DICTAMEN Nº 116 / 2013

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Consejo Consultivo de Aragón

DICTAMEN Nº 116 / 2013

Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de

la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital Universitario Miguel Servet, de Zaragoza.

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 22 de julio de 2011 se presentó escrito suscrito y firmado por

“X”, indicando como domicilio a efectos de notificaciones el despacho del abogado …, formulando reclamación por daños derivados de la calificada como incorrecta asistencia sanitaria, que le fue prestada por el Servicio Aragonés de Salud, por lo que reclama la cantidad de 30.000 euros.

En dicho escrito se manifiesta lo siguiente:

“PRIMERO: que el día 5 de julio de 2010 sufre una caída en su casa. Por ello acude al servicio de urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Después de unas pruebas la remiten a casa, con simple contusión de muñeca izquierda.

SEGUNDO: que por la noche la mano se le pone negra. Al día siguiente (6-7-10) acude a la consulta del neurocirujano de consultas externas del Hospital Miguel Servet, por problemas previos de espalda, y éste le pasa al traumatólogo Dr. … del mismo hospital quien le solicita radiografía y a los días le da el resultado de fractura.

TERCERO: que el 18-7-10 acude a urgencias del Hospital Miguel Servet, los dedos se estaban durmiendo, les aporta la radiografía encargada (...) pero ellos le dicen que, en esa radiografía, no hay lesión ósea.

CUARTO: que el 5 de agosto de 2010 le realizan una RMN que vuelve a confirmar la fractura con rotura de ligamentos.

QUINTO: que es operada el 15-10-10 en el Hospital Miguel Servet, con reincorporación a su actividad habitual el 6-4-11, si bien ha solicitado el cambio del puesto de trabajo por adaptación.

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fractura, o al menos hubieran hecho caso de la radiografía que encargó el Dr. …. (...)

SÉPTIMO: que la paciente no fue debidamente atendida (…).”

Acompañan al escrito los siguientes documentos:

Escrito por el que la reclamante otorga su representación al abogado …

Fotocopia del DNI de la reclamante.

Diversos documentos que pertenecen a la historia clínica de la reclamante. Parte de alta de la Seguridad Social.

Segundo.- El Secretario General Técnico del Departamento de Sanidad, Bienestar

Social y Familia, mediante escritos de fecha 22 de agosto de 2011, comunica la interposición de la reclamación de responsabilidad patrimonial a Aon, Gil y Carvajal, S.A. y a Zurich España, S.A., remitiendo a ésta última copia de la misma.

Mediante oficio de fecha 1 de septiembre de 2011, se comunica al abogado de la reclamante la entrada y la incoación de la tramitación se su reclamación de responsabilidad patrimonial.

Mediante nota interior de la misma fecha se solicita a la Gerencia del Sector de Zaragoza II que proceda a la remisión de la Historia Clínica de la paciente, así como los informes de los servicios correspondientes.

Tercero.- El 27 de octubre de 2011, el Gerente del Sector de Zaragoza II remite la

historia clínica de la paciente en el Hospital Miguel Servet, el Parte de Reclamación del Seguro de Responsabilidad Civil, así como los informes siguientes:

1.- Informe del Traumatólogo que practicó la intervención quirúrgica a la reclamante, de fecha 12 de junio de 2011:

“Paciente remitida a mi consulta en 2010 por una inestabilidad crónica de la muñeca izquierda, como secuela de una fractura de radio con cuatro meses de evolución. Esta situación creaba alteración funcional causada por la reducción del grado de movilidad y el dolor.

Realizadas las oportunas pruebas diagnósticas, se constató una inestabilidad disociativa por rotura del ligamento escafolunar. Por este motivo, el 5/10/10 realicé una intervención quirúrgica para la reconstrucción ligamentaria con un segmento del tendón del palmar mayor (técnica 3LY). El postoperatorio fue satisfactorio, por lo que se dio el alta a las 24 h. pasando a controles ambulatorios.

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2.- Ampliación del informe anterior, de fecha 27 de octubre de 2011:

“En relación con las preguntas que se me plantean en el expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial del caso citado, comunico lo siguiente:

1. En la fractura tipo I de Frykman (clasificación de 1967), también llamada extraarticular de la metáfisis distal del radio, NO existe indicación quirúrgica desde el primer momento en que se realiza el diagnóstico. El tratamiento ortopédico suele ser de elección, reduciendo el desplazamiento del foco (cuando aparece) por manipulación externa e inmovilización escayolada. La lesión del ligamento escafolunar (disociación escafolunar), se asocia en un 30% a las fracturas de la extremidad distal del radio (...). Se han descrito 5 formas diferentes de disociación escafolunar: predinámica, dinámica, estática reducible, estática fija, y con artrosis secundaria. Los tipos dinámico y predinámico pueden pasar fácilmente desapercibidos y ser de muy difícil diagnóstico. Esto es frecuente cuando la lesión está enmascarada por otras más aparentes, como la fractura de radio. En el caso de hacerse un diagnóstico de certeza en la fase aguda de la rotura del ligamento escafolunar, la reparación NO es obligatoriamente quirúrgica, y puede llevarse a cabo mediante inmovilización escayolada para conseguir su cicatrización si la rotura no es total.

2. Un tiempo de espera de 3 meses puede estar justificado cuando se contempla la posibilidad de cicatrización espontánea del ligamento escafolunar. Todavía más, cuando coexiste una fractura de radio no quirúrgica, cuya consolidación es preceptiva. En cuanto a los resultados de la cirugía como alternativa terapéutica en la lesión del ligamento escafolunar, en teoría tendrían que ser tanto mejores cuanto antes se haga la reparación. En la práctica, sin embargo, es precipitado hacer esta afirmación, dada la variedad y complejidad de estas lesiones y lo aleatorio de sus resultados, pese a efectuar un tratamiento correctamente indicado y técnicamente bien ejecutado.

3. La ‘fijación de la articulación’, término que figura en la reclamación que me ha sido remitida, puede hacer referencia: a la propia articulación escafolunar (artrodesis parcial), cuyos resultados se ha comprobado que NO son alentadores; o a toda la muñeca (artrodesis total del carpo). Esta última posibilidad sólo se contempla si existe una artropatía carpiana degenerativa postraumática avanzada, con reducción del rango de movilidad y dolor discapacitante. Dado que esta solución cierra la puerta a otras menos agresivas, es lícito intentar técnicas más funcionales, algo que no es siempre factible.”

2.- Informe del Dr. …, traumatólogo que atendió a la reclamante en Urgencias:

“La paciente (...) sufrió una caída el día 05/07/2010, por la que fue atendida en urgencias. Se realizó exploración clínica y radiografía de urgencia y se diagnosticó de contusión en muñeca además de contusiones en tobillo y sacro. Se indica control por médico de atención primaria.

En informe fechado el 6 de julio de 2010 y firmado por Dr. …, sin que exista registrado episodio de consulta, ni visita Servicio de Urgencias, se solicita RMN ante la ‘sospecha (de) rotura aguda del lig (ligamento) escafosemilunar por lo que presenta disociación escafolunar en Rx’.

En consulta del 13/07/2010 el Dr … escribe en la Historia: ‘Rx posible fractura de estiloides radial’.

En la reclamación de responsabilidad patrimonial por la que se me solicita el presente informe se me imputa una ‘actuación defectuosa el 13 de julio de 2010 cundo en urgencias usted no diagnosticó ni trató la fractura ósea y la lesión ligamentosa, a pesar de haber sido ya señaladas en informes de 06/07/10 y 13/07/10’. Ante dicha imputación Expongo que:

1. El día 13 de julio de 2010 la paciente no fue atendida por mí. Interpreto existe un error tipográfico y se refiere al día 18.

2. La paciente (...) acude al Servicio de Urgencias del HUMS el 18/07/2010 y, tras comunicarse telefónicamente conmigo en virtud de su condición de enfermera, según consta en la historia clínica, es

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4. Se valoran radiografías de muñeca en la que no se observan lesiones óseas agudas. 5. Es diagnosticada de contusión en mano y posible inestabilidad escafolunar, diagnóstico de sospecha por el que ya se había solicitado una resonancia nuclear magnética con la intención de confirmar dicha lesión.

6. Se instaura tratamiento para las lesiones apreciadas: tratamiento médico farmacológico analgésico, tratamiento ortopédico (férula), y se indica que ha de mover los dedos.

7. Se indica ha de citarse en el plazo de tres semanas en consultas externas de traumatología, para seguimiento de la evolución de sus lesiones y completar el estudio diagnóstico ya iniciado.

8. En informe de 06/07/2010 no se hace referencia a fractura alguna.

9. En informe de 13/07/2010 se establece un diagnóstico de presunción, que no de certeza, de posible fractura de estiloides radial. A pesar del cual y tras valorar las radiografías, el 18/07/2010 no observo lesiones óseas agudas. La RMN realizada posteriormente no confirma el diagnóstico de fractura de estiloides radial.

10. En informe de 06/07/2010 se expresa una sospecha de rotura aguda de lig escafosemilunar por lo que se solicita una RMN. Comparto dicha sospecha, como se demuestra por el diagnóstico de inestabilidad escafolunar.

11. La RMN confirma el diagnóstico de sospecha de inestabilidad escafolunar y define las lesiones carpianas y radiocarpianas que presenta la paciente. A partir de esta información continúa el proceso terapéutico.

12. En la RMN se informa la presencia de una fractura de extremo distal de radio tipo I de Frykman. La fractura tipo I de Frykman es una fractura extrarticular de radio. No se corresponde a la fractura de estiloides radial, que es una fractura por definición intraarticular. Por tanto, la fractura descrita por RMN no había sido apreciada ni sospechada en la radiología simple por ninguno de los profesionales que habían estudiado dichas radiografías. Interpreto mínimo el desplazamiento y suficiente la inmovilización con férula para tratar dicha fractura.

(...)

Por todo lo expuesto, considero carente de fundamento la imputación (...) y considero que: 1. No realicé una actuación defectuosa el día que atendí a la paciente (...) en urgencias. 2. Fue sometida a una exploración clínica completa.

3. Se solicitaron las pruebas diagnósticas pertinentes para una asistencia urgente. 4. Se instauró tratamiento.

5. No se diagnosticó la fractura de radio extraarticular porque no existían evidencias suficientes.

6. No existía sospecha previa de la fractura de radio extrarticular, que se diagnosticó posteriormente en RMN.

7. Se consideró y trató la posible lesión ligamentaria cuya definición estaba pendiente de pruebas complementarias.”

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Cuarto.- Obra en el expediente el Informe de la Inspección Médica elaborado por la

Dra. …, de fecha 20 de diciembre de 2011, en el que se manifiesta lo siguiente:

“CONCLUSIONES: a la vista de los informes remitidos a esta inspección médica. La paciente fue sometida a una exploración clínica completa.

Se solicitaron las pruebas diagnósticas pertinentes para una asistencia urgente. Se instauró tratamiento.

No se diagnosticó la fractura de radio extraarticular porque no existían evidencias suficientes. No existía sospecha previa de la fractura de radio extraarticular, que se diagnosticó posteriormente por RMN.

Se consideró y trató la posible lesión ligamentaria cuya definición estaba pendiente de pruebas complementarias.

Finalmente se procedió a la realización de una ligamentoplastia con buenos resultados. En consecuencia, la asistencia se ajustó a la lex artis, por lo que no procede atender la demanda, todo ello salvo mejor criterio (...).”

Se remite el informe del médico inspector y el resto de la documentación que obra en el expediente a Aon, Gil y Carvajal, S.A., solicitando que se envíe a Zurich España, S.A.

Quinto.- Obra en el expediente dictamen médico de la Asesoría Médica Dictamed I

& I, S.L., de fecha 24 de enero de 2012, elaborado por Especialistas en Traumatología, en el que se expresan las siguientes conclusiones:

“1. “X”, sufrió un traumatismo de muñeca izquierda durante su jornada laboral.

2. Inicialmente, fue correctamente atendida realizándose exploración clínica y radiográfica, siendo diagnosticada de contusión de muñeca, aunque en la radiografía inicial se aprecia un aumento del espacio entre escafoides y semilunar compatible con disociación EL [escafolunar]. No se ven imágenes de fractura. Según el diagnóstico establecido (contusión de muñeca) el tratamiento fue correcto mediante inmovilización y analgesia.

3. Un día después del traumatismo y ante la clínica sospechosa de disociación escafolunar se solicitaron las pruebas complementarias indicadas: nuevas radiografías y RM. Se mantuvo la inmovilización. Quizá la RM se debería haber solicitado con carácter preferente o haber establecido el diagnóstico de la lesión ligamentosa con la radiografía.

4. A pesar de que la paciente fue vista por otro traumatólogo días más tarde, tampoco se pudo diagnosticar la fractura de extremidad distal del radio porque no se veía en la radiografía. El diagnóstico de esta lesión se realizó un mes después una vez realizada una RM. Se trataba de una fractura sin desplazar cuyo tratamiento era conservador, como así se hizo.

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interviene, los restos de los ligamentos están acortados, haciendo difícil su reparación. Por otro lado, debido a que estos ligamentos están expuestos a considerables tensiones y torsiones, no es raro que la consecución de una correcta reparación se deteriore con el tiempo. De ahí que en muchos casos sea precisa además de la sutura, un refuerzo mediante ligamentoplastia.

8. En este caso, según la forma clínica de la lesión, creemos que la técnica quirúrgica que se realizó también podría haber sido indicada si el tratamiento se hubiera realizado más precozmente.”

Sexto.- Mediante oficio de fecha 14 de febrero de 2012, se comunica al abogado de

la reclamante la apertura del trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del RD 429/1993, de 26 de marzo.

El día 20 de febrero de 2012, el abogado se persona en las dependencias de la Sección de Asuntos Jurídicos – Unidad de Responsabilidad Sanitaria y se le da vista de todo el expediente, retirando copia íntegra del mismo.

Posteriormente, el día 28 de febrero de 2012, tiene entrada un escrito de alegaciones por el que se confirman las posturas establecidas en su escrito inicial.

Séptimo.- De la documentación obrante en el expediente administrativo y de las

actuaciones practicadas se consideran hechos acreditados los siguientes:

Paciente de 50 años, que el día 5 de julio de 2010 fue atendida en Urgencias del Hospital Miguel Servet tras caída accidental de una silla. Presentaba dolor en muñeca izquierda, tobillo derecho y zona lumbosacra. En la exploración de la muñeca no había signos inflamatorios, dolor a la pronosupinación y movilidad conservada.

Se efectuó radiografía sin observarse líneas sugestivas de fractura. Se prescribió férula de inmovilización, AINE, reposo y control por su MAP.

Al día siguiente fue vista por el Traumatólogo por otro problema de espalda a quien le comunica la presencia de equímosis en la muñeca. Éste, ante la sospecha de rotura aguda del ligamento escafosemilunar, solicita resonancia magnética y decide mantener la férula de inmovilización.

El día 18 de julio aquejaba dolor intenso y acudió a Urgencias, estando pendiente, de la RMN.

Fue explorada por el adjunto de Traumatología, quien apreció dolor articular en dorso de región perilunar con inflamación, limitación a la flexión dorsal, parestesias en territorio del mediano de reciente aparición. Efectuó nueva radiografía sin observarse lesiones óseas agudas. Estando pendiente de la RMN diagnosticó contusión de mano y posible inestabilidad escafolunar. Decide mantener el tratamiento en curso (férula y AINE) y citar en consultas externas en 3 semanas.

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El 5 de agosto la RMN indicó fractura del extremo distal del radio tipo I de Frykman con edema óseo adyacente, así como disociación escafosemilunar, flexión ventral del escafoides y dorsiflexión del semilunar.

Se programó corrección quirúrgica el día 15 de octubre comprobándose rotura del ligamento escafolunar, báscula de escafoides con superficies articulares conservadas. Se practicó ligamentoplastia y estabilización con agujas de Kirschner.

El informe de 17 de enero de 2011 para la Inspección Médica indicaba una evolución favorable con buen rango de movilidad para el momento evolutivo. También indicaba que este tipo de cirugía precisa al menos 6 meses para retomar las actividades manuales habituales y profesionales.

En informe de 12 de junio de 2011 se indicaba que la paciente se incorporó a su actividad habitual a los seis meses de la intervención aunque aquejaba dolor, falta e fuerza y limitación a la movilidad.

Octavo.- Consta en el expediente la propuesta de resolución de fecha 25 de marzo

de 2013, por la que se propone desestimar la reclamación, por entender que la asistencia sanitaria prestada a la paciente fue conforme a la lex artis.

Noveno.- El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia solicitó del Consejo

Consultivo de Aragón dictamen preceptivo, mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2013, registrado de entrada el día 5 de abril de 2013, adjuntando borrador de la Orden resolutoria, original del expediente administrativo y relación índice de los documentos que lo conforman.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I

El dictamen solicitado entra dentro de las competencias del Consejo Consultivo de Aragón tal y como se regula en el artículo 15.10 de la Ley 1/2009, de 30 de marzo, del Consejo Consultivo de Aragón, que dispone la necesidad de consulta preceptiva al Consejo en el supuesto de “reclamaciones administrativas de indemnización de daños y perjuicios de cuantía superior a 6.000 euros”. Ello significa, dada la cuantía de la indemnización solicitada en este caso, el carácter preceptivo del Dictamen que se emite por este Consejo.

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El Consejo Consultivo ha de pronunciarse acerca de si, a la vista del expediente tramitado por el órgano competente de la Administración Autonómica, procede o no estimar la reclamación de indemnización económica presentada en relación con daños ocasionados, según se alega, por la prestación deficiente de la asistencia sanitaria, debiendo concretar específicamente, por mandato del art. 12.2 del Reglamento aprobado por R.D. 429/1993, de 26 de marzo, la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, con valoración, en su caso, del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios legales de aplicación.

Por lo que se refiere a la normativa aplicable, ha de recordarse que en el Derecho español vigente la institución de la responsabilidad patrimonial de la Administración, constitucionalizada en el art. 106.2 de la Constitución, atribuye a los particulares derecho a ser indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y se cumplan los demás requisitos dispuestos por el ordenamiento jurídico (art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Los requisitos para que sea declarada la responsabilidad patrimonial de la Administración, según reiterada y pacífica formulación doctrinal y jurisprudencial del régimen de Derecho Positivo sobre la materia, pueden resumirse del siguiente modo: 1º) la efectiva realización del daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; 2º) que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa de causa a efecto sin intervención extraña que pueda influir en el nexo causal; 3º) que el daño o perjuicio no se hubiera producido por fuerza mayor; y 4º) que no haya prescrito el derecho a reclamar (cuyo plazo se fija legalmente en un año, computado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación de su efecto lesivo).

I I I

En el supuesto que nos ocupa, no hay nada que objetar sobre el cumplimiento de los requisitos formales, al haberse presentado la reclamación dentro del plazo legalmente establecido y haber sido dirigida a la Administración Pública competente por persona que ostenta suficiente legitimación para ello.

IV

En cuanto al fondo del asunto y siguiendo nuestra doctrina consolidada y la jurisprudencia sobre la materia a la que también nos hemos referido repetidamente, no cabe duda de que en el ámbito de la sanidad la producción de responsabilidad administrativa no siempre está ligada a un fracaso en la actuación de los medios personales y materiales de la Administración, dado que en la sanidad asistencial el éxito no puede garantizarse nunca,

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sino que la responsabilidad se vincula a una utilización conforme a los principios de buena práctica médica (lex artis ad hoc) de dichos medios personales y materiales.

A esos efectos conviene recordar, en primer lugar, que el Consejo de Estado (Dictámenes 166 y 692/1999, de 11 y 25 de marzo, entre otros) y la Comisión Jurídica Asesora, antecesora de este Consejo Consultivo de Aragón (Dictamen 132/2003, de 23 de septiembre, Dictamen 178/2003, de 2 de diciembre, entre otros) vienen sustentando de forme reiterada y con palabras semejantes a las que reproducimos a continuación que: “para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la ‘lex artis’, de modo que tan sólo en caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la ‘lex artis’, ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular sin que generen, en modo alguno, el derecho a percibir una indemnización”. Al mismo tiempo el Tribunal Supremo tiene declarado que según el artículo 141.1 de la LPAC sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, pues lo contrario convertiría a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos sociales, lo que no resulta acorde con el significado de la responsabilidad extracontractual aunque sea objetiva o por resultado (Vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2001).

V

Tras lo expuesto, se considera que puede ya plantearse si la asistencia sanitaria prestada a la reclamante fue la adecuada, de modo que pueda considerarse que se está ante unos hechos que no constituyen un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste recogida en el artículo 141.1 de la LPAC, y si fueron suficientes los medios con los que aquella asistencia fue dispensada, dentro de los disponibles.

Para llegar a una conclusión sobre este extremo se considera necesario analizar y valorar los hechos acreditados en el expediente y, de forma especial, los informes emitidos dado el carácter técnico que los mismos tienen, que este Consejo Consultivo, por su carácter, no puede confrontar con criterios propios de esta naturaleza.

La reclamante sostiene que no se le prestó la asistencia sanitaria debida, ya que no diagnosticaron correctamente desde el principio la fractura que se reflejaba en la primera radiografía, lo que le ha provocado las secuelas que padece en la actualidad. Sin embargo, la interesada, más allá de su propio relato de los hechos, no aporta ningún documento o informe médico en el que se acredite la mala praxis de los médicos intervinientes en la asistencia que se le prestó.

Es más, de la documentación contenida en la Historia Clínica, se deduce que la paciente ha sido atendida de forma correcta, con minuciosidad y con continuidad por todos los profesionales médicos, siendo sometida a todas las pruebas y tratamientos necesarios y adecuados a los síntomas que iba presentando en cada momento.

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ligamentaria que sufrió la reclamante es muy difícil de diagnosticar, incluso en ocasiones pasa desapercibida, sobre todo en casos como el presente en el que, además, existía otra lesión ósea.

Además, no es cierto, como afirma la reclamante, que la radiografía que se le practicó el 6 de julio confirmase la existencia de una fractura; lo que puso de relieve la prueba mencionada fue una sospecha de rotura del ligamento (no de fractura ósea) y, por ello, se solicitó la resonancia magnética. En la siguiente visita a urgencias el 18 de julio, el especialista que le atendió mantenía la misma sospecha, indicándole que continuase con la férula, a la espera de la realización de la resonancia magnética que confirmase o no el diagnóstico provisional.

Cuando se confirmó la lesión ligamentaria y la fractura ósea, se procedió a la práctica de la intervención quirúrgica. La paciente se reincorporó a su trabajo en seis meses, tiempo normal de recuperación de una intervención de este tipo. Y las secuelas que padece, según los informes aportados al expediente, evolucionaban favorablemente.

Por tanto, una valoración conjunta de las pruebas que obran en el expediente, reseñadas en los antecedentes, que se acaban de reproducir parcialmente o de citar, lleva a este Consejo a estimar que no se ha acreditado la existencia de una mala o inadecuada praxis que permita concluir que no fue observada la lex artis ad hoc, ni que los medios utilizados y los tratamientos dispensados a la paciente fueran inadecuados o insuficientes, por lo que falta el nexo de causalidad necesario para que la pretensión de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria formulada pueda prosperar.

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Aragón formula el siguiente DICTAMEN:

Que, en conformidad con la propuesta de resolución, procede desestimar la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración por la incorrecta asistencia sanitaria prestada a “X”.

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