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I.- DISPOSICIONES GENERALES

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I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Fomento

Decreto 1/2015, de 22/01/2015, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos. [2015/920]

Artículo único. Aprobación del reglamento.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposición final primera. Habilitación normativa. Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos Título preliminar. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Delimitación del concepto de carretera. Artículo 4. Clasificación técnica de carreteras. Artículo 5. Autopistas.

Artículo 6. Autovías. Artículo 7. Vías rápidas.

Artículo 8. Carretera convencional.

Artículo 9. Clasificación funcional de carreteras. Artículo 10. Red básica.

Artículo 11. Red comarcal. Artículo 12. Red local.

Artículo 13. Definición del Catálogo de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha. Artículo 14. Régimen jurídico del Catálogo de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha. Artículo 15. Cambios de titularidad.

Artículo 16. Otras definiciones. Título I. Planificación y proyectos. Capítulo I. Planificación.

Artículo 17. Planes de carreteras.

Artículo 18. Coordinación con la planificación en materia de carreteras de otras Administraciones. Artículo 19. Plan Regional de Carreteras.

Artículo 20. Elaboración, aprobación y revisión del Plan Regional de Carreteras. Artículo 21. Contenido del Plan Regional de Carreteras.

Artículo 22. Planes provinciales de carreteras. Artículo 23. Programas viarios.

Artículo 24. Declaración de utilidad pública de los planes de carreteras y programas viarios. Capítulo II. Proyectos.

Artículo 25. Estudios y proyectos de carreteras. Artículo 26. Contenido de los estudios previos. Artículo 27. Contenido de los estudios informativos. Artículo 28. Contenido de los anteproyectos. Artículo 29. Contenido de los proyectos de trazado. Artículo 30. Contenido de los proyectos de construcción. Artículo 31. Competencia técnica.

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Artículo 33. Especialidades en carreteras de nueva construcción y variantes de población Artículo 34. Procedimiento de aprobación de los estudios informativos. Efectos.

Artículo 35. Procedimiento de aprobación de los proyectos de construcción. Efectos. Artículo 36. Expropiación de bienes y derechos.

Artículo 37. Licencia municipal. Título II. Financiación.

Artículo 38. Financiación

Artículo 39. Colaboración de otras Administraciones Públicas. Artículo 40. Instrumentos de colaboración.

Artículo 41. Contribuciones especiales. Artículo 42. Contrato de concesión. Título III. Explotación.

Capítulo I. Concepto, contenido y formas de gestión. Artículo 43. Concepto y contenido

Artículo 44. Formas de gestión.

Capítulo II. Conservación y seguridad vial.

Artículo 45. Conservación del dominio público viario. Artículo 46. Seguridad vial.

Capítulo III. Uso de las carreteras y caminos. Sección 1ª Zonas de afección.

Artículo 47. Zonas de afección Artículo 48. Zona de dominio público. Artículo 49. Zona de servidumbre. Artículo 50. Zona de protección.

Artículo 51. Arista exterior de la explanación. Artículo 52. Línea límite de edificación. Artículo 53. Arista exterior de la calzada.

Sección 2ª Autorizaciones fuera de los tramos urbanos. Artículo 54. Extensión y competencias.

Artículo 55. Consulta previa.

Artículo 56. Solicitud de autorización. Artículo 57. Autorización.

Artículo 58. Contenido de la resolución. Artículo 59. Plazo para resolver. Artículo 60. Garantías.

Artículo 61. Ejecución de las actuaciones autorizadas. Artículo 62. Modificación o suspensión de la autorización.

Sección 3ª Requisitos específicos de las autorizaciones fuera de los tramos urbanos. Subsección 1ª Instalaciones vinculadas a un servicio público de interés general. Artículo 63. Autorización.

Artículo 64. Garantías. Artículo 65. Ejecución.

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Subsección 2ª Accesos. Artículo 66. Concepto.

Artículo 67. Tipos de accesos. Artículo 68. Competencias. Artículo 69. Autorización. Artículo 70. Garantías. Artículo 71. Ejecución.

Artículo 72. Reordenación de accesos.

Artículo 73. Accesos en actuaciones urbanísticas.

Subsección 3ª Complejos de explotación agraria, ganadera o industrial, servicios de hostelería u hospedaje, esta-ciones de servicio, e instalaesta-ciones similares.

Artículo 74. Autorización. Artículo 75. Garantías. Artículo 76. Ejecución.

Subsección 4ª Carteles informativos y publicidad. Artículo 77. Publicidad.

Artículo 78. Carteles informativos. Artículo 79. Señales de servicio. Artículo 80. Autorización.

Subsección 5ª Otras actuaciones. Artículo 81. Cerramientos.

Artículo 82. Plantaciones e instalaciones de riego. Artículo 83. Tendidos aéreos e instalaciones similares. Artículo 84. Conducciones y cruces subterráneos. Artículo 85. Obras subterráneas.

Artículo 86. Movimientos de tierras y explanaciones. Artículo 87. Vertederos.

Artículo 88. Pasos elevados. Artículo 89. Pasos inferiores.

Sección 4ª Usos especiales de la carretera. Artículo 90. Definición y competencias.

Título IV. Control de la legalidad, infracciones y sanciones. Artículo 91. Competencias.

Artículo 92. Infracciones. Artículo 93. Sanciones.

Artículo 94. Sujetos responsables. Artículo 95. Procedimiento sancionador.

Artículo 96. Caducidad de los expedientes sancionadores.

Artículo 97. Cómputo del plazo de prescripción de las infracciones. Artículo 98. Vía administrativa de apremio.

Artículo 99. Reparación de daños.

Artículo 100. Infracciones en el dominio público. Artículo 101. Obras ruinosas.

Artículo 102. Multas coercitivas. Artículo 103. Delito o falta.

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Título V. Travesías e interrelación con el planeamiento urbanístico. Capítulo I. Travesías.

Artículo 104. Definición.

Artículo 105. Delimitación de tramos de travesías. Artículo 106. Autorizaciones.

Artículo 107. Conservación y explotación. Artículo 108. Conversión en vías urbanas. Artículo 109. Utilización.

Capítulo II. Interrelación con el planeamiento urbanístico. Artículo 110. Carreteras de nueva construcción y variantes. Artículo 111. Línea límite de edificación.

Artículo 112. Contenido del planeamiento urbanístico.

Disposición adicional única. Regulación de las estaciones de servicio. Disposición transitoria primera. Ampliación de la zona de dominio público

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los procedimientos ya iniciados. Anexo. Definiciones.

Han transcurrido ya más de dos décadas desde la aprobación de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos, sin que se haya dado respuesta al mandato dirigido al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposi-ciones reglamentarias resulten necesarias para el desarrollo de dicha Ley, contenido en su disposición final única y que establece un plazo de seis meses, obviamente superado. Durante este tiempo se ha estado aplicando por mor de la disposición transitoria primera de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, el Reglamento General de Carreteras aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.

Con el fin de dar cumplimiento a dicho mandato legal, el presente decreto tiene por objeto aprobar el Reglamento de Carreteras de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos, el cual, desarrolla la ley siguiendo básicamente su estructura.

El hecho de que se haya estado aplicando hasta ahora el reglamento estatal, hace necesario dictar una normativa reglamentaria muy similar en virtud del principio de seguridad jurídica, si bien incluyendo aquellos aspectos singu-lares que se encuentran en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y que la experiencia acumulada durante este tiempo, ha puesto de relieve. La disposición adicional primera de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, que recoge la aplicación de forma supletoria de la Ley estatal de carreteras, también aconseja seguir unos criterios ya establecidos en el reglamento estatal.

Por ello, en virtud de las competencias exclusivas atribuidas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de carreteras y caminos, por el artículo 31.1.4º de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, a propuesta de la Consejera de Fomento, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de enero de 2015.

Artículo único. Aprobación del reglamento.

Se aprueba el reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos, que a continuación se inserta.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el reglamento aprobado por este Decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

Se autoriza a la persona titular de la consejería competente en materia de carreteras para dictar cuantas disposicio-nes sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dado en Toledo, el 22 de enero de 2015

La Presidenta MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA La Consejera de Fomento

MARTA GARCÍA DE LA CALZADA

Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos Título Preliminar

Disposiciones Generales Artículo 1. Objeto.

El presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Cami-nos, en todo lo que se refiere a la planificación, proyección, construcción, conservación, financiación, explotación y uso de las carreteras y caminos que discurran por el territorio de Castilla-La Mancha y no sean de titularidad del Estado.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las Diputaciones Provinciales y los Municipios que integran la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, aplicarán este reglamento a las carreteras de su respectiva titularidad. 2. Se consideran carreteras aquellas vías de dominio y uso público destinadas fundamentalmente a la circulación de vehículos automóviles.

3. Se consideran caminos las vías de dominio y uso público destinadas al servicio de explotaciones o instalaciones y no destinadas fundamentalmente al tráfico general de vehículos automóviles.

Artículo 3. Delimitación del concepto de carretera.

No tendrán consideración de carretera, ni se incluirán, por lo tanto, en las redes a las que se refieren los artículos siguientes:

1. Las calles, avenidas, paseos, rondas y otras vías ubicadas en las zonas urbanas, que se regularán por la norma-tiva urbanística y por la relanorma-tiva al régimen local, siempre que no tengan la calificación legal de travesías o que no formen parte de la red municipal de carreteras.

2. Los caminos rurales, las pistas, los caminos forestales, vías pecuarias y otros análogos recogidos en la legislación medioambiental.

3. Los caminos de servicio o de acceso, de titularidad pública o privada, construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades específicas de sus titulares.

La apertura de estos caminos al uso público se puede acordar por razones de interés general, de conformidad con la normativa específica aplicable, en cuyo caso, se deben aplicar las normas de uso y seguridad propias de las ca-rreteras y, si procede, a efectos de indemnización, la Ley de Expropiación Forzosa.

4. Aquellos tramos de carreteras, que como consecuencia de la ejecución de algún tipo de obra hayan sido sustitui-dos por otros y perdido su funcionalidad, pasarán a ser catalogasustitui-dos como caminos de servicio.

Artículo 4. Clasificación técnica de carreteras.

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Artículo 5. Autopistas.

Son autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas, construidas y señalizadas como tales para la exclusiva circulación de vehículos automóviles y tienen las siguientes características:

1. No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes.

2. No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni ser cruzada por senda, vía de comuni-cación o servidumbre de paso alguna.

3. Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación separadas entre sí, excepto en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja o terreno no destinado a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios.

Artículo 6. Autovías.

Son autovías las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de la circulación y limitación de accesos a las propiedades colindantes y no tienen cruces a nivel. Artículo 7. Vías rápidas.

1. Son vías rápidas las carreteras de una sola calzada, con limitación total de accesos a las propiedades colindantes y limitación de cruces a nivel.

2. Los correspondientes estudios y proyectos de estas vías podrán prever las reservas de suelo necesario para su futura conversión en autopista o autovía.

Artículo 8. Carretera convencional.

1. Son carreteras convencionales las que no reúnan las características propias de las autopistas, autovías ni vías rápidas.

2. Las carreteras duplicadas, que son aquellas que constan de doble calzada, que no reúnan las características propias de las autopistas ni autovías, se considerarán carreteras convencionales.

Artículo 9. Clasificación funcional de carreteras.

1. Las carreteras comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento se clasifican por su función en bási-cas, comarcales y locales.

2. Con el fin de obtener una mejor identificación de la red se empleará el siguiente código de colores asociado a la clasificación funcional, para su empleo en la señalización de las carreteras:

a) Red básica: Naranja. b) Red comarcal: Verde. c) Red local: Amarillo.

Constituirán una excepción las autopistas y las autovías en cuya señalización se empleará el color azul. Artículo 10. Red básica.

1. Serán básicas las carreteras cuyos itinerarios sirvan de soporte a la circulación de larga distancia.

2. Se incluyen en esta categoría aquellas carreteras que estructuran el territorio, mediante itinerarios regionales complementarios a la red viaria de titularidad estatal.

3. Las carreteras de la red básica cubrirán itinerarios entre los principales centros regionales y con los de las regio-nes colindantes.

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Artículo 11. Red comarcal.

1. Serán comarcales las carreteras cuyos itinerarios sirvan de soporte a la circulación entre núcleos de población de mayor importancia, no conectados por redes de superior orden.

2. La red comarcal conectará los núcleos de población con sus cabeceras comarcales. 3. Las carreteras de la red comarcal canalizarán tráfico hacia la red básica.

Artículo 12. Red local.

1. Serán locales el resto de las carreteras.

2. En particular, la red local permitirá el acceso rodado a todos los núcleos de población, y servirá de soporte a la explotación de recursos naturales y acceso a lugares de interés general, no cubiertos por las redes anteriores. Artículo 13. Definición del Catálogo de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha.

1. El Catálogo de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha es el documento que contiene la titularidad, categoría y denominación de las carreteras.

2. La titularidad determinará la administración competente en relación con la carretera en cuestión. La categoría se establecerá en base a la clasificación funcional. La denominación reflejará la matrícula de la misma, que sirve de identificación en las placas de ruta. Asimismo se incluirá la delimitación, indicando su origen y su término, los puntos kilométricos inicial y final y la longitud.

3. Cada Administración Pública podrá elaborar su propio Catálogo de Red de Carreteras.

4. Prevalecerá la clasificación funcional de la carretera que aparezca en el Catálogo de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha frente a otras determinaciones, a los efectos de los usos y la defensa de las carreteras desarro-llados en el Capítulo III del Título III del presente reglamento.

Artículo 14. Régimen jurídico del Catálogo de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha.

1. El Catálogo se aprobará y modificará, en su caso, por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la per-sona titular de la consejería competente en materia de carreteras, previa audiencia de las Administraciones titulares de las carreteras.

2. La revisión del Catálogo de la Red Carreteras podrá realizarse cuando las circunstancias lo aconsejen, y en todo caso, de acuerdo con las determinaciones del Plan Regional de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha o de sus programas viarios de desarrollo.

Artículo 15. Cambios de titularidad.

1. Los cambios de titularidad de carreteras de Castilla-La Mancha dependientes de las distintas Administraciones Públicas se aprobarán por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería com-petente en materia de carreteras y previo acuerdo entre las Administraciones afectadas.

2. El cambio de titularidad se formalizará mediante la correspondiente acta de entrega, suscrita por las administra-ciones interesadas, en la que se definirán con precisión los límites del tramo afectado y los bienes anejos.

3. En las revisiones del Catálogo de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha se incorporarán los cambios de titularidad producidos en la misma.

Artículo 16. Otras definiciones.

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Título I

Planificación y proyectos Capítulo I

Planificación

Artículo 17. Planes de carreteras.

Los instrumentos de planificación de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha son: 1. El Plan Regional de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 2. Los planes provinciales de carreteras.

3. Los programas viarios.

Artículo 18. Coordinación con la planificación en materia de carreteras de otras Administraciones.

Para garantizar la unidad del sistema de comunicaciones, el Plan Regional de Carreteras y los planes provinciales de carreteras deberán coordinarse entre sí y con los planes análogos de las comunidades autónomas limítrofes, teniendo en cuenta, en todo caso, las previsiones de los planes de carreteras del Estado.

Artículo 19. Plan Regional de Carreteras.

1. El Plan Regional de Carreteras es el instrumento de ordenación general de la Red de Carreteras en el marco de la planificación general de la economía y del territorio de la Comunidad.

2. El Plan contendrá las determinaciones necesarias para establecer los objetivos, las medidas para la coordinación con la planificación territorial, la adscripción de tramos a las distintas categorías de la Red Regional de Carreteras y los criterios para su revisión.

Artículo 20. Elaboración, aprobación y revisión del Plan Regional de Carreteras.

1. El Plan Regional se elaborará y aprobará con sujeción a la legislación medioambiental, de ordenación del territorio y de patrimonio cultural.

2. La elaboración del Plan Regional se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) La tramitación del Plan Regional se iniciará mediante Resolución de la persona titular de la consejería competente en materia de carreteras.

b) La versión preliminar se someterá a consulta a las Administraciones Públicas afectadas durante el período míni-mo de dos meses.

Asimismo, se recabará informe de los órganos cuya normativa lo exija con carácter preceptivo y de cuantos organis-mos, instituciones y agrupaciones que representen intereses afectados, por el mismo plazo de tiempo.

c) La aprobación y revisión del Plan Regional de Carreteras se hará mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de carreteras. El acuerdo del Consejo de Gobierno se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

d) El Plan Regional de Carreteras, aprobado por el Consejo de Gobierno, será remitido a las Cortes Regionales a los efectos de que puedan pronunciarse sobre el mismo.

3. Excepcional y únicamente por motivos de urgencia reconocida o interés público debidamente fundamentados, se podrá acordar la ejecución de actuaciones u obras no previstas en el Plan Regional.

Artículo 21. Contenido del Plan Regional de Carreteras.

El Plan Regional de Carreteras estará integrado, al menos, por los siguientes documentos: 1. Memoria, que contendrá como mínimo los siguientes documentos:

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b) El análisis de las relaciones con los planes de carreteras de otras Administraciones Públicas y con la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico.

c) La descripción y análisis de las carreteras en relación con el sistema general de transportes y principales variables sociales y económicas.

d) La descripción y análisis de situación de la Red de Carreteras.

e) La definición de los criterios generales aplicables a la programación, proyección y construcción de las carreteras. f) Los criterios y medidas generales para la mejora de la seguridad de la circulación vial.

g) La adscripción de tramos a las distintas categorías de las carreteras y los criterios para su revisión.

h) La determinación de los diferentes programas que constituyen el Plan, así como la valoración de los distintos tipos de actuaciones.

i) La determinación de los medios económicos, financieros y organizativos necesarios para el desarrollo y ejecución del Plan, así como para garantizar la conservación y explotación del patrimonio viario.

j) El análisis general de la incidencia de las actuaciones del Plan en los aspectos medioambientales.

k) La definición de los criterios para seguimiento y evaluación de la consecución de objetivos del Plan, así como para su revisión.

2. El Catálogo de la Red.

3. Documentación gráfica descriptiva.

4. Documentación exigida por la legislación ambiental aplicable. Artículo 22. Planes provinciales de carreteras.

1. Las diputaciones provinciales elaborarán sus planes de carreteras en desarrollo del Plan Regional de Carreteras y en coordinación con el mismo.

2. Los planes provinciales de carreteras elaborados por las diputaciones provinciales deberán ser sometidos de modo preceptivo a informe de la consejería competente en materia de carreteras previamente a su aprobación. Dicho informe tendrá carácter vinculante, y de no emitirse en el plazo de dos meses se entenderá favorable. El informe de la consejería competente en materia de carreteras podrá versar sobre todos los aspectos a que al-cance el contenido del Plan y, en caso de no ser favorable a su totalidad, indicará aquellos extremos que deban ser objeto de corrección o ampliación.

3. Los planes provinciales de carreteras serán aprobados por el órgano competente de acuerdo a las normas de régimen local, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.

Artículo 23. Programas viarios.

1. Las Administraciones titulares de las carreteras y caminos podrán elaborar programas viarios para desarrollar o completar aspectos del Plan Regional de Carreteras o de los planes provinciales en áreas o materias concretas, tales como la ordenación de itinerarios, de accesos o mejora de la seguridad vial.

2. Los programas viarios relativos a carreteras de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se aprobarán mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competen-te en macompeten-teria de carrecompeten-teras.

3. Los programas viarios elaborados por otras Administraciones deberán ser sometidos de modo preceptivo a infor-me de la consejería competente en materia de carreteras previainfor-mente a su aprobación.

Dicho informe tendrá carácter vinculante y, de no emitirse en el plazo de dos meses, se entenderá favorable. El informe de la consejería competente en materia de carreteras podrá versar sobre todos los aspectos a que alcan-ce el contenido del Programa y, en caso de no ser favorable a su totalidad, indicará aquellos extremos que deban ser objeto de corrección o ampliación.

4. Los programas viarios indicarán, en su caso, los instrumentos de planeamiento urbanístico que hayan de revisar-se o modificarrevisar-se.

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Artículo 24. Declaración de utilidad pública de los planes de carreteras y programas viarios.

La aprobación de los planes de carreteras y programas viarios conllevará la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su ejecución.

Capítulo II Proyectos

Artículo 25. Estudios y proyectos de carreteras.

Los proyectos de carreteras que en cada caso requiera la ejecución de una obra se adaptarán a los siguientes tipos, establecidos en razón a su finalidad:

1. Proyecto básico:

Es el documento que contiene el análisis de las necesidades y alternativas concretas de las actuaciones que se pretenden llevar a cabo.

El proyecto básico se elaborará para las carreteras de nueva construcción y las variantes de población. Comprenderá uno o varios de los siguientes estudios:

a) Estudio previo:

Consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios para definir, en líneas generales, las diferentes solu-ciones de un determinado problema, valorando todos sus efectos.

b) Estudio informativo:

Consiste en la definición, en líneas generales, del trazado de la carretera, a efectos de que pueda servir de base al expediente de información pública que se incoe en su caso.

c) Anteproyecto:

Consiste en el estudio a escala adecuada y consiguiente evaluación de las mejores soluciones al problema plantea-do, de forma que pueda concretarse la solución óptima.

2. Proyecto de trazado:

Es el documento que contiene los aspectos geométricos de la actuación y la identificación de los bienes y derechos afectados.

En los casos en que sea necesario incoar un expediente de expropiación forzosa, el documento que se someterá a información pública será el proyecto de trazado.

3. Proyecto de construcción:

Es el documento que contiene el desarrollo completo de la solución elegida, con el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior gestión.

Artículo 26. Contenido de los estudios previos.

El estudio previo constará de memoria con sus anejos y planos, y comprenderá: 1. La exposición del objeto del estudio y del problema a resolver.

2. La recopilación y análisis de los datos necesarios, tales como estudios de planeamiento, medioambientales, de tráfico, de seguridad vial, de terrenos y de bienes de patrimonio cultural.

3. La definición, en líneas generales, de las diferentes opciones para resolver el problema planteado. 4. La selección de las alternativas más convenientes entre las opciones estudiadas.

Artículo 27. Contenido de los estudios informativos.

1. El estudio informativo constará de memoria con sus anejos y planos, y comprenderá:

a) El objeto del estudio y exposición de las circunstancias que justifiquen la declaración de interés general de las carreteras y la concepción global de su trazado.

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b) La definición, en líneas generales, tanto geográficas como funcionales, de todas las opciones de trazado estu-diadas.

c) El estudio de impacto ambiental, en los casos en que sea preceptivo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas protec-toras y correcprotec-toras necesarias.

d) La comparación de todas las alternativas determinando la valoración de cada una de ellas. e) La selección de la alternativa más recomendable.

2. Será preceptiva la redacción de un estudio informativo cuando se trate de las siguientes actuaciones: a) Autopistas, autovías y vías rápidas que supongan nuevo trazado.

b) Carreteras de nueva construcción.

c) Variantes no incluidas en el planeamiento urbanístico vigente de los núcleos de población afectados. Artículo 28. Contenido de los anteproyectos.

El anteproyecto constará de los siguientes documentos:

1. Memoria, en la que se expondrán las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución que se propone. 2. Anejos a la memoria, entre los que deberán figurar los datos geológicos, geotécnicos, hidrológicos, territoriales y ambientales en que se ha basado la elección, así como los criterios de valoración de la obra y de los terrenos, derechos y servicios afectados.

3. Incluirá las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental, en los casos en los que sea precep-tiva o, en defecto de estudio informativo, el estudio de impacto ambiental de las distintas opciones, según la norma-tiva aplicable. En los demás supuestos, contendrá un análisis ambiental de las alternanorma-tivas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias.

4. Planos generales de trazado a escala, no menor de 1/5000, y de definición general de las obras de paso y des-agüe, secciones-tipo, y obras accesorias y complementarias.

5. Presupuesto, que comprenda mediciones aproximadas y valoraciones. Incluirá el coste de las expropiaciones que hubiese que llevar a cabo

6. Opcionalmente, podrán incluirse estudios económicos y administrativos sobre el régimen de utilización de la ca-rretera.

7. Si fuese oportuno, se realizará un estudio relativo a la posible descomposición del anteproyecto en proyectos parciales.

Artículo 29. Contenido de los proyectos de trazado. El proyecto de trazado comprenderá:

1. Memoria, en la que se describa y justifique la solución adoptada.

2. Anejos a la memoria, en los que se incluirán todos los datos que permitan definir el trazado, las características elegidas y, en su caso, la reposición de servidumbres y servicios afectados.

En los anejos figurarán como mínimo los siguientes documentos: a) Anejo de trazado.

b) Anejo de movimiento de tierras.

c) Los documentos necesarios para promover las autorizaciones administrativas previas a la ejecución de las obras.

d) La relación concreta e individualizada de los titulares con sus bienes, derechos y servicios afectados, con la des-cripción material de los mismos, reflejados en los planos parcelarios y la valoración aproximada, con el fin de tramitar el oportuno expediente expropiatorio.

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Cuando se considere conveniente, se incluirán en el expediente expropiatorio los préstamos, vertederos y la ubica-ción de instalaciones auxiliares necesarias para la ejecuubica-ción de las obras.

3. Planos en los que se representen, a escala adecuada, las obras proyectadas en planta, perfil longitudinal y sec-ciones transversales, así como los correspondientes a la reposición de los servicios afectados.

4. Presupuesto.

Artículo 30. Contenido de los proyectos de construcción.

1. El proyecto de construcción deberá redactarse con los datos y precisión necesarios que permitan ejecutar las obras sin la intervención del autor o autores del mismo.

2. El proyecto de construcción constará de los siguientes documentos:

a) Una memoria en la que se describirá el objeto de las obras, se recogerán los antecedentes y situación previa de las mismas, así como las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución proyectada y, en especial, todo lo referente a la explotación de la carretera y sus elementos funcionales, obras singulares, accesos, estética y entorno medioambiental y territorial.

b) Anejos a la memoria que contendrán una descripción detallada de cada uno de los puntos del proyecto así como su justificación. Los anejos que debe contener un proyecto son, al menos, los siguientes:

1º Antecedentes administrativos del proyecto. 2º Cartografía y topografía.

3º Coordinación con la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico y con otros organismos.

4º Estudio geológico y geotécnico de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra, salvo que resulte innece-sario dada la naturaleza de la misma. Este anejo contendrá también un estudio de yacimientos y procedencia de materiales que deberá poner de manifiesto la viabilidad de la solución proyectada desde el punto de vista de los materiales a emplear.

5º Movimientos de tierras.

6º Climatología, hidrología y drenaje. 7º Estudio del trazado geométrico.

8º Ordenación de accesos o reordenación de los existentes. 9º Obras de fábrica y estructuras.

10º Estudio del firme.

11º Señalización fija y variable, balizamiento y defensas.

12º Plan de obra, que contendrá un programa del posible desarrollo de los trabajos, con carácter indicativo y con previsión, en su caso, del tiempo y coste.

13º Justificación de precios, que incluirá el estudio de los precios que serán aplicables a las unidades de obra. 14º La relación de bienes, derechos y servicios afectados, identificando los titulares de los mismos en los correspon-dientes planos parcelarios. Asimismo, quedarán definidas las zonas de dominio público, servidumbre, protección y línea límite de edificación resultante.

15º La propuesta de la clasificación que deba ostentar el adjudicatario del contrato.

16º Fórmula de revisión de precios, en su caso, que incluirá el cálculo y determinación de la fórmula o fórmulas aplicables a la obra.

17º Gestión de residuos de construcción y demolición dando cumplimiento a la normativa específica. En su caso, se priorizará el uso de estos residuos en trabajos de restauración de espacios degradados próximos a la obra.

18º Cumplimiento de los condicionantes establecidos en la declaración de impacto ambiental. En el supuesto de que no sea preceptiva, estudio de ordenación ecológica, estética y paisajística.

19º Estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en la normativa vigente.

20º Estudio de señalización de obra y desvíos de tráfico durante la ejecución de las obras, con expresión de los desvíos de circulación provisionales, en caso de ser necesarios.

21º Documentación relativa a la coordinación con otras Administraciones y entidades afectadas.

22º Presupuesto para conocimiento de la Administración, que establecerá el presupuesto total de la inversión, inclu-yendo expropiaciones, y otras afecciones.

23º Documentación relativa a la mejora y control de la seguridad del transporte público: zonas para la instalación de marquesinas, básculas de pesaje de vehículos, y otros elementos similares.

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c) Planos de conjunto y de detalle que describan gráficamente todos y cada uno de los elementos de la carretera proyectada y de su proceso constructivo.

d) Pliego de prescripciones técnicas particulares en el que se enumere la normativa vigente de aplicación a las obras, se describan detalladamente las actuaciones a realizar, se regule su ejecución, con expresión de la forma en que se llevarán a cabo y se fijen las características de los materiales básicos o elementales y de las unidades de obra, así como la forma de ejecución, medición, abono y control de calidad de estas últimas.

e) Presupuestos con mediciones, cuadros de precios, eventualmente presupuestos parciales, y presupuestos ge-nerales en todo caso.

f) Estudio de impacto ambiental, cuando sea preceptivo por la normativa ambiental y no se hubiera redactado en una fase anterior.

3. No obstante, y respetando las exigencias de contenido dimanantes de la normativa básica estatal reguladora de contratos del sector público, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación de presupuesto inferior al fijado en dicha normativa, o cuando el proyecto tenga por objeto obras de rehabilitación, conservación, mejoras limitadas al firme, elementos complementarios de seguridad vial o restablecimiento de las condiciones de las vías, o cuando por las características de las obras, no sean necesarios, se podrán simplificar, refundir o incluso suprimir alguno o algunos de los extremos y documentos expresados en los apartados anteriores o reducir su extensión o condiciones, siempre que la documentación resultante sea suficiente para la completa y correcta definición, ejecución y valoración de las obras y se garantice su sujeción a la legislación vigente y a la nor-mativa técnica de obligado cumplimiento.

Artículo 31. Competencia técnica.

1. La redacción de los estudios y proyectos de carreteras corresponde al órgano directivo competente en materia de carreteras.

2. Dichos estudios y proyectos podrán ser realizados por terceros, correspondiendo su inspección a la dirección ge-neral competente en materia de carreteras cuando éstas sean de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o al organismo competente según el orden de competencias de cada Administración, quien velará por el cumplimiento estricto de las disposiciones aplicables. La redacción de estos documentos deberá realizarse por técnico competente en la materia.

3. A fin de asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieran ser exigibles conforme a la normativa básica estatal reguladora de contratos del sector público, el adjudicatario de los trabajos de redacción de estudios o proyectos o de tareas de dirección estará obligado, con carácter previo a la formalización del contrato de adjudi-cación, a suscribir y mantener en vigor durante toda la vigencia del mismo, un seguro de responsabilidad civil pro-fesional de todo el personal de él dependiente, adscrito a la realización de las prestaciones objeto del contrato que ampare de modo y cantidad suficiente los riesgos que pudieran derivarse de la ejecución del contrato y que cubra los eventuales daños que pudieran irrogarse con su actividad profesional a terceros.

Artículo 32. Procedimiento de aprobación de estudios y proyectos.

1. Los proyectos serán aprobados por la Administración titular de la carretera afectada.

2. Los estudios y proyectos de carreteras que deban someterse al trámite de información pública, o a cualquier otro necesario para su aprobación definitiva, serán objeto de aprobación provisional.

La aprobación provisional, que implicará la declaración de que el estudio o proyecto está bien redactado y cumple todos los requisitos y prescripciones legales y reglamentarias, permitirá practicar, en su caso, la información pública, así como cuantos otros trámites sean preceptivos o convenientes con el fin de obtener la aprobación definitiva. 3. Los estudios y proyectos de carreteras se redactarán y aprobarán con sujeción a la legislación medioambiental y de ordenación del territorio. Se coordinarán los procedimientos exigibles con los descritos en los artículos siguientes en aras a una mayor economía procedimental.

4. Asimismo los estudios y proyectos de carreteras se someterán a aprobación técnica de conformidad a la norma-tiva básica estatal reguladora de contratos del sector público.

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Artículo 33. Especialidades en carreteras de nueva construcción y variantes de población.

1. Los estudios y proyectos de carreteras de nueva construcción y de variantes de población no incluidas en el planeamiento urbanístico vigente se someterán al trámite de información pública para que se puedan formular ale-gaciones sobre el interés general de la carretera y la concepción global de su trazado.

Con el fin de llevar a cabo una mejor coordinación entre la redacción de los estudios y proyectos de carreteras y el planeamiento urbanístico se atenderá al artículo 110 del presente reglamento.

2. En ningún caso tendrán la consideración de carretera de nueva construcción las duplicaciones de calzada, las vías de servicio, los acondicionamientos de trazado, los ensanches de plataforma, las mejoras de firme y, en ge-neral, todas aquellas actuaciones que no supongan una modificación sustancial en la funcionalidad de la carretera preexistente.

3. La aprobación de los proyectos de carreteras de nueva construcción de titularidad de las Diputaciones Provincia-les y de los Ayuntamientos requerirá informe previo de la consejería competente que versará sobre su adecuación a la planificación viaria.

Artículo 34. Procedimiento de aprobación de los estudios informativos. Efectos.

1. En los supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo anterior, aprobado provisionalmente el estudio in-formativo, si se trata de carreteras de titularidad autonómica, se someterá al trámite de información pública por el órgano directivo competente en materia de carreteras, mediante la inserción del anuncio, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Cuando se trate de carreteras de titularidad de las entidades locales, será el órgano competente de éstas, quien someterá el estudio informativo al trámite de información pública, mediante la inserción del anuncio, en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente y en su página web.

El plazo de información pública, que será de treinta días hábiles, se contará a partir del primer día hábil siguiente al de la fecha de la última publicación del anuncio.

Durante el período de información pública se podrá examinar el estudio informativo y presentar en las oficinas que se indiquen en el citado anuncio, las alegaciones y observaciones relativas al objeto y finalidad de la propia infor-mación pública.

2. Tanto en el anuncio que se publique en el boletín oficial y en la página web, como en los escritos de remisión a otras administraciones del estudio informativo, se hará constar el objeto y finalidad de la información pública, así como el plazo de las mismas.

3. Con la realización de este trámite, se entenderá asimismo efectuada, en su caso, la información pública del pro-cedimiento de evaluación de impacto ambiental, si esta fuese necesaria, en cumplimiento de la legislación medio-ambiental aplicable.

4. Una vez concluido el período de información pública, la consejería competente en materia de carreteras u órgano competente en la Administración Local, deberá analizar y contestar razonadamente las alegaciones presentadas y, en su caso, proceder a la aprobación definitiva del estudio informativo, incorporando las determinaciones que se desprendan de la información pública.

5. La aprobación definitiva del estudio informativo corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de carreteras.

Cuando se trate de carreteras de titularidad de las entidades locales, será el titular del órgano competente de éstas, quien realice la aprobación definitiva del expediente de información pública.

6. La aprobación definitiva de los estudios informativos sometidos a información pública se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en prensa en, al menos, uno de los diarios de mayor difusión editados en Castilla-La Mancha. Igualmente se publicará en el portal web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

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Cuando se trate de carreteras de titularidad de las entidades locales, se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-cia correspondiente, en prensa en, al menos, uno de los diarios de mayor difusión editados en la provinProvin-cia y en su página web.

7. Cuando las circunstancias concurrentes lo aconsejen la función del estudio informativo podrá ser asumida por un anteproyecto, proyecto de trazado o de construcción, sometiéndose éste a los mismos trámites previstos para los estudios informativos.

Artículo 35. Procedimiento de aprobación de los proyectos de construcción. Efectos.

1. Los proyectos de construcción de carreteras serán objeto, cuando proceda, de aprobación provisional por el órga-no directivo competente en materia de carreteras u órgaórga-no competente en la Administración local, y de aprobación definitiva por parte de la Administración titular de la carretera a través de su órgano de contratación, de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratos del sector público.

2. En los casos en que exista afección a propiedades particulares o servicios existentes y se deba incoar un ex-pediente de expropiación forzosa se deberá realizar una información pública del proyecto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en prensa en, al menos, uno de los diarios de mayor difusión editados en Castilla-La Mancha. Igualmente se publicará en el portal web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello se realizará una aprobación provisional del mismo por el órgano directivo competente en materia de carreteras a los efectos de someterlo a información pública por período de quince días.

Para carreteras cuya titularidad corresponda a entidades locales, los medios para la realización de la información pública, serán el Boletín Oficial de la Provincia que corresponda y la web de la entidad local en cuestión.

La documentación sometida a información pública será la recogida en el proyecto de trazado.

El plazo de información pública, se contará a partir del primer día hábil siguiente al de la fecha de la última publica-ción del anuncio.

3. Una vez concluido el período de información pública, la consejería competente en materia de carreteras u órgano competente en la Administración Local deberá analizar y contestar razonadamente las alegaciones presentadas y, en su caso, proceder a la aprobación definitiva del proyecto de construcción, incorporando las determinaciones que se desprendan de la información pública.

4. La aprobación provisional y definitiva de los proyectos sometidos a información pública se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en prensa en, al menos, uno de los diarios de mayor difusión editados en Castilla-La Mancha. Igualmente se publicará en el portal web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

5. La aprobación definitiva de los proyectos de construcción implicará la declaración de utilidad pública y la nece-sidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos correspondientes, a los fines de expropiación, ocupación temporal o imposición o modificación de servidumbres. A estos efectos se describirán detalladamente los bienes y derechos afectados, designando nominalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de expropiación forzosa.

La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación se referirán también a los bienes y derechos com-prendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones del proyecto que, en su caso, puedan aprobarse posteriormente, las cuales incluirán los bienes y derechos afectados.

6. Una vez realizada la publicación en los boletines oficiales de la aprobación definitiva del proyecto de construcción, las limitaciones a la propiedad y a la titularidad de otros derechos, establecidas en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, serán efectivas respecto de los terrenos a los que afecte la actuación correspondiente, dando lugar a los procedi-mientos de expropiación correspondientes.

7. La aprobación definitiva de los proyectos de construcción de carreteras conllevará la obligación para las entidades locales afectadas de adaptar su planeamiento urbanístico, con ocasión de su revisión o modificación, en el plazo de un año desde su aprobación, incluyendo las determinaciones recogidas en dichos proyectos. Mientras no se realice la citada adaptación, el contenido y los efectos de los proyectos de construcción aprobados definitivamente preva-lecerán sobre el planeamiento urbanístico local existente.

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Artículo 36. Expropiación de bienes y derechos.

1. Los proyectos de trazado y construcción de carreteras y sus modificaciones deberán comprender la definición del trazado de las mismas y la determinación de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime pre-ciso ocupar o adquirir para la construcción, y constitución del dominio público necesario para su correcta explotación. A tal fin se realizará una relación individualizada y concreta de los bienes y derechos afectados, con su descripción material, reflejados en los planos de planta y parcelario y la valoración aproximada.

2. La expropiación de los bienes y derechos y la imposición de servidumbres deberá efectuarse de acuerdo con la legislación de expropiación forzosa

3. El acta de ocupación y los actos administrativos de imposición, modificación o extinción forzosa de servidumbres serán título bastante para la inscripción o toma de razón en el Registro de la Propiedad y en los demás registros públicos, en la forma y con los efectos previstos en la legislación de expropiación forzosa.

Artículo 37. Licencia municipal.

1. Las obras de construcción, reparación o conservación de la vías reguladas en el presente reglamento, por cons-tituir obras públicas de interés general, no estarán sujetas a los actos de control preventivo municipal a los que se refiere la letra b) del artículo 84.1) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. La realización de obras e instalaciones por particulares en áreas de servicio de titularidad pública, se ajustará a lo establecido en la legislación urbanística, así como a lo dispuesto en la citada letra b del artículo 84.1) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Igualmente, quedarán sujetas a la legislación local y urbanística las obras e instalaciones debidamente autorizadas y que pretendan ser realizadas por particulares en el dominio público viario y las zonas colindantes de la carreteras (dominio público, servidumbre, y protección), sin perjuicio de las facultades de la Administración titular de la vía respecto de las travesías.

Título II Financiación

Artículo 38. Financiación.

1. La financiación de las actuaciones en la Red de Carreteras se efectuará mediante las consignaciones que a tal efecto se incluyan en los presupuestos de la Administración titular, y mediante recursos que provengan de otras Administraciones Públicas, organismos nacionales e internacionales y de particulares.

2. La financiación de las inversiones y de los gastos derivados de la proyección, construcción, mejora, explotación y, en general, de todas las actuaciones llevadas a cabo en las carreteras, podrá realizarse por una o varias de las siguientes modalidades:

a) Consignación que a tal fin se incluyan en los presupuestos generales de la Administración titular de la vía. b) Mediante acuerdo de colaboración con otras Administraciones Públicas, sociedades o entes públicos, o con orga-nismos nacionales o internacionales.

c) Mediante acuerdo de colaboración con particulares. Estos acuerdos podrán consistir en aportaciones en dinero, cesiones de terrenos, títulos de propiedad, así como cualquier otro sistema previsto en el ordenamiento jurídico que sea acordado con la Administración titular de la carretera.

La cesión de terrenos se tramitará de conformidad con la legislación básica y autonómica del Patrimonio, adquirien-do los terrenos cediadquirien-dos el carácter de bienes de adquirien-dominio público, adscritos la Administración titular de la carretera, para el servicio de carreteras, pudiéndose inscribir en el Registro de la Propiedad mediante los asientos que proce-dan según la legislación hipotecaria.

Este procedimiento se podrá aplicar igualmente a los supuestos contemplados en el artículo 72 del presente regla-mento.

d) Mediante concesión de obras públicas o gestión de servicios públicos en régimen de gestión indirecta de acuerdo con la legislación básica estatal, en cuyo caso se financiarán mediante recursos propios de las sociedades conce-sionarias, los ajenos que éstas movilicen y las aportaciones de fondos públicos que pudieran otorgarse.

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e) Tarifas por uso de la carretera.

En los tramos de carreteras donde se establezca un pago de una tarifa por su uso, la Administración titular de la vía podrá contribuir a financiar la construcción o utilización que conllevará la reducción o supresión tarifaria correspon-diente.

f) Establecimiento de contribuciones especiales.

g) Otros posibles mecanismos previstos en la normativa urbanística, patrimonial y de contratación administrativa. Artículo 39. Colaboración de otras Administraciones Públicas.

1. La Administración titular de la carretera podrá suscribir con otras Administraciones Publicas los acuerdos nece-sarios para determinar el grado de participación de cada una de ellas en la financiación de obras de las carreteras de su titularidad.

Dicha colaboración podrá consistir en: a) Aportaciones dinerarias.

b) Aportaciones de terrenos, libres de servidumbres y otros gravámenes.

c) Instalación de elementos complementarios de la carretera, a sus expensas o por sus propios medios.

d) Compromiso de tomar a su cargo, total o parcialmente, la conservación y mantenimiento de la carretera o de sus elementos complementarios.

e) Colaboración técnica en la elaboración de planes y en la redacción de estudios, anteproyectos y proyectos. Igual-mente, la dirección facultativa y la inspección técnica de las obras realizadas.

2. Las aportaciones dinerarias podrán determinarse:

a) En base a un porcentaje del coste de las obras, incluidos o no el valor de las expropiaciones y el coste de redac-ción del proyecto.

b) En cuantía fija, con independencia del resultado de la licitación y de las ulteriores incidencias de la obra. Artículo 40. Instrumentos de colaboración.

1. La colaboración a la que hace mención el artículo anterior se instrumentará preferentemente a través de conve-nios de colaboración.

En éstos se harán constar la clase de aportación y su cuantía, en el caso de que sea dineraria, así como la forma y los plazos en los que se pondrán a disposición de la Administración titular de la carretera los medios de colaboración. Igual-mente, las fórmulas para garantizar su efectividad y los compromisos y obligaciones recíprocas, en particular los relati-vos a la consignación del gasto en los presupuestos correspondientes a los años en que aquél deba llevarse a cabo. 2. Estos instrumentos se regirán por lo dispuesto en los artículos 6 a 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, cuando sean suscritos por una entidad local, por lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 41. Contribuciones especiales.

1. La Administración titular de la vía podrá imponer contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen para la construcción o conservación de carreteras, accesos y vías de servicio resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales el beneficio especial que se obtenga por personas físicas o jurídicas como consecuencia de la realización de obras de carreteras, aunque no sea susceptible su cuan-tificación hasta que se determine en los proyectos correspondientes.

El aumento de valor de las fincas como consecuencia de la realización de obras de carretera tendrá la consideración de beneficio especial.

2. Serán sujetos pasivos de estas contribuciones quienes se beneficien de modo directo de las inversiones reali-zadas y especialmente los titulares de las fincas y establecimientos colindantes y los de las urbanizaciones cuya comunicación resulte mejorada.

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3. La cantidad de las contribuciones especiales se realizará sobre la base de los costes totales, directos e indirectos, realmente soportados en la realización de las obras, incluido el justiprecio de las expropiaciones.

Cuando el sujeto pasivo sea titular de un derecho expropiado, de la base imponible se deducirá el justiprecio del derecho expropiado.

Para la determinación de la cantidad global se aplicarán los siguientes porcentajes a la base: a) Con carácter general, hasta el 25 por ciento.

b) En las vías de servicio, hasta el 50 por ciento.

c) En los accesos de uso particular para determinado número de fincas, urbanizaciones o establecimientos, hasta el 90 por ciento.

4. El importe total de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos atendiendo a aquellos crite-rios objetivos que, según la naturaleza de las obras, construcciones y circunstancias que concurran en los mismos, se determinen de entre los que figuran a continuación:

a) Superficie de las fincas beneficiadas.

b) Situación, proximidad y accesos a la carretera de las fincas, construcciones, instalaciones, explotaciones o urba-nizaciones.

c) Bases imponibles en las contribuciones territoriales de las fincas beneficiadas.

d) Aquéllos que se determinen al establecer la contribución especial, en atención a las circunstancias particulares que concurran en la obra.

5. El establecimiento de las contribuciones especiales a que se refiere el artículo 22 de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, para las carreteras de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, será aprobado por Decreto de Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de carreteras.

En el caso de carreteras de titularidad de las Diputaciones Provinciales o de los Ayuntamientos, las contribuciones especiales serán aprobadas por el órgano competente de acuerdo a la normativa de régimen local, a propuesta de la persona titular del órgano competente en materia de carreteras.

Artículo 42. Contrato de concesión.

1. A los efectos de este reglamento, tendrá la consideración del contrato de concesión de obras públicas aquél en el que, siendo su objeto la construcción de carreteras, la contraprestación a favor del concesionario consista en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio, siendo el régimen jurídico de este contrato el establecido en la legislación básica estatal.

2. La utilización de las carreteras construidas y explotadas por los titulares de la concesión dará derecho a percibir de los usuarios el correspondiente importe de las tarifas por su utilización. A estos fines, la Administración compe-tente determinará los precios máximos de las tarifas, que serán revisadas anualmente para ajustarlas al índice de precios al consumo.

3. Las carreteras que vayan a construirse en virtud de un contrato de concesión de obras públicas se financiarán mediante los recursos propios de las sociedades concesionarias, los ajenos que éstas movilicen y las aportaciones de fondos públicos que pudieran concederse.

4. La Administración titular de la vía podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares la apor-tación de fondos públicos, de carácter presupuestario, tanto para contribuir a financiar la construcción de las carre-teras como para contribuir a financiar la utilización de las mismas, que conllevará, en todos los casos, la reducción o supresión tarifaria correspondiente.

5. En el caso de aportaciones de fondos públicos para contribuir a financiar la utilización de las carreteras, el cálculo se efectuará en función de los usuarios de la infraestructura y de la rentabilidad social derivada de la misma y la obligación de servicio público realizada.

6. A los efectos de cuantificar las aportaciones a realizar por la Administración, con carácter previo al inicio del expediente de concesión de la obra, se realizará un estudio previo de viabilidad en el que deberán expresarse las

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hipótesis económicas en relación con la demanda previsible, y formularse el marco financiero de la concesión, de modo que al final del periodo de la misma se cubran los costes reales de construcción y explotación, el porcentaje contable de amortización de los activos y el beneficio empresarial con la suma de las tarifas percibidas por el uso de forma directa de los usuarios, y en su caso con las cantidades aportadas por la Administración. El análisis del estudio previo de viabilidad corresponderá al Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha.

7. Las previsiones anteriores le serán igualmente aplicables a los contratos de gestión indirecta de servicios realiza-dos para la explotación de carreteras, en todo aquello que les fuera de aplicación.

Título III Explotación Capítulo I

Concepto, contenido y formas de gestión. Artículo 43. Concepto y contenido.

1. En el término de explotación se engloban todas aquellas competencias que ostenta la Administración titular con respecto a la carretera, y que, de conformidad con el artículo 20 bis de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, conlleva las operaciones de conservación y mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes a señalización, ordenación de accesos, y uso de las zonas de dominio público, servi-dumbre y de protección.

2. En relación con aquellas actuaciones que los interesados quieran realizar dentro de las zonas de afección, le corresponde a la Administración titular:

a) Autorizarlas o denegarlas, de conformidad con las limitaciones y condiciones previstas en la Ley y en el Capítulo III del presente Titulo.

b) Comprobar que lo realizado se corresponde con lo autorizado en ejercicio de las facultades de control, vigilancia e inspección.

c) Accionar los mecanismos de defensa atribuidos en caso de inobservancia de la normativa, actuaciones sin au-torización, o aquellas que no se hagan de conformidad con lo establecido en la autorización. El ejercicio de estos mecanismos está desarrollado en el Título IV de este reglamento.

Artículo 44. Formas de gestión.

Con carácter general cada Administración gestionará de forma directa aquellas carreteras y caminos de su titulari-dad, si bien también podrá hacerlo de forma indirecta a través de alguna de las modalidades recogidas en la norma-tiva de contratos del sector público.

Capítulo II

Conservación y seguridad vial.

Artículo 45. Conservación del dominio público viario.

1. La conservación del dominio público viario está encaminada a preservar el patrimonio viario y comprende las siguientes operaciones:

a) Obras de conservación.

b) Inspección y evaluación de las características superficiales de los pavimentos de las carreteras, de la señalización y de los sistemas de contención de vehículos.

c) Inspección y evaluación de las obras de paso, de contención de tierras y de drenaje superficial y profundo. d) Operaciones integradas de conservación.

e) Operaciones de reposición de las características superficiales de los pavimentos, de la señalización, de los siste-mas de contención de vehículos, de las obras de paso, de contención de tierra y de drenaje superficial y profundo. f) Acciones referentes a la señalización del tráfico y de la seguridad vial.

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2. La conservación del dominio público viario corresponde a la Administración titular del mismo, sin perjuicio de acuerdos que puedan adoptarse en virtud del artículo 39.1.d) del presente reglamento.

Artículo 46. Seguridad vial.

Con el objeto de aumentar la seguridad vial en la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha, se elaborarán los co-rrespondientes planes de seguridad vial por las Administraciones competentes, y que contendrán, entre otras, las siguientes determinaciones:

a) Los fines y objetivos a alcanzar, referidos a las infraestructuras e instalaciones en el dominio público viario. b) La aplicación de los criterios generales de seguridad vial de los instrumentos de planificación de la Red de Carre-teras de Castilla-La Mancha.

c) El análisis de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha en relación a la siniestralidad existente en la misma, con la consiguiente identificación de los tramos de concentración de accidentes.

d) Los criterios y medidas generales para la mejora de la seguridad vial y la reducción de accidentes. e) La concreción y programación de las actuaciones previstas, así como su valoración.

f) Los criterios para su evaluación y revisión. Capítulo III

Uso de las carreteras y caminos. Sección 1ª - Zonas de afección Artículo 47. Zonas de afección.

1. Con el fin de velar por la seguridad vial, permitir la disponibilidad de los terrenos necesarios para futuras actua-ciones en las carreteras, así como para proteger los usos de los terrenos colindantes del impacto de las vías, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, se establecen las siguientes zonas dentro de las parcelas colindantes con la carretera:

a) Zona de dominio público. b) Zona de servidumbre. c) Zona de protección.

d) Zona delimitada por la línea de edificación.

En dichas zonas, se limitan las facultades de los propietarios, de otros titulares de derechos y de terceros que tengan que realizar actuaciones dentro de las mismas, lo cual supone la extensión de las facultades de explotación de la Administración.

2. A efectos de delimitación de las zonas de afección, los ramales de enlaces y las vías de giro de intersecciones que formen parte de alguna carretera, tienen la misma consideración que la vía de mayor categoría de las que se conecten. En el supuesto que una de las vías o ambas fuesen una autovía, se tomarán como referencia las distan-cias que corresponden a una carretera convencional de la red básica.

3. Donde las zonas de dominio público, servidumbre y protección se superpongan, en función de que se midan des-de un vial u otro, prevalece la condición des-de zona des-de dominio público sobre la des-de servidumbre, y la des-de ésta sobre la de protección, cualquiera que sea la vía o elemento determinante de la medida.

La línea de edificación ha de ser siempre interior a la zona de protección, de modo que, en todo caso, las actividades delante de la línea edificación estén sujetas a la autorización de la Administración titular de la carretera. En cumpli-miento de lo anterior, se extenderá la zona de protección hasta la línea de edificación, cuando sea necesario. 4. En los cruces e intersecciones entre infraestructuras de diferente titularidad se debe coordinar el ejercicio de las diferentes competencias, sin perjuicio de las autorizaciones correspondientes.

5. Las limitaciones de usos y actividades impuestas por la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, y el presente reglamen-to, a los propietarios o titulares de derechos sobre los inmuebles configuran el contenido ordinario del derecho de propiedad y no darán lugar a indemnización.

(21)

Artículo 48. Zona de dominio público.

1. Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de terreno de 8 metros de anchura en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de población, y de 3 metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidos en horizontal, desde la arista exterior de la explanación y perpendicu-larmente a la misma.

En el caso de caminos serán de dominio público únicamente los terrenos ocupados por éstos y sus elementos fun-cionales.

En tramos de travesía donde exista acerado para el tránsito de peatones o cualquier otra alineación que fije el pla-neamiento urbanístico, solo será de dominio público de la carretera la zona ocupada por la plataforma. En el resto de los casos, el dominio público vendrá definido por la explanación y los elementos funcionales de la carretera. En viaductos, puentes y túneles, es dominio público el terreno comprendido entre las aristas exteriores de la expla-nación. La franja así definida podrá variar, dependiendo del método constructivo y las condiciones de explotación. Excepcionalmente, en viaductos y puentes, podrá limitarse a los terrenos ocupados por los cimientos y un metro más alrededor de los mismos.

2. Son de dominio público los elementos funcionales de la carretera. Un elemento funcional es una zona que sirve para la conservación o la explotación del servicio viario. Son elementos funcionales, entre otras, las zonas de des-canso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje, parada de autobuses, y otros fines auxiliares o complementarios.

En particular, también son elementos funcionales de la carretera:

a) Los centros operativos para la conservación y explotación de la carretera. b) Las áreas de servicio.

c) Vías de servicio.

Respecto de las áreas de servicio se estará en cuanto a su construcción y explotación a lo dispuesto por la norma-tiva vigente en contratación del sector público.

3. En esta zona no se podrá autorizar ninguna actuación, excepto lo establecido para los accesos, los cruces aéreos y subterráneos, y las obras o instalaciones que sean imprescindibles para la prestación de un servicio público de in-terés general. Tampoco podrán autorizarse obras de ampliación o mejora en la zona de dominio público si no fueren imprescindibles para el objeto pretendido.

En cualquier caso se limitarán las facultades de conformidad con la normativa que resulte aplicable, indicando que la autorización se otorga en precario, de conformidad con las características que la legislación sobre patrimonio recoge, lo que conlleva que no se adquiere ningún derecho, y por tanto no serán indemnizables con respecto a una expropiación u obras necesarias para el mantenimiento y conservación de la carretera, debiendo proceder a su re-posición, en los casos que sea necesario, a su costa.

Artículo 49. Zona de servidumbre.

1. La zona de servidumbre de la carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimi-tados interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de población, y 8 metros en el resto de las carreteras, medidas en horizontal desde las citadas aristas.

2. Las actuaciones concretas que pueden autorizarse dentro de esta zona son las establecidas en la Sección 3ª del presente Capítulo.

En cualquier caso sólo se podrán autorizar aquellas obras y usos que sean compatibles con la seguridad vial, y que no impidan las facultades a que se refiere el párrafo siguiente, sin que por ello tengan derecho a indemnización. 3. La Administración titular podrá utilizar o autorizar la utilización de esta zona para el emplazamiento de instala-ciones y realización de actividades relacionadas directamente con la construcción, conservación y gestión de la carretera.

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