Imagen de las Administraciones Públicas del deporte

En la encuesta de 2005 se pudo comprobar que los/as ciudadanos/as reconocen cada vez más a los Ayuntamientos como los entes de las Administraciones Pú- blicas a los que hay que dirigirse, con el fin de llevar a cabo gestiones relacio- nadas con temas deportivos. Este reconocimiento es una manifestación más de la progresiva consolidación de los mecanismos que operan en toda sociedad democrática, en la que el avance y consolidación de la vida social y política

pasa, necesariamente, por la consolidación de unas relaciones transparentes y fluidas entre la población y las organizaciones encargadas de la gestión de los recursos públicos.

Por lo que se refiere a la regulación del deporte espectáculo y mercantiliza- do, no existen, en principio, instancias claramente definidas y especializadas en el control y acotamiento de sus funciones, como lo ponen de manifiesto los desequilibrios presupuestarios que caracterizan a buena parte de las ligas pro- fesionales de los deportes más mercantilizados, como es especialmente el caso del fútbol profesional, en el que los intentos de regulación por parte de la Ad- ministración del Estado en las dos últimas décadas no han podido impedir el crecimiento del desajuste deficitario. Sin embargo, en el caso de la gestión y promoción de las actividades y equipamientos deportivos dirigidos a satisfacer las necesidades de prácticas deportivas recreativas, las transferencias en mate- ria deportiva iniciadas en los comienzos de la transición democrática desde el Gobierno Central a los Gobiernos Autonómicos y de éstos a los Ayuntamien- tos, parecen haber tenido un mayor éxito que en lo que se refiere al deporte es- pectáculo y profesional, como lo ponen de manifiesto los diferentes indicado- res de práctica deportiva popular que hemos analizado en los capítulos anteriores.

Además, la población ha ido adquiriendo de forma progresiva conciencia del papel protagonista que desempeñan los Ayuntamientos en la promoción del deporte popular, como lo ponen de manifiesto los resultados obtenidos con el indicador dirigido a conocer la imagen de la población entrevistada, al pregun- tar por el ámbito de la Administración Pública a la que hay que dirigirse para poder ejercer plenamente los derechos ciudadanos de acceso a unos servicios deportivos satisfactorios. El referido indicador se ha venido formulando, en las encuestas llevadas a cabo en los últimos veinte años, en los siguientes térmi- nos: «Si usted tuviera que realizar una gestión para que mejorase el servicio deportivo en su comunidad, por ejemplo, solicitar una instalación deportiva, que se den clases de educación física y deporte, o que se celebren más campeo- natos deportivos, ¿adónde cree usted que debería dirigirse: al Ayuntamiento, a la Diputación, al Gobierno Autónomo o al Consejo Superior de Deportes?

Las respuestas dadas a esta pregunta en la presente encuesta de 2010 ponen de manifiesto, en su comparación con los correspondientes resultados de pasa- das encuestas, que el protagonismo de los Ayuntamientos no ha cesado de cre- cer, en detrimento del resto de los entes públicos antes mencionados (véase la tabla 67).

Tabla 67. Institución a la que deben dirigirse los ciudadanos para realizar una gestión relacionada con el servicio deportivo en la comunidad, 2010-1990

INSTITUCIÓN A LA QUE DIRIGIRSE 2010 2005 2000 1990

Ayuntamiento 63 61 56 45

Consejo Superior de Deportes 9 12 15 23

Gobierno Autónomo 5 6 7 11

Diputación 6 5 6 7

NC 17 16 16 14

Una mayoría del 63% –dos unidades porcentuales más que en la pasada en- cuesta de 2005 y dieciocho unidades más que en 1990– cita a los Ayuntamientos como las instituciones a las que dirigirse para satisfacer sus necesidades y peti- ciones de servicios deportivos. Ya a mucha distancia de los servicios municipales de deporte se cita al Consejo Superior de Deportes (CSD), solo el 9%, porcenta- je de menciones que ha venido disminuyendo progresivamente desde que lo cita- ra el 23% en la encuesta de 1990, en la medida en que la población ha ido to- mando conciencia de que las funciones del Consejo Superior de Deportes son otras bien distintas a las de satisfacer las necesidades inmediatas de educación y práctica deportiva. Y es que al ser el CSD el organismo que ejerce la actuación de la Administración del Estado en materia deportiva, se ocupa de manera desta- cada, entre otras cosas, de establecer las directrices políticas y legislativas del de- porte español. La promulgación de la Ley de Protección de la Salud y la lucha contra el Dopaje sería, en tal sentido, la ley más relevante promulgada en los úl- timos años por el CSD, y de la que nos ocuparemos en el capítulo 7, con el obje- to de conocer el estado de la opinión pública sobre su grado de eficacia en la lu- cha contra el dopaje.

Las menciones que se hacen de los Gobiernos Autónomos y de las Diputa- ciones son también minoritarias, el 5 y el 6% respectivamente, y con tendencia decreciente desde la encuesta de 1990, lo que viene a indicar una vez más que una mayoría creciente de la población va internalizando el conocimiento de una realidad política y social como es la que se refiere al protagonismo muni- cipal en la promoción del deporte popular, recreativo, o deporte para todos. Tal como cabía esperar, existe una relación positiva entre el nivel de estudios de la población y la percepción de esta realidad del binomio municipio y deporte, como lo pone de manifiesto el hecho de que así lo reconoce el 71% de la po- blación con estudios universitarios y el 66% de la población con estudios se- cundarios o medios, frente al 51% de los que no tienen estudios y el 61% de los que tienen solo estudios primarios.