejorando el ejercicio de Derechos Económicos y Sociales del
pueblo boliviano en general y de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, en
particular.
Hoy en día se ha revertido la privatización y promovido la nacionalización de las mayores
industrias, con el objetivo de crear una política de desarrollo
12eficiente y justa. El Producto
Interno Bruto per cápita que en 2007 era de US$ 1.431, en 2008 alcanzó a US$ 1.833
13,
incrementándose en un 28,1% y desde el 2009 un crecimiento positivo sostenido por la situación
económica mundial
14, la inflación, que había aumentado a dos dígitos en el período 2006-2008, a
junio de 2009 había alcanzado una variación acumulada de -0,82% y en términos de inversión
pública, esta se ha incrementado de manera importante
15.
En el escenario político, la Asamblea Constituyente y la aprobación de la Constitución Política del
Estado, no sólo permitieron el nacimiento del Estado Plurinacional, sino que abrieron la posibilidad
de que todas las poblaciones participen de este espacio histórico de construcción de país, y se
contemplen sus Derechos Humanos, invisibilizados desde el nacimiento de la República. Este
nuevo momento en el país, también permitió encarar cambios profundos en la gestión del Estado
como la Elección de Autoridades Judiciales (16 de octubre de 2011), que se llevó a cabo por vez
primera, el Deslinde Jurisdiccional que regula los ámbitos de vigencia, dispuestos en la
Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras
jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, posibilitando que todos los bolivianos y bolivianas
accedamos a un sistema público con mayor justicia y el Proceso Autonómico que establece que los
9 Informe de Desarrollo Humano de 2007 ”El Estado del estado de Bolivia” accedido al Internet en Julio de 2009: http://idh.pnud.bo/webportal/LinkClick.aspx?fileticket=%2fxoeTztaBRk%3d&tabid=172&mid=1264
10
Social Panorama of Latín América, CEPAL. 11 El Tiempo, junio de 2009, p.28.
12 The Economist Intelligence Unit, Country Report Bolivia, August 2009. 13
United Nations Development Programme: www.undp.org (Acceso al Internet en junio de 2009). 14
La Razón. 29 de junio de 2009. 15www.eclac.cl
11
niveles de gobierno deberán configurarse a partir de la Autonomía Departamental, Autonomía
Regional, Autonomía Municipal, y Autonomía Indígena Originaria y Campesina.
Para la Defensoría del Pueblo, todos estos escenarios representan una oportunidad histórica para
el cumplimiento de su mandato constitucional, particularmente si tomamos en cuenta que el
proceso de elaboración de los Estatutos Autonómicos y cartas orgánicas brinda la posibilidad de
incluir al igual que en la CPE, Derechos Humanos y acciones concretas en pro de su vigencia,
exigibilidad y garantía.
Es imperativo que, en el marco de este conjunto de variables analizadas, no se soslaye ni pierda de
vista la necesidad de consolidar una realidad plurinacional y comunitaria, en la que el pueblo
ejerce poder político desde las regiones, con los movimientos sociales e indígenas. En esta nueva
coyuntura histórica, el pueblo no sólo elige sino que, revoca mandatos, ejerce control social sobre
la gestión estatal y es corresponsable en las decisiones sobre su propio desarrollo.
2. Balance de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia.
El balance respecto a los Derechos Humanos en Bolivia, no se fundamenta en un estudio o
diagnóstico, sino más bien en la identificación de aspectos coyunturales y estructurales que
actualmente afectan a los Derechos Humanos.
Desde los artículos 13 al 107, la Constitución Política del Estado, incorpora una amplísima gama de
derechos y garantías constitucionales, que la convierten en un ejemplo en el contexto
internacional. En comparación con la Constitución anterior, la actual, es sustancialmente más
amplia en el reconocimiento de derechos individuales y colectivos, visibilizando particularmente
los derechos de los pueblos indígena originario campesinos en múltiples artículos así como los
derechos de las mujeres en 24 articulados para la igualdad de género, y el respeto a los principios
de no – discriminación y no – violencia.
Sin embargo, pese a constituirse en marco legal sólido, el contexto en el cual nos desenvolvemos
evidencia contundentemente problemáticas que generan preocupación y ocupación de instancias
estatales y organismos de Derechos Humanos que están en la necesidad de colaborar al ejercicio
pleno de los derechos del pueblo, de una manera sostenida y concreta.
La Defensoría del Pueblo es la institución llamada a evidenciar, denunciar, vigilar, exigir y
coadyuvar en la justiciabilidad de deudas históricas con los sectores excluidos que ven como
utopía la justicia e inclusión social, política y económica de la población en general y en particular
los indígenas, las mujeres, los colectivos TLGB y los bolivianos y bolivianas fuera del país.
En el marco de sus atribuciones se hace énfasis en la situación de niños, niñas y adolescentes, pues
más de dos millones se enuentran en situación de pobreza, 1.056 viven en cárceles con padres que
cumplen sentencia
16, 130 viven con VIH/SIDA en todo el país
17, un número indeterminado vive
situación de violencia extrema, explotación laboral en la zafra de castaña, de caña de azúcar y la
minería y son altamente vulnerables a la actividad de trata y tráfico de personas. También es
16
El Diario, “oran junto a sus padres“. http://www.eldiario.net/noticias/2011/2011_02/nt110221/4_01scd.php. 21 de febrero de 2011.
12
relevante el incremento de la explotación sexual infantil y de la adolescencia, que es considerada
como violencia y agresión a los derechos de los menores, es condenada por la institución y pone
de manifiesto la necesidad de trabajar en políticas públicas para el campo educativo y en el
cambio de actitudes de la población en general.
Respecto a la situación de las mujeres, a más de 20 años de trabajo desde el Estado para disminuir
las brechas inequitativas y lograr la igualdad, aún se está lejos de alcanzar este objetivo, tal como
se establece en las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de toda
Forma de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
Hoy en día, la pobreza se concentra en las mujeres, los índices de mortalidad materna están entre
los primeros de la región y muchas mujeres indígenas campesinas originarias aún no pueden
acceder a servicios de salud interculturales que respeten su identidad y autonomía. La
investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, no contempla variables de género,
revictimizándolas e impidiéndoles el acceso efectivo a la justicia. La violencia sexual, la
intrafamiliar y el acoso en todas sus formas, no son denunciados ni visibilizados como un asunto
de interés público. El abandono escolar continúa afectando a las niñas y adolescentes mujeres. El
acoso político impide que las mujeres en general y las electas en particular, ejerzan sus derechos
políticos.
A pesar de que la Constitución Política del Estado reconoce el aporte económico de las mujeres al
desarrollo del país, este aporte no se contabiliza en los ingresos nacionales. La mayor
concentración laboral de mujeres se halla en el sector terciario informal y, por tanto, es
escasamente productivo y con bajos niveles salariales. Las mujeres productoras no están
contempladas en los planes y programas productivos del Estado y los proyectos dirigidos a ellas
tienen orientación de baja productividad y retorno.
La inequidad, desigualdad, discriminación y violencia que sufren las mujeres en Bolivia no son temas aislados
ni pueden entenderse desde ámbitos o espacios separados; tienen sus raíces en el patriarcado, una
ideología basada en el principio de superioridad, propiedad, control y dominio que los hombres asumen
respecto a las mujeres y que se reproduce en los ámbitos comunes de la educación como la familia, el
sistema educativo, las instituciones y los medios de comunicación. La vulneración de los derechos de las
mujeres debe analizarse como un engranaje del mismo modelo y enfrentarse también desde una
perspectiva integral.
De hecho la propia construcción teórica sobre la mujer, continúa bajo el modelo de la equidad de género
que concibe la necesidad del “reconocimiento” y al hablar de los derechos de las mujeres siempre lo hace en
relación a los derechos del hombre.
La inseguridad ciudadana incide negativamente en el incremento
de los niveles de violencia generalizada hacia las mujeres y contribuye al crecimiento de hechos de
violencia sexual y feminicidio. Particularmente preocupante es la situación de las mujeres
migrantes hacia Europa, que siendo las mayores y mejores remesadoras no tienen garantizado el
ejercicio de derechos y son vulnerables a la explotación económica, el tráfico de personas, la
violencia y el feminicidio.
Respecto a las NPIOC, existen múltiples condiciones de vulnerabilidad porque concentran altos
niveles de pobreza, no tienen garantizadas las condiciones mínimas para el desarrollo pleno de sus
medios de subsistencia (tierra y territorio, apoyo a la producción, seguridad alimentaria, etc.), no
acceden plenamente al ejercicio de los derechos individuales, ni al ejercicio de los derechos
13
colectivos, sufren situaciones de exclusión y discriminación que limitan sus oportunidades de
desarrollo, no participan de la formulación y ejecución de políticas públicas, porque los sistemas
de consulta y articulación se fundamentan en una categoría uniformizadora, que hacia adentro
considera mayorías y hacia afuera les posiciona como una minoría política, sufren la
homogenización colonial en el marco de la categoría indígena que, aunque se reivindica como
identificador de un movimiento, invisibiliza las necesidades particulares y las posibilidades
diferenciales de cada pueblo ante la participación y ejercicio del poder político, económico y
cultural.
En cuanto a las personas Adultas Mayores, que representan el 7% de la población boliviana, se
evidencia un cierto grado de marginamiento social, abuso y discriminación que se fundamenta en
una visión negativa del envejecimiento y requiere de una transformación cultural. La falta de
cumplimiento a las políticas públicas de parte de los gobiernos departamentales y municipales,
repercute en el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. La ausencia de
documentos de identidad, entre otros factores, restringe su acceso a beneficios como el
descuento del 20% en el transporte y servicios públicos y el cobro de la renta dignidad, tomando
en cuenta que son aproximadamente 777.894 personas, las beneficiarias de esta política pública.
Respecto a las personas privadas de libertad, la deficiente infraestructura de los centros
penitenciarios y la vulneración al derecho a la salud, han sido una constante que atenta contra la
dignidad humana, evidenciándose problemáticas de hacinamiento y retardación de justicia.
El tema de los prediarios, es una fuente de conflictos, así como la presencia de niños y niñas y la
alta vulneración de derechos de las mujeres privadas de libertad partiendo del hecho de que los
recintos no fueron construidos pensando en mujeres lo que ahora les expone a riesgos de
inseguridad y diversas formas de violencia, incluida la sexual.
La Constitución Política del Estado, también hace hincapié en los derechos de los migrantes y
refugiados en el país, así como en los derechos de los bolivianos y bolivianas en el exterior. Hemos
tenido etapas históricas que se caracterizaron por un incremento inusitado en el flujo de
emigración, asociada siempre a la pobreza y la falta de oportunidades, aunque en algunos casos,
relacionada también con crisis políticas. Estas oleadas migratorias tuvieron como destino principal
a países como Estados Unidos y Argentina aunque en el pasado reciente se dirigieron también a
países europeos como España donde el boom de la construcción y las políticas receptivas,
atrajeron una gran cantidad de migrantes latinoamericanos durante la década pasada. En la
Argentina, según cifras de la OIM
18, habría 350.000 ciudadanos y ciudadanas bolivianos
constituyendo la segunda población migrante en cantidad después de la paraguaya; están
distribuidos en la región metropolitana y el interior y se dedican a una diversidad de tareas
aunque principalmente a actividades agrícolas y comerciales.
Nuestros datos señalan que en Brasil tenemos alrededor de 100.000 compatriotas migrantes, en
España 250.000 y cifras menores aunque importantes en Chile y Estados Unidos. Las señaladas son
las cifras oficiales y corresponden normalmente a las y los ciudadanos registrados por los
organismos estatales de recepción, ya que los cálculos estimativos de personas migrantes en
18 Según cifras de la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), por ejemplo, el 6% de nuestra población es migrante y esta actividad aporta casi 60 mil millones de dólares a las economías locales, aunque los principales países de destino siguen siendo Estados Unidos y algunas naciones europeas, es notable una variación de destino hacia otras regiones del mundo.
14
situación irregular podrían superar los 2 millones, de los que, una gran cantidad se encuentran en
Argentina, Brasil y España. Ahora, el perfil del y la migrante bolivianos tiene características
especiales; generalmente están impulsados por la situación de pobreza y falta de oportunidades,
emigran con la idea de retornar, adoptan la tendencia a conformar comunidades afines,
mantienen e incluso promueven sus manifestaciones culturales aunque también se adaptan con
rapidez a las condiciones materiales, políticas y culturales de las sociedades que los acogen; tienen
escasa formación profesional por lo que se dedican a tareas con baja remuneración; en su mayoría
son jóvenes; muchos son de origen indígena y, además hemos detectado una ligera mayoría de
mujeres en la composición de género.
Actualmente se viene trabajando en la formulación del anteproyecto de ley del migrante, que de
aprobarse, beneficiará a solicitantes de asilo o refugio y a la protección de personas extranjeras en
Bolivia.
En cuanto a los derechos del consumidor, aunque éstos se encuentran constitucionalizados e
implican el suministro de alimentos, fármacos y productos en general, en condiciones de
inocuidad, calidad y cantidad adecuada y suficiente, la realidad muestra que se hallan en una
grave situación de vulnerabilidad ya que no existen controles ni mecanismos de seguimento que
garanticen a los ciudadanos y ciudadanos la provisión de productos y servicios en las condiciones
señaladas. En la actualidad, se plantea la necesidad de reglamentar todo lo que significa la
atención a reclamos y denuncias.
En el marco del análisis en torno a la vulneración de derechos se visibiliza la persistencia de
prácticas de tortura y agresiones psicológicas y físicas que atentan contra el derecho a la
integridad física y la vida en algunas instalaciones militares
19y policiales
20, evidenciando la
persistencia de una situación de colonialidad que se resiste a ser erradicada. De igual manera se
considera a la inseguridad ciudadana que diariamente golpea a los centros urbanos más
importantes del país, pues pese a los esfuerzos de las autoridades de las gobernaciones y el Estado
Central, la ciudadanía no percibe cambios cualitativos.
En cuanto al derecho a la salud, el sistema único de salud debería ser universal, gratuito,
equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. Sin
embargo, el sistema no cuenta con personal especializado en algunas ramas, los convenios con los
servicios de salud son de corta duración y muchos gobiernos municipales no los renuevan.
La negligencia médica continúa siendo un problema persistente, lo que se evidencia en varios
casos que han merecido una investigación y pronunciamiento de parte de la institución
21, con
respecto a la realización de auditorías médicas externas y el cumplimiento de recomendaciones
relacionadas al inicio de acciones de responsabilidad. Los reclamos recibidos están relacionados a
diversas situaciones como diagnósticos equivocados, falta de atención oportuna, malas
intervenciones, atención inadecuada y maltrato, falta de información a los familiares, solicitud de
devolución de gastos médicos como consecuencia de negativa, mala atención médica,
incumplimiento de las recomendaciones contenidas en las auditorias médicas y la falta de
19
Caso Sbtte. Poma, caso Alvaro López, entre muchos.
20 Caso Olorio.15
atención a solicitudes de las mismas ante el SEDES y el Instituto Nacional de Seguros de Salud
(INASES), en sintesis, pareciera que la salud no se la considera como un Derecho Humano.
En materia normativa se registró un importante avance con la promulgación de leyes marco
orgánicas sobre los regímenes de Autonomías, Órgano Electoral, Régimen Electoral, Órgano
Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. La elección de magistrados, mediante voto
popular, para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal
Agroambiental y el Concejo de la Magistratura, constituye un avance significativo en la
democratización de la justicia. Sin embargo, aún existe la necesidad de profundizar el trabajo en
torno a derechos como la libertad de expresión que, eventualmente, podrían estar en riesgo con
estos procesos, asi como demostrar su independencia como uno de los del Estado, generando
jurisprudencia para la exigibilidad y justiciabilidad de los Derechos Humanos.
En la administración de justicia subsisten prácticas vulneradoras de derechos que desembocan en
impunidad, como en los casos de Gonzalo Sánchez de Lozada (octubre 2003), la agresión sufrida
por campesinos de Chuquisaca (mayo 2008) y la Masacre de Pando (septiembre 2008), entre
otros. No obstante, también existen avances que demuestran que la impunidad puede romperse,
como en el caso de la sentencia condenatoria a los militares que participaron de los sucesos de
octubre de 2003, dictada el 30 de agosto del 2011, y que se constituye en el único caso de
militares que cometieron abusos en democracia y fueron condenados a prisión.
Entre el gobierno y las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, también se registran
conflictos por la construcción del tramo carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que, atraviesa
el Area Protegida/TCO TIPNIS, sin que previamente se diera una atención especial al derecho a la
consulta. Este tema en particular, requirió de la intervención institucional para evitar los brotes de
violencia.
3. Los Derechos Humanos más vulnerados denunciados a la Defensoría del Pueblo.
El presente análisis es producto de la revisión en torno a quejas registradas en el sistema de la
Defensoría del Pueblo, en las 16 oficinas de la institución.
En correspondencia al análisis de estos datos, durante la gestión 2007, la Seguridad Social fue el
derecho más vulnerado, registrándose un número toral de 257 quejas, particularmente en tres
Representaciones Departamentales (Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz) y dos Mesas Defensoriales
(Riberalta y Llallagua). El derecho a la integridad física, psíquica y moral, fue el segundo más
vulnerado, siendo reportado en las Representaciones Departamentales de Oruro, Tarija y Yungas
(ahora Caranavi). El derecho de todo ciudadano a tener acceso a las funciones públicas, fue el
tercero más vulnerado, siendo reportado por la Representación Departamental de Cochabamba y
la Representación Especial de Chapare.
En la gestión 2008, el derecho más vulnerado fue el laboral, ya que este fue el reportado en cinco
oficinas regionales (Chuquisaca, Potosí, La Paz, Beni y El Alto). El derecho de todo ciudadano a
tener acceso a las funciones públicas, fue el segundo más vulnerado, reportándose en las oficinas
regionales de Oruro y Cochabamba y las mesas defensoriales de Riberalta y el Chapare. El derecho
a la integridad física, psíquica y moral, fue el tercero más vulnerado, reportándose en la oficina
regional de Tarija y las mesas defensoriales de Yacuiba y los Yungas.
16
En la gestión 2009, dos fueron los derechos más vulnerados: el derecho de todo ciudadano a exigir
responsabilidad sobre los actos de la administración pública, con 493 quejas admitidas en las
oficinas de Cochabamba, Riberalta, El Alto, Llallagua y Chapare y; el derecho laboral que registró
466 quejas admitidas y se reportó en las oficinas regionales de Chuquisaca, Potosí, La Paz, Beni y
Pando. En la misma gestión, el derecho a la integridad física, psíquica y moral fue el segundo más
vulnerado, reportándose en tres oficinas (Tarija, Yacuiba y Puerto Suarez). La seguridad social fue
el tercer derecho más vulnerado y se reportó en las oficinas de Santa Cruz y los Yungas.
Para la gestión 2010, el derecho de todo ciudadano a exigir responsabilidad sobre los actos de la
administración pública, fue el más vulnerado, registrándose 526 quejas en las oficinas de Oruro,
Tarija, Beni, Riberalta, El Alto, Llallagua, Chapare, y Puerto Suarez. El derecho laboral trabajo, fue
el segundo más vulnerado, reportándose en las oficinas regionales de Chuquisaca, Potosí, La Paz y
Pando y en la Mesa Defensorial de los Yungas. El derecho a la integridad física, psíquica y moral,
fue el tercero más vulnerado, siendo reportado por las oficinas de Cochabamba y Yacuiba.
En el periodo 2007- 2010, las instituciones gubernamentales más denunciadas fueron el Servicio
Departamental de Educación de La Paz (SEDECA-LP), el Ministerio de Educación y Culturas, el
Comando Departamental de la Policía de La Paz, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto
(SENASIR) y el Gobierno Municipal de La Paz
22.
VI. MARCO CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO.
Bolivia ha firmado todas las convenciones y declaraciones internacionales más importantes sobre
Derechos Humanos. A su vez, la existencia de una Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos,
ha posibilitado tener avances generales y concretos en el goce y ejercicio de los Derechos
Humanos de Bolivia, este aspecto se visibiliza por distintas leyes, normativas, programas y políticas
públicas
23, sobresaliendo lo referido a materia de los derechos económicos, sociales y culturales.
La Constitución Política del Estado, aprobada por un referéndum
24el 25 de enero de 2009, y
promulgada como la norma fundamental de Bolivia el 7 de febrero de 2009, es la primera
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Estructurada en cinco partes, con un total
22 Análisis realizado en base a los Informes Anuales del Defensor del Pueblo Gestiones 2007, 2008 y 2009. 23
Entre ellas figuraban programas para mejorar el nivel de alfabetización y de asistencia escolar, paliar la desnutrición, construir más viviendas sociales y proporcionar pensiones de jubilación.
24
Aprobada en un referéndum con el 90,24% de participación. La consulta fue celebrada el 25 de enero de 2009 y el voto aprobatorio alcanzó el 61,43% del total, es decir, 2.064.417 de votos. El “no”, por su parte, alcanzó 1.296.175 de sufragios (es decir, el 38,57%).
17
de 411 artículos, la establece que Bolivia es un Estado Plurinacional Comunitario y Unitario Social
de Derecho,…intercultural,…autonómico,…con pluralidad y pluralismo…jurídico, entre otros
25.
1. Mandato Constitucional y Base Legal de la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo es una institución que, por decisión de la Asamblea Constituyente, se
mantuvo en la Constitución Política del Estado. El nuevo texto constitucional, encomienda en los
artículos 218 al 224 a la Defensoría del Pueblo:
“…velar por la vigencia, promoción difusión y cumplimiento de los Derechos Humanos,
individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos
internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el
sector público y a la actividad de las instituciones que presten servicios públicos…”.
“…la promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos
en el exterior…”
“…autonomía funcional, financiera y administrativa, en el marco de la ley. Sus funciones se
regirán bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el ejercicio de
sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado…”
La Ley 1818 del Defensor del Pueblo (actualmente con la denominación Defensoría del Pueblo)
señala que tiene como responsabilidades esenciales: “…velar por la vigencia y el cumplimiento de
los derechos y garantías de las personas en relación con la actividad administrativa de todo el
sector público; promoviendo la vigencia, divulgación y defensa de los Derechos Humanos.
Teniendo por misión legal, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y protección de las
garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y
las Leyes…”.
Actualmente, una de las tareas prioritarias de la nueva administración y el titular de la Defensoría
es la elaboración de la propuesta de Ley de la Defensoría del Pueblo.
A su vez, el texto constitucional y la Ley vigente del Defensor del Pueblo, definen el mandato de la
institución para investigar quejas, proveer recomendaciones, proponer modificaciones a leyes,
decretos y resoluciones dentro el marco de los Derechos Humanos; monitorear centros de
detención y tener acceso a personas privadas de su libertad; promover los Derechos Humanos;
concebir, ejecutar y supervisar programas para la defensa, promoción y difusión de información
sobre Derechos Humanos; y establecer mecanismos de coordinación en colaboración con
instituciones y organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales.
El mandato incluye gestionar convenios de cooperación técnica-financiera con organizaciones
nacionales e internacionales.
25
Artículo 1: Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
