Argumentos de la Regulación del Cannabis

la planta y que para la sociedad en general el uso de esta es un perjuicio para la salud pública (Huerta Lara, 2019).

Actualmente este país en su legislación está permitido, el uso medicinal de la marihuana, donde se ha tenido que reformar la Ley General de la Salud como el Código Penal Federal que la sanciona. Han surgido varias iniciativas por parte de organizaciones civiles como del Ejecutivo Federal con el objetivo de que sea de libre consumo en el uso lúdico o recreativo. “Para efecto del uso médico, se ha legislado el Reglamento que regula el cultivo, producción y distribución”

(Huerta Lara, 2019)

Finalmente, la despenalización en Colombia trajo consigo el concepto de dosis personal el cual da como derecho a la persona de utilizar cierta dosis de cannabis o marihuana, de determinar su libre desarrollo de la personalidad que el individuo quiera ejercer dentro de la sociedad sin que ésta sea limitada por la libre autodeterminación con la que se cuenta al momento de tomar decisiones consientes respecto al porte y consumo del cannabis.

organizaciones sociales involucradas, uno de los referentes más claros en el proceso fue Proderechos, colectivo creado en 2006 fue uno de los principales promotores de la creación de la Coordinadora Nacional por la Regulación de la Marihuana en julio de 2012, con el objetivo de nuclear a todas las organizaciones pro-legalización. También participaron en el proceso asociaciones de cultivadores, entre otros actores sociales que, en muchos casos, tenían fuertes vinculaciones con organizaciones de advocacy para la legalización –Open Society Foundations, etcétera”

Por otra parte, los argumentos sobre tema de regulación de cannabis en Uruguay, enfatizan más sobre el tema de seguridad y de salud pública, que permite legalizar las estrategias de un Estado a nivel internacional, haciendo referencia a que en el sentido de que cualquier Estado es autónomo para contemplar y establecer estrategias ante los problemas de alarma pública, como lo indica en una entrevista que se realizó al diputado (Julio Bango,2013, como se cita en, Repetto, 2014), en este sentido “esta perspectiva [la de seguridad] juega en la cancha geopolítica, es la dimensión que tiene más relevancia a nivel global […]. En el escenario local para mí es más importante la perspectiva de salud pública porque es la que te genera el fundamento de poder pelearte con la JIFE en el escenario global […] no hay dios que me pueda decir a mí que como Estado no puedo tener una política que atienda esto” (Repetto, 2014).

Además de lo mencionado, cabe resaltar que el proyecto de ley sobre la regulación del cannabis anunciado en el mes de junio de 2012 había sobresalido por el hecho de que tomó una entidad que tanto los actores sociales y parlamentarios como los medios de prensa se ocuparon de sostener. Además, el hecho de que el proyecto proviniera del Gabinete de Seguridad, para las organizaciones implicó en un momento un retroceso a nivel discursivo (Repetto, 2014), como lo indican en una entrevista realizada al sociólogo (Martín Collazo, 2013, como se cita en, Repetto, 2014), “el discurso era que el Poder Ejecutivo tenía que dar respuestas a problemáticas de seguridad, con un discurso a veces un tanto represivo, entonces que este tema se metiera en ese paquete era un problema para nosotros… y el único argumento era el de la seguridad pública, cuando nosotros veníamos trabajando sobre otros argumentos… Una de las cosas que nosotros hicimos a nivel de prensa y también a nivel de las reuniones fue colocar los otros argumentos arriba de la mesa, e insistir en que no podía ser visualizado el tema sólo como un tema de seguridad, que había cuestiones de salud, cuestiones de derechos” (Repetto, 2014)

Ahora bien, el modelo de regulación del cannabis en España, propuesto por parte de Grupo de Estudios de Políticas del Cannabis como lo indica (Romaní, 2017), es “un modelo que aboga por el fortalecimiento de las políticas públicas sin desconocer, sin embargo, que estas se

tienen que desarrollar, hoy por hoy, en una sociedad de las llamadas «de libre mercado»; y porque creo que es una propuesta que, dentro del marco común de reconocer la necesidad de una regulación del cannabis en el marco del Estado español, busca el consenso entre diversas posiciones e intereses, para que sea un modelo sobre el que se puedan poner de acuerdo distintos sectores sociales y políticos y que, por lo tanto, sea aplicable a corto-medio plazo (sabiendo la influencia que en ello tendrán los avatares de la política, claro); también por ello, la propuesta, sin pretender en absoluto sustituir al legislador, es suficientemente detallada a nivel técnico”.

Además de que el modelo, da lugar también a la parte informal, a la influencia social o a la educación, como el control y dando espacio a la parte administrativa, sin dejar de lado la posible penalización, de ciertas conductas siempre ha tenido en cuenta el equilibrio, “entre los derechos de los consumidores, la protección de la seguridad colectiva y la defensa de los más vulnerables”

(Romaní, 2017)

En Colombia hay que definir y diferenciar, entre regulación con fines medicinales y la legalización con fines recreativos, además de encontrar que el interés de una regulación es por parte de productores y comercializadores de drogas, que buscan beneficios económicos.

De acuerdo (Calderón Vallejo et al., 2017), quienes indican que con las nuevas normas en Colombia se permite la producción comercialización de cannabis y sus derivados con propósitos medicinales, pero que existen vacíos en su construcción que tenga en cuenta los aspectos sociales y científicos, además de analizar el impacto que tiene sobre la salud pública.

“Particularmente en Colombia, una de las falencias de estos procesos de regulación es que se hace desde esferas altas del gobierno, con escaso debate de todos los sectores y con muy poco desarrollo de información en donde se detalle pedagógicamente en qué consiste y qué implicaciones médicas, legales y sociales pudiera tener para la salud pública. Esta falta en el manejo adecuado de la información puede confundir a la población general que lo relaciona con un aumento en el consumo recreativo y que es nocivo para la salud” (Calderón Vallejo et al., 2017).

Pese a que ya se encuentra regulado el mercado de cannabis medicinal desde año 2017, se han encontrado algunas dificultades en cuanto al acceso de los productos farmacéuticos derivados del cannabis, por parte de los pacientes que necesitan dichos productos, debido a que no hay precisión respecto a la distribución de éstos que contienen derivados de cannabis,

(preparados magistrales, fitoterapéuticos o medicamentos), en qué tipo de pacientes y para qué tipo de patologías pueden ser prescritos y qué tipo de seguimiento y control se debe realizar a los pacientes que lo usen y en qué tipo de establecimientos farmacéuticos se pueden dispensar,

“en términos del mercado esta situación se ve como una barrera para el acceso a medicamentos a base de cannabis medicinal, limitando el posible beneficio que este tipo de productos podría generar en algunos grupos de pacientes” (Ledezma Morales et al., 2020).

Por todo lo mencionado es importante que el gobierno en conjunto con la academia y el sector productivo, lideren los procesos de obtención de los productos a base de cannabis, de tal manera que se puedan implementar estrategias que se orienten a mejorar el acceso y establecer de una forma más clara la relación riesgo/beneficio, sobre el uso de productos farmacéuticos a base de cannabis, con el objetivo de bridar y mejorar las condiciones de salud de los pacientes que lo requieran.

Se puede concluir que, en Colombia, la despenalización del consumo de marihuana o cannabis nace a raíz de la coerción que los individuos tenían en su libre desarrollo de la personalidad por el uso de esta planta. Esta despenalización no subsanó el desarrollo de todos los grupos sociales inmersos en el cultivo, producción e industrialización; sino que dejo abierto un debate para que sea el legislador quien determine con cada uno de estos grupos la regulación para el uso del cannabis.

Además, la regulación, no se ha construido de común acuerdo entre los grupos sociales involucrados y el gobierno nacional, sino por el contrario han sido los grupos sociales quienes atreves de colectivos, presionan para que el gobierno y otros actores los introduzcan a la hora de construir una regulación más equitativa.

También se puede denotar que los autores encuentran en el cannabis una solución a las problemáticas (medicas, terapéuticas, recreativa), porque han podido demostrar académica y científicamente, que son mayores las cualidades o beneficios que la planta de marihuana proporciona a los grupos sociales, que están conformados por individuos que defienden el consumo, comercialización, industrialización de cannabis en sus diferentes prácticas, siendo más que las limitaciones o problemáticas que se pueden generar a quienes la emplean.

Por otro lado, se puede determinar que los estudios del cannabis nacen principalmente por académicos del orden de enfermería y epidemiologia como, Jhon Sebastián Villada Villa, realizando sus aportes desde la parte terapéutica, que cubra las necesidades como el confort

alivio, tranquilidad. Por otro lado, desde lo internacional hay autores como Alberto Ortiz Lobo, Médico y Psiquiatra que ha realizado algunos aportes para ser tenidos en cuenta a la hora de regular el cannabis con fines medicinales en Colombia.

En el área de la antropología a nivel internacional autores como Casey J Roulette y Barry S.

Hewlett, han mostrado la relación del uso del cannabis con comunidades y pueblos, de forma medicinal principalmente y autores a nivel nacional como Carlos Ortiz Anzola e Iberson Orozco Álvarez, quien muestran la evolución del cannabis desde lo jurídico, económico y social.