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Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia: una agenda para las empresas

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Desarrollo, paz y derechos

humanos en Colombia:

una agenda para las

empresas

Lucy Amis, Adrian Hodges, Neil Jeffery

En asocio con

Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia: una agenda para las empresasha sido escrito para

quienes están interesados en el futuro de Colombia. Se enfoca en el papel que las empresas pueden tener para ayudar a mitigar el impacto del conflicto armado en la población vulnerable y excluida de la sociedad colombiana, y así contribuir a las condiciones necesarias para una paz y prosperidad duraderas.

El reporte está dirigido principalmente a los líderes y gerentes de compañías que operan en Colombia. No obstante, el alcance del reporte va más allá de un único grupo; para que el sector empresarial sea capaz de jugar un rol efectivo y contribuya a un desarrollo social y económico equitativo y sostenible, es crucial el tipo de relación que exista entre los líderes empresariales y los líderes de la sociedad civil, sindicatos y autoridades públicas. Por consiguiente, la audiencia del reporte es multisectorial, reflejando la diversidad de los grupos de interés en la sociedad colombiana.

Los autores parten de la creencia de que las empresas son el principal motor de crecimiento y desarrollo en Colombia. Dicha opinión va de la mano del convencimiento de que el ritmo del crecimiento y la naturaleza del desarrollo dependen en gran parte de las decisiones y operaciones de las empresas, de sus estrategias, sus políticas y sus prácticas empresariales, así como también de la manera en que

interactúan con los consumidores, empleados, comunidades y entidades reguladoras.

Con base en las prácticas de liderazgo empresarial alrededor del mundo y en Colombia misma, los autores describen la manera en que las empresas pueden organizarse y alinear sus prácticas de negocios con un “civismo empresarial” y con una vinculación en la formulación de políticas públicas, para así poder contribuir activamente al manejo de las causas y las consecuencias del conflicto.

En algunos casos, este proceso implica que las empresas, la sociedad civil y el gobierno entren en terrenos poco familiares. Implica que las compañías tomen decisiones concienzudas para proteger y promover los derechos humanos de sus empleados y extender su influencia positiva a las comunidades vulnerables más allá de las puertas de la empresa. Implica también que las empresas con una larga y orgullosa tradición de programas sociales propios “cedan” su absoluta control para aliarse con otras compañías y combinar sus destrezas y capacidades mediante la acción colectiva para el bien común. Implica que las organizaciones de la sociedad civil establezcan alianzas con compañías con las que aparentemente tienen poco en común pero con las cuales, en realidad, comparten muchos temas y preocupaciones. Implica que las organizaciones de trabajadores estén preparadas para experimentar con nuevos métodos para garantizar el bienestar de sus miembros. También implica que el Gobierno reflexione sobre las reglas y regulaciones vigentes y cree el mejor ambiente para el despliegue de la experiencia y de las capacidades de cada sector hacia un trabajo conjunto por un bien común.

En el largo plazo, esto implica que todos los sectores aprendan cómo y cuándo respetar y confiar en los demás.

Los autores y colaboradores de este reporte están dispuestos a respaldar y a trabajar con todos aquellos que tengan un interés en el futuro de Colombia y de todos los colombianos.

D e sa rr o llo , p a z y d e re c h o s h u m a n o s e n C o lo m b ia : u n a a g e n d a p a ra la s e m p re sa s

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Lucy Amis, Adrian Hodges, Neil Jeffery

En asocio con

Desarrollo, paz y derechos

humanos en Colombia:

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Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia: una agenda para las empresas

Publicado por International Business Leaders Forum (IBLF) en asocio con la Fundación

Ideas para la Paz (FIP) y la Oficina del Pacto Global de las Naciones Unidas.

ISBN: 1899159 13 4

Autores:

Lucy Amis, Adrian Hodges - IBLF. Neil Jeffery - Engaging Solutions

Impresión:

Paper Dog Ltd

Fotografía:

portada, de izquierda a derecha: miembros de una comunidad

ayudan a construir nuevas viviendas en las afueras de San José de Apartadó,

anticipando la posible llegada del Ejército colombiano © Panos/ Dermot Tatlow;

campesino en su tierra, Tolima © Panos/Jeremy Horner; vista de Cartagena de

noche © Panos/ Jeremy Horner; Colombianos asisten a una vigilia nocturna en

Neiva © Eliana Ponte/Reuters; “La Chinga”, pandillero de 13 años que ha

matado a cinco personas, apunta su revólver a la cámara © Panos/Paul Smith.

página 37: Colombiana cortando rosas en cultivos en las afueras de Bogotá ©

Reuters/Daniel Munoz.

© 2006 The Prince of Wales International Business Leaders Forum

Esta publicación y los diálogos relacionados con líderes en Colombia, Europa y

los Estados Unidos fueron financiados por

The Coca-Cola Company

.

Nota aclaratoria:

Las opiniones, observaciones, conclusiones y

recomendaciones de este reporte son responsabilidad exclusiva de los autores.

Tienen el propósito de informar y estimular el debate, y no representan

(4)

Resúmen ejecutivo

5

Introducción

8

Sección I. El conflicto colombiano, sus costos sociales e impactos

sobre la empresa privada

15

Sección II. Estrategias de acción empresarial

23

Sección III. Mecanismos de vinculación empresarial en Colombia

37

1. Programas regionales de desarrollo y paz

39

2. Programas y actividades de las agencias de las Naciones Unidas

48

3. Apoyo empresarial a las poblaciones vulnerables

60

Compendio de recomendaciones

66

Apéndice I. Impacto del apoyo de ISA a Redprodepaz

69

Apéndice II. Modelo de una política de derechos humanos

71

Lectura recomendada

76

Agradecimientos

78

Perfiles de las organizaciones

79

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Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia:una agenda para las empresas

4

Figura 1. Costos del conflicto p.16

Figura 2. Modelo de esferas de influencia –

impacto e influencia de las empresas p.25 Figura 3. Impacto e influencia de las empresas –

ejemplos de acción p.26

Figura 4. Estrategias para la responsabilidad empresarial p.28 Figura 5. Ingredientes de una estrategia empresarial

que comprenda temas de conflicto

y derechos humanos p.30

Figura 6. Alcance de Redprodepaz en Colombia p.40 Figura 7. Formas de vinculación empresarial con

los Programas Regionales de Desarrollo y Paz p.46 Figura 8. Hacia una agenda común: las Naciones

Unidas y las empresas p.49

Figura 9. Formas de vinculación empresarial con el

sistema de las Naciones Unidas en Colombia p.56 Figura 10. Perspectivas sobre las Naciones Unidas

como aliado – I p.59

Figura 11. Perspectivas sobre las Naciones Unidas

como aliado – II p.59

Figura 12. Formas de vinculación empresarial para

apoyar a las poblaciones vulnerables p.65

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D

esarrollo, paz y derechos humanos en Colombia: una agenda para las empresasreúne ideas de vanguardia y ejemplos de otros países que, en combinación con iniciativas pioneras en Colombia, demuestran cómo las empresas pueden trabajar en alianza con otros grupos de interés para crear las condiciones necesarias para una paz y prosperidad duraderas.

Colombia es un país rico en recursos naturales y capital humano y goza de un prospecto económico favorable. También es un país que enfrenta desafíos sociales y económicos significativos, muchos de los cuales se han acrecentado a causa del actual conflicto armado. Este reporte se enfoca en el rol que las empresas pueden jugar para ayudar a mitigar el impacto del conflicto en las poblaciones vulnerables y excluidas de la sociedad; y en la forma en que pueden organizarse y alinear sus prácticas de negocios con el civismo empresarial y con la vinculación en la formulación de políticas públicas para promover los derechos humanos, la paz y el desarrollo.

El conflicto colombiano, sus costos sociales e impactos sobre la

empresa privada

En Colombia existen grandes desigualdades sociales; aproximadamente 50% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. El conflicto armado contribuye a dichas desigualdades e impacta de manera negativa las vidas diarias de muchos, a pesar del progreso en la situación de seguridad que se ha logrado recientemente.

La comunidad afrocolombiana –una quinta parte de la población- vive en su mayoría en la pobreza absoluta, y con frecuencia es víctima de ataques por parte de los grupos paramilitares y guerrilleros. Los niños pobres han sido afectados desproporcionalmente por el conflicto, siendo objeto de asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzosas, violaciones y tortura; miles de niños de comunidades pobres del campo también son reclutados como combatientes. El conflicto ha causado el desplazamiento de alrededor de 2.5 millones de personas; familias enteras han tenido que huir de sus hogares, muchos congregándose en las afueras de pueblos y ciudades, impactando los ya sobrecargados sistemas de servicios públicos.

Esta combinación de pobreza y necesidades básicas insatisfechas en las poblaciones vulnerables aumenta la criminalidad entre jóvenes y los vuelve

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Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia:una agenda para las empresas

6

susceptibles al reclutamiento de grupos armados o a las drogas ilícitas. Esto a su vez ayuda a perpetuar el conflicto.

Colombia es también el país más peligroso en el mundo para los sindicalistas. Además del impacto devastador en términos de muertes y familias afectadas, las relaciones entre empleados y empleadores son menoscabadas, añadiendo barreras a los esfuerzos de construir relaciones mutuamente beneficiosas entre empresarios y trabajadores.

La pobreza y las consecuencias sociales del conflicto conllevan un precio humano muy alto y le añaden costos significativos a quienes hacen negocios en Colombia. Las áreas de dichos costos incluyen, entre otras: requerimientos de seguridad adicionales, altas primas por pólizas de seguros, pérdidas materiales por la destrucción de propiedad; altos costos de bienes de capital; baja productividad; gastos por litigios; costos de oportunidad generados por una producción suspendida, y mercados perdidos o sin explorar. En general se calcula que el impacto económico directo del conflicto corresponde a entre el 1.5% y 4.5% del PIB anual. Esto constituye un justificación de negocio “business case” muy claro para que las empresas ayudar a mitigar el impacto del conflicto mediante su acción.

Estrategias para la acción empresarial

Muchas compañías tienen la tradición de brindar apoyo filantrópico a los menos favorecidos y más afectados por el conflicto. Sin embargo, como se puede observar en compañías que operan en países con condiciones similares a las de Colombia, existe un sinnúmero de medidas que una empresa puede tomar “más allá de la filantropía” que pueden generar beneficios tanto para la comunidad como para la empresa. El manejo profesional de las dimensiones sociales, medioambientales y éticas de la práctica empresarial hace ahora parte de una “buena gestión”, y para esto las empresas cuentan con herramientas sofisticadas y estándares

internacionales. Una empresa tiene el mayor impacto e influencia por medio de las actividades propias del negocio: en el lugar de trabajo con sus empleados, y en el mercado con sus clientes, proveedores y contratistas. Muchos grupos de interés –incluidos los medios de comunicación e

inversionistas extranjeros- tienen las más altas expectativas de las empresas en esta área, especialmente en lo que concierne al trato de los trabajadores. A su vez, como complemento del impacto logrado a través de las

actividades propias del negocio, se encuentran la inversión social, la vinculación en el diálogo sobre políticas públicas, la incidencia y la construcción de instituciones.

Entre tanto, gracias a la presión de los inversionistas y de ciudadanos conscientes, los líderes empresariales aceptan cada vez con más facilidad que los parámetros de responsabilidad y rendición de cuentas corporativas abarcan la protección de los derechos humanos y el papel que las empresas tienen en impedir o contribuir a la construcción de la paz.

Todas estas tendencias globales tienen un impacto en Colombia, en donde su importancia no podría ser más crucial.

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y desean adoptar buenas prácticas pueden hacer uso del modelo de ‘esferas de influencia’ (página 25) para evaluar el impacto e influencia de la

empresa en la sociedad y sus grupos de interés más importantes. Esto resalta la idea de que las políticas y prácticas empresariales pueden ser transformadas para minimizar los perjuicios y maximizar el impacto positivo. También ayuda a identificar temas que podrían contar con el apoyo de las alianzas entre una empresa y otra compañía, la sociedad civil o las autoridades públicas. La ventaja de este enfoque está en que los

recursos y las capacidades de fuentes diversas pueden sumarse para hacerle frente a los retos sociales y económicos sistémicos. En Colombia este esfuerzo requiere de medidas de construcción de confianza adicionales, en vista de los altos niveles de desconfianza que existen entre muchos grupos. Las compañías que operan en situaciones de conflicto están expuestas a riesgos y oportunidades particulares: el riesgo de ser vistas como si estuvieran beneficiándose, ayudando a financiar o sosteniendo el conflicto mediante sus acciones; acusaciones de complicidad; impactos negativos del efecto “honey pot” que ocurre cuando una gran inversión en un sitio remoto atrae un alto número de trabajadores de otras áreas que buscan beneficiarse de la riqueza generada por la extracción de recursos naturales o el desarrollo de infraestructura; el manejo de sus convenios y medidas de seguridad y su respectivo impacto en las comunidades locales; su posible involucramiento en actividades criminales; el manejo de ayudas de tipo humanitario; la vinculación con procesos de construcción de paz; y la garantía de transparencia y rendición de cuentas. Las empresas pueden tomar medidas de precaución para reducir la vulnerabilidad que emana de estos riesgos.

Mecanismos de vinculación empresarial en Colombia

Las empresas domésticas y las multinacionales con operaciones en Colombia están llamadas a tomar una postura proactiva para ayudar a mitigar el impacto del conflicto, apoyar los esfuerzos de ayuda humanitaria y los derechos humanos, y contribuir a un desarrollo social y económico más equitativo. Existe un número de mecanismos, programas y proyectos alrededor del país que comparten los mismos objetivos y que se podrían beneficiar de la vinculación empresarial. Estos incluyen iniciativas regionales de paz y desarrollo como las de Redprodepaz, los Laboratorios de Paz de la Unión Europea, y los programas y actividades de las Naciones Unidas, entre ellas los oficios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados; y el Pacto Global de las Naciones Unidas. Cada una de estas actividades tiene necesidades específicas que las empresas pueden ayudar a cubrir, ayudándoles a trabajar de una manera más efectiva y eficiente. En algunos casos, estas instituciones multilaterales o de la sociedad civil necesitan respaldo para fortalecer sus propias capacidades y poder trabajar con la comunidad empresarial. Además, existen ejemplos de programas empresariales diseñados para ayudar a poblaciones vulnerables que otras compañías podrían replicar, o que podrían beneficiarse de la vinculación de más de una empresa y de la “acción colectiva”.

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8

C

olombia es un país rico en recursos naturales, riqueza mineral, tierra productiva, biodiversidad, capacidad hidroeléctrica y herencia cultural. Con estos valores intrínsecos a su favor y a pesar de la volatidad externa, durante los últimos cinco años la economía del país ha proyectado un crecimiento impulsado por un sector empresarial doméstico fuerte y unas políticas que han atraído la inversión extranjera, la cual a su vez se ha beneficiado del

mejoramiento en la situación de seguridad interna. Mirando hacia adelante, el prospecto de crecimiento sostenido es favorable.

En un país del tamaño y la complejidad de Colombia, aún quedan desafíos significativos de tipo social y económico caracterizados por grandes

desigualdades en el acceso a oportunidades y recursos. Muchos de ellos son el resultado del conflicto armado y de un legado de décadas de tensiones sociales, y obstaculizan las posibilidades de desarrollar el potencial del país y su gente.

Un gran porcentaje de la población del país vive bajo el umbral de la pobreza, y muchos colombianos –aproximadamente 2.5 millones- han sido desplazados de sus comunidades de origen a causa del conflicto. Las poblaciones desplazadas sufren de altos niveles de analfabetismo y de bajos parámetros en educación, lo cual reduce su capacidad de adaptarse y participar en actividades económicas significativas. Además, el déficit de vivienda para los desplazados propicia las invasiones de tierras, daños ambientales y el uso ilícito de electricidad, agua y otros servicios esenciales en la periferia de los sectores urbanos.

La combinación de pobreza con necesidades básicas insatisfechas conduce a que jóvenes se inicien en actividades criminales; que algunos sean

susceptibles al reclutamiento de grupos armados y que otros incursionen en la producción o comercio de drogas ilícitas, generando así crimen común y acciones armadas. Por otro lado, muchos de quienes trabajan encuentran empleo en el sector informal, lo cual priva al país de ingresos tributarios. El conjunto de estos factores hace que algunas regiones del país sean inaccesibles a la producción, tiene un impacto negativo en el presupuesto público y desvía el dinero que podría ser mejor invertido en el desarrollo del capital humano o de infraestructura.

Si bien es cierto que un buen porcentaje de la población colombiana cuenta con un nivel de educación muy alto, también existe un problema serio de “fuga de cerebros” pues quienes logran escapar la inseguridad e

Introducción

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inestabilidad prefieren vivir en el exterior, quitándole a Colombia trabajadores calificados y emprendedores.

Aunque se ha logrado cierto progreso en la situación de seguridad,1 el país

continúa siendo el lugar más peligroso del mundo para los sindicalistas,2 el

desplazamiento de la población civil ha seguido aumentando,3 y aún reina

un “problema de impunidad endémico”4 con respecto al proceso y juicio

de los responsables de violaciones de derechos humanos.

Sin desestimar los avances positivos que se han venido realizando en Colombia, este reporte se enfoca en estos problemas actuales e investiga el papel que el sector empresarial puede jugar para contribuir a encontrar las soluciones.

Costos del conflicto

El sector empresarial continúa siendo afectado negativamente por estos problemas, que acarrean costos de seguridad y de pólizas muy elevados y que impactan la productividad, ya que los empleados y las propiedades se convierten en blanco de criminales y grupos armados. Para algunas compañías el impacto está en el costo añadido en tiempo administrativo usado en procedimientos legales y en defender su reputación contra alegatos de complicidad en la agudización del conflicto o en abusos de derechos humanos. Para otras, ese impacto se traduce en un crecimiento atrofiado.

Las estadísticas indican que entre el 1.5 % y el 4.5% del PIB colombiano se pierde a causa del conflicto.5 El Banco Mundial calcula que si Colombia

hubiese logrado establecer la paz hace 20 años, el ingreso promedio de los colombianos sería un 50% más alto, y habría 2.5 millones de niños menos viviendo bajo el umbral de la pobreza.6

Mientras que el impacto directo del conflicto puede ser más visible para las compañías que operan en las regiones rurales de Colombia, la problemática es también pertinente para las compañías ubicadas en sectores urbanos. En algunas encuestas se ha hecho evidente cierta reserva por parte de algunas compañías en discutir abiertamente el impacto del conflicto en sus

operaciones, lo cual indica que el costo real puede ser aún más alto de lo que las cifras señalan.7

1 El gobierno actual reportó una reducción del 14% en homicidios, 19% en desplazamientos forzados, 42% en actos terroristas, 39% en secuestros, y 11% en el número de líderes sindicalistas asesinados (2003 comparado con el 2004) 2 International Confederation of Free Trade Unions’ 2005 Annual Survey of Trade Union Rights Violations, 2006, www.icftu.org

3 Consultoria para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Gráfico de Comportamiento del Desplazamiento 1985-2005 por año, www.codhes.org

4 Amnesty International USA, Annual Report for Colombia 2005, www.amnestyusa.org/annualreport 5 El Conflicto, Callejon con Salida, Reporte de Desarrollo Humano sobre Colombia PNUD, 2003 6 Colombia Country Brief, World Bank Group, February 2004

7 Entrevista con Universidad de los Andes, 13 de marzo del 2006

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El rol cambiante de las empresas

Pocos refutarían la afirmación de que el Gobierno colombiano, con el apoyo y asesoría de la comunidad internacional, tiene la responsabilidad

primordial de construir la paz, garantizar el Estado de Derecho, asegurar que los derechos humanos sean respetados, responder a las necesidades humanitarias y crear las condiciones necesarias para un desarrollo social y económico sostenible. De la misma manera, no muchos cuestionarían la idea de que solamente por medio de la participación activa y la

colaboración de otros sectores de la sociedad –como la Iglesia, la sociedad civil, los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores, organizaciones comunitarias o, según el enfoque de este reporte, el sector empresarial -podrá el Gobierno cumplir su papel a cabalidad.

Pero, ¿cuál es el rol que el sector empresarial puede o debe jugar para ayudar al Gobierno a cumplir su mandato en Colombia? El hecho de que los líderes empresariales sean capaces de sostener exitosamente sus empresas en Colombia es testamento de su poder de recuperación y espíritu emprendedor frente a los retos que sus pares en otros mercados encontrarían apabullantes. Sin embargo, han ocurrido cambios en las tendencias globales que abren una oportunidad para que la comunidad empresarial tenga un impacto positivo más grande que en cualquier otro momento de la historia. Esas tendencias incluyen: primero, el incremento del profesionalismo aplicado a la gestión de temas sociales y éticos en el ámbito corporativo, mediante la Responsabilidad Social Empresarial (RSE); segundo, la acogida por parte de un número significativo de compañías que operan internacionalmente de una definición de responsabilidad corporativa más amplia que incluye a los derechos humanos y otros temas pertinentes; y tercero, el reconocimiento de que los retos sociales de más difícil solución pueden ser manejados a través de alianzas con otras compañias, la sociedad civil y el sector público.

Gestión profesional de las dimensiones sociales y éticas

de las prácticas empresariales

Con la rápida globalización también se tranformaron las expectativas de inversionistas, trabajadores, consumidores y gobiernos con respecto a las responsabilidades éticas, ambientales y sociales de las empresas. Esto propició un mejor entendimiento entre líderes empresariales y sus asesores con respecto a sus intereses particulares en la estabilidad social y el

desarrollo económico. Como resultado se ha dado impulso a la evolución de la RSE, por medio de la cual las empresas manejan los impactos sociales y medioambientales, al igual que sus relaciones con los grupos de interés de la sociedad.

Tradicionalmente las empresas canalizaban su apoyo a las comunidades a través de la filantropía. Por muchos años las compañías en Colombia han realizado obras benéficas y han respaldado los programas y actividades sociales que tocan las vidas de miles de personas, incluidas aquellas que han sido afectadas por el conflicto. Con frecuencia lo realizan mediante fundaciones corporativas, que cuentan una historia larga y enorgullecedora en Colombia, y que normalmente están separadas de las operaciones comerciales de la compañía.

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aspecto menor de la RSE y que en realidad es sólo mediante las actividades propias del negocio –como la producción, la manufactura, el empleo y el mercadeo- que las empresas tienen un mayor impacto en la sociedad. Cuando las actividades propias del negocio son manejadas con

responsabilidad, y luego combinadas con programas de inversión social bien estructurados y ejecutados mediante alianzas con la sociedad civil y el sector público, las empresas pueden llegar a tener un impacto significativo y permanente en el desarrollo social económico y del medio ambiente; y simultáneamente mejorar las condiciones para el crecimiento y desarrollo empresarial.

Una acogida más amplia de la responsabilidad empresarial

que abarque los derechos humanos

8

La segunda tendencia consiste en que los temas que antes eran considerados ajenos al campo de influencia y responsabilidad de las compañias han empezado a ganar aceptación y legitimidad como temas empresariales genuinos.

Tan sólo hace diez años, muchas compañias se rehusaban a reconocer que el virus del VIH/SIDA era parte de la problemática empresarial, hasta que el costo en términos de productividad y longevidad de sus empleados los forzó a revisar su posición. Hoy, muchas empresas han introducido programas que han logrado reducir exitosamente los índices de contagio y algunos proveen terapia antiretrovial a sus trabajadores y familias. De igual manera, los límites de lo que se acepta como responsabilidad corporativa se han extendido para abarcar a la cadena completa de producción y distribución -como ejemplo están las auditorias sobre las condiciones de trabajo en fábricas de zapatos y ropa a cargo de firmas de la industria textil.

Hoy, los parámetros de la responsabilidad empresarial se han transformado para abarcar temas muy pertinentes a Colombia, concretamente el papel de las empresas en la construccíon de la paz, la resolución de conflictos y los temas de seguridad y derechos humanos.9 La experiencia sobre el terreno

que las empresas han adquirido en zonas en conflicto señala que existe una relación directa entre sus operaciones de negocios, las causas del conflicto y los desafíos de crear oportunidades económicas para poblaciones vulnerables como los pobres y los desplazados; y los mecanismos para lograr la paz.

Colaboración por medio de alianzas y acción colectiva

La tercera tendencia ha sido un incremento en la buena voluntad por parte de las empresas en todo el mundo para colaborar, ya sea

independientemente o en conjunto, con otras compañías; estableciendo

8 Por “derechos humanos” los autores se refieren al espectro completo de derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Muchos de ellos estan directamente relacionados con la vida empresarial cotidiana y abarcan derechos económicos, sociales y culturales (ej: derechos laborales como el derecho a no ser discriminado, a recibir un salario justo, a trabajar en condiciones de seguridad y libertad de formar sindicatos; y derechos de desarrollo como lo son el derecho a la educación y a la salud), al igual que derechos civiles y políticos (ej: Libertad del trabajo infantil o forzado, derechos de minorías, libertad de no ser discriminado, derecho a la privacidad y protección de la tortura y del trato degradante o inhumano)

9 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Interim Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprisesdel 2006 encontró que según resultados preliminares, 80 de las 500 compañias más prestigiosas Fortune 500, que respondieron antes de la publicación del reporte, 8 de cada 10 reportaron tener principios de práctica gerencial muy explícitos con respecto a la dimensión de derechos humanos en sus operaciones.

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Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia:una agenda para las empresas

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alianzas con organismos multilaterales como la ONU, el Banco Mundial, la Unión Europea y el sector público, así como con grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales (ONG), para lograr objetivos comunes y mutuamente benéficos.

De igual manera, entre muchas ONG nacionales e internacionales y agencias donantes de vanguardia ha tomado fuerza la noción de que la inversión del sector empresarial representa una cantidad de beneficios como la tecnología, la capacitación, el empleo y el acceso a mercados que no son competencias centrales de las comunidades en desarrollo; pero que pueden ser utilizados como fuente de apoyo para cubrir las necesidades de desarrollo y de derechos humanos. Si bien se reservan el derecho a mantener su postura crítica con respecto a las malas prácticas

empresariales pasadas o futuras, muchos grupos de la sociedad civil y agencias donantes hoy toman una actitud más pragmática y menos

polémica en relación a las empresas. A nivel global, este lento desmonte de sospechas mutuas de vieja data, abre camino a las alianzas entre diferentes sectores y a las iniciativas de colaboración entre las empresas, para tratar los problemas estructurales que apuntalan y agravan el conflicto en situaciones como la de Colombia.

Estructura del reporte

Este reporte esta organizado en tres secciones principales:

La sección I esboza el contexto colombiano con un resumen de algunos de los desafíos claves de tipo social, económico y de desarrollo que afectan al país, y que son el producto, o que han sido agravados por el conflicto. Concretamente, se enfoca en las necesidades críticas de los desplazados internos, los niños afectados por el conflicto, la gran población étnica colombiana, los sindicalistas, y las consecuencias de la violencia común. La sección IIpresenta el trasfondo del cambio de expectativas y tendencias con respecto a la responsabilidad empresarial en todo el mundo; introduce un marco que cualquier empresa puede usar para evaluar sus impactos mediante las actividades propias del negocio, la inversión social y el diálogo sobre políticas públicas; ilustra cómo aplicar este marco en el contexto colombiano; describe cómo algunas empresas están tomando medidas que aseguran el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales, por ejemplo en el mejoramiento de condiciones de trabajo; enfatiza la necesidad de que las empresas eviten ser cómplices en las violaciones de derechos civiles y políticos, como en ejecuciones extrajudiciales, tortura,

desapariciones forzosas, violencia contra la mujer, discriminación racial y detenciones arbitrarias. Finalmente, describe un número de iniciativas que ayudan a que las empresas puedan respaldar la protección de los derechos sociales, económicos y culturales básicos, como el derecho a la igualdad de retribución por el trabajo, el derecho a la libertad de afiliación y a la negociación colectiva, el derecho a condiciones de vida adecuadas y el derecho a la educación.

(14)

la protección de los derechos humanos; simplemente que en la actualidad, el respeto por los derechos humanos se percibe como una parte integral de las prácticas empresariales responsables, que es de crítica importancia para las empresas que operan en zonas en conflicto, en donde la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario es común, o en donde existe un clima de impunidad. También reporta cómo las empresas están desarrollando prácticas de gestión sensibles al conflicto y

contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones del Estado, así como a su transparencia y a la rendición pública de cuentas.

Con el propósito de estimular el debate sobre las posibles acciones empresariales, la sección IIIdescribe un número de mecanismos e

instituciones que trabajan en Colombia construyendo paz, promoviendo los derechos humanos, fomentando el desarrollo económico y cubriendo las necesidades humanitarias. Los autores consideran que estas actividades podrían beneficiarse de la participación empresarial individual o colectiva. Los ejemplos presentados incluyen varios programas locales de paz y desarrollo, actividades empresariales dirigidas a las poblaciones

vulnerables, y varios oficios de las Naciones Unidas. No se pretende que esta sea una fórmula o lista exhaustiva, sino una ilustración de la clase de actividades mediante las cuales compañias colombianas e internacionales en Colombia podrían vincularse a la promoción de la paz, los derechos humanos y el desarrollo.

El reporte finaliza con un compendio de recomendaciones para los líderes empresariales con puntos claves de acción para su vinculación mediante las actividades propias del negocio, la inversión social y el diálogo sobre políticas públicas, acciones que los autores consideran útiles para que las empresas maximicen su contribución al desarrollo social y económico actual del país. Por supuesto, para que el aporte de las empresas sea eficaz, los líderes de los sindicatos, la sociedad civil y el Gobierno tienen que cumplir su papel de igual manera.

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Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia:una agenda para las empresas

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Sección I.

El conflicto colombiano, sus

costos sociales e impactos

sobre la empresa privada

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Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia:una agenda para las empresas

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C

olombia ha tenido un buen rendimiento durante los últimos cinco años a comparación de otros paises latinoamericanos en términos de los indicadores claves del desarrollo económico.10

En general, la estabilidad política y las bases económicas sólidas le han permitido al país recuperarse de la caída de finales de los 90. Hoy, la economía continúa creciendo con el impulso de los flujos de

inversión extranjera directa, provinientes principalmente de Norteamérica y Europa, en los sectores que históricamente han recibido atención, como la minería y el petróleo, y actualmente también en los servicios finacieros y de manufactura. Se han logrado avances en las negociaciones de tratados de libre comercio. El ambiente macroeconómico ha mejorado con índices de inflación de un solo dígito y tasas de interés decrecientes. El progreso de la situación fiscal ha estado acompañado a su vez por una mayor confianza dentro la comunidad empresarial con respecto a una gama de indicadores que abarcan desde el crecimiento empresarial hasta temas de seguridad. Los niveles de desempleo continúan disminuyendo mientras que la industria y el comercio invierten en el futuro.11

Sin embargo, esta imagen positiva enmascara las profundas dificultades de tipo social y económico para muchos colombianos que no han tenido la oportunidad de disfrutar de los beneficios de la recuperación, que son excluídos de las actividades económicas del país, y, con demasiada frecuencia, de una red de protección social adecuada. Los niveles de pobreza y desigualdad en Colombia son enormes –se calcula que casi la mitad de la población vive en el umbral de la pobreza.12

Las causas de esta trágica situación son complejas, pero el conflicto complica los problemas y además le suma costos al resto de la sociedad colombiana. De acuerdo a algunas fuentes, el costo del actual conflicto armado para la economía colombiana ha aumentado del 3.9% de PIB en 1997 al 5.8% de PIB en el 2002.13 Las Naciones Unidas calculan que el impacto del conflicto

en el PIB de Colombia está entre el 1.5% y el 4.5%, dependiendo de la metodología.14

La figura 1 muestra un análisis de las diferentes áreas afectadas por el conflicto desde el 2002. Esto no incluye los gastos de infraestructura militar o el costo de los daños a la salud pública, el medio

ambiente y el sector de pólizas; ni los costos relacionados con la fuga de capital humano al extranjero y la descomposición de las relaciones comunitarias.

El impacto de las acciones de los grupos armados ilegales va más alla de la población civil. Las empresas son también blanco de los paramilitares y guerrilleros, quienes acosan y en ocasiones asesinan miembros de su personal, secuestran trabajadores con fines extorsivos, y exigen un pago a cambio de “protección.” En algunos casos de alto perfil, organizaciones de la sociedad civil colombiana y miembros de la comunidad internacional han acusado a empresas de estar relacionadas con dichos grupos armados, lo cual

Figura 1. Costos del conflicto (2002)

15

• costos relacionados con la pérdida de vidas

0.8%

• atención a la población desplazada

8.4%

• pérdida de inversión extranjera

25.3%

• pérdidas industriales

(excluido el sector petrolero)

38.1%

• robo y extorsión

9.0%

• pérdidas en el sector petrolero, incluidos los

ataques contra los oleoductos

10.5%

• pérdidas en agricultura

7.6%

• pérdidas en infraestructura (energía eléctrica,

vías ferreas y fluviales)

2.0%

(18)

ha causado un gran daño a su reputación internacional.

Es claro que las tasas de crecimiento económico y prosperidad para todos los colombianos en el futuro están conectadas inexorablemente con la forma en cómo se reintegren los individuos aislados económica y socialmente a la sociedad, cómo se logre la paz y cómo se manejen las consecuencias del conflicto. El sector empresarial es el principal motor para ese crecimiento y desarrollo, así como también su principal beneficiario. Existe una “justificación de negocio” (business case) muy clara para la vinculación de la comunidad empresarial en los retos sociales y de

desarrollo del país, teniendo en cuenta que éstos continúan obstaculizando el progreso y la prosperidad.

En las siguientes páginas se presenta una muestra representativa de los grupos pertenecientes a la población excluída o marginada que más han sido afectados por el conflicto, junto con algunas observaciones que explican por qué, además del argumento moral, este asunto concierne a las empresas. El buen camino por el cual va el país en este momento es una oportunidad para usar las ganancias de una industria y una economía de servicios en crecimiento en la consolidación de una sociedad más inclusiva social y económicamente. El riesgo, de no aprovecharse esta oportunidad, es que las ganancias de los últimos años se reduzcan, ya que la inestabilidad y el deterioro de las condiciones de vida podrían contribuir al sostenimiento del conflicto.

Poblaciones desplazadas

Segun las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el acumulado total de personas desplazadas internamente (conocidas internacionalmente como IDPs) en Colombia en los últimos 15 años ha superado los 2.5 millones16- cifra que solamente

sobrepasa el problema de desplazamiento en Sudán.17Tanto grupos

guerrilleros como paramilitares continúan desplazando poblaciones18a

pesar del proceso de desmovilización de fuerzas paramilitares en curso.19

Muchas de las personas desplazadas se ven atrapadas simplemente en “el lugar equivocado, en el momento equivocado”, mientras que otras son blanco de grupos armados que las califican de simpatizantes del grupo armado opuesto. Con frecuencia, después de ser expulsados, estos individuos son marginados y estigmatizados, casi todos son pobres y tienen poca capacidad

10 Colombia Sorprendente, Guía para la Inversión Extranjera 2006. Proexport Colombia 11 Presentación de ANDI, Asociación Nacional de Empresas Colombianas, octubre de 2005 12 www.cia.gov/cia/publications/factbook

13 Sistema de Información de Defensa Nacional, Se incrementó costo del conflicto armado en Colombia www.mindefensa.gov.co

14 El Conflicto, Callejon con Salida, Reporte de Desarrollo Humano sobre Colombia del PNUD 2003 15 Sistema de Información de Defensa Nacional, Se incrementó costo del conflicto armado en Colombia www.mindefensa.gov.co

16 El Conflicto, Callejon con Salida, Reporte de Desarrollo Humano sobre Colombia del PNUD 2003 17 Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2005,

Internal Displacement Monitoring Centre, 2006, www.internal-displacement.org

18 El departamento de Estado de los Estados Unidos atribuyó 55% del desplazamineto en 2002 a acciones de grupos paramilitares y 40% a grupos guerrilleros

19 U.S. Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 2005, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2006

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Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia:una agenda para las empresas

18

de soportar la violencia o hacerle frente al desplazamiento. La mayoría se congrega en áreas urbanas en donde viven en albergues improvisados en las afueras de las ciudades, con poco acceso a una adecuada alimentación, agua potable o empleo –la tasa de desempleo en las ciudades es de

aproximadamente 14%-, lo cual añade un peso extra al sistema de servicios públicos de la localidad que ya funcionan en su maxima capacidad.20

Una de cada tres familias desplazadas por la violencia está encabezada por una mujer, y más del 70% de esta población la conforman mujeres o niños.21

Mientras que el Estado colombiano22y otras ONG internacionales23

suministran servicios de emergencia a varias comunidades de IDPs, esta respuesta no es suficiente para cubrir adecuadamente las necesidades de las cantidades descomunales de personas desplazadas.24

¿Qué significa esto para las empresas en Colombia?

La pobreza, la falta de oportunidades educativas25y la descomposición de las

comunidades incitan a que algunos jóvenes desplazados por la violencia decidan trabajar con grupos armados ilegales. Según líderes indígenas del Putumayo, más de 6.000 jóvenes indígenas se han integrado a la guerrilla, mientras que otros han entrado a formar parte de las fuerzas paramilitares que, según cuentan, ofrecen 800.000 pesos (US $400) mensuales a aquellos dispuestos a combatir, lo que constituye un buen salario en Colombia.26

La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIADH) informó que las consecuencias psico-sociales del desplazamiento están acelerando la destrucción de la sociedad colombiana con el empobrecimiento de su gente, la desintegración de sus familias, la desnutrición, las enfermedades, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la deserción escolar y el crimen común.27

Los niveles de crimen y preocupación por cuestiones de seguridad han impactado a las empresas. Muchos desplazados no son capaces de pagar los servicios que usan legal o ilegalmente, y no pagan impuestos ya que la mayoría de su ingreso es informal. La proliferación de comunidades desplazadas desempleadas y sin educación limita las oportunidades

económicas para que las empresas expandan su mercado o para que suplan sus necesidades de empleados calificados.

20 U.S. Office on Colombia, Understanding Colombia, Internally Displaced People: Colombians Uprooted by Warmayo del 2003 21 Ibid

22 Por medio de Red de Solidaridad Social

23 Principalmente el Comité Internacional de la Cruz Roja

24 El fallo de la Corte Constitucional Colombiana del 22 de Enero de 2004, T-025 calificó la respuesta del Gobierno a la población de IDPs de “inconstitucional” por no cubrir las necesidades básicas de esta población

25 UNICEF calcula que tan solo el 68% de niños desplazados tienen acceso a escuelas 26 Entrevista realizada por la revista estaudinense Cultural Survival

27 U.S. Office on Colombia, The Effects of Armed Conflict on Children in Colombia, noviembre del 2004. 28 El Departamento de Estado de EE.UU. calcula que el número de niños forzados a entrar en la prostitución se encuentra entre 20.000 y 35.000; de ellos, entre 5.000 a 10.000 niñas y 1.000 niños trabajan en Bogotá 29 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), calcula que 30.000 niños que viven en las calles de las ciudades de Colombia son posibles objetos de ‘limpieza social’

30 U.S. Office on Colombia, The Effects of Armed Conflict on Children in Colombia, noviembre del 2004

31 Según el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas estos crímenes son cometidos con ‘amplia impunidad’ 32 Human Rights Watch, Colombia: Child Solider Use, 2003, www.hrw.org

33 U.S. Office on Colombia, The Effects of Armed Conflict on Children in Colombia,noviembre del 2004

34 Watchlist on Children and Armed Conflict, Colombia: The War on Children, febrero del 2004, www.watchlist.org 35 The Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2004

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Los niños afectados por el conflicto

En las ciudades más grandes de Colombia, la mezcla de pobreza, guerra urbana, conflicto armado, tráfico sexual de personas,28comercio de drogas

ilícitas y “limpieza social”,29ha afectado adversamente las oportunidades

para la juventud pobre.30Los niños en Colombia son víctimas frecuentes de

ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzosas.31

Se calcula que Colombia tiene por lo menos 11.000 niños combatientes.32Los

niños pobres que viven en el campo corren el mayor riesgo de ser reclutados forzosamente por los grupos armados.33Adicionalmente, las fuerzas guerrilleras

y paramilitares usan violencia sexual y violaciones sistemáticas contra las niñas.34

¿Qué significa esto para las empresas en Colombia?

Las consecuencias a largo plazo de la situación precaria que vive la juventud para la economía colombiana son difíciles de calcular. La falta de educación, servicios de salud y los impactos psicológicos son muy

preocupantes y pueden representar un obstáculo sustancial para el desarrollo social y económico. Los niños que no vean otra alternativa continuarán siendo presa de las oportunidades de criminales que les ofrece el conflicto, lo cual implica que los impuestos de las empresas seguirán siendo invertidos en el control del desorden social o sus consecuencias, en lugar de en bienes públicos positivos.

El sector empresarial puede verse forzado a dedicarle recursos a la educación correctiva y entrenamiento para garantizar un personal

competente, ya que muchos de los niños de educación limitada no tendrán suficientes destrezas para integrarse a la fuerza laboral.

Minorias étnicas

La comunidad afrocolombiana constituye el grupo minoritario más grande en Colombia con un 20%-25% del total de la población.35El 80% de los

afrocolombianos viven en condiciones de pobreza extrema,36a menudo en

regiones extremadamente conflictivas del país. Como resultado, más de la tercera parte de los desplazados por la violencia son afrocolombianos. De igual manera, las comunidades indígenas han sufrido de un incremento en los índices de asesinatos, detenciones, secuestros y desplazamiento.37

La situación de los grupos étnicos se empeora progresiva y sistemáticamente a medida que el conflicto se incrementa;38tanto paramilitares como

guerrilleros realizan ataques con cierta regularidad en las comunidades indígenas y afrocolombianas para controlar las rutas del tráfico de armas y de drogas, y también para extender su control territorial.39Esto resulta en

masacres, tomas ilegales de propiedades, desapariciones y reclutamientos forzados40y conduce al diezmo de las comunidades indígenas.41

36 Ibid

37 Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en U.S. Department of State, Country Report on Human Rights Practices for 2005, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2006

38 The Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2004 39 U.S. Office on Colombia, Colombian Indigenous Communities: Struggling for Survival, noviembre del 2004 40 Ibid

41 Según la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, menos del 50% de los 52 grupos étnicos del Amazonas Colombiano tienen una población mayor a las 500 personas, únicamente el 28% tiene una población que supere los 1,000 y solo el 10% cuenta con una población de más de 5,000

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Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia:una agenda para las empresas

20

Los afrocolombianos constituyen el 75% de la población costera de la Costa Pacífica, una región que históricamente ha padecido niveles de inversión estatal muy bajos.42A pesar de que la Constitución colombiana protege la

diversidad étnica y cultural y reconoce formalmente las tierras indígenas y afrocolombianas, en la práctica, las políticas públicas no logran proteger adecuadamente a estas dos minorías.

¿Qué significa esto para las empresas en Colombia?

La población afrocolombiana e indígena conforma por lo menos el 25% de la población de Colombia. La apremiante situación socioeconómica de esta “amplia minoría” impide que el país salga del octavo lugar en América Latina en términos del Indice de Desarrollo Humano y se ubique cerca a países más desarrollados.43 Las difíciles condiciones bajo las que viven actualmente, impiden este desarrollo y generan un incremento en los niveles de inseguridad para la población colombiana entera. Los bajos niveles de ingreso por persona entre la población afrocolombiana representan un costo de oportunidad para las empresas colombianas, quienes ayudan a pagar los servicios sociales en lugar de disfrutar de una base de millones de clientes potenciales.

Sindicalistas

Colombia continúa siendo el país más peligroso para los miembros de los sindicatos. 70 de los 115 sindicalistas asesinados en el mundo en el 2005 eran colombianos44; en el mismo año, 260 más recibieron amenazas de

muerte y las últimas cifras gubernamentales reportaron el asesinato de 40 líderes sindicalistas en el 2004.45En octubre del 2005, una misión de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportó que miembros y funcionarios de los sindicatos continuaban siendo blanco de grupos armados ilegales, y que los niveles de impunidad seguían siendo muy altos entre los responsables de dichos crímenes. De la misma manera, el número de mujeres víctimas de violencia anti-sindicalista continúa creciendo.46

La OIT ha respondido a esta preocupante situación anunciando que establecerá una presencia permanente en Colombia, la cual se enfocará en la promoción de mejores condiciones de trabajo, y la protección de los derechos laborales fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad de afiliación y expresión, a la negociación colectiva y a la libertad de empresa47.

¿Qué significa esto para las empresas en Colombia?

El acoso permanente, la intimidación y el asesinato de miembros sindicalistas a manos de grupos armados ilegales en Colombia continúa siendo un tema de gran preocupación para el gremio de trabajadores y en algunas ocasiones fuente de tensión entre sindicatos y empleadores. Estos últimos deben esforzarse para reconocer los derechos de sus empleados a la libertad de asociación y la negociación colectiva y hacer todo lo posible por proteger a sus empleados de este tipo de violencia, colaborando con el

42 U.S. Office on Colombia, The Impact of War on Afro-Colombians: A Community Under Siege, julio del 2004 43 Human Development Report 2004, United Nations

44 International Confederation of Free Trade Unions’ 2005 Annual Survey of Trade Union Rights Violations, junio del 2006 http://www.icftu.org

45 http://www.vicepresidencia.gov.co 46 Ibid

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Gobierno, sindicatos y la comunidad internacional para asegurar que los niveles de violencia disminuyan. Los sindicatos también tienen un papel importante a jugar en el trabajo conjunto con los empleadores, buscando disfrutar de relaciones laborales mejores y más constructivas a futuro.

Violencia común

Aunque es muy difícil diferenciar con exactitud la violencia “relacionada con el conflicto” de la violencia “común”, dado que ambas convergen, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula que entre el 15% y el 27% de los homicidios en Colombia son el resultado del conflicto y que el 70-85% restante se deben a la “violencia común”.48La

tasa de homicidios en Colombia es una de las más altas en el mundo, oscilando entre 45 y 65 muertes por 100.000 habitantes durante los últimos 10 años,49comparada con 5.6 por 100.000 habitantes en los

Estados Unidos50o 1.5 en Inglaterra y Gales.51En el 2001, la tasa en

Colombia alcanzó 65 homicidios por 100.000 habitantes, la más alta en todo el mundo.52Los índices de otros crímenes como los asaltos y robos

también son extremadamente altos. No obstante, las cifras de secuestros han disminuido: en el 2005 se reportaron 369 casos, lo cual indica una reducción del 50% con relación al año anterior.

¿Qué significa esto para las empresas en Colombia?

Las consecuencias a largo plazo de los altos niveles de violencia son significativas; crímenes como el secuestro tienen un impacto psicológico particular en la clase media. Muchos han preferido buscar oportunidades en el extranjero que continuar viviendo bajo circunstancias tan difíciles. Según las autoridades de inmigración (DAS), 1.6 millones de colombia nos salieron permanentemente del país entre 1996 y el 2003; el Ministerio de Relaciones Exteriores calcula que 4.2 millones de Colombianos,

aproximadamente 1 de cada 10, viven en el extranjero, entre ellos 2 millones con domicilio en los Estados Unidos.53

Los costos de seguridad en los que incurren las empresas para proteger a su personal, propiedad y bienes de capital son una carga adicional significativa y pueden convertirse en un impedimento para el establecimiento o expansión de sus operaciones comerciales. Recursos que podrían ser invertidos en innovación y mercadeo se desvían para mantener y proteger el status quo. Además la contínua “fuga de cerebros” priva al país del potencial económico de algunos de los colombianos más talentosos, justo cuando más se requiere de la inteligencia de este capital humano para la economía.

47 Public Services International press lease, 13 de junio del 2006 ‘Historic Agreement Signed at the ILO’ 48 El Conflicto, Callejon con Salida, Reporte de Desarrollo Humano sobre Colombia PNUD, 2003

49 En 1997, 63 muertes por 10.000 habitantes; 1998, 56; 1999, 59; 2000, 63; 2001, 65; 2002, 66; 2003 51; 2004 44; Estadísticas del Ministerio Nacional de Defensa (MDN), la Policía Nacional, ANDI y el Reporte de Desarrollo Humano sobre Colombia 2003 del PNUD

50 En el 2002, U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, www.ojp.usdoj.gov/bjs/ 51 En el 2000, U.K. Home Office, International Comparisons of Criminal Statistics 2000, www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/hosb502.pdf

52 El Conflicto, Callejon con Salida, Reporte de Desarrollo Humano 2003 del PNUD

53 Immigration Information Resource, Myriam Berube, Colombia: In the Crossfire, noviembre del 2005

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Sección II.

Estrategias de acción empresarial

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Desarrollo, paz y derechos humanos en Colombia:una agenda para las empresas

24

L

a sección I presentó un breve resumen sobre los retos sociales y económicos que enfrentan ciertos sectores de la sociedad colombiana. La sección II se concentra en la posibilidad de una respuesta corporativa.

¿Cómo pueden las empresas optimizar el aporte que hacen para la

resolución de estos desafíos y simultáneamente mantener su competitividad en un ambiente de operaciones inestable y en ocasiones hostil? ¿Qué papel pueden jugar con relación a la protección de los derechos humanos y a la promoción de la paz? ¿Cómo pueden establecer confianza, capital social y humano? ¿Cómo manejan las amenazas y riesgos concretos? ¿Cómo pueden los líderes empresariales tener un papel activo en la creación de esfuerzos de colaboración que conduzcan tanto al beneficio social como al desarrollo del sector empresarial? ¿Cómo consolidan la tradición filantrópica para acoger la práctica de vanguardia de responsabilidad empresarial? ¿Cómo pueden romper las barreras mutuas que han existido por mucho tiempo con las organizaciones de la sociedad civil?

Existen varias etapas concretas que cualquier empresa puede seguir paso a paso para responder estas preguntas. Entre ellas están: evaluar el impacto y la influencia que la empresa tiene sobre la sociedad y sus grupos de interés principales; considerar cambios en sus políticas y prácticas para minimizar el daño que puedan generar sus operaciones; y explorar formas de

organizar sus operaciones para ayudar a crear valor social agregado. Esta última etapa puede requerir la acogida de las mejores prácticas

internacionales que van más alla de la filantropía y que exigen el trabajo en alianzas con organizaciones de la sociedad civil o agencias internacionales para lograr el máximo impacto.

Entendiendo el impacto empresarial y su influencia

Una herramienta útil para que las empresas logren discernir y compreder su impacto e influencia en la sociedad es el modelo de esferas de influencia.54La

compañía tiene la mayor cantidad de control directo y puede ejercer la influencia más fuerte en el centro del modelo, específicamente mediante las actividades propias del negocio: en el lugar de trabajo con sus empleados y en el mercado con sus clientes, proveedores y contratistas. Muchos grupos de interés –incluidos los medios de comunicación y los inversionistas internacionales-tienen las más altas expectativas en esta área de impacto e influencia empresarial, en especial en lo que concierne al trato de los trabajadores. La segunda esfera corresponde a las comunidades y organizaciones asociadas. En esta, la inversión social y las actividades filantrópicas son el enfoque común. El área más externa tiene que ver con su influencia en los diálogos sobre políticas públicas, activismo y construcción de instituciones, así como con los marcos facilitadores a nivel local, nacional e internacional.

Esta herramienta puede ser utilizada en contextos diversos. La figura 2 ilustra el modelo de esferas de influencia con ideas genéricas adaptadas a las exigencias en Colombia, con énfasis en los elementos pertinentes al manejo de los impactos humanitarios en conflictos prolongados, la protección de los derechos humanos y el compromiso con la paz en tanto proceso. El modelo

54 Originalmente desarrollado por Jane Nelson, IBLF

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Figura 2. Modelo de esferas de influencia – impacto e influencia de las empresas

Actividades propias del negocio

En el sitio de trabajo, en el mercado, con cadenas de proveedores y contratistas de seguridad (es decir las actividades de la empresa para conseguir, producir y distribuir sus productos y servicios).

• Generando ingresos e inversión – a través de salarios, impuestos, dividendos, derechos de regalias, pago oportuno a los proveedores, divisas, etc.

• Creando empleos, especialmente para los grupos marginados – tanto dentro de la empresa como en la cadena de proveedores y minimizando el costo de las cesantías. Nuevas oportunidades para grupos vulnerables como las personas desplazadas disminuyen el riesgo de actividades violentas/ilícitas.

• Adhiriendo y difundiendo los estándares y prácticas internacionales – en los sectores de salud y manejo de seguridad industrial, reconocimiento de sindicatos, calidad laboral, derechos humanos y erradicación de la corrupción – concretamente adoptando los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas (ver perfil página 29).

• Convenios de seguridad y tolerancia cero con la actividad armada – cumpliendo con los estándares internacionales en derechos humanos que regulan las relaciones con la seguridad pública y privada, y evitando ser involucrados en el conflicto por medio de una política de tolerancia cero con todos los grupos armados.

• Desarrollando sus recursos humanos –apoyando el entrenamiento, la capacitación y la salud en el lugar de trabajo al igual que a lo largo del cadena de proveedores ; • Promoviendo la comprensión y la tolerancia inter-étnica

por medio de la diversidad en el lugar de trabajo –por ejemplo, empleando miembros de grupos de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.

• Analizando sus riesgos y monitoreando sus impactos –por medio de evaluaciones sobre el impacto en el conflicto/derechos humanos previas a la inversión y mediante el monitoreo continuo de los impactos reales; • Estableciendo negocios locales – a través de projectos

conjuntos locales, enlaces de negocios y compra de materiales, especialmente con compañias domésticas pequeñas, medianas y microempresas.

• Apoyando el desarrollo de tecnologías –invirtiendo en la investigación y el desarrollo y en la transferencia de tecnología.

Inversión social y actividades filantrópicas

Las empresas pueden hacer una contribución útil a los países anfitriones y a sus comunidades mediante inversiones social y actividades filantrópicas. En este aspecto, las empresas necesitan intentar romper el ciclo de dependencia y beneficencia en lugar de perpetuarlo. Dichas actividades se pueden llevar a cabo:

• Donando dinero –por medio de regalos, subvenciones, préstamos o bienes de capital solidarios o influenciando los mecanismos para la consecución de fondos y creando estructuras de financiamiento más sostenibles en las comunidades locales.

• Haciendo donaciones en especie –ofreciendo productos y servicios en forma de donación o a costo de producción; movilizando sus competencias de negocio, motivando a sus empleados a que ofrezcan apoyo técnico, gerencial y otras asesorías y entrenamientos de manera voluntaria; o permitiendo el uso de sus instalaciones tales como los bienes de la empresa, maquinaria o redes de distribución.

• Operando con base en consultas y alianzas -creando alianzas con agencias donantes, ONG, autoridades locales, medios de comunicación y otras empresas.

• Incrementando el acceso a los servicios básicos –estableciendo soluciones económicamente viables para el suministro de agua y energía eléctrica, crédito, tecnologías de la información y servicios de salud a las comunidades pobres.

• Estableciendo infraestructura física e institucional –que abarque desde las plantas de operación y maquinaria, las telecomunicaciones y sistemas de transporte hasta las estructuras legales y financieras.

• Apoyando la capacitación comunitaria local a largo plazo – respaldando las actividades y empoderando a las organizaciones de la sociedad civil que tengan un impacto directo en la resolución de conflictos: desarrollando empresas locales, educación, programas de salud, actividades que fomenten una diversidad étnica, tolerancia y acción cívica, auxilio en situaciones de desastre, los esfuerzos dirigidos a la construcción de paz comunitaria y la reconciliación, derechos humanos y diseminación de la democracia; en lugar de sólo apoyar proyectos tradicionales de “ladrillo y cemento” o de bienestar social.

Diálogo sobre políticas públicas, incidencia y construcción de instituciones

- un marco facilitador local, nacional e internacional propicio

Las compañias individuales y o los gremios empresariales tienen una gran influencia en los diálogos sobre políticas públicas y en la toma pública de decisiones. Este proceso puede beneficiar o socavar los intereses sociales, económicos y medioambientales más amplios de los paises anfitriones y sus comunidades. Si dicho compromiso se lleva a cabo de manera representativa, transparente y ética, puede contribuir a:

• Crear un ambiente propicio para la empresa privada y la inversión. • Promover prácticas empresariales éticas.

• Respaldar la buena gobernabilidad – administración pública, rendición pública de cuentas, apertura social, mejoramiento de los estándares y capacidades judiciales y de la policía.

• Contribuir a la formulación de políticas sobre temas sociales y del medio ambiente.

• Abogar por políticas que busquen reducir el conflicto y cumplir con las necesidades de desarrollo y de derechos humanos.

Las herramientas prácticas y mecanismos que las empresas pueden usar para vincularse en el establecimiento de políticas públicas e instituciones incluyen:

• Foros de liderazgo intersectorial, los cuerpos de consulta y comisiones de política pública, “think-tanks” y programas de investigación financiados con recursos de la empresa privada – idealmente todos con el propósito de intercambiar ideas y establecer confianza. • La publicidad y las campañas mediante los medios de comunicación. • Las “comisiones de paz” empresariales.

• Mecanismos de asesoría y de construcción de capacidades respaldados por el sector emprisarial –con el objetivo de usar los recursos y las capacidades empresariales para fortalecer la capacidad administrativa de los funcionarios públicos.

• Los servicios de apoyo logístico y de gestión para las negociaciones de paz o las conversaciones preliminares.

• El apoyo a programas de desarme y desmovilización.

• La participación y el compromiso empresarial con las comisiones de verdad y reconciliación.

* Marco facilitador = regulaciones, legislación, incentivos fiscales, pautas voluntarias y códigos de conducta, opinion pública, estructuras institucionales, mecanismos de financiación, investigación, formación y medios de comunicación

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