FACULTAD DERECHO PROGRAMA DE PREGRADO
BOGOTÁ D.C. AÑO DE ELABORACIÓN: 2016
TÍTULO: DE LOS SUBROGADOS Y SUSTITUTOS PENALES: ESTUDIO COMPARADO A PARTIR DEL AÑO 2000
AUTOR (ES): GARCÍA CUELLAR, Audrey Milena
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): ESQUIVEL ZAMBRANO, Luís Miguel
MODALIDAD: ARTICULO REFLEXIVO
PÁGINAS: 38 TABLAS: 0 CUADROS: 1 FIGURAS: 0 ANEXOS: 0 CONTENIDO:
Introducción.
I. SUBROGADOS PENALES (REFORMAS Y APLICACIÓN PRÁCTICA). II. SUSTITUTOS PENALES (REFORMAS Y APLICACIÓN PRÁCTICA). III. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD (EN LA APLICACIÓN).
CONCLUSIONES. Referencias.
PALABRAS CLAVES: beneficio, condena, favorabilidad, ley, libertad, modificación, prisión, subrogado, sustituto.
DESCRIPCIÓN:
En el presente artículo de reflexión, se analizará los aspectos relevantes que han tenido los Subrogados y Sustitutos Penales a partir de la Lay 599 de (2000) tomando como base los trazados normativos y su aplicación práctica; los requisitos exigidos para cada caso y las excepciones a la norma dictadas por el legislador; teniendo en cuenta las reformas que a partir del Código Penal han sufrido estos mecanismos legales, que buscan la humanización de la pena, dentro de un Estado Social de Derecho, en concordancia con una política penitenciaria respetuosa de las garantías de la población privada de la libertad, para finalmente, exponer el principio de favorabilidad en su aplicación (Bernal & Montealegre, 2012 y Rainer 2010).
METODOLOGÍA:
Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre los subrogados y sustitutos penales, se realizó un estudio comparado a partir del año 2000.
CONCLUSIONES:
Como resultado del estudio comparado realizado en el presente artículo de reflexión, sobre el desarrollo que ha tenido en nuestra legislación interna, los subrogados y sustitutos penales y su aplicación práctica en el sistema penal, es posible concluir inicialmente, que el Estado en su preocupación por mantener el equilibrio entre la conducta punible y su respectivo castigo, en el marco de una política criminal que busca garantizar la seguridad entre sus asociados, ha ido reformando las normas penales tratando de ajustarlas a las necesidades de cada momento, sin dejar de tener en cuenta los trazados internacionales que se refieren a los derechos humanos que aún los procesados o condenados conservan en tal situación (Beccaria 2000 y Urbano, 2002).
Por otra parte, podemos decir que el desarrollo que detentan los subrogados y sustitutos penales a partir de la Ley 599 de (2000) no ha tenido un sentido similar, o una orientación homogénea hacia la búsqueda de lograr definidamente un mayor o menor beneficio para quienes se encuentran inmersos en los procesos penales en nuestro país.
Con el análisis del presente artículo, podemos evidenciar que el gobierno nacional implementa medidas acordes a las necesidades de cada momento, como por ejemplo el hacinamiento carcelario que por épocas se ha padecido en los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios, lo que ha obligado a las autoridades legislativas a reformar de manera parcial las normas que en determinado ocasión negaban la oportunidad de gozar de estos beneficios a quienes se encontraban purgando una pena de prisión o que por su condena tendrían que llegar a estos establecimientos a cumplirla, ofreciendo condiciones un poco más laxas, pero solo un poco, para cumplir con el deber de protección de los derechos mínimos de la población condenada (Gutiérrez et al., 2014).
Adicional a ello, se puede concluir que las normas dictadas por el Legislador, en temas de política criminal y de nuestro sistema penal, no pueden ser absolutas, por cuanto existe la necesidad de adaptarlas a las condiciones en que se vaya ejecutando la justicia penal y conforme a los requerimientos de la Ley Penitenciaria y Carcelaria 65 de 1993 (Barreto, 2003).
FUENTES:
BARRETO ARDILA, Hernando. (2000). Administración de Justicia Penal en un Estado Social y democrático de derecho. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.
BARRETO ARDILA. Hernando. (2003). Lecciones de derecho penal Parte Especial. (2ª ed.). Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.
BECCARIA, Cesare. (2000). De los delitos y las penas. México: Fondo de la cultura económica.
BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo. (2102). El proceso penal. Fundamentos constitucionales y teoría general. (Tomo I). Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.
BERNAL CUELLAR, Jaime y MONTEALEGRE LINETT, Eduardo. (2013). El proceso penal, estructura y garantías procesales (Tomo II. 6ª ed.). Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (1991). Revisada y actualizada. Bogotá D.C.: Leyer.
DÍAZ PEDROZO, Alexander. (2012). El principio de favorabilidad procesal y la coexistencia de sistemas procesales. Bogotá D.C.: Ediciones Jurídicas Andrés Morales.
ESTRADA VELEZ, Federico. (1981). Derecho Penal Parte General. Bogotá D.C.: Librería El Profesional.
FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan. (2011). Derecho Penal parte General, teoría del delito y de la pena. El Delito visión positiva y negativa. (Tomo I). Bogotá D.C: Editorial Ibáñez.
FERRAJOLI, Luigui (1995). Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, Madrid: Trotta.
GUTIÉRREZ, Marcela & UMAÑA, Camilo. (2014), Política Criminal y prevención. Cátedra de investigación científica del centro de investigación en política criminal No. 6. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.
GUTIERREZ, Marcela., MATHIESEN, Thomas., KAMINSKI, Dan., THAM, Henrik., HULSMAN, Jehanne., MARIÑO, Cielo., DURÁN, Douglas., DALTO, Marcia., CALDAS, Jorge., VERA, Carol., ABAUNZA, Iván., BUSTOS, Paola., ENRÍQUEZ, Karla.., MENDOZA, Mónica., PADILLA, Andrea & PAREDES, Giovanny. (2014). Política criminal y libertad. Bogotá D.C: Universidad Externado de Colombia.
POSADA SEGURA, Juan David. (2003). Ejecución de la pena privativa de la libertad como parte inseparable del proceso penal. Revista Nuevo Foro Penal, 64, 112-153.
POSADA SEGURA, Juan David. (2008). El Sistema Penitenciario: Estudio sobre la privación de la libertad y los derechos fundamentales relacionados, Bogotá D.C.: COMLIBROS.
PUENTES, Edison. (2014). Apuntes jurídicos y jurisprudenciales sobre el derecho a la intimidad en Colombia. Armenia. Colombia: BookPublisher.
RAINER, Zaczyk. (2010). Libertad derecho y fundamentación de la pena. Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.
ROSANÍA MENDOZA, Giovanni Antonio. (2012). Apuntes sobre la Ejecución de la Pena. Bogotá D.C.: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
SANDOVAL FERNÁNDEZ, Jaime. DEL VILLAR, Donaldo Danilo (2013). Responsabilidad Penal y detención preventiva: El proceso penal en Colombia – Ley 906 de 2004. Barranquilla: Casa Editorial Universidad del Norte..
SARAY BOTERO, Nelson. (2015). Dosificación judicial de la pena. Bogotá D.C.: Leyer Editores.
TORO LUCENA, Oscar Augusto & CAJICÁ. Eduardo. (2014). Nuevo Código Penitenciario y Carcelario Ley 1709 de 2014 - Código de extensión de dominio 1708 de 2014. Bogotá D.C.: Ediciones Nueva Jurídica.
URBANO MARTINEZ, José Joaquín. (2002). Lecciones de Derecho Penal parte general, (2ª ed.). Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. (2014). Manual de Derecho Penal – Parte General. Bogotá D.C.: Ediciones Jurídicas Andrés Morales.
VELEZ OSORIO, Luis Gonzaga (2012). Otra cara del sistema acusatorio Colombiano: menosprecio de la libertad personal y autoritarismo penal. Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Colección mejores trabajos de grado.
LEYES
LEY 153. (15, agosto, 1887). Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887. Bogotá: Gobierno Ejecutivo. Diarios Oficiales 7.151 y 7.152 del 28 de agosto de 1887.
LEY 65. (19, agosto. 1993). Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia Diario Oficial No. 40.999 de 20 de Agosto de 1993.
LEY 599 (2000). Por la cual se expide el Código Penal. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia Diario Oficial No 44.097 del 24 de julio de 2000.
LEY 890. (7, julio, 2004). Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia Diario Oficial No 45.602 del 7 de julio de 2004.
LEY 906 (01, septiembre, 2004). Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)". Bogotá D.C.: Congreso de Colombia Diario Oficial No. 45.658 de Septiembre 1 de 2004.
LEY 1142 (28, junio, 2007). Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia Diario Oficial No. 46.673 del 28 de junio de 2007).
LEY 1453. (24, junio, 2011). Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia Diario Oficial No 48.110 de 24 de junio de 2011.
LEY 1709 (20, enero, 2014). Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia Diario Oficial No. 49.039 de 20 de enero de 2014.
JURISPRUDENCIA
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. (1, Julio, 1994). Sentencia No. T-304/94. Ref: Expediente T- 31.147. Recursos Administrativos-Término. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. (6, Junio, 2001). Sentencia C-581/01. Referencia: expediente D-3154. DERECHOS FUNDAMENTALES-Aplicación inmediata. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. (4, octubre. 2002). Sentencia T-824A/02. Referencia: expediente T-560.677. ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. Magistrado Ponente: Dr.
RODRIGO ESCOBAR GIL
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. (9 Junio, 2005). Sentencia C-592/05. Referencia: expediente D-5412. Demanda de Inconstitucionalidad. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL. (11 julio. 2007). Proceso No 26945. Aprobada Acta N° 117. Magistrados Ponentes: Dr. Yesid Ramírez Bastidas y Dr. Julio Enrique Socha Salamanca.
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. (11, mayo, 2011). Sentencia C-371/11. Referencia: expedientes D-8301 y D-8322. Demandas de inconstitucionalidad Magistrado Ponente: Luís Ernesto Vargas Silva.
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. (15, octubre, 2014) Sentencia C 757/14.Referencia: expediente D-10185. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 (parcial) de la Ley 1709 de 2014. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.
