Tema 15. La España Democrática (1979-2004) 1 Los gobiernos de la UCD.
Aprobada la Constitución en referéndum por el 87,79% de los votos emitidos, el presidente de Gobierno anunciaba elecciones generales para marzo de 1979. Las elecciones generales supusieron un gran triunfo para Suárez y la UCD y el afianzamiento del PSOE. El sistema de partidos se completaba con el PCE, la nueva Coalición Democrática de Fraga y los partidos regionalistas.
1.1 El nuevo gobierno de Adolfo Suárez y el intento de golpe de Estado del 23-F
La configuración del Estado de las autonomías va a recibir un notable impulso. Ya antes de las elecciones, en septiembre de 1977, se había restablecido provisionalmente la Generalitat catalana y al honorable Josep Tarradellas como presidente. En enero y marzo de 1978, se instituyeron respectivamente el Consejo General del País Vasco y la Xunta de Galicia. En el verano de 1978, diez regiones estaban dotadas de regímenes preautonómicos. Sin embargo, el intento de encauzar la organización territorial del estado no pudo resultar más desafortunado. En febrero de 1980, al plantear el acceso de Andalucía a la autonomía con un techo de competencias inferior al de las regiones "históricas" (Cataluña, País Vasco y Galicia), se dio la sensación de querer inferir a los andaluces un agravio comparativo. El referéndum que se convocó concluyó con un desastre para el Gobierno, que debió cambiar su política autonómica; sin embargo, no pudo evitar que desde ese momento el PSOE adquiriera una clara superioridad en la región.
El período 1979-1982 se caracterizó por la fragilidad de la democracia a causa de las tensiones a que la sometieron los grupos terroristas, como ETA, y los grupos involucionistas de ideología fascista, que pretendían la reinstauración de una dictadura de carácter militar.
La actividad terrorista se había incrementado desde el inicio de la transición de la dictadura franquista a la democracia. A pesar de que las leyes de amnistía del nuevo Gobierno habían permitido la excarcelación de todas las personas condenadas por razones políticas o por delitos terroristas, ni ETA ni los GRAPO aceptaron el nuevo sistema democrático que sancionaba la Constitución. Las acciones terroristas tenían como principal objetivo la desestabilización del nuevo régimen político.
Por otra parte, grupos involucionistas de extrema derecha realizaban atentados contra entidades democráticas y culturales, y contra personas significadas por la defensa de la libertad. Asimismo, preparaban un golpe de Estado con el propósito de reinstaurar en España una dictadura militar. La prensa fascista, encabezada por el periódico El Alcázar, órgano de los ex combatientes de la Guerra Civil que dirigía el antiguo ministro de Franco, José Antonio Girón, animaba continuamente a la intervención militar.
Adolfo Suárez tuvo que dimitir el 29 de enero de 1981. Entre los factores que pueden explicar su dimisión se encuentra, por un lado, la división dentro de su propio grupo, la UCD, entre las diferentes tendencias políticas: liberales, socialdemócratas y democristianos. Circulaban las invitaciones a la sublevación entre los militares, principal punto de mira de los atentados terroristas, alarmados ante el proceso autonómico que podía poner en peligro la «unidad de la patria».
La dimisión de Adolfo Suárez fue aprovechada por un grupo de militares, en connivencia con las fuerzas de extrema derecha, para intentar un golpe de Estado. El 23 de febrero de 1981, el día que se votaba la investidura del nuevo presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, un grupo de militares y miembros de la Guardia Civil asaltó el Congreso de los Diputados. Los parlamentarios y el Gobierno quedaron secuestrados en manos de los golpistas durante más de catorce horas. El capitán general Jaime Miláns del Bosch sacó los tanques a las calles de Valencia y ocupó di versas emisoras de radio.
En el final del golpe de Estado fue decisivo el mensaje de Juan Carlos I a través de la televisión, ya de madrugada. En este mensaje, el rey desautorizaba el intento golpista y ordenaba al Ejército que respetara el orden constitucional. El resultado fue la rendición de los golpistas y la vuelta a la normalidad. La democracia, que había estado en peligro, se había salvado.
1.2 El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y las elecciones de 1982
El 25 de febrero, Calvo Sotelo es elegido presidente por mayoría absoluta y prosigue la labor legisladora: promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia, la Ley del Defensor del Pueblo, la Ley del Divorcio, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).
La política exterior del Gobierno Calvo Sotelo significó un cierto cambio de rumbo con respecto a la política neutralista mantenida por Suárez. La intención de ingresar en la OTAN tuvo lugar por un deseo de definir la política de defensa de España, hasta hora subordinada a los pactos con los Estados Unidos. Esta pretensión produjo la ruptura del consenso en política exterior. A pesar de todo, el Gobierno firmó el protocolo de adhesión a la OTAN el 9 de diciembre de 1981.
En febrero de 1982 se juzgó a 32 personas por su participación en el golpe de Estado. Cuando las sentencias del tribunal militar fueron conocidas, la opinión pública coincidió con el presidente del Gobierno considerándolas insuficientes, por lo que la causa se trasladó al Tribunal Supremo que aumentó las penas de manera considerable.
Si en los aspectos señalados anteriormente Calvo Sotelo logró cumplir su programa, en otros muchos fracasó, bien por la magnitud de la tarea o por la división del partido que le apoyaba. El Gobierno se encontró con una situación muy difícil agravada por la crisis económica y su propia fragilidad parlamentaria. Las elecciones autonómicas gallegas (octubre de 1981) y andaluzas (mayo de 1982) revelaban el declive cada vez mayor del centrismo. La UCD se descomponía y Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones.
Las elecciones de 1982 pueden considerarse como el final de la transición pues sus resultados reflejaron un auténtico terremoto electoral que abrió una época nueva destinada a durar mucho tiempo. El PSOE logró más de diez millones de votos, de los que cuatro millones y medio procedían de la abstención o de otros partidos políticos. Los socialistas consiguieron el 48% de los votos y 202 diputados, frente a los 105 de la derecha. Los resultados electorales también supusieron el afianzamiento de la nueva Alianza Popular (105 diputados), la debacle de la UCD (12 diputados) y el fracaso del PCE (4 diputados); mientras, los partidos nacionalistas moderados confirmaron su posición: CiU, 12 diputados y PNV, 8 diputados. 2 El Estado de las Autonomías.
La organización territorial del Estado español está diseñada en la Constitución de 1978 de una manera ambigua: puede evolucionar hacia un Estado federal, pero también pueden modificarse las competencias transferidas por el Estado a los entes territoriales o comunidades autónomas.
El nivel de desarrollo autonómico queda sujeto, por tanto, a la capacidad de negociación de cada comunidad autónoma y al equilibrio de fuerzas políticas de cada momento. Esta circunstancia ha llevado a los movimientos nacionalistas y regionalistas a buscar el apoyo electoral suficiente para exigir más competencias al Estado; este, por su parte, se encuentra así en un proceso de construcción permanente. En la actualidad, el Estado español es uno de los más descentralizados de Europa.
El texto constitucional establece dos vías para crear comunidades autónomas: La prevista por el artículo 151, también llamada vía rápida, que permite el acceso directo e inmediato al nivel máximo de competencias mediante la aprobación en referéndum de un Estatuto de Autonomía y la establecida por el artículo 143, conocida como vía lenta. El primer procedimiento se diseñó para las nacionalidades históricas, aunque también fue empleado en Andalucía; el segundo procedimiento fue el seguido por las demás comunidades autónomas.
Entre 1979 y 1983 se llevó a cabo el proceso de creación de las diecisiete comunidades autónomas existentes.
País Vasco y Cataluña.- El 25 de octubre de 1979 se aprobaron en referéndum los primeros Estatutos de Autonomía de Cataluña y el País Vasco. Las elecciones para constituir los parlamentos autonómicos se celebraron en ambas comunidades en 1980; en ellas ganaron partidos nacionalistas de derecha moderada. En el País Vasco, la hegemonía política correspondió al PNV, que permitió a Carlos Garaikoetxea convertirse en el primer
lendakari de la Comunidad Autónoma; sus sucesores, José Antonio Ardanza y Juan José lbarretxe (desde 1998) han incrementado la demanda de mayor autogobierno.
En Cataluña, el triunfador fue CiU, partido que llevó a la presidencia de la Generalitat de Cataluña a Jordi Pujol. Cuando este abandonó el primer plano de la política (2003), triunfó en Cataluña una coalición de izquierdas liderada por el PSC (Partit deis Socialistes de Catalunya) dirigido por Pasqual Maragall, quien se convirtió en president de Cataluña.
Galicia.- Fue la tercera región que se constituyó en Comunidad Autónoma al aprobar su Estatuto de Autonomía mediante referéndum en diciembre de 1980. Desde las primeras elecciones autonómicas (celebradas en 1981), los gallegos se han decantado por la derecha, votando a AP y a UCD, primero, y al Partido Popular (PP) heredero de ambas formaciones políticas, después.
Andalucía.- Intentó acogerse al artículo 151 de la Constitución para crear su Comunidad Autónoma, pero al chocar con la oposición de la UCD (que quería aplicar esta vía exclusivamente a las nacionalidades históricas) hubo que organizar un referéndum en febrero de 1980 para decidir si deseaban acceder a la autonomía plena mediante la vía rápida (que resultó positivo) y otro más en octubre de 1981 para aprobar el proyecto de Estatuto. Las primeras elecciones para elegir el Parlamento de Andalucía se celebraron en 1982; en ellas, el PSOE ganó por amplia mayoría y desde entonces y hasta la actualidad ha gobernado esta Comunidad Autónoma (con Manuel Chaves desde 1990).
El resto de las comunidades autónomas, hasta un total de 17, celebraron sus primeras elecciones autonómicas en mayo de 1983. La mayor parte de las autonomías han adquirido el máximo de competencias previstas, por lo que se espera que en el futuro todas ellas terminen equiparándose e incluso se acerquen al modelo del Estado federal. Todas las autonomías han optado por el diseño institucional previsto en el artículo 152 de la Constitución: una Asamblea legislativa, elegida por sufragio universal; un Consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas; un presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el rey, al que corresponde la dirección del Consejo de gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla, un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma.
A estas comunidades se añadieron en 1995 las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; ambas disponen de un Estatuto de Autonomía y de una Asamblea Parlamentaria, aunque su nivel de autogobierno es menor que el de las comunidades.
3 Los gobiernos del PSOE. 3.1 La hegemonía del PSOE
El PSOE ganó cuatro elecciones generales consecutivas (1982, 1986,1989 y 1993), y su gobierno se prolongó hasta 1996. Al llegar al poder en 1982, el PSOE se propuso realizar una política reformista en España con el objetivo de modernizar el país. Las cuatros áreas de problemas en los que va a centrar su acción el nuevo gobierno son: lucha contra la crisis económica y el paro, progreso hacia una sociedad más libre e igualitaria, reforma progresiva de la administración del estado, y presencia exterior de España.
La política económica del gobierno socialista.- Cuando los socialistas llegaron al poder se daban unas condiciones económicas pésimas: el déficit alcanzaba el 5% del PNB y la inversión seguía retrocediendo. El ajuste industrial y energético seguía pendiente y la reforma fiscal y financiera se había detenido, mientras la reforma del mercado de trabajo ni siquiera había comenzado. La política económica del gobierno socialista, protagonizada por los ministros Boyer y Solchaga, se centró en los siguientes sectores: el plan de empleo rural (PER) para aliviar la situación del paro en el campo; la creación de zonas de urgente industrialización (ZUR); el saneamiento financiero y la reconversión industrial; medidas intervencionistas como la expropiación de Rumasa, la ley de reconversión estatal y la venta de SEAT.
Esta política encontró un rechazo frontal y creciente de las centrales sindicales, pero mejoró las cifras macroeconómicas de inflación y déficit exterior. Sin embargo, la tasa de paro no sólo no descendió sino que aumentó. Esta política económica sentó las bases para el crecimiento económico posterior.
Un efecto muy positivo de la política económica socialista fue el incremento del gasto social, en especial para la creación del Estado del bienestar (obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, con la creación de un millón y medio de puestos escolares y el incremento del número de becarios en medio millón; la generalización de la sanidad pública al conjunto de la sociedad; la extensión de la seguridad social hasta las pensiones no contributivas e incremento de la cobertura por paro. El gran reto pendiente en este terreno del Estado del bienestar siguió siendo la vivienda y el paro.
Otras reformas.- Junto al ajuste económico, el gobierno emprendió reformas en diversos frentes: en educación (Ley de Reforma Universitaria; Ley Orgánica de Derecho a la Educación; Ley Orgánica General del Sistema Educativo). En el ámbito jurídico (el Código Penal, que despenaliza el aborto en tres supuestos). En la organización militar (plan de modernización y reducción de efectivos en la Ley de Plantillas; ley de criterios básicos de la defensa nacional).
La construcción del Estado de las Autonomías.- Coincidiendo con la llegada de los socialistas al poder, se produjo la implantación definitiva del Estado de las Autonomías. Hasta 1981 tan sólo se habían puesto en funcionamiento cinco Estatutos; en 1982-83 se aprobaron y pusieron en marcha otros doce, pero hubo que esperar hasta los años noventa para que el mapa autonómico se pudiera considerar concluido con la aprobación de los Estatutos de Ceuta y Melilla.
El ingreso en la OTAN y en la CEE.- La entrada de nuestro país en OTAN, la alianza militar a la que pertenecían la mayoría de los países de Europa occidental (además de Estados Unidos, Canadá y Turquía), fue objeto de una importante polémica en la opinión pública española. Gran parte de esta, sobre todo la izquierda y, en especial, el PSOE, era contraria a la participación española en alianzas internacionales porque con ella se interrumpía la tradicional neutralidad de nuestro país en política exterior. Cuando Felipe González llegó al poder, cambió de opinión y tuvo que realizar un gran esfuerzo para convencer al partido de la conveniencia de permanecer en la OTAN. Finalmente, el Gobierno socialista convocó el referéndum que había prometido, preguntando a los ciudadanos si votaban o no a favor de la permanencia (y no de la salida) de España en la OTAN. La consulta popular se celebró en marzo de 1986: un 52% de los votantes se pronunció a favor de la permanencia y un 39% se manifestó contrario. El resultado de la votación fue otro éxito personal de González. El ingreso de España en la OTAN se formalizó en mayo de 1982.
El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) se hizo efectivo a partir de 1985. En dicho año, España firmó en el Palacio de Oriente de Madrid el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas. Se ponía así fin a un largo periodo de espera que había comenzado con la solicitud de ingreso por parte del Gobierno de Franco.
España tuvo que aceptar unas condiciones que parecieron, en general, excesivamente duras: la Comunidad exigió largos "periodos transitorios" para los sectores españoles más competitivos, o para aquellos temas en los que diferentes países miembros temían las malas consecuencias del ingreso español. No obstante, el balance entre las ventajas y los inconvenientes de nuestra permanencia en la Unión Europea ha sido positivo para España.
Hoy España está presente en todos los organismos europeos y, en los años de pertenencia a las Comunidades, España ha apoyado y estimulado sistemáticamente los importantes pasos dados en el proceso de formación de la identidad política común europea: la aprobación del Acta única, en 1986, el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht), en 1993, y la ampliación de la Unión.
3.2 El declive del PSOE
A partir de 1988, el impulso reformista de la política del PSOE decayó y su política económica y social se inclinó hacia la derecha. Dentro de las propias filas socialistas se produjo cierto malestar. Además, en esta etapa empezaron a manifestarse algunos problemas.
El crecimiento económico que se vivió en España en la segunda mitad de los años ochenta implicó el enriquecimiento rápido, a veces muy llamativo, de algunos empresarios, banqueros y políticos que, generalmente, mantenían buenas relaciones con el poder. La
opinión pública interpretó que la tecnocracia y el pragmatismo habían sustituido a los ideales de emancipación propios del socialismo. Más tarde salieron a la luz casos de corrupción que afectaban directamente a altos cargos de la Administración; estos hechos provocaron la dimisión del vicepresidente Alfonso Guerra (1991).
El Gobierno aplicó una política económica de tipo neoliberal y acabó con numerosas empresas públicas (privatizando las que pertenecían al INI). Los sindicatos, que habían aceptado el ajuste económico impuesto en los ochenta, reivindicaron medidas que aumentaran el bienestar social y respetaran los derechos laborales. La UGT pasó a criticar abiertamente la política del PSOE. La consecuencia más relevante de este enfrentamiento fue la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que tuvo un enorme éxito y obligó al Gobierno a rectificar en parte su política.
El terrorismo de ETA persistió realizando atentados no solo contra representantes del Estado (militares, policías, jueces y fiscales), como había hecho hasta entonces, sino también contra etarras arrepentidos, políticos vascos no nacionalistas, empresarios y ciudadanos en general. A finales de los años ochenta aparecieron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que persiguieron a los activistas de ETA. Se extendió la sospecha de connivencia del GAL con los cuerpos policiales del Estado y con el propio Gobierno. Esta acusación y los procesos judiciales contra altos cargos del Ministerio del Interior repercutieron negativamente en la credibilidad del PSOE.
La economía sufrió una recesión tras la celebración en 1992 de la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona; (en 1993 la tasa de desempleo llegó a alcanzar un 24 %). Esta situación impidió que se utilizaran los recursos públicos en políticas sociales, lo cual perjudicó a las medidas previstas por el Gobierno, en especial en el ámbito educativo.
En la última etapa de mandato socialista salieron a la luz pública nuevos escándalos de corrupción y de abuso de poder. Aunque no todos afectaban al Gobierno, los más llamativos estaban relacionados con altos cargos del partido o de la Administración socialista. En la década de 1990, el PSOE fue acusado de financiarse de manera ilegal; la opinión pública supo que el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, así como otros altos cargos del Ministerio del Interior, y el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, se habían enriquecido aprovechándose de sus puestos de responsabilidad.
4 Los gobiernos del PP.
4.1 El primer gobierno: 1996-2000.
El declive de los gobiernos del PSOE se tradujo en su derrota electoral en 1996; esta circunstancia permitió al Partido Popular (PP), liderado por José María Aznar, acceder al poder. El triunfo se produjo por un estrecho margen, lo que obligó a gobernar con el apoyo de otros grupos (especialmente CiU). En su primera etapa en el poder, el PP desarrolló una política centrista y dialogante con grupos políticos y sociales que hasta ese momento le eran hostiles: las minorías nacionalistas (CiU y el PNV) y los sindicatos.
Las medidas adoptadas confirmaron la validez de la derecha española como una alternativa democrática. Así, facilitó la transferencia de competencias a favor de las comunidades autónomas, silenció a los líderes antinacionalistas del PP (sobre todo en Cataluña y el País Vasco), acordó algunas políticas con los sindicatos (para reformar el mercado de trabajo respetando derechos laborales) y mantuvo el poder adquisitivo de las pensiones y el equilibrio financiero de la Seguridad Social (que peligraba con una población cada vez más envejecida). Acabó incluso con el servicio militar obligatorio, iniciando el proceso (concluido en el año 2002) para establecer un Ejército profesional.
España cumplió las condiciones exigidas en el Tratado de Maastricht a costa de aplicar severas medidas de austeridad y pudo entrar en la Unión Económica y Monetaria europea adoptando, como la mayoría de los estados miembros de la UE, el euro, que se puso en circulación en enero de 2002. Además, el índice de desempleo se redujo, situándose en torno al 10%, y los tipos de interés, el déficit público y la inflación descendieron (todos se mantuvieron alrededor del 5%). El índice de crecimiento anual de la economía española fue, en general, superior al de los países de nuestro entorno.
El PP obtuvo unos avances significativos en la lucha antiterrorista a través de la desarticulación de comandos terroristas y la movilización social en el País Vasco y en el resto de España. La reacción de la sociedad fue espectacular tras el asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua (Vizcaya). Aunque ETA decretó una tregua (1998-1999), posteriormente los atentados continuaron, combinados con violencia callejera, preparados sobre todo para atemorizar a la opinión pública no nacionalista en el País Vasco. 4.2 El segundo gobierno: 2000-2004
El resultado de estos logros fue la victoria del PP en las elecciones del año 2000 por mayoría absoluta. El Gobierno, liberado de la necesidad de dialogar con los nacionalistas, los sindicatos y otras fuerzas sociales, optó más por la confrontación que por la negociación. Así sucedió, por ejemplo, con su política de recorte de derechos laborales: el Gobierno intentó modificar el subsidio de desempleo y reformar o suprimir el subsidio agrario de los trabajadores eventuales del campo (conocido como PER), relevante sobre todo en Andalucía. Este intento encontró la oposición de UGT y CC 00, que convocaron una huelga general (2002). A esta reacción sindical siguió la sustitución del ministro de Trabajo y una rectificación de la reforma laboral.
Se produjo un enfrentamiento entre el PP y diversas fuerzas políticas nacionalistas: el PNV y el BNG (en Galicia). Con CiU el enfrentamiento fue menor debido a que este grupo político necesitaba del respaldo del PP para seguir gobernando en Cataluña.
La reforma prevista en la enseñanza a través de la Ley de Calidad de la Educación (diciembre de 2002) originó numerosas protestas de docentes y alumnos que criticaron la escasez de recursos presupuestarios, la ampliación de las ayudas a la enseñanza privada, la reapertura del debate sobre la presencia de la religión en la enseñanza pública y la supresión de la LOGSE.
Se produjo un evidente alineamiento de España con la política del presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Desde la presidencia estadounidense, Bush acusó al presidente de Irak, Sadam Hussein, de no colaborar con los proyectos de desarme impulsados por la ONU y de fomentar el terrorismo internacional. La postura del Gobierno español se enfrentó con una enorme oposición popular y política que se reflejó en las manifestaciones masivas (unos tres millones de personas solo en España y más de treinta millones en todo el mundo) celebradas el 15 de febrero de 2003 contra una previsible guerra en Irak. La protesta contra la guerra no pudo impedir que, en marzo de 2003, una coalición militar formada por Estados Unidos y Gran Bretaña (con un importante apoyo diplomático y un posterior respaldo militar de España) invadiese Irak.
Cuando el segundo mandato del PP llegaba a su fin, en la mañana del 11 de marzo de 2004, España sufrió el mayor atentado terrorista de su historia: varias bombas estallaron en trenes de Cercanías situados en diferentes estaciones ferroviarias de Madrid y provocaron más de 190 muertos y miles de heridos y afectados. Pronto existieron indicios que señalaban la autoría islamista del atentado, por lo que muchos ciudadanos interpretaron que la acción terrorista era una respuesta al apoyo del PP a las políticas de Bush (Guerra de Irak). El Gobierno presidido por Aznar mantuvo, sin embargo, la tesis de que ETA había sido la autora del atentado. Este hecho despertó la indignación de parte de la opinión pública ante lo que creían una manipulación informativa gubernamental de cara a las elecciones generales que habrían de celebrarse el 14 de marzo y en las que, contra la mayoría de los pronósticos, resultó ganador el PSOE.
