El trabajo de la CLE de la UASLP) en la defensa del territorio

La intervención de la CLE de la UASLP también ha sido constante el acompañamiento jurídico a comunidades que han solicitado su intervención, especialmente ante la imposición de megaproyectos extractivos y de infraestructura en territorios comunitarios.

Así, por ejemplo se puede mencionar el proyecto promovido por el empresario minero José Cerrillo Chowell y ex funcionarios estatales de San Luis Potosí, que pretendía construir y poner en marcha de un sitio de confinamiento controlado de residuos peligrosos, a través de la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula S.A. de C.V. encargada de la construcción y operación del proyecto denominado “Centro Tecnológico para el Manejo Integral de Materiales Provenientes de Actividades Industriales y Procesos Extractivos” en Palula, municipio de Santo Domingo en San Luis Potosí.

Este vertedero de desechos tóxicos, tiene la capacidad de manipular anualmente hasta un millón de toneladas de desechos provenientes de los estados de San Luis Potosí, la Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro, entre otros; estos residuos provienen de los sectores automotriz, aeronáutico, metalmecánico, minero e industria química y petroquímica, entre otros. “En él, se pretende alojar millones de toneladas de desechos altamente tóxicos con cianuro, arsénico, cromo, cadmio, mercurio y otros metales pesados. Sustancias todas, altamente dañinas para la salud, el medio ambiente y las actividades agropecuarias, de las cuales viven la mayor parte de los habitantes de las comunidades afectadas” (Gaceta del senado de la Republica, agosto de 2016).

Ante esos hechos se llevó a cabo un foro de análisis sobre el tiradero de desechos industriales en él participaron más de 500 campesinos de las dos entidades federativas implicadas, así como autoridades de los municipios de Santo Domingo, Real de Catorce, Mazapil y Villa de Cos y 13 comisarios ejidales. En esa reunión, se contó también con la colaboración de seis

180 investigadores del Colegio de San Luis Potosí, quienes expusieron a los pobladores el manifiesto de impacto ambiental del proyecto, mostrando que éste no cumplía con lo dispuesto por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya que se omitió consultar a los habitantes para obtener su aprobación, aunado a ello se dio a conocer que el basurero ocuparía las 600 hectáreas del rancho Palula (Rodríguez, La Jornada: 18 julio de 2018).

El rechazo de los pobladores no se hizo esperar y mediante diversos modos manifestaron su inconformidad. Se impulsó mediante diputados locales la discusión del asunto en la tribuna de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revocar la autorización de la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, S.A. de C.V.

Otra de las aristas de acción del movimiento de oposición fue la vía judicial y con el apoyo de los integrantes del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz y de la CLE de la UASLP se interpusieron además de dos juicios de amparo, un par de denuncias ambientales, una denuncia por la vía penal y un juicio de nulidad (Valadez, La Jornada: 18 julio de 2018).

En las acciones judiciales emprendidas por los pobladores por una parte se fundamentan en la ilegalidad de la obtención del permiso de cambio de uso de suelo necesario para la apertura del proyecto, toda vez que no existía antecedente registral alguno en los archivos del ayuntamiento que acreditara que la reunión del cabildo hubiese aprobado tal modificación, hechos que se constató formalmente por la vía de la transparencia, incluso se habla de la falsificación de firmas para la expedición de los permisos (Espinosa, Proceso: 2 de junio de 2016).

Aunado a ello se violaron derechos ambientales ya que se omitió realizar la consulta pública a las comunidades que podrían verse afectadas por el proyecto ordenada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), como parte del procedimiento de evaluación del impacto ambiental “la convocatoria para ello fue publicada en un diario que no circula en esa región y se depositó el documento para consulta en las oficinas centrales de la Semarnat en la Ciudad de México, a cientos de kilómetros de distancia

181 de los agraviados directos con el mencionado proyecto” (Espinosa, Proceso: 2 de junio de 2016).

Como eje central de las acciones emprendidas por la vía judicial se encentra el juicio de amparo presentado por la vía agraria, debido a que un núcleo agrario colindante con el predio destinado a operar el tiradero, comparte una cuenca hidrológica y los ejidatarios manifestaron su temor a que el depósito de desechos afectara o impactara perjudicialmente esa cuenca (Espinosa, Proceso: 2 de junio de 2016).

En la demanda de amparo se documentan violaciones al derecho de consulta, de información por medio idóneo, e inconsistencias en materia de legislación ambiental. El amparo se acompaña con más de mil hojas en pruebas instrumentales, documentales públicas y privadas, además cuenta con algunas elaboraciones cartográficas que se realizaron en el Laboratorio de Análisis Cartográfico y Socioambiental de El Colegio de San Luis, que corroboran que el polígono del proyecto se localiza en Mazapil, Zacatecas, como lo determina el SIGEIA de SEMARNAT (Gaceta del Senado de la Republica, 3 de agosto de 2016).

A mediados del año 2016 el Juez de Distrito que conoció del asunto, con fundamento en los elementos aportados en la demanda de amparo otorgó la suspensión provisional del acto reclamado⁶³. Para el año 2018 después de más de dos años de disputa, integrantes de la CLE de la UASLP informaron a los medios de comunicación y a los integrantes del movimiento de oposición de todo el Altiplano (cientos de agricultores, ganaderos, indígenas wixárikas, académicos, ambientalistas e integrantes de la pastoral social de San Luis Potosí), que el juzgado federal cuarto de distrito del noveno circuito otorgó un amparo definitivo al Comité en Defensa de la Vida del Altiplano Potosino en contra del basurero de desechos industriales y mineros (Valadez, La Jornada: 18 julio de 2018).

Otro de los casos destacados de litigio en el que han participado integrantes de la CLE es el referente al proyecto minero San Javier. Este asunto data desde el año de 1996 cuando los

63En materia de amparo es aquella medida cautelar por la que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio, ordena a las autoridades señaladas como responsables que conserven detenida su acción en tanto se resuelve el fondo del asunto en el juicio de garantías.

182 habitantes del Cerro de San Pedro, municipio de San Luis Potosí emprendieron la lucha por la vía judicial para defender su territorio ante la intensidad de la actividad minera en la zona.

En esta cruzada los agraviados demostraron el incumplimiento de la normatividad ambiental.

El proceso de litigio ha sido largo para los habitantes del poblado, por cerca de diez años se consiguieron tres sentencias favorables ante los tribunales competentes y se consiguió que se denegaran las autorizaciones para abrir la mina. No obstante, la contra parte también por la vía legal ha ejercido juicios de amparo y ha echado abajo parte de los avances logrados por los defensores de ese territorio. “El incremento en el precio mundial del oro, la complacencia de autoridades municipales, estatales y federales, así como la presión de la minera, hicieron que sin los permisos requeridos la minera comenzara a trabajar, a dinamitar el cerro y extraer minerales” (Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, 2019).

En últimas fechas integrantes de la CLE interpusieron una queja ante la CIDH, con sede en Washington por diversas violaciones del Estado mexicano en los expedientes relacionados con la ejecución y operación de la Minera San Xavier/ Metallica Resources Inc. (de la empresa canadiense New Gold In) y las acciones de los pobladores para frenar este megaproyecto extractivo en San Luis Potosí, actualmente esta queja se encuentra en trámite.

De manera semejante, dos asuntos más de intervención y acompañamiento legal realizado por la CLE de la UASLP son los casos de las comunidades de Chalchitépetl municipio de Matlapa y del ejido de Chimalaco en el municipio de Axtla de Terrazas, en San Luis Potosí, cuyos casos fueron analizados a mayor profundidad en el capítulo III de la presente investigación.

No obstante, en este apartado se pone mayor énfasis en destacar la importancia de la participación de la CLE en los juicios de Amparo interpuestos por ambas comunidades.

En estos dos conflictos también derivados de la disputa por el territorio, los pobladores de ambos núcleos agrarios recurrieron a las instancias judiciales para dirimir el conflicto derivado de las obras un gasoducto a cargo de la empresa española Iberdrola. La participación de la CLE de la UASLP fue solicitada mediante un oficio suscrito por las autoridades comunitarias y ejidales de Chalchitépetl y Chimalaco, en ese escrito se expuso el caso y se solicitó de manera formal el apoyo de la Clínica.

183 Una vez que los integrantes de la CLE tuvieron reuniones con los pobladores de ambas comunidades y se realizaron recorridos de campo que permitieron conocer de primera mano las afectaciones realizadas, así como las inquietudes más recurrentes de los pobladores, se procedió a hacer el análisis grupal del caso, posteriormente la CLE aceptó tomar ambos.

Fueron presentados dos juicios de amparo (uno por cada comunidad) ante el Juez Quinto de Distrito con sede en Ciudad Valles, en contra de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas (INDEPI) así como los ayuntamientos de Matlapa y Axtla de Terrazas, todas ellas en carácter de autoridades responsables por la entrega de permisos y autorizaciones sin que la comunidad fuera consultada de manera previa, libre e informada y por omitir la realización y entrega de la Manifestación de Impacto Ambiental⁶⁴.

Con base en las motivaciones y fundamentaciones jurídicas expuestas por los agraviados y analizado el informe justificado⁶⁵ presentado por las autoridades responsables, el juez quinto de distrito encargado de desahogar el juicio de amparo indirecto interpuesto⁶⁶ otorgó la suspensión provisional y posteriormente la suspensión definitiva de los actos reclamados.

La asesoría y acompañamiento jurídico desde esa ha estado a cargo de la Clínica de Litigio Estratégico, evitando con ello el pago de altos honorarios de representación jurídica. El trabajo de los estudiantes y académicos de la CLE fue sin fines de lucro, los pobladores de ambas comunidades reconocen que en todo el procedimiento realizado para el juicio de amparo sólo en una ocasión erogaron la cantidad de $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N) como un apoyo simbólico a los integrantes de la Clínica.

64 De acuerdo a la Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la Manifestación de Impacto Ambiental es el documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.

65En este escrito la o las autoridades señaladas como responsables deberán señalar si reconocen o no el acto reclamado, y en su caso, las razones y fundamentos jurídicos que consideren adecuados para refutar la improcedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado.

66En el cual la parte agraviada o quejoso alega la violación de garantías individuales por actos u omisiones de autoridades, además se caracteriza como tal porque ante la sentencia que dicte el juez de distrito que conozca del caso, se puede hacer uso del recurso de revisión ante un tribunal colegiado de circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación según corresponda.

184 Una de las principales limitantes al ejercicio de la vía jurídica como parte de las estrategias de confrontación es la fuerte restricción económica para cubrir por cuenta propia los honorarios de abogados y gastos necesarios para acudir a los juzgados

Para los pobladores agraviados con la ejecución de megaproyectos mantener un juicio por años no ha resultado tan fácil, ya que participar en un proceso judicial conlleva desgastes físicos y económicos, aunque con gastos mucho menores en comparación a los juicios que no son favorecidos por una clínica de litigio estratégico.

Es de gran importancia poner de manifiesto que la labor que se realiza a través de la CLE de la UASLP permite también apreciar las desigualdades que se configuran en el actuar de los implicados dentro de un mismo campo de acción, en este caso la arena judicial. Ya que, permite contrastar el trabajo que realizan, de un lado, las poderosas firmas de abogados que representan a las enormes corporaciones ^__mayormente transnacionales^__ involucradas y del otro, el de los abogados, estudiantes, académicos y activistas que conforman los grupos de trabajo que desde la arena jurídica cubren ese frente de batalla, diferencias esenciales que si no son puestas en contraste se cae en el riesgo de desdeñar o al menos opacar e invisibilizar el gran esfuerzo y compromiso social de la labor del activismo jurídico de base popular.

Esfuerzo que tiene como motor la acción decidida de los actores sociales involucrados.

La CLE tiene la capacidad de involucrar a diferentes actores en los procesos de oposición de las comunidades, pues en el desarrollo de los litigios se logró conjuntar el apoyo de sectores académicos, institucionales, organizaciones ambientalistas, estudiantes de derecho, abogados, antropólogos y peritos en materia ambiental.

Estas experiencias de práctica del litigio estratégico son un buen indicador de la presencia y difusión que está teniendo este tipo de propuestas en el ámbito académico y en el profesional.

Por lo cual resulta alentadora la idea de observar una creciente apertura de la discusión sobre el derecho en su conjunto: como sistema normativo y como herramienta de la acción social.

Es cierto, las comunidades necesitan ver cristalizadas las conquistas jurídicas en sus realidades, de manera que puedan realmente percibir el fruto de su lucha, por lo que los triunfos obtenidos en el sistema judicial ^__con todo el mérito que ello implica^__ son realmente muy importantes. No obstante, en un horizonte más amplio se trata de pequeños pasos y sólo son un parte de una lucha más profunda y difícil.

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