En 1946 se creó en Tánger un centro de Enseñanza Media con la denominación de Instituto Politécnico de Tánger, con base en la ley de 1945, que no se aprovechó para promover la presencia educativa española en países de Hispanoamérica, cuya conveniencia ya planteaba la Constitución de 1931.
La Ley de 26-2-1953, sobre Ordenación de la Enseñanza Media, regula la fundación y el sostenimiento de Institutos Españoles de Enseñanza Media en el
extranjero, y establece las competencias del Ministerio de Educación -organización interna, régimen docente e inspección de los centros-y del Ministerio de Asuntos Exteriores -designación del personal, a propuesta del de Educación Nacional-. La ley desarrolla de forma detallada todos los aspectos de los Institutos en el extranjero, a los que define como centros de enseñanza y de extensión cultural. En lo que respecta a este último aspecto, se determinaba que cada instituto debía contar
obligatoriamente con una biblioteca pública, con un fondo de libros y de revistas españoles, para promover la imagen de España en el exterior, y, siempre que fuese posible, debía disponer de una sala de exposiciones para exhibir muestras de la cultura española. También se les encomendaba la misión de organizar cursos de lengua y cultura españolas, especialmente dirigidos a los no españoles. En desarrollo de esta ley, por decreto conjunto de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación Nacional, se publicaron las normas por las que se habían de regir en el futuro los Institutos de Enseñanza Media en el extranjero.
En las décadas de los años 50 y 60, cuando tiene lugar el gran flujo migratorio de España a zonas europeas de Suiza, Alemania, Francia y Reino Unido, se hizo necesario replantear de nuevo la acción educativa española exterior para dar respuesta a las necesidades de estos colectivos, que, en su mayoría, nunca dieron la espalda a su país de origen y siempre aspiraron a que sus hijos mantuvieran vínculos estrechos con la lengua y la cultura españolas, con la perspectiva de un próximo retorno, que en la mayor parte de los casos se fue difuminando con el paso del tiempo. Con esta finalidad, se fundó en 1956 el Instituto Español de Emigración (IEE) -al que se encomendó la misión de “promover las medidas de auxilio necesarias a los emigrantes”-, que en un primer momento asignó becas para que los hijos de los
emigrados pudieran seguir sus estudios en España y, posteriormente, empezó a desplazar profesorado al extranjero.
A mediados de la década de los 60, a demanda de las asociaciones de emigrantes, el IEE redactó un informe analizando la situación educativa de los hijos de
emigrantes españoles de los principales núcleos, que tuvo como consecuencia la fundación en 1969 del Consejo Escolar Primario para la Enseñanza de Emigrantes, que en 1971 fue denominado Consejo Escolar para la Extensión Educativa de los Emigrantes y, en los albores de la
democracia, en 1977, se convirtió en la Junta de Promoción Educativa de los Emigrantes Españoles (JPEEE), integrada por representantes de los tres ministerios que compartían competencias
y responsabilidades: el de Asuntos Exteriores -
coordinación de todas las acciones educativas, a través de las correspondientes embajadas-, el de Educación y Ciencia -desplazamiento de profesorado con cargo a su presupuesto, orientaciones didácticas e inspección de las enseñanzas- y el de Trabajo y Seguridad Social -
financiación, a través del IEE, de los gastos administrativos, complementos de residencia del profesorado desplazado y, en caso necesario, de los gastos derivados de la contratación de profesorado-.
La Ley General de Educación de 1970 también se hizo eco de las necesidades educativas en el ámbito de la
emigración española, ya que establece que “Se prestará especial atención a la educación de los emigrantes y de los hijos de éstos en todos los niveles, ciclos y
modalidades educativas”, y que “Los Centros docentes españoles en el extranjero gozarán de un régimen peculiar de autonomía económica y administrativa y tendrán estructura y régimen individualizados para acomodarlos a las exigencias del medio y a lo que, en su caso, dispongan los Convenios internacionales”.
A fin de atender las necesidades y demandas de las grandes colonias de emigrantes, se aprobó la Ley 33/1971, de Emigración; se comenzó a desplazar a profesorado español al extranjero a fin de garantizar a los hijos de los emigrantes la enseñanza reglada del sistema educativo ofertada en España o, en su defecto, las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas; se consolidaron los centros docentes ya existentes
y se crearon otros: en 1962, en París y en Tetuán (Instituto Español Juan de la Cierva); en 1964, en Roma y en
Andorra; en 1967, en Casablanca; en 1972, en Londres, y el Colegio de La Valette, en Francia; en 1973, en Tetuán (Instituto Español Nuestra Señora); y en 1980, en Bogotá.
En 1975 se creó el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD), que en 1976 asumió la organización y tutela académica a distancia de la acción educativa destinada a emigrantes (que incluía los estudios de Bachillerato y Curso de Orientación Universitaria, y las clases complementarias de lengua y cultura españolas correspondientes, por edad del alumnado, al nivel de Bachillerato).
En el curso 1979-1980, la JPEEE promovió la constitución de una red de Aulas del INBAD en los seis países europeos con mayores contingentes de población emigrante española (Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza), a las que se desplazaron decenas de profesores de diversas especialidades y cuya
coordinación era competencia de la sede central del INBAD, a través de un jefe de estudios en cada uno de los países en que se desarrollaba la acción. Una década después de su creación, la evaluación de los resultados educativos alcanzados fue poco satisfactoria, por lo que la red de aulas del INBAD fue desmantelada.