31 de Mayo y 1 de Junio, 2010
Bilwi, Puerto Cabezas, Nicaragua
Memoria
Diálogo Territorial
Formación y Dinámicas Territoriales en
las Regiones Autónomas Indígenas:
Contexto, desafíos y oportunidades desde
los procesos de capacitación
PRISMA, Fundación de Utilidad Pública radicada en El Salvador, trabaja por la revalorización social y ambiental de las comunidades y espacios rurales dentro de los procesos de desarrollo.
PRISMA enfoca su accionar en la movilización de conocimiento relevante para acciones e iniciativas que contri-buyan simultáneamente al fortalecimiento de los medios de vida rurales y al mejoramiento del manejo de los recursos naturales en la región centroamericana.
PRISMA enfatiza la relación de los recursos naturales con los medios de vida de las comunidades rurales, por-que una gran parte de los pobres rurales y especialmente los más pobres, dependen críticamente de su acceso a la base de recursos naturales para satisfacer sus necesidades más fundamentales. Asimismo, PRISMA reco-noce que es posible mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales mediante opciones vinculadas al manejo sostenible de los recursos naturales. Finalmente, PRISMA considera que esas opciones, en la medida que fortalecen el papel de las comunidades rurales en la gestión sostenible de los recursos naturales, proporcio-nan beneficios a la sociedad en su conjunto.
La Iniciativa Colaborativa de Diálogo e Investigación sobre Dinámicas Territoriales en Centroamérica, lanzada en Mayo del 2006 y facilitada por PRISMA, busca comprender mejor la nueva territorialidad que está emergiendo en Centroamérica, a raíz de las grandes transformaciones económicas, las acciones de grupos económicos transnacionalizados y las respuestas de actores territoriales y sectores sociales que desarrollan sus estrategias de vida en una lógica de resistencia, adaptación o innovación al nuevo contexto globalizado. Como esa nueva territorialidad tiene fuertes implicaciones para las estrategias de vida, el manejo de los recursos natu-rales y las iniciativas de gestión territorial de comunidades runatu-rales y locales, en el marco de la Iniciativa, se avanzará en la generación de lecturas territoriales en Centroamérica que tengan el potencial de alimentar diálo-gos sustantivos sobre pobreza, ambiente y gestión territorial en la región. Las prioridades temáticas de la Inicia-tiva son las siguientes: a) Turismo; y b) Movilidad de las personas.
Fundación PRISMA 2010
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Las palabras iniciales del evento estuvieron a cargo de Omayra Bolaños, coordinadora para América Latina de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), quien presentó la actividad como un es-pacio de diálogo constructivo alrededor de los temas de territorialidad y gobernanza, ambos de gran importancia para RRI. A su vez, resaltó la importancia de respaldar procesos claros de gobernanza y el fortalecimiento de las instituciones como una manera de consolidar la seguridad y la tenencia; tomando en cuenta la participación de los miembros de las comunidades, al ser éste un aspecto im-portante desde la perspectiva de RRI.
De su lado, Alberto Chinchilla, representante de la Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC) destacó la relevancia de los procesos de titulación a favor de territorios indígenas que se realizan actualmente en Nicaragua y sus impac-tos a nivel regional. Afirmó que además del otorgamiento de los títulos, se requiere impulsar proce-sos de desarrollo en eproce-sos territorios, donde la gobernanza territorial sea uno de los elementos centra-les del trabajo con las comunidades, junto con los mecanismos financieros y el fortalecimiento insti-tucional.
En representación de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) ofreció la bienvenida Jadder Lewis, quien valoró la experiencia de la Universidad abordando temas como la territorialidad, la gestión del desarrollo, y la identidad basada en la inter-culturalidad. Asimismo, consideró de gran importancia este tipo de eventos, pues además de com-partir las experiencias de la región, permite ir construyendo una plataforma curricular formativa que pueda fortalecer los procesos actuales que se realizan en los territorios. Planteó tres conceptos que considera deben ser incluidos en el debate, a partir de las realidades y características de cada territo-rio: democracia; autonomía y autodeterminación e interculturalidad.
Eileen Mairena, Coordinadora del Programa Costa Caribe-NITLAPAN, agradeció las facilidades otorgadas por URACCAN para la organización del Diálogo. Manifestó que esperaba un espacio de discusión e intercambio de experiencias sobre el tema de gobernanza territorial en territorios indíge-nas y afro descendientes, un aspecto de reciente incorporación en el trabajo de NITLAPAN. También informó que —además del reconocimiento de los derechos colectivos— es posible afirmar que la territorialidad trasciende el acceso a la tierra y el manejo de los recursos naturales, para convertirse en un espacio de convergencia de los ámbitos social, cultural y político. Dentro de este contexto, manifestó que “la interrelación de estos espacios es lo que genera un bienestar, un buen vivir, y un
reconoci-miento de los derechos.”
Introducción
Dinámicas Territoriales: Desafíos para los medios de vida rurales y la gestión territorial en Centroamérica
Ileana Gómez, Fundación PRISMA
Desde hace cinco años, la Fundación PRISMA ha venido propiciando espacios de discusión sobre las dinámicas territoriales en Centroamérica, a partir del análisis de los principales fenómenos sociales, económicos y ambientales que afectan los diferentes territorios de la región. Además de dar a conocerlas y visualizar sus impactos, los objetivos de las discusiones apuntan hacia la identificación de posi-bilidades para el abordaje y la incidencia de esas dinámicas; la promoción de go-bernabilidad y esfuerzos territoriales de gestión; y la construcción de instituciones. Precisamente, varios de los temas a los que estamos dando seguimiento – turismo, migración y movilidad humana, desarrollo logístico, cambio climático – han surgido de la compren-sión de las dinámicas territoriales presentes en la región.
La globalización ha generado una serie de transfor-maciones en la economía de los países de Centroamé-rica, lo que a su vez ha implicado cambios en los terri-torios rurales. Las inversiones orientadas a convertir a la región en un corredor logístico (carreteras, puertos, aeropuertos) unido al auge del turismo, los proyectos mineros, y la aparición de la denominada ―maquila agrícola‖, reflejan la conversión de Centroamérica, de economías principalmente agroexportadoras a eco-nomías diversificadas, en las que las actividades pro-ductivas asociadas a la generación de divisas han cobrado importancia. Todo esto ha significado para los territorios rurales nuevas prácticas relacionadas con el uso del suelo, y la aparición de conflictos y disputas ante el deterioro de la producción agríco-la de subsistencia y tradicional.
Junto a las transformaciones en la institucionalidad política y económica, la región enfrenta ya los impactos propios de los fenómenos asociados al cambio climático. Por ejemplo, con el incremento de las enfermedades, y la ocurrencia cada vez más frecuente de eventos como inundaciones, sequías e incendios forestales, no sólo se compromete la seguridad alimentaria de las comunidades, sino que se agudizan los conflictos socio-ambientales. No pueden perderse de vista los instrumentos y políti-cas que se impulsan a nivel internacional para enfrentar el cambio climático, donde temas como la mitigación (centrada en la captura de carbono y la reducción de emisiones) y la producción de agro-combustibles son elementos claves de la discusión, a pesar de generar controversias.
El auge del turismo es otra de las transformaciones presentes en la región, generando tanto oportu-nidades como amenazas, dependiendo del estilo que se quiera promover. El caso de Petén es intere-sante en tanto representa un territorio con grandes riquezas forestales, arqueológicas y culturales que va cambiando desde frontera agrícola, luego reserva de la biosfera, y más recientemente se ha convertido en un espacio para el desarrollo del turismo. Mientras tanto, las inversiones turísticas en
la Bahía de Tela (Honduras) han significado el despojo de tierras ancestrales de los grupos garífunas, y han creado una división social al interior de los mismos. En la costa pacífica de Nicaragua (Rivas) y Costa Rica (Guanacaste) existe un eje de desarrollo inmobiliario impresionante, el cual ha producido un gran deterioro de ecosistemas, desalojos y conflictos por el uso del agua.
Sin embargo, a la par de este tipo de turismo, se logran identificar una serie de experiencias basadas en el tu-rismo rural comunitario, las cuales hacen énfasis en la diversificación de los medios de vida; la incorporación de mujeres y jóvenes en las iniciativas; la distribución de los beneficios entre los mismos campesinos y pe-queños productores; y el fortalecimiento de los dere-chos sobre las tierras.
A pesar de la crisis, se verifica un creciente interés en invertir en áreas de bosques y en la adquisición de tierras para instalar empresas mineras, petroleras, y promover la producción de agrocombustibles y los proyectos turísticos. Como resultado de estas presio-nes hay una sobre posición de territorios con estos intereses y recursos, a partir de lo cual se pueden
plan-tear las siguientes preguntas: a) ¿Quiénes deciden y controlan el uso del territorio: gobiernos, em-presas privadas, ONG, comunidades forestales?; b) ¿Cuáles son los enfoques y figuras instituciona-les que se promueven para la protección, conservación y manejo de los bosques y áreas protegidas en los territorios indígenas?; y c) ¿Quiénes definen esos enfoques y figuras, cuáles son sus propósitos y prioridades?
El tema de la fortaleza institucional frente a las dinámicas que vienen del exterior cobra especial im-portancia en una región como Centroamérica caracterizada por su potencialidad en término de re-cursos naturales (forestales, mineros, petroleros, etc.) y su ubicación geográfica estratégica, lo cual atrae los intereses de las multinacionales, afectando tradicionalmente a los grupos más vulnerables y que presentan una mayor debilidad institucional. Dentro de este contexto, al interior de los Estados no existe una visión clara sobre el modelo de desarrollo que se debe impulsar, mientras que desde la sociedad civil se promueven fuertes movimientos de resistencia vinculados con redes de anti-globalización.
Finalmente, se ha fortalecido la reivindicación de los movimientos indígenas, la identidad en el tema de derechos, y elementos como la cosmovisión indígena. En la coyuntura actual no sólo está en jue-go el acceso a los recursos, sino la construcción de nuevos imaginarios de desarrollo. Después de todo, la pregunta clave es: ¿Cómo pueden las propuestas alternativas transformar los territorios? Ante este panorama, la institucionalidad resulta clave para definir el tipo de territorio deseado. Con-trario a otros territorios que enfrentan las amenazas ya mencionadas, la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) tiene la ventaja de contar con una institucionalidad que está llamada a ser uno de los pilares en la construcción del territorio.
Dinámicas Territoriales en Nicaragua: Presentación del Plan de Desarrollo Costa Caribe – Alto Wangki – Bocay
Rubén Pasos, Asesor de organizaciones indígenas y de forestería comunitaria
Al abordar la temática del cambio climático —incluyendo las estrategias REDD— en la región centroamericana y particular-mente, en los territorios indígenas se presentan dos escenarios clave: el primero de colisión, localizado en Panamá, donde se enfrentan los reclamos de las autoridades territoriales con un gobierno inclinado a favorecer la privatización; y otro escenario —la RAAN— que podría considerarse como propicio para im-pulsar acuerdos, a partir de una voluntad política reflejada en los avances logrados en los procesos de titulación, y la ratificación del Convenio 169. Con relación a lo anterior, en el Foro Latinoamericano de Pueblos Indígenas de Cambio Climático se discutió cuál debería ser la estrategia que adopten los pueblos indígenas de América Latina para lograr avances en el posicionamiento de sus derechos de cara a la COP16 de Cancún (México).
Teniendo en cuenta los escenarios de colisión y de acuerdo deberían identifi-carse las agendas intermedias que están presentes en la región. Dentro de ellas, el tema de la forestería comunitaria emerge como un elemento central, es-pecialmente luego de la experiencia exitosa del Petén, donde las comunida-des manejan medio millón de hectáreas. A pesar de las dudas y cuestionamien-tos iniciales, la práctica en el Petén ha demostrado que las comunidades sí pueden manejar grandes áreas foresta-les a través de concesiones a largo pla-zo. Sin embargo, los intentos por exten-der la experiencia y los logros de la forestería comunitaria de Petén a otros territorios, como la RAAN por ejemplo, aún están pendientes.
Una revisión del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe del Alto Wangki-Bocay muestra que este territorio tiene características que lo hacen relevante con relación a otras zonas del país. El Plan, en su primera fase, contempla el establecimiento de las bases para implementar un modelo de desarro-llo económico sostenible, que pueda complementarse con una propuesta de dinamización económi-ca. En este sentido, es posible identificar cinco temas estratégicos dentro de esta apuesta: medioam-biente, infraestructura, agroindustria y pesca, sector forestal y turismo. Por los datos y características de la zona, el recurso forestal tiene gran potencialidad económica y puede convertirse en uno de los pilares de este esfuerzo territorial, contribuyendo así a la gobernabilidad.
Las perspectivas actuales muestran reali-dades no muy alentadoras: a) la pesca sólo genera ingresos equivalentes al 10% de su potencial; b) alrededor del sector minero existe una gran especulación y la generación de empleos es limitada; c) la ganadería trae consigo cambios estructu-rales en las poblaciones, por ejemplo en Siuna ha implicado un incremento en la densidad poblacional de 2.13 a 12 hab/km² (1977-2000), siendo 98% de po-blación mestiza; y d) el Plan Caribe 20-20, retomado por el Consejo Superior de la Empresa Privada, que planteaba los bene-ficios de los cultivos de Palma Africana como una alternativa para las zonas
de-gradadas por la ganadería, capaz de crear empleos y excedentes en función de los mercados de car-bono. Dentro de este contexto, el sector forestal en la RAAN tiene un potencial cercano de aprove-chamiento de alrededor de medio millón de hectáreas, incluyendo aquellas identificadas luego del paso del Huracán Félix. Esta cantidad representa más o menos la misma escala de Petén, por lo que resulta limitada la propuesta de forestería comunitaria para la RAAN que se presenta en el Plan, pues está basada en 80 comunidades de mil hectáreas cada una.
En la RAAN existe un contexto favorable para el desarrollo del potencial forestal, con lo que se con-tribuye a darle contenido y viabilidad económica a todos los esfuerzos de derechos territoriales de titulación. Como resultado de la voluntad política actual, el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) ha declarado que su prioridad en la RAAN es la implementación de iniciativas de forestería comunita-ria. Sin embargo, a mi entender, esta voluntad política en muchos casos no encuentra ni en otros actores (comunidades, operadores) ni en las instituciones regionales la capacidad operativa para su desarrollo. Lo anterior se refleja al analizar la agenda de los actores vinculados a la temática forestal, pues si bien es cierto existe mucho diálogo, la articulación real entre esos actores es limitada.
A pesar de las dificultades, la coyuntura presenta a la RAAN con un potencial de medio millón de hectáreas que pueden ser aprovechadas para la forestería comunitaria, y la voluntad política de INAFOR que considera la región como una zona prioritaria. El problema es que la escala de la acti-vidad forestal que se está promoviendo desde el Plan de Desarrollo no guarda proporción con el contexto y el potencial del territorio. Si los gobiernos territoriales no tienen contenido económico productivo que les dé sostenibilidad, los avances actuales en el tema de derechos pueden terminar como factores de coalición en el futuro.
Diálogo entre Participantes
La primera ronda de discusión e intercambio de ideas y opiniones estuvo centrada en dos grandes temas: a) aspectos económicos, relacionados con el fortalecimiento de la capacidad productiva, crea-ción de cadenas de valor y la promocrea-ción de la forestería comunitaria como una alternativa sostenible de aprovechamiento; y b) procesos de formación profesional, con especial énfasis en la creación de capacidades que contribuyan a dar respuesta a los desafíos presentes en los territorios. Además, la participación al interior de las comunidades, así como los mecanismos actuales de acceso y compen-sación por el uso de los recursos naturales fueron otros temas presentes en el diálogo. A continua-ción se presentan las ideas más relevantes dentro de cada temática.
Fortalecimiento de las capacidades productivas, cadenas de valor y agroforestería
La creación de capacidades productivas dentro de los territorios debe ir acompañada con el estable-cimiento de mecanismos, incluso normativas, que permitan fortalecer la institucionalidad local. En el caso de la forestería comunitaria, la clave consiste en cambiar el operador de la cadena, es decir, sus-tituir el intermediario y permitir que la comunidad misma sea la dueña de todo el proceso, logrando así mayores ingresos y apostando a una mejor distribución de los beneficios. Sin embargo, la reali-dad muestra que actualmente el tipo de forestería que se práctica en la RAAN puede ser considera-da como ―artesanal‖, donde participan unos cuantos operadores con capaciconsidera-dad para aprovechar apenas el 3% de la madera disponible para ser utilizada.
Con la modificación de la metodología para la obtención de permisos se ha logrado cambiar la uni-dad de medida —de área, hectáreas; a volumen, metros cúbicos— con lo que se espera alcanzar en-tre el 8% y el 10% de aprovechamiento. Ante la perspectiva de perder el porcentaje restante, se está apostando a la regeneración natural. Otro elemento que dificulta el avance de las alternativas pro-ductivas es el poco o nulo control que tienen las comunidades sobre factores como accesibilidad a créditos, mercados y recursos. Si bien llega asistencia técnica, ésta no resuelve necesariamente los problemas de comercialización del producto y apertura de mercados.
El tema de la diversificación productiva también estuvo presente en la discusión sobre la forestería comunitaria y sus alcances. En este sentido, la experiencia de la RAAN no termina de convencer a las comunidades por los limitados resultados económicos obtenidos por las empresas que se han conformado. La propuesta consiste en promover una perspectiva más amplia e ir más allá del tema ―madera‖, desarrollando otras áreas productivas asociadas a la forestería comunitaria; por ejemplo, los manglares en las zonas costeras.
Procesos de formación profesional
Ante los impactos de las dinámicas territoriales en la región, particularmente en los territorios rura-les e indígenas, resulta importante identificar las capacidades y herramientas que necesitan los líde-res y autoridades en función de facilitar la toma de decisiones integrales. Además, los procesos de formación están llamados a proveer estos conocimientos sin dejar de lado el componente de la iden-tidad, al ser éste un factor esencial si se quieren promover procesos endógenos de desarrollo. Si bien es cierto que el liderazgo local es importante, no es una garantía de que simultáneamente existe un
conocimiento profundo de la realidad y la existencia de capacidades para negociar acuerdos con otros actores (Ej. Estado, inversionistas privados, ONG, etc.).
La falta de unificación y homogeneidad en los conocimientos es uno de los desafíos que enfrentan los procesos de formación en la Costa Caribe de Nicaragua. La llegada de personas provenientes de otras zonas del país— por ejemplo, desde Estelí, Nueva Segovia, Matagalpa —con conocimientos y prácticas propias de las zonas Norte y Central, implica un choque con la lógica de las regiones autó-nomas. Lo anterior plantea la necesidad de realizar inversiones para tratar de adecuar estas pobla-ciones a las nuevas realidades y dinámicas de la RAAN.
Una de las inquietudes planteadas en la discusión estuvo referida a la calidad de los profesionales, considerando la institucionalidad de los territorios y las necesidades de las organizaciones que los demandan. Adicionalmente, se identificó la falta de conocimiento específico sobre ciertas realidades de la zona como un aspecto a mejorar; pues en algunos casos se manejan informaciones generales, limitando así la comprensión de las dinámicas territoriales. Ante este desafío, se espera que los pro-fesionales de la costa asuman un rol protagónico y de liderazgo, tanto por su condición de costeños como por los conocimientos y habilidades adquiridos en sus procesos formativos.
Otros temas presentes en el diálogo
La participación de las comunidades se comienza a materializar con la realización de los procesos de consulta, junto a la aprobación y el consentimiento previo. En el caso de la RAAN, las experiencias muestran la implementación de mecanismos de este tipo para iniciativas como la pesca, el aprove-chamiento forestal y, en la actualidad, todo lo relacionado con los hidrocarburos; quedando pen-diente retomar las negociaciones alrededor de la minería. De esta manera, el filtro de las comunida-des se convierte en un requisito esencial cuando se promueven intervenciones y proyectos. Así, la identificación de los interlocutores locales (líderes, organizaciones) adquiere especial importancia, al igual que los procesos de formación orientados a fortalecer sus capacidades.
Respecto al acceso a los recursos, se presentó el siguiente balance: a) no existe el reconocimiento a las comunidades en los procedimientos establecidos para la minería, debido a que los mismos se apro-baron antes que la Ley de Demarcación y la Ley de Autonomía, por lo que actualmente se negocia un ajuste administrativo al respecto; b) con el agua, aunque existen las comisiones de manejo de cuencas, está pendiente avanzar en una normativa que permita articular la implementación de una ley de agua en las regiones autónomas; c) en el tema de hidrocarburos, hay un reconocimiento de los derechos territoriales y esto ha servido para fundamentar la solicitud de asignar un 25% directo a las comunidades, más un 3% de las ganancias; y d) con la pesca se ha creado el impuesto pesquero, el cual es recibido por comunidades localizadas en el litoral.
Finalmente, se explicaron los mecanismos y procedimientos establecidos para el sector forestal, donde el Consejo Regional emite una certificación a favor de la autoridad comunal, la cual es reco-nocida por la Tesorería General de la República para así proceder al pago del 25% por concepto del aprovechamiento, según los precios establecidos por el INAFOR. Sin embargo, desde el año pasado se verifica una disminución en los ingresos al bajar los niveles de aprovechamiento. Ante esta situa-ción, resultan importantes los esfuerzos por modificar la cadena de valor logrando que las comuni-dades se conviertan en los dueños de los planes de aprovechamiento.
Megaproyectos y geopolítica en las Regiones Autónomas y sus incidencias en los derechos territoriales
Jadder Lewis, URACCAN
El territorio es el tema articulador alrededor del cual —y en donde— se ejercen los derechos culturales, económicos, sociales y ambientales. A la vez, el territorio está estrechamente ligado a la cosmovisión y a la espiri-tualidad, y por lo tanto, no se limita a un espacio físico y geográfico. Des-de los movimientos Des-de los pueblos indígenas la territorialidad es el tema central del sujeto político en función de su identidad colectiva. Así, la te-rritorialidad trasciende a los procesos de demarcación y titulación, pues va más allá de las reivindicaciones impulsadas por los movimientos sociales que buscan asegurar acceso al recurso ―tierra‖. El abordaje del tema se hace bastante complejo en las regiones autónomas, al estar conformadas por una variedad de pueblos indígenas, comunidades étnicas y territorios in-terculturales, los cuales se enfrentan continuamente a situaciones de conflicto y confrontación.
Desde la perspectiva política, la territo-rialidad tiene que ver con los derechos históricos y los procesos de conforma-ción propios del territorio. Para com-prender la realidad de la RAAN y cómo se dio la incorporación de la Mosquitia a Nicaragua es necesario remontarse al período pre-colonial, luego a la época del protectorado inglés, para identificar los factores geopolíticos que intervinieron durante ese proceso. Además de los as-pectos históricos, la organización socio-económica y la cultura determinan direc-tamente las características positivas o negativas de los territorios. En este senti-do, la cultura está llamada a ser un ele-mento revitalizador y fundamental en la construcción del sujeto político.
La Ley 445 reconoce las formas de organización y de gobernabilidad que tienen las comunidades al interior de los territorios. Así, la elección de las autoridades debe surgir de las asambleas comunales y territoriales; sin embargo, existen conflictos porque algunos de estos líderes no han recibido el certificado que se denomina ―nombramiento‖, a pesar de haber cumplido con los requisitos. De esta manera, se va creando una crisis de legalidad dentro de las estructuras y ejercicios de gobernabili-dad que tienen las comunigobernabili-dades, lo cual tiene repercusiones en cómo se logran enfrentar las dinámi-cas y mega proyectos que llegan a los territorios. Inclusive, algunos sectores políticos han tratado de capitalizar el mecanismo de entrega del certificado para las autoridades electas, bloqueando la posi-bilidad de reclamar el 25% establecido por la ley para las comunidades.
El 65% de la cobertura de las áreas protegidas del país está ubicada en territorios indígenas, una situación que no es exclusiva a Nicaragua, sino más bien que se repite en varios países de la re-gión. Por lo tanto, estas áreas protegidas consti-tuyen una especie de mega proyecto transfronte-rizo, con implicaciones y desafíos para las comu-nidades indígenas en términos de la reducción de la pobreza, manejo de recursos naturales y revita-lización de los derechos colectivos, entre otros. Las exploraciones y concesiones para hidrocar-buros, minería, construcciones de proyectos hidroeléctricos, junto con la pesca y el turismo son ejemplos de dinámicas territoriales que se convierten en mega proyectos con sus consecuen-tes impactos en los territorios y comunidades de la RAAN. Al representar propuestas de desarro-llo económico planteadas desde fuera, estos me-ga proyectos pueden lleme-gar a amenazar los dere-chos históricos y de territorialidad. Inclusive, el aprovechamiento forestal y los sistemas agro silvo pastoriles forman parte de esta realidad, evidenciando la lucha que existe por el poder y el control de los recursos.
Sin lugar a dudas existen prácticas monopólicas
detrás de los grandes megaproyectos ya identificados, generando —entre otros— cambios de uso de suelo, transculturización y patrones de migración. Ante este panorama económico-geográfico ¿cómo se debe trabajar la gobernabilidad comunitaria para enfrentar con éxito estas tendencias?, ¿de qué manera los procesos formativos pueden aportar en esta dirección? Indudablemente, son preguntas que requieren de nuestro análisis y que apuntan a la identificación de propuestas donde se puedan fortalecer, no sólo las capacidades locales, sino también la autodeterminación de los pueblos y co-munidades indígenas.
Procesos de demarcación y diagnósticos con pueblos indígenas Marcos Williamson, URACCAN
La comprensión del proceso de demarcación en la Costa Caribe debe iniciarse con un vistazo a la historia del país. Nicaragua fue colonizada bajo el protectorado de dos países que estaban en-frentados en un conflicto armado: Inglaterra y España. Mientras los españoles se establecieron en las regiones Centro-Norte y Pacífica, exterminando prácticamente los pueblos y su cultura al tiempo de iniciar la economía basada en la agroexportación; la Costa Caribe quedó bajo el control inglés, preservando aspectos como la lengua y el sistema de propiedad comunal. Sin embargo, la anexión de la Mosquitia trae consigo una visión de desarrollo que impulsa la propiedad privada y la agroexportación, trastocando así lo que se venía logrando con la conservación de la propiedad comunal y la preservación de la ley.
Con relación a los avances en el marco legal y las normativas, a través de la ratificación del Convenio 169 se otorga una nueva connotación a los pueblos y territorios indígenas de Nicaragua. Adicional-mente, en el 2002 se aprueba la Ley 445 que aborda el tema de la propiedad comunal de las comuni-dades localizadas en la Costa Caribe, contando para esto con la vinculación de una serie institucio-nes: La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), Consejos Regionales, la Ofi-cina de Titulación Rural (OTR), el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), el Mi-nisterio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), así como las alcaldías y representantes de las etnias. El proceso de la demarcación se plantea según la ley a partir de cinco etapas:
1) Una solicitud proveniente de la comunidad, la cual es avalada por la CONADETI para la ob-tención de financiamiento estatal, finalizando con un diagnóstico que muestra aspectos so-ciopolíticos, económicos-productivos, étnicos, y los posibles conflictos con otras comunida-des.
2) Mediación de conflictos, con el propósito de superar los traslapes e intereses contrarios que fueron identificados en el primer paso.
3) Medición y establecimiento de límites, con el acompañamiento del INETER.
4) Proceso de titulación, a cargo de la CONADETI, donde se evidencian diferentes intereses políticos que han llevado inclusive a la anulación de títulos.
5) Saneamiento, que comprende las normas de convivencia establecidas para un territorio de-marcado.
En la práctica, no se avanza con la celeridad necesaria. Por ejemplo, los territorios de la Reserva Na-tural BOSAWAS tienen aproximadamente 20 años de trabajo y aún están en el proceso de titulación, por lo que ninguno ha llegado a iniciar la etapa de saneamiento. Otros territorios, como Tawira, están apenas en la etapa de solicitud. Un balance de toda la RAAN muestra el siguiente panorama: 12 territorios titulados, cinco en fase intermedia (etapas 2-3) y nueve en fases iniciales (etapa 1).
Entre los obstáculos que impiden lograr mayores avances se encuentran las limitaciones económicas, que se evidencia en la falta de equipos y materiales; la centralización en el Poder Ejecutivo, las dife-rentes interpretaciones de la ley, y el poco apoyo para coordinar la superación de los obstáculos que se presentan durante el proceso de demarcación.
Las tendencias actuales de la región muestran que mientras el recurso natural no tenga mucho valor económico no hay problemas, pero cuando éste adquiere valor se inician los conflictos entre los agentes externos y las comunidades, incluso entre comunidades vecinas que tienen recursos com-partidos. Como resultado de estos problemas, algunos líderes comunitarios han hecho un mal uso de los títulos comunales permitiendo la venta de tierras. Junto a los conflictos, las condiciones de las zonas donde hay frontera agrícola, con presencia de colonos y mestizos, facilitan ciertas situaciones ilegales que amenazan a las comunidades indígenas, sus medios de vida y su bienestar.
El proceso de ordenamiento territorial de la Costa Caribe: Una visión desde los organismos de cooperación
Rodolfo Smith, Agencia de Cooperación Alemana GTZ
La cooperación técnica alemana, a través de la GTZ, ha venido desarro-llando un programa a nivel de país que nace precisamente en la RAAN, buscando intervenir en tres direcciones: a) a nivel nacional, en el tema de la política marco; b) la planificación y ordenamiento territorial, tanto a nivel nacional, como municipal y de territorios indígenas; y c) fomen-to de la competitividad empresarial.
Dentro del segundo componente se incluyen los instrumentos de orde-namiento territorial que se están formulando a nivel de los gobiernos regionales, municipios y territorios indígenas. Por la gran extensión de la región, los esfuerzos se concentran en acompañar específicamente los territorios Mayagna Sauni Bas y Mayagna Sauni As, localizados dentro del núcleo de la Reserva Biósfera Siuna y Bonanza. Además, se apoya puntualmente al gobierno y al concejo regional en estos temas, con el objetivo de contribuir a los procesos de titulación y saneamiento de esos dos territorios. Simultáneamente, se desarrolla un sis-tema de catastro rural para los municipios de Siuna y Bonanza, orientado a superar los problemas de tenencia de la propiedad.
Como parte del proceso de orde-namiento territorial de la RAAN, el énfasis se ha orientado a elabo-rar e impulsar una ley de orde-namiento territorial a nivel na-cional, la cual contenga los ins-trumentos publicados en la Ley 455. Actualmente, esta propuesta está en estudio a nivel de la Asamblea Nacional y ya fue dic-taminada por la Comisión de Población y Desarrollo, por lo que se espera su aprobación más adelante. Sin embargo, reciente-mente, los medios de comunica-ción han destacado la oposicomunica-ción de varios municipios del Pacífico a un artículo que establece como requisito para recibir las
transfe-rencias la elaboración de los planes locales de ordenamiento y desarrollo municipal, aspecto que está en proceso de revisión.
Una evaluación al Plan Nica Caribe 2020 mues-tra que, si bien manda a los gobiernos regiona-les y municiparegiona-les a trabajar en la elaboración de planes que retomen el tema del ordenamiento territorial y la gestión de riesgos, en sí mismo no recoge los elementos clave de estas dos temáti-cas. Así, se han creado los planes de desarrollo municipal (PDM), aunque no se incluyen direc-trices y/o propuestas de ordenamiento territo-rial; al tiempo que se excluyen las potencialida-des y restricciones presentes en los territorios. Por ejemplo, Siuna se ha convertido en el muni-cipio más ganadero de toda la RAAN, a pesar de que las potencialidades de uso del suelo son otras, generando problemas como el avance de
la frontera agrícola hacia el norte de BOSAWAS y la sequía de los principales afluentes hídricos. Con relación al apoyo específico brindado a la RAAN se pueden identificar tres ejes fundamentales como parte de la Estrategia de Desarrollo de la costa Caribe: a) Programa Madre Tierra, facilitando los procesos de demarcación, titulación y protección de los territorios indígenas; b) Medioambiente, promoviendo la recuperación de las áreas y suelos degradados, junto con la agroforestería comuni-taria; y c) Programa de Fortalecimiento de la Institucionalidad Autonómica, apoyando los gobiernos territoriales indígenas, teniendo como base la Ley 445. Un apoyo más puntual ha sido el estudio satelital de la GTZ sobre el avance de la frontera agrícola dentro de la RAAN —incluyendo los im-pactos del Huracán Félix— el cual identificó un avance considerable desde el Pacífico y del lado de Honduras (Río Coco) con la consecuente presión hacia los territorios indígenas. Adicionalmente, se impulsa el proceso de saneamiento en Sauni Bas con el apoyo de las instituciones competentes, entre ellas CONADETI, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ejército y la Policía. Los conflic-tos han sido inevitables, pues en algunas zonas se han encontrado más colonos que población indí-gena.
Recientemente, se inicia la implementación de una iniciativa que busca comprobar la capacidad de los Gobiernos Territoriales indígenas para manejar recursos. El Fondo de Inversión Social de Emer-gencia de Nicaragua (FISE) y el Banco Alemán KFW se vinculan como socios en este programa, cuya apuesta principal consiste en transferir directamente los fondos hacia los 17 territorios de la RAAN. Uno de los requisitos solicitados a estas instancias es la elaboración de manera participativa de sus planes estratégicos de desarrollo, como una manera de garantizar la identificación de proyectos (so-ciales, ambientales, productivos) que puedan impulsar dinámicas de desarrollo al interior de los territorios.
El fortalecimiento de los Gobiernos Territoriales Indígenas implicará capacitaciones en temas de administración, contabilidad, y formulación de proyectos estratégicos, entre otros. Además, es nece-sario mejorar el conocimiento y manejo de las leyes especiales que existen en la región. Es probable que los líderes conozcan el alcance y las implicaciones de las leyes, no así el resto de las comunida-des lo que dificulta el reclamo de sus derechos territoriales frente a la invasión de los colonos. Si-multáneamente, el tema cultural merece especial atención en la RAAN, pues existe el peligro de adoptar modelos de desarrollo que afecten negativamente las tradiciones locales, particularmente la cercanía entre comunidad y naturaleza.
Diálogo entre participantes
El segundo diálogo del día tenía como propósito principal motivar reflexiones sobre los escenarios futuros, desafíos y necesidades de los territorios frente a la gobernabilidad, el ejercicio de la auto-nomía y el proceso de fortalecer la territorialidad en las regiones autónomas. En este sentido, la dis-cusión permitió identificar temáticas como el cambio climático, el ordenamiento territorial, y la for-mación de nuevos liderazgos, desde las cuales se pueden planificar intervenciones orientadas a promover la gobernabilidad y a fortalecer los niveles de coordinación entre los diferentes actores territoriales.
Uno de los principales retos de la territorialidad en la región consiste en lograr que las autoridades sean competentes y eficientes, pues de lo contrario ésta no tendría mucho sentido. En el caso de la RAAN, las estructuras tradicionales han mantenido la defensa de la identidad del territorio, así co-mo su administración y gobernabilidad, a pesar de los esfuerzos del Estado nicaragüense por trans-formar el modelo de la propiedad en los últimos 150 años. Sin embargo, si bien es cierto existen es-fuerzos por avanzar en cuanto a la gobernabilidad, a veces persiste la duda de en qué medida las comunidades —más allá de los líderes— se involucran con el tema y conocen realmente de lo que se trata. El debate, entonces, se debe trasladar de cuestionar la ―capacidad para gobernar‖ hacia el aná-lisis de la ―capacidad para administrar‖, lo que implicaría abordar las regulaciones de acceso y dis-tribución equitativa de los beneficios producidos por los recursos del territorio.
Lo anterior plantea uno de los temas más reiterados durante el diálogo: qué tipo de capacidades están realmente disponibles en los territorios y cómo se puede ayudar a fortalecerlas/construirlas. Así, aparece como importante la formación profesional de gestores y/o administradores, con una apuesta clara hacia la gestión económica y financiera. Adicionalmente, la formación de líderes tiene que garantizar una gestión política caracterizada por los esfuerzos de lucha y conquista, la construc-ción de acuerdos, la incidencia y la negociaconstruc-ción. La gestión del conocimiento se coloca en funconstruc-ción del desarrollo y el fortalecimiento de la territorialidad.
El aumento de la vulnerabilidad de las comunidades frente al cambio climático, es otra de las reali-dades que deben enfrentar las comunireali-dades, con repercusiones directas en sus recursos y medios de vida. La destrucción de las áreas boscosas y las tierras productivas, la contaminación de las fuentes de agua y la reducción de la fauna comprometen las estrategias de sobrevivencia de las comunida-des. Si se habla de gobernabilidad y territorialidad, necesariamente tendrían que considerarse las capacidades locales para hacerle frente a esos retos ambientales, sociales y económicos. Por otro la-do, la promoción del mecanismo REDD y la posibilidad de implementar proyectos de este tipo en la región plantea una serie de interrogantes sobre los derechos de propiedad y la tenencia de la tierra que deben ser resueltos.
Respecto al ordenamiento territorial en la RAAN, junto a los planes de ordenamiento formales, los cuales tienen el visto bueno del gobierno regional y central, existen experiencias particulares de or-denamiento, donde las comunidades han desarrollado metodologías muy particulares para regular el uso del territorio. Con el establecimiento de agendas a corto y mediano plazo, y la elaboración de los planes de inversión se construye la agenda política, la cual en sí misma representa un ejercicio de territorialidad que necesita ser reconocido y apoyado. Resulta importante, además, promover el
conocimiento y la aplicación de las leyes especiales propias de la región, pues se identifica descono-cimiento sobre el alcance de las mismas, no sólo en las comunidades y territorios indígenas, sino también en las instituciones del gobierno central y regional, contribuyendo así a la marginalización de las estructuras especiales.
La iniciativa financiada por el Banco KFW, ejecutada en la RAAN con el acompañamiento de la Agencia Alemana de Cooperación GTZ, fue iniciada con la definición de una metodología común entre los 17 territorios para elaborar los planes estratégicos de desarrollo, con elementos de ordena-miento y gestión de riesgos, a partir de los diagnósticos y las informaciones ya recopiladas como requisitos del proceso de titulación. Teniendo como marco general el Plan de Manejo de la Reserva Biosfera de BOSAWAS, se capacita a los Gobiernos Territoriales Indígenas sobre las leyes especiales y de medio ambiente, así como en aspectos fundamentales de planificación estratégica y ordena-miento territorial. Con la asistencia técnica de la GTZ se recoge la información en el campo para lue-go validarla en una asamblea territorial.
Finalmente, la necesidad de mejorar los niveles de articulación y coordinación es uno de los requisi-tos para poder lograr los impacrequisi-tos positivos esperados de intervenciones territoriales como la fores-tería comunitaria, la cual tiene diversos enfoques que deben ser alineados para evitar la duplicación de esfuerzos y lograr una focalización más eficiente de los recursos. Así mismo, ante la invasión te-rritorial por parte de los mestizos se plantea el reto de continuar preservando la identidad indígena, y en base a ésta seguir construyendo el capital social y político.
La ampliación de los derechos y los desafíos para pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe
Edda Moreno, Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CADPI)
El territorio, desde una concepción indígena, es un espacio organizativo ―supra-comunal‖, donde pueden coexistir comunidades específicas que tienen su pro-pio territorio comunal. La familia y las tradiciones culturales compartidas son aspectos fundamentales en la construcción de los territorios y, para el caso de la RAAN, la personalidad jurídica de los mismos se sustenta en la Ley 445; mien-tras que el artículo 5 de la Constitución le otorga el reconocimiento como comu-nidades indígenas.
La evolución histórica de los derechos en la RAAN presenta alianzas con los colonizadores ingleses para evitar la invasión de los españoles, aunque al interior de estos enfrentamientos se va consolidando la lucha indígena. Al momento de la firma del Tratado de Ma-nagua, creando la Reserva de la Mosquitia, por iniciati-va de Inglaterra se acuerda garantizar el derecho que tienen las comunidades de la costa respecto al territo-rio. De ahí en adelante, se inicia la lucha por los dere-chos territoriales, que es además una lucha cultural cosmogónica y de sobrevivencia buscando la seguridad alimentaria, donde la Madre Tierra es imprescindible en la provisión de agua, energía, gas y otros insumos necesarios para poder sobrevivir.
Entre los principales retos de los territorios indígenas está la finalización de los procesos de seguridad jurídi-ca (demarjurídi-cación y titulación), los cuales deben incluir la identificación de soluciones a las problemáticas ge-neradas por las invasiones de tierra por parte de las comunidades mestizas. Asimismo, el empoderamiento de las autoridades y la participación efectiva de la comunidad en la toma de decisiones sobre el uso y aprovechamiento de sus recursos, es otro de los desafíos que enfrentan las comunidades indíge-nas. Ahora bien, esta participación tiene que ser coherente con las normas y tradiciones propias de cada pueblo, para lo cual se necesitan establecer sistemas claros de gobernanza y acompañamiento, donde la comunidad —la que posee los recursos— asuma la conducción de sus propios procesos de desarrollo.
Para las organizaciones acompañantes (de gobierno, ONG, Cooperación) el desafío consiste en cons-truir metodologías de intervención que promuevan el cambio y el desarrollo, pero no desde nuestras perspectivas, sino construidas desde la visión de las comunidades mismas. Después de todo, la lu-cha por los derechos territoriales es también la lulu-cha por lograr la participación efectiva, demostran-do la capacidad que tienen los pueblos para autoadministrarse.
Diálogo e investigación sobre dinámicas territoriales desde la perspectiva de los territorios Sumu-Mayangna
Tymonds Robins, Líder Territorial Mayangna
El interés colectivo y la relación con la naturaleza son dos de los pilares fun-damentales en la identidad de las comunidades Mayangna, a partir de los cuales se consolidan una serie de valores tradicionales que se transmiten des-de el núcleo familiar. Esta ides-dentidad tiene a su vez una ides-deología específica relacionada tanto con el espacio geográfico – 100% rural – como con las creen-cias en el bien (Malam) y el mal (Sauda), el paraíso y el infierno, lo que repre-senta una filosofía propia.
Existen testimonios claros de la vida ancestral del pueblo Mayangna en diferentes partes de Nicaragua, incluyendo la parte del litoral, la zona de Managua, Ocotal, y del río Coco arriba. Es decir, la figura territorial no es actual, ya estaba presente desde la etapa ancestral. Dentro de este contexto, el proceso de reubicación co-munitaria Mayangna y la creación del autogo-bierno se inicia con el Proyecto Sukawuala en 1974, a través del cual se impulsaron cuatro ejes de trabajo: tenencia de la tierra, salud, educa-ción y produceduca-ción. Posteriormente, en la década del 80 parte de la población emigra, otros parti-cipan de la guerra, unos se quedan en el
territo-rio y luego participan de la construcción de la economía regional. En resumen, Sukawala se encargó de darles espacio a las comunidades para involucrarse en la formulación de la Ley 28, cuyos benefi-cios pueden disfrutar los demás pueblos de la región.
A partir de 1990 surgen dos situaciones que contribuyen a dinamizar la lucha del pueblo Mayangna por sus derechos territoriales y por su identidad: a) el Proyecto de Conservación Natural de Bosa-was; y b) el proceso de auto demarcación de los territorios. Es necesario señalar que dentro del yecto de conservación existieron dos posiciones: una del Estado reclamando que BOSAWAS es pro-piedad pública, respaldada por el Decreto Presidencial 4491 sobre conservación de recursos natura-les y biodiversidad; mientras que la segunda posición es propia de la nación Mayangna y viene lue-go de la certificación de la UNESCO y la Ley 400, donde se reconoce la cultura milenaria presente allí y la demanda de titulación a favor de la misma comunidad.
El proceso de auto demarcación permitió la unión entre pueblos indígenas, surgiendo tres pueblos misquitos. Se conformó una federación y se exigió una consulta de ley, aprovechando el escenario político para la gestión de una mayor incidencia. Los territorios Mayangna siempre han tenido una visión clara sobre nuestros derechos, políticos, económicos, y más que todo, históricos. Así, en la
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afrodescendientes
territorios Mayangna, restando dos pendientes por completar este proceso.
Uno de los principales desafíos consiste en profundizar el sa-neamiento, pues de los siete territorios que cuentan con títu-los sólo uno ha continuado el proceso. La falta de presupues-to, la poca transparencia y la falta de voluntad política se convierten en obstáculos que impiden mayores avances al respecto. Además, no existe el apoyo suficiente para enfrentar los casos de invasión por parte de los colonos. En este sentido, ¿de qué sirven los títulos si no pode-mos administrar y controlar nuestros territorios?
Las investigaciones realizadas en los territorios Mayangna han generado información e insumos que pueden ayudar a impulsar procesos de desarrollo, fortaleciendo la autonomía territorial frente a los desafíos ya identificados. Como fortalezas y oportunidades podemos identificar: a) conocimiento por parte de las comunidades de sus derechos; b) avances logrados en la gestión territorial; c) capa-cidades locales construidas; y d) posibilidad de implementar planes de manejo adecuados para aprovechar los recursos forestales, hídricos y demás recursos naturales.
Experiencias del Gobierno Territorial Rama y Kriol en la Región Autónoma del Atlántico Sur Nazario Martínez, Centro de Asistencia Legal para Pueblos Indígenas (CALPI)
El territorio Rama y Kriol se encuentra ubicado al sureste de Nicara-gua, como parte de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), y está formado por las comunidades Tiktik Kaanu, Rama Cay, Sumu Kaat, Wiring Cay, Monkey Point, Indian River y Bangkukuk. Somos un pueblo indígena con una historia propia, un presente y futuro común, compartiendo recursos (mar, playa, ríos, bosques, tierras) y la misma base religiosa y espiritual.
La auto-determinación como pueblo indígena, consignada en el
artí-culo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas, fundamenta el derecho a la autonomía y al auto-gobierno, así como la libertad para establecer normas propias conforme a nuestras costumbres y prioridades. Así, el gobierno territorial Rama y Kriol está conformado por 6 comunidades Rama y 3 Kriol, siendo la Autoridad Territorial —71 representantes comunales— el máximo organismo de dirección. Adicionalmente, existen comisiones de trabajo para los temas de áreas protegidas, educa-ción, desarrollo, economía y produceduca-ción, justicia, titulación y demarcación; mientras que están pen-dientes las comisiones de mujeres, salud y comunicaciones.
La gobernanza territorial implica la capacidad para gobernarse en sí mismo, de acuerdo con la liber-tad y la interculturalidad de cada territorio. En el caso del pueblo Rama y Kriol, la gestión territorial se hace a partir del Plan Autónomo de Desarrollo Administrativo (PADA) al tiempo que se busca hacer incidencia para reclamar los derechos territoriales y gestionar el acceso directo a los fondos de cooperación. Según el proceso de titulación establecido en la Ley 445, actualmente se está comple-tando la etapa de medición e identificación de los límites, quedando pendiente sólo el saneamiento. A solicitud de la CONADETI, el gobierno territorial Rama y Kriol realizó un diagnóstico participati-vo que abarcó 32 comarcas, donde se incluyeron datos cartográficos, localización de las zonas de conflicto y la identificación de los grupos étnicos que habitan el territorio: ramas, krioles y mestizos. Como resultado del diagnóstico se encontraron 2,800 familias de mestizos, de los cuales solo el 15% tiene documentos ―legales‖, la mayoría llegó en los últimos años, y en sus tierras hay evidencias de prácticas que contribuyen a la degradación de los recursos naturales como la quema, tala y la activi-dad ganadera intensiva.
Si bien es cierto que la Ley 445 contempla un proceso de saneamiento, el pueblo Rama Kriol ofrece a los mestizos una Guía de Convivencia Social y Económica dentro del territorio, incluida como parte del PADA. Con ésta se pretende dar a los mestizos la oportunidad de vivir en el territorio siempre y cuando cumplan ciertas reglas y acuerdos. En cuanto al factor económico, luego de un estudio de factibilidad se han identificado actividades como el ecoturismo, la energía eólica, carbón y recursos hídricos que pueden convertirse en catalizadores del desarrollo económico dentro del territorio.
PANEL III: Ampliación de derechos y desafíos para las comunidades indígenas y
afrodescendientes
Limitantes y desafíos dentro de los procesos de demarcación y titulación en el territorio Tasba Raya
Constantino Romel, Líder Territorial Tasba Raya
El proceso de demarcación del territorio Tasba Raya se entiende a partir de tres momentos: 1) inicialmente, el territorio estaba localizado en el río Coco Abajo, para luego moverse buscando tierras aptas para fines agríco-las; 2) en el período 1969-1973 se crean las comunidades de Francia Sirpi, Santa Clara, Tasba Pain y Wisconsin, cada una de las cuales tenía un área comunal, que junto a los títulos familiares eran las dos formas de tenencia de la tierra; 3) posteriormente, se desarrollan las etapas que terminan con la conformación del área territorial, respondiendo a una visión más am-plia.
Con la entrada en vigencia de la Ley 445 en el 2003 se plantea que cada pueblo determine su espacio territorial, quedando conformado el territorio Tasba Raya por nueve comunidades, iniciando de inmediato la elaboración del diagnóstico. Algunas de las dificultades de esta etapa fueron la exclu-sión de algunas familias que no estaban al momento del diagnóstico y confusiones al establecer con exactitud los puntos de georeferenciación. Sin embargo, una vez avanzado el diagnóstico no fue posible iniciar la solicitud para la titulación, pues desde la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación se informó que debían sumarse otras 14 comunidades para poder hacer un solo bloque territorial. Lo más negativo es que todo esto se realizó sin el consentimiento previo e informado de las comunidades Tasba Raya.
Luego de estos cambios, el territorio Tasba Raya pasa de estar formado por 5,400 personas en 9 co-munidades a un territorio con 23 coco-munidades y más de 18 mil habitantes, con las implicaciones que esto representa en términos de conflictos, traslape y presencia de colonos. A pesar de que en algún momento se planteó la interrogante de si continuar o no, al final hemos logrado una concertación para que el territorio Tasba Raya se quede con 23 comunidades, aunque con una distribución admi-nistrativa diferente: las 9 comunidades van a quedar como parte de la administración del territorio, 8 tendrán su propia organización, mientras que las 6 restantes pasarán a otra administración.
Si bien la Ley 445 establece la Etapa de Saneamiento en un quinto lugar, entendemos que debería ser primero, para que de esta manera los gobiernos territoriales tengan un título veraz y con la claridad suficiente para facilitar la elaboración de los planes estratégicos de desarrollo. Para nosotros, el título no es el fin, así como la territorialidad va más allá de un marco legal necesario para determinar espa-cios. Después de todo, nos interesa seguir construyendo el territorio más que el título mismo. Y así como tenemos instituciones que desean ejecutar proyectos sin comprender o compartir nuestros valores y visiones como pueblo indígena, también existen otras que sí están dispuestas a acompa-ñarnos y a luchar junto con nosotros para seguir adelante, mejorando nuestra realidad.
Diálogo entre participantes
Tres temas concentraron la atención de los participantes durante el diálogo del Tercer Panel: a) el acompañamiento que se debe brindar a las comunidades y pueblos indígenas, su naturaleza y alcan-ce; b) los procesos actuales de titulación y demarcación, identificando los desafíos que éstos conlle-van; y c) la necesidad de fortalecer la institucionalidad local, a partir de factores como la autonomía territorial, el liderazgo local, la coordinación y la preservación de las prácticas y valores tradiciona-les. Las experiencias de los territorios indígenas en la costa Caribe de Nicaragua muestran que los procesos de fortalecimiento de la gobernabilidad territorial son necesarios, sin importar la etapa en que se encuentren cada uno de ellos.
Acompañamiento, compromiso e identidad indígena
El tema del acompañamiento resulta clave y estratégico dentro de los modelos de desarrollo que se buscan promover en la región. Antes que nada, resulta imprescindible conocer la cosmovisión y la filosofía indígena, comprendiendo términos como ―lato en laka‖ para de esta manera poder observar el territorio desde varios ángulos (económico, social). Dentro de este contexto, la comunicación tiene que ser recíproca para lograr un nivel adecuado de acompañamiento desde un actor externo. Además, hay que recordar la unidad —Asla— presente a nivel familiar y comunal en un territorio, pues de no profundizar en estos principios se podrían crear territorios con poca fortaleza como re-sultado del acompañamiento.
Una condición necesaria dentro de este nuevo modelo de acompañamiento que se busca impulsar es la de sentir e identificarse con los problemas y necesidades que tienen las comunidades. Sólo asu-miéndolo como propio es posible entender la complejidad y lo difícil que es para las comunidades enfrentar las realidades en las que viven. Sin embargo, esto es difícil pues una organización no está permanentemente en el territorio por lo que se pierde mucho de la cotidianidad local. En la Costa Caribe se encuentran trabajando algunas organizaciones que no tienen un norte definido, ni un con-junto de valores afines con la cosmovisión indígena, por lo que en la discusión también hay que in-cluir el tema de la honestidad profesional.
Si se asume que el acompañamiento implica la comprensión de la filosofía indígena y que ésta a su vez se relaciona con su identidad como pueblo, con sus procesos de formación y la construcción de espacios propios, entonces se plantea la posibilidad de utilizar el término de facilitación para señalar los procesos impulsados por agentes externos. Así, se establece la diferencia entre los dos conceptos, reconociendo que el acompañamiento es un proceso más complejo y gradual que la facilitación. Sin embargo, aún en este último caso, la cultura, la cosmovisión y el idioma son elementos indispensa-bles.
Desafíos de los procesos actuales de demarcación y titulación
El costo del proceso de demarcación —en el caso del Territorio Rama y Kriol— fue cubierto en un 80% a través de los aportes y proyectos de ONG y universidades, lo que refleja que el apoyo del go-bierno ha sido limitado. Otros territorios se encuentran en la fase inicial de la solicitud, necesitando
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afrodescendientes
la creación de oportunidades de desarrollo al interior de los territorios. Por ejemplo, en Panamá se tiene la experiencia con la comarca Ngöbe-Buglé donde, luego de obtener sus derechos de titulación, se analizó su estructura organizativa, la formación de sus líderes y la idoneidad de sus instrumentos en función de la gestión del territorio. Así, los territorios no se conforman exclusivamente por la expresión geográfica o espacial, sino por las relaciones económicas y sociales que ocurren dentro de ellos, donde los diferentes tipos de capital (natural, financiero, social) serán determinantes para los procesos de desarrollo.
La economía indígena representa una alternativa desde la que se pueden analizar los principios éti-cos que rigen las formas de relacionarse económicamente. Valores como la reciprocidad, el respeto a la naturaleza y la intención de distribuir en lugar de acumular proponen una reconstrucción de la economía de una manera distinta. Bajo esta lógica, la seguridad jurídica que garantiza el derecho a la tierra y el acceso a recursos como el agua y la seguridad alimentaria, basada en prácticas sostenibles, son elementos que pueden impulsar nuevas dinámicas económicas.
Fortalecimiento de la institucionalidad local
La realidad actual muestra que cuando se elabora un plan de desarrollo de la región no necesaria-mente se contemplan las necesidades que demandan las comunidades indígenas y afro-descendientes, pues en ocasiones estos planes responden a lo que los agentes externos consideran como prioritario. Resulta importante fortalecer los procesos de representatividad y el desarrollo de liderazgos a nivel local, para que los líderes realmente se conviertan en canalizadores de las deman-das de sus comunidades, al tiempo que trasmiten nuevos conocimientos.
Por las características de los territorios de la RAAN es posible encontrar una diversidad de posicio-nes —algunas veces encontradas— sobre diferentes temas. Ante esta realidad, es necesario lograr la alineación de enfoques y esfuerzos entre los procesos de gestión territorial, tanto a nivel interno de las comunidades como a nivel de gobierno regional y ONG. A su vez, con la aplicación de la Ley 445 surge la inquietud de hasta qué punto se logra realmente la autonomía efectiva de las comunidades. En el plano cultural, el proceso de interacción con las comunidades mestizas será cada vez mayor, pues va de la mano de la migración del Pacífico hacia el Atlántico. El reto consiste en tratar de ver la cultura como un proceso, identificando los aspectos positivos y negativos de esa interacción.
Finalmente, una práctica que merece atención consiste en la inducción que se hace para que las co-munidades formen ONG para acceder a financiamiento, lo que resulta es la creación de una estruc-tura de trabajo paralela a la tradicional. En algunas oportunidades, los procesos de acompañamiento en los temas de gobernabilidad e institucionalidad sirven de plataforma para la creación de ONG denominadas ―indígenas‖. Sin embargo, debe aclararse que si bien es cierto esas ONG pueden estar formadas por indígenas, éstas no son instituciones de la naturaleza filosófica propiamente indígena.
Desafíos y oportunidades para la gestión territorial en la Costa Caribe
Antes de iniciar las presentaciones de la segunda jornada del Diálogo Territorial se dispuso de un espacio para tratar de intercambiar ideas y/o experiencias alrededor de las principales temáticas abordadas durante el primer día. En este sentido, los participantes: a) identificaron algunos de los desafíos asociados a los procesos de acompañamiento; b) destacaron la importancia de comprender las dinámicas que inciden en la construcción de los territorios y sus implicaciones en términos de la autonomía y gobernabilidad; y c) lograron conocer con mayor detalle la experiencia de la Guía de Convivencia propuesta por el Gobierno Territorial Rama y Kriol.
Los derechos territoriales requieren la articulación de procesos que ocurren de una manera simultá-nea, no lineal. Con un enfoque tradicional, primero se conseguiría el título, luego se iniciaría la etapa del fortalecimiento del gobierno territorial, para finalmente impulsar el desarrollo del territorio. Sin embargo, en la práctica puede ser que no exista el título formal, pero esto no impedirá la promoción de iniciativas de gobernanza y ordenamiento territorial o de aprovechamiento de los recursos loca-les. El caso Layasiksa es un ejemplo conocido, pues allí inició el proceso de forestería al mismo tiem-po que se fueron negociando los derechos territoriales. Igualmente, el Gobierno Tawira se constituyó de manera formal y han gozado de ciertos beneficios (certificados, negociaciones) pero no han reci-bido su título.
Uno de los aspectos que más se enfatizó en la primera jornada fue el acompañamiento con el tema jurídico. Se reconoce el gran esfuerzo realizado en la difusión de las leyes, en la generación de cono-cimiento y la capacitación, pero todavía falta mucho por avanzar en cuanto a los procesos de inci-dencia política, en la construcción de reglamentos y resoluciones regionales y en la aplicación de las normativas. El desafío consiste en la elaboración de un protocolo de acceso al tema de la gobernanza territorial, lo suficientemente flexible que reconozca la diversidad de condiciones sociales, culturales y políticas de las comunidades; pero a la vez con un nivel de rigidez que permita respetar los dere-chos fundamentales colectivos.
Con la ratificación del Convenio 169 se abren nuevos espacios y oportunidades para fortalecer la autonomía de los pueblos indígenas, más allá de los títulos que puedan ser entregados por los go-biernos correspondientes. El principal elemento del Convenio no es la consulta —aunque ésta es fundamental— sino el concepto de ―territorio‖ que trasciende al de ―tierra‖. Así, se reafirma que el territorio es todo el espacio relacionado con la cultura, en su sentido más amplio, y es allí donde se ejerce la autoridad indígena. Esta autonomía permite que, dentro del ejercicio de autoridad territo-rial, los líderes puedan rechazar las políticas municipales, regionales y nacionales, cuando éstas no estén en armonía con las necesidades y aspiraciones de las comunidades. Por eso, resulta clave la participación activa en todo el proceso de toma de decisiones (planificación, administración), así como en el diseño e implementación de las políticas y no únicamente a través de las consultas pun-tuales.
Una mirada histórica muestra que la agenda de los derechos territoriales tiene 100 años de ser pos-tergada. Con el propósito de aprovechar la coyuntura actual y la oportunidad política —últimos dos años— se ha querido avanzar a paso rápido, generando en el camino algunos atropellos, dificultades e incoherencias. Entonces, no se puede perder de vista que éste sigue siendo un proceso real, el cual
las invasiones por parte de los colonos y mestizos afecta la gobernabilidad de los territorios, también tienen que buscarse soluciones para otras amenazas como la minería, el avance de la frontera agríco-la y los hidrocarburos, entre otras.
Precisamente, respecto a la frontera agrícola, es necesario formular políticas efectivas orientadas a enfrentar las causas que generan este tipo de fenómenos. El contenido y el alcance de las estrategias económicas son factores que pueden contribuir al fortalecimiento de alternativas como las experien-cias forestales, en función de un mejor uso y aprovechamiento de la plataforma de recursos natura-les que se encuentran disponibnatura-les en los territorios.
La falta de atención a las necesidades claves de los territorios y la desarticulación del liderazgo co-munitario podrían convertirse en dos problemas serios capaces de limitar los procesos de desarrollo en la región. Al analizar las sesiones de los Concejos Regionales Autónomos, más de la mitad de la agenda (60%—70%) está relacionada con la aprobación o desaprobación de concesiones, dejando de lado resoluciones prioritarias como las de áreas protegidas, asuntos laborales, promoción de la cul-tura, desarrollo comunitario, entre otras. Frente a esta realidad, la autonomía debe ser construida en tres direcciones: política, administrativa y financiera.
Con relación al liderazgo comunitario, el peligro se presenta cuando se siguen todas las etapas de los procesos de demarcación, se tiene la voluntad y la decisión, llegando inclusive a resolver los conflic-tos, pero no se logran los objetivos propuestos. Por ejemplo, toda la iniciativa y la voluntad de
Laya-siksa permitió avanzar hasta, prácticamente, completar el diagnóstico; sin embargo, cuando se
ini-ciaba la siguiente etapa fueron unidos con otro territorio y eso generó una gran desmotivación por parte de los líderes.
Finalmente, se volvió a hacer énfasis en la necesidad de articular entre las intervenciones y las reali-dades comunitarias, pues no siempre existe coincidencia entre las estrategias implementadas desde los territorios y los diferentes programas estratégicos impulsados por los gobiernos y la cooperación internacional. Mientras el programa ―Hambre Cero‖ promueve la ganadería, las comunidades indí-genas no tienen esta alternativa dentro de sus medios de vida tradicionales, prefiriendo la pesca o el aprovechamiento forestal.
