El enfoque de ciudadanía condena permanentemente la ausencia de derechos y pretende incidir en la creación de un marco de legitimidad para los actores sociales y las políticas. Si la coordinación es importante en cualquier sector de la cooperación, es de crucial importancia en el sector de la gestión. La tarea es clara, como lo son las condiciones que colocan a una sociedad en el camino del gobierno democrático.
Y estos retos se aplican en todos los ámbitos: en la sede, en el terreno, entre los múltiples actores de la cooperación española y con los países socios. Como sugieren algunos autores, las estrategias para el empoderamiento de los sectores excluidos no solo deben enfocarse en el fortalecimiento de la sociedad civil, sino también en el desarrollo de la institucionalidad estatal. Porque el sistema social y económico de muchos países sigue estando basado en la exclusión.
En el año 2000, esta cifra ascendió a 1.000 millones en los países desarrollados ya 2.000 millones en los países en desarrollo, es decir, la mitad de la población mundial. En el caso de la colaboración española, se han financiado campañas educativas y de sensibilización social en muchos países a través de los medios de comunicación.
Justificación de la Estrategia
Este enfoque más amplio de la gobernanza democrática está alineado, como se mencionó al comienzo de este documento, con el de la Comisión Europea. En el caso concreto de la participación española, prima el enfoque de derechos sociales, civiles y políticos, que va desde los hechos (actividades aisladas para promover la buena gobernanza) hasta el enfoque de derechos (la universalidad de los derechos humanos como indicadores de la gobernanza). La coordinación entre donantes es uno de los principios de la Declaración de París para mejorar la eficacia de la ayuda, lo que debe estar previsto en toda estrategia de desarrollo, por lo que es particularmente importante encontrar espacios de coordinación a nivel nacional.
Como se verá en el capítulo dedicado al marco de referencia de esta estrategia, en España existe una gran variedad de actores que trabajan en el ámbito de la gobernabilidad democrática, ya sea en las administraciones públicas o en la sociedad civil. Principalmente por coherencia y eficiencia: cuando se trata de la reforma de la justicia, la fiscalidad o la creación de una estrategia antipobreza, no puede haber políticas o programas contradictorios. Esto es crucial para la cooperación en el campo del desarrollo económico y social, para apoyar procesos de descentralización o para diseñar programas que apoyen la consolidación del sistema de partidos, por mencionar algunos ejemplos.
Por otro lado, como se explica más adelante en los lineamientos de intervención, en el caso de la gobernanza será cada vez más necesario realizar intervenciones más amplias que también tengan en cuenta diferentes actores de la sociedad civil y sectores de la administración pública, no solo los gobiernos. El tercer turno consiste en medir la eficacia de la ayuda internacional en función de los resultados obtenidos a medio y largo plazo24 (en términos de procesos) y no en función de los recursos utilizados para promover la gobernabilidad. Por lo tanto, es necesario priorizar acciones mediante la identificación de condiciones favorables para la implementación de políticas y programas.
Tradicionalmente, la colaboración ha priorizado la identificación de problemas y su análisis como obstáculos al cambio. 25 Véase sobre este punto GRINDLE, M. 2004) "Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries", en Gobernanza: Revista Internacional de Política, Administración e Instituciones, vol. En estados fallidos, el establecimiento de la legitimidad política se puede priorizar (o al menos en paralelo) con la reforma del servicio civil.
Si las condiciones institucionales a nivel central o regional hacen imposible ofrecer resultados a los ciudadanos de hoy con el apoyo de la cooperación internacional, es necesario cambiar la lógica de intervención y buscar cambios positivos para los ciudadanos en los municipios y sociedades, o en aquellos otros. instituciones más cercanas a la sociedad.
Marco de Intervención
Promoción de mecanismos públicos para fortalecer la seguridad ciudadana Promoción y protección de los derechos humanos. Las acciones se centrarán en promover la inmediatez y los procedimientos orales acordes con el lenguaje. Desarrollo de capacidades para. planificación y formulación de políticas sociales. principalmente en los sectores de salud, vivienda, obras públicas, educación), que incluyen una visión de sostenibilidad ambiental.
Creación y/o fortalecimiento de instituciones (o dependencias dentro de ellas) para la atención específica a la sustentabilidad ecológica. Fortalecer la relación interinstitucional e interdepartamental para la integración de la visión estratégica de los derechos humanos, políticos, sociales, económicos y civiles. Fortalecimiento de capacidades para la planificación y formulación de la política social. prioridad en los sectores salud, vivienda, obras públicas, educación, empleo) en los que se incluye la visión de reducción de la pobreza.
Fortalecimiento de la relación interinstitucional e interministerial para la incorporación de la visión estratégica de reducción de la pobreza. Fortalecimiento de la capacidad de los servicios de seguridad para hacer frente a los delitos contra el medio ambiente. Fortalecer la capacidad de las autoridades judiciales para sancionar los delitos contra la sostenibilidad ambiental.
Extender la seguridad ciudadana a los centros (urbanos y rurales) en situación de pobreza. Fortalecimiento de las instituciones judiciales para aplicar leyes a favor de las mujeres (defensorías de la mujer, juzgados de familia, etc.). Los principios generales de la ordenación geográfica en el ámbito de la gestión serán la coordinación, coordinación y complementariedad de políticas.
Por lo tanto, (1) el fortalecimiento de los instrumentos de derechos humanos y (2) la línea estratégica de fortalecer la cohesión social será una prioridad. En este sentido, se priorizarán las líneas relacionadas con la promoción de la democracia representativa y el pluralismo, así como el fortalecimiento de las entidades locales. Los servicios públicos en España han jugado un papel muy importante en la promoción de la gobernabilidad democrática.
EVALUACIÓN
Marco de Referencia
Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales se refieren a aspectos distintos e indivisibles de la dignidad y la seguridad humanas. La importancia que las autoridades políticas de la Unión conceden a la protección de la democracia y los derechos humanos se refleja en los Tratados. El artículo 177 del Tratado constitutivo de la Unión Europea define que "la política comunitaria en el ámbito de la cooperación al desarrollo contribuirá al objetivo general del desarrollo y consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, así como al objetivo de respetar los derechos de los los derechos humanos y las libertades fundamentales".
De manera similar, el artículo 5 IV de la Convención de Lomé revisada trata ampliamente el tema de los derechos humanos y la democracia. Asimismo, el Reglamento del Consejo sobre operaciones cofinanciadas con organizaciones no gubernamentales europeas contempla específicamente operaciones relacionadas con el fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia. Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional al desarrollo y del plan director de la cooperación española.
Es la primera referencia legal de la política de cooperación española en el ámbito de la gobernanza. España elaboró en 2003 la primera Estrategia de Gobernanza Democrática (Estrategia de la Cooperación Española para el Impulso de la Democracia y el Estado de Derecho). Decreto 172/2005, de 19 de julio, por el que se regula el Consejo Andaluz de Cooperación Internacional al Desarrollo, la Comisión de Cooperación al Desarrollo y el Registro de Agentes de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y los principios de coherencia y complementariedad previstos en la normativa vigente de la Unión Europea. ASTURIAS Decreto 204/2003, de 2 de octubre, sobre competencias, organización y funcionamiento de la Agencia Asturias de Cooperación al Desarrollo. Ámbitos de actuación preferente Plan General de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2005-2008.
Plan Director Regional de Cooperación de la Región de Murcia (En proceso de tramitación). El número de personas asociadas al sector gubernamental varía de una delegación a otra. Áreas de intervención: Transformación de los sistemas políticos, estabilidad macroeconómica y de inversiones, seguridad nacional, responsabilidad y honestidad de los gobiernos.
Bibliografía y webs de interés
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OCDE (2004), Reforma y Gobernanza del Sistema de Seguridad: Políticas y Buenas Prácticas, Policy Brief, París. Ed.) (2004) La Calidad de la Democracia: Teoría y Aplicaciones, Univ. 2006), De la pobreza a la exclusión social: la persistencia de la miseria en Centroamérica FUNDACIÓN CAROLINA - CEALCI, Madrid PNUD (2004), La democracia en América Latina: hacia la democracia ciudadana y. PNUD (2007), Plan Estratégico PNUD, Arreglos de Programación y Presupuesto Bienal.
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