Cuando la crisis empezó, CCOO advertió que lo que se ponía en juego era cómo se repartían los costes que aca- rrearía la misma y como se salía de ella.
Este cuestionamiento se justificaba por la tradicional ten- dencia de los poderes económicos y políticos a cargar los costes en “los de siempre”, por tanto sin un reparto equi- tativo de los mismos.
En este caso, además, teniendo en cuenta la crisis del mo- delo de desarrollo seguido por España en las últimas dé- cadas y la particular cultura de una parte importante de nuestro empresariado (crisis, reducción de plantillas, au- mento del paro, precariedad y bajos costes laborales) cabía sospechar que pretendiesen afrontar la salida, no pensando tanto en el necesario cambio de modelo que nos había llevado hasta donde estamos, ya que les su- pondría menos beneficios en el corto plazo - aunque me-
jores expectativas de futuro - como en seguir apostando por recuperar la tasa de ganancia por la vía más fácil y cómoda, explotando las ventajas de los bajos costes la- borales.
La ausencia de medidas en el plano internacional y par- ticularmente de la UE para regular el mercado financiero, así como las políticas recientemente anunciadas por el
Gobierno de España ponen de manifiesto que son los es- peculadores financieros, los mismos que originaron la si- tuación de crisis financiera internacional por la que atravesamos, los que están imponiendo sus tesis de sa- lida.
1. La crisis internacional
Estamos ante una profunda crisis financiera y económica internacional. La primera gran crisis de la economía glo- balizada.
Su origen se encuentra en la prevalencia de la economía especulativa frente a la productiva y en la ausencia de controles del sistema financiero, sobre todo en EEUU, donde se ha jugado irresponsablemente liberando crédito sin garantías en torno al mercado inmobiliario.
En un principio los instigadores de la crisis estaban des- orientados, agazapados y aparentemente en retirada. Se llegó a plantear la necesidad de refundar el capitalismo (Sarkozy) y era un lugar común en los foros internaciona- les impulsar la intervención de la política en la economía, algo insólito en los años de prevalencia de las tesis neo- liberales. Se hablaba de regular los mercados financieros y todavía hoy planea en el debate la conveniencia de es- tablecer una tasa que grave las transacciones internacio- nales.
A pesar de la falta de coordinación de las políticas en el plano internacional la mayoría de países apostaron por inyectar una fuerte cantidad de recursos públicos a la
“La especulación y la dictadura de los mercados en el origen
de la crisis”
Plan de ajuste:
gana el mercado, pierde la democracia
razones 21 Mayo 2010
economía (políticas Keynesianas), en primer lugar para salvar el sistema financiero y en segundo para reanimar la actividad económica.
Pero lo cierto es que hoy la ausencia de determinación manifestada en las diversas cumbres de los países más ricos del planeta (G20) y particularmente en la UE ha fa- vorecido que las políticas decididas en ámbitos suprana- cionales se presenten como sumisas a los dictados de los mercados, en una clara renuncia de hacer prevalecer la autoridad de la democracia. Así vemos como la política de austeridad dictada por la Unión Europea aboga por la retirada precipitada de los estímulos públicos de la eco- nomía y por ajustes duros del Estado de Bienestar, en un ejercicio poco realista para contener los déficits públicos, en plazos y condiciones difícilmente soportables de buena parte de las economías y sociedades europeas.
2. La crisis en España
En España, la crisis internacional tiene una repercusión más aguda, por coincidir con el agotamiento del modelo de crecimiento que se ha seguido en las últimas décadas, hasta el punto de que España habría entrado en crisis aun en el caso de que no se hubieran dado las presentes circunstancias internacionales.
El modelo de crecimiento español se ha caracterizado por el fuerte tirón de la construcción de vivienda residencial, fomentada por los bajos tipos de interés, y del sector ser- vicios. Las consecuencias son conocidas: desorbitado en- carecimiento del precio de la vivienda que ha llevado a las familias españolas a un nivel de endeudamiento difí- cilmente asumible; gran crecimiento del empleo de baja cualificación, escasa estabilidad, insuficiente protección y bajos salarios, y beneficios empresariales, altísimos en muchos casos, que no se han reinvertido en herramientas de futuro, como son la investigación, la innovación y la formación de los trabajadores y trabajadoras, sino que se han ido hacia la retribución del capital, los altos rendi- mientos que ofrecía el sector inmobiliario o a gastos sun- tuarios.
Así, en el momento en que ha estallado la burbuja inmo- biliaria se ha paralizado la actividad constructora, que ha arrastrado a las empresas auxiliares en primer término y ha afectado a la demanda interna extendiéndose al con- junto de la actividad económica. Con ello ha empezado una destrucción de empleo que nos ha colocado por en-
cima de los cuatro millones y medio de personas en paro, con una tendencia creciente.
La caída del empleo, que se agudiza por la incapacidad de nuestra economía de absorber el crecimiento de la po- blación activa, se ha cebado en el empleo temporal, que es el que menos derechos de protección acumula, si- tuando a más de un millón de personas en riesgo de ex- clusión social; ha incrementado la morosidad y ha retraído el consumo, lo cual agudiza el círculo vicioso afectando a la producción de bienes y servicios y llevando, todo ello, a una mayor pérdida de puestos de trabajo.
El Gobierno español, inicialmente, había seguido las mis- mas pautas que la mayoría de gobiernos: ayuda al sis- tema financiero, apuesta por la inversión pública. A esto añadía algo que se presentaba como una seña distintiva, respeto a los de derechos laborales y sociales de las per- sonas en activo y desempleadas.
A finales de enero ya empezamos a tener algún síntoma del cambio de orientación que se consumó el 12 de mayo.
Presentación del plan de austeridad e intención de alar- gar la edad obligatoria de jubilación de los 65 a los 67 años. Ahora se ha dado a conocer un nuevo plan que an- ticipa en dos años medidas de ajuste de gasto pactadas
para 2012-2014 y a las que se añaden otras de especial gravedad: congelación de las pensiones y rebaja del sueldo de los empelados públicos, deterioro de las políti- cas sociales…
En España está sucediendo lo mismo que denunciába- mos. Un Gobierno que se distinguía por aguantar las pre- siones para realizar ajustes duros que atentasen a derechos, acaba plegándose a las presiones de los mer- cados con un seguimiento acrítico de las indicaciones de la UE.
Recordemos que el Presidente de CEOE el Sr Diez Ferrán que al inicio de la crisis abogó por poner entre paréntesis el capitalismo, hoy es el más firme avalador de las inicia- tivas del Gobierno.
“Los desequilibrios de nuestro modelo productivo agravan la
crisis en España”
razones
3. Cómo afrontar la crisis
Enfrentar la crisis desde una apuesta por proteger a las personas (especialmente a los más castigados por ella), garantizar la protección social, reanimar la actividad eco- nómica y promover un cambio del patrón de crecimiento exige ingente cantidad de recursos públicos.
En España se han puesto a disposición del sistema finan- ciero importantes recursos, se ha invertido en obra pú- blica para reactivar la economía y amortiguar la pérdida de empleo y se ha mantenido, incluso incrementado, la protección social. Pero estas políticas necesarias que, sin duda, suponen mucho gasto, han estado precedidas de una política de rebajas fiscales e iniciativas muy costosas (cheque bebé, deducción de 400 euros…) de marcado carácter electoralista, que han supuesto que en poco menos de dos años pasásemos de tener un superávit en las arcas públicas superior al 2% a un déficit del 11,2%.
El déficit público (la diferencia entre ingresos y gastos) supone un problema para el país porque significa que no disponemos de recursos monetarios para poder hacer frente a los pagos que debemos realizar. Por ello, España
debe pedir créditos (como cualquiera de nosotros en si- milares circunstancias) a través de la emisión de deuda pública que se devuelve con intereses. Estos intereses son más elevados cuanta menos seguridad ofrece el país a los posibles compradores de deuda. De ahí que la solven- cia del país, la confianza que transmite a los posibles compradores, sea fundamental para pagar bajos intereses por el mismo dinero.
Las presiones especulativas que hemos sufrido estos días por parte de los mercados financieros han ido en la di- rección de obligar a elevar los intereses que España debe pagar por la deuda emitida.
Esta ha sido la argumentación, poco o nada explicitada, que ha dado el Gobierno para justificar las medidas que presentó el pasado 12 de mayo y que suponen un recorte del gasto de 15000 millones de euros, adicionales a los 50.000 millones previstos en el Plan de Austeridad pre- sentado el 29 de enero.
Pero ante este hecho cabe preguntarse si la única manera de salir al paso de esta situación es recortando el gasto.
El déficit se puede combatir reduciendo gastos, también incrementando l ingresos.
Para CCOO es compatible reducir el déficit manteniendo los derechos sociales reduciendo gastos que son fruto de las ineficiencias del sistema y, sobre todo, aumentando los ingresos. El Gobierno actúa justo en el sentido con- trario al que, en nuestra opinión, debería hacerlo.
4. Qué suponen las medidas que promueve el Gobierno
Las medidas promovidas por el Gobierno: congelar pen- siones, rebajar el salario a los empleados públicos, supri- mir el período transitorio para adaptar el régimen de jubilación parcial, o ajustar el periodo de carencia para tener derecho a pensión hasta 15 años, suprimir la retro- actividad en materia de dependencia, reducir la inversión pública, merecen nuestro absoluto rechazo por que:
1. Son injustas y desequilibradas.
Injustas pues la congelación de las pensiones afecta a uno de los sectores más débiles de la sociedad como es el de los pensionistas. Así mismo la supresión de la retro- actividad de la dependencia castiga a aquellas personas más desvalidas además de premiar a la CCAA que menos y peor han desplegado la Ley. Recortar los salarios de los
empleados públicos también es injusto pues se hace hur- tándoles el derecho a la negociación y amparándose en una imagen construida interesadamente por la cual se les ve como unos privilegiados, olvidando que se trata de colectivos con salarios moderados y bajos, fundamentales para garantizar el funcionamiento del país y los servicios básicos a la comunidad.
Desequilibradas ya que se opta por reducir el gasto
“El Gobierno español ha acabado cediendo a las presiones de los
mercados financieros”
“El plan de ajuste es desequilibrado
y antieconómico, y quiebra la
legitimidad del diálogo social”
abandonando cualquier objetivo de incrementar los in- gresos. En una situación como la actual todos debemos enfrentar sacrificios, pero debemos recordar que los tra- bajadores y trabajadoras ya los estamos soportando en forma de pérdida de puestos de trabajo y ausencia de ex- pectativas de encontrarlo, además de haber aceptado pactar acuerdos para la negociación colectiva que supo- nían una moderación salarial hasta el año 2012. Alguno de ellos es ahora incumplido por el Gobierno.
2. Son antieconómicas.
Reducir la capacidad de compra de pensionistas y emple- ados públicos provocará un descenso del consumo cuando la reactivación económica precisa estimular la de- manda. Por otra parte, la reducción de la inversión en obra pública frenará la actividad económica y supone re- nunciar a crear empleo en ese ámbito, e incluso, puede provocar pérdida adicional de puestos de trabajo. El pro- pio Gobierno ha empezado a reconocer que la previsión de crecimiento, escasa de por sí, se verá mermada por el impacto de estas medidas.
3. Suponen una quiebra de la legitimidad del diá- logo social.
La congelación de las pensiones va en contra de 15 años de consenso en torno al Pacto de Toledo que ha permitido garantizar la viabilidad de nuestro sistema público, una de cuyas regulaciones legales, como es la revalorización anual de las pensiones, se va a dejar sin efecto. En este mismo sentido, reducir el salario de los empleados públi- cos “por decreto” supone un flagrante incumplimiento de los acuerdos suscritos hace pocos meses entre Go- bierno y sindicatos.
4. Contamina y amenaza la negociación colectiva en el sector privado que también había sido objeto de acuerdo entre empresarios y sindicatos en torno al Acuerdo de Negociación Colectiva 2010-2012. Empieza a ser significativo el número de convenios que debían ne- gociarse y que desde el anuncio del Presidente se han bloqueado o roto por las pretensiones empresariales de aplicar rebajas salariales a rebufo de lo planteado por el Gobierno en la función pública.
¿Qué propuestas alternativas plantea CCOO
1. Flexibilizar los contenidos y plazos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
El citado Pacto fuerza a los países de la Unión a adoptar medidas drásticas en la contención del gasto que su- pondrán la retirada de los apoyos públicos a la economía y graves costes sociales. Mantener los compromisos adquiridos en el marco de la UE en el actual contexto económico y social, es materialmente imposible. Es inex- cusable que el Gobierno de España, junto a otros países de la Unión, lidere la necesaria flexibilización del Pacto de Estabilidad.
2. Reconstruir la estructura fiscal del Estado, actuando sobre los ingresos y no solo sobre el gasto.
CCOO ha sido profundamente crítico con la lógica desfiscalizadora en la que entró el Gobierno a partir del año 2007 (como lo fuimos con las que se produjeron en etapas anteriores) por lo que tenían de estímulos al ciclo expansivo de la economía entonces, por su falta de equidad ya que beneficiaban más a las rentas más altas (supresión del impuesto de patrimonio, práctica desaparición del impuesto de sucesiones, rebaja del 45 al 43 del IRPF a las rentas más altas, reducción del impuesto de sociedades…) porque se comían recursos que ahora nos hubieran sido muy necesarios y, en definitiva, por ser una pésima pedagogía respecto al papel que juegan los impuestos en una economía social de mercado que tiene uno de sus pilares en el Estado del Bienestar.
razones
Incrementar los ingresos: En estas condiciones CCOO es partidaria de un replanteamiento en profundidad de nuestro sistema fiscal, de manera que se pudiese empezar por recuperar las figuras fiscales que en este tiempo atrás han desaparecido: elevar la presión fiscal a las grandes empresas y particulares que, pese a la crisis, mantienen elevados beneficios e ingresos, combatir decidida y eficazmente el abultado fraude fiscal y la economía sumergida.
En este sentido consideramos necesario introducir una tasa específica al sector financiero. El sector fi- nanciero que ha consumido y va a seguir consumiendo recursos públicos para abordar su necesario proceso de reestructuración, debe contribuir también a reforzar los ingresos del Estado, mediante una tasa específica.
Estas medidas nos ofrecerían suficientes recursos como para no tener que recurrir a la reducción del gasto en partidas sociales como pretende el Gobierno.
Además, no es cierto que medidas como las seña- ladas desincentiven la inversión ni que vayan a pro- vocar una huida de capitales de nuestro país. Ni en nuestro país ni en otros, medidas como las que pro- ponemos han generado tal reacción. Es bueno re- cordar, por otra parte, que la presión fiscal en
España es inferior a la media europea en un 3,3% (un 37,1 frente a un 40,4)
Reducir gastos es una de las vías que, sin duda, habrá que utilizar para atajar el fuerte déficit que aqueja a la economía española. La cuestión radica en que tipo de gastos pueden recortarse sin que afecten a los derechos sociales y laborales ni a la inversión pública en infraestructuras, que sigue siendo necesaria para reactivar la actividad económica y generar empleo, hasta que el capital privado salga del refugio del ahorro.
A este respecto el Partido Popular y toda la derecha mediática han hecho mucha demagogia sugiriendo que se corten las ayudas a los partidos políticos y sindicatos. Es una afirmación demagógica si tenemos en cuenta que la financiación de estas instituciones está contemplada como un desarrollo del papel institucional que la Cons- titución nos asigna y exige en nuestro sistema democrático. En el caso de las organizaciones sindicales, la labor de representación, negociación y defensa, con carácter general, no sólo para las personas afiliadas, de los in- tereses de los trabajadores y trabajadoras.
Para CCOO debe explorarse una línea de ahorro por la vía de corregir ineficiencias que caracterizan la estructura administrativa del Estado. Pensamos en la duplicidad de servicios que genera la descentralización administrativa.
Siendo como somos en CCOO firmes defensores del Estado de las Autonomías y conscientes de que todavía resta una descentralización mayor para dotar de mayor capacidad de maniobra a las corporaciones locales, también creemos que es compatible este proyecto con garantizar una estructura más armónica que evite las reproducción de ámbitos que no aportan mayor eficiencia a las AAPP y que en cambio incrementan los costes de éstas. Junto a ello, la descentralización competencial debe ir acompañada de un aumento equilibrado de la corresponsabilidad fiscal entre las distintas administraciones públicas.
3. Adoptar medidas de regulación estricta del sector financiero, de las
transacciones financieras internacionales, poniendo coto a los movimientos especulativos.
Evitar que se reproduzcan las condiciones en las que ha operado el sector financiero especulativo es fundamental para que no se vuelvan a generar crisis como la que atravesamos. En este sentido se hace indispensable la ar- ticulación de una respuesta fuerte y coordinada a nivel internacional para establecer mecanismos de estricta regulación del sistema financiero. Esta regulación debería complementarse con una tasa que grave las trans- acciones financieras internacionales. Al mismo tiempo, el Gobierno español, que preside la UE, debería
“Hay otra forma de hacer las cosas
sin necesidad de vulnerar los
derechos sociales y laborales”
liderar una actuación mancomunada ante los ataques a la deuda de los Estados de la UE y al Euro, poniendo coto a los movimientos especulativos.
4. Reestructurar el sector financiero en España
Adoptando medidas que fortalezcan el grado de solvencia de las entidades financieras, que garanticen el flujo del crédito a las empresas y familias. En el caso de las Cajas consideramos que éstas deben avanzar en los pro- cesos de fusión en marcha, con criterios de refuerzo de su solvencia y viabilidad, con el mayor respeto al empleo en el sector y manteniendo su actual naturaleza jurídica.
5. El necesario Pacto de Estado por la economía, el empleo y la cohesión social.
Somos conscientes que las formaciones políticas se están moviendo a golpe de encuesta electoral y que todas miran a la evolución de la crisis para conseguir sus objetivos, mantenerse o llegar al poder, lo que hace difícil- mente imaginable que haya voluntad de sacrificar tales estrategias en beneficio del país.
No obstante, hay que insistir en que para enfrentar la crisis, sus efectos más negativos en términos de destruc- ción de empleo y de tejido productivo, y establecer las bases de un nuevo patrón de crecimiento que garantice mayor riqueza y un mejor reparto de la misma asegurando la cohesión social, se requiere del esfuerzo de toda la sociedad a través de una negociación y compromiso sin-
cero en el que se impliquen con capacidad de liderazgo el Gobierno, los partidos políticos, la patronal y los sindica- tos.
En un Estado fuertemente descentralizado como el espa- ñol, las CCAA, que en estos años han asumido importantes
competencias en todos los órdenes, deberán asumir un papel activo. El Gobierno central deberá coordinar las medidas que éstas ya están adoptando con las que se puedan acordar en el ámbito nacional.
4 El esfuerzo y generosidad que demandamos sería capital en estos mo- mentos para abordar medidas equilibradas en la lógica de combinar reducción de gastos y búsqueda de nuevos ingresos que permitiesen combatir el déficit preservando las políticas sociales
“Hace falta un pacto de todos para salir de la crisis”
Confederación Sindical de Comisiones Obreras
Cuando la crisis empezó, CCOO advirtió que lo que se ponía en juego era cómo se repartían los costes que aca- rrearía la misma y como se salía de ella.
Este cuestionamiento se justificaba por la tradicional ten- dencia de los poderes económicos y políticos a cargar los costes en “los de siempre”, por tanto sin un reparto equi- tativo de los mismos.
En este caso, además, teniendo en cuenta la crisis del mo- delo de desarrollo seguido por España en las últimas dé- cadas y la particular cultura de una parte importante de nuestro empresariado (crisis, reducción de plantillas, au- mento del paro, precariedad y bajos costes laborales) cabía sospechar que pretendiesen afrontar la salida, no pensando tanto en el necesario cambio de modelo que nos había llevado hasta donde estamos, ya que les su- pondría menos beneficios en el corto plazo - aunque me-
jores expectativas de futuro - como en seguir apostando por recuperar la tasa de ganancia por la vía más fácil y cómoda, explotando las ventajas de los bajos costes la- borales.
La ausencia de medidas en el plano internacional y par- ticularmente de la UE para regular el mercado financiero, así como las políticas recientemente anunciadas por el
Gobierno de España, ponen de manifiesto que son los es- peculadores financieros, los mismos que originaron la si- tuación de crisis financiera internacional por la que atravesamos, los que están imponiendo sus tesis de sa- lida.
1. La crisis internacional
Estamos ante una profunda crisis financiera y económica internacional. La primera gran crisis de la economía glo- balizada.
Su origen se encuentra en la prevalencia de la economía especulativa frente a la productiva y en la ausencia de controles del sistema financiero, sobre todo en EEUU, donde se ha jugado irresponsablemente liberando crédito sin garantías en torno al mercado inmobiliario.
En un principio los instigadores de la crisis estaban des- orientados, agazapados y aparentemente en retirada. Se llegó a plantear la necesidad de refundar el capitalismo (Sarkozy) y era un lugar común en los foros internaciona- les impulsar la intervención de la política en la economía, algo insólito en los años de prevalencia de las tesis neo- liberales. Se hablaba de regular los mercados financieros y todavía hoy planea en el debate la conveniencia de es- tablecer una tasa que grave las transacciones internacio- nales.
A pesar de la falta de coordinación de las políticas en el plano internacional la mayoría de países apostaron por inyectar una fuerte cantidad de recursos públicos a la
Plan de ajuste:
gana el mercado, pierde la democracia
razones
21 Mayo 2010
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“La especulación y la dictadura de los mercados en el origen
de la crisis”
economía (políticas Keynesianas), en primer lugar para salvar el sistema financiero y en segundo para reanimar la actividad económica.
Pero lo cierto es que hoy la ausencia de determinación manifestada en las diversas cumbres de los países más ricos del planeta (G20) y, particularmente en la UE, ha fa- vorecido que las políticas decididas en ámbitos suprana- cionales se presenten como sumisas a los dictados de los mercados, en una clara renuncia de hacer prevalecer la autoridad de la democracia. Así vemos como la política de austeridad dictada por la Unión Europea aboga por la retirada precipitada de los estímulos públicos de la eco- nomía y por ajustes duros del Estado de Bienestar, en un ejercicio poco realista para contener los déficits públicos, en plazos y condiciones difícilmente soportables de buena parte de las economías y sociedades europeas.
2. La crisis en España
En España, la crisis internacional tiene una repercusión más aguda, por coincidir con el agotamiento del modelo de crecimiento que se ha seguido en las últimas décadas, hasta el punto de que España habría entrado en crisis aun en el caso de que no se hubieran dado las presentes circunstancias internacionales.
El modelo de crecimiento español se ha caracterizado por el fuerte tirón de la construcción de vivienda residencial, fomentada por los bajos tipos de interés, y del sector ser- vicios. Las consecuencias son conocidas: desorbitado en- carecimiento del precio de la vivienda que ha llevado a las familias españolas a un nivel de endeudamiento difí- cilmente asumible; gran crecimiento del empleo de baja cualificación, escasa estabilidad, insuficiente protección y bajos salarios, y beneficios empresariales, altísimos en muchos casos, que no se han reinvertido en herramientas de futuro, como son la investigación, la innovación y la formación de los trabajadores y trabajadoras, sino que se han ido hacia la retribución del capital, los altos rendi- mientos que ofrecía el sector inmobiliario o a gastos sun- tuarios.
Así, en el momento en que ha estallado la burbuja inmo- biliaria se ha paralizado la actividad constructora, que ha arrastrado a las empresas auxiliares en primer término y ha afectado a la demanda interna extendiéndose al con- junto de la actividad económica. Con ello ha empezado una destrucción de empleo que nos ha colocado por en-
cima de los cuatro millones y medio de personas en paro, con una tendencia creciente.
La caída del empleo, que se agudiza por la incapacidad de nuestra economía de absorber el crecimiento de la po- blación activa, se ha cebado en el empleo temporal, que es el que menos derechos de protección acumula, si- tuando a más de un millón de personas en riesgo de ex- clusión social; ha incrementado la morosidad y ha retraído el consumo, lo cual agudiza el círculo vicioso afectando a la producción de bienes y servicios y llevando, todo ello, a una mayor pérdida de puestos de trabajo.
El Gobierno español, inicialmente, había seguido las mis- mas pautas que la mayoría de gobiernos: ayuda al sis- tema financiero, apuesta por la inversión pública. A esto añadía algo que se presentaba como una seña distintiva, respeto a los de derechos laborales y sociales de las per- sonas en activo y desempleadas.
A finales de enero ya empezamos a tener algún síntoma del cambio de orientación que se consumó el 12 de mayo.
Presentación del plan de austeridad e intención de alar- gar la edad obligatoria de jubilación de los 65 a los 67 años. Ahora se ha dado a conocer un nuevo plan que an- ticipa en dos años medidas de ajuste de gasto pactadas
para 2012-2014 y a las que se añaden otras de especial gravedad: congelación de las pensiones y rebaja del sueldo de los empleados públicos, deterioro de las políti- cas sociales…
En España está sucediendo lo mismo que denunciába- mos. Un Gobierno que se distinguía por aguantar las pre- siones para realizar ajustes duros que atentasen a derechos, acaba plegándose a las presiones de los mer- cados con un seguimiento acrítico de las indicaciones de la UE.
Recordemos que el Presidente de CEOE el Sr. Díaz Ferrán que al inicio de la crisis abogó por poner entre paréntesis el capitalismo, hoy es el más firme avalador de las inicia- tivas del Gobierno.
“Los desequilibrios de nuestro modelo productivo agravan la
crisis en España”
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3. Cómo afrontar la crisis
Enfrentar la crisis desde una apuesta por proteger a las personas (especialmente a los más castigados por ella), garantizar la protección social, reanimar la actividad eco- nómica y promover un cambio del patrón de crecimiento exige ingente cantidad de recursos públicos.
En España se han puesto a disposición del sistema finan- ciero importantes recursos, se ha invertido en obra pú- blica para reactivar la economía y amortiguar la pérdida de empleo y se ha mantenido, incluso incrementado, la protección social. Pero estas políticas necesarias que, sin duda, suponen mucho gasto, han estado precedidas de una política de rebajas fiscales e iniciativas muy costosas (cheque bebé, deducción de 400 euros…) de marcado carácter electoralista, que han supuesto que en poco menos de dos años pasásemos de tener un superávit en las arcas públicas superior al 2% a un déficit del 11,2%.
El déficit público (la diferencia entre ingresos y gastos) supone un problema para el país porque significa que no disponemos de recursos monetarios para poder hacer frente a los pagos que debemos realizar. Por ello, España
debe pedir créditos (como cualquiera de nosotros en si- milares circunstancias) a través de la emisión de deuda pública que se devuelve con intereses. Estos intereses son más elevados cuanta menos seguridad ofrece el país a los posibles compradores de deuda. De ahí que la solven- cia del país, la confianza que transmite a los posibles compradores, sea fundamental para pagar bajos intereses por el mismo dinero.
Las presiones especulativas que hemos sufrido estos días por parte de los mercados financieros han ido en la di- rección de obligar a elevar los intereses que España debe pagar por la deuda emitida.
Esta ha sido la argumentación, poco o nada explicitada, que ha dado el Gobierno para justificar las medidas que presentó el pasado 12 de mayo y que suponen un recorte del gasto de 15000 millones de euros, adicionales a los 50.000 millones previstos en el Plan de Austeridad pre- sentado el 29 de enero.
Pero ante este hecho cabe preguntarse si la única manera de salir al paso de esta situación es recortando el gasto.
El déficit se puede combatir reduciendo gastos, también incrementando ingresos.
Para CCOO es compatible reducir el déficit manteniendo los derechos sociales reduciendo gastos que son fruto de las ineficiencias del sistema y, sobre todo, aumentando los ingresos. El Gobierno actúa justo en el sentido con- trario al que, en nuestra opinión, debería hacerlo.
4. Qué suponen las medidas que promueve el Gobierno
Las medidas promovidas por el Gobierno: congelar pen- siones, rebajar el salario a los empleados públicos, supri- mir el periodo transitorio para adaptar el régimen de jubilación parcial, o ajustar el periodo de carencia para tener derecho a pensión hasta 15 años, suprimir la retro- actividad en materia de dependencia, reducir la inversión pública, merecen nuestro absoluto rechazo porque:
1. Son injustas y desequilibradas.
Injustas, pues la congelación de las pensiones afecta a uno de los sectores más débiles de la sociedad como es el de los pensionistas. Así mismo la supresión de la retro- actividad de la dependencia castiga a aquellas personas más desvalidas además de premiar a la CCAA que menos y peor han desplegado la Ley. Recortar los salarios de los
empleados públicos también es injusto pues se hace hur- tándoles el derecho a la negociación y amparándose en una imagen construida interesadamente por la cual se les ve como unos privilegiados, olvidando que se trata de colectivos con salarios moderados y bajos, fundamentales para garantizar el funcionamiento del país y los servicios básicos a la comunidad.
Desequilibradas, ya que se opta por reducir el gasto
“El Gobierno español ha acabado cediendo a las presiones de los
mercados financieros”
“El plan de ajuste es desequilibrado
y antieconómico, y quiebra la
legitimidad del diálogo social”
abandonando cualquier objetivo de incrementar los in- gresos. En una situación como la actual todos debemos enfrentar sacrificios, pero debemos recordar que los tra- bajadores y trabajadoras ya los estamos soportando en forma de pérdida de puestos de trabajo y ausencia de ex- pectativas de encontrarlo, además de haber aceptado pactar acuerdos para la negociación colectiva que supo- nían una moderación salarial hasta el año 2012. Alguno de ellos es ahora incumplido por el Gobierno.
2. Son antieconómicas.
Reducir la capacidad de compra de pensionistas y emple- ados públicos provocará un descenso del consumo cuando la reactivación económica precisa estimular la de- manda. Por otra parte, la reducción de la inversión en obra pública frenará la actividad económica y supone re- nunciar a crear empleo en ese ámbito, e incluso, puede provocar pérdida adicional de puestos de trabajo. El pro- pio Gobierno ha empezado a reconocer que la previsión de crecimiento, escasa de por sí, se verá mermada por el impacto de estas medidas.
3. Suponen una quiebra de la legitimidad del diá- logo social.
La congelación de las pensiones va en contra de 15 años de consenso en torno al Pacto de Toledo que ha permitido garantizar la viabilidad de nuestro sistema público, una de cuyas regulaciones legales, como es la revalorización anual de las pensiones, se va a dejar sin efecto. En este mismo sentido, reducir el salario de los empleados públi- cos “por decreto” supone un flagrante incumplimiento de los acuerdos suscritos hace pocos meses entre Go- bierno y sindicatos.
4. Contamina y amenaza la negociación colectiva en el sector privado que también había sido objeto de acuerdo entre empresarios y sindicatos en torno al Acuerdo de Negociación Colectiva 2010-2012. Empieza a ser significativo el número de convenios que debían ne- gociarse y que desde el anuncio del Presidente se han bloqueado o roto por las pretensiones empresariales de aplicar rebajas salariales a rebufo de lo planteado por el Gobierno en la función pública.
1. Flexibilizar los contenidos y plazos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.
El citado Pacto fuerza a los países de la Unión a adoptar medidas drásticas en la contención del gasto que su- pondrán la retirada de los apoyos públicos a la economía y graves costes sociales. Mantener los compromisos adquiridos en el marco de la UE en el actual contexto económico y social, es materialmente imposible. Es inex- cusable que el Gobierno de España, junto a otros países de la Unión, lidere la necesaria flexibilización del Pacto de Estabilidad.
2. Reconstruir la estructura fiscal del Estado, actuando sobre los ingresos y no sólo sobre el gasto.
CCOO ha sido profundamente crítica con la lógica desfiscalizadora en la que entró el Gobierno a partir del año 2007 (como lo fuimos con las que se produjeron en etapas anteriores) por lo que tenían de estímulos al ciclo expansivo de la economía entonces, por su falta de equidad ya que beneficiaban más a las rentas más altas (supresión del impuesto de patrimonio, práctica desaparición del impuesto de sucesiones, rebaja del 45 al 43 del IRPF a las rentas más altas, reducción del impuesto de sociedades…) porque se comían recursos que ahora nos hubieran sido muy necesarios y, en definitiva, por ser una pésima pedagogía respecto al papel que juegan los impuestos en una economía social de mercado que tiene uno de sus pilares en el Estado del Bienestar.
¿Qué propuestas alternativas plantea CCOO?
razones | 2
Incrementar los ingresos: En estas condiciones CCOO es partidaria de un replanteamiento en profundidad de nuestro sistema fiscal, de manera que se pudiese empezar por recuperar las figuras fiscales que en este tiempo atrás han desaparecido: elevar la presión fiscal a las grandes empresas y particulares que, pese a la crisis, mantienen elevados beneficios e ingresos, combatir decidida y eficazmente el abultado fraude fiscal y la economía sumergida.
En este sentido consideramos necesario introducir una tasa específica al sector financiero. El sector fi- nanciero que ha consumido y va a seguir consumiendo recursos públicos para abordar su necesario proceso de reestructuración, debe contribuir también a reforzar los ingresos del Estado, mediante una tasa específica.
Estas medidas nos ofrecerían suficientes recursos como para no tener que recurrir a la reducción del gasto en partidas sociales como pretende el Gobierno.
Además, no es cierto que medidas como las seña- ladas desincentiven la inversión ni que vayan a pro- vocar una huida de capitales de nuestro país. Ni en nuestro país ni en otros, medidas como las que pro- ponemos han generado tal reacción. Es bueno re- cordar, por otra parte, que la presión fiscal en
España es inferior a la media europea en un 3,3% (un 37,1 frente a un 40,4)
Reducir gastos es una de las vías que, sin duda, habrá que utilizar para atajar el fuerte déficit que aqueja a la economía española. La cuestión radica en que tipo de gastos pueden recortarse sin que afecten a los derechos sociales y laborales ni a la inversión pública en infraestructuras, que sigue siendo necesaria para reactivar la actividad económica y generar empleo, hasta que el capital privado salga del refugio del ahorro.
A este respecto el Partido Popular y toda la derecha mediática han hecho mucha demagogia sugiriendo que se corten las ayudas a los partidos políticos y sindicatos. Es una afirmación demagógica si tenemos en cuenta que la financiación de estas instituciones está contemplada como un desarrollo del papel institucional que la Cons- titución nos asigna y exige en nuestro sistema democrático. En el caso de las organizaciones sindicales, la labor de representación, negociación y defensa, con carácter general, no sólo para las personas afiliadas, de los in- tereses de los trabajadores y trabajadoras.
Para CCOO debe explorarse una línea de ahorro por la vía de corregir ineficiencias que caracterizan la estructura administrativa del Estado. Pensamos en la duplicidad de servicios que genera la descentralización administrativa.
Siendo como somos en CCOO firmes defensores del Estado de las Autonomías y conscientes de que todavía resta una descentralización mayor para dotar de mayor capacidad de maniobra a las corporaciones locales, también creemos que es compatible este proyecto con garantizar una estructura más armónica que evite las reproducción de ámbitos que no aportan mayor eficiencia a las AAPP y que en cambio incrementan los costes de éstas. Junto a ello, la descentralización competencial debe ir acompañada de un aumento equilibrado de la corresponsabilidad fiscal entre las distintas administraciones públicas.
3. Adoptar medidas de regulación estricta del sector financiero, de las
transacciones financieras internacionales, poniendo coto a los movimientos especulativos.
Evitar que se reproduzcan las condiciones en las que ha operado el sector financiero especulativo es fundamental para que no se vuelvan a generar crisis como la que atravesamos. En este sentido se hace indispensable la ar- ticulación de una respuesta fuerte y coordinada a nivel internacional para establecer mecanismos de estricta regulación del sistema financiero. Esta regulación debería complementarse con una tasa que grave las trans- acciones financieras internacionales. Al mismo tiempo, el Gobierno español, que preside la UE, debería
“Hay otra forma de hacer las cosas
sin necesidad de vulnerar los
derechos sociales y laborales”
liderar una actuación mancomunada ante los ataques a la deuda de los Estados de la UE y al Euro, poniendo coto a los movimientos especulativos.
4. Reestructurar el sector financiero en España
Adoptando medidas que fortalezcan el grado de solvencia de las entidades financieras, que garanticen el flujo del crédito a las empresas y familias. En el caso de las Cajas consideramos que éstas deben avanzar en los pro- cesos de fusión en marcha, con criterios de refuerzo de su solvencia y viabilidad, con el mayor respeto al empleo en el sector y manteniendo su actual naturaleza jurídica.
5. El necesario Pacto de Estado por la economía, el empleo y la cohesión social.
Somos conscientes que las formaciones políticas se están moviendo a golpe de encuesta electoral y que todas miran a la evolución de la crisis para conseguir sus objetivos, mantenerse o llegar al poder, lo que hace difícil- mente imaginable que haya voluntad de sacrificar tales estrategias en beneficio del país.
No obstante, hay que insistir en que para enfrentar la crisis, sus efectos más negativos en términos de destruc- ción de empleo y de tejido productivo, y establecer las bases de un nuevo patrón de crecimiento que garantice mayor riqueza y un mejor reparto de la misma asegurando la cohesión social, se requiere del esfuerzo de toda la sociedad a través de una negociación y compromiso sin-
cero en el que se impliquen con capacidad de liderazgo el Gobierno, los partidos políticos, la patronal y los sindi- catos.
En un Estado fuertemente descentralizado como el espa- ñol, las CCAA, que en estos años han asumido importantes
competencias en todos los órdenes, deberán asumir un papel activo. El Gobierno central deberá coordinar las medidas que éstas ya están adoptando con las que se puedan acordar en el ámbito nacional.
4 El esfuerzo y generosidad que demandamos sería capital en estos mo- mentos para abordar medidas equilibradas en la lógica de combinar reducción de gastos y búsqueda de nuevos ingresos que permitiesen combatir el déficit preservando las políticas sociales
“Hace falta un pacto de todos para salir de la crisis”
Confederación Sindical de Comisiones Obreras
Los argumentos que tradicionalmente se utilizan para fundamentar una propuesta de reforma laboral en la ló- gica que están planteando diferentes foros e instituciones internacionales (FMI, OCDE), nacionales (Banco de Es- paña, Circulo de Empresarios, Cámaras de Comercio) y la CEOE, que cíclicamente aparece y con más fuerza ahora, tienen como tesis central: “El mercado laboral es- pañol es excesivamente rígido; el mercado laboral español protege mucho a unos trabajadores y muy poco a otros, provocando una dualidad inaceptable; el coste del despido es demasiado caro para los empresarios; la negociación colectiva indexa de manera rígida los salarios y por tanto debería llevarse la negociación a la empresa y referenciarla a los incrementos de productividad y no al IPC, …
Todos aquellos que están impulsando reformas en la di- rección apuntada no hacen otra cosa que plantear como factor de competitividad y, ahora, como fórmula para en- frentar la crisis, una única estrategia: deprimir el factor trabajo. Eso implica actuar en dos direcciones: costes del factor trabajo: salarios, indemnizaciones, cotizaciones, formación,… y fragmentación e individualización de las relaciones laborales. De ahí la obsesión por reducir las
cotizaciones, abaratar el coste del despido, modificar la manera de establecer los incrementos salariales, modificar la estructura de la negociación colectiva,…
La finalidad es clara y se sitúa en el centro del conflicto capital- trabajo: de una parte la desregulación de dere- chos, que se consideran un lastre para las políticas libe- rales, y de otra, avanzar en el poder discrecional de los empresarios.
Desentrañar lo que realmente está en juego es harto complicado en una sociedad mayoritariamente acrítica que tiene como peculiaridad hacerse eco de aquellas po- siciones que defienden personajes a los que les reconoce, con o sin fundamento, cierta autoridad. Así este tipo de argumentos han hecho mella entre la opinión pública a través de innumerables opinadores, columnistas, tertu- lianos etc.
Hay que tener en cuenta que esta campaña va arreciar en los próximos días alrededor del posible fracaso de las negociaciones del mercado laboral.
Con la finalidad de preparar a la organización, a través de sus cuadros, para enfrentar un debate que está siendo duro, y va a serlo todavía más, en el que se pretende arrinconarnos, hemos creído conveniente elaborar dos ti- pos de argumentarios: uno, sobre los temas de debate más general e ideológico; y otro, dirigido a dar cuenta detallada de las posiciones que las partes hemos mante- nido en la mesa de negociación.
“Ciertos sectores persiguen más desregulación de derechos y más
discrecionalidad empresarial”
DEBATE PÚBLICO SOBRE LA REFORMA LABORAL
La crisis y el mercado de trabajo
razones
8 Junio 2010
3
Veamos los términos del debate y la opinión de CCOO.
¿Existe relación entre la crisis económica y la regulación del mercado de trabajo?
Las crisis económicas no tienen sus causas ni sus res- puestas en la regulación del mercado de trabajo. En todo caso, la relación es inversa y el mercado de trabajo ter- mina reflejando algunas de las consecuencias y efectos de las crisis. Especialmente en forma de destrucción de empleo y de precarización del mismo.
En la actual crisis esta enseñanza de la historia reciente es aún más evidente. Las causas de la crisis – y por tanto las respuestas - hay que buscarlas en la caída en picado de los sectores que propiciaron una “burbuja de empleo”, en los problemas de liquidez y financiación de las empresas, en el colapso de la función del sistema financiero y en la falta de confianza de las empresas – como sucede con los consumidores-. Sin olvidar los efectos que la crisis ha pro- vocado en un tejido productivo con grandes debilidades estructurales, pero que se ignoran deliberadamente en el momento de diseñar estrategias de salida de la crisis.
Por tanto es necesario determinar, en primer lugar, que no estamos ante una crisis producida por la regulación laboral, lo que no significa que no sean necesarios cam- bios en el mercado laboral.
En este sentido, no podemos pasar por alto que la crisis afecta a muy diversos Estados con regulaciones laborales distintas, como también hay que subrayar que no ha ha- bido cambios sustanciales en la regulación laboral vigente en momentos de expansión y, por ello, no puede ser que la misma regulación laboral de la expansión sea ahora la causante de la crisis.
¿Qué relación existe entre crisis económica, modelo productivo y crecimiento del desempleo?
En relación al mayor impacto que la crisis ha tenido en España en términos de destrucción de empleo, que algu- nos imputan a las disfunciones del mercado de trabajo, conviene recordar que las causas no están en la regulación legal de las relaciones laborales, sino que son una con- secuencia inexorable de la evolución del modelo produc- tivo español y su mercado de trabajo en los últimos años.
Efectivamente en España hay componentes específicos.
A la crisis económica internacional se le une el estallido de la burbuja inmobiliaria y un modelo productivo basado en sectores muy vulnerables ante la crisis.
Nuestro modelo productivo es capaz de generar mucho empleo en momentos de expansión (industrias de uso de mano de obra intensiva), pero también lo destruye con la misma velocidad pues son sectores que sufren in- tensamente cualquier crisis.
Entre 1995 y 2007 nuestra población activa creció en 7,5 millones de personas y la ocupada en 8 millones. La crisis ha destruido 2 millones de puestos de trabajo, de los cuales cerca del 50% han sido en la construcción. Se mantiene pues un incremento de la población ocupada de seis millones de personas en relación a 1995. Pero la burbuja de empleo – población activa – generada durante el “boom” ha provocado un incremento artificial y ace- lerado de la población activa que a corto plazo es de difícil absorción. No existe capacidad de crear empleo en esa cantidad, ni en los sectores que históricamente han sustentado la creación de empleo, ni en los que deben sustituirlos como motor de la economía en un nuevo mo- delo productivo.
¿Es rígido el mercado de trabajo en España?
Mas bien al contrario, en España el mercado de trabajo es altamente flexible.
Nuestro mercado de trabajo sufre y evidencia las conse- cuencias de un determinado modelo económico y pro- ductivo. La especialización sectorial de la economía, el escaso tamaño de las empresas con la consiguiente po- sición periférica, la alta disponibilidad de mano de obra no cualificada, incentivan los procesos de ajuste en tér- minos no de flexibilidad en la gestión del empleo y orga- nización del trabajo, sino de cantidad del empleo -no solo temporales, también indefinidos-.
Nuestra legislación laboral, en contra de lo que se afirma reiteradamente y, entre otros factores, como consecuencia de reformas laborales anteriores, ha generado un marco
“La crisis económica no tiene sus causas ni sus respuestas en la
regulación del mercado de
trabajo”
razones | 3
legal que facilita la destrucción de empleo, como meca- nismo de respuesta a los ciclos económicos. En el caso de los temporales con la finalización del contrato, y en el caso de los indefinidos por la vía de la automaticidad de las indemnizaciones en caso de despido improcedente, incluido el disciplinario, especialmente después de la des- aparición de los salarios de tramitación, a partir de la re- forma laboral del año 2002.
¿Por qué existe tan alta tasa de contratación temporal?
El sector público es hoy el principal productor de tempo- ralidad y ello al margen de la legislación laboral, y lo es por tres vías.
Una directa, a partir de la utilización abusiva por parte de las AAPP de los contratos laborales temporales.
Otra indirecta, a través de la presión a la baja que ejercen las AAPP hacia las empresas con las que contrata o con- cierta servicios, lo que provoca que estas empresas bus- quen su objetivo de reducción de costes a través de pro- cesos de precarización -entre ellos, los contractuales-.
Y una tercera, que tiene su origen en las formas admi- nistrativas con las que las AAPP financian los programas y proyectos finalistas, desarrollados por terceros –em- presas privadas o sin ánimo de lucro–. La fórmula de las subvenciones anuales obliga a la contratación temporal e incentiva soluciones claramente en fraude de ley. En este sentido, existe un divorcio y contradicción entre la legislación administrativa para la realización por terceros de estas actividades y la legislación laboral que las regula.
El análisis de la temporalidad en el sector privado pone de manifiesto fuertes diferencias sectoriales, territoriales y en función del tamaño de las empresas. Y ello es la prueba evidente de que el origen y las causas del abuso de la temporalidad no están en la legislación – que es igual para todos los sectores, territorios y empresas - sino en el modelo productivo y la cultura empresarial a él asociada. Algunos ejemplos:
• Diferencias de la tasa de temporalidad del 100% entre
sectores: Construcción y Turismo versus empresas fi- nancieras o industriales
• Diferencias de la tasa de temporalidad del 100% entre CCAA (Cataluña versus Andalucía y Extremadura)
• Grandes diferencias en la tasa de temporalidad entre CCAA dentro de cada sector. Datos que permiten es- tablecer una relación clara: mayor temporalidad cuanto mayor es el nivel de desempleo, incluso dentro de un mismo sector.
• Diferencias en función del tamaño de las empresas, de manera que las empresas de menos de 50 trabajadores concentran más del 50% de los contratos temporales.
Una evidencia más de que las PYMES tienen menos margen para la utilización de los mecanismos de ajuste interno -flexibilidad organizativa- y que las empresas centrales utilizan y trasladan a las PYMES los ajustes en empleo y en costes salariales.
Los datos de finales del 2009 de la EPA revelan que exis- ten:
• 15.492.600 asalariados, de los que: 11.606.400 tienen contratos indefinidos y 3.886.200 son temporales
• La tasa de temporalidad alcanza el 25,08%, muy alta, aunque ha decrecido desde el 34% que llegó a repre- sentar en 2006
• La elevada tasa de temporalidad no es razonable pues fomenta desvinculación con la empresa, hace que no se invierta en formación, se crean trabajadores preca- rios, se recarga el coste de la protección social y además produce efectos discriminatorios (por ejemplo afecta más a las mujeres 27,9% en 2009)
• Pero es que además hay una amplia rotación de traba- jadores temporales.
En 2008 se hicieron más de 14 millones de contratos de duración temporal y en 2009, en plena crisis, unos 13 millones (media de 4 contratos por trabajador temporal).
En España además, la destrucción masiva de empleo, a
“Es fácilmente demostrable que en España el mercado de trabajo es
muy flexible”
“Nuestra legislación laboral ha generado un marco legal de gran complicidad con la destrucción de
empleo”
diferencia del resto de la UE, se produce por un ajuste abusivo vía finalización de los contratos temporales, o despidos improcedentes, y no sólo por las debilidades de nuestro modelo productivo.
Hay que llamar la atención sobre el trasvase que se pro- duce de trabajadores en situación de alta precariedad contractual a la economía sumergida. Algo excepcional en la UE.
Sobre la masiva destrucción de empleo, hay que aportar los siguientes datos: el 55% de los despidos corresponden a contratos temporales, el 35% de despidos improce- dentes, es decir, despidos sin causa que los justifique y el 4% de EREs.
¿Un contrato específico para jóvenes no ayudaría a acabar con la dualidad del mercado de trabajo?
Nuestro principal problema no es la dualidad entre tem- porales e indefinidos. Ello es sólo la manifestación de un problema más profundo. Nuestro tejido económico- productivo esta construido – y cada vez más – sobre unas bases tecnológicas de innovación y formación muy débiles, que lo abocan a una estrategia de competitividad de reducción de costes salariales. Y ello se consigue em- presarialmente con elementos de desregulación -los au- tónomos- de externalización de riesgos -subcontratas, Empresas de Trabajo Temporal y Empresas de servicios integrales-; o de fuerte flexibilidad -contratación temporal o despido automático- . Se trata de un modelo de rela- ciones laborales coherente con un tejido productivo en el que la retención del capital humano no es importante.
En la actualidad, la crisis ha golpeado muy especialmente al colectivo de jóvenes, llevando sus tasas de desempleo a niveles insoportables (40%, casi 15 puntos por encima de la media).
Por lo tanto habría que trabajar en la siguiente direc- ción:
• Las bonificaciones a la contratación de jóvenes deben orientarse a modalidades de empleo estable, bien desde la contratación inicial, bien bonificando la conversión de empleo joven de duración determinada en fijo.
• El contrato de formación ha de tener como objetivo evitar la segmentación y la marginación del colectivo de jóvenes con más dificultades, ante su falta de for- mación.
• Se debe fomentar la utilización de los contratos para la formación o en prácticas como alternativa al recurso inadecuado de becas y otras figuras atípicas utilizadas para cubrir tareas que son realmente actividades la- borales insertas en el sistema productivo de la empresa.
Ese fomento pasa por la mejora de las condiciones de trabajo asociadas a estos contratos. También debe re- forzarse el control del fraude, tanto en la utilización de los contratos formativos, como del modelo de becas y prácticas que encubren una relación laboral.
• Hay que potenciar el carácter formativo de estas mo- dalidades contractuales, controlando mejor y actuando para que la formación sea efectiva y mejore la emple- abilidad de las personas jóvenes.
• Incentivar esta modalidad de contratación vinculando las ayudas y estímulos a su conversión en indefinidos, como instrumento para la estabilidad del empleo y la consolidación de carreras profesionales de las personas jóvenes.
Debe tenerse en cuenta que la protección social en estos contratos es muy reducida: la base de cotización es de un 75% de la Base Mínima, es decir 554,17 €. A esa cifra hay que aplicarle los porcentajes previstos en cada contingencia (IT entre un 60 y un 75%; Maternidad un 100% de esa Base;…) lo que da lugar a prestaciones que oscilan entre los 332,5 € y los citados 554,17 €.
Las cotizaciones sociales de estos contratos ya están in- centivadas (cuota empresarial de 49,69 € frente a los
“La elevada tasa de temporalidad fomenta la precariedad e impide la
formación de los trabajadores”
“Urge estabilizar el empleo de los jóvenes bonificando la conversión
de contratos temporales en
indefinidos”
razones | 3
267,85 €/mes que se cotizan en el Régimen General con un salario igual a la Base de Cotización Mínima – 738,90 € mes-) y podrían equipararse a la de los demás, concentrando los incentivos, como se ha dicho en la con- versión de estos contratos en indefinidos.
No obstante, los incentivos que pudieran mantenerse de- berían adoptar la forma de bonificaciones, a cargo de los Servicios Públicos de Empleo como consecuencia de su carácter de políticas activas de empleo. Si se adoptase cualquier fórmula de incentivo mediante reducción de cotizaciones, como parece proponer el Gobierno al am- paro de la actual situación económica, ésta debería ser transitoria, por un breve periodo de tiempo, para ser sus- tituida en el menor plazo posible por las mencionadas bonificaciones.
Por otra parte, debe garantizarse la no sustitución de otros trabajadores de la plantilla, así como las acciones formativas efectivas para este colectivo de jóvenes tra- bajadores y trabajadoras.
¿Es caro el coste del despido en España?
El despido es “altamente flexible” en España siendo la contratación temporal su primera fuente. Es demoledor, de otra parte, el dato de que por la vía de los despidos sin causa que lo justifique, es decir los improcedentes, se produzcan el 35% del total.
En cuanto al coste, la indemnización de los eventuales y de los contratados por obra y servicio determinado, es de 8 días por año de trabajo; la del despido objetivo es de 20 días por año de trabajo hasta un máximo de doce mensualidades, la del improcedente, 45 días por año, y
el que se produce a través del ERE es también de 20 días por año hasta un máximo de doce mensualidades.
También es necesario subrayar el doble papel que juega el Fondo de Garantía Salarial: directo en materia de EREs y de despido objetivo en las empresas de menos de 25 trabajadores, en los que aporta el 40 por ciento de los 20 días por año de indemnización; subsidiario en los
casos de insolvencia donde el Fogasa aporta 20 días hasta el máximo de una anualidad y en el resto, de 30 días también hasta el máximo de una anualidad.
España con relación a la UE-15, es una excepción en materia de despidos.
En Italia, Francia, Alemania o Suecia, que son una refe- rencia, el despido no es libre, ya que está altamente pro- tegido a través de la participación de los sindicatos y del propio poder judicial.
En España, si un trabajador es despedido y el juzgado de lo social resuelve la improcedencia del mismo, no es el trabajador, tampoco el juez, los que determinan si se
reincorpora a su puesto de trabajo, sino que es la propia empresa la que decide. Sobra decir que, prácticamente, en el 100 por cien de los casos el trabajador, a pesar de haber sido despedido injustamente, no se reincorpora al puesto de trabajo.
En Francia y Alemania, en los casos de despido sin causa, es el propio juez el que determina si el trabajador se reincorpora a su puesto de trabajo. No hace falta decir que la ley les da amplias potestades a los representantes de los trabajadores en el proceso previo a la resolución judicial.
En Italia y Suecia es el propio trabajador quien decide si se reincorpora o no a su puesto de trabajo.
Por tanto, el rigor y la racionalidad de la que hablan hay que demandárselas a quienes buscando nuevas ventajas a costa de derechos, intentan situar el despido y su coste en el centro del debate.
No es cierto que los costes laborales en España hacen que nuestra economía sea menos
competitiva
Se señala que hemos perdido competitividad como con- secuencia de que el trabajo en España es caro y la pro- ductividad ha bajado. ¿Son reales estos datos?
“Los despidos sin causa en España constituyen el 35% del total, algo
impensable en Europa”
“La productividad por hora en España es muy similar a la
de países como Alemania,
Dinamarca o Italia”
Tomando como base 100, la productividad del año 2000 y analizando los datos de productividad por hora traba- jada del año 2008 (último del que se disponen los datos) y a través de elaboración propia de las siguientes fuentes:
INE, MTIN, INSS, Hispabarómetro, la productividad media en UE27 era de 111,7%, y en España de 107,3%.
Hay pues una pérdida de productividad media pero in- fluenciada sobre todo por el peso de los nuevos miembros de la UE.
La pérdida de productividad por hora con otros países de la UE15 es mucho menor o inexistente (Alemania 109,5, Dinamarca paradigma de la flexiseguridad, 102,6, Italia 100,5, Portugal 108,8.
En cuanto al precio del trabajo, en 2006 (último dato global comparativo) en UE27, el coste medio era de 2.450,2 euros al mes (en UE15 el año anterior ya era de 3.466,1 euros). En España en 2007 era de 2.283,8 euros (otras fuentes sitúan el coste en diciembre de 2009 en 2.649,13 euros), por debajo de la media UE y muy alejado de otros países de la UE15, con costes cercanos o supe- riores a los 4000 euros/mes, pero claro, muy por encima de la media de los nuevos miembros (Eslovaquia 842,3, Hungría 1104,3, Polonia 983,2, etc.).
No obstante, es cierto que el coste por hora ha crecido un 2,5% (el salarial 2,7%) en 2009.
¿Si se bajasen las cotizaciones sociales se ganaría en competitividad y se crearía más empleo?
Se afirma que nuestras cotizaciones son caras. La media europea se sitúa en el 11% sobre PIB mientras que en España llega al 12,2%, pero ese dato es inseparable de la fiscalidad global sobre PIB (incluidas cotizaciones), pues existen Estados en los que las prestaciones sociales se financian por vía fiscal. Si establecemos esa media, la europea se sitúa en el 37,5% del PIB, mientras que en España es sólo del 37,1%, aunque es cierto que ha cre- cido del 33,6% en 1999 al 37,1% en 2009, esto es 3,5 puntos en 10 años.
Si analizamos esos datos nos daremos cuenta de que, efectivamente, ha habido una cierta pérdida de competi- tividad, menor en todo caso de la que se afirma, pero esa pérdida viene, esencialmente de datos no derivados de la regulación laboral, sino fundamentalmente de:
• Una estructura de microempresa
• Un modelo productivo basado en sectores de escaso valor añadido
• Un IPC que ha estado por encima de la media europea
• Y sobre todo, un proceso de ampliación de la UE a otros Estados con costes laborales menores.
En cuanto a la creación de empleo, es la actividad eco- nómica y el modelo productivo lo que determina la can- tidad y la calidad del empleo a crear.
Las cotizaciones sociales en ningún caso se pueden des- ligar del conjunto de la fiscalidad, de su estructura y del carácter progresivo o no de la misma. Cuando se compara con los distintos países de la Unión Europea hay que ha- cerlo sobre supuestos homogéneos, que como más arriba se indica, en estos momentos no se dan.
La negociación colectiva establece rigideces porque en los convenios sectoriales se pactan los salarios en referencia al IPC, ¿no sería más
competitiva la empresa si pudiese pactar los salarios en relación a la productividad?
La norma legal no es rígida, permite un salario base y unos complementos salariales definidos en términos bas- tante flexibles, pues esencialmente remite su determina- ción a la negociación colectiva.
Tampoco la estructura global es irracional.
La encuesta de estructura salarial de 2006 señala que el salario bruto mensual se compone de un 62,4 % de salario base en los hombres y 68,6% en las mujeres; un 0,8 y un 0,3% respectivamente corresponde a pagos por horas ex- traordinarias; finalmente un 31,6% y un 25,6% respecti- vamente corresponde a complementos salariales.
Un porcentaje de complementos de entre un cuarto y un tercio del salario completo no parece mal porcentaje en términos globales.
La ley permite determinar en los convenios los comple- mentos que deben existir y vincularlos en consecuencia a
“Si unimos cotizaciones sociales y
fiscalidad, España sigue estando
por debajo de la media europea”
razones | 3
la productividad, la calidad y la situación y resultados de la empresa; además la ley remite a los acuerdos determinar el carácter consolidable o no de estos complementos.
No parece que esta regulación legal y el resultado global sean rígidos.
La solución lógica nos conduciría a analizar en cada pro- ceso de negociación los elementos de excesiva rigidez que puedan existir en la determinación de los comple- mentos salariales, pero en todo caso, cualquier rectifica- ción que los vincule a la situación de la empresa debe hacerse bidireccionalmente; esto es, no sólo ajustar los complementos en momentos de crisis, sino también cuando se incrementan los resultados empresariales.
Si se quiere una mayor variabilidad salarial, ésta habrá de jugar en los dos sentidos, habrá de analizarse en cada convenio, pues las rigideces, si es que existen, no parecen venir de la norma legal, y lo que no podrá llevar es a una individualización de las relaciones laborales.
También se habla mucho de llevar la negociación colectiva a la empresa. ¿No es posible ahora con el actual marco legal?
En cuanto a la negociación en la empresa, el art. 41.2 permite un procedimiento de ajuste de lo negociado en convenio a nivel de empresa en casi todas las materias de organización del trabajo y distribución de la jornada, además de las amplias posibilidades de llegar a acuerdos sobre distribución de la jornada en la empresa, sujeto todo ello, eso sí, al acuerdo con los representantes de los trabajadores.
En definitiva, la norma legal abre vía a la negociación en la empresa y a flexibilizar, en su caso, aquellas negocia- ciones sectoriales que pueden introducir elementos de rigidez; lo que la norma pretende, no obstante, es que se negocie, no que se individualicen las relaciones ni que se pueda actuar en ese terreno unilateralmente por parte del empleador.
En esos términos y en esta materia no se entienden muy bien las exigencias de mayor negociación en la empresa,
salvo que lo que se busque sea que, en defecto de nego- ciación, decida el empleador, en cuyo caso lo que se está pidiendo, en realidad, es la discrecionalidad empresarial.
Es más, la ampliación de la negociación en el ámbito de la empresa plantea el problema del elevado volumen de mi- croempresas en las que ni siquiera existen representantes de los trabajadores ¿Con quién se haría la negociación?
En términos de movilidad y flexibilidad en general, la norma legal es bastante flexible. Permite incluso pactar individualmente cuestiones como la polivalencia, la rea- lización de horas extraordinarias que, en su caso y si se compensan en descanso, se convierten en realidad en una bolsa de horas flexibles que el empleador puede uti- lizar libremente.
Permite una movilidad funcional en términos razonables si se parte de un sistema de clasificación lógico, en grupos profesionales como ya viene siendo bastante habitual, e incluso permite desbordar los límites de la movilidad pre- vistos en el art. 39 del ET, acudiendo a lo pactado, a lo previsto en el convenio o, en su caso, al procedimiento de modificación sustancial del art. 41 del ET.
Incluso la movilidad geográfica y en general la modificación sustancial de condiciones se sujetan a escasos límites le- gales, poco más allá de unas causas, lógicas e interpretadas judicialmente de forma bastante flexible; a una cierta in- tervención en forma de consulta de los representantes de los trabajadores que es incluso coherente con las directivas comunitarias en la materia; a unos plazos de preaviso que en algún caso pueden resultar algo rígidos por uniformes;
y a un control judicial bastante ligero pues no perjudica la ejecutividad de la decisión empresarial.
Salvo que se quieran descausalizar estas decisiones, eli- minar la tutela judicial, o acabar con la intervención sin- dical, en la ley poco margen de modificación existe; en definitiva, sería caminar hacia el unilateralismo empre- sarial, lo que para el sindicato supondría renunciar a su papel en el mundo del trabajo y en la empresa. u
