Los españoles hacen su aparición en la región poco tiempo después de la captura de Atahualpa, en enero de 1533 como parte del acopio del rescate ofrecido por este. Recorren el tramo del Qhapaq Ñan que pasaba de la ruta troncal de la sierra, de Jauja y el tambo de Huancayo hacia Acostambo, Angoyacu, Picuy, Paucará, Parcos, y Huarpa, como parte del itinerario hacia el Cusco. Poco después, muerto el Inca, una partida capitaneada por Pizarro pasa por esta ruta en octubre de ese año para la entronización de un soberano títere: Manco Inca. Pizarro, durante el tiempo en que funda las ciudades de Jauja y posteriormente de Lima, como capitales del nuevo sistema colonial, estableció los primeros repartimientos en las zonas conquistadas, en que la población nativa, denominados con el genérico de indios, serían asignados en calidad de feudos a los españoles que le habían acompañado en la empresa de la Conquista. De este modo, los curacazgos anqara de Asto y Chacas fueron asignados como repartimiento al español Hernando de Villalobos (Carrasco 2003:80). Pero el mismo año que Pizarro fundara la ciudad de Lima, Manco Inca inició un levantamiento contra los españoles desde el Cusco, llegando a sitiar la antigua capital del Tawantinsuyu. Las fuerzas rebeldes contaron con el apoyo de diversos grupos del área de Huancavelica, entre ellos los anqara, quienes dificultaron el paso de los españoles por esta zona hacia el Cusco, atacando sus expediciones en Huaytará y Acobamba y a sus aliados indígenas, especialmente huancas (Carrasco 2003:82). Pero la rebelión de Manco Inca cede y recula hacia Vitcos, y Pizarro funda la ciudad de San Juan de la Frontera, futura Huamanga en 1539, para consolidar la presencia española y su administración del territorio en forma de encomiendas. La consolidación del régimen colonial por las nuevas leyes dictadas por la Corona española provoca una rebelión de los españoles dueños de los territorios conquistados, quienes terminan derrotados por Pedro de la Gasca, quien procede por segunda vez a repartir las nuevas encomiendas.
El corte abrupto que significó la invasión española para los sistemas prehispánicos no implicó la implantación inmediata del sistema colonial en esta región. Tras el período de desorden generalizado que por tres décadas siguió a la presencia española, en que poblaciones de antiguos mitmacuna que volvían a sus regiones de origen y pobladores locales intentaban huir de sus nuevos amos españoles, siguió la reubicación forzada de la población en reducciones y su asignación a las encomiendas. Estas últimas se constituyeron tardíamente a partir del descubrimiento de los yacimientos de cinabrio, un
compuesto del mercurio –llamado por los españoles azogue, metal altamente tóxico e indispensable para la extracción y separación de plata a través del proceso, entonces novedoso, de la amalgama en frío–, en el sitio bautizado como Santa Bárbara. El curaca anqara Ñahuincopa de Acoria hizo conocer el yacimiento de cinabrio, ubicado en el cerro Huancavilca, al español Amador de Cabrera, encomendero de Acoria y Huando, llegado al Perú como parte de la comitiva del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, gran impulsor del descubrimiento de minas. Amador de Cabrera denunció el yacimiento en 1564; cuatro años después el virrey Hurtado de Mendoza dispuso una tasa de las provincias del nuevo virreinato, reuniendo a los caciques locales para obtener información sobre el verdadero número de indios tributarios, y una vez establecido el monto de recursos disponible distribuyó entre los nuevos propietarios las encomiendas en las actuales provincias de Angaraes, Chocorbos y Tayacaja. Gran beneficiario de este reparto fue Amador de Cabrera, dueño de la encomienda Angaraes de Cabrera en el territorio del antiguo señorío Asto y parte de Chacas, que incluía el denuncio de Santa Bárbara. La riqueza de esta zona motivó que el quinto virrey, Francisco de Toledo, la expropiara en 1570 en beneficio de la Corona. Junto con ella se expropió toda un área de jurisdicción, que abarcaba el territorio central de la actual región Huancavelica, en las actuales provincias de Huancavelica, Acobamba y Angaraes, territorio tomado por la Corona como tierras vacantes, y por tanto disponibles en la forma de composiciones y capitulaciones debido a su abandono parcial por una población nativa diezmada. La existencia de numerosas minas de azogue en estos territorios ofrecía posibilidades de enriquecimiento rápido y por tanto de ascenso social, lo que atrajo a multitud de españoles ávidos de la adjudicación de dichos territorios. Las tierras vacantes fueron así rápidamente repartidas, sin preocuparse muchas veces de una cuidada delimitación de los territorios ni de conceder toda la documentación necesaria a tal fin.
El reparto de la propiedad terrateniente no se terminó de formalizar sino en los siglos siguientes, con sucesivas campañas de legalización en 1620 y 1713; entretanto los hacendados, apropiándose de facto de los territorios de las comunidades nativas, a las que sometieron aprovechando su presencia en los cargos de la nueva administración, se consolidaron como el sector dominante de la región. La población nativa fue reorganizada espacialmente en las reducciones, siguiendo el patrón de la villa española, y confinada a las encomiendas, organizadas administrativamente al modo de las comunas españolas del siglo XVI. Al interior de estas nuevas unidades, la población nativa pudo mantener la organización de la producción basada
en el ayllu, la propiedad colectiva de terrenos y pastizales y el trabajo familiar en parcelas, así como la organización del trabajo en los sistemas de intercambio recíproco conocidos como ayni y minka, y el intercambio de productos por trueque (CEPES 2005:11), especialmente necesario ante el empobrecimiento de las economías nativas bajo el nuevo sistema. Las vías de intercambio más socorridas por las poblaciones de altura de Angaraes y Huancavelica conectaban con las poblaciones de Tayacaja a través de los puentes tendidos sobre el río Mantaro, rutas que se siguen usando en la actualidad. La administración colonial integraba a los curacas como un intermediario entre ellos y la población nativa –salvo las poblaciones inscritas en los predios organizados alrededor de la extracción minera– y convirtió a esta directamente en lo que Favre (1976) denomina “la gente de hacienda”, de condición similar a los siervos de la gleba europeos.
De la importancia de la actividad minera habla la fundación de Villa Rica de Oropesa, la futura Huancavelica, a un año apenas de la expropiación de Santa Bárbara, y a casi cuatro décadas de la presencia española. La economía del nuevo sistema estaba ya orientada a la minería en gran escala, lo que dio a Huancavelica importancia capital, aunque decreciente durante casi todo el período de dominación española. Siendo originalmente una dependencia del corregimiento de Huamanga, la explotación minera en esta región produjo un rápido crecimiento económico que fue necesario administrar directamente. Se fundó así la ciudad de Huancavelica en 1571, y su importancia económica se hizo patente con el traslado de su sede fiscal de la ciudad de Huamanga al nuevo centro urbano en 1578, y a la creación del Corregimiento de Huancavelica, independiente del de Huamanga, en 1581, posición refrendada veinte años después (Contreras 1982:28). Huamanga permaneció como sede de obispado (fundado en 1615), y uno de los sitios de residencia de los encomenderos de la región y mineros de Huancavelica (Degregori 1996:129). Partiendo del interés de la Corona de cumplir a cabalidad las funciones de apropiación de recursos y de la capacidad coercitiva del Estado colonial, indispensables en un centro extractivo tan importante como Huancavelica, se siguió la política de concentrar todo el poder en un solo aparato administrativo, con frecuencia identificado con una persona. De tal modo, en Huancavelica, el Gobernador de la ciudad fue a su vez el Alcalde de Minas, y posteriormente también tuvo el cargo de Corregidor, y de Superintendente de la Caja Real de Huancavelica.
La adjudicación de semejante cúmulo de atributos debía recaer en personas de absoluta confianza, que eran excepcionalmente bien remuneradas. Tal fue la suerte de Amador de Cabrera, quien permaneció como dueño de la
encomienda de Angaraes, una de las más importantes de la jurisdicción de Huamanga, entonces con capital en la villa de Lircay (Plasencia 1997), e igualmente Corregidor de la Mina de Santa Bárbara. Según la tasa de la Visita General del Virrey Toledo en 1572, esta encomienda incluía una población de 6 457 indios, 1 039 encomendados y diez caciques (Carrasco 2003:112). En contraposición, entre los cargos menores, el de Protector de los Naturales era de los menos importantes en términos remunerativos, indicando el interés del gobierno colonial por la extracción minera (Carrasco 2003:35).
Para la explotación de las minas, Toledo oficializó la política de facto de la reducción de los nativos en centros poblados (ya aplicada en Asto y Chacas por el encomendero Villalobos) y dispuso que 2 500 indios tributarios de la provincia de Huamanga –que abarcaba un total de 60 000 registrados, incluyendo al actual territorio de Huancavelica– fueran destinados por turnos al nuevo sistema de mita, que en concreto significaba el trabajo forzado de la población sometida en las minas como forma de tributación.
Si en un primer momento los trabajadores de las minas provenían de la población local asignada a las encomiendas, a partir de 1573 la mita estableció que los “indios mitayos” serían escogidos de toda la población tributaria (Burga y Manrique 1990); en el caso de Huancavelica estos tributarios provenían de la sierra central y central sur. No se ha encontrado en los relatos orales mayores indicios de lo que todo este sistema significó para la población originaria sometida al régimen de haciendas y de la mita.
En cambio, está bien documentado el alto costo humano de esta actividad entre la población indígena por las condiciones de trabajo, entre las cuales estaba la intoxicación con azogue, ya sea en los socavones por contacto directo o con el vapor de los hornos de fundición. Guamán Poma de Ayala ([1615] 1980) detalla en los folios 525 a 531 las condiciones del trabajo en las minas de Huancavelica, la corrupción de jueces e inspectores que se dedicaban a robar los haberes de los indígenas y el frecuente castigo físico no solamente contra los mitayos, sino contra las autoridades indígenas que no habían podido cubrir la cuota requerida de mano de obra (Guamán Poma 1980:489-496). Contemporáneamente a esta denuncia, el virrey don Luis de Velasco encontró deplorables las condiciones del trabajo en las minas, pues la extracción a tajo abierto había llegado a una profundidad peligrosa para los mitayos, tanto por la condiciones de infraestructura como por la intoxicación por azogue que producía una muerte rápida y dolorosa, pero poco pudo hacer para mejorar la condición de los tributarios ante el sistema de intereses creados por la explotación minera. En las sucesivas
visitas hechas por la administración colonial y el obispado de Huamanga a esta región se registra la gran disminución de la población indígena, una parte diezmada por la mita minera y otra tanta fugada a otras regiones para evitarla, lo que obligó a la administración colonial a disminuir el número de mitayos de la provincia a 800 en 1608, a poco más de cuarenta años de iniciada la explotación (Carrasco 2003:153).
Aunque la explotación minera se concentraba en su mayor parte en la mina de Santa Bárbara, existió explotación a menor escala en diversos centros menores. En la jurisdicción de Paucará (Perú-Municipalidad Distrital de Paucará 2012:27), la población reducida fue puesta a trabajar en la extracción de metal precioso de los sitios de Titimina, Cobremina, Maucamina y Wuayramina, donde se instaló un centro de fundición, molienda y lavaderos en lo que es actualmente el anexo de Padre Rumi, colindante con Chopcca. No muy lejos, en el actual distrito de El Rosario, en la margen derecha del río Paucará, han perdurado en los molinos coloniales de Ichubamba, construidos para la molienda de minerales (INC 2004:189).
La nueva economía significó también la alteración definitiva del entorno creado tras siglos de desarrollo autónomo en los Andes. Ovinos, vacunos, porcinos, caprinos, caballos y mulas fueron importados como fuente de riqueza y alimento, o como medio de transporte, relegando los camélidos a un papel secundario en la economía regional, restringido a la población nativa. En las zonas de baja altitud, la llegada de los nuevos animales convirtió los antiguos bosques en páramos (Morlon 1996). El arado jalado por una yunta de toros también se impuso en estas zonas, sobre el uso de la chaquitaclla, aunque su labor resultó menos efectiva que esta. Cereales y leguminosas se empiezan lentamente a imponer en la dieta nativa, así como la alfalfa para el ganado.
Las haciendas22 de esta región no llegaron a conformar grandes extensiones que merecieran el nombre de latifundios; y de hecho su razón de ser, antes que la producción agropecuaria para satisfacer las necesidades del mercado interno, era la de proveer de mano de obra a la extracción de minerales. Debido a la pobre productividad agropecuaria de estas unidades, 22 “Llamaremos así a toda propiedad individual de tierras, cualquiera sea su extensión, sobre la que vive una población estable, directa e individualmente ligada al propietario o a su representante por una serie de obligaciones personales, tanto materiales como simbólicas, que la mantienen en estado de servidumbre, admitida o disimulada, o por lo menos en una situación primitiva de dominación y de dependencia” (Favre 1976:106).
el centro urbano de la región siempre tuvo que recurrir a los bienes de consumo de las haciendas costeras más accesibles de Ica y el sur de Lima.
Lo más peculiar de este régimen es que la propiedad de los terrenos de hacienda no solía transmitirse por sucesión, sino por una serie sucesiva de compraventas, dado que el interés en poseer una hacienda estaba más orientado al prestigio social proveniente del dominio del territorio y de los siervos de la gleba. La acumulación de riqueza provenía, así, de las minas inscritas en sus propiedades, antes que de la producción agropecuaria.
Por ejemplo, el territorio de la hacienda Paucará, cuyo primer propietario español, de apellido García, adquirió esta propiedad aprovechando las concesiones dadas por la Corona en la década de 1570 y la cedió hacia 1600 a Blas García del Risco, quien orientó su nueva propiedad a la explotación ganadera. Posteriormente, hacia 1650, este territorio fue comprado por Domingo Salvatierra por unos 1 200 pesos y en 1694 el hijo de este la vende a Francisco Cifuentes por 1 650 pesos (Perú- Municipalidad Distrital de Paucará 2012:27). Este constante traspaso de la propiedad hizo de la población urbana de origen español un sector móvil y más bien inestable, impidiendo tanto la formación de grandes patrimonios de tierras como de dinastías familiares propietarias de latifundios (Favre 1976:108). Los mitayos indígenas se establecieron de modo intermitente en la ciudad y los campamentos mineros según los turnos de la mita, repartidos en ayllus y parcialidades, organización nativa que había permanecido bajo la política de reducciones Por último, el carácter cíclico de la producción minera, con temporadas de alta productividad y de crisis, se tradujo en la perenne inestabilidad demográfica y, a la larga, en la difícil gobernabilidad del Corregimiento, incluyendo su propia capital.
La organización de la economía colonial basada en la extracción minera empezó a decaer paulatinamente y entró en crisis hacia finales del siglo XVIII, por la caída de la oferta de los centros mineros de Potosí y Santa Bárbara, parcialmente sustituida por la producción de mercurio en Almadén, España; y también por la imposibilidad de modernizar la mina de Santa Bárbara para su mejor productividad, puesto que tenía un costo alto.
A esto se suma la escasez de mano de obra indígena, entonces atenta a los levantamientos que se producían en el sur. La crisis arrastró tras de sí a las haciendas organizadas alrededor de estos centros extractivos. Consumidos por deudas, los antiguos propietarios de origen español emigraron a Lima y España, vendiendo o arrendando progresivamente sus haciendas por partes, dinámica que llegó a su consumación con el proceso independentista y
duró hasta las primeras décadas de vida republicana (Favre 1976:110). Los indígenas anqaras tuvieron una última oportunidad para el levantamiento masivo cuando milicias organizadas por el intendente de Huancavelica, Juan Vives de Echevarría, se pusieron de su lado para combatir el levantamiento de Mateo Pumacahua en Cusco (1814), pero fueron abatidas en Huanta, antes de llegar a reunirse con el núcleo rebelde (Carrasco 2003:261). Ante la progresiva retirada de la élite española, los indígenas apoyan al ejército libertador a su paso por esta región en 1821. Por inspiración del jefe de las milicias guerrilleras José Félix Aldao, se formaron montoneras de más de 5 000 hombres descendientes de los anqara de Asto, quienes emboscaron a las fuerzas realistas en Moya e Izcuchaca (Carrasco 2003:264). Este contingente libró una lucha cruenta en Chupaca, pero el armisticio entre los bandos en conflicto evitó un mayor derramamiento de sangre, y concluyó con la declaración de Independencia el 28 de julio de ese año. El nuevo Congreso Constituyente declaró departamentos a las antiguas intendencias de Huancavelica, Huamanga, Cusco y Arequipa en 1822. El departamento de Huancavelica fue desestimado por Bolívar en 1824 y declarado parte de Ayacucho, quien consideró que su origen estaba en la explotación colonial de las minas y que era poco poblado. Hubo que esperar a 1839 para que Isidoro Gamarra vuelva a delimitar el departamento, conformado por las provincias de Tayacaja, Huancavelica y Castrovirreyna.
Mientras tanto, la propiedad de la tierra pasó, fraccionada, a manos de un nuevo sector dominante conformado por mestizos (Glave y Remy 1983), generalmente autoridades locales, como gobernadores, alcaldes, concejales o jueces, quienes en su momento habían apoyado el proceso independentista.
Estos nuevos propietarios adquirieron propiedades de pequeña y mediana extensión alrededor de las haciendas y las comunidades de indígenas. Por diversos medios, no siempre legales, este nuevo sector dominante logró poco a poco reconcentrar la propiedad de la tierra, apropiándose no solo de los terrenos de hacienda sino de las comunidades independientes, compradas a precios muy bajos o simplemente usurpadas, y con ellas de la población existente, reproduciendo la dinámica de concentración de tierras iniciada en la Colonia. Este proceso generó numerosos litigios entre indígenas y “vecinos”, miembros del clero y autoridades políticas y municipales, por invasión de propiedades (Plasencia 1997:142). La expropiación fue facilitada por los nuevos decretos de Bolívar (1824) que en la práctica excluyeron a los indígenas de toda protección legal. Por su lado, las carencias del nuevo Estado independiente facilitaban la evasión
de impuestos: cuando en la década de 1830 los agentes locales del Estado intentaron establecer una tasa sobre la propiedad de las tierras, sus dueños optaron por subvaluar sus haberes para no ser sujetos a tributación, irregularidad que fue facilitada por el monopolio político que este grupo tenía. Bajo estas nuevas circunstancias, se constituyó en las primeras décadas de vida republicana un conjunto de propiedades de mediana extensión como la unidad de producción dominante en la zona.
Este estado de cosas duró hasta la Guerra con Chile, cuando llegaron las tropas enemigas tras la huella del rebelde Andrés Avelino Cáceres.
Tal como ocurrió en otras regiones, las tropas de Cáceres encontraban aliados entre los miembros de las comunidades indígenas, quienes huían a las montañas y eran reclutados como montoneros en lucha contra los terratenientes. Temiendo el avance de Cáceres, los terratenientes buscaron la protección de las tropas chilenas establecidas en la ciudad de Huancavelica. Posteriormente, con la guerra ganada por los chilenos y sus aliados, estos terratenientes encontraron la ocasión para hacerse del poder político regional, valiéndose de diversos procesos legales y alianzas con los sucesivos partidos políticos que pretendían tener alcance nacional. La venta de bienes del Estado iniciada en 1882, que afectaba las haciendas de la beneficencia pública, les permitió concentrar la propiedad terrateniente en un pequeño grupo de familias. En las décadas siguientes, a través de la compra de tierras limítrofes, de la usurpación sin cortapisas legales de territorios de comunidades indígenas y por medio de una serie de alianzas políticas entre familias, este grupo logró concentrar grandes extensiones de tierra, llegando a repartirse literalmente la región Huancavelica al finalizar el siglo XIX (Favre 1976:113). La élite de propietarios, compuesta por un pequeño grupo de familias emparentadas, ubicadas en centros de poder urbano como Huancavelica, Acobamba, Lircay o Julcamarca, monopolizaba todo el aparato administrativo y legal de la región, actuando como los únicos intermediarios válidos entre la población indígena y la sociedad nacional, lo que les permitía evadir los impuestos al fisco (Plasencia 1997:142). Esta élite reclamaba una pretendida ascendencia hispana, enlazando simbólicamente su existencia como una continuación del sistema establecido en la Colonia. El gamonal se erigió como figura dominante en todos los niveles de la sociedad regional: el gran propietario de las tierras y beneficiario del movimiento comercial, detentador del poder político local y figura que presidía las celebraciones religiosas y civiles, tanto en la ciudad como en la hacienda.