La Ley se dicta bajo los auspicios de la jurisdicción estatal establecida en el art. Finalmente, se prevé la intervención de las comunidades autónomas en la acreditación de las entidades autorizadas para evaluar la competencia de los profesionales (art. 42). Una interpretación amplia de la disposición puede vulnerar el secreto de las comunicaciones (art. 18.3 de la Constitución).
La ley considera conjuntamente el régimen económico de la Administración General del Estado y el de los organismos públicos dependientes de ella. Además de la protección genérica del carácter fundamental de la Ley prevista por el artículo. 149.1.23 es, algunos principios de la Ley justifican su carácter fundamental al amparo de normas especiales.
4 de la nueva Ley General Tributaria recoge la distribución de la potestad tributaria establecida en el art. Con motivo de la adhesión de España a las Comunidades Europeas se dictó el Real Decreto de 26 de diciembre. Proteger la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
Modifica la nomenclatura y catálogo de autopistas y autopistas de la red vial nacional. El artículo 27 de la Constitución, con el fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. El artículo 27 de la Constitución y en las leyes orgánicas que la desarrollan, y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado por el artículo 2.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
PROCESOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1
Normas estatales con rango de ley
2003, impulsado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con el art. 2003, impulsado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, sobre determinadas normas (BOE de 17 de mayo). 2003, impulsado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, contra determinadas normas (BOE de 3 de junio).
2003, impulsado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, contra diversas normas (BOE de 7 de abril). 2003, impulsado por el Consejo Rector de la Junta Comunitaria de Castilla-La Mancha, contra determinadas normas (BOE de 23 de abril). Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre responsabilidad civil y garantía de la circulación de vehículos a motor.
Real Decreto Ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para reformar el sistema de protección por desempleo y mejorar la empleabilidad. Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2003, en relación con el párrafo inicial de la letra a de la regla segunda del apartado primero de la disposición adicional séptima (BOE de 26 de noviembre). Real Decreto de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua. El conflicto de competencias impulsado por la Generalitat de Cataluña, contra normas diferentes (BOE de 31 de diciembre).
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo de 25 de julio de 2003, por la que se prorrogan las convocatorias de ayudas a planes de formación continua para la demanda y la oferta publicadas en el ejercicio 2002. Conflicto de poder positivo promovido desde el gobierno -no desde la Generalitat de Cataluña- (BOE de 1 de noviembre). 2003, impulsado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra diversas normas (BOE de 19 de diciembre).
Normas estatales con rango infralegal
2003, impulsado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra diversas normas (BOE de 31 de diciembre). 2003, impulsado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversas normas (BOE de 19 de diciembre). Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece el orden general y enseñanzas comunes de la educación juvenil obligatoria.
2003, impulsado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en relación con diversas normas (BOE de 19 de diciembre). Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la educación infantil. 2003, impulsado por el Consejo de Administración de la Junta de Andalucía (BOE de 29 de julio).
Certificación de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, de 7 de febrero de 2003. Decreto APA/62/2003, de 20 de enero, por el que se regula la actividad pesquera con artes de almadraba y la concesión de permisos. Certificación de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, de fecha 9 de noviembre de 2002.
2003, impulsado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, sobre determinadas normas (BOE de 17 de mayo). 2003, impulsado por el Consejo de Administración de la Junta de Andalucía (BOE de 7 de abril). Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, de 31 de julio de 2002.
2002, impulsado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOE de 28 de enero). Certificados de conexión de proyectos a la red Natura 2000, emitidos por la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. 2003, impulsado por el Consejo Rector de la Junta Comunitaria de Castilla-La Mancha (BOE de 1 de octubre).
Normativa autonómica Andalucía
Decisión del TAS de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos de comunicación de accidentes laborales y permite su transmisión por procedimiento electrónico, y resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de noviembre de 2002. Real Decreto de 22 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y su certificación, sobre las consecuencias de la contratación de personal docente e investigador universitario. 2003, impulsado por el presidente del Gobierno, contra la disposición adicional decimoctava (BOE de 17 de mayo).
Levantamiento de suspensión acordado mediante orden de 6 de marzo (BOE de 17 de marzo). Decreto 156/2003, de 10 de junio, por el que se regulan las oficinas de la Generalitat de Cataluña en el exterior. Ley 2/2002, de 25 de abril, de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura.
Ley 9/2000, de 27 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/1999, en materia tributaria, administrativa y de la función pública y de medidas económicas. Conflicto en defensa de la autonomía local planteado por dieciséis ayuntamientos de la comunidad autónoma de Baleares, contra el artículo único (BOE de 7 de abril). Ley 5/2002, de 4 de octubre, de modificación segunda de la Ley reguladora del Plan General de Carreteras del País Vasco.
Ley 3/1997, de 25 de abril, del Parlamento Vasco, sobre participación de las comunidades locales en las plusvalías generadas por actuaciones urbanísticas. Así, destaca la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad contra la ley de calidad de la educación o la ley de medidas de reforma del sistema financiero, así como la presentación de varias cuestiones de inconstitucionalidad contra el llamado Decretazo, que ya fue objeto de desafío el año anterior. Otro hecho del año 2003 que hay que destacar es el acceso a abordar dos nuevos conflictos en defensa del autogobierno local: el presentado por varios ayuntamientos catalanes contra la norma que permite la gestión privada de la futura línea 9 del metro de Barcelona, y el planteado por varios ayuntamientos baleares contra una normativa autonómica relativa a la realización de actividades de interés supramunicipal en materia de residuos.
En cuanto a los litigios territoriales, es decir, el número de conflictos jurisdiccionales positivos y recursos de inconstitucionalidad de carácter jurisdiccional admitidos a trámite, cabe destacar que, como es habitual, el número de procesos iniciados por las comunidades autónomas, es sensiblemente superior. iniciada por el gobierno de la nación o su presidente. Finalmente, y prueba de las carencias en la legitimidad de las minorías parlamentarias autonómicas para recurrir las leyes de las propias comunidades autónomas, la admisión a trámite de dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por diputados del Partido Popular y del Partido Socialista contra la reforma de la Caja de Ahorros Se planteó la ley. del País Vasco. Entrando en el contenido de las principales normas recurridas, destaca la impugnación de la Ley de Calidad de la Educación por parte de siete comunidades autónomas, así como los distintos reales decretos que regulan la educación infantil, primaria y secundaria (que están siendo impugnados por el Gobierno catalán). gobierno), la ley de medidas para reformar el sistema financiero (también impugnada por varias comunidades autónomas), así como numerosas certificaciones y resoluciones de organismos estatales en materia medioambiental.
