Informe CODHES 2010
(C) Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES
ISBN 978-958-99715-2-9
Jorge Enrique Rojas Rodríguez
Presidente
Marco Alberto Romero Silva
Director
Este informe es resultado de un proceso colectivo de investigación que contó con la
participación de las siguientes personas del equipo de CODHES:
Luz Amparo Salinas Abdala
Coordinadora del Sistema de Información SISDHES
Carlos Núñez
Fabio Lozano
Edwin Tapia
Katya Mériau
Zully Laverde
Karina Ríos Cano
Sol Alejandra Gaitán
Santiago Gómez
María Angélica Gómez
Bibiana Ortiz
Andrés López Ávila
María José Romero
Álvaro Córdoba
Constanza Vieira
Mapas
John Rátiva
Investigadores pasantes del SISDHES
Gustavo López
Juan David Jaramillo
Diagramación e Impresión
GRUPO NATIVO
Contacto: [email protected]
Impreso en Colombia
Consultoría para los Derechos Humanos
y el Desplazamiento CODHES
Cra 6 No. 34-62, oficina 302
Bogotá, Colombia
Conmutador: (+571) 232 5666
Agradecimientos
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, las per-sonas que coordinan y operan el Sistema de Información sobre Desplaza-miento Forzado y Derechos Humanos SISDHES, así como el equipo de in-vestigación de CODHES, expresan su agradecimiento a las organizaciones de población desplazada, ONG de derechos humanos, a las diferentes ju-risdicciones de la Iglesia Católica y otras congregaciones religiosas, servi-dores públicos, entidades del estado e instituciones gubernamentales que apoyaron la labor de CODHES en terreno. Es invaluable el aporte y apoyo de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y del equipo nacional de verificación. Especial reconocimiento a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AE-CID), al Consejo Noruego para Refugiados, a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y a la Organización Internacional para las Migraciones a la Consejería de Proyectos PCS que, desde diversos proyectos específicos, aportaron a la construcción de este informe número 77 que sobre desplazamiento forzado, conflicto armado y derechos humanos correspondiente a 2010, que coincide con el coienzo de la conmemoración del XX aniversario de CODHES.Las opiniones y el contenido total de esta publicación es de exclusiva respon-sabilidad de CODHES y no comprometen a las agencias de cooperación ni a las organizaciones y personas que contribuyeron con sus datos a la construc-ción del informe.
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El conflicto armado y la crisis humanitaria y de derechos humanos mueven buena parte de la agenda interna y de la comunidad internacio-nal que tiene presencia en Colombia. Bien sea en términos de búsqueda de soluciones no militares al conflicto, de políticas públicas que ase-guren la vigencia y realización de los derechos humanos o acciones concretas para atender a poblaciones afectadas por la degradación del conflicto. Los gobiernos deciden la agenda de acuerdo a sus criterios pero en su formulación inciden los partidos políticos, las organizacio-nes de sociedad civil, la comunidad internacional y, por supuesto, las comunidades afectadas, en este caso, las víctimas.
Ahora se propone el concepto de “agenda positiva” desde la cancillería, por medio de la cual se intenta priorizar el desarrollo, la inversión, el turismo, el medio ambiente y se relegan temas como la paz, el desplaza-miento forzado e, incluso, las víctimas, no obstante el proyecto de ley que reivindica sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así como garantías de no repetición.
Es posible que todo se circunscriba a la idea de un país en postconflicto y que se mantenga la tesis del anterior gobierno según la cual el “fin del fin” es una realidad, el paramilitarismo es un asunto del pasado y el desplazamiento, por supuesto, es mínimo y las personas afectadas están debidamente atendidas.
Así, la agenda de la cooperación internacional varía de acuerdo a las políticas de cada gobierno. Entre 2000 y 2003, por ejemplo, los derechos humanos fueron tema central. Las acciones se encaminaron a procesos importantes como el denominado Londres-Cartagena-Bogotá, en el cual jugó un papel muy importante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OCNUDH. Posteri-ormente, entre 2003-2005, el eje se movió hacia la crisis humanitaria, como consecuencia del conflicto armado interno. El PNUD, en cabeza
La agenda del desarrollo y su
impacto sobre los derechos
humanos y la crisis humanitaria
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del Coordinador Humanitario, el ACNUR y OCHA, jugaron un rol fundamental en esta etapa, liderando procesos como el Plan de Acción Humanitaria fases I y II. Su labor, finalmente, no logró concretarse, pues paralelamente el gobierno comenzó a negar la existencia del con-flicto armado y de la crisis humanitaria. A partir de 2005, y con mayor énfasis en 2006, se empezó a hablar de los Objetivos Desarrollo del Milenio (ODM), un programa promovido por Naciones Unidas para superar la pobreza. Aparentemente el tema tomó impulso en Colombia y se convirtió en la manivela central de las acciones del gobierno, tanto, que éste formuló el Plan Visión 2019. Ahora se habla del Plan 2032, que contempla la explotación ilimitada de los recursos naturales de Colom-bia y la inserción del país entre naciones de renta media. El supuesto del cual se parte es un escenario de postconflicto a partir de la derrota militar sobre las guerrillas.
La idea se sustenta en el proceso de desmovilización, desarme y re-inserción (DDR) con grupos paramilitares y el control territorial al-canzado en el marco de la política de seguridad democrática. En estas circunstancias, todo se reduce a situaciones de violencia generalizada asociada al narcotráfico o al crimen organizado.
Es lamentable pero la realidad del país es otra. La desmovilización paramilitar presenta cada vez más inconsistencias, el rearme de estos grupos y su expansión territorial es un hecho reconocido por las pro-pias autoridades, alarmadas por su acción criminal, sus vínculos con la institucionalidad y su capacidad desestabilizadora (no importa si se les denomina “bandas criminales”, neo-paramilitares o paramilitares de nuevo tipo).
Otro tanto ocurre con los grupos guerrilleros que siguen operando en buena parte del territorio nacional, no obstante los golpes contundentes de que han sido objeto por parte de la Fuerza Pública y la percepción generalizada de que es posible una derrota militar, antes de una even-tual negociación.
Por supuesto que una situación como la que se describe en este informe pone en cuestionamiento los resultados de la política de seguridad democrática y el consiguiente plan de consolidación del territorio. Jus-tamente las zonas en las que se implementa el plan de consolidación, objeto de intensa militarización y presencia policial, coinciden hoy con las zonas de mayor presencia paramilitar y guerrillera, con planta-ciones de cultivos ilícitos, con regiones de explotación y explotación minera energética y de intensificación de cultivos de palma aceitera y con las áreas de donde provienen la tercera parte del total de personas desplazadas en 2010.
Este informe se refiere al desplazamiento forzado y al refugio que siguen ocurriendo en medio del conflicto armado interno y que alcanza dimensiones graves por su magnitud, la persistencia de las causas que lo provocan y por las circunstancias dramáticas que viven las perso-nas afectadas, sometidas al empobrecimiento, la exclusión, la estigma-tización y el desconocimiento de sus derechos fundamentales.
La respuesta del nuevo gobierno aún es contradictoria. De un lado, pre-senta un proyecto de Ley que reconoce los derechos de las víctimas y ordena la restitución de tierras, expresa la voluntad de acatar la senten-cia 025 de la Corte Constitucional y formula propuestas en torno a una plan de derechos humanos que motiva al diálogo y no a la confrontación con las ONG; y de otro lado, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional niega, minimiza o ignora el des-plazamiento forzado y funcionarios de la cancillería envían mensajes equívocos sobre la agenda de la cooperación internacional.
¿Estamos en postconflicto? ¿Prosigue el conflicto armado interno, hubo una desmovilización efectiva de los grupos paramilitares? ¿Existen en Colombia zonas verdes ó zonas de postconflicto? ¿Es posible la resti-tución de tierras en medio del conflicto armado? ¿En verdad vivimos una situación de violencia generalizada o de crimen organizado aso-ciada al narcotráfico, o existen intereses adicionales? ¿Es Colombia un país de renta media, comparable a la India o la China?
También el informe incluye un análisis de la política pública en el que se destacan cambios positivos de la actual administración, pero también se plantean interrogantes respecto a su desarrollo y ejecución en medio del conflicto armado.
En el Anexo se recuenta y describe el contexto general político y social de Colombia en 2010. Se muestran los principales indicadores económicos que permiten confirmar si realmente Colombia ya cuenta con las condiciones que implica ser un país de economía emergente, similar a China, India o Turquía. Se compararon el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y el documento Visión Colombia 2019, con el ob-jeto de destacar los elementos comunes de esta visión de mediano plazo con la cual está comprometido, sin lugar a dudas, el gobierno actual. Para efectos de determinar si hay una línea de continuidad entre el go-bierno Uribe y el gogo-bierno Santos, el informe compara el Plan Nacio-nal de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos con el documento formulado en 2005 por el anterior gobierno titulado Visión Colombia en 2019. La base de los dos documentos se fundamenta en la introduc-ción de Colombia en el grupo de economías emergentes, privilegiando la inserción en el mercado internacional. Es evidente que hay una línea
de continuidad que privilegia el mercado sobre los recursos natura-les y territorios protegidos: bosques, páramos, resguardos y territorios colectivos. Lo mismo ocurre con el plan de las “cinco locomotoras”: innovación, sector agropecuario, vivienda, sector minero-energético e infraestructura-transporte. CODHES llama la atención en este informe sobre un hecho contundente: mientras el gobierno se comprometió a restituir 2,000.000 de hectáreas a campesinos víctimas de despojo, se han titulado 8,5 millones de hectáreas para explotación minero-ener-gética .
Por último, el informe aborda los temas cruciales de tierras, despojo y restitución, el mapa del refugio de colombianos en el mundo, las políti-cas públipolíti-cas alrededor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y resalta algunos casos regionales que muestran la intensidad del con-flicto, la violencia y el desplazamiento forzado en el país.
1- Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos
¿Consolidación de qué?
Informe sobre desplazamiento,
conflicto armado y derechos
humanos en Colombia en 2010
A Tendencia del desplazamiento y de las violencias
asocia-das en zonas CCAI- zonas verdes: ¿postconflicto?
A partir de la desmovilización parcial de los paramilitares, desde finales de 2005 el gobierno de Álvaro Uribe comenzó a hablar de una situación de postconflicto y de la derrota militar de las guerrillas. Incluso formuló un documento de plane-ación de mediano plazo (2005-2019) llamado “Visión 2019” (Ver anexo 5). Esta posición fue adoptada por el gobierno de Juan Manuel Santos, quien informó a la comunidad internacional que Colombia tiene actualmente zonas verdes o de postconflicto y que la violencia generalizada que vive el país está asociada al nar-cotráfico. Esta afirmación fue ratificada por algunos funcionarios del gobierno como Diego Molano, director de la Agencia Presidencial para la Acción Social, funcionario que señaló el narcotráfico como el único causante del desplazamiento forzado que aún se presenta en Colombia. Fenómeno que, según él, ha disminuido en un 50%.
Para Molano, "la disputa de los corredores del narcotráfico y el control del nego-cio está ocasionado desplazamiento. Los enfrentamientos entre bandas criminales como Los Rastrojos, Los Paisas o Las Águilas Negras generan violencia y afectan directamente a las familias más pobres y vulnerables del país"1 . Esta afirmación
fue acogida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) António Guterres, quien en su visita a Altos de Cazucá, en el municipio de Soacha aledaño a Bogotá, declaró el 17 de diciembre que “Existe conciencia en este nuevo gobierno, de que el fenómeno persiste y de que no basta tener sitios que ya viven el postconflicto, si no se garantiza el desarrollo ”2.
A continuación se expone un análisis de cada una de las llamadas zonas CCAI3.
Estas fueron adoptadas en el segundo trimestre de 2004 bajo el liderazgo de la
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1-http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/VDUX-8BFTFZ?OpenDocument2 -Acnur buscará retorno al país de refugiados. El Tiempo, sábado 18 de diciembre de 2010
3- “14 zonas de intervención de 86 municipios que abarcan los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo y Tolima”. “Estas zonas están ubicadas en las regiones de Nudo de Paramillo, Catatumbo, Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillera Central y la Zona de la Amazonia”. Reporte Ejecutivo del Plan Nacional de Consolidación. Presidencia de la República y CCAI- 2010.
4- “El Plan Nacional de Consolidación Sostenible es un proceso coordinado, progresivo e irreversible, por medio del cual se busca afianzar la articulación de los esfuerzos estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y de la generación de condiciones para su desarrollo humano”. Reporte Ejecutivo del Plan Nacional de Consolidación. Presidencia de la República y CCAI-2010.
5- El Plan Nacional de Consolidación se desarrolla, dependiendo de la dinámica de las zonas, en cuatro fases distintas: 1) Fase de alistamiento, 2) Fase de recuperación, 3) Fase de transición y 4) Fase de estabilización. Reporte Ejecutivo del Plan Nacional de Consolidación. Presidencia de la República y CCAI-2010.
6 - Las zonas de consolidación también se conocen como zonas CCAI (Centros de Coordinación y Atención Integral). Son las siguientes: Nariño (Pacífico), Cauca (Pacífico), Valle del Cauca (Pacífico), Sur del Chocó (Pacífico), Río Caguán, Macarena, Cordillera Central, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta, Putumayo, Arauca y Catatumbo. 7 -Los 86 municipios de las zonas CCAI abarcan 188.194 km2 (16.48% de la extensión territorial de Colombia, de 1,141.748 km2). En ellos habitan (según proyección DANE 2010) 4,076.778 personas, que equivalen al 9% del total de la población en Colombia (45,508.205). 8 -Plan Nacional de Consolidación Territorial. 2010.
Presidencia de la República con el Centro de Coordinación de Atención Integral, tomando como regiones piloto las zonas CCAI Montes de María y Sierra Nevada de Santa Marta, con 39 municipios4 .Se describe el comportamiento del
conflic-to armado interno, las violencias asociadas y la crisis humanitaria, con el fin de conocer si en estos territorios realmente ha habido consolidación5 y qué tanto se
puede hablar de zonas verdes o de postconflicto, como las denomina el gobierno. Además, se evalúa si efectivamente es posible ejecutar los megaproyectos que el Ejecutivo tiene presupuestado poner en marcha en las zonas CCAI Cordillera Central, Catatumbo y Sierra Nevada de Santa Marta. El gobierno busca erradicar totalmente los cultivos ilícitos de las zonas CCAI de Macarena, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, conseguir el retorno de desplazados en Montes de María y desarrol-lar la estrategia de erradicación voluntaria de cultivos ilícitos en la Zona CCAI Nariño, entre otras.
Son 14 zonas6 que integran siete regiones naturales y comprenden 86 municipios
de 17 departamentos7 , en los cuales se concentra una acción integrada del Estado
que hace énfasis en “la superación del desplazamiento forzado, la protección de los derechos humanos y (la) reconciliación, la superación de la pobreza extrema y la consolidación de condiciones regionales de desarrollo y paz”8.
10 -Bacrim, abreviatura de bandas criminales, es como la Policía Nacional comenzó a llamar a los grupos surgidos después de la desmovilización paramilitar.
11 - HRW. Los Herederos de los Paramilitares. HRW. Informe Sobre Colombia 2011.
12 -Ana Mercedes Gómez Martínez y Jorge Iván Posada Duque, El Colombiano, 23 de enero de 2011 Solo se sale del conflicto con una estrategia integral: Guzmán. Apartes de una entrevista con el brigadier general Manuel Gerardo Guzmán, comandante de la VII División del Ejército. Habló sobre la situación del conflicto armado e hizo énfasis sobre lo que pasa en el Nudo de Paramillo.
lo es que, detrás de las acciones armadas y la intimidación que ejercen los grupos armados contra la población, y la incapacidad del Estado para protegerla, se mueven poderosos intere-ses económicos sobre los territorios objeto de la política de consolidación. El hecho de que persista el desplazamiento forzado cuestiona el concepto de cohesión social y pone en duda el componente democrático de la seguridad, aun cuando asegura la confianza inversionista.
B
Cifras de conflicto y violencias asociadas
De acuerdo con un informe sobre seguridad ciudadana de la Policía Nacional, durante 2010 se cometieron en todo el país un total de 15.238 homicidios, 3,6% (579) menos que los pre-sentados durante 2009. Esta cifra representa una tasa de 32 por cada 100.000 habitantes. El gobierno colombiano responsabilizó a las Bacrim10 del 47% de estos homicidios, mientras el
director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, señaló que “son hoy la peor amenaza para el país”. El 25 de enero de 2011, el ministro de Defensa declaró que ésta sería la mejor “cifra” obtenida en los últimos 24 años. Además, anunció que en la actualidad están desti-nados 1.000 millones de pesos en recompensas, por la captura de los jefes de los grupos postdesmovilizados Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastrojos que tienen presencia en Cór-doba. Adicionalmente, dijo que incrementará el pie de fuerza y dotaciones en más de 10.000 hombres para ese departamento, en el cual se ha presentado cerca de 900 capturas.
Esto pese a que, en septiembre de 2010, el mismo ministro declaró que las Bacrim eran grupos “sin poder local, fácilmente manejables”. Esta posición oficial es también la de otros funcionarios que siguen insistiendo en que los crímenes están relacionados únicamente con el negocio del narcotráfico. Pero, la realidad muestra que estas ban-das atentan contra líderes sociales y amenazan e imponen normas en las regiones que controlan11 . Como señaló Human Rights Watch (HRW), las 20 masacres cometidas
du-rante 2011 representan un incremento del 41%. La organización de derechos humanos estadounidense agregó que los defensores de derechos humanos, los asesinatos de sindicalistas y las amenazas a los líderes sociales que se atreven a reclamar sus tierras siguen siendo su principal objetivo.
El optimismo del ministro de Defensa contrasta con la visión del general Manuel Ge-rardo Guzmán, Comandante de las Brigadas IV, XI, XIV, XV y XVII y de la Fuerza de Tarea Conjunta del Nudo de Paramillo, quien señaló que “solo se sale del conflicto con una estrategia integral, en la cual estén comprometidos cada ciudadano y la em-presa privada”12 . Guzmán declaró que en la actualidad no existen herramientas
jurídi-cas eficientes contra las “bandas criminales”. Informó que en este territorio también tienen presencia fuerte y con “muchas familias simpatizantes” los frentes 5, 18, 36, 58 y la Columna Móvil Mario Vélez de las Farc. En la región han muerto más de mil hombres de la fuerza pública por causa de las minas antipersonal, combates o tomas guerrilleras. Opinó que el plan de desmovilización es “bueno” para los dos primeros años de vida civil de la persona. Después, el desmovilizado no encuentra posibilidades y su única salida es volver a delinquir, que es lo que ha pasado con los paramilita-res. Indicó que en la región del sur de Córdoba y el Bajo Cauca están presentes seis brigadas móviles del ejército, la Fuerza de Tarea Conjunta del Nudo de Paramillo y la
Después de analizar individualmente las zonas CCAI se puede concluir que el hecho más notorio es que al menos 91.499 personas o 18.300 hogares, el 32.7% del total de población desplazada en 2010, que ascendió a 280.041 personas, proviene de las zonas en donde se desarrolla el Plan Nacional de Consolidación Territorial. Este programa bandera del gobierno fue concebido desde 2007 “con el propósito de cumplir con los objetivos de Consolidación de la política de Seguridad Democrática, mantener la confianza inversionista y avanzar en la política social efectiva”9.
De los 100 municipios que presentaron mayor tasa de desplazamiento forzado en Colombia el año pasado, 44 están en zonas CCAI, las mismas en las que se presentaron seis desplazamien-tos masivos que afectaron a más de 2.684 personas. La Gráfica 1 muestra el desplazamiento histórico en las actuales zonas CCAI.
Si bien el Plan Nacional de Consolidación se concibe como “un proceso coordinado, pro-gresivo e irreversible, por medio del cual se busca afianzar la articulación de los esfuerzos estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente de seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en beneficio de los derechos ciudadanos y de la generación de condiciones para su desarrollo humano”(el subrayado es del documento original), en sus primeros tres años de ejecución hay muchas dudas sobre su efectividad. Durante 2010, en 62 de los 86 municipios de las zonas CCAI seguían operando por lo menos ocho grupos paramilitares (entre antiguos, rearmados y nuevas estructuras), mientras que las Farc mantuvieron o reactivaron su presencia en 30 municipios y el Eln siguió actuando en otros cuatro.
Por otra parte, se presentaron bloqueos y/o confinamientos de población en las zonas CCAI de Arauca, Cauca, Chocó y Río Caguán. En la Zona Bajo Cauca, 293 familias del municipio de Nechí permanecen en riesgo de desplazamiento. En la misma zona, municipio de Zaragoza, 35 personas dedicadas a actividades mineras huyeron por amenazas atribuidas a grupos de postdesmovilizados.
Es evidente que la violencia es la primera causa del desplazamiento, pero también
9 -Directiva Presidencial 01 sobre Coordinación del gobierno nacional para llevar a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial, expedida20 de marzo de 2009.
13- Ibíd.
14 -http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Index.htm Se refiere a minas de carbón, oro, plata, platino, ferroníquel, metales preciosos, materiales de construcción, caliza, arcilla, roca fosfórica y otros que se explotan, bien sea con importante inversión nacional o extranjera o de manera artesanal. En muchos casos esta explotación se hace de manera ilegal.
En la Tabla 1 se puede ver en cuáles departamentos se incrementaron los casos y las víctimas del conflicto, con el fin de comparar si corresponden a departamentos en donde actualmente se están llevando a cabo el Plan Nacional de Consolidación. Fuerza de Tarea Conjunta de Acción Decisiva. Por esta razón, las Farc han tenido que
recurrir a alianzas con los grupos postdesmovilizados, con los cuales intercambian hombres armados, equipados y entrenados, por pasta básica de coca. Adicionalmente, señaló que “ahora con esa cultura de la ilegalidad, las Farc y las bandas criminales están manejando la minería. En el Bajo Cauca ellos controlan la minería legal e ilegal. Tienen una cuota mensual de cuatro millones de pesos por draga. Y si la van a sacar o la llevan a hacer mantenimiento, la gente les tiene que pagar 16 millones, porque piensan que no van a volver a traerla. Es una cosa bárbara”13. El alto oficial también
alertó sobre el incremento del conflicto en los municipios de Anorí, Tarazá e Ituango, de la Zona CCAI Bajo Cauca.
El 13 de enero de 2011, la Fiscalía General de la Nación reveló que tenía documenta-dos, con corte al 31 de diciembre, 174.618homicidios, 1.614 masacres y 34.740 casos de desaparición forzada. Adicionalmente, 3.611 casos de secuestro, 3.555 de extorsión, 693 de violencia de género, 72 de narcotráfico y 28.671 de otras conductas delictivas sin precisar. El ente acusador registra el desplazamiento forzado masivo de 77.180 comunidades y el reclutamiento de 3.557 menores de edad.
Las investigaciones y confesiones permitieron establecer la presunta vinculación de 429 políticos, 395 miembros de las Fuerzas Armadas, 155 servidores públicos y 7.101 referenciados como “otros casos”. El reporte precisa que “Los casos documentados son atribuibles a grupos de subversión y autodefensas. Los casos documentados atri-buibles a las autodefensas ocurrieron antes de la desmovilización colectiva de los respectivos bloques. Los casos documentados atribuibles a la subversión ocurrieron antes de la desmovilización individual de sus miembros”14 .
Los datos de homicidio de la Policía Nacional y las cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República muestran que este delito se redujo en un 2%. Pero en la Tabla 1 se pueden apreciar varias cosas. Primero, que las masacres aumentaron en 2010, con respecto al 2009, en 10 casos (34%) y las víctimas en 36 (24%). También llama la atención el aumento de homicidios de docentes no sindical-izados (175%) así como el de docentes sindicalsindical-izados (40%) y el de sindicalistas de otros sectores (23%).
La cifra de secuestros también se incrementó en 19%. Adicionalmente, se mantuvi-eron, aunque con reducciones, los homicidios de alcaldes y exalcaldes (cuatro vícti-mas), el de periodistas (un caso) y el de concejales, que se redujo en 2 víctimas con respecto al año anterior. Por último, pero no menos importante, a pesar de que el homicidio de indígenas se redujo en 30%, es necesario recordar el gran impacto que estos hechos causan contra su cultura. Según la ONIC, 122 indígenas fueron asesi-nados y 10 desaparecidos durante 2010. Ante estos datos, y teniendo en cuenta que las estadísticas sobre violaciones y vulneraciones a los derechos humanos tienen que leerse, entenderse e interpretarse de manera integral, cabe inquirir si el optimismo del ministro de Defensa se justifica.
Después analizar detalladamente cada departamento y caso por caso y tipo de víctimas, se puede concluir que el incremento de homicidios, masacres, víctimas de masacres y homicidios selectivos se presentaron en los depar-tamentos donde actualmente hay zonas CCAI (Antioquia, Córdoba, Putu-mayo, Caquetá, Cesar, Guaviare y Valle del Cauca) y donde tienen presen-cia consolidada los grupos postdesmovilizados y las Farc. En el caso del Departamento del Meta, si bien es cierto que el Observatorio no registra ningún caso de masacre, el SISDHES (con una base de datos en constante actualización) reportó una masacre en el municipio de Vistahermosa (zona CCAI) que dejó cuatro víctimas.
En 2010 ocurrieron 19 masacres en los 86 municipios de las zonas CCAI, con un saldo trágico de 92 personas asesinadas. 176 más fueron víctimas de asesinatos selectivos, entre los que se cuentan 11 indígenas, siete servidores públicos, cuatro líderes comunales, un defensor de derechos humanos, un líder afrocolombiano y un periodista. Todos fueron ultimados por sicarios. 87 civiles fueron heridos o perdieron la vida en el marco de acciones bélicas. Otros 81 civiles resultaron heridos, mutilados o muertos en accidentes por minas. 15 personas fueron secuestradas. Se perpetraron cinco atentados. Grupos clandestinos profirieron al menos seis amenazas de muerte contra organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. (Ver Tabla 2).
15 - Se refiere a minas de carbón, oro, plata, platino, ferroníquel, metales preciosos, materiales de construcción, caliza, arcilla, roca fosfórica y otros que se explotan, bien sea con importante inversión nacional o extranjera o de manera artesanal. En muchos casos esta explotación se hace de manera ilegal.
16-“El rico, el oro y la bomba de tiempo”, El Tiempo, 6 febrero 2001http://m.eltiempo.com/opinion/columnistas/ danielsamperpizano/el-rico-el-oro-y-la-bomba-de-tiempo/8829781/1/home
17- “A toda máquina”, El Espectador, 30 enero 2001 http:// www.elespectador.com/impreso/columna-247787-toda-maquina
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Zonas CCAI- Zonas estratégicas para la consolidación
de los intereses económicos, negocios ilícitos
e inversión extranjera
A este panorama de conflicto armado, violencia y despojo se agrega el in-terés de la inversión nacional e internacional por la actividad minera15 , que
se desarrolla en por lo menos 21 municipios de las zonas CCAI: casi la ter-cera parte del territorio en proceso de consolidación (26%). (Ver Tabla 3). Son regiones en las que se adelanta explotación, exploración o exportación minera y donde en forma paralela persisten múltiples formas de violencia política y social y graves violaciones a los derechos humanos: Montelíbano (Zona CCAI Sur de Córdoba), Santa Marta (Sierra Nevada de Santa Marta), Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza (Bajo Cauca Antioqueño), San Jacinto (Montes de María), El Tambo, Santander de Quili-chao, Guapi, López de Micay, Timbiquí, Balboa y El Tambo (Cauca), Ist-mina y Sipí (Chocó), Barbacoas y Samaniego (Nariño), Tibú (Catatumbo), Chaparral (Cordillera Central) y Buenaventura (Zona CCAI Buenaventura). La fiebre por acelerar la “locomotora” de la minería en territorios de vio-lencia y pobreza empieza a subir en medio de la ambición desbordada de grandes empresas.
“Dentro de algunos años la palabra ‘oro’ podría reemplazar a la palabra ‘coca’ en la vida y azares de los colombianos”, advirtió el periodista Dan-iel Samper Pizano acerca de los efectos del alza en el precio de ese metal: “caen sobre ríos y montañas de nuestra geografía toda clase de ansiosos explotadores. Pululan desde mineros artesanales hasta las multinacionales poderosas y, atraídos por la riqueza presente y futura, medran guerrillas, paramilitares, bandas criminales, funcionarios corruptos y otras yerbas. To-dos quieren una parte de la bonanza aurífera”16 .
Están en juego cientos de títulos mineros en las zonas de consolidación y crece la preocupación en varios sectores de la sociedad colombiana. “¿Cómo va el gobierno actual a tramitar los miles de títulos mineros que el anterior otorgó a diestra y siniestra?”, pregunta el sociólogo Alfredo Molano Bravo17
.
Entre 2002 y 2009, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones, incluyendo las concesiones en los páramos, que cubrían 70 mil hectáreas al iniciar el mandato del presidente Uribe. Hoy, 108.972 hectáreas de 22 de los 34 páramos que tiene Colombia están en riesgo por la concesión de 391 títulos mineros. El 80% de estas concesiones se entregaron durante el lapso que Uribe dejó transcurrir entre la aprobación
18- “El legado minero de Uribe”, La Silla Vacía, 14 octubre 2010 http://www.lasillavacia.com/historia/18648 19- “Defensor señala que en tres años han muerto 216 personas por accidentes en minas”, Defensoría del Pueblo, Boletín de prensa, 27 enero 2011
20- “A toda máquina”
21- Declaraciones del presidente Juan Manuel Santos ver http://www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/features/ saii/features/society/2010/10/19/feature-02
en las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó (territorios colectivos de comunidades afrodescendientes) y a la invasión de tierras en esa zona del Bajo Atrato (Chocó) entre 1997 y 2001, ordenó la captura de 24 empresarios de palma por los delitos de “desplazamiento forzado en concurso homo-géneo y sucesivo y heterohomo-géneo con concierto para delinquir agravado, e invasión de áreas de especial importancia ecológica”.
En la orden judicial, la Fiscalía General de la Nación afirma que “en su afán de explotar económicamente los terrenos de propiedad colectiva (...) las empresas fueron verdaderas fachadas que escondían el pacto o la alianza celebrados entre autodefensas y empresarios, que no era otro que delin-quir repetida y permanentemente en el Bajo Atrato chocoano”. Según el ente acusador, los empresarios “trazaron múltiples estrategias jurídicas para ‘legalizar’ la adquisición y posesión de tierras, a lo cual combinaron una febril ofensiva paramilitar que resultó muy útil a la hora de contrarrestar la reticencia de los vendedores, así como la enjundia de los opositores a la expansión de los cultivos de palma”.
Si bien los territorios colectivos objeto de esta medida judicial no están in-cluidos en la zona de consolidación llamada Sur del Chocó, sí hacen parte de un departamento en el que persisten la expansión de cultivos de palma y la acción de los grupos paramilitares que provocaron el éxodo de población en el Bajo Atrato.
En las zonas CCAI también es relevante la presencia de cultivos destinados a la producción de drogas prohibidas. Según el Sistema de Información de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI, en 62 de los 86 municipios en zonas CCAI (es decir, en el 72,1% del total de las zonas de consolidación) fueron encontradas 32.445 hectáreas de cultivos ilícitos.
Uno de los objetivos estratégicos del plan de consolidación es la “elimi-nación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia”. Las revelaciones del SIMCI indican que en 2010 las zonas CCAI concentraban el 48% del total nacional de cultivos ilícitos de todo el país, calculado en 68 mil hectáreas según la misma fuente.
del Código Minero en el Congreso y la correspondiente sanción presiden-cial18.
La inseguridad no es sólo por razones de orden público. La Defensoría del Pueblo reportó 23 accidentes en minas auríferas y carboneras, que han de-jado 216 personas muertas en los últimos tres años19 . En cambio sí opera la
seguridad del negocio y la confianza inversionista para las grandes empre-sas beneficiadas con las concesiones. Entre tanto, se ilegaliza y estigmatiza a los pequeños mineros, acusados de tener nexos con las guerrillas y se presiona su desplazamiento forzado. “Lo que hay es una estrategia oficial para que los pequeños mineros les dejen el campo libre a las grandes com-pañías”20.
Las zonas mineras están militarizadas y paramilitarizadas: la fuerza públi-ca protege la gran inversión privada y los paramilitares evitan la protesta social y presionan el desplazamiento. Las afirmaciones del alto gobierno según las cuales las Farc y el Eln “están acudiendo a la explotación minera ilegal como una forma de financiar sus actividades”21 ponen en riesgo a
miles de personas dedicadas a la minería artesanal, incentivan la violencia y presionan el desplazamiento. Los casos denunciados por el primer manda-tario deben ser conocidos por las autoridades y los responsables deben ser juzgados de acuerdo a la Ley. El deber del Estado es combatir toda forma de ilegalidad y preservar el medio ambiente, pero no sembrando la idea de un Estado que protege a los poderosos, es permisivo con los paramilitares e implacable con los más vulnerables, a los que asocia con las guerrillas. Adicionalmente, en 14 de los 86 municipios CCAI (el 16% del total de las zonas de consolidación) se registran procesos de siembra intensiva de palma aceitera que coinciden con el mapa de expulsión de población. (Ver Tabla 3). En seis de las 14 zonas CCAI hay cultivos importantes de palma, que gen-era preocupación por las formas de acceso a la tierra en regiones de despojo o usurpación. En algunos territorios también se cambió el uso de la tierra, que pasó de producir alimentos a cultivos destinados a agrocombustibles, especialmente de palma. Es el caso de los municipios de San Onofre (Zona-Montes de María), Tibú (Zona Catatumbo), El Copey, Valledupar, Dibul-la, Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta (Zona Sierra Nevada de Santa Marta), Tumaco (Zona Nariño), Puerto Rico, San Juan de Arama y Vistahermosa (Zona Macarena) y Guapi (Zona Cauca), en los que persisten el desplazamiento forzado, la presencia de grupos armados y el modelo de desarrollo sustentado en grandes cultivos de palma. (Ver Tabla 3).
En mayo de 2010, un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a cargo de una investigación en torno a la usurpación de tierras
23- La Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado surgió a partir de la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, con el fin de fortalecer el seguimiento que ese Alto Tribunal hace de sus órdenes que buscan el cumplimiento de los derechos de la población desplazada.
C
Además de desplazamiento, el despojo
El despojo de tierras es un complemento de la estrategia del desplazamiento forzado. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Des-plazamiento Forzado23 , entre 1980 y julio de 2010 se produjo el despojo de,
por lo menos, 6,638.195 de hectáreas en Colombia, por acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales.
Los departamentos en los que se produjo este despojo coinciden con las regiones en las que están localizadas las zonas CCAI. Para la Comisión de Seguimiento, los departamentos de Antioquia y Chocó (en los que están ubicadas dos zonas CCAI: Bajo Cauca antioqueño y sur del Chocó) fueron epicentro del despojo de 1,852.561 hectáreas.
Otra región afectada por tierras abandonadas, vendidas o entregadas for-zosamente a terceros abarca los departamentos de Cauca, Nariño, Putu-mayo, Caquetá y el municipio de Buenaventura en el Departamento del Valle del Cauca, donde la Comisión de Seguimiento estima el despojo en 1,491.892 de hectáreas. Aquí, el despojo de tierras coincide con cinco zonas CCAI: Nariño, Cauca, Buenaventura, Río Caguán y Putumayo.
A su vez, en los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, con 1,043.939 hectáreas de tierras af-ectadas, coinciden las zonas CCAI de Macarena y Arauca.
En los departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira y Norte de Santander, el destierro y el despojo afectaron 866.535 hectáreas. En esa región están lo-calizadas las zonas de consolidación Sierra Nevada de Santa Marta y Cata-tumbo.
Los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba fueron escenario del despojo de 749.968 hectáreas. En esta región del Caribe están estableci-das las zonas CCAI de Montes de María y Sur de Córdoba.
Por último, los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima, Santander y Valle del Cauca (exceptuando Bue-naventura) fueron objeto del despojo de 633.299 hectáreas. En esta región
26- Ibid. Págs 127-128.
27- Ibíd. (Consultar los 150 municipios con mayor afectación por abandono forzado de predios- Compendio Estadístico. Págs 149-153)
24- Unidades Agrícolas Familiares, tenencia y abandono forzado de tierras en Colombia. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional- Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio. Bogotá D.C., diciembre de 2010.
25- Ibíd. Capítulo 7. Análisis del Consolidado Nacional de Tierras por Desplazamiento Forzado. Autor Camilo González Posso.
El estudio concluyó que “el 8% de la población colombiana, que represen-ta el 35% de la población rural, ha sido desplazada de manera forzada en medio de la violencia cuyos agentes directos han sido actores armados al servicio de intereses de apropiación de riquezas y en particular de tierras y control de territorios”. Agregó que “cerca del 45% de los municipios del país han sido gravemente violentados durante los últimos 20 años, por la expul-sión de familias y por las consecuencias del abandono forzado de bienes y unidades productivas ”26.
El ejercicio de cálculo de tierras abandonadas por la violencia elaborado por el PPTP permite identificar los municipios más afectados, bien sea por el número de predios, por su extensión, por el número de personas relaciona-das con los predios o por la proporción del área del municipio abandonada, entre otros27 . De los 150 municipios con mayor afectación por abandono
forzado de predios, 51 (34%) están ubicados en las zonas CCAI (Ver Tabla 5). Esto representa por otra parte el 59.30% de los 86 municipios que hacen parte de las CCAI. Es importante anotar que la encuesta no tiene en cuenta la información sobre territorios étnicos. Tampoco la relacionada con predios con extensión mayor a 98 hectáreas, que representan el 5%, de acuerdo con el PPTP.
está ubicada las zonas CCAI Cordillera Central.
Por otra parte, para el RUPD y RUPTA (Registro Único de Protección de Territorios Abandonados)24 a partir de los registros oficiales (1995-2010)
reportan un valor de 6,556.978 hectáreas abandonadas por 256.480 jefes de hogar, que afirman haber abandonado forzadamente 270.680 predios. Por otra parte, el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población (PPTP) Desplazada estimó por lo menos 1,500.000 hectáreas adicionales que fueron abandonadas por la población en situación de desplazamiento, con base en las declaraciones realizadas entre 1995-2004. Se puede concluir que el área total abandonada asciende a más de 8,000.000 millones de hec-táreas y que el número de personas desplazadas supera los 3,6 millones de personas25 . (Ver Tabla 4).
28- Tomado de www.lasillavacia.com: Las tierras de la posguerra: los nuevos dueños de los Montes de María. 23 de noviembre de 2009.
Reclamando tierras sin garantías de protección
Exigir restitución o adjudicación de tierras es una acción intrépida que se puede pagar con la vida. Entre marzo de 2002 al 31 de enero de 2011, en Colombia fueron sido asesinados 44 líderes de población desplazada y que tenían algún vínculo con procesos de restitución de tierras (Ver Tabla 6). Los grupos paramilitares en proceso de desmovilización o de rearme usan la intimidación para consolidar el despojo de tierras y evitar cualquier rec-lamación de restitución o adjudicación en sus zonas de influencia y control. Carmen de Bolívar es uno de los municipios que hacen parte de la zona CCAI Montes de María. Años atrás padeció el conflicto debido a la pres-encia de las Farc, el Eln y los paramilitares. Miles de campesinos fueron desplazados a punta de masacres en las que perecieron 115 personas entre 1997-2003, de acuerdo con cifras oficiales28 . 100.000 se vieron obligadas
a dejar sus tierras. Con el operativo militar de octubre de 2007 que dio de baja a Martín Caballero, jefe de las Farc en esta zona, muchos habitantes del municipio pensaron que al fin llegaría la paz. Pero la realidad fue otra. Las personas desplazadas que quisieron retornar a sus tierras se encontraron con que estas habían sido “compradas”, en gran parte empresarios antioqueños, vinculados con la clase política de este departamento. Ahora los despojados de Carmen de Bolívar esperan que la Seguridad Democrática les permita, a ellos también, retornar a su territorio, objeto de una verdadera contrar-reforma agraria.
Otros dos procesos emblemáticos de restitución de tierras que provocaron asesinatos y atentados ocurren en Córdoba, y en Urabá han sido asesinados ocho líderes sociales que estuvieron activos en estos procesos de restitución. El primero se llevó a cabo en junio de 2008 en la vereda Costa de Oro, Montería, donde se restituyeron 1.854 hectáreas a 58 familias. La respuesta paramilitar ha costado la vida de Guillermo Ramos, John Jairo Martínez, Ana Isabel Gómez, Yolanda Izquierdo y Alberto Pastrana. También se at-entó contra la vida del presidente del Comité Civil de Víctimas, abogado Mario Montes.
El otro proceso de restitución de tierras al que se han opuesto los grupos paramilitares y los responsables del despojo se desarrolla en la región de Urabá y ha cobrado tres víctimas: Alberto Valdéz (mayo de 2010), Hernando Pérez (septiembre de 2010) y Oscar Maussa (noviembre de 2010). También se atentó contra la vida de Fernando Enamorado el mismo mes de noviem-bre.
Proteger las organizaciones de población desplazada y su liderazgo en las zonas de presencia paramilitar es, además de una obligación del gobierno, un desafío para asegurar la aplicación de la Ley de restitución de tierras. Y no es sólo protección policial y adjudicación de celulares y chalecos anti-balas. Es necesario el desmantelamiento de las estructuras criminales del nuevo paramilitarismo, que son agentes oficiosos de poderosos intereses asociados a la tenencia inequitativa de la tierra y al narcotráfico. Es nece-sario romper los tentáculos de estos grupos y su posible influencia en ad-ministraciones locales, en entidades como la Fiscalía General de la Nación, organismos de seguridad, unidades de las Fuerzas Militares y de Policía y en las instituciones encargadas de realizar el proceso de restitución de tier-ras, especialmente el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
A
Crisis humanitaria sostenida y prolongada
El desplazamiento forzado sigue siendo una constante de la crisis hu-manitaria y de derechos humanos en Colombia, que afecta casi todo el territorio nacional. Las 280.041 personas desplazadas en 2010 llegaron a 1.014 municipios1 de 31 departamentos del país en busca de protección
y apoyo. En promedio, 778 personas se desplazaron cada día de 2010 en Colombia. (Ver gráfico 2).
El Gráfico 3 muestra que en los últimos 25 años (1985-2010) por lo menos 5,195.620 personas (1,039.124 hogares) han sido desplazadas en Colombia por razones de violencia. Esto significa que, en promedio, cada año del último cuarto de siglo unas 208.000 personas padecieron desplazamiento forzado. Es decir, el 11.42% del total de la población colombiana (casi 12 de cada 100 colombianos) fue obligada a cambiar de lugar de residencia porque su vida, su integridad física o su libertad fueron vulneradas o seriamente amenazadas.
1El dato incluye corregimientos departamentales de
los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. En Colombia hay 32 departamentos y un total de 1.141 municipios.
II. Tendencia general del
desplazamiento forzado en
Colombia
Gráfico 2
Datos comparativos Acción Social - CODHES
Fuente: SIPOD - Acción Social, a diciembre 2010 / SISDHES - CODHES, a diciembre 2010
C
A
PITU
LO
El énfasis en que han sido desplazadas, y no en que son desplazadas, tiene que ver con la situación de estas personas después del desplazamiento. Al-gunas fallecieron, otras se reintegraron a sociedades locales por sus propios medios y no se reconocen como desplazadas, otras se fueron del país. Como lo advierte la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, la mayoría sobrevive entre la indigencia y la po-breza. El 97.6% de los hogares inscritos en el RUPD2 están por debajo de la
línea de pobreza, mientras que entre los no inscritos esa proporción es del 96%. Por otra parte, los niveles de indigencia también se mantienen altos. El 78.8% de los hogares inscritos en el RUPD tienen niveles inferiores a la línea de indigencia.
La cifra acumulada de 5,195.620 personas entre 1985-2010 da cuenta de la crisis crónica, sostenida y prolongada del desplazamiento forzado en los últimos 25 años de conflicto armado en Colombia. Como se sabe, el registro gubernamental alcanzó la cifra de 3,527.835 personas oficialmente recono-cidas como desplazadas entre 1997-2010. Este registro oficial no incluye desplazados entre 1985 y 1996, un decenio en el que se produjeron innu-merables masacres (como las de Mejor Esquina y El Tomate en Córdoba, Pueblo Bello en Cesar y los recurrentes asesinatos en masa en la región de Urabá), igual que los más grandes desplazamientos masivos, como el ocu-rrido en Pavarandó, Departamento del Chocó, que afectó a más de 15.000 personas. El desplazamiento acumulado entre 1999-2010, según el RUPD, es de 3,598.373 personas. (Ver Gráfico 4).
2-Registro Único de Población Desplazada del Sistema de Información de Población Desplazada, a cargo de Acción Social
Gráfico 3
Tendencia del desplazamiento forzado en 25 años
El gobierno no tenía un sistema de registro de población desplazada hasta 1997, cuando se inició un incipiente proceso de registro en el Mi-nisterio del Interior. Como lo advierte la Corte Constitucional, el hecho de que los desplazados no fueran registrados conforme a la Ley 387 de 1997 no quiere decir que no existieran personas afectadas y su nega-ción es una forma de desconocimiento de sus derechos. En el mismo pronunciamiento, el Auto 011 de 2009, la Corte resalta tres áreas en las que constató los problemas más importantes: I) el registro de población desplazada II) el intercambio de información entre el sistema de registro manejado por Acción Social y otras bases de datos administradas por entidades responsables de ayudar a la población desplazada y, III) la simultaneidad de varios sistemas de registro de personas desplazadas3.
Es importante tener en cuenta el subregistro (29.31%) y los altos niveles de rechazo de inscripción y reconocimiento de población desplazada (48%).La intención de minimizar el número de personas desplazadas resulta evidente, bajo la premisa falsa del anterior gobierno (que parece tener continuidad en Acción Social en la administración del presidente Santos) según la cual en Colombia “no hay conflicto armado”, “no hay desplazados sino migrantes”, “el paramilitarismo es cosa del pasado” y la guerrilla está en el “fin del fin4”.
Además, en 2010 el ministro del Interior y Justicia Fabio Valencia Cos-sio formuló irresponsables declaraciones según las cuales el 30% del total de personas que buscan ingresar al RUPD serían suplantadores, de-jando un manto de duda y una acusación generalizada y sin fundamento contra las personas desplazadas.
Según el entonces funcionario, “hay personas que hacen uso de la
3- Para superar el subregistro de población desplazada, la Corte ordena a Acción Social realizar, en un plazo perentorio, una campaña de divulgación, si lo estima pertinente en coordinación con el Ministerio Público, sobre las nuevas políticas respecto del registro de la población desplazada. De manera coordinada debe capacitar a los funcionarios encargados de recibir y valorar las declaraciones y de registrar a la población desplazada, con el fin de que éstos estén al corriente de los avances mencionados y se abstengan a aplicar restricciones que ya no existen y cuya exigencia vulnera los derechos fundamentales de los desplazados. 4- Definiciones expresadas por distintos altos funcionarios o porun asesor privado del presidente Álvaro Uribe, o por él mismo, en distintos momentos.
5-El entonces ministro hizo este pronunciamiento en la Audiencia de seguimiento a la política de atención a los desplazados, realizada en la Corte Constitucional el 20 de mayo de 2010 en Bogotá.
condición de desplazados para acceder a beneficios y subsidios entregados por Acción Social”. Aseguró Valencia Cossio que “aquí hay una defrauda-ción al Estado porque ya hay una profesión que se denomina desplazado y muchas personas engañan a las administraciones, a Acción Social y a todas las entidades del Estado y tienen beneficios que no deberían tener y que le están quitando los recursos a quienes si se les deben aplicar”. Agregó: “aquí lo que hay es una rapiña sobre los puestos municipales, departamentales y nacionales de gente inescrupulosa y de delincuentes que se dedicaron a tra-ficar con las necesidades de los pueblos5” .
Para CODHES, decir que en el registro oficial hay “muchos desplazados”que no lo son, equivale a una confesión de incompetencia del gobierno,que es el encargado de incluir o rechazar a los solicitantes. O, más grave aún, existe corrupción y clientelismo que conduce a fraudes. Pero insinuar que se trata de un fenómeno significativo, sin allegar pruebas, es lanzar una cortina de humo sobre las carencias de la política pública, denunciadas reiteradamente ante la Corte por diversas organizaciones e instituciones territoriales. Acción Social se apresuró entonces a reportar que, durante 2010, en Colom-bia fueron desplazadas 86.312 personas: en todo caso una cifra considerable en tiempos de seguridad democrática.
No obstante, esta cifra, sujeta a modificación a la espera de nuevos datos de desplazados que apelan la negación, así como de informes consolidados de todo el país, excluye a desplazados por paramilitarismo, desplazamientos intraurbanos y algunos desplazamientos por operaciones militares y poli-ciales de fumigación de cultivos ilícitos.
Además, miles de desplazados provenientes de zonas estigmatizadas como zonas rojas o de influencia de la guerrilla prefieren abstenerse de acudir al registro estatal, desestimulados por la constante negativa de inclusión en el registro del gobierno.
Aun así, la cifra oficial reconoce que las personas desplazadas en 2010 lle-garon a 719 municipios de 32 departamentos y el Distrito Capital. Además muestra que, de los 100 municipios con mayor expulsión durante año pa-sado, 42 hacen parte de los 86 contemplados en las zonas CCAI. Es decir, 36.817 personas que representan el 42.65% del total de desplazados que re-conoce el gobierno para 2010 fueron expulsados de las zonas de consolida-ción de la política de seguridad democrática.
El Gráfico 5 muestra que según cifras oficiales, durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe el desplazamiento forzado interno alcanzó una cifra de 2,650.628 personas: el 51% del total de población desplazada que reconoce el gobierno entre 1997-2010 se vio obligada a abandonar sus regio-nes durante el mandato del presidente Uribe porque no tuvieron seguridad para sus vidas, ni protección para sus tierras.
El desplazamiento intraurbano sigue sin ser reconocido. El gobierno na-cional y las autoridades locales lo encasillan como un asunto relacionado con delincuencia común y bandas criminales asociadas al narcotráfico. Como resultado, la población desplazada que declara es rechazada en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y no se le reconocen sus derechos como víctimas del conflicto armado.
De acuerdo al SISDHES, en 2010 fueron víctimas de desplazamiento in-traurbano 742 familias (2.599 personas), principalmente en 10 ciudades: Bogotá, Medellín, Tumaco, Cali, Buenaventura, Valledupar, Caucasia, Bello, Apartadó e Ibagué (ver Tabla 7).
Narcotráfico, ¿única causa del
desplamiento forzado y de la
violencia asociada en las ciudades?
Desplazamiento intraurbano
en Medellín: un caso especial
A partir de 2006 se maneja con cada vez mayor fuerza la hipótesis de que Colombia ya no vive un conflicto armado interno, sino una situación de violencia generalizada por causa del narcotráfico. CODHES no pre-tende desconocer la realidad del tráfico de drogas. Pero, considera im-portante llamar a la reflexión sobre la necesidad de aclarar el escenario, tanto dentro del país como entre la comunidad internacional. El objetivo es lograr una incidencia y un apoyo más efectivosen la formulación de políticas públicas realmente encaminadas a solucionar las necesidades de las víctimas de un conflicto armado interno que es uno solo, aunque día a día registra transformaciones hacia otros tipos de conflictos. Per-sisten los grupos guerrilleros (Farc, Eln). Aun cuando algunos sectores paramilitares únicamente se dedican al negocio del narcotráfico, en la realidad el paramilitarismo no se desmovilizó, sino que se fraccionó en múltiples bandas que persiguen los mismos intereses de otrora. A la par, algunos sectores de la fuerza pública siguenevidenciando su colabora-ción con el ala paramilitar del conflicto armado interno.
El conflicto, sus transformaciones y nuevas manifestaciones suponen-problemáticas y retos nuevos en cuanto a la protección de los derechos de los civiles en medio de la confrontación. En este marco, el despla-zamiento ─una de las afectaciones más fuertes del conflicto─ también presenta nuevas formas que desbordan la capacidad de respuesta del Es-tado. Tal es el caso del fenómeno del desplazamiento intraurbano, que es producto de la penetración del conflicto y de diversos tipos de violencia en las ciudades. Admitido legalmente desde 20026 , se lo identificacomo
un fenómeno recurrente y en ascenso.
Las víctimas del desplazamiento intraurbano son, en su gran mayoría, población vulnerable asentada en las zonas más pobres y conflictivas de las ciudades, al tiempo que personas que han sido desplazadas de otros lugares del país y que se ven abocadas a sufrir nuevos desplazamientos en los centros urbanos.
Para CODHES es importante llamar la atenciónacerca de lo que está su-cediendo en las grandes ciudades colombianas, especialmente Medellín. El fenómeno se asocia a la existencia de grupos postdesmovilizados que se enfrentan por el control de actividades ilegales, como el narcotráfico
6- La Defensoría del Pueblo de Medellín interpuso ese año una acción popular, dentro de su labor de mediación en el caso de 22 familias desplazadas forzosamente del barrio El Salado, en la Comuna 13 de esa ciudad.
a gran y mediana escalas y el microtráfico. La presencia y enfrentamien-to entre pandillas, las amenazas, los intenenfrentamien-tos de homicidio, la posibili-dad de reclutamiento forzado, la extorsión, el control social violento y la acción urbana de grupos armados, entre otras, se constituyen también en razonespara que la población se decida a desplazarse dentro de la ciudad.
Estos grupos postdemovilizados,a los queen sus zonas de influencia las comunidades siguen reconociendo como paramilitares,siguen ejercien-do las mismas formas de control: limitación a la movilización, amena-zas al orden social, asesinatos selectivos y masacres, estas últimas incre-mentadas de manera notable en Córdoba y Antioquia. Adicionalmente, la evidente relación de algunos miembros de la fuerza pública con estos grupos conlleva desconfianza y sentimientos de desolación. Si el go-bierno no pone freno de manera pronta a este fenómeno se le saldrá de las manos y, sin duda alguna, marcará el derrotero del conflicto armado interno colombiano en 2011.
En Medellín continúan presentándose altos índices deviolencia y viola-ciones a los derechos humanos, al tiempo que persiste el enfrentamiento de grupos armados ilegales. A octubre de 2010, la Personería de la capi-tal antioqueña había registrado al menos 14 casos de desaparición forza-da, varios de ellos acompañados de torturas y otros tratos degradantes. A octubre de 2010 se habían registrado 1.736 homicidios, en compara-ción con1.717presentados en el mismo periodo de 2009. Las más afecta-das son las comunas 13, 10, 3, 4, 6, 1 y 57, y los principales blancos, los
comerciantes, transportadores, líderes y menores de edad.
Esto muestra que no ha sido posible una mejoraen este tema, a pesar de que en febrero “se hizo pública la suscripción de una tregua entre las facciones de Maximiliano Bonilla alias ‘Valenciano’ y Erick Var-gas alias ‘Sebastián’ (Oficina de Envigado), cuya disputa territorial por Medellín aportó cerca del 70% de las muertes violentas durante el año 2009”8 . Esa tregua fue rota en el mes de abril.Además de esto, “los
golpes que la Policía dio a estructuras como las de La Cañada y La Sie-rra en la Comuna 8 de Medellín, contradictoriamente, dejaron espacios propicios para el copamiento del territorio por estructuras provenientes de Urabá9” .
a dichos grupos. Por esta razón, según la Personería, cerca de 1.355 ni-ños se desplazaron entre 2009 y mayo de 2010 en la ciudad10.
Por ejemplo, en la Comuna 6, de acuerdo con la Personería,el enfrenta-miento entre “bandas” y “combos” ha ocasionado la muerte de muchos
7- Véase. Personería de Medellín. Informe Situación de los Derechos Humanos en Medellín 2010. Pág. 6 8- Véase. Instituto Popular de Capacitación IPC. InformeDerechos Humanos de Medellín. Enero – octubre de 2010. Diciembre 2010. Pág. 2 9- Ibíd.
10- Véase. Por miedo y amenazas se desplazaron 1.355 estudiantes en Medellín. Mayo 12 de 2010. Codhes. Recuperado el 20 de diciembre de 2010 de www.codhes.org
jóvenes, la desescolarización de algunos niños, niñas y adolescentes y su vinculación y utilización en el conflicto armado interno, el desplazamiento forzado de familias, miedo y zozobra, debido a los ataques indiscriminados en medio de sus lugares de convivencia ubicados en los límites territoriales impuestos por estos grupos.
Con el recrudecimiento de la violencia, Medellín se posiciona en los años 2009 y 2010 como la ciudad más afectada del país por el desplazamiento intraurbano, como lo menciona la Alcaldía.
En efecto, la Personería de la capital antioqueña documentó 4.469 ca-sos de desplazamiento intraurbano durante 2010, un incremento de 72% respecto a 200911 . En 2010 la entidad registró seis desplazamientos
for-zados masivos en los barrios Popular, en el sectorLa Veredita; La Sierra; Moscú No. 1, en el sector Los Balsos; Aures No. 2 y Santa Inés. En total, se vieron afectadas 366 personas. Esta población fue desplazada como consecuencia de la derrota del grupo ilegal que operaba en su territorio en la ciudad12 , además de las constantes amenazas, las cuales se
confi-guran como la principal causa del desplazamiento intraurbano. En total, a octubre del 2010,habían sufrido desplazamiento intraurbano un total de 5.098 personas, que corresponden al 30% de las declaraciones recibi-das en la Personería13 .
Los sectores con mayor nivel de expulsiónfueron las comunas“13, prin-cipal expulsora con el 24%, seguida por la Comuna 1 con el 16%, la Co-muna 3 con el 12%, la CoCo-muna 7 con el 9% y la CoCo-muna 8 con el 8%14” .
11-Véase. Desplazamiento intraurbano. Kien & Ke. Enero 9 de 2011. Recuperadoel 19 de enero de 2011de http://www.kienyke.com/2011/01/09/ desplazamiento-intraurbano/
12- Véase. Personería de Medellín alerta por aumento de desplazamiento intraurbano. Noviembre 8 de 2010. El Colombiano. Recuperado de www. elcolombiano.com.co el18 de enero de 2011 13- Véase. Personería de Medellín. Informe Situación de los Derechos Humanos en Medellín 2010.Pág. 10
14-Véase. Personería de Medellín. Informe Situación de los Derechos Humanos en Medellín 2010.Pág. 11
B
La población vulnerable sigue sufriendo el mayor
im-pacto humanitario por cuenta del
desplazamiento forzado
Ahora bien, debido a la negación del conflicto armado colombiano y a la naturaleza de los agentes expulsores, la mayoría de estos hechos sonaso-ciados a la delincuencia común, razón por la cual las autoridades locales reconocen el fenómeno como un asunto policial.
Esta mirada de la problemática supone varios inconvenientes, sobretodo en el sistema de registro, debido al alto nivel de rechazo de declaraciones por parte de Acción Social.
En el caso de Bogotá, de acuerdo a autoridades locales, el subregistro llega al 52% porque “no existe una posición oficial de la Alcaldía” frente a esta problemática y se trabaja de manera conjunta y sobre la base de la posición de la Policía Nacional.
Es por esto que se hace necesario que la política públicaevolucione al rit-mo cambiante de las dinámicas del conflicto, de manera que se pueda dar atención integral a las víctimasdel mismo.Igualmente, es imperioso que el Estado reconozca el conflicto armado colombiano y las consecuencias que éste trae en términos de vulneración de derechos de la población civil.
La extinción de pueblos indígenas no se detiene
Por lo menos 7.925 personas pertenecientes a diferente pueblos indígenas fueron desplazadas en 2010, principalmente de zonas rurales de los depar-tamentos de Putumayo, Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño, Caquetá, Meta y Guaviare.
En 2010 se registraron 14 desplazamientos masivos de pueblos indígenas que afectaron alrededor de 4.061 personas pertenecientes a los pueblos Nasa, Embera, Eperara Siapidara y Jiw. Estos desplazamientos ocurrieron, en su mayoría, por combates entre la fuerza pública y la guerrilla de las Farc. Todos estos pueblos han sido declarados por la Corte Constitucional en alto riesgo de extinción, aun cuando es muy grave el caso del pueblo nómada Nukak Makú, que sigue enfrentando el drama de su desaparición como co-munidad étnica como consecuencia del conflicto armado que persiste en sus territorios. En 2010, otros 29 indígenas Nukak Makú se desplazaron hacia cabeceras municipales del Departamento del Guaviare.
Cabe anotar que el registro de Acción Social de 2010 sólo reconoce el des-plazamiento de 3.731 indígenas y no incluye algunos casos de desplaza-miento masivo ocurridos el año pasado. No obstante, el mismo registro gu-bernamental reconoce un acumulado de 83.464 indígenas desplazados entre 1997 y junio de 2010.
El desplazamiento indígena se efectúa desde zonas rurales hacia las cabece-ras municipales más cercanas. En muchos casos hay eventos anteriores de amenazas a líderes de las comunidades, combates entre grupos armados, restricciones en la movilidad, confinamiento e incremento en la inseguridad alimentaria.
Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, en 2010 fueron ase-sinados 122 indígenas y durante los primeros seis meses del actual gobierno se presentaron, por lo menos, 82 casos de violaciones a derechos humanos de pueblos indígenas que incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias, ame-nazas, desaparición forzada y secuestro.
La Corte Constitucional promulgóen diciembre de 2010 el Auto 38215, para
proteger y atender al pueblo Hitnu de Arauca por precarias condiciones de salud y alimentación agravadas por el conflicto armado, que ponen en peli-gro su existencia.En esta providencia,la Alta Corte advierte sobre el incum-plimiento del gobierno nacional del Auto 004 y de las órdenes específicas que se refieren a la protección de pueblos indígenas contenidas en los autos 092/2008, 251/2008, 006/2009 y008/2009.
El gobierno nacional y las autoridades indígenas acordaroniniciar un proce-so de consulta extraordinario en torno al proyecto de ley de víctimas y res-titución de tierras que cursa en el Congreso y la adopción del Plan Nacional de Desarrollo.
15-http://www.corteconstitucional.gov.co/ RELATORIA/Autos/2010/A382-10.htm
