La Fragua de los Tiempos 30 de agosto de 2009 # 829
Namiquipa, tierra de revolucionarios
Jesús Vargas Valdés
Los movimientos antiporfiristas en el estado de Chihuahua de finales del siglo XIX
(1889-1896), se concentraron en la región del noroeste: Tomóchic, Namiquipa, Cruces, Temósachic, Santo Tomás, Yepómera, Palomas, Ascensión. Pasaron como afanes libertarios de la última década del siglo, encuentros antagónicos, combates a cielo abierto, emboscadas traicioneras. Batallas y más batallas, las más de todas pérdidas por los del pueblo. Fusilamientos masivos, asaltos nocturnos en los hogares de los alzados, inocentes masacrados, encarcelados; pueblos y sembradíos incendiados; oleadas de mujeres viudas desarraigadas, que arrastran a sus hijos y sus soledades de pueblo en pueblo, buscando un nuevo pedazo de cielo para vivir.
Las crónicas recogieron la tragedia, la terquedad de los adelantados que se despertaron antes del alba, abriendo con su sangre luminosa el camino que habrían de seguir los otros, los que se levantaron a la vuelta del siglo, con las mismas banderas, los mismos ideales y los mismos corazones.
Orgullo de valientes, sufrimientos y calamidades de familias, gloria para estas tierras septentrionales: combates de Tomóchic, El Manzano, Santo Tomás, Temósachic, ahí quedaron pero persistieron como fuego tierno en la memoria. Después de tantas derrotas y sacrificios, luego que la sangre se había agotado, los que quedaron de pie se reunieron en algún punto de la llanura, de momento dejaron el fusil, en su lugar tomaron la palabra y escribieron, para que todo el pueblo supiera, para que los hijos no olvidaran y para que el futuro se reconociera en su ejemplo.
Después de los combates de la aduana de Palomas y de la emboscada en el Cañón del Manzano, el periodista chihuahuense radicado en El Paso, Lauro Aguirre, intentó reagrupar a los dispersos, en eso se llevó todo el año de 1895 y ya no fue posible reunir un nuevo ejército de los pueblos del noroeste; Aguirre vivía en El Paso donde publicaba un periódico de combate. No podía internarse a territorio chihuahuense porque lo perseguían los esbirros de la dictadura. Tampoco tenía contactos con los sobrevivientes de las guerras anteriores.
A principios de 1896 se juntaron los últimos jefes de todas las revueltas que se habían organizado a lo largo de la frontera, desde Tamaulipas hasta Sonora. Los conspiradores se encontraron en la casa que Teresa Urrea había conseguido en Solomonsville, pueblo del estado de Arizona. Durante varias noches deliberaron cual sería el camino a seguir.
Estaban presentes los antiguos compañeros de Catarino Garza y algunos sobrevivientes de los grupos de Sonora y de Chihuahua. Entre todos redactaron el Plan Restaurador de la Constitución y Reformista, que se dio a conocer el 5 de febrero de 1896 como si se hubiera firmado en Tomóchic, por eso la gente de los pueblos lo identificó como el Plan de Tomóchic.
Los espías de México y de los Estados Unidos tuvieron conocimiento de aquella reunión, y en los documentos policíacos y en las notificaciones de que habían aprehendido o perseguían a alguno de los conspiradores, se referían a ellos como “los teresistas” o “teresianos”.
Todas las razones del documento eran válidas y las acciones propuestas realizables.
Esperaban, soñaban que con esas ideas levantarían a todo el pueblo de México, pero no fue así; las fuerzas se habían agotado y la dictadura estaba en su mejor momento. Sin
embargo, en ese escrito quedaron para siempre las razones y los sueños de todos los libertarios, de los que habían caído y de los que juraron ese día seguir luchando hasta ver el fin de la dictadura porfirista. Catorce años después, Francisco Madero retomaría en el Plan de San Luis algunos de los puntos ahí enunciados.
En los años de referencia era muy difícil conseguir una imprenta para hacer copias de los documentos revolucionarios, el papel era escaso y muchos los riesgos para los impresores. Los pocos documentos y periódicos que llegaron a circular en los pueblos de Chihuahua se hicieron en territorio de los Estados Unidos y se trataba de tirajes muy reducidos, por eso la mayoría se perdieron para la historia.
El Plan Restaurador o de Tomóchic, es un arsenal más letal que cualquier plomo, potentes ideas y propuestas que se adelantaron por muchos años a su tiempo y que conservaron su vigencia, ideas revolucionarias sobre la igualdad de hombres y mujeres, respeto a la Constitución democracia electoral, derecho a la tierra y al trabajo, castigo a la corrupción y a los privilegios, etcétera.
Nos tocó la suerte de encontrar una copia de este plan en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahora es oportuno dar a conocer lo esencial de su contenido porque representa el pensamiento de los revolucionarios adelantados. A cien años de distancia, aseguramos que este es uno de los documentos más avanzado de todos los que se escribieron para combatir las tres décadas de dictadura porfirista y, como se ha dicho, aquí se pueden encontrar muchas de las ideas precursoras de la revolución de 1910.
Plan Restaurador de la Constitución y Reformista.
La copia consultada está contenida en 13 hojas y la estructura del plan es de lo más sencilla: 23 considerandos y 18 resolutivos. Debido a las limitaciones de espacio, sólo publicaremos algunas de las partes que a nuestro juicio son las más representativas y lo presentaremos sin respetar la estructura transcribiendo sólo el texto, las ideas:
Desde la sedición de Tuxtepec (que llevó al poder a Porfirio Díaz) se hizo a un lado la Constitución federal de 5 del febrero de 1857, única base en que se puede fundar el bienestar del hombre como el de la sociedad.
Los derechos y garantías del hombre han sido violados en todo y siempre por los sediciosos de Tuxtepec (gobierno de Porfirio Díaz) y sus llamadas autoridades, y principalmente el derecho de vivir y el derecho de defender la vida, puesto que bajo el nombre y pretexto de la paz, la pena de muerte se ha aplicado y se aplica siempre y sin limitación en todo el país, sin dar a las víctimas el más ligero derecho de defensa.
La aplicación de la llamada “ley fuga” se ha hecho y se hace por todas las llamadas autoridades del país.
La Constitución prohíbe clara y expresamente la suspensión de las garantías individuales que protegen la vida humana aún en casos de graves trastornos públicos. Es necesario poner un dique a ese torrente de sangre que se ha derramado y derrama en todo el país bajo el nombre y pretexto de la paz, y sin siquiera dar la más leve garantía a los que caen en las manos del llamado gobierno y sus llamadas autoridades.
Elvoto público, base en que se funda la legalidad constitucional de los gobiernos de México, no ha existido, ni existe en el país, desde el triunfo de la sedición de Tuxtepec, ni en las elecciones federales, ni en las de los estados, pues todos los funcionarios públicos que deberían ser puestos por el voto popular, desde el llamado presidente hasta el último juez de paz, son de hecho y sin cubrir las más groseras apariencias, puestos por don Porfirio Díaz, ya directamente, ya con su orden expresa ó tácita.
Bajo el nombre de concesiones de deslindes de terrenos baldíos el gobierno ha delegado en las llamadas compañías deslindadoras, una parte del poder administrativo, autorizándolas a que investiguen la validez de los títulos de propiedad agraria, y a que no respeten el derecho de posesión.
En lugar de combatir legalmente el monopolio y procurar la formación de muchas y pequeñas propiedades, ha protegido y entregado grandes extensiones de terrenos a las compañías deslindadoras y a otros especuladores, eximiéndolos de pagar el impuesto.
El monopolio de la propiedad agraria en lugar de aumentar la riqueza nacional la paraliza, porque los terrenos se dejan improductivos la mayor parte de ellos.
Por ser fuente de donde el hombre saca principalmente las materias primas para su subsistencia, la tierra debe ser para todos, como para todos es el sol y el aire, y que por lo mismo se hace necesaria una ley que respetando y garantizando debidamente los derechos legítimamente adquiridos, tienda a destruir el monopolio, a dividir la propiedad y a poner al alcance de todos los hombres el terreno que cada uno pueda aprovechar con su trabajo personal.
La libertad de pensar, escribir y enseñar, es y ha sido violada por el llamado gobierno de México, ya limitando la enseñanza a lo que se llama “ciencia oficial”, ya castigando con rigor y crueldad extrema a los periodistas independientes.
La ley electoral no garantiza de una manera práctica y eficaz el voto público ni da los medios prácticos a que los falsificadores del voto público sean debida y enérgicamente castigados, ni obliga a los ciudadanos a que cumplan con el deber de tomar participio en las elecciones y que por lo mismo se hace necesario que exista una ley electoral que obligue a los ciudadanos a votar, que el voto público sea debidamente emitido y respetado y que los falsificadores de él sean eficaz y enérgicamente castigados.
La ordenanza militar vigente está en pugna y aún en oposición con la Constitución federal, dicha ordenanza tiene mayor vigor y fuerza que la misma Constitución. En ese vigor está la fuerza de las tiranías militares que han pasado sobre el país y principalmente la tiranía que desde el triunfo de la sedición de Tuxtepec ha violado todo y los más sagrados fueros de la humanidad.
La responsabilidad de las autoridades no existe en México, por la deficiencia de las leyes lo cual ha dado origen a todos los atentados, hasta los más horrorosos y sangrientos. Es necesario poner un dique al abuso porque la autoridad está en las leyes y no en las personas encargadas de hacerlas cumplir.
En el estado actual de la civilización humana es mengua, atentatorio y monstruoso, todo hecho que mantenga la desigualdad humana, ya sea por sexos, por razas, ó por clases.
Se hace necesaria una ley para que el hombre y la mujer, el blanco y el negro, el nacional y el extranjero, el pobre y el rico, tengan los mismos deberes, derechos y prerrogativas, que sean absolutamente iguales “ante la ley”, como iguales son ante la naturaleza, por tener el mismo origen.
Es necesaria una ley que resuelva la relación entre el capital y el trabajo por la igualdad y la justicia, que cese la explotación del hombre por el hombre, explotación que ha engendrado y engendra todos los males sociales desde la tiranía del fraile y del militar hasta la tiranía del rico.
Los sacerdotes de todas las religiones están directamente interesados por vivir del trabajo de los demás y sin trabajar ellos, están interesados en destruir la libertad de pensar, pues ellos quieren ser los únicos que piensan por los demás.
Se han agotado todos los medios legales y pacíficos, no queda otro camino al país para sacudir la tiranía que él de las armas, último recurso de los pueblos para hacer valer sus derechos.
Por todo lo expuesto los suscriptos declaramos que sostendremos con la fuerza de las armas este plan, hasta el completo triunfo:
El jefe superior de la revolución restauradora de la Constitución y reformista expedirá a los tres meses de ocupada la ciudad de México por él, una convocatoria para elecciones de los poderes generales de la república, siempre que a esa fecha estén ocupadas la mayoría de las capitales de los estados por el ejército revolucionario, y en el caso de no estarlo, los tres meses se contarán desde el día en que esté dicha mayoría de las capitales en poder de dicho ejército revolucionario. En la convocatoria se expresará clara y terminantemente:
El jefe supremo de la revolución nombrará un gobernador interino en cada estado a medida que el ejército revolucionario ocupe las capitales de los estados. Los gobernadores de los estados convocarán a elecciones locales de los poderes y demás funcionarios de elección popular, un mes después de la fecha de que se hayan encargado del gobierno.
El jefe superior de la revolución al hacerse la convocatoria para elecciones expedirá una ley electoral que, además de garantizar plenamente la emisión del voto público, castigará con la pérdida de los derechos civiles a todos los que no concurran a emitir su voto en las elecciones, y con la pena de seis meses hasta dos años de prisión, al que falsifique el voto público.
En la ley electoral se expresará clara y terminantemente que los militares del ejército regular no puede elegir ni ser electos en las elecciones primarias, y que los militares que ejerzan presión, serán degradados.
La mujer tiene los mismos derechos del hombre y elegirá y será electa con absoluta igualdad al hombre y desempeñará todos los puestos públicos incluso el de presidente de la república.
Los sacerdotes de cualquiera religión ó culto en que haya jerarquías, reglamentos disciplinarios ó perciban sueldos ó limosnas por el ejercicio del culto, no gozan de los derechos civiles y políticos.
Tomóchic, febrero 5 de 1896.
Úrsula O. de Rico. –Mariana S. de Avendaño. –María J. de González. –Isabel B. de Figueroa. –Amada C. de Moreno. –Pascuala Terrazas. –Isaura S. de Chavira. –Manuel González Rascón. –Tomás Eseverri. –Arcadio Martínez y Bustamante. –Francisco Castro. –Apolinario Morales. –Juan Ruiz. –Rafael Moreno. –Agustín Rico. –Crisóstono Quintana. –Manuel Rico. –Simón Chavira. –Evaristo Castro. –Amador Ibarra. –José María Moreno. –Manuel Quintana. –Marcelino Quintana (hijo).
Por razones de seguridad los conspiradores ocultaron el lugar donde fue redactado el plan. También ocultaron los nombres reales de todos los firmantes, no obstante en los meses siguientes se desató una feroz persecución contra los que habían sido identificados por la policía porfiriana. Algunos fueron encarcelados, pero la mayoría logró evadir la persecución permaneciendo del otro lado de la frontera.
Entre atentados y persecuciones, Lauro Aguirre resistió inconmovible y valeroso en la ciudad de El Paso Texas, como si los años no pasaran. Desde ahí redactó varios periódicos y cuando empezaron a llegar los nuevos vientos empujados por la palabra libertaria de Juan Sarabia, de Camilo Arriaga, de Praxedis Guerrero y de los hermanos Ricardo, Enrique y Jesús Flores Magón, él fue uno de los primeros que se unió a la nueva generación, ahí lo encontraron los conspiradores que en 1906 se reunieron en ciudad Juárez para emprender la penúltima revolución contra Porfirio Díaz.
