PDF superior El derecho al agua en Latinoamérica

El derecho al agua en Latinoamérica

El derecho al agua en Latinoamérica

Luego, como resultado del llamado a licitación pública internacional, por Decreto PEN 787/93 se aprobó la adjudicación de la concesión por el plazo de treinta años de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales hasta entonces prestados por la OSN a favor del consorcio Aguas Argentinas SA (en formación) constituido por las francesas Lyonnaise des Eaux-Dumez (39,9%) y Compagnie Generale des Eaux-Vivendi (7,6%), la española Sociedad General Aguas de Barcelona (25%), la británica Anglian Water (4,2%), el Banco de Galicia y Buenos Aires SA (8,3%), el Programa de Propiedad Participada (trabajadores de la empresa, 10%) y la Corporación Financiera Interna- cional (5%) por la capitalización de un préstamo otorgado por el Banco Mundial de quien depende. Su ámbito territorial era la Capital Federal y los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría (y luego Ezeiza), La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón (y más tarde Hurlingham e Ituzaingó), San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre y Vicente López, que tota- lizaban poco más de nueve millones de habitantes. En 1996 se sumó Quilmes.
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El derecho al agua en el derecho internacional, obligaciones internacionales que emanan del concepto de agua como derecho

El derecho al agua en el derecho internacional, obligaciones internacionales que emanan del concepto de agua como derecho

Así podemos ver el factor primordial que caracteriza cada derecho y su implicación misma. Dentro de un ordenamiento constitucional, el concepto derecho fundamental se refiere al derecho de prioridad inmediata, el cual no puede ser vulnerado. Mientras que el derecho humano, es un derecho internacionalmente reconocido a todo ser humano por el hecho de ser humano y su única condición, respecto a su exigibilidad dentro de un ordenamiento constitucional, radica en el reconocimiento del mismo derecho dentro de la misma constitución en su parte dogmática. Todo lo anteriormente expresado es determinante en nuestro planteamiento, pues definir el Agua como un Derecho Humano es objeto de controversia y debate, ya que aún se sostiene la emblemática lucha de ubicar dentro del marco normativo internacional el Agua como Derecho, sin embargo este punto no es el interés central de la temática que nos ocupa, sino referenciar el impacto dentro del marco jurídico internacional que tiene el concepto de Agua como Derecho, es decir, enmarcar las características de cómo debe ser tratado y las obligaciones que se implementan tras estos conceptos.
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El derecho al agua

El derecho al agua

La garantía política inmediata, de un derecho fundamental es su garantía constitucional. Permite contar con un derecho en la norma, con mayor valor jurídico dentro del ordenamiento, y definir un primer ámbito de indisponibilidad relativa, es decir un contenido mínimo o esencial. Tal contenido define lo que los poderes públicos, sujetos a la constitución, no pueden hacer, ni pueden dejar de hacer, en relación con los derechos. Por ello, entendiendo que constitucionalizar el derecho al agua, supone como mínimo, por un lado, que los poderes públicos no pueden restringirlos de manera arbitraria; y, por otro, que deben realizar todos los esfuerzos (e incluso emplear el máximo de recursos disponibles, para satisfacerlos positivamente), y que una mejor protección demanda que tal garantía, se complemente con otras garantías; es que se propone que la tutela se encomiende a un Ente de Control de los Servicios Sanitarios, independizado del poder político.
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DERECHO AL AGUA: IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL AGUA.

DERECHO AL AGUA: IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL AGUA.

L a publicación que ahora se presenta es la tercera que, contando con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, analiza diferentes temas relacionados con el Derecho hu- mano al Agua; los dos primeros volúmenes fueron preparados en el contexto de sen- das iniciativas impulsadas por las organizaciones no gubernamentales Prosalus e Ingeniería Sin Fronteras – Asociación para el Desarrollo (ISF-APD), mientras que este tercero ha sido preparado por UNESCO Etxea conjuntamente con ISF-APD, a partir de las ponencias que se presentaron en una jornada de reflexión organizadas en febrero de 2010 por ambas organi- zaciones con el apoyo del grupo sectorial de agua de la Coordinadora de ONgD de España. En el primer volumen, editado en 2008, se analiza el alcance y contenido del derecho hu- mano al agua en el contexto de lo establecido al respecto en la Observación general 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y se estudia la situación del sector del abastecimiento y saneamiento en relación con el derecho al agua en Kenya, Argentina, Uruguay y Nicaragua. En el segundo volumen publicado en 2009, se trata el caso de países africanos –Sudáfrica, ghana y Kenya-, donde el derecho al agua está plenamente reconocido en su ordenamiento legal y los retos se plantean en el plano práctico, como es el de su implementación. Por su parte, en este tercer volumen se trata un tema rele- vante para la cooperación internacional en el sector del abastecimiento y saneamiento como es el de los modelos de intervención y su coherencia con aspectos clave del derecho al agua como son la del acceso universal, la no discriminación y la sostenibilidad de los sistemas. Por tanto, entre el primer volumen y éste que ahora se presenta se ha avanzado notable- mente desde el punto de vista de la forma de encarar el tema del Derecho humano al Agua: desde su contextualización y el análisis de su implementación en los dos primeros volúme- nes, hasta el análisis de aspectos eminentemente prácticos, en el tercero. El salto en los con- tenidos no es baladí y refleja, por otra parte, la situación al respecto que existe en el ámbito internacional.
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El derecho al agua

El derecho al agua

El análisis del Derecho al Agua, su implementación, y el diseño de las garantías que permitan que todo habitante de nuestro suelo, tenga agua en cantidad suficiente y calidad adecuada, requieren en mi opinión el conocimiento previo del desarrollo del ser humano, de la disponibilidad de recursos hídricos en nuestro continente, en nuestro país y en nuestra provincia, de la sustentabilidad de los mismos, de los usos del agua, y de la importancia de la misma para el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, por razones de espacio, y en la convicción de que los potenciales lectores, se desempeñan mayoritariamente en áreas de estudio directamente relacionadas con los recursos hídricos, o afines a la misma, se prescindirá de exponer tales aspectos, así como los conceptos y reflexiones del caso.
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El derecho al agua

El derecho al agua

13. La obligación de los Estados Partes de garantizar el ejercicio del derecho al agua sin discriminación alguna (párr. 2, art. 2) y en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres (art. 3) se aplica a todas las obligaciones previstas en el Pacto. Así pues, el Pacto proscribe toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho al agua. El Comité recuerda el párrafo 12 de la
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DERECHO AL AGUA

DERECHO AL AGUA

Tomando en consideración todos estos elementos, España y Alemania, país que ya había dedica- do un gran dosis de investigación a esta cuestión, decidieron presentar conjuntamente un proyec- to de resolución sobre “Derechos Humanos y Acceso al Agua” ante el Consejo de Derechos Hu- manos de las Naciones Unidas. El Consejo es un órgano de nuevo cuño, heredero de la Comisión de Derechos Humanos -órgano que, a pesar del descrédito del que se hizo acreedora en sus últi- mos años de funcionamiento, dejó como legado fundamental un gran corpus legislativo sobre De- recho Internacional de los Derechos Humanos. España siempre defendió que el Consejo abordase nuevas cuestiones de derechos humanos merecedoras de atención por la comunidad internacio- nal y encontró en el derecho al agua una cuestión que encajaba en nuestras prioridades de políti- ca exterior y también interna. En efecto, al interés obvio que un país con un régimen de lluvias co- mo el nuestro puede tener en la cuestión del derecho al agua, se une la celebración, en 2008, de la EXPO de Zaragoza, articulada en torno al agua, y a la designación de dicha ciudad como sede de la Secretaría del Decenio de las Naciones Unidas para el Agua 2005-2015. Además, el acceso al agua potable está reconocido como prioridad sectorial en el Plan Director de la Cooperación Es- pañola 2005-2008.
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DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y A LA CONSULTA PREVIA EN LATINOAMÉRICA

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y A LA CONSULTA PREVIA EN LATINOAMÉRICA

Desde inicios de los años noventa, la industria extractiva y, en especial, la industria minera han experimentado una expansión rápida y de grandes dimensiones en varios países de Latinoamérica, con la finalidad de satisfacer la creciente demanda de materias primas por parte de la economía mundial. Esta situación ha generado en los Estados una mayor presión por ofrecer diversas facilidades para atraer a las inversiones mineras y desarrollar nuevos proyectos mineros en la región, entre las cuales se encuentra, en muchos casos, la flexibilización de las normas tributarias, administrativas y laborales. Por su parte y al mismo tiempo, la expansión minera presiona por la ejecución de proyectos en áreas ambientalmente frágiles, así como en cabeceras de cuencas hídricas y generadoras de agua, lo que produce conflictos con otras actividades económicas, incluso con las que se han desarrollado de manera exitosa, tales como la agroexportación, la ganadería, el turismo, entre otras. Esa expansión acelerada, así como el fuerte impacto cultural, social, ambiental y económico que los grandes proyectos extractivos ejercen sobre comunidades y poblaciones que viven en las áreas de influencia han generado muchos conflictos y, en varios casos, con altos costos sociales que lamentar. Se constata, asimismo, la falta de información adecuada y de canales legales, como, por ejemplo, de mecanismos de participación y consulta previa, para que las poblaciones y comunidades afectadas -que pueden serlo- por los proyectos extractivos puedan expresar sus preocupaciones, presentar sus justas demandas y participar en la toma de decisiones.
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Derecho de Agua y Derecho Indígena.- Hacia un reconocimiento estructural de la gestión indígena del agua en las legislaciones nacionales de los Países Andinos

Derecho de Agua y Derecho Indígena.- Hacia un reconocimiento estructural de la gestión indígena del agua en las legislaciones nacionales de los Países Andinos

Los derechos al agua en sistemas de riego campesino, por ejemplo, no pueden ser interpretados bajo el singular concepto de la propiedad (de su titular), que conjuga los derechos de usufructo, de decisiones sobre la gestión y hasta de enajenación de uno solo. En los sistemas de riego en los Andes que veremos más adelante no existe una propiedad del agua a un nivel individual o familiar, tal como lo define la legislación vigente o la visión modista positiva. Si bien individuos o familiares pueden reclamar el aprovechamiento de una parte del agua, no pueden decidir sobre su uso en el tiempo y en el espacio sin concertar previamente con los demás usuarios. Hay muchos ejemplos de esa "política de convivencia" en los altos Andes peruanos y bolivianos (Gelles, 2000). Así, el agua es un recurso pleno de aspectos colectivos, lo que hace que una gran parte de las facultades normalmente relacionados con la propiedad de un cierto bien, no se presenten a nivel individual o familiar sino que están relacionados con el concepto de usuarios (efectivos y beneficiosos en términos ecoculturales). Como máximo, un usuario, como por ejemplo la "cabeza familiar" puede tener el derecho de participar en la toma de las decisiones o ser elegido y cumplir el cargo de un juez de agua local.
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El agua en Latinoamérica.

El agua en Latinoamérica.

El agua se encuentra íntimamente relacionada al desarro- llo y a la salud de la población. Latinoamérica es una de las regiones del mundo donde los recursos hídricos están en un porcentaje mayor en relación al de la población, sin embargo debido a deficiencias en la implementación de servicios de abastecimiento de agua segura y de sa- neamiento, aún hay muchas problemáticas que resolver. Esto, sumado a la heterogeneidad de la distribución de los recursos y de la población (la cual particularmente habita las ciudades), la pobreza, la diversidad cultural, el desarrollo dispar de los países latinoamericanos, las esti- maciones demográficas y los futuros escenarios ambien- tales, hace que la gestión del agua sea un desafío aun en el siglo XXI.
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Sobre el derecho humano al agua

Sobre el derecho humano al agua

Sin embargo, el reconocimiento del acceso al agua potable y alcantarillado como un derecho humano, que obliga al Estado a garantizar el acceso universal a estos servicios, no implica nec[r]

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El derecho fundamental al agua

El derecho fundamental al agua

2. Dentro del ordenamiento jurídico colombiano el sistema tarifario para la prestación de servicios públicos establecido después de la Constitución de 1991 ha permitido mejores resultados en cobertura y calidad del servicio, haciendo efectiva la progresividad de este derecho 123 . Parte de este éxito es haber respetado la prestación del servicio como una actividad que, si bien debe tener un tratamiento diferente frente a las demás actividades comerciales, es una de la cual se pretende obtener un lucro. Para ello los empresarios han dispuesto de un conjunto de bienes y grandes infraestructuras que permiten la adecuada prestación del servicio, y en orden a recuperar su inversión celebran contratos con la población por medio de los cuales ellos se comprometen a prestar el servicio con un nivel mínimo de calidad y los otros a pagar una remuneración por el beneficio. Pero la importancia de tal remuneración no radica únicamente en la recuperación de la inversión por parte de los empresarios, sino que por virtud del principio de solidaridad consagrado en la Carta y en atención al carácter de bien social que envuelve al agua, todas las personas están llamadas a contribuir tanto para su protección como para su expansión, pues recordemos que por medio de la contribución del beneficiario se pretende ampliar la cobertura del servicio a aquellos que carecen de ella.
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EL DERECHO AL AGUA POTABLE EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA

EL DERECHO AL AGUA POTABLE EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA

La progresividad de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para interpretar el Blo- que de Constitucionalidad y los convenios in- ternacionales de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ha reconocido el derecho fundamental innominado en la doctrina constitucional del mínimo vital al acceso al agua potable como un derecho hu- mano autónomo que bajo las directrices constitucionales puede ser reconocido y am- parado por una decisión judicial de la Corte Constitucional. El propósito de esta investi- gación de la cual es producto final del proyecto de investigación referido a la pro- blemática de agua en Colombia es analizar las decisiones del operador judicial constitu- cional que fija varias subreglas constituciona- les para reconocer el acceso al agua potable como un derecho humano, en interpretación del Bloque de Constitucionalidad. Metodoló- gicamente se avanzó en la investigación a par- tir del análisis de los fallos judiciales de la Corte Constitucional que reconocen una pro- cura existencial en este derecho.
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El derecho humano al agua

El derecho humano al agua

En México existen cerca de 42 ríos principales que se pueden clasificar en tres vertientes: occidental o del Océano Pacífico, oriental o del Océano Atlántico (Golfo de México y Mar Caribe), y la interior cuyos ríos desembocan en lagunas interiores. En la vertiente del Pacífico destacan las cuencas de los ríos Yaqui, Fuerte, Mezquital, Lerma- Santíago y Balsas; en la costa del Golfo de México destacan las cuencas de los ríos Bravo, Pánuco, Papaloapan, Grijalva y Usumacínta. Destaca la del río Nazas entre las cuencas endorreicas. La mayor parte de la Península de Yucatán carece de drenaje superficial, pues se trata de una extensión de poco relieve y sustrato permeable, por lo que casi toda la circulación de agua es subterránea. Algunas llanuras costeras tienen fuertes deficiencias de drenaje por su escasa pendiente, como el caso de áreas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Nayarit, Tabasco
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Remoción de Arsénico en Agua de Consumo Humano en Latinoamérica

Remoción de Arsénico en Agua de Consumo Humano en Latinoamérica

En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra a cargo de todo lo que concierne al medio natural, a su preservación, protección y regulación. De este organismo depende la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), encargada de lo relacionado al agua de la nación. CONAGUA, es la encargada de un gran abanico de funciones, entre las cuales se encuentra el redactado de la Ley de las Aguas Nacionales, creada en 1992. Ésta define las Normas Oficiales Mexicanas. Entre las normas, se halla la NOM 127 SSA1-1994 “salud ambiental, agua para uso y consumo humano - Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización” (Anexo 9) que establece los límites permisibles de distintos contaminantes orgánicos e inorgánicos en el agua potable, entre los que se encuentra el arsénico. Esta norma fue modificada en el año 2000 para reducir el nivel de 0.05 mg As/l hasta 0.025 mg As/l en el agua para uso y consumo humano. Esta reducción se hizo de forma gradual a lo largo de 5 años (este programa de reducción se muestra en la Tabla 2). El período de reducción gradual de la concentración de arsénico permitida en el agua de consumo humano se desarrolló basándose en el límite fijado por la OMS, en la incertidumbre existente en la evaluación del riesgo de contraer cáncer, en el límite práctico de cuantificación del metaloide y en la dificultad para removerlo del agua.
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Justiniano en Latinoamérica una crónica sobre técnica legislativa en derecho comparado

Justiniano en Latinoamérica una crónica sobre técnica legislativa en derecho comparado

con otras diversas instituciones; así, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragia (UNAM) en León y Managua, la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, y el Archivo Diocesano de León. En la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA se ha presentado (diciembre de 2010) y defendido ya (mayo de 2011) un trabajo de investigación (Tesis de Licenciatura), dirigido por el Dr. José Gutiérrez Gutiérrez, formado en la Universidad Carlos III de Madrid, que con el título de Importancia del Digesto Jurídico en la legislación nicaragüense y a fi rma de Selser Eduardo Tapia Casco, ofrece riguroso análisis de los mecanismos de simplifi cación legislativa en derecho comparado y estudio metódico de las virtualidades del proyecto Digesto como instrumento de certeza jurídica, así como sobre posible optimización de su disponibilidad en consulta ciudadana. Otros convenios de colaboración signados por la dirección del Digesto lo fueron con el Ministerio de Energía y Minas, Instituto Nicaragüense de Energía (INE), Ministerio de Industria y Comercio, Procuraduría General de la República, Corte Suprema de Justicia e Instituto Nicaragüense de Cultura. Los equipos de investigadores y letrados nicaragüenses que en estos últimos años han trabajado en el proyecto Digesto –asimismo con una pretensión pedagógica orientada al porvenir en fomento de iniciativas de legística y la preparación de medidas para el mejoramiento de las actuales técnicas legislativas, correcta estructura formal de los productos normativos, y pulcritud y precisión del lenguaje y la redacción dispositiva– han llevado a cabo hasta el momento dos entregas.
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Derecho a la salud y mercado. Casos Colombia y Latinoamérica

Derecho a la salud y mercado. Casos Colombia y Latinoamérica

En tal sentido, el concepto de salud emerge como un concepto integral e integrador. Integral porque cobija al ser humano en todas sus dimensiones, no solo física sino también mental, emocional, espiritual, psicológica, y porque además lo abarca desde su individualidad, pero también lo hace desde su connotación colectiva, comunitaria y social. Integrador porque se encuentra relacionado en forma inescindible con otros factores determinantes para su materialización, tales como factores sociales, ambientales, servicios de salud y por supuesto los biológicos, al igual que con los determinantes estructurales de un Estado, esto es con sus políticas públicas de empleo formalizado, digno y decente, vivienda digna, educación integral, seguri- dad alimentaria, entre otros. Del mismo modo, el concepto de salud muta, por lo menos en teoría, desde la enfermedad como centro de su concepción al concepto de salud como la posibilidad de un pleno y armónico desarrollo de la persona y de la sociedad. Desde una concepción morbi-céntrica a una concepción cuyo eje sea el bienestar y la calidad de vida de las personas y de las comunidades. Desde la curación a los procesos de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. También cambia, desde sus orígenes mágico-religiosos a concepciones holísticas. En consecuencia, el Derecho Fundamental a la Salud igualmente emerge como un derecho integral e integrador. Integral por el objeto que garantiza: la salud, e integrador por su relación sistémica e íntima con la mayoría de los derechos constitucionales, en especial con el derecho a la dignidad humana, al igual que con deberes y libertades. Derecho que debe ser garantizado por el Estado en su universalización: cobertura y acceso real y efectivo para todas las personas. A través de los instrumentos jurídicos internacionales y de los convenios interna- cionales en seguridad social se expande el concepto de derecho a la salud desde su concepción individual a una de tipo colectivo. En el entendido que la salud es una cuestión de comunidad, la salud pública o colectiva trasciende las fronteras de la persona humana y se aloja en el concepto de comunidad y de sociedad nacional; pero trasciende las fronteras nacionales para convertirse en un derecho de magnitud y vinculación internacional 1 .
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Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

La difusión de esta experiencia uruguaya abrió paso para analizar el cooperativismo de vivienda por Ayuda Mutua como alternativa al problema de la vivienda de interés social en Latinoamérica, con las adaptaciones necesarias a cada realidad local. La experiencia de las cooperativas uruguayas trascendió así, de sus fronteras en los países de Centro y Suramérica, que por años han tenido grandes problemas con el hábitat y específicamente con la vivienda de interés social. Surgen las primeras cooperativas y sus proyectos piloto en países como Paraguay, Bolivia y en países centroamericanos.
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La responsabilidad social y el formalismo jurídico: la educación práctica desde la clínica jurídica

La responsabilidad social y el formalismo jurídico: la educación práctica desde la clínica jurídica

Paralelamente, con la implementación de los consultorios jurídicos en algunas de las facultades del Latinoamérica se tuvo gran repercusión en la enseñanza del derecho, pues a inicios de la década de los 90´s un diagnóstico de la educación jurídica hizo necesario la constitución de un pequeño grupo de consultorios jurídicos de derechos humanos con el claro objetivo de tomar posición frente al rol del derecho internacional y la educación legal desde una perspectiva de lo público, nuevamente bajo el auspicio de la Fundación Ford y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), En 1995 un grupo de estudiantes universitarios de las regiones de Chile, Argentina y Perú forman un consorcio de consultorios de derecho de interés público, el cual fue coordinado por la Universidad Diego Portales de Chile, ese consorcio resultó siendo nombrado como Red Jurídica de Derecho de Interés Público y Derechos Humanos Latinoamericana (Red IPDH), ESTÁ inició su programa en el año 1995 (Wilson, 2001).
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El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos reconocidos, concebidos integralmente, y está abierto a incorporar nuevos derechos. Entre los primeros incluye el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a sindicalizarse y a la seguridad social. Implica el derecho a construir y hacer ciudad, el derecho al lugar, a permanecer en él y a la movilidad; al agua y la alimentación, la vivienda, los servicios públicos y el uso democrático de los espacios públicos; a la salud, la educación y la cultura; al desarrollo y a un medio ambiente sano; a la protección del consumidor, la asistencia a personas con necesidades especiales y a la seguridad física. También a la información pública y la participación política, incluyendo el derecho a reunirse, manifestarse, organizarse y a deliberar directamente y a través de representantes. Incluye el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural.
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