La necesidad de valorar económicamente la economía del cuidado e invertir en ella

Para avanzar hacia una recuperación transformadora, desde la CEPAL se ha recomendado proteger el gasto social y la inversión pública en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También se resaltaron los efectos multiplicadores e igualadores del gasto social y, considerando que la inversión pública ha sido la variable de ajuste durante la última década, se señaló que se debería mantener o incrementar su participación dentro del gasto total (CEPAL, 2022d). Cada vez son más necesarias las transferencias e inversiones estratégicas en sectores que contribuyan a poner fin a las desigualdades de género en la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. Por otra parte, tanto la Agenda Regional de Género (CEPAL, 2022f) como la Agenda 2030 establecen la importancia del reconocimiento y la valorización del trabajo no remunerado, así como la necesidad de elaborar instrumentos que posibiliten la medición del uso del tiempo de hombres y mujeres. Así, en las últimas décadas se ha avanzado en la elaboración de metodologías que posibilitan valorar el trabajo de cuidados.

Como se señala a continuación, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado ya representa una parte muy importante de las economías de la región, mientras que invertir en cuidados puede ser particularmente estratégico.

Ya son diez los países de la región que han calculado el aporte monetario del trabajo no remunerado de los hogares. Algunas de las aproximaciones realizadas en la región cuantifican que este tipo de trabajo tiene un valor de entre alrededor de un 15,9% y un 27,6% del PIB (véase el gráfico V.5). En promedio, el 74% de este aporte lo realizan las mujeres (Vaca Trigo y Baron, 2022).

La magnitud del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en relación con el PIB muestra la relevancia de este trabajo a nivel económico y esto se contradice con la poca valoración social que tiene y con el escaso uso que se le da a esta información para la toma de decisiones en términos de políticas económicas. Por ejemplo, en la Argentina y Chile, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en relación con el PIB superó a los primeros sectores de la economía en los años en que se calculó (ComunidadMujer, 2019; D’Alessandro y otras, 2020). Durante la pandemia, debido al aumento de horas dedicadas a las labores domésticas y de cuidados, estas valoraciones económicas registraron un marcado incremento. En 2020, por ejemplo, en Chile pasó a ser del 25,6% (Avilés-Lucero, 2020), en la Argentina ascendió al 21,8%, cifra un 5,9% mayor que la medición que no toma en cuenta los efectos de la pandemia (D’Alessandro y otras, 2020), y en México, el valor económico neto per cápita del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado registró un incremento de 11,1% respecto del año anterior (INEGI, 2021).

Gráfico V.5

América Latina (10 países): valor del trabajo no remunerado de los hogares, 2010-2021 (En porcentajes de PIB)

Argentina,

2019 Chile,

2015 Colombia,

2021 Costa Rica,

2017 Ecuador,

2017 El Salvador,

2010 Guatemala,

2011 México,

2020 Perú,

2010 Uruguay,

2013

15,9 20,8 19,6 25,3 19,1 21,3 18,9 27,6 20,4 22,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la valorización del trabajo no remunerado de los organismos rectores de las cuentas nacionales de cada país, con las siguientes excepciones: para la Argentina, el cálculo corresponde al ejercicio, con inclusión de los efectos de la pandemia, realizado en M. D’Alessandro y otras, Los cuidados, un sector económico estratégico: medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al producto interno bruto, Buenos Aires, Ministerio de Economía, 2020; para el Uruguay, corresponde a un cálculo no oficial realizado en S. Salvador, “La valoración económica del trabajo no remunerado”, Los tiempos del bienestar social: género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay, K. Batthyány (ed.), Montevideo, Instituto Nacional de las Mujeres/Doble clic-Editoras, 2015.

La sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres representa un obstáculo para su plena participación en el mercado laboral y para impulsar procesos de desarrollo económico con igualdad en la región. Por tanto, liberar el tiempo de las mujeres y garantizar su autonomía económica produce externalidades positivas que repercuten en el resto de la economía y, por ende, en la recaudación fiscal. Por ejemplo, en un estudio realizado recientemente para Colombia, con una metodología basada en un modelo de equilibrio general, se estimó que si el Estado y el mercado asumieran los cuidados que hoy se realizan de forma no remunerada, este nuevo sector productivo pasaría a contribuir con el 33,7% del PIB (López Montaño, 2022).

Por otra parte, la inversión en sistemas de cuidados es particularmente estratégica, ya que no solo permite romper con el círculo vicioso de pobreza y exclusión, sino que puede transformarse en un círculo virtuoso que genere múltiples efectos positivos en términos sociales y económicos (CEPAL, 2021c; ONU-Mujeres/CEPAL, 2022).

En primer lugar, aportaría a aliviar la sobrecarga de las mujeres respecto de los cuidados, a disminuir el costo de oportunidad de la participación de las mujeres en el mercado laboral (véase el capítulo IV) y, por consiguiente, a promover procesos de autonomía económica. En segundo término, la inversión en el sector de cuidados tiene la capacidad de generar puestos de trabajo y de dinamizar otros sectores interrelacionados de la economía (como el de las obras públicas). A su vez, toda esta mayor actividad económica puede amortizar en parte la inversión inicial en la forma de una mayor recaudación fiscal. Por último, la inversión en sistemas de cuidados contribuye de manera directa al bienestar de las personas, especialmente si se regula y controla la calidad de los servicios comunitarios, públicos y privados que brindan cuidados. En el caso específico de la inversión en cuidado infantil, esta también traería beneficios en el largo plazo a través de un mayor desarrollo físico y cognitivo de niñas y niños, especialmente aquellos en situación de pobreza (ONU-Mujeres/CEPAL, 2022).

En este contexto, las políticas de cuidado, con una ampliación de servicios públicos, tienen el potencial de transformarse en uno de los motores de una recuperación transformadora. 

En términos de las inversiones necesarias y sus efectos dinamizadores, estudios realizados en el Uruguay (De Henau y otros, 2019) y México (ONU-Mujeres, 2020) indican que impulsar sistemas de cuidados infantiles universales y gratuitos (con distintos parámetros en cada caso) exigiría una inversión anual bruta del 2,8% del PIB en el Uruguay y un gasto adicional del 1,2% del PIB en México. El empleo de las mujeres se incrementaría 4,2 puntos porcentuales en el primer país y el empleo total aumentaría un 3,9% en el segundo. A su vez, los nuevos empleos generarían ingresos fiscales que reducirían la brecha neta de financiamiento al 1,4% del PIB en el Uruguay. En el caso de México, la recaudación adicional sería del 0,29% del PIB. De manera similar, en un estudio realizado para siete países de América Latina, el Canadá y los Estados Unidos se estimó que la inversión bruta en sistemas de cuidados infantiles y para personas en situación de dependencia permanente y la ampliación de licencias parentales supondría un total del 4,3% del PIB¹³, lo que, al mismo tiempo, acarrearía

un incremento de 10,6 puntos porcentuales en la razón empleo-población en el caso de las mujeres (frente a 2,7 puntos porcentuales en el caso de los hombres) proyectado a 2035 (De Henau, 2022). A su vez, la mayor recaudación fiscal generada rebajaría al 3,2% del PIB (proyectado) la inversión necesaria para universalizar y extender estos sistemas.

Antes de la pandemia, entre 2014 y 2018, el gasto en educación y cuidado para menores de 6 años representó aproximadamente el 0,35% del PIB, en promedio, en 12 países de la región para los que se cuenta con información (en países de la OCDE representó el doble)¹⁴. En la Argentina, Chile, Costa Rica, el Perú, la República Dominicana y el Uruguay aumentó más de 0,05 puntos porcentuales (se destaca Chile con 0,17 puntos porcentuales), mientras que en el Brasil, Colombia y México se redujo 0,26, 0,09 y 0,05 puntos porcentuales, respectivamente. Por su parte, el gasto tuvo menores fluctuaciones en El Salvador, Guatemala y Trinidad y Tabago. En esta línea, cabe destacar la iniciativa del Ministerio de Obras Públicas de la Argentina, que en 2021 estableció un Fondo de Infraestructura de Cuidados al que se destina el 8,5% del presupuesto anual. Este fondo está dirigido a obras para la infancia, la salud, los géneros y las juventudes, que fomenten el derecho al cuidado y garanticen estándares básicos de calidad de vida (Ministerio de Obras Públicas, 2021).

Este es un ejemplo de cómo puede cautelarse el gasto orientado a políticas de cuidados.

En este capítulo se han presentado los diferentes desafíos macroeconómicos y comerciales en un contexto internacional y regional complejo, que ponen en evidencia la necesidad de concretar cambios en la orientación de las políticas fiscales, productivas y comerciales desde un enfoque de género, así como de contar con un entorno macroeconómico propicio para una recuperación con igualdad. Se necesita un viraje en los patrones productivos, comerciales y financieros para avanzar hacia una sociedad del cuidado en la que se reconozca la interdependencia entre las personas, así como entre los procesos productivos y de reproducción social, y que ponga la autonomía de las mujeres y la sostenibilidad de la vida y del planeta en el centro.

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