“En septiembre de 2012, me encontré demandando al Gobierno de los Estados Unidos. Como soy un estadounidense leal y patriota, esto fue un gran impacto para mí. Todavía me sorprende cuando pienso en ello”, narra Green (Green y High, 2017: 85).
El motivo de esta demanda ahora es bastante conocido. El 23 de marzo de 2010, el presidente Barack Obama promulgó la Ley de Protección del Paciente y
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Cuidado de la Salud Asequible, más conocida como Ley de Cuidado de la Salud Asequible o, simplemente, Obamacare…: (Green y High, 2017: 86).
Lo que hizo que mi familia y nuestra empresa entraran en conflicto con esta ley fueron algunos detalles sobre el tipo de atención que las empresas privadas debían brindar a sus empleados. Ciertamente no nos opusimos a cuidar generosamente a nuestros trabajadores. Durante años, Hobby Lobby había pagado muy por encima del estándar de la industria… Cerramos los domingos para que los trabajadores pudieran estar con sus familias y cerramos temprano los días de semana por la misma razón. Nuestros trabajadores asegurados disfrutan de los servicios de una clínica médica gratuita en el lugar, el cuidado de los capellanes de la compañía, las oportunidades de programas educativos y muchos otros beneficios generosos…: (Green y High, 2017: 87).
…no nos opusimos a proporcionar seguros o cualquier otro beneficio razonable para nuestros trabajadores. Nuestro problema … fue su insistencia en que paguemos los medicamentos que interrumpen los embarazos después de la concepción. Esto significaba que estábamos obligados a pagar por abortos, una práctica que nosotros, como cristianos bíblicos, creemos que es contraria a la voluntad de Dios…
Siendo cristianos, no pagamos por medicamentos que podrían causar abortos. Lo que significa que no cubrimos la anticoncepción de emergencia, la píldora del día después o la píldora de la semana siguiente. Creemos que hacerlo podría acabar con una vida después del momento de la concepción, algo que es contrario a nuestras creencias más importantes…: (Green y High, 2017: 88).
Lo que fue tan perturbador como los requisitos de aborto de la ley, fue el hecho de que el Gobierno estaba permitiendo excepciones a la ley…
Esto era antiamericano. Creíamos que no era constitucional. También sabíamos que era una violación de la Ley de Restauración de la
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Libertad Religiosa… No sólo el Gobierno federal estaba creando una
"carga" sobre nuestro libre ejercicio de la religión, sino también amenazaba con multarnos con 1,3 millones de dólares diarios si no cumplíamos con su ley injusta e inmoral…Imaginé que perderíamos la compañía si las cosas iban mal…: (Green y High, 2017: 90).
Las empresas del caso argumentaron que no solo los individuos, sino también las corporaciones están protegidas por la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993 (RFRA) y que el mandato anticonceptivo es una carga para el libre ejercicio de su religión, porque requiere que violen sus creencias religiosas al ofrecer un seguro médico que cubriera cuatro tipos de anticonceptivos que podrían evitar que un óvulo fertilizado se implante en el útero. Si la empresa no ofreciera esos cuatro anticonceptivos, enfrentaría severas sanciones financieras.
La familia Green, Hobby Lobby Stores, Inc. y Mardel, Inc., presentaron su demanda solicitando que se declarara que la ejecución del mandato por parte del Gobierno violaba las Enmiendas Primera y Quinta de la Constitución de los Estados Unidos y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993 (RFRA) y que emitiera una orden judicial permanente que prohibiera la aplicación del mandato contra Hobby Lobby y otras personas y corporaciones que se oponían por motivos religiosos a proporcionar cobertura de seguro para medicamentos y dispositivos que provocan abortos, y educación y asesoramiento relacionados.
Sostuvieron que respetaban las convicciones religiosas de todos los estadounidenses, incluidos aquéllos que no estaban de acuerdo con ellos, pero que sus creencias religiosas les prohibían brindar cobertura de salud para medicamentos y dispositivos anticonceptivos que terminan con la vida humana después de la concepción (Fuller, 2014).
Por su parte la familia Hahn y Conestoga Wood Specialties Corporation presentaron su demanda alegando que varias regulaciones y pautas implementadas en relación con la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de la Salud Asequible de 2010 (ACA) violaba la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993 (RFRA), las Enmiendas Primera y Quinta de la Constitución y la
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Ley de Procedimiento Administrativo, oponiéndose a las regulaciones con respecto a la Atención Médica Preventiva de la Mujer (el mandato), que los obligaba a pagar y facilitar la cobertura del seguro y el uso de anticonceptivos con un efecto abortivo, así como la educación y asesoramiento relacionados.
Afirmaron que estas regulaciones entraban en conflicto con sus creencias religiosas sinceras, solicitando su exclusión de la obligación de proveer cobertura de anticonceptivos de la ACA en la medida en que la misma les requería proveer cobertura en el seguro médico a los cuatro métodos anticonceptivos aprobados por la FDA que operan con posterioridad a la fecundación de un óvulo.
En ambos casos el Gobierno federal había argumentado que una corporación con fines de lucro no es una persona a la que se refiriera la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993 (RFRA); que incluso si los propietarios de las empresas podían hacer un reclamo en virtud de dicha ley, sus creencias religiosas no podían anular los intereses de los empleados y miembros de su familia que tenían derecho bajo la Ley del Cuidado de Salud Asequible de 2010 (ACA) a los anticonceptivos que sus médicos creían que eran necesarios para ellos; que las creencias religiosas de los propietarios de las empresas no estaban cargadas sustancialmente; que el Gobierno tenía un gran interés en los beneficios de salud de los anticonceptivos para reducir los embarazos no deseados y que también tenía una razón convincente para garantizar el acceso a los servicios preventivos para las mujeres; que la Ley del Cuidado de Salud Asequible se había creado sobre el sistema de seguro médico privado y otro proporcionado por el empleador, y que el Gobierno no debería tener que pagar los anticonceptivos porque los propietarios de las empresas tuvieran una objeción religiosa.