Aplicación excepcional de la ley

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La gente hizo como muchos rumores, mucha especulación, con ningún otro se hizo con tanto rumor. Con otros fue ya fue como más tranquilo, como que la gente empezó a ver la realidad, ya no se alarmaron tanto, sí había miedo y todo. Como que paso eso y luego como se fueron dando las cosas, como que hubo certeza de que algo estaba ocurriendo y ya como que la gente ya se moderó así un poco... tuvimos más temor. Porque después de eso se siguieron suscitando hechos, como que la gente ya no creía, como deseando que nomás pasara por allá y no llegara por acá (Kuiusï Achamasï, entrevista, 2016).

Cabe aclarar que en la intervención excepcional mediante “la guerra contra el narco”, los talamontes no tienen la misma magnitud de poder que los agentes del Estado dentro de la red. Y poner el acento en esto, es reconocer como vidas sintientes también a los talamontes, aunque por ahora no ahonde en esa temática. Como lo he mencionado anteriormente, no uso el prefijo “narco” para no hacer invisible la participación del Estado, que opera trastocando la política moral de los afectos. Es decir, que la actuación excepcional respecto al acceso a la seguridad y a la justicia, es excusada tras una intervención en los marcos de reconocimiento.

Me refiero precisamente a que este escenario de violencia excepcional, permite que se agudicen las relaciones de dominación/conflicto coloniales del género. Y es ahí donde radica con mayor fuerza la intervención, puesto que si bien influye en otras áreas, el hecho es que los cuerpos de talamonteros y comuneros, por lo general de la región o de otros estados, pero en condición de trabajo forzado o vulnerabilidad, son desechados, y como tal, desprovistos de valor político. Esto también ocurre al interior de la comunidad, puesto que hay una división moral de los cuerpos: quiénes son consideradas víctimas y quienes “se lo buscaron, se lo merecían” o simplemente no se recuerdan y pasan desapercibidos como un daño a la comunidad, aunque en realidad son daños artificiales, creados para desmembrar el cuerpo de la propia comunidad. Por lo tanto, el hacer este movimiento, de señalar a detalle estos puntos, es una vía para reivindicar la dignidad humana a esos cuerpos que son considerados insignificantes en el contexto geopolítico.

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comunal para impedir el paso, etcétera. Aquí, sólo daré una muestra brevísima de las técnicas de control en la información, que apelan a la imprecisión, la desinformación, propaganda, vigilancia, etc. Y las técnicas burocráticas y jurídicas, es decir, el uso de los medios oficiales, de las intervenciones y políticas o medidas excepcionales.

Agradezco a la familia García, así como a Francisco Hernández, su disposición para brindar los documentos como colaboración para esta tesis. La familia García (entrevista, 2016), me comentó que: “Tenemos nosotros, muchas solicitudes a la PROFEPA, SEMARNAT, al Ejercito, solicitando el apoyo para que vinieran a proteger, a detener a esas personas. Todas las solicitudes siempre las firmaron de recibido, pero nunca.... Ahí es donde el Estado hizo caso omiso, no se daba cuenta de la magnitud del problema”.

De igual manera, uno de los miembros de la Coordinación del Movimiento de San Francisco Cherán, Sïkuami, comparte su experiencia:

El gobierno era cómplice del saqueo, al gobierno de Cherán le llegaban los tala-monteros, entablaban diálogos, se salían, tenían protectores. Alguien les estaba cuidando las salidas, para que no se les hiciera nada y él [presidente municipal] no les podía hacer nada, porque era cómplice de ellos y me refiero específicamente al gobierno de Roberto Bautista. Hubo decomisos de motosierras, que a veces algunas familias hacían. Y las autoridades protegían saqueaban la madera. Y él, a la voz de ya, de cinco, diez minutos, les regresaba las motosierras. Ellos protegían a todos los que saqueaban la madera, por eso se pensó en el cambio de gobierno. Porque la gente cuando se empezó a organizar y empezó el movimiento, pues esté, mucha gente pensamos que habíamos terminado con la tala clandestina, con los que estaban saqueando. Nunca pensamos que cuando llegáramos a gobierno [estatal y federal]

nos dieran la espalda y que nos calificaran de borloteros. Aquí también estaba una procuraduría [Delegación del Ministerio Público de Zamora]. Yo los escuché claramente que decían, que los de Cherán eran unos borlotosos, que éramos de lo peor, ellos también eran cómplices. Por eso pensamos en un cambio de gobierno, porque dentro del gobierno era la misma, nosotros pensábamos que eran solo las comunidades vecinas, nunca nos percatamos de que arriba había alguien más y por eso no daban solución al problema [sic] (Sïkuami, entrevista, 2016).

Aquí, cabe precisar que no es exactamente que no se responda por parte del Estado, sino que se responde de manera excepcional. En palabras de Juan Navarrete:

Entonces, mandaron después de tanta insistencia a las dependencias que tienen que ver con el medio ambiente, la SEMARNAT, la forestal de aquí del estado. Pues venían, pero venían a hacer un diagnóstico, pero nunca hubo una respuesta contundente, nunca aportaron una alternativa de como parar. Esto fue creciendo, ya para 2008 la situación era más agresiva, ya la gente que venía a robar el bosque ya venía armada, y venía sometiendo a los dueños, o sea a la comunidad […] Igual, nada más guardaban un grupo de guardabosques de la Forestal a

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hacer un picnic, a darse una vuelta al bosque, nomás a hacer la comidita en el bosque, comían y ya, se iban, esto no tenía mayor solución. Se hizo denuncias a SEMARNAT, PROFEPA, Forestal del estado. La mayoría de las denuncias fueron elaboradas y fueron hechas por el Comisariado de los Bienes Comunales, pero finalmente, como no había una respuesta contundente, vuelvo a repetir, insisto, hubo comuneros que de manera personal, elaborar sus denuncias y la hicieron llegar. Esa es la parte fundamental, es que la gente, los comuneros se enfadaron de hacer tantas peticiones. Ahora sí el alterón, la enciclopedia que se hizo de demandas y no hubo una contundencia en las demandas (Navarrete, entrevista, 2016).

No obstante, es importante recordar que el terror y el miedo tienen una función específica: inmovilizar y fragmentar la posibilidad de organización, y admitir sin cuestionamientos la imposición de una excepcionalidad. Tal como ilustra el comentario de Francisco Hernández: “la ocasión primera vez que fuimos a México, que fuimos a levantar las denuncias y poner las quejas ante la PGR y por órdenes del secretario de gobernación, mucha gente no quiso poner la denuncia (entrevista, 2016)”. Esta situación es reproducida en distintas esferas hasta la fecha, corroborando así la violencia continuada que sobretodo recae en los cuerpos más precarizados. Como muestra de tres instancias gubernamentales, agrego las imágenes 4.3, 4.4 y 4.5, donde he señalado con rojo aquello que muestra una expresión afectiva que da muestra de la urgencia que pretendieron transmitir a los interlocutores, en este caso, agentes del Estado a nivel federal y estatal. Y como puede imaginarse, la respuesta que se dio no impactó en el genuino acceso al derecho a la vida y la protección que se requiere para su sustento.

No está de más referir que para abril de 2011, se conjugaron al menos cinco elementos relevantes asociados a la excepcionalidad:

A) la entrada a la comunidad de un grupo armado comandado por el intermediario de la región y escoltado por dos patrullas para poder movilizarse a la zona de El Calvario, durante la mañana del 15 de abril de 2015, cuando sucedió el levantamiento;

B) al día siguiente, la privación ilegal de la libertad de cinco personas en distintos puntos en el tramo de la Carretera a Zamora y la presión posterior para que Cherán entregara a los tres talamontes que retuvieron en El Calvario (como una manera de intercambio de rehenes), la entrega se hizo en las instalaciones de la administración municipal de Uruapan y en presencia de la Comisión de Derechos Humanos de Uruapan;

C) el ulterior control de la señal telefónica. Una muestra de ello es lo que expresa uno de los miembros de la Coordinación del Movimiento, Santiago (entrevista, 2016): “Hasta el

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25 ó 26 de abril, hay una señal controlada básicamente unos 15 días, no hay, y si hay, hay muy poca señal Telcel. Supuestamente para tener para no tener interferencia, para qué, si están buscando alguno de los malos no fueron interceptados. Ese fue el argumento de la PFP”;

D) la tardanza de 22 días para cubrir la noticia; tuvieron que viajar a D.F. para brindar una rueda de prensa de amplio espectro en las instalaciones de CENCOS, en mayo de 2011;

E) la intimidación a los turhisï que dieron referencia de su visita a Cherán a los militares instalados en la región durante el período que abarcó 2011 a 2012.

Posterior al litigio de 2011 también es posible identificar:

F) la impunidad en los casos con denuncia, que en algunos implica el extravío de documentos, incumplimiento de los acuerdos tras los diálogos con agentes del Estado;

G) la legislación a nivel estatal a finales de 2011, que contravenía la sentencia dictada por el TRIFE. Es decir, fue una medida rápida para impedir que se constituyeran las elecciones bajo el sistema de usos y costumbres;

H) la tardanza del Estado para cumplir la sentencia de la SCJN donde se dicta la modificación de los esquemas institucionales para generar una interlocución pertinente con el Gobierno Comunal y, por lo tanto, se desprende la dificultad para acceder a fondos y programas federales, así como el reconocimiento pleno de los órganos colegiados que representan a la comunidad, es decir, los Consejos Operativos, la Ronda Comunitaria y al Concejo Mayor;

I) la presión para que se replieguen al esquema de seguridad estatal. Durante los primeros meses de 2016, la comunidad recibió presiones para ingresar al Mando Único, el esquema de seguridad del gobierno estatal actual. Sin embargo, tuve referencias de que ha sido recurrente el interés por desmantelar a la Ronda Comunitaria.

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Imagen 4.3 Oficio recibido por gobierno federal

Fuente: archivo de la familia García, 2012.

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Imagen 4.4 Oficio con sello de recibido a gobierno estatal de Michoacán

Fuente: archivo de la familia García, 2012.

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Imagen 4.5 Oficio enviado a PROFEPA

Fuente: archivo de la familia García, 2012.

A lo largo de este capítulo he procurado ilustrar con detalle los elementos que configuraron la violencia excepcional del Estado, como una continuación de la colonialidad

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del género y por lo tanto, contribuye totalmente a exacerbar los objetivos de la misma. Me refiero a que la desterritorialización, así como los daños ejercidos a cada parte del cuerpo comunitario, tienen como móvil el quitar del camino a las poblaciones políticamente dadas por muertas. En ese sentido, lo que cambia es el argumento del Estado para ejercer esta biopolítica, pues el centro del argumento no es la civilización o modernización, que ha sido parte del discurso para intervenir de distintas maneras una población considerada “retrasada”,

“subdesarrollada” o cualquier otro calificativo que sirva de excusa para el ulterior exterminio.

Considero que la violencia que recae en los cuerpos de las mujeres y de la gente mayor, puesta en la perspectiva geopolítica, es decir en la colonialidad global del poder, me permite afirmar que es ahí donde el despojo del territorio se complementa con la muerte y desestima a estos dos cuerpos, como ruta para dañar la comunidad, ya que rompen la transmisión de la historia viva de Cherán. A través de la memoria viva, es posible politizar a las siguientes generaciones. Entonces, la vulneración que aparece como circunstancial, por estar en el campo, se presenta también como una forma de desarraigar la historia de la propia comunidad. Queda pendiente observar con detalle el inter-juego que se produce con la contraparte generacional, me refiero a la gente chica: niñas, niños y adolescentes, quienes están entre dos mundos a través de la tecnología.

Por otro lado, de los 93 casos referidos tanto en la comunidad como con los interlocutores, hay un corte que distingue entre los cuerpos acondicionados como vidas y los casos que son difícilmente recordados u ocultados, como es el caso de las violaciones sexuales. Por lo general, la construcción moral de lo malo en la comunidad, es en función de los antecedentes de conducta que haya tenido la persona y/o la familia, de los rumores o de la constatación de algún dato que vincule con el crimen organizado. Entonces, el marcaje

"malo" se extiende a las familias y provoca una invalidación u ocultamiento del duelo o del dolor en las personas cercanas. Esta discriminación hace que no vean la violencia que se ejerce hacia la población y por lo tanto, es reproducida como una aceptación ciega de la fractura que ejerce la colonialidad del género en la comunidad. Por último, he tratado de ilustrar tanto en este apartado, como en el Anexo 5, algunas de las formas de resistencia que se han ejercido por parte de la comunidad, pero que no modificaron substancialmente esta relación de opresión con el Estado, para vindicar su valía a nivel político y por ende, en la realidad vivida de la comunidad.

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