PDF superior El silencio administrativo en la contratación estatal

El silencio administrativo en la contratación estatal

El silencio administrativo en la contratación estatal

La Aplicación del Silencio administrativo no sólo para los recursos que podría interponer el interesado en la vía gubernativa, sino para las peticiones elevadas por derecho de petición se deriva de un examen realizado de derecho comparado frente a las situaciones y experiencias de la aplicación de esta figura en países como Estado Unidos, Costa Rica, Venezuela y Perú, de este ejercicio de Derecho Comparado se estableció que el proceso administrativo del Decreto 01 de 1984 fuera abiertamente diferente a la norma que se derogaba, es decir al Decreto 2733 de 1959, toda vez que por ejemplo este decreto solamente regulaba los aspectos procesales y sustanciales existentes con posterioridad a la expedición del acto administrativo que se buscaba controvertir por parte del administrado ante la jurisdicción Contenciosa – Administrativa, por lo que no se regulaban los tramites ni procedimientos internos de la administración previos a la expedición de los actos administrativos.
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Del silencio administrativo positivo en la contratación pública: un estudio sobre los aspectos materiales para su validez y eficacia

Del silencio administrativo positivo en la contratación pública: un estudio sobre los aspectos materiales para su validez y eficacia

(…) En otros términos la notificación del acto administrativo no dice la relación con su validez jurídica la cual no sufre variación por el hecho de que se haya cumplido con la obligación de notificarlo legalmente o se haya prescindido de dicha diligencia; el acto administrativo que nació viciado no se sanará porque, con posterioridad, se notifique legalmente; y al revés, el acto que nace válido no pierde validez porque se deje de notificar o porque la notificación sea irregular. (…) Cosa distinta es que la ejecución del acto sea ilegal cuando se hace, por ejemplo, sin que éste haya adquirido firmeza, caso en el cual, la ilegalidad de la ejecución conserva su propia individualidad, vale decir que no se extiende al acto administrativo; pueden existir, por consecuencia, ejecuciones ilegales de actos legales o ejecuciones legales de actos ilegales; en el primer caso, debe cuestionar la ejecución; en el segundo se debe acatar el acto; son circunstancias distintas, como que corresponden al hecho y al acto administrativo, respectivamente, que, por lo mismo, exige la utilización de mecanismos procesales diversos; la acción de nulidad sola sumada al restablecimiento del derecho, para el caso de los actos; la de reparación directa para las operaciones administrativas de ejecución (Consejo de Estado de Colombia, 2004).
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El derecho colectivo: “moralidad administrativa” en la contratación estatal. Fortalecimiento de los principios del derecho administrativo

El derecho colectivo: “moralidad administrativa” en la contratación estatal. Fortalecimiento de los principios del derecho administrativo

subject acción popular, contratos estatales, moralidad administrativa, principios del derecho administrativo. source Estudios Socio-Jurídicos; Vol.[r]

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Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Laura Reyes Yunis recibió su formación académica en el Colegio Ma- yor de Nuestra Señora del Rosario; allí, además de ser elegida colegial por sus méritos académicos cumplió funciones como secretaria académica de la Facultad de Jurisprudencia. Ha realizado estudios de posgrado en derecho administrativo y en derecho administrativo económico en su alma mater y en la Universidad de Salamanca.

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Sanciones pecuniarias en la contratación estatal

Sanciones pecuniarias en la contratación estatal

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. y FERNÁNDEZ, Tomas Ramón. Curso de derecho administrativo. 118 ed., Madrid Civitas. 2002. Pág. 690-691. “ La prerrogativa de poder público por excelencia con que la Administración cuenta en sus contratos administrativos es, sin duda ninguna, el privilegio de la decisión unilateral y ejecutoria, previa al conocimiento judicial, que impone al contratista el deber de su cumplimiento inmediato con la carga de impugnación contencioso-administrativa si está disconforme con su legalidad [. ..] En virtud de este formidable privilegio, la Administración puede decidir ejecutoriamente sobre: la perfección del contrato y su validez, la interpretación del contrato, la realización de prestaciones debidas por el contratista (modo, tiempo, forma), la calificación de situaciones de incumplimiento, la imposición de sanciones contractuales en ese caso, la efectividad de éstas, la prórroga del contrato, la concurrencia de motivos objetivos de extinción del contrato, la recepción y aceptación de las prestaciones contractuales, las eventuales responsabilidades del contratista durante el plazo de garantía, la liquidación del contrato, la apropiación o la devolución final de la fianza [...] Ahora bien, este formidable poder no resulta propiamente del contrato mismo, sino de la posición jurídica general de la Administración, de su privilegio general de autotutela [...] de modo que es en sí mismo extracontractual. [...] la verdadera razón de fondo que justifica la aplicación de esta prerrogativa está en la relación inmediata del contrato con las necesidades públicas o, si se prefiere, con los "servicios públicos", cuya responsabilidad de gestión tiene atribuida la Administración y cuyo gobierno, por consiguiente, debe ésta atender con todas sus facultades específicas, sobre todo en evitación de retrasos, que serían ineludibles si la Administración tuviese ella misma que demandar ejecutorias judiciales o si su actuación pudiese ser paralizada por el simple expediente de un proceso.”
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El estatuto anticorrupción en la contratación estatal

El estatuto anticorrupción en la contratación estatal

No obstante, los nuevos tipos penales y los ya existentes son de tan compleja comprensión, y de difícil determinación, que podría constituir una infracción clara al elemento de la tipicidad y por ende al principio de legalidad penal, principalmente en lo que tiene que ver con la definición de cuáles contratos son considerados por la legislación administrativa como de derecho privado o público, según el criterio utilizado para tal propósito, pese a que en cualquier caso han sido concebidos por un ente estatal. Los tipos penales funcionan casi que como normas en blanco del derecho administrativo, con las implicaciones que esto conlleva en relación con la seguridad jurídica, las permanentes y múltiples modificaciones del régimen de contratación y la exclusión de muchas entidades estatales respecto la aplicación del mismo.10
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Contratación estatal

Contratación estatal

[Es] oportuno destacar que a partir del fundamento constitucional al que se ha hecho mención, el mismo aparece expresamente contenido en el artículo 28 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ―Ley 80 de 1993― que, al hacer referencia a los criterios de interpretación de las reglas contractuales, dispone: “En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimien- tos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”. El valor ético de la con- fianza como fundamento del contrato administrativo adquiere relevancia particular porque contribuye a humanizar las relaciones entre la Administración y el adminis- trado. Dada la supremacía jurídica de la Administración Pública es necesario que su conducta se someta a los dictados éticos de la buena fe; por ejemplo, en los contratos administrativos, que es el objeto de esta tutela, en los que el derecho le confiere a la Administración una posición de potentior personae, que se manifiesta no sólo en la atribución de las potestades de modificarlo, terminarlo o interpretarlo mediante el ejercicio de la decisión unilateral y ejecutoria, sino también en otros poderes y privi- legios, tales como el de control y dirección, el de imponer sanciones, etc. 24
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Contratación estatal comparada con Argentina

Contratación estatal comparada con Argentina

Finalmente, es de resaltar que en el contrato estatal en Argentina la licitación pública es un procedimiento administrativo que consiste en una invitación a contratar de acuerdo a bases previamente determinadas con la finalidad de obtener la oferta más beneficiosa para la Administración, y sin perjuicio de la aplicación de los principios de la contratación estatal existen otros que a la licitación atañen y que son: igualdad de oferentes, cumplimiento estricto de los pliegos, el principio de la oferta más ventajosa, el principio de equilibrio de la ecuación económica financiera del contrato, y el de publicidad. Además, que en el derecho argentino el principio es, en general, la licitación pública, y que existen excepciones a él en razón de cuantía, de los bienes o servicios, de la naturaleza del contratante, etcétera; en conclusión, se puede enunciar que para establecer la contratación administrativa deben conjugarse los diversos conceptos y criterios que se enunciaron a lo largo del presente escrito, o por lo menos, algunos de los más importantes.
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Sobreprecios en la contratación estatal

Sobreprecios en la contratación estatal

Tanto del fallo de Responsabilidad Fiscal como del pronunciamiento de la Corte Constitucional acerca de este caso, se destaca el enfásis en el “ actuar doloso o culposo a título de culpa grave del señor Abel Rodríguez Céspedes, deviene de la negligencia en el actuar como Secretario de Educación y persona responsable de la adquisición del terreno, que permitió con su conducta se afectaran las finanzas del erario al pagar un mayor valor al que correspondía según avalúo comercial y el informe técnico expedido por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital. Su actuación fue negligente, porque como lo señala el fallo de responsabilidad fiscal, adelantó la compra en un período tan extenso (Agosto de 2005 hasta Agosto de 2006) y con tantas modificaciones, pero su actuar se limitó a la firma de documentos que legalizaron la compra en dos días para la primera adquisición a través de la promesa de compraventa del 21 de diciembre de 2005 y de un día para la suscripción de la adición No. 1 de la promesa de compraventa, que se llevó a cabo el día 13 de junio de 2006, cuando su deber era estar vigilante a que se cumpliera cabalmente con todos y cada uno de los pasos señalados en el procedimiento establecido para la adquisición de predios, gara ntizando los cometidos estatales”
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El silencio administrativo

El silencio administrativo

sus cláusulas son ley para las partes y deben ser cumplidas estrictamente por ellas. Aceptar la posibilidad de que en esta materia viable el efecto positivo del silencio administrativo, sería incorporar una institución contraria a la naturaleza jurídica bilateral de la contratación y de los principios de igualdad y autonomía de la voluntad que la caracterizan, caotizando su régimen de ejecución". La sala a quo desecha la demanda por estas y otras consideraciones. La Sala de casación al rechazar su recurso expresó: " ... por consiguiente es evidente que tal institución del silencio positivo o negativo es ajena a la materia contractual que, dentro de los límites señalados por la ley en tratándose de contratación pública, se rige por lo acordado por las partes en el respectivo contrato, que constituye la norma jurídica de estricta observancia para su ejecución y aplicación, por lo cual , resulta extraño el pretender que mediante una falta de oportuna contestación se ha modificado la normatividad contractual establecida. Claro está que en la ejecución de los contratos bien puede ocurrir que aparezcan materias o asuntos que no han sido objeto del convenio suscrito entre las partes, caso este en el cual si tendría aplicación la institución del silencio administrativo, pero insistimos si deJo que se trata es de modificar o reformar condiciones constantes en el contrato, no se puede pretender que las mismas hayan sido reformadas como consecuencia del silencio administrativo positivo".
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Elementos y presupuestos de la contratación estatal

Elementos y presupuestos de la contratación estatal

del servicio. Tal interpretación permite que los particulares mantengan la titularidad de los bienes relacionados con la prestación del servicio, que de acuerdo con la ecuación financiera establecida al momento de la celebración del contrato podían ser amortizados por el concesionario durante su ejecución. De igual manera, dicha interpretación les facilitaría ostentar una posición dominante en el mercado, poniendo en riesgo el acceso en igualdad de condi- ciones con otros potenciales oferentes. Además, dejaría en sus manos las condiciones para asegurar la continuidad en un servicio que resulta de vital importancia en la sociedad contemporánea, en contravía de lo previsto en los artículos 1 y 75 de la Carta Política. Incluso avizoró que una lectura en este sentido podría acarrear la transgresión de principios de la función administrativa como la igualdad, la imparcialidad y eventualmente la moralidad adminis- trativa (Art. 209 CP). La Corte consideró que no es inconstitucional la reversión tal como la establecen las normas demandadas; lo que resulta inconstitucional es su interpretación en el sentido de que ellas modifican las cláusulas de reversión pactadas antes de su entrada en vigencia. En consecuencia, como los contratos celebrados con an- telación a la entrada en vigencia de las leyes 422 de 1998 y 1341 de 2009 suponían para el Estado el derecho de propiedad sobre los bienes empleados en la concesión, de hacerse extensiva las disposiciones acusadas a esas situaciones se estarían desconociendo los derechos referidos; y por ende, desconociendo la seguridad jurídica en detrimento del patrimonio estatal”. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-555 de 22 de agosto de 2013, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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El Silencio Administrativo en el Ecuador, ¿permite dicho sistema acceder a que los derechos sean efectivizados ante la inactividad de la Administración Pública?

El Silencio Administrativo en el Ecuador, ¿permite dicho sistema acceder a que los derechos sean efectivizados ante la inactividad de la Administración Pública?

Modernización del Estado tiene carácter positivo, es decir que: "En todos los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta en favor del reclamante". Conforme lo manifestamos en la resolución Nro. 321-97 en el juicio seguido por Agip - Ecuador S.A. contra el Ministerio de Energía y Minas; en la resolución Nro. 195- 99 dentro del juicio Nro. 168-98 y en la resolución Nro. 217-99 dentro del juicio Nro. 169-98, los cuales se encuentran publicados en la Gaceta Judicial correspondiente a mayo -agosto de 1999, Serie XVI Nro. 15, "es incontrovertible, y así lo señala la doctrina y jurisprudencias universales, que el silencio administrativo durante el lapso señalado por la ley, cuando ésta expresamente le da un efecto positivo, origina un derecho autónomo, que no tiene relación alguna con sus antecedentes, y que en consecuencia, de no ser ejecutado de inmediato por la administración, puede ser base suficiente para iniciar un recurso, no de conocimiento si no de ejecución, ante la respectiva jurisdicción contencioso administrativa; derecho este que una vez establecido no sufre menoscabo alguno por cualquiera manifestación posterior en contrario de la autoridad administrativa que guardó el silencio que le dio origen", debiendo añadir que la acción a proponerse para hacer efectivo el derecho obtenido como efecto del silencio, administrativo será una acción de puro derecho, en la que en consecuencia no cabe la apertura de un término de prueba ya que esta tiene como únicos y exclusivos propósitos establecer que el petitorio aprobado por el silencio administrativo se dirigió a la autoridad que tenía la competencia para resolverlo y que lo así aprobado no habría estado afectado por nulidad absoluta de haber
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Las vigencias futuras en la contratación estatal

Las vigencias futuras en la contratación estatal

Ello cobra particular importancia en un Estado social de derecho ya que es a través de la contratación estatal que se pone en funcionamiento el aparto estatal, se desarrollan los fines del Estado y se materializan algunos derechos fundamentales. Al parecer, la dirección de apoyo fiscal del ministerio de hacienda contempló la posibilita de que esta figura se aplicara para las entidades territoriales, tal como se desprende de la lectura de la Circular externa 07 del 20 de febrero de 2007 cuyo apartes mas relevantes se transcriben a continuación:

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Plan de negocios: Contratación estatal

Plan de negocios: Contratación estatal

administración de derechos de crédito, títulos valores, créditos activos y pasivos, dineros, bonos, valores bursátiles, acciones y cuotas o partes de interés en sociedades comerciales de propiedad de los socios de esta sociedad, o de terceras personas naturales o jurídicas; j) transigir, desistir y apelar las decisiones de árbitros o de amigables componedores en los asuntos en que la sociedad tenga interés a terceros, a sus socios o a sus administradores; k) Brindar asesorías jurídicas a empresas de naturaleza pública o de naturaleza privada; a personas naturales, a consorcios o a uniones temporales; l)asesorar a los diversos clientes en materia de licitación pública, siendo guías constantes en el cumplimiento de los requisitos exigidos y proscritos en los pliegos de condiciones; desplegando así un comportamiento serio en torno al cumplimiento de obligaciones de medio, tendientes a que los clientes sean los mejores oferentes; m) guiar a los clientes en torno a las exigencias y casos contemplados en el estatuto de contratación estatal para efectuar una contratación directa ( urgencia manifiesta, contratación de empréstitos, contratos interadministrativos, entre otros); n) asesoría jurídica en los casos relacionados con selección abreviada; o) orientar a los usuarios y clientes de esta s.a.s., en todo lo que se refiera a las garantías que versan sobre la contratación estatal o pública ( inscripción en el RUP –Registro único de Proponentes-, devolución de pago anticipado, verificación de la Cámara de Comercio, entre otros); p) asesorar a quienes presten interés, sea éste público o privado, en materia de contratación con organismos internacionales, con base en lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 734 de 2012; q)asesoría a empresas del sector privado interesadas en participar en adjudicación de licitaciones del sector privado, a la luz de lo consagrado en el artículo 860 del Código de Comercio Colombiano; r) prestación de servicios profesionales de capacitación, servicios académicos, conferencias, solución amistosa de conflictos, en tópicos de gobernabilidad y contratación estatal; s) ejecutar todos los actos complementarios o accesorios de lo anterior y que guarden relación directa con el objeto social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.
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Principios de la contratación estatal en Colombia

Principios de la contratación estatal en Colombia

Si bien es cierto el artículo 32 de la ley 1150 de 2007 establece que la escogencia del contratista será mediante el modo de licitación pública o concurso de méritos, hemos podido observar que no todos los contratos que necesita la administración pueden manejarse bajo esas dos figuras, ya sea por su naturaleza el factor económico o por el objeto del contrato, un ejemplo se presenta en la contratación directa donde la norma no establece modo de selección, pero ello no quiere decir que se desligue del principio de transparencia, si bien es cierto que el jefe de la entidad tiene la facultad de contratar, no quiere decir que tenga que desprenderse de los principios establecidos por ley.
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La nueva reglamentación del procedimiento administrativo y sus implicaciones en favor del acceso de las personas a la administración pública

La nueva reglamentación del procedimiento administrativo y sus implicaciones en favor del acceso de las personas a la administración pública

El segundo parágrafo del artículo hace una precisión de suma importancia, pues ordena aplicar al derecho de petición ante particulares los principios y reglas establecidos en este capítulo primero de este título, es decir las reglas generales sobre sujetos activos , contenido, presentación, términos para resolver, rechazo, dejando de lado todas las demás normas del código, entre otras aquellas que definen que la respuesta que una autoridad da al derecho de petición es un acto administrativo. Esto significa que los particulares a los que les aplica el artículo 32 no expiden actos administrativos, sino que la respuesta que están obligados a dar dentro de los términos del código es una manifestación de voluntad regida por el derecho privado, y según el caso regulada por la relación jurídica preexistente entre el peticionario y la organización privada, como por ejemplo de carácter laboral, de asociación. Así pues aplicar el instrumento de derecho de petición a particulares para la protección de derechos fundamentales no desnaturaliza la relación jurídica preexistente, y por lo mismo tampoco la trasforma en una relación de derecho administrativo, simplemente se
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Nuevas orientaciones del silencio administrativo en el perú

Nuevas orientaciones del silencio administrativo en el perú

Cuando la Administración Pública realiza una actividad material traducida en operaciones materiales, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa estamos ante lo que se denomina hechos administrativos que serán Jurídicos si es que producen efectos jurídicos. Pero cuando la Administración Pública decide, por disposiciones particulares sobre algún derecho o interés, tal decisión constituye un acto administrativo; v. gr. es acto administrativo, la decisión del agente de policía que dice: “queda usted detenido”; y hecho administrativo, el tomarlo del brazo y conducirlo a la comisaría. Es igualmente acto administrativo la resolución que ordena la demolición de un inmueble ruinoso y hecho administrativo la utilización de un tractor para derrumbar las paredes de ese inmueble ruinoso.
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El doble silencio administrativo negativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado

El doble silencio administrativo negativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado

“Quinto – Si después de toda esta exposición, hubiéramos de comenzar a estudiar si el interesado tenía o no derecho a lo que pedía -tal como dice la Administración en la resolución impugnada-, en tal caso la figura del silencio positivo carecería de todo sentido y de cualquier finalidad razonable. Esto sin perjuicio dela facultad de revisión de oficio que tiene la Administración”.

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Innovaciones del silencio administrativo en el Ecuador

Innovaciones del silencio administrativo en el Ecuador

Después de todo lo expuesto, es necesario preguntarnos, ¿estos cambios que ha traído consigo la vigencia del nuevo Código Orgánico Administrativo son positivos? La respuesta se divide. Por un lado, los cambios podrían ser positivos puesto que, en primer lugar, acceder ante un Juez de lo Civil es menos dificultoso que acceder a la Justicia Contencioso Administrativa, debido que, es evidente que tiene muchas más instalaciones a nivel nacional que los Tribunales Contenciosos Administrativos, los que solamente cuentan con instalaciones en cuatro ciudades del país, resulta menester analizar que los Jueces miembros de un Tribunal Contencioso Administrativo poseen el conocimiento suficiente para resolver conflictos que
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El silencio administrativo y las licencias urbanísticas

El silencio administrativo y las licencias urbanísticas

particular puede hacer valer su licencia ante cualquier administración o particular. En consecuencia con estas dos premisas "..no puede dictar ninguna resolución denegando la licencia..", sin que nos pueda llevar a engaño el art. 43.4 .a) "...En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo...", la Administración en este caso no reabre el procedimiento administrativo terminado por silencio administrativo positivo ni concede ningún derecho al particular ni facultad que no tenga con el silencio administrativo positivo simplemente le certifica lo que la Ley le ha concedido, que puede tener trascendencia para el particular en ámbitos como solicitar créditos bancarios para instalaciones etc. pero son efectos de índole práctico y operativo para una empresa o particular no jurídicos. Por tanto, si un particular cuanta con una licencia obtenida por "silencio administrativo positivo" que la Administración no puede desconocer ni resolver en contra dentro del concreto procedimiento al haber finalizado, caso de entender que es perjudicial para el interés público, no le queda otra opción que acudir a los procedimientos de revisión de oficio y adoptar como medida cautelar la suspensión de la licencia obtenida por silencio administrativo positivo, este es el sentido de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de las Cortes Valencianas 6/1994, de 15 de noviembre , reguladora de la Actividad Urbanística, dar un mandato a la Administración para que, caso de haberse obtenido licencia por silencio administrativo positivo, impida la obtención de facultades que la Ley o los instrumentos de planeamiento no le conceden, en modo alguno, el precepto supone una derogación de los procedimientos de la Ley 30/1992 modificada por Ley 4/1999 . Situación que en nada difiere a la posición que debe adoptar la Administración cuando otorga
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