ANDES

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2021 BOGOTÁ D.C., FEBRERO DE 2021

INFORME DE

Presentado al Consejo Nacional de Acreditación - CNA

PROGRAMA DE PREGRADO EN DERECHO

AUTOEVALUACIÓN

Foto: Felipe Cazares | Universidad de los Andes

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Programa de pregrado en derecho

Informe de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación de alta calidad

Presentado al consejo nacional

de acreditación—CNA

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Comité de acreditación Catalina Botero Marino Decana (2016-2020)

Carolina Moreno Velásquez Profesora asociada

Marcela Castro Ruíz Profesora titular Diana Durán Smela Profesora asociada Henrik Lopez Sterup Profesor asociado

Jorge González Jácome Profesor asociado

Antonio Felipe Barreto Rozo Profesor asociado

Ricardo Posada Maya Profesor asociado

Eleonora Lozano Rodríguez

Profesora asociada, decana (2021-hoy) René Fernando Urueña Hernández Profesor asociado

Guillermo Otálora Lozano Profesor de cátedra

Comité Gerencial de Reacreditación Juan Carlos Durán Uribe

Abogado

José Elías Turizo Vanegas Abogado

Carlos Alberto Alfonso Correa Secretario general

Jorge Miguel Gutiérrez Vivas Director de pregrado

Universidad de los andes Facultad de derecho

Programa de Pregrado en Derecho

Informe de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación de alta calidad – abril de 2021

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Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo ...7

Introducción ...39

Capítulo I. El proceso de autoevaluación ...41

Capítulo II. Aspectos generales del programa de ...47

pregrado en derecho de la Universidad de los Andes Capítulo III. Seguimiento a la reacreditación de alta calidad ...69

del año 2012 Capítulo IV. Autoevaluación por factores ...97

Factor 1. Misión, proyecto institucional y de programa ... 98

Característica 1. Misión y proyecto institucional ... 98

Característica 2. Proyecto educativo del programa ... 128

Característica 3. Relevancia social y pertinencia social del programa ... 139

Factor 2. Estudiantes ... 161

Característica 4. Mecanismos de selección e ingreso ... 161

Característica 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional ... 169

Característica 6. Participación en actividades de formación integral ... 180

Característica 7. Reglamentos estudiantiles y académicos ... 201

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Informe de Autoevaluación

Factor 3. Profesores ... 219

Característica 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores ... 219

Característica 9. Estatuto profesoral ... 229

Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y ... 242

experiencia de los profesores Característica 11. Desarrollo profesoral ... 252

Característica 12. Estímulos a la docencia, investigación, ... 269

creación artística y cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto ... 285

de material docente Característica 14. Remuneración por méritos ... 298

Característica 15. Evaluación de profesores ... 302

Factor 4. Procesos académicos ... 311

Característica 16. Integralidad del currículo ... 313

Característica 17. Flexibilidad del currículo ... 337

Característica 18. Interdisciplinariedad ... 346

Característica 19. Metodologías de enseñanza y aprendizaje ... 355

Característica 20. Sistema de evaluación de estudiantes ... 385

Característica 21. Trabajos de los estudiantes ... 399

Característica 22. Evaluación y autorregulación del programa ... 406

Característica 23. Extensión o proyección social ... 411

Característica 24. Recursos bibliográficos ... 434

Característica 25. Recursos informáticos y computacionales ... 447

Característica 26. Recursos de apoyo docente ... 457

Factor 5. Visibilidad nacional e internacional ... 460

Característica 27A. Inserción del programa en contextos ... 460

académicos nacionales Característica 28A. Relaciones externas de profesores ... 475

y estudiantes Característica 27B. Inserción del programa en contextos ... 487

académicos internacionales Característica 28B. Relaciones externas de profesores ... 499 y estudiantes

Tabla de contenido

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Tabla de contenido

Factor 6. Investigación, innovación y creación artística y cultural ... 524

Característica 29. Formación para la investigación, la innovación y la ... 525

creación artística y cultural Característica 30. Compromiso con la investigación y la ... 541

creación artística y cultural Factor 7. Bienestar institucional ... 575

Característica 31. Políticas, programas y servicios de ... 575

bienestar universitario Característica 32. Permanencia y retención estudiantil ... 599

Factor 8. Organización, administración y gestión ... 606

Característica 33. Organización, administración y gestión del Programa ... 606

Característica 34. Sistemas de comunicación e información ... 621

Característica 35. Dirección del Programa ... 635

Factor 9. Impacto de egresados en el medio... 643

Característica 36. Seguimiento de los egresados ... 643

Característica 37. Impacto de los egresados en el medio social ... 658

y académico Factor 10. Recursos físicos y financieros... 668

Característica 38. Recursos físicos ... 668

Característica 39. Presupuesto del programa ... 683

Característica 40. Administración de recursos ... 698

Capítulo V. Plan de mejoramiento...706

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Resumen Ejecutivo 7

Resumen

ejecutivo

El presente documento es el

resumen ejecutivo del informe de autoevaluación del programa de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que será radicado ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN), con miras a obtener la reacreditación de alta calidad a partir de 2022.

Este escrito recoge los aspectos más relevantes de los capítulos que componen el informe extenso de autoevaluación, prestando especial atención a las fortalezas halladas en cada uno de los factores establecidos por el CNA, detallados en el Capítulo IV.

El Capítulo I del informe versa sobre el proceso de autoevaluación adelantado en la Facultad de Derecho, que consistió en el análisis de los diez factores de alta calidad y sus correspondientes características. Este proceso de autoevaluación comenzó formalmente con la integración del Comité de Acreditación, encabezado por la actual decana, Catalina Botero, y conformado por diez miembros del cuerpo profesoral, tanto de planta como de cátedra. A su vez, el proceso de reacreditación estuvo orientado por un Comité Gerencial, conformado por el secretario general, el director del pregrado de la Facultad y dos abogados.

Los miembros del Comité de Acreditación tuvieron a su cargo la redacción inicial de cada uno de los factores de calidad establecidos por el CNA, así como la definición de la metodología para estimar el grado de cumplimiento de dichos factores y hacer su correspondiente aplicación. Sin desconocer el valioso trabajo de este comité, lo cierto es que la autoevaluación con miras a la renovación de la acreditación ha sido un proceso complejo, plural y de largo aliento, caracterizado por una amplia participación de los distintos públicos que conforman la comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad. De este modo, las y los directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes, egresadas y egresados conocieron el estado del proceso de autoevaluación y participaron en distintos espacios generados para reflexionar sobre la calidad del programa de pregrado en Derecho.

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Resumen Ejecutivo 8

Finalmente, este proceso estuvo acompañado por la Dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad, instancia que apoyó especialmente el diseño y aplicación de los estudios de apreciación. En esta oportunidad se realizaron dos de estos estudios, que fueron a su vez validados por la Vicerrectoría Académica: (i) el Estudio de Percepción Institucional entre estudiantes y egresados y (ii) el Estudio de Percepción Institucional entre docentes, directivos y personal administrativo.

El Capítulo II del informe describe los aspectos generales del programa y las modificaciones que este ha sufrido a lo largo del actual periodo de evaluación. Al respecto, debe anotarse que el pregrado en Derecho otorga el título de abogado/abogada a sus egresados; se imparte en modalidad presencial en su sede ubicada en la ciudad de Bogotá; está conformado por 10 semestres académicos y cuenta con un total de 180 créditos. Para el semestre 2020-20, momento en el que concluyó la elaboración del informe de autoevaluación, la Facultad contaba con 1086 estudiantes matriculados en el pregrado de Derecho y un profesorado integrado por 43 profesoras y profesores de planta -la mayoría de estos con título de doctorado- y 99 de cátedra.

Una de las características importantes del programa es su estructuración mediante tres ciclos, a saber: (i) contextualización, (ii) formación jurídica básica y (iii) concentración. El ciclo de contextualización tiene una duración de dos semestres, promueve una aproximación multidisciplinar al derecho y fomenta las habilidades argumentativas, tanto escritas como orales. Por su parte, en el ciclo de formación jurídica básica las y los estudiantes adquieren competencias propias de las distintas áreas de la disciplina jurídica. Este ciclo se extiende desde el tercer semestre de la carrera hasta el octavo. Por último, el programa concluye con el ciclo de concentración, que abarca los dos últimos semestres de la carrera y en el cual las y los estudiantes tienen la oportunidad de profundizar en algunas asignaturas, según sus intereses y la oferta de cursos facultativos del programa. En este último ciclo también adelantan su práctica jurídica en el Consultorio Jurídico.

Un aspecto que destacar del programa es que no tiene una estructura rígida. Por el contrario, es un currículo modelo, cuya organización es sugerida y altamente flexible. Salvo algunos prerrequisitos, cada estudiante puede tomar los cursos de la carrera como mejor lo considere.

Otro de los sellos característicos del programa son los exámenes de (i) argumentación o de ciclo I y (ii) los de Facultad, que deben ser presentados por las y los estudiantes en dos momentos claves de su carrera. El primero de ellos es un ensayo argumentativo que se presenta al concluir el ciclo de contextualización. El segundo tiene lugar al final del tercer ciclo de la carrera (concentración), evalúa los ciclos II y III y tiene un componente escrito y otro oral, en el que las y los estudiantes demuestran suficiencia a partir del estudio de un caso jurídico complejo.

Conviene resaltar que, en el periodo de evaluación para la presente solicitud de renovación de acreditación, el programa no ha sufrido cambios significativos, salvo unos ajustes menores.

Estos tienen que ver con algunos prerrequisitos, el número de créditos, la ubicación de materias

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Resumen Ejecutivo 9

obligatorias del programa modelo, la investigación dirigida y los exámenes de argumentación y de Facultad. Sumados a estos, la Universidad implementó cambios a los requisitos de español y al Ciclo Básico Uniandino (cursos CBU), que aplican para toda la población estudiantil de la Universidad y no solo para la Facultad.

El Capítulo III describe el seguimiento a la reacreditación de alta calidad de 2012 y analiza cada uno de los aspectos identificados en el informe de evaluación externo presentado por los pares evaluadores en dicha acreditación. En este capítulo se evalúan los esfuerzos realizados por la Facultad de Derecho a lo largo de estos ocho años, incluyendo tanto las fortalezas como las oportunidades del programa. En la pasada acreditación, los pares evaluadores otorgaron la calificación “se cumple en alto grado” a cada uno de los ocho factores de calidad aplicables en 2012.

Entre las fortalezas destacadas por los pares en aquella oportunidad se pueden mencionar las siguientes: (i) alto sentido de pertenencia a la Universidad y a la Facultad por parte de estudiantes, docentes y directivos; (ii) cultura de la profesionalización del trabajo académico, calidad académica del profesorado de planta y una adecuada relación entre su número y el número de estudiantes del programa; (iii) la decidida promoción de la investigación mediante los estímulos financieros e institucionales y, en especial, mediante el desarrollo del programa de formación doctoral en Derecho; (iv) el funcionamiento del Consultorio Jurídico, cuya infraestructura y organización interna favorecen el desarrollo armónico de la práctica jurídica de las y los estudiantes, al tiempo que contribuye al incremento del compromiso social del programa; (v) la contribución de las tres clínicas jurídicas a la formación interdisciplinaria de las y los estudiantes, a su acercamiento a la investigación socio-jurídica y al desarrollo de conocimientos y habilidades argumentativas necesarias para el litigio de alto impacto; (vi) los convenios suscritos como contribución a la internacionalización, a la formación integral de las y los estudiantes y al fortalecimiento de redes y vínculos con otras comunidades académicas locales e internacionales; y (vii) la suficiencia y pertinencia de los materiales bibliográficos y de bases de datos especializadas.

Por su parte, las oportunidades de mejora del programa identificadas por los pares en la acreditación de 2012 son las siguientes: (i) revisión de los mecanismos de difusión y comunicación de la misión entre estudiantes y docentes de cátedra; (ii) baja participación estudiantil en prácticas sociales y académicas; (iii) diferencia entre las percepciones de directivos y estudiantes sobre el impacto de la participación estudiantil; (iv) revisión de la vinculación y evaluación de docentes de cátedra; (v) ausencia de una política institucional de responsabilidad social claramente definida; (vi) percepción negativa de empresarios, funcionarios, líderes y agentes externos sobre el impacto social de los proyectos desarrollados por el programa; (vii) percepciones negativas de estudiantes, docentes y personal administrativo sobre la incidencia de los programas de bienestar institucional; (viii) percepción negativa de estudiantes sobre la difusión de información acerca de becas; (ix) baja difusión del trabajo que realiza la Facultad a través del Consultorio Jurídico, litigio estratégico y clínicas jurídicas; (x) pocas facilidades para la población en situación de discapacidad motora.

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Resumen Ejecutivo 10

En estos ocho años, la Facultad de Derecho ha realizado acciones concretas orientadas a atender las debilidades y a consolidar las fortalezas detectadas por los pares académicos en 2012. El informe de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación de alta calidad que el presente documento resume detalla estas acciones a la luz de los diez factores de calidad y sus correspondientes características. Este es precisamente el objeto del Capítulo IV del informe, el cual desarrolla la evaluación por factores. El resumen de las fortalezas más significativas de cada factor, que justifican por qué el programa de pregrado sí es de alta calidad, se presenta a continuación. Frente a los aspectos por mejorar, y a la justificación del grado de cumplimiento de cada factor, se sugiere al lector a remitirse al documento extenso y al Capítulo V.

Factor 1 - Misión, proyecto institucional y de programa

Las características que indaga el Factor 1 tienen que ver con la misión, el proyecto institucional y del programa. La evaluación de este factor permite conocer en qué medida este es un

“programa de alta calidad”, es decir, que “se reconoce por tener un proyecto educativo en consonancia con el proyecto educativo institucional, el cual debe ser suficientemente socializado y apropiado por la comunidad y sirve de referente fundamental para el desarrollo de sus funciones misionales”. Las características de este factor evalúan aspectos como la misión y el proyecto institucional, el proyecto educativo de programa y su relevancia social.

Sea lo primero destacar que la Universidad de los Andes tiene una misión claramente establecida, que orienta el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) y los planes de los distintos departamentos (PDD) y facultades (PDF) de la Universidad, a través de unos ejes y objetivos de acción concretos. El PDI parte de un marco general fijado por la declaración de los fundadores y es producto, a su vez, de un proceso de autoevaluación institucional quinquenal. Esta cultura de la autoevaluación institucional inició en el año 2000 y le ha permitido a la Universidad la formulación de cuatro PDI hasta la fecha. Cada uno de estos proyectos traduce los principios generales de los fundadores en una misión, una visión y unos ejes de acción específicos, según las circunstancias, las necesidades del país y de la sociedad. El actual PDI, correspondiente al quinquenio 2016-2020, también prevé una misión, unos ejes estratégicos y unos lineamientos que rigen la actividad de todas sus unidades.

La Universidad se preocupa por la permanente divulgación de la misión y la visión, de modo que estas sean conocidas por los distintos públicos de la comunidad uniandina. Para ello usa distintos canales de comunicación como la página web, el catálogo general y los boletines estadísticos y actividades como las jornadas de bienvenida para estudiantes de primer semestre, sus padres, empleados administrativos, profesoras y profesores de planta y de cátedra.

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La Universidad se ha caracterizado por llevar a cabo un proceso de admisión transparente, en el que el único criterio de selección aplicable es el desempeño académico, principalmente en las pruebas de Estado Saber 11. En línea con este criterio, y en particular el eje estratégico

“Liderazgo académico del PDI 2016-2020”, la Universidad ha dispuesto mecanismos para fomentar el ingreso y permanencia de estudiantes académicamente excelentes con restricciones económicas. Entre los mecanismos de apoyo financiero dispuestos por la Universidad se destacan los programas Quiero Estudiar, Quiero Enseñar, Pa’lante Pacífico y Pa’lante Caribe, aplicables al pago de matrículas, así como alternativas de financiación para el sostenimiento, tales como Fopre y el crédito de emergencia.

Desde su fundación en 1968, el pregrado en Derecho se ha caracterizado por ofrecer un modelo pedagógico basado en el aprendizaje activo, la formación crítica y la resolución de problemas. Se trata de un modelo que privilegia una concepción constructivista del aprendizaje y un enfoque por competencias. Entonces, el programa propone que las y los estudiantes aprendan a aprender el derecho y que sus docentes no se limiten a enseñar contenidos, sino a facilitar y orientar su proceso de aprendizaje. Este modelo pedagógico se ve efectivamente reflejado en los tres objetivos de aprendizaje del programa: (i) investigación jurídica, (ii) argumentación y comunicación y (iii) prevención y resolución de conflictos.

En cuanto al proyecto educativo del programa, conviene destacar que, en línea con los valores institucionales, la Facultad persigue la excelencia académica, la innovación, la responsabilidad social y el espíritu crítico de sus estudiantes. En seguimiento del PDI 2016-2020, la Facultad ha definido su propio PDF para la misma vigencia, el cual cumple los fines del proyecto educativo del programa. Así, el PDF traduce el contenido general del PDI al contexto particular de la Facultad de Derecho, las necesidades de la sociedad y de sus estudiantes. La Facultad establece los objetivos de su pregrado como “objetivos pedagógicos y de enseñanza”, los cuales están formulados con arreglo a la misión y el proyecto de la Universidad.

El programa de Derecho tiene una relevancia académica y social significativa y a través de la enseñanza de la disciplina jurídica busca responder a los distintos desafíos que tiene la sociedad. Estos retos son enfrentados a través de un programa que explora el derecho con un sentido de transformación social, que se hace evidente en su pedagogía enfocada en la formación de personas críticas con herramientas jurídicas, interdisciplinarias y teóricas para intervenir las problemáticas sociales. A partir de lecturas teóricas y producción de evidencia, el programa también propicia una investigación innovadora que contribuye con una sociedad más justa a través de la creación de políticas públicas y de iniciativas privadas. Finalmente, la comunidad académica es activa en la divulgación del conocimiento a través de eventos públicos y del diálogo que docentes e investigadores entablan con las comunidades. En consecuencia, se espera que sus egresadas y egresados sean gestores que, a partir de sus competencias profesionales, su sentido ético y su sentido de responsabilidad social, contribuyan a crear las condiciones que permitan una solución gradual pero estructural a tales desafíos.

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El programa ha puesto en marcha proyectos concretos de actualización curricular que reconocen la importancia de ofrecer una formación que responda a los retos de la sociedad.

Entre estos proyectos se destacan los siguientes: Proyecto de Reflexión Curricular; Programa de Formación Judicial (PFJ); Programa de Innovación Legal, cuyo producto más representativo es el curso Laboratorio de Diseño para la Justicia; Programa y Política de Concursos; y Red de Lenguaje Claro. Así mismo, merecen especial mención el Consultorio Jurídico y sus clínicas jurídicas y los proyectos de investigación y consultoría que realiza la Facultad, los cuales tienen un impacto concreto en el entorno.

Al igual que la Universidad, la Facultad utiliza diversas estrategias para divulgar su PDF. En primer lugar, hace uso de medios oficiales como la página web, la agenda semanal y la presencia en redes sociales. Asimismo, cuenta con espacios de comunicación directa con los miembros de la comunidad, tales como la inducción a estudiantes de primer semestre, la bienvenida a padres de familia y la inducción a profesoras y profesores de planta, cátedra y tutores. A pesar de ello, algunos indicadores muestran que no hay suficiente conocimiento del PDI y el PDF entre estudiantes y profesores de cátedra. En cuanto a las estrategias de discusión y actualización del PDF, la Facultad cuenta con el Consejo de Facultad, en donde se toman decisiones respecto del PDF, se someten a deliberación sus actualizaciones necesarias y se definen y diseñan sus estrategias de comunicación a docentes, estudiantes y otros miembros de la comunidad. Un aspecto de mejora identificado es la necesidad de explicitar un plan de seguimiento y monitoreo al PDF, el cual se incluye dentro del plan de mejora respectivo.

En vista de lo anterior, la evaluación de las características del Factor 1 permite concluir que la Universidad tiene una misión clara, materializada en un PDI cuidadosamente construido para orientar la acción institucional y honrar los principios de su fundación. Por su parte, la Facultad de Derecho acoge estos lineamientos institucionales y construye su propio PDF con miras a desarrollar sus funciones misionales, teniendo en cuenta las características del modelo educativo que la guían y el contexto en el que se sitúa.

Luego de la autoevaluación, al Factor 1 se le ha asignado la calificación numérica de 4,67 (se cumple en alto grado).

Factor 2 – Estudiantes

Las características del Factor 2 buscan conocer si el programa es de alta calidad en tanto

“permite al estudiante potenciar al máximo sus competencias, especialmente actitudes, conocimientos, capacidades y habilidades durante su proceso de formación”. Al respecto, son relevantes los criterios de admisión y las políticas de formación integral de las y los estudiantes, así como los mecanismos institucionales que promueven su permanencia en el programa, entre otros.

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Como se ha advertido antes, la Universidad de los Andes selecciona sus estudiantes mediante un proceso de admisión basado en criterios objetivos. Estos mecanismos, previstos en el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado (RGEPr), son: examen de Estado; prueba específica (aplicable a estudiantes de música y medicina); examen internacional; admisión a universidades rankeadas; posición relativa en colegio; y transferencias y admisión por examen de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). Por su parte, el programa de Derecho mantiene un número de estudiantes matriculados estable, el cual se ha sostenido en los últimos cinco años con un promedio de 107.

Para la Universidad de los Andes la culminación exitosa de los planes de estudio de sus estudiantes es una prioridad y por ello adelanta acciones que aseguran el bienestar emocional y académico del estudiantado. Uno de los mecanismos para lograr un adecuado desempeño estudiantil es la consejería, que está a cargo de todo el profesorado de la Universidad. A través de la consejería académica se puede monitorear constantemente la deserción estudiantil, que de acuerdo con el boletín estadístico 2019 ocurre cuando un estudiante se ha ausentado más de tres semestres de la Universidad. En el caso de la Facultad de Derecho, la deserción tiene una tasa semestral baja, de entre un 1% y un 2% de estudiantes.

Dado que la formación integral de las y los estudiantes es un compromiso institucional, la Universidad prevé un amplio abanico de alternativas que hacen posible esta apuesta, tales como el Ciclo Básico Uniandino (cursos CBU), el doble programa, las opciones académicas, las prácticas de formación profesional, la práctica social, los intercambios internacionales, los Cursos de Libre Elección (CLE), el requisito de español, los cursos E (Español), los cursos Épsilon (Ética), los cursos en el territorio y el requisito de idioma extranjero.

Además de lo anterior, el programa de Derecho ofrece otros escenarios para el desarrollo de la formación integral de sus estudiantes, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: la homologación del requisito de grado por la práctica profesional; la práctica jurídica en el Consultorio Jurídico y sus clínicas jurídicas; los cursos de contextualización y los cursos facultativos del primer y tercer ciclo del pénsum, respectivamente; los intercambios estudiantiles con universidades de otros países; las monitorías; el Colegio de Monitores; la convocatoria Derecho y Nuevas Tecnologías; el Programa de Formación Judicial (PFJ); la participación en concursos nacionales e internacionales; el periódico AlDerecho; los semilleros de investigación, los grupos de investigación y los grupos de estudio; el Laboratorio de Diseño Legal; los pódcast y la revista UNA. Finalmente, entre las actividades culturales y deportivas se destacan el grupo de teatro “Abrakadabra”, creado por la Clínica Jurídica de Prisiones del Consultorio Jurídico, y el torneo de microfútbol “Copa Kelsen”.

Asimismo, la Facultad ofrece a las y los estudiantes de otros programas los siguientes cursos:

Constitución y Democracia, Fundamentos de Derecho de los Negocios y algunos cursos del CBU como Cine y Derecho o Animales al Derecho. La Facultad también ofrece la opción en Derecho, que es una alternativa de formación integral para todas las y los estudiantes de pregrado de la Universidad. Esta opción es de tres tipos: (i) opción en Derecho de los

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negocios, (ii) opción en Derecho y Estado y (iii) opción en Derecho de la propiedad intelectual y el entretenimiento.

La Universidad también ofrece un conjunto de estímulos para sus estudiantes: Distinción Alberto Magno, Distinción Ramón de Zubiría, Distinción de Excelencia Semestral, Grado Summa Cum Laude, Grado Magna Cum Laude, Grado Cum Laude, Distinción a la Responsabilidad Social Universitaria y Beca Ciro Angarita Barón. Por su parte, las monitorías, además de promover la formación integral de las y los estudiantes, son un reconocimiento al buen desempeño que estos logran en su trayectoria académica.

Finalmente, es oportuno mencionar que el régimen académico y disciplinario que rige a las y los estudiantes de pregrado de la Universidad, incluidos los del programa de Derecho, se encuentra previsto en el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado (RGEPr). Este reglamento establece los derechos y deberes de las y los estudiantes en la Universidad, así como las reglas de convivencia al interior de la comunidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de la misión de la Universidad. Por su parte, en la Facultad de Derecho los programas de cada uno de los cursos que se ofrecen establecen las reglas de juego aplicables a las y los estudiantes durante el periodo académico respectivo: además de la descripción de contenidos, evaluación, metodología y bibliografía, en estos documentos se incluyen previsiones en materia de ajustes razonables y se explicita el rechazo a las conductas de maltrato, acoso, amenaza, discriminación y violencia sexual y de género, regulados en el Protocolo MAAD de la Universidad.

El análisis realizado a la luz de las características del Factor 2 sobre estudiantes permite concluir que la Facultad ofrece un programa de gran calidad, que está seriamente comprometido con la formación integral de su estudiantado. Ello se logra a partir de una educación jurídica sólida, que se conjuga con diversos conocimientos y habilidades provenientes de otras disciplinas y se fomenta a partir de una pluralidad de metodologías y aproximaciones teóricas.

Factor 3 – Profesores

El Factor 3 explora la calidad del programa de Derecho a partir de la calidad de sus profesoras y profesores en los siguientes términos: “La calidad de un programa académico se reconoce en el nivel y calidad de sus profesores, que hacen de su tarea un ejemplo de vida”. Las características de este factor tienen que ver con la selección, vinculación y permanencia de sus docentes, la composición del cuerpo profesoral y, por último, con los estímulos, la remuneración y la evaluación docente.

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El cuerpo profesoral de planta de la Facultad ha crecido, tanto en tamaño como en número de docentes con formación doctoral. Para 2020, la Facultad contaba con 43 profesoras y profesores de planta, de los cuales 36 tenían título de doctorado y 7 de maestría.

La regulación de las políticas para la selección y vinculación docente está definida de manera general en el Estatuto Profesoral de la Universidad. Por su parte, las unidades académicas tienen cierta autonomía para fijar criterios adicionales y procedimientos específicos al respecto.

De acuerdo con el estatuto, los candidatos a profesora o profesor deben demostrar experiencia investigativa y docente. La Facultad de Derecho, por su parte, ha introducido criterios objetivos sobre la experiencia en docencia e investigación, que se mide mediante las publicaciones en revistas indexadas o en libros publicados en editoriales reconocidas y las evaluaciones a las prácticas docentes. Además, ha fijado un procedimiento para la selección y vinculación de sus docentes, que se realiza previa convocatoria pública, y ha establecido que las y los aspirantes deben contar con el título de doctorado para ingresar a la carrera profesoral.

La Facultad también ha establecido un procedimiento para la vinculación de profesoras y profesores visitantes y posdoctorales (asistentes), que en ambos casos inicia mediante convocatoria pública. Por su parte, la vinculación de docentes de cátedra se hace tras un análisis semestral de necesidades de cubrimiento de cursos del programa en general, de cursos facultativos específicos o de renovación de planta. Aunque no es un requisito insalvable, la Facultad ha buscado que sus docentes de cátedra cuenten con título de maestría. Resulta notable, además, que en los últimos años el número de profesoras y profesores de cátedra con título de doctorado ha incrementado.

Dado que la Universidad de los Andes ha asumido que el cuerpo profesoral tiene la docencia como un proyecto de vida, la permanencia de sus docentes es un factor central en el desarrollo de la estrategia de calidad. Para ello, el estatuto prevé un sistema de escalafón docente y una evaluación trienal, conforme a la cual se valora el cumplimiento de las actividades de docencia, investigación y desarrollo institucional que permiten la promoción de las y los profesores entre las categorías del sistema. En línea con la comprensión que la Universidad tiene de la docencia como un proyecto vital, la Facultad se ha preocupado por el desarrollo integral de sus profesoras y profesores, para lo cual diseñó el Programa Sócrates, hoy llamado Área de Educación Jurídica (AEJ). El AEJ identifica permanentemente necesidades de apoyo o formación docente y organiza actividades o recursos orientados a enfrentarlas. Además, semestralmente lleva a cabo una jornada de inducción-formación profesoral para los nuevos docentes, tanto de cátedra como de planta y para tutores.

La Universidad y la Facultad han diseñado un sistemas que posibilita el desarrollo integral de las y los docentes, conformado por un conjunto diverso de estrategias: Programa de Desarrollo Docente (PDD); Fondo de Apoyo para Profesores Asistentes (FAPA); Semestre de Trabajo Académico Independiente (STAI); Estímulo al Trabajo Interdisciplinario (ETI);

Fondo de Apoyo a la Investigación de Profesores de Planta (FAIP); Fondo de financiación para la traducción o terminación de productos; Fondo de capital inicial para semilleros de

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investigación; Fondo para el fortalecimiento de grupos de investigación; Beca en créditos para la vinculación de estudiantes de maestría a proyectos financiados con el fondo FAIP o el Fondo de Grupos de Investigación; y Fondo de viajes para la participación de docentes en actividades académicas internacionales. Al anterior catálogo de estrategias se suman también los cursos de capacitación apoyados por la Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional (GHDO), así como el sistema de beneficios aplicables a la oferta de cursos de educación continuada y el programa de bienestar y calidad de vida a cargo de GHDO.

Otra estrategia de permanencia de las y los profesores en el programa de Derecho es la Ruta de Apoyo Docente, cuyo objetivo es acompañar a quienes muestren alguna debilidad en sus actividades docentes, a fin de que las puedan superar y mantener su proyecto de vida dentro de la Universidad. Debe considerarse también el bono de desempeño anual, un incentivo económico que reciben las y los profesores en función del cumplimiento de sus obligaciones docentes, investigativas y de desarrollo institucional. Los criterios de definición de este incentivo son objetivos, pues se miden a partir de la participación en actividades de la Facultad, la producción de conocimiento y el cumplimiento de las obligaciones docentes.

Tal como se ha mencionado, las responsabilidades de las y los profesores de planta se distribuyen entre cargas de docencia directa, producción académica y desarrollo institucional.

Respecto de la responsabilidad de docencia directa, cada profesora o profesor tiene a su cargo la enseñanza de 4 cursos al año, que corresponde a atender 220 puestos-estudiante.

Asimismo, tienen también a su cargo la consejería de estudiantes, que corresponde a unos 27 estudiantes en promedio y que se lleva a cabo de acuerdo con horarios semanales previamente establecidos.

De acuerdo con el Estatuto Profesoral, la evaluación docente se realiza trienalmente, considerando los avances logrados en docencia directa, producción académica y desarrollo institucional. Respecto de la práctica docente, el estatuto prevé la evaluación de estudiantes y la de la práctica docente. La primera consiste en la encuesta de percepción que diligencian las y los estudiantes al final del semestre y que es administrada por el Centro de Evaluación Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad. Por su parte, la evaluación de la práctica docente corresponde a las unidades académicas. En la Facultad de Derecho, la actividad de evaluación docente se ha enfocado de dos maneras: por una parte, como instancia dentro del proceso de ordenamiento profesoral y, por otra, a partir de la revisión de las encuestas de estudiantes.

La responsabilidad de las y los profesores asociada al desarrollo institucional también está prevista en el Estatuto Profesoral. Allí se exponen distintas formas de aportar al desarrollo institucional, tales como la participación en los órganos de gobierno de la Facultad, el liderazgo en los proyectos institucionales y la consecución de recursos externos.

En relación con la remuneración de sus docentes, la Universidad aplica el concepto de compensación total, el cual comprende: compensación efectiva garantizada, compensación

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variable a corto plazo, retribución emocional y beneficios. El concepto de compensación efectiva garantizada consiste en el salario básico mensual, ingresos por ejecución del cargo, prestaciones sociales conforme al modelo contractual y Beneflex. Este último es un plan de beneficios flexibles extralegales equivalentes al 17,5% del salario básico. La compensación variable a corto plazo, por su parte, consiste en bonos por mera liberalidad y bonificaciones por labores académicas o de investigación. Finalmente, la escala salarial es establecida por la Universidad y responde a las categorías del ordenamiento profesoral. La promoción dentro del ordenamiento implica aumento salarial.

Por su parte, las y los profesores de cátedra centran sus actividades en las labores docentes derivadas de los cursos que dictan y para los cuales han sido vinculados por la Universidad.

Su tiempo de dedicación está determinado en función del número de créditos del curso a su cargo (3, 4 o 5 créditos, según el caso). Las y los profesores de cátedra también pueden participar en actividades relacionadas con el examen de Facultad, la asesoría en tesis de grado o algunos proyectos de consultoría e investigación.

Conviene mencionar también que las y los profesores participan en los siguientes espacios de decisión de la Facultad: Consejo de Facultad, Comité de Posgrados, Comité de Doctorado y Comité Disciplinario. Además de estos, existen otros comités conformados para atender actividades específicas, como el Comité de reclamos de la Facultad (que define la adopción de un segundo calificador), el Comité de incompletos (que atiende solicitudes académicas de estudiantes), el Comité editorial y de publicaciones (que revisa temas de publicaciones en la Facultad) y comités ad hoc como el de selección de profesoras y profesores.

Resulta oportuno también mencionar los procesos de acompañamiento por parte de expertos, los cuales permiten la cualificación de la labor pedagógica de las y los profesores. Estos expertos y aliados pertenecen a diferentes unidades de la Universidad y apoyan diversas necesidades pedagógicas: el Centro de Innovación en Tecnología y Educación (Conecta- TE) para la transformación de prácticas docentes; el Centro de Ética Aplicada (CEA) para la implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje de la ética en los cursos; y el Centro de Español para el desarrollo de actividades de lectura, escritura u oralidad en los cursos.

La evidencia recogida asociada a las características del Factor 3 permite concluir que la Universidad y la Facultad asumen la docencia como un proyecto de vida. Consecuente con ello, han establecido un conjunto de estrategias y políticas institucionales claramente reguladas en el Estatuto Profesoral, que facilitan el desarrollo de la carrera académica por parte de sus profesoras y profesores.

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Factor 4 – Procesos académicos

El Factor 4 evalúa si el programa ofrece “una formación integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, acorde con las tendencias contemporáneas del área disciplinar o profesional que le ocupa”. En ese sentido, las características de este factor tienen que ver con la integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad del currículo; las metodologías de enseñanza, trabajo y evaluación; la proyección social del programa; y los recursos bibliográficos, computacionales y de apoyo docente disponibles.

En relación con la integralidad, el programa se enfoca de manera especial en el desarrollo de competencias y habilidades de escritura y argumentación en sus estudiantes. Existen diversos mecanismos para asegurar que las y los profesores tengan en cuenta este objetivo en el diseño de sus programas de clase, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:

capacitación a docentes nuevos sobre metodologías activas de enseñanza y evaluación de competencias de investigación y argumentación; seguimiento de competencias a través de la plataforma Brightspace (Learning Management System); exámenes de Ciclo y de Facultad;

y reuniones generales de profesoras y profesores.

Como se ha mencionado en otros factores del informe, la Universidad promueve la integralidad en la formación de sus estudiantes mediante cursos que fomentan competencias y conocimientos que no son estrictamente disciplinares y que fortalecen su formación en las dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y social. Así, todo(a) estudiante de la Universidad debe cursar un mínimo de 20 créditos en materias que no pertenezcan a la dimensión disciplinar del currículo. Para el caso del programa de Derecho, esto equivale a un 11% del total de los créditos que se deben tomar para graduarse como abogado/abogada;

6 de estos créditos son Cursos de Libre Elección (CLE) y 14 corresponden a cursos CBU.

El programa de Derecho, en particular, tiene un significativo número de materias orientadas a una formación robusta en teoría jurídica (24 créditos). Esto refleja su interés por desarrollar en las y los estudiantes una comprensión de las bases del derecho que trascienda la técnica y los conecte tanto con su tradición como con los desafíos que esta enfrenta en el entorno social. El Programa de Formación Judicial (PFJ) de la Facultad es también una estrategia orientada a fomentar la integralidad. Además, el programa ofrece cursos en modalidad blended, en los cuales se aumenta el trabajo autónomo de las y los estudiantes y se disminuye la presencialidad.

El programa hace énfasis en la enseñanza a partir de metodologías activas, fomentadas desde el Área de Educación Jurídica (AEJ). Este énfasis les permite a las y los estudiantes desarrollar habilidades y actitudes, así como adquirir conocimientos que los forman como profesionales competentes en el dominio de contenidos disciplinares y en el pensamiento crítico y creativo. Las competencias de investigación y argumentación, que son transversales al plan de estudios, se desarrollan mediante la incorporación de pedagogías activas de

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enseñanza en las que las y los estudiantes se convierten en los principales agentes de su propio proceso de aprendizaje.

Entre las metodologías activas de enseñanza que utilizan las y los profesores de la Facultad en sus cursos, se destacan las siguientes: aprendizaje basado en problemas; aprendizaje en colaboración; método socrático; método del caso; resolución de casos complejos; juego de roles y simulaciones; escritura académica argumentativa; e investigación jurídica. La transversalidad de la argumentación jurídica es otro aspecto que caracteriza al programa y que promueve la creatividad de sus estudiantes. Las asignaturas obligatorias Lógica y Retórica, Juez y Argumentación Constitucional, Legislación y Políticas Públicas, Argumentación Civil y Argumentación Penal conforman un núcleo esencial para el desarrollo de esta habilidad.

Dichas materias contribuyen a que las y los estudiantes construyan creativamente argumentos que les permitan solucionar los problemas jurídicos a los que se enfrentan. Los semilleros, grupos de estudio y grupos de investigación, la opción de trabajo de investigación como opción de grado y la práctica jurídica en el Consultorio y sus clínicas jurídicas también son espacios que promueven el pensamiento creativo y autónomo de las y los estudiantes y contribuyen a su formación integral.

Las y los profesores del programa también utilizan la tecnología como un recurso de apoyo en la implementación de sus estrategias pedagógicas. Al respecto, se destaca el uso de aplicaciones para la enseñanza, tales como Padlet, Whiteboard, Perusall, OneNote, Genially, Kahoot, Mentimeter, Zoom, Webex, Teams, Mindmeister, entre otras.

Por su parte, las competencias éticas son un eje del perfil del egresado y de la formación que reciben las y los estudiantes del programa. En la Facultad, el aspecto ético tiene en su centro una pregunta por la igualdad y la inclusión. Además de la ética, la investigación es otro aspecto que busca lograr la formación de la Facultad de acuerdo con el perfil del egresado. Esta competencia se desarrolla en cursos específicos, actividades extracurriculares y de manera transversal en la carrera. Los cursos específicos que trabajan habilidades de investigación son el Seminario de Investigación Dirigida e Investigación Dirigida.

La Facultad también promueve la articulación del plan de estudios con los diversos niveles de formación de posgrado. Las y los estudiantes de pregrado de la Facultad pueden escoger cursar entre 8 y 16 créditos correspondientes a asignaturas ofrecidas por alguna de las maestrías de la Facultad como opción de grado (coterminal). También pueden tomar dos materias establecidas por cada maestría, que equivalen a las materias de Seminario de Investigación y de Investigación Dirigida. Esto facilita la continuidad entre los programas de pregrado y maestría e impulsa a las y los estudiantes a fortalecer ciertas competencias y habilidades propias del nivel de posgrado. Además, las materias de maestría pueden ser cursadas por un estudiante de pregrado como parte del componente facultativo del currículo, del Ciclo de Libre Elección (CLE), de los cursos intersemestrales o de la Escuela de Verano.

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La Universidad también fomenta las habilidades comunicativas en idioma extranjero mediante el cumplimiento del requisito de idioma para todos sus estudiantes: uno de lectura en inglés y otro de dominio de lengua extranjera (inglés, francés, alemán, portugués o italiano). Asimismo, todo estudiante de la Universidad debe aprobar al menos un curso tipo I que se imparte en inglés. La Facultad de Derecho ha ofrecido en inglés los siguientes cursos del currículo:

Derecho Internacional, Derecho Comparado y Teoría Jurídica. Los cursos de verano en inglés, que son cursos cortos ofrecidos por profesoras y profesores internacionales en el periodo intersemestral, también hacen parte del esfuerzo de la Facultad por desarrollar competencias en un segundo idioma en sus estudiantes. Además, las y los estudiantes de Derecho pueden acceder a una variada oferta de convenios de intercambio.

Como se ha mencionado antes, uno de los sellos distintivos del programa es su flexibilidad, lo cual se manifiesta de dos maneras. Por un lado, las y los profesores cuentan con la autonomía necesaria para seleccionar y organizar los contenidos, plantear las estrategias metodológicas y establecer las evaluaciones que consideren apropiadas para el desarrollo de las competencias que quieren promover en sus cursos. Ello permite contar con una oferta de cursos amplia y diversa frente a la cual las y los estudiantes escogen aquellas secciones que mejor se ajusten a sus intereses. De otro lado, las asignaturas del programa, en su gran mayoría, no tienen prerrequisitos, de modo que las y los estudiantes tienen la posibilidad de organizar su plan de estudios y avanzar en su formación de acuerdo con su propio proyecto académico y sus necesidades personales. La posibilidad de extracreditación cuando un estudiante tiene un promedio superior acumulado a 4,0 es otra forma de flexibilidad, toda vez que le permite avanzar en el programa de Derecho o tomar cursos del doble programa o de las opciones.

El programa ofrece una formación con compromiso social y reconoce la necesidad de aproximarse al derecho con una visión interdisciplinaria. La Facultad fomenta la creación de espacios curriculares y extracurriculares en los cuales las y los estudiantes tienen la oportunidad de construir una perspectiva integral de la disciplina y de su relación con los problemas sociales. Los cursos CBU y CLE, los cursos facultativos, las opciones, el doble programa, los cursos interdisciplinarios del programa, los semilleros, los grupos de estudio y grupos de investigación, así como la oferta de conferencias y seminarios, el Consejo Estudiantil Uniandino (CEU), el Día Paiz, entre otros, son todos escenarios curriculares y extracurriculares que contribuyen a la formación interdisciplinaria de la comunidad estudiantil.

El programa orienta sus labores de docencia y de investigación al mejoramiento de la vida en sociedad a través del trabajo de impacto social de docentes y estudiantes, el cual muestra su compromiso con la concepción del derecho como un instrumento de transformación social.

Entre las actividades de proyección social que desarrolla la Facultad se pueden mencionar las siguientes: Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas (CIJUS); Consultorio Jurídico con sus siete áreas (Penal, Patrimonial, Laboral, Familia, Público, Mujeres y Centro de Conciliación) y las cuatro clínicas jurídicas (PAIIS, Grupo de Prisiones, MASP y Migrantes); Centro de Estudios en

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Migración (CEM); Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática (GECTI); y los grupos y semilleros de investigación.

En cuanto a las estrategias y mecanismos pedagógicos aplicados y orientados hacia la integración de las tres funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social, se destacan: el Consultorio Jurídico y sus clínicas jurídicas; los semilleros, grupos de estudio y grupos de investigación; los seminarios de investigación; los créditos por investigación/

creación; las monitorias de investigación; el Programa de Formación Judicial (PFJ); y la práctica social.

Aunque ya se ha mencionado la política de evaluación del trabajo de las y los estudiantes, en este punto vale la pena reiterar que esta se encuentra prevista en el RGEPr, en algunos reglamentos internos de la Facultad y en cada uno de los programas de curso. La política de evaluación planteada en el RGEPr persigue objetivos como la retroalimentación constante del proceso de aprendizaje del estudiante; el conocimiento oportuno de las calificaciones obtenidas; la progresividad en el aprendizaje; la flexibilidad en los tipos de evaluación; la oportunidad de revisión de la calificación por parte de las y los docentes y la solicitud de segundo calificador; y el incentivo de la calidad del trabajo realizado por las y los estudiantes.

Por su parte, la Facultad también ha implementado un conjunto de reglas en materia de evaluación, tales como la solicitud de segundo calificador y la anulación de pruebas; las políticas para la realización de las pruebas académicas; y las rutas de acompañamiento al examen de Facultad. El Área de Educación Jurídica (AEJ) es un apoyo fundamental en el desarrollo de pruebas, evaluaciones y matrices o rúbricas para evaluar las competencias y habilidades sobre las cuales gira la enseñanza del derecho en la Facultad. Este acompañamiento del AEJ aplica tanto para el diseño de evaluaciones al interior de los cursos como para la implementación de los exámenes de ciclo y de Facultad.

Por otro lado, un insumo clave para la evaluación del programa son las encuestas, pues estas permiten que la Dirección de Pregrado y la Decanatura conozcan el funcionamiento de los cursos y detecten aspectos que requieran intervención a través de la Ruta de Apoyo Docente a cargo del AEJ. Las encuestas constituyen también información valiosa para que las y los profesores evalúen el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y el desarrollo de sus propios cursos. De cara a este propósito, la Facultad realiza la encuesta de mitad de semestre, que permite implementar ajustes de forma oportuna, antes de que el curso concluya.

Además de la revisión de encuestas, el AEJ también diseña estrategias para acompañar el proceso de evaluación que las y los profesores hacen en sus cursos. Uno de ellos es la Ruta de Apoyo Docente, antes mencionada, y otro es el acompañamiento en la elaboración de programas académicos. Este último asegura, por una parte, una alineación entre objetivos de aprendizaje, metodologías y sistemas de evaluación y, por otra, el respeto de las políticas y reglamentaciones de la Universidad y de la Facultad.

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El AEJ también acompaña a las y los profesores en la elaboración de sus portafolios docentes.

Este ejercicio de recopilación de las prácticas de enseñanza y evaluación es un elemento valioso para la evaluación del trabajo docente. Constituye además una herramienta para la reflexión sobre dichas prácticas y su continuo mejoramiento, al permitir vislumbrar el conjunto de acciones pedagógicas y su resultado en el aprendizaje de las y los estudiantes. Este aspecto se encuentra en su última fase de diseño y pilotaje por el AEJ y será implementado en la evaluación docente de 2022.

El programa de Derecho cuenta con instituciones encargadas de su orientación y regulación.

El Consejo de Facultad es el ente encargado de evaluar la conveniencia de la implementación de ajustes al programa. Para esta labor se apoya en la Dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad, que a través de los boletines estadísticos aporta cifras e indicadores sobre la población estudiantil, su éxito académico y deserción, la planta profesoral, las investigaciones y publicaciones y la apreciación de la comunidad universitaria sobre los programas de las unidades académicas y administrativas. Asimismo, la Dirección de Planeación y Evaluación juega un papel central en el monitoreo de los aspectos por mejorar en los procesos de acreditación, de acuerdo con las recomendaciones de los pares académicos.

La evaluación y autorregulación del programa se lleva a cabo en distintos momentos y escenarios, como en las reuniones de las áreas disciplinares de la Facultad y en los encuentros colectivos del cuerpo profesoral de planta. La Facultad organiza una de estas reuniones al menos cada dos años, con el fin de hacer un seguimiento de los principales desafíos que afronta y de los cursos de acción que deben ser adoptados en el corto, mediano y largo plazo para superarlos.

Es oportuno hacer una mención al proceso de revisión curricular iniciado en 2017, que actualmente se encuentra en su fase final y que está enfocado en moderar la carga académica estudiantil y reforzar el modelo curricular por competencias. Este proceso de reflexión curricular ha tenido una participación de todos los miembros de la comunidad, razón por la cual sus cuatro comités (perfil del egresado, currículo y contenidos, pedagogía y electividad) están conformados por profesoras y profesores tanto de planta como de cátedra, estudiantes y personal administrativo. Este trabajo consiste en la ejecución de un diagnóstico comprensivo de las fortalezas, retos y debilidades de la propuesta pedagógica actual de la Facultad de Derecho. Posterior a este diagnóstico, será necesario que el Consejo de Facultad determine qué cambios implementar y qué aspectos mantener y fortalecer.

En conclusión, el análisis del Factor 4 sobre procesos académicos, a partir de sus respectivas características, da cuenta de un programa comprometido con la educación de calidad de sus estudiantes, bajo criterios de integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad, con sentido ético y de justicia social. Todo ello sobre la base de procedimientos institucionales previstos en reglamentos y políticas de la Universidad y de la Facultad.

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Factor 5 – Visibilidad nacional e internacional

El Factor 5 determina que un programa es de alta calidad cuando es reconocido nacional e internacionalmente. Las características de este factor evalúan la inserción del programa en espacios académicos nacionales e internacionales, así como el relacionamiento de sus estudiantes y docentes con los contextos nacional e internacional.

La Facultad de Derecho promueve ampliamente el contacto de profesores y estudiantes con miembros distinguidos de universidades y diferentes instituciones públicas y privadas del ámbito nacional. Así mismo, ha fomentado exitosamente la cooperación académica con instituciones y programas educativos nacionales y ha llevado a cabo convenios, alianzas y actividades de cooperación académica con otras instituciones académicas o entidades del país. Evidencia de lo anterior son los acuerdos de cooperación e intercambio activos con universidades y otras instituciones.

Se debe destacar que, como resultado de la colaboración entre docentes de la Facultad y otros pertenecientes a distintas universidades, se han coeditado libros académicos de impacto nacional. Por su parte, las y los profesores de la Facultad participan en redes de cooperación nacionales, en las que desarrollan temas asociados a sus líneas de investigación y estudio;

se desempeñan como conjueces de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia y colaboran con entidades públicas. Las y los profesores prestan asesoría en materia de política pública; hacen seguimiento al cumplimiento de sentencias; presentan y revisan documentos oficiales con incidencia normativa, entre otras actividades significativas para la sociedad y el funcionamiento del Estado.

El programa de Derecho promueve la interacción con otros programas académicos nacionales y coordina la movilidad de docentes y estudiantes. Por ejemplo, la Facultad de Derecho ha adelantado convenios de intercambio de estudiantes con las siguientes universidades colombianas: del Norte, Nacional de Colombia, Industrial de Santander, EAFIT, Javeriana, de Caldas e ICESI. Por otra parte, la Facultad ha homologado 248 cursos académicos dictados en otras 17 universidades nacionales y 166 cursos académicos adelantados en otras unidades académicas de la Universidad de los Andes. En el ámbito nacional se destaca también un importante número de invitados, quienes con su participación enriquecen la comunidad académica y el programa. Asimismo, la Facultad ha ofrecido cursos de educación continuada abiertos al público, con la participación de reconocidos profesores y profesoras tanto de la Universidad como de otras universidades del país. Un buen ejemplo de la incidencia académica del programa y de la amplia interacción de sus docentes y estudiantes con la sociedad y la

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comunidad es el número de eventos nacionales de alta calidad en los que las y los profesores han participado o que han organizado.

Además de la importancia de la visibilidad nacional, la Universidad de los Andes reconoce también la del ámbito internacional, la cual está prevista en el PDI 2016-2020. La Dirección de Internacionalización, adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones, tiene a su cargo la implementación de este propósito. En línea con esta prioridad institucional, la Facultad también considera la internacionalización como un eje estratégico clave, de acuerdo con su PDF 2016-2020 y la dependencia encargada de aplicar estos lineamientos institucionales de internacionalización es la Oficina de Desarrollo y Relaciones Externas.

Actualmente, la Facultad cuenta con 32 convenios vigentes. Estos buscan facilitar la movilidad de estudiantes, la investigación, la participación de profesoras, profesores y estudiantes en espacios de debate y difusión del conocimiento jurídico, la realización de intercambios académicos en otros lugares y el fortalecimiento de lazos académicos con universidades en todo el mundo. En esta línea, un total de 139 estudiantes extranjeros visitaron la Facultad de Derecho en el marco de los convenios interinstitucionales entre 2012 y 2019, de los cuales 112 fueron estudiantes de pregrado.

Los convenios interuniversitarios facilitan el intercambio de docentes y estudiantes y fortalecen la realización de actividades conjuntas tales como la producción bibliográfica, los eventos académicos, la investigación y las pasantías. La mayoría de estos convenios han sido celebrados con universidades europeas (21), seguidos por las norteamericanas (6) y las latinoamericanas (5). Además, el 82% de las instituciones con las que se han celebrado convenios tienen reconocimiento de calidad, según el ranking de las mejores universidades del mundo, elaborado por Quacquarelli Symonds (QS).

Actualmente, la Facultad de Derecho cuenta con una lista de 483 cursos que dictan instituciones internacionales y que las y los estudiantes han tomado a lo largo de sus carreras.

Entre 2015 y 2020, 765 estudiantes iniciaron el proceso de homologación de estas clases por cursos del pénsum académico del programa.

Sin duda, el programa se ha enriquecido gracias a la interacción con comunidades académicas internacionales. Varios ejemplos de ello son: la presencia de profesoras y profesores de planta en redes académicas internacionales; la destacada participación de estudiantes de pregrado en concursos internacionales; la existencia de la Escuela de Verano; la participación de la Facultad en redes como la Liga Global de Escuelas de Derecho (Law Schools Global League), Sui Iuris, la Red de Investigación en Propiedad y Agricultura; y la planeación de eventos académicos con presencia de invitados extranjeros.

Una importante evidencia de la incidencia de la internacionalización en la calidad académica del programa es el posicionamiento de la Universidad en el ranking de Quacquarelli Symonds (QS). En 2021 la institución recibió la certificación de cinco estrellas sobre cinco en el sistema

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QS Stars. Esta certificación tiene en cuenta, entre otros factores, la internacionalización, entendida como la proporción de estudiantes y profesores extranjeros, la movilidad estudiantil, el número de nacionalidades, el número de convenios y la participación en redes. De hecho, la Facultad fue reconocida en el ranking QS como la mejor facultad de Derecho en el país y como una de las mejores 100 del mundo.

Según los registros de la Oficina de Desarrollo y Relaciones Externas de la Facultad, entre el 2014 y 2019, 374 profesoras y profesores provenientes de instituciones extranjeras visitaron la Facultad de Derecho bajo diferentes tipos de movilidad, como pueden ser: impartir conferencias, dictar cursos cortos, dictar cursos de maestría, dictar seminarios, realizar estancias de investigación, ser jurado de tesis o participar en el Coloquio del Doctorado. Por otra parte, la Facultad de Derecho ofrece todos los años una Escuela de Verano con invitados internacionales en la que estudiantes de pregrado, posgrado y el público en general pueden participar. Las y los profesores de la Escuela provienen mayoritariamente de Estados Unidos, Canadá, España, México y Argentina. Dentro de los mecanismos que existen para la visita de docentes extranjeros se encuentran las figuras de profesor visitante y asistente posdoctoral.

Por su parte, las y los profesores de la Facultad reportan su movilidad como conferencistas, profesores visitantes, profesores de programa de doctorado o maestría o en estancias de investigación. Estas formas de participación se han establecido con prestigiosas instituciones:

Universidad de Miami; Universidad de Princeton Nueva Jersey; Universidad de Tulane;

Universidad de Guadalajara; UNAM-Infotec; Universidad de Salamanca; Universidad Carlos III de Madrid; Universidad de Coimbra; Universidad de Costa Rica; Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); Universidad de Alicante; Universidad de Harvard; Universidad Sciences Po-Paris; Universidad Northeastern; Universidad de Torino; Universidad de Yale;

Universidad de Fordham; Universidad de Georgetown; y Universidad de Virginia, entre otras.

En conclusión, la existencia de los convenios con otras instituciones, los eventos, los cursos, las redes de trabajo y, en general, todas las actividades académicas realizadas por las y los profesores y estudiantes del programa muestran cómo la Facultad de Derecho interactúa de manera permanentemente con otras instancias e instituciones nacionales e internacionales.

Factor 6 – Investigación, innovación y creación artística y cultural

Según el Factor 6, un programa de alta calidad se destaca por su compromiso con la investigación, la innovación y la creación artística y cultural.

Las actividades de investigación en la Facultad son coordinadas por la Dirección de Investigaciones y ejecutadas por el Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas (CIJUS). Este es

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un centro académico líder a nivel regional en el desarrollo de proyectos de investigación jurídica de alta calidad, así como en la producción de nuevo conocimiento y en el desarrollo de políticas públicas. Es la institución más antigua de su clase en Colombia y es internacionalmente reconocida por la innovación, excelencia y alto impacto de su trabajo. Desde 2016 ha sido incluido en el Global Go To Think Tank Index Report como uno de los centros de investigación jurídica más importantes del país.

La Facultad de Derecho ha establecido la Ruta del Investigador para estudiantes de pregrado, la cual crea espacios que promueven su capacidad de indagación y búsqueda, así como la formación de un espíritu investigativo, creativo e innovador. Esta ruta está compuesta por el siguiente catálogo de mecanismos, que benefician directa o indirectamente a las y los estudiantes de pregrado: semilleros de investigación; programa de práctica académica de formación profesional en el CIJUS; monitorías de investigación; créditos por investigación;

pasantías de investigación; trabajos de investigación de final de carrera; clínicas jurídicas;

Fondo de capital semilla para semilleros de investigación; Fondo de Apoyo para Profesores Asistentes (FAPA); Fondo de Apoyo para la Investigación de Profesores de Planta (FAIP);

Fondo de terminación y traducción de productos; Fondo para el fortalecimiento de grupos de investigación para su reconocimiento y clasificación por Colciencias; Fondo complementario para la vinculación de estudiantes de Maestría y Doctorado en Derecho a proyectos de investigación; Fondo de viajes; Fondo para la terminación o traducción de productos;

Fondo de Vicerrectoría “Publica tus nuevos conocimientos o expón tus nuevas creaciones”;

reconocimiento a la publicación en revistas indexadas por parte de estudiantes del Doctorado de la Facultad de Derecho; Fondos interdisciplinarios; Bolsa para la Innovación en Derecho y Tecnologías; y otras bolsas interdisciplinarias.

Asimismo, la Facultad ha creado numerosos espacios de publicación de los resultados de sus investigaciones, seriadas y no seriadas. Las no seriadas son: Nuevo Pensamiento Jurídico; Derecho y Sociedad; Biblioteca Jurídica Uniandina; CIJUS; Documentos de Justicia Global; Serie de Justicia Global; Ciencias Penales; Historia y Materiales del Derecho; Serie Derecho de Interés Público; Estudios Académicos; Sexualidad, Género y Derecho; y Crítica Tributaria. Entre 2010 y 2020 se han publicado cerca de 200 libros y el 87,47% de estos han sido reconocidos como productos de investigación por parte de Colciencias y la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de los Andes. Por su parte, las publicaciones seriadas son: Revista de Derecho Privado, Revista de Derecho Público y Latin American Law Review – Revista Latinoamericana de Derecho (LAR), recientemente creada.

Entre 2013 y 2019, la Facultad muestra una tendencia al aumento de producción de artículos Q1 y Q2 y una disminución de artículos no indexados; el 63% de las publicaciones indexadas fueron Q1 y Q2. Este giro hacia artículos indexados de alta calidad significó una disminución del número de capítulos de libros publicados. Entre 2013 y 2019, el 49% de los capítulos de libro fueron A y B, un 47% B, y solo un 3% D. En cualquier caso, la diminución en el número de capítulos de libro no ha implicado de ninguna manera una disminución en la publicación