Política Migratoria en México: el endurecimiento y la implementación de

flujos migratorios. En el mejor de los casos, sólo procura un mejor trato en las detenciones y deportaciones por parte de las autoridades, pero no disminuye la criminalización, las extorsiones, los secuestros, y las desapariciones de los migrantes, por lo menos para el caso de México.

3.1 Política Migratoria en México: el endurecimiento y la implementación de programas

El 11 de septiembre de 2001 es un punto de quiebre para comprender lo que sucedió con las políticas migratorias en México, que se resume en acciones de contención de los flujos migratorios y se convierten en política de Estado. En este sentido, la Casa Blanca implementó una política de seguridad que implicó la reestructuración de sus instituciones y la concentración de funciones en el Departamento de Seguridad Interna, el presupuesto aumentó, se reforzó la vigilancia de sus fronteras, y se produjo un “corrimiento” de la frontera norte que abarca la Frontera Sur. De esta manera, la migración transnacional se convirtió en un tema de seguridad nacional para Estados Unidos y México, donde las fronteras funcionan como contenedores. En este sentido podemos señalar varios

ejemplos, uno de ellos el ocurrido el 7 de abril de 2018 cuando el Secretario de Defensa James N. Mattis autorizó hasta 4000 efectivos de la Guardia Nacional para desplegarse en la frontera de Estados Unidos con México, las tropas comenzaron a desplegarse a partir de la autorización, cabe mencionar que el presidente Donald J. Trump autorizó a la Guardia Nacional junto con la aprobación de los gobernadores que afirman ser afectados por las actividades ilegales en la frontera con México (Comunicado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Abril, 2018).

De acuerdo con Villafuerte (2017) la política migratoria en México para los transmigrantes centroamericanos se debe entender como un mecanismo de contención-detención-deportación, ya que el interés del gobierno mexicano es deportarlos de forma rápida para disminuir gastos, también es importante para el gobierno tener mayor control en las zonas fronterizas, porque que reduce el tiempo para el traslado a los países de origen.

Tarrío y García (2008), García y Villafuerte (2017) coinciden en que el punto de partida del endurecimiento de la política migratoria en México es el acontecimiento del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Si bien antes de este atentado el gobierno de México tenía en marcha el Plan Sur en el que se enfatizaba la contención de migrantes, es después del ataque terrorista cuando la Frontera Sur de México se convierte en un espacio prioritario para el gobierno de Estados Unidos y por ende para México, donde la intención es el freno de migrantes centroamericanos.

García y Tarrío (2008) se cuestionan sobre la existencia de una política migratoria en la Frontera Sur de México, sobre todo en la forma que se aplica hacia los migrantes irregulares, consideran en primer lugar, que está el Plan Sur que estuvo vigente de 2001 a principios de 2003 teniendo como objetivo central “el fortalecimiento de la vigilancia y control de los flujos migratorios desde el istmo de Tehuantepec hasta la frontera sur” (2008:144); en 2003 el Plan se sustituyó por el proyecto Fortalecimiento de las Delegaciones Regionales de la Frontera Sur que tenía acciones de control, mejoramiento y ampliación de estaciones

migratorias, combate del tráfico de migrantes; y acuerdos con Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador sobre la repatriación. De acuerdo a las autoras es hasta 2005 cuando se establece una propuesta de política migratoria integral para la Frontera Sur de México.

Pero, ¿en qué consistía? de acuerdo con las autoras, la política migratoria se limitó al fortalecimiento del INM y su personal, en otorgarles información sobre los derechos humanos, procedimientos jurídicos y logísticos. Las autoras concluyen que en México no existía una política que atendiera a la migración irregular, un hecho que define a la Frontera Sur y que se hace insuficiente con la intervención de las políticas de seguridad nacional, la realidad de una política que atienda la migración irregular aún no se hace visible, pues se mantienen las acciones únicamente de detención y deportación a los países de origen, siguiendo las mismas formas de violación a los derechos humanos y el riesgo en el que se encuentran los migrantes al cruzar las fronteras, además sostienen que el uso de la fuerza por parte de los agentes de migración está apoyada con la fuerza policiaca federal y estatal, una realidad que sigue vigente.

El trabajo de García (2015) se sitúa en este mismo contexto, se enfoca en dos aspectos importantes para el entendimiento de la política en el tiemplo global: el primero sobre los marcos jurídicos normativos tanto del tema migratorio como de seguridad nacional y los derechos humanos; el segundo en la política “situada y contingencional”, en el que la autora sostiene que el fenómeno de la migración irregular se desdibuja cuando se encuentran el narcotráfico, la delincuencia transnacional y el terrorismo, pues éstos fenómenos hacen posible el resguardo transfronterizo y la seguridad exterior e interior, estamos hablando de políticas que no sólo son migratorias, afirmando que hay una “colocación de la migración irregular en el paquete de los “nuevos” enemigos cuyo sentido perverso se decanta en la extremada politización y sus derivaciones punitivas y racistas”

(2015:53).

La autora nos invita a mirar hacia atrás, puntualizando dos momentos que tienen que ver con la atención estratégica del gobierno mexicano a su Frontera Sur, en

los dos se encuentra la presencia del gobierno de EUA aunque de forma diferenciada, estamos hablando del desplazamiento de guatemaltecos huyendo de la guerra, en ese momento el gobierno de México situó su política de refugio;

el segundo es a partir de acuerdos de integración comerciales y la construcción de una agenda de seguridad nacional, que serviría para la detención de terroristas, drogas y de migrantes.

En otro momento, durante el periodo 2009- 2017 en el que Barack Obama fue el presidente de Estados Unidos se alentó una política antimigrante en la cual se implementaron programas como la llamada “Comunidades Seguras”, además se incrementó el presupuesto para la seguridad fronteriza, se aumentó el número de agentes de la patrulla fronteriza, se fortaleció de forma física y virtual la frontera México-Estados Unidos, en este periodo también aumentó el número de detenciones y de deportados de origen centroamericano (García y Villafuerte, 2017).

Los autores citados sostienen que la implementación de medidas para la contención de migrantes centroamericanos en la Frontera Sur de México están diseñadas por el gobierno de Washington, se formularon en el momento de la crisis económica y por la posición de los grupos conservadores de ese país, sin embargo al superarse el punto alto de la crisis la política antimigrante se mantuvo, lo que hizo pensar que detrás de ello está la búsqueda de seguridad. Sugieren en este sentido que existe un endurecimiento en las medidas de contención de migrantes a partir de la política antinmigrante de Estados Unidos.

En este mismo sentido, García (2015) situándose en México, plantea que durante el periodo de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2006 y 2006-2012, respectivamente) México se subordinó a la agenda de seguridad del gobierno de EUA de manera clara y contundente. La atención en la política antimigrante y las repercusiones en México entran a formar parte de la Iniciativa Mérida acordada por Felipe Calderón y George Bush que se puso en vigor el 30 de junio de 2008 concluyendo a mediados del año 2011, aunque el propósito fundamental era combatir el narcotráfico se adhirió el tema migratorio junto con

las Instituciones que se encargan del tema y su vigilancia, como es el INM (García y Villafuerte, 2017).

Esta iniciativa es un paquete con ayuda económica, técnica y de inteligencia, en el que se trata de combatir el crimen organizado abarcando la migración transnacional, “en diciembre de 2008 Estados Unidos entregó a México 197 millones de dólares, y otros 99 en enero de 2009” (Medina, 2015:180-181, citado en Villafuerte, 2017). Con lo anterior, no se tiene duda de que la Iniciativa Mérida tenía interés primordial a la Frontera Sur de México, sobre todo con lo que respecta a la seguridad con Centroamérica, es decir, la detención de migrantes irregulares.

En la ejecución de la política migratoria en México es fundamental el Instituto Nacional de Migración (INM). Este se crea en 1993 con la finalidad de regular los flujos migratorios, sin embargo a partir de la creciente vulnerabilidad y agresiones hacia migrantes irregulares, se instituyen grupos de protección que derivan de la misma institución, los Grupos Beta, que tuvo sus inicios en el año de 1990 en Baja California surgiendo como un programa piloto, posteriormente se integra el Grupo Beta Tijuana, cuatro años más tarde forma parte el Grupo Beta en Nogales, en 1995 se crea uno en Tecate y otro más en Matamoros, actualmente son 22 los Grupos Beta en 9 estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

Los Grupos Beta de Protección a Migrantes, tienen como objetivo rescatar y auxiliar a los migrantes extraviados o los que se encuentren en situación de riesgo, además proveen ayuda humanitaria como los primeros auxilios, traslados a hospitales y alimentos, también ofrecen la canalización para quejas y denuncias, así también proporcional información a los migrantes sobre sus derechos y riesgos durante el trayecto, cuando se enfrentan a casos de trata, también los canalizan a la autoridad correspondiente, sin embargo parece ser contradictorio porque, por un lado, el INM es el actor principal para la detención y deportación de migrantes, pero también tienen grupos que apoyan a los migrantes con alimentos, bebidas y los atienden, parece ser que detrás de esta

ayuda humanitaria está la ubicación de migrantes. Los Grupos Beta no pueden trasladar a migrantes a menos que estos decidan ser deportados.

En julio de 2016, se presentó el Informe final de la Evaluación en materia de Diseño al Pp¹⁹ E008, Política y servicios migratorios en donde se señala que en 2015 el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público realizó una reestructuración en los programas y acciones en torno al fenómeno migratorio, que resulta de la siguiente manera: el Pp E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos, el Pp p019 Coordinar la política migratoria y la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, se fusionaron por el Pp E008 Política y servicios migratorios, la razón es que la política migratoria del Estado mexicano se articula para que los servicios migratorios sean eficientes y para que la atención hacia las y los migrantes estén dentro del marco de los derechos humanos. Éste programa abarca a los migrantes regulares como irregulares, el cual busca contribuir a desarrollar políticas de población y migración que sean incluyentes y ejerzan los derechos, en este sentido buscan mejorar la atención a migrantes, además de facilitar los flujos migratorios.

El informe señala que las fronteras en México comenzaron a ser tema de seguridad nacional a partir de 5 razones: 1) El interés de EU en la liberación comercial e integración económica con México. 2) la guerrilla en la Frontera Sur de México, 3) El aumento de la migración de centroamericanos que buscaban llegar a EU recorriendo territorio mexicano, 4) la política migratoria de EU a partir de los atentados en 2001 y 5) el incremento en la presencia de pandillas de Norte y Centroamérica. No por nada el creciente interés del gobierno de México en el tema de migrantes irregulares ha sido por el incremento del fenómeno en los últimos años, se puede observar con los diversos planteamientos expuestos que el interés del gobierno mexicano no es por mérito propio, sino que detrás existe

“alguien” que ejerce presión para que el tema migratorio sea atendido de forma tajante.