PDF superior El derecho a la salud y la normativa laboral Ecuatoriana

El derecho a la salud y la normativa laboral Ecuatoriana

El derecho a la salud y la normativa laboral Ecuatoriana

Una de las licencias de más reciente creación es el de la hospitalización de los hijos. Es sin duda alguna una de las licencias que más se justifica en comparación a otras - especialmente por el número de días, ya que existen ciertas licencias cuyo número de días puede ser objeto de discusión-. No es lógico bajo ningún punto de vista que el trabajador esté laborando mientras un hijo se encuentra hospitalizado, quien sabe, hasta al borde de la muerte. Obviamente, el trabajador ha de preferir acudir a atender a su hijo o hija, aunque eso le cueste perder su empleo, lo que vulnera el derecho a la estabilidad laboral y al trabajo, establecido en instrumentos internacionales de derechos humanos. La licencia por hospitalización se halla establecida en el artículo 152 del Código del trabajo, concediéndose al trabajador 25 días de licencia remunerada. Igual número de días se concede a los servidores público sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público, siempre que se justifique la ausencia con un certificado de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o por el Ministerio del Trabajo, o bien por ser abalizado por una de estas instituciones cuando la hospitalización se ha efectuado en una Clínica u Hospital particular.
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La normativa vigente sobre seguridad ocupacional y su incidencia en los derechos a la vida y la salud de los trabajadores

La normativa vigente sobre seguridad ocupacional y su incidencia en los derechos a la vida y la salud de los trabajadores

En cuanto a parámetros internacionales, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina en su Art. 9 que “Los Estados Partes en el presente Pacto, reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social, lo cual lleva consigo el principio INDUBIO PRO OPERARIO determinando que: “Al momento de aplicación de una norma frente a la otra o de una norma que admita variadas interpretaciones a un caso particular de un trabajador, vamos a utilizar la que le resulte más ventajosa al trabajador”. Que en concordancia con el Decreto 2393 manifiestan la imperiosidad de tratar que el Estado vele por el bienestar de los trabajadores y en concordancia con la Carta Magna en donde establece que toda persona tiene derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, al ser un derecho del trabajador el cual está amparado en la obligación del empleador de garantizar que las cosas se den conforme el mandato constitucional.
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LA JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA

LA JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Tras estudiar el caso, la Corte resolvió que paraguay violó los derechos a la propiedad y a la protección judicial, así como el derecho a la vida, ya que privó a la comunidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales. Merece la pena destacar que en ningún caso se usa el derecho a la alimentación como argumento principal, ya que este derecho está excluido de los casos justiciables recogidos en el protocolo de San Salvador. Sin embargo, se protege este derecho por su relación directa con el derecho a una vida digna, y por el umbral mínimo alimentario que se asocia al derecho a la vida. Además, entendió que el Estado no adoptó las medidas positivas necesarias para asegurarles durante el período que permanecieron sin territorio, las condiciones de vida compatibles con su dignidad. Durante su estadía al costado de una ruta frente a las tierras que reclaman, la comunidad careció de acceso adecuado a alimentos, servicios de salud y educación. Dieciséis personas (menores de 6 y mayores de 58 años) fallecieron a causa de las condiciones de vida. La Corte consideró que el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas orientadas a la satisfacción de una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo cuya atención se vuelve prioritaria. La Corte ordenó al Estado demarcar el territorio tradicional, entregárselos de manera gratuita y proveerles los bienes y servicios básicos para su subsistencia hasta tanto les restituyan sus territorios. La Corte Interamericana ha reafirmado su interpretación amplia del derecho a la vida tomando en consideración las normas sobre salud, educación y alimentación previstas en el protocolo de San Salvador. En su interpretación también tomó en cuenta Observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano de supervisión del pIDESC. d.- Caso Defensor del Pueblo contra Estado Nacional y Provincia del Chaco por Indígenas Toba, Argentina
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DE LOS RIESGOS PRESENTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO

DE LOS RIESGOS PRESENTES EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Asimismo, la seguridad y la salud de los trabajadores han sido objeto de diversos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por España y que, por tanto, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Destaca, por su carácter general, el Convenio número 155, de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, ratificado por España el 26 de julio de 1985. En el mismo sentido, en el ámbito de la Unión Europea se han fijado, mediante las correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajado- res contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, establece las dispo- siciones específicas mínimas en este ámbito. Más tarde fue aprobada la Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la que se establece una primera lista de valores límite de expo- sición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo. Mediante el pre- sente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho español del contenido de las dos Directivas mencionadas.
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El derecho laboral frente al derecho artesanal en la legislación ecuatoriana: un análisis neoconstitucional sobre las remuneraciones adicionales

El derecho laboral frente al derecho artesanal en la legislación ecuatoriana: un análisis neoconstitucional sobre las remuneraciones adicionales

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 16).
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Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA

Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que, en el ámbito de la Unión Europea, se han fijado, mediante las correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 90/679/CEE,de 26 de noviembre, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi- ción a agentes biológicos durante el trabajo, establece las disposiciones específicas mínimas en este ámbito; esta Directiva fue posteriormente modificada por la Directiva 93/88/CEE, de 12 de octubre, y adaptada al progreso técnico por la Directiva 95/30/CE, de 30 de junio. Mediante el presente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho español del contenido de las tres Directivas men- cionadas.
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POR LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO DE LOS

POR LOS TRABAJADORES EN EL TRABAJO DE LOS

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea se han fijado, mediante las correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente la Directiva 89/656/CEE, de 30 de noviembre, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. Mediante el presente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho español del contenido de la Directiva 89/656/CEE, antes mencionada.
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Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, también reconoce explícitamente este derecho en su Artículo 11: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento…” (ONU, 1976). El derecho a la vivienda también tiene reconocimiento internacional. En la Declaración de los Derechos Humanos, Artículo 25, se plantea lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espacial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” (ONU, 2012). El incumplimiento de los derechos constitucionales en cuanto a la propiedad y a una vivienda digna no se debe únicamente a la falta de acciones para garantizar el acceso, sino también a innumerables obstáculos que evitan que los sectores más pobres accedan a la propiedad de un lote o solución habitacional. Entre dichas dificultades se puede mencionar: la ausente (o insuficiente) y nada sistemática asignación presupuestaria estatal para 4. EL COOPERATIVISMO DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA AUTOGESTIONARIO.
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DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS

DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea se han fijado, mediante las correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de tra- bajo. Mediante el presente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho español del conte- nido de la citada Directiva.
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DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS CON

DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS CON

1. El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el aparta- do 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones :
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea se han fijado me- diante las correspondientes Directivas criterios de ca- rácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de protec- ción contra accidentes y situaciones de riesgo. Con- cretamente, la Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio, establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Mediante el presente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho español del contenido de la Directiva 92/58/CEE antes mencionada.
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El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos reconocidos, concebidos integralmente, y está abierto a incorporar nuevos derechos. Entre los primeros incluye el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a sindicalizarse y a la seguridad social. Implica el derecho a construir y hacer ciudad, el derecho al lugar, a permanecer en él y a la movilidad; al agua y la alimentación, la vivienda, los servicios públicos y el uso democrático de los espacios públicos; a la salud, la educación y la cultura; al desarrollo y a un medio ambiente sano; a la protección del consumidor, la asistencia a personas con necesidades especiales y a la seguridad física. También a la información pública y la participación política, incluyendo el derecho a reunirse, manifestarse, organizarse y a deliberar directamente y a través de representantes. Incluye el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural.
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El derecho a la alimentación como derecho humano

El derecho a la alimentación como derecho humano

La formulación de la estrategia debe dar pleno cumplimiento a los principios de responsabilidad, transparencia, participación popular, descentralización, capacidad legislativa, independencia de la magistratura. Se ocupará de todos los aspectos del sistema alimentario, en particular la producción, elaboración, distribución, comercialización y consumo de alimentos sanos y contem- plará medidas paralelas de salud, educación, empleo y seguridad social. Deberá considerar medidas adecuadas para garantizar que las actividades del sector privado y de la sociedad civil se apeguen al derecho a la alimen- tación; diseñar mecanismos institucionales adecuados para establecer un proceso representativo en su formu- lación y contemplar los niveles nacional, regional, local y doméstico en la gestión y en el uso más sostenible de los recursos alimentarios naturales. 4 Se sugiere la po-
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Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA

Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea se han fijado mediante las correspondientes Directivas criterios de carácter general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo, así como criterios específicos referidos a medidas de protec- ción contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de car- gas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Mediante el presente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho español del contenido de la directiva 90/269/CEE antes mencionada.
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REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Pero no es sólo del mandato constitucional y de los compromisos internacionales del Estado español de donde se deriva la exigencia de un nuevo enfoque normativo. Dimana también, en el orden interno, de una doble necesidad: la de poner término, en primer lugar, a la falta de una visión unitaria en la política de prevención de riesgos laborales propia de la dispersión de la normativa vigente, fruto de la acumulación en el tiempo de normas de muy diverso rango y orientación, muchas de ellas anteriores a la pro- pia Constitución Española; y, en segundo lugar, la de actualizar regulaciones ya desfasadas y regular situaciones nuevas no contempladas con anterioridad. Necesidades éstas que, si siempre revisten importancia, adquieren especial trascen- dencia cuando se relacionan con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, la evolución de cuyas condiciones deman- da la permanente actualización de la normativa y su adaptación a las profundas transformaciones experimentadas.
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El derecho a la imagen personal en la normativa ecuatoriana, las repercusiones jurídicas que provocan su uso y aprovechamiento

El derecho a la imagen personal en la normativa ecuatoriana, las repercusiones jurídicas que provocan su uso y aprovechamiento

Partiendo de la afirmación, que la imagen es un derecho propio de los seres humanos, y posibilita a toda persona establecer el alcance, duración, intensidad y la divulgación de aquellas reproducciones que se plasmen de su imagen propiamente como de sus rasgos físicos característicos, detalles particulares y de su cuerpo en general, por la posibilidad de identificación e individualización que se presenta al momento de comunicar al público dicha imagen. Al ver afectada su imagen, la persona buscara protección de su derecho iniciando una acción para responsabilizar a su autor; al ser la imagen un derecho personalísimo y siendo imposible de cuantificar el monto de la indemnización si existiera un perjuicio, el daño recaerá sobre derechos extrapatrimoniales y el agravio será moral, viendo la persona menoscabado sus sentimientos, causándole molestita, disgusto, malestar, angustia que muchas de las veces no son visibles o exteriorizados, buscando una compensación o satisfacción.
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DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN DURANTE EL TRABAJO A

DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN DURANTE EL TRABAJO A

De conformidad con el apartado 6 del artículo 6 del Real Decreto 374/2001, y según lo establecido en el apartado 3 del artículo 37 del RSP, la histo- ria clínico-laboral, además de los datos de anam- nesis, exploración clínica, control biológico si procede, al igual que otras exploraciones comple- mentarias, incluirá la descripción de su puesto de trabajo y demás detalles respecto a su permanen- cia, riesgos concretos por cancerígenos o mutáge- nos o a determinados procedimientos de trabajo considerados como tales, y medidas de preven- ción adoptadas, así como de similares datos res- pecto de puestos de trabajo anteriores, si se dis- pone de ellos. Es condición indispensable que esta historia clínico-laboral esté perfectamente documentada y puesta al día en todos los aspec- tos mencionados ya que, dada la especial grave- dad de los efectos que se trata de prevenir, debe- ría ser siempre posible, y en todo momento, su trazabilidad en cuanto al origen, naturaleza, magnitud, inicio, término, y demás factores, y las medidas de prevención adoptadas frente a esos riesgos, así como los riesgos concurrentes, si los hubiese.
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CURSO BASICO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCION

CURSO BASICO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCION

El vigente cuadro de enfermedades profesionales fue aprobado por Decreto 1995/78 de 12 de mayo. Las enfermedades contraídas por el trabajador o por la trabajadora como conse- cuencia del trabajo y que no estén contempladas como enfermedades profesionales, serán consideradas como accidentes de trabajo. Ejemplo: “Perder la voz es un accidente labo- ral”. El Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia ha reconocido como accidente laboral la pérdida de voz sufrida por una profesora de educación infantil de un centro público. Para el prevencionista, no sólo los agentes causantes de las enfermedades que aparecen en la lista deben ser objeto de seguimiento; sino todos aquellos que puedan originar una pato- logía cuyo origen se encuentre en las condiciones de trabajo.
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Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE

Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE

b) Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr los objetivos de este Real Decreto: el principal objetivo del presente Real Decreto es garantizar la seguridad y salud de los trabajad[r]

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El trato con el conflicto, agresividad y violencia en la escuela: de la normalidad a la patología

El trato con el conflicto, agresividad y violencia en la escuela: de la normalidad a la patología

Buscamos juntos como solucionar situaciones que se le hacen difíciles: así cuando termina rápido un trabajo y se aburre, quizás puede dibujar (lo que hace muy bien) y así evitar la inqui[r]

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