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INFORME DEL AUDITOR
Al Señor Director Ejecutivo del
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Dr. Luciano A. H. DI CESARE CUIT Nº 30-52276392-2
Domicilio Legal: Corrientes 655 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En virtud de las funciones conferidas por el artículo 85 de la Constitución Nacional, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 118 de la Ley N° 24.156 y conforme lo previsto por el artículo 1° de la Ley N° 19.032, modificado por la Ley N° 25.615, la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN ha procedido a examinar los Estados Contables del INSTITUTO NACIONAL de SERVICIOS SOCIALES para JUBILADOS y PENSIONADOS (I.N.S.S.J.P.) por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, detallados en el apartado 1. siguiente.
Tales estados constituyen información preparada y emitida por la Dirección del Instituto en ejercicio de sus funciones exclusivas.
Nuestra responsabilidad consiste en emitir un dictamen sobre dichos estados contables, basado en nuestro examen de auditoría, efectuado con el alcance que se indica en el apartado 2.
1. ESTADOS CONTABLES OBJETO DE AUDITORÍA
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1.2. Estado de Recursos, Prestaciones y Gastos por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2011.
1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2011.
1.4. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2011.
1.5. Notas 1 a 22 y Anexos I a V, que forman parte integrante de los mismos.
Se exponen en segunda columna a fines comparativos los saldos que surgen de los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos, Prestaciones y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2010, que incluyen las modificaciones de los resultados de ejercicios anteriores indicadas en Nota 9, sólo en las cuentas componentes del estado de situación patrimonial. La opinión profesional sobre estos estados contables la hemos emitido con fecha 28 de octubre de 2014, siendo en ese entonces abstención de opinión por motivos similares a los detallados en 2.2. y 2.3., habiendo perdido significación las fallas de control interno y contables detectadas en el devengamiento de créditos y recursos por retenciones practicadas por la ANSES y la recuperabilidad del crédito con el Ministerio de Salud por lo indicado en Nota 20.
2. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA
2.1. Nuestro examen, excepto por lo mencionado en 2.2. a 2.4., fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría aprobadas por la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN mediante la Resolución N° 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119 inc. d) de la Ley N° 24.156, las que son compatibles con
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las aceptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución Técnica N° 7).
Estas normas nos exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para poder establecer, con razonable seguridad, que la información proporcionada por los estados contables, en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativas.
Una auditoría comprende la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la evaluación de las estimaciones importantes realizadas por la Dirección del Instituto y la revisión del cumplimiento de las normas contables profesionales de valuación y exposición vigentes en la Argentina.
2.2. Las observaciones estructurales, volcadas en nuestros informes anteriores y detalladas en los considerandos del Decreto Nº 348/03 por el cual se determinó la intervención del Instituto, continuaron durante el presente ejercicio en proceso de regularización. No obstante ello, en el curso de la auditoría, las situaciones que a continuación se detallan han generado limitaciones para el desarrollo de nuestro trabajo a los efectos de ponderar la valuación y exposición de la información presentada:
2.2.1. Sistemas de Información: dada la característica de la operatoria del Instituto que abarca toda la geografía del país, compuesta por 36 Unidades de Gestión Local y una Sede Central, que implica la emisión y movimiento de grandes volúmenes de comprobantes, nuestro análisis sobre la actividad desplegada y básicamente sobre sus gastos, se fundamentó en los sistemas informáticos que abastecen la información registrada, cuyas debilidades se describen seguidamente:
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2.2.1.1. El nuevo Sistema Interactivo de Información -SII-, que según lo referido por el Instituto fuera plenamente implementado durante el ejercicio objeto de auditoría, abarca el padrón de afiliados, el registro de prestadores, la carga de prestaciones realizadas, la distribución de cápitas y la liquidación de pagos a los prestadores. Se han detectado inconsistencias que revelan la falta de actualización del padrón de beneficiarios y errores en la carga de datos. Ello es así por cuanto se han identificado beneficiarios con doble afiliación, beneficiarios con fechas de nacimiento anteriores al año 1900, con número de CUIT o CUIL que denota errores al consignar los dígitos que lo integran (son todos cero) o beneficiarios cuyo código de sexo no se corresponde con su nombre y número de CUIL. Ello repercute en el cálculo de cápitas por prestaciones de salud (que significan más de $ 6.366 millones y 26,4% de los gastos operativos) que se determinan todos los meses y distribuyen las distintas UGL, como así también en las tasas de uso que se determinan para las distintas prácticas médicas a contratar y en la identificación de afiliados que renuncian a las prestaciones del Instituto y transfieren sus aportes a otras obras sociales ($ 685 millones).
2.2.1.2. La Unidad de Análisis y Estadística Prestacional -UAEP-, que administra el sistema SII, no procesa ni controla la liquidación por la compra de medicamentos por monto fijo (más de $ 1.962 millones durante 2011 y 8,1% de los gastos operativos) verificándose que estas adquisiciones no son controladas por otras áreas del Instituto sino que es el proveedor (la denominada “Industria Farmacéutica”) quien se encarga de controlar troqueles y recetas con la dispensa de estos medicamentos.
El resto de las adquisiciones, denominadas “medicamentos por excepción” (oncológicos, tiras reactivas, etc.), son controladas informáticamente por la UAEP a través del SII mediante la identificación de inconsistencias (afiliados dados de baja,
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precios incorrectos, medicamentos no incluidos en vademécum, etc.). No obstante, la documentación analizada demuestra que tales medicamentos se pagan en un alto porcentaje en forma anticipada, sin realizar el control médico de lo dispensado. El saldo al 31/12/2011 a favor del proveedor “Industria Farmacéutica” es de $ 961 millones, siendo el cargo a resultados de su actividad durante 2011 de $ 5.791 millones.
2.2.2. Prestaciones a Recuperar incluidas en Créditos por $ 1.058,8 millones: constituyen prestaciones alternativas a beneficiarios del Instituto, que no son atendidas por el prestador capitado original. La mayor parte de las prestaciones a recuperar corresponde a la UGL 6 – Capital Federal (por $ 765 millones aproximadamente), que durante el ejercicio 2011 se incrementaron en un 70,8% respecto del ejercicio anterior. En base a una muestra seleccionada, surge que las dificultades para recuperar prestaciones alternativas persisten, ya sea por falencias en el SII (en 24 de los 35 casos seleccionados el sistema no ha identificado al prestador original para aplicarle el débito) o por demoras en su tramitación dentro de la UGL (en 11 de 35 casos el sistema permitió identificar al prestador y aplicar el débito a su cuenta corriente, pero con una demora de entre 12 y 18 meses).
Asimismo, la circularización de saldos a acreedores prestacionales demuestra que los prestadores capitados a quienes se han practicado débitos en sus acreencias, desconocen las mermas en sus cuentas y niegan que se hayan aceptado rechazos o subprestaciones a afiliados del INSSJP.
Por otra parte, la Coordinación Ejecutiva ha establecido límites de deducción del 5% de los pagos a efectuar (llegando al 20% cuando se trata de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada) a los prestadores capitados que tengan débitos por prestaciones recuperadas (según notas CE 114/09 y 447/11), acumulándose débitos en
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las cuentas corrientes de los respectivos acreedores prestacionales. Esto ha ocasionado que por ejemplo, en el presente ejercicio el Hospital Español tenga un saldo a favor del Instituto de más de $ 50 millones, el Hospital Sirio Libanés de aproximadamente $ 31,6 millones y el Hospital de Clínicas $ 33,7 millones.
2.2.3. Deudores por Recaudación: el Instituto no cuenta con normas y procedimientos que le permitan cumplir con la fiscalización en la AFIP y en ANSES del monto recaudado en concepto de aportes y contribuciones ni de la forma en que éstos les son transferidos (art. 7º Ley N° 25.615, modificatorio del art. 9° de la Ley N° 19.032). Los ingresos recaudados dan lugar al devengamiento de Deudores por Recaudación, que al cierre ascendían a $ 2.009 millones, originados casi en su totalidad en las remesas transferidas e informadas por la AFIP y la ANSeS, y representan los importes que se percibieron en el mes de enero de 2012.
2.2.4. Acreedores por Prestaciones: el Instituto incluye en el rubro Cuentas a Pagar del Pasivo No Corriente, deudas por $ 653,6 millones (10,9% del pasivo total) alcanzadas por el proceso de consolidación de deudas previsto en la Ley Nº 25.725, destacándose que:
a) A fines del año 2013, el Instituto ha iniciado un proceso tendiente a resolver la conclusión administrativa de las solicitudes de pago en bonos que habían resultado observadas por la SIGEN. Como consecuencia de ello, se resolvió no proceder al pago de pasivos por un total de $ 180,5 millones, concluyendo las actuaciones administrativas que les dieron origen. No obstante, persisten reclamos verificados por un total de $ 276,6 millones sobre los cuales el INSSJP aún no se expidió
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administrativamente, pero que se encuentran en condiciones similares que los expedientes ya concluidos. Estos reclamos no prosperarán salvo por la eventual iniciación de reclamos judiciales, en cuyo caso deberían ser considerados en la previsión de contingencias, a partir de la presentación de las demandas respectivas.
b) La diferencia entre el pasivo consolidable y lo expuesto en a), que asciende a $ 196,5 millones, carece de un análisis individual de las cuentas corrientes sujetas a consolidación que permita identificar la razonabilidad de las obligaciones. Según el análisis de la Comisión de Consolidación de Deuda, dicha suma se justifica principalmente por reclamos resueltos en contra de los reclamantes, expedientes observados y no respondidos por los acreedores, procesos no concluidos o reclamos no “insinuados” en los términos de la ley 25.725.
c) Por último, no se ha expuesto en nota a los estados contables el estado de situación de los expedientes en trámite de consolidación de manera que, entre otros aspectos, quede evidenciada la conclusión administrativa y rechazo de los procesos de consolidación descriptos en a) o los procesos con trámite pendiente según lo planteado en b).
Por todo lo expuesto, no hemos podido evaluar la razonabilidad del valor de cancelación de las deudas consolidables.
2.2.5. Previsión por Contingencias: el saldo contable incluido en los estados contables de $ 1.135 millones surge del informe de juicios confeccionado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos al 31/12/2009 (1.151 millones) modificado por reclasificaciones de deudas que se imputaron a Acreedores Judiciales por
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Consolidación, en base a un análisis efectuado en el área de Consolidación de Deudas por el que se detectaron pasivos duplicados.
A partir del presente ejercicio, la gestión de juicios laborales pasó de la Gerencia de Asuntos Jurídicos a la Unidad de Seguimiento y Resolución de Litigios Laborales.
El informe de juicios al 31 de diciembre de 2011 provisto por la Gerencia de Asuntos Jurídicos evidencia un monto de contingencias de $ 877 millones y presenta las siguientes limitaciones:
- Juicios de contenido patrimonial, no cuantificados.
- Inconsistencias entre la calificación de riesgo y el estado procesal. - Exposición de juicios dados de baja en el universo de la previsión. - Inconsistencia entre el listado de altas y el universo de juicios.
- Inconsistencias al haber juicios en listado de cierre, no informados como altas ni expuestos en el listado del año anterior.
- Omisión de las sumas pagadas o embargadas (esto se vincula con los créditos que se incluyen en el activo como “Depósitos Judiciales”, cuyo comentario se puntualiza en 2.2.7.).
- Juicios presentados sin cálculo de costas ni intereses.
- Los juicios cuyo reclamo recae en el procedimiento de consolidación de pasivos previsto por Art. 91 de la Ley 25.725, sólo incluyen intereses al 30/06/2002. No se ha practicado una corrección de las sumas que se estima se pagarán en base a la evolución del valor del bono de consolidación.
En relación con la integración y cuantificación de la previsión por juicios laborales, el correspondiente informe no fue provisto por la Unidad de Seguimiento y Resolución de Litigios Laborales. Es de mencionar que por Res. 866/11 de la
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Dirección Ejecutiva de fecha 14/04/2011, se realizó una propuesta masiva de acuerdo por reclamos del concepto “antigüedad” (sobre 9.237 agentes, se recibieron adhesiones por parte de 6.547). A la fecha del presente informe se abonaron $ 216 millones por este concepto ($ 150 millones durante el 2011 y $ 66 millones con posterioridad).
En virtud de lo expuesto, no hemos podido satisfacernos del universo de juicios ni de la razonabilidad del saldo de la Previsión, como así tampoco del efecto sobre el resultado del ejercicio y/o ejercicios anteriores.
2.2.6. Depósitos Judiciales: los estados contables incluyen un crédito por $ 396,7 millones en Depósitos Judiciales, originados en pagos por indemnizaciones y/o por costas de juicios contra el Instituto, realizados principalmente bajo la forma de embargos ejecutorios. El proceso que sigue el Instituto es registrar el depósito como un crédito (que durante 2011 se ha incrementado un 49,29% respecto del ejercicio anterior) hasta que la Gerencia de Asuntos Jurídicos informe que el juicio al que está asociado se ha concluido. No se realiza un adecuado análisis de los pagos efectuados, asociándolos con sentencias que al momento de recaer embargos están firmes y carecen de posibilidad de recupero. Consecuentemente no es posible evaluar la razonabilidad de este crédito.
2.3. No hemos podido recabar de los responsables del Instituto manifestaciones por escrito relativas a aspectos significativos del trabajo de auditoría realizado (carta de amparo).
2.4. Con fecha 16/07/2015, como consecuencia de un allanamiento en el Instituto ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº
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11, Secretaría Nº 21, se secuestró el libro Inventario y Balance Copiador N° 24.518 Tomo IX de 1.000 fojas, cuyo último folio utilizado es el N °328 y que contiene hasta la transcripción de los estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 según consta en el acta de allanamiento. Los estados contables por el presente ejercicio fueron transcriptos en un nuevo libro Inventario y Balance Copiador N° 26.118 Tomo X de 1.000 fojas, que fuera rubricado en fecha 22/10/2015.
En consecuencia no hemos podido aplicar todos los procedimientos de auditoría necesarios.
2.5. En Nota 7 – Particularidades del nuevo software y su implementación- y Nota 21 apartados 1) y 2), el Instituto da cuenta de una serie de hechos nuevos ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio que afectan las operaciones, sistemas o procedimientos vigentes en ejercicios posteriores al que se refieren los estados contables indicados en 1. Debido a ello, las referidas Notas no se encuentran comprendidas en el objeto ni alcance de nuestra tarea.
3. DICTAMEN
Debido al efecto muy significativo que representan las limitaciones al alcance de nuestra tarea detalladas en los apartados 2.2. a 2.4., no estamos en condiciones de emitir una opinión sobre los estados contables del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados al 31 de diciembre de 2011 mencionados en el apartado 1., considerados en su conjunto.
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4. INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES
A efectos de dar cumplimiento a las mismas, informamos que:
4.1. Los Estados Contables mencionados en los apartados 1.1. a 1.5. y considerando lo indicado en 2.4. surgen de registros contables llevados de conformidad con lo descripto en Nota 22.
4.2. Al 31 de diciembre de 2011, las deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social que surgen de los registros contables ascendían a $ 117.726.478,03, no siendo exigibles a esa fecha.
