PDF superior La prejudicialidad en el nuevo Código Procesal Civil Costarricense

La prejudicialidad en el nuevo Código Procesal Civil Costarricense

La prejudicialidad en el nuevo Código Procesal Civil Costarricense

Esta regulación generó sendos yerros interpretativos y cuantiosas disfuncionalidades prácticas, puesto que en realidad en la mayoría de los casos no era justificable la suspensión del proceso civil frente al penal; ya que, este último normalmente está asociado con un campo de responsabilidad distinto del civil. A pesar de ello, el tema pasaba injustificablemente desapercibido y muchas veces se suspendían -incluso en la fase inicial o de trámite- procesos civiles o de otras materias con la simple noticia de la existencia de una causa penal abierta, incluso con extremos tan peligrosos como pretender la operatividad de una prejudicialidad sin que siquiera existiera acusación penal formalmente establecida, sino una simple denuncia.
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TítuloEl sistema de recursos en el Proyecto del nuevo Código procesal civil brasileño

TítuloEl sistema de recursos en el Proyecto del nuevo Código procesal civil brasileño

Sin modificaciones, el procedimiento del agravo ante los Tribunales: a) podrá atribuírsele efecto suspensivo al recurso o ser aprobado, en tutela cautelar, total o parcialmente, la pretensión del recurso, comunicando al juez su decisión; b) se intimará al agravado personalmente y por carta con acuse de recibo, cuando no tuviese representante procesal constituido, o por el Diário da Justiça, o por carta dirigida a su abogado, con acuse de recibo, para que responda en el plazo de quince días, permitiéndole adjuntar la documentación que entendiese necesaria para el enjuiciamiento del recurso; c) se realizará la intimación por medio electrónico al Ministerio Público, cuando esté personado, para que se pronuncie en el plazo de quince días.
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MÓDULO INSTRUCCIONAL EJECUCIÓN POR CANTID AD DE DINERO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

MÓDULO INSTRUCCIONAL EJECUCIÓN POR CANTID AD DE DINERO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

El régimen de recursos contra la resolución judicial difiere según que la misma acceda o deniegue el mandamiento de ejecución. En caso de ordenar la ejecución, contra el mandamiento no cabe recurso alguno (art. 759.1 CPC), más que nada porque hasta entonces sólo se encuentra personado el ejecutante, y la resolución no le genera gravamen alguno. Contra el auto que rechaza la ejecución cabe recurso de apelación (art. 759.3 CPC), ―sin perjuicio que el ejecutante podrá hacer valer su derecho en vía judicial si ello fuera posible conforme a su derecho‖: la vía del recurso parece propicia para los casos de disconformidad con el contenido del auto desestimatorio; la vía ―judicial‖ (entendemos por tal, en el precepto, la posibilidad de plantear la cuestión de nuevo en la primera instancia) nos parece idónea para los casos en que el rechazo de la ejecución derive de vicios insubsanables en el título ejecutivo, de suerte tal que el acreedor pretenda obtener un nuevo título ejecutivo conforme con los requisitos legales para su ejecutabilidad: esta disposición, sin embargo, choca con las exigencias de la función negativa de la cosa juzgada, por lo que a primera vista sólo la entendemos viable en los casos de ejecutorias obtenidas en procesos de carácter sumario. Otra posibilidad es que el CPC quiera reenviar la cuestión a otro proceso de ejecución diferente del intentado.
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La unificación de la representación. Notas al art. 45 del nuevo Código Procesal Civil Boliviano

La unificación de la representación. Notas al art. 45 del nuevo Código Procesal Civil Boliviano

1. El nuevo Código Procesal Civil Boliviano (en adelante CPC) dedica el art. 45 a la unificación de la representación. Mecanismo procesal por el cual, en atención a la economía procesal, se insta a las partes a defenderse mediante un representante único. La norma es útil para simplificar el curso del proceso, sobre todo cuando alguna de las posiciones (demandante o demandado) está compuesta por más de una persona. Sin embargo, parafraseando a Marcial González, quien comenta su homónimo en el Código Procesal Civil paraguayo, el art. 45 CPC “incurre en un claro exceso pues, en el marco de un sistema republicano y democrático, no es razonable que quien ejerce el poder público, en este caso el juez, tenga injerencia en la elección de cada ciudadano (…) [respecto de quien lo represente]. Debe recordarse que (…) [tal decisión] es personalísima dada las implicaciones y los intereses en disputa” [M ARCIAL G ONZÁLEZ , R.: “Comentario al art.
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Visión en perspectiva sobre las averías en el derecho marítimo y la regulación de las averías gruesas en el Nuevo Código Procesal Civil

Visión en perspectiva sobre las averías en el derecho marítimo y la regulación de las averías gruesas en el Nuevo Código Procesal Civil

consciente humana, visando repelir mal maior, em prol da conclusão exitosa da expedição. Apenas estas geram a repartição dos prejuízos. Assim, visando delimitar o que efetivamente deve ser arcado por todos, surgiu um regramento internacional para unificação dos conflitos de avaria: As Regras de York e Antuérpia. No entanto, nem sempre será aplicada. Em âmbito interno brasileiro, por exemplo, o documento jurídico prestado a qualificar e exemplificar as situações de avaria é o Código Comercial. Neste sentido, considerando as situações passíveis de resolução internamente, o Novo Código Processual Civil apresentou a regulação das avarias grossas como um procedimento especial. Portanto, nosso estudo será iniciado por uma contextualização do direito marítimo, seguida da conceituação dos institutos relacionados à questão, bem como do seu regulamento pelo Direito Internacional, para então, apresentar o procedimento previsto pelo CPC/15. Valeremos-nos dos clássicos do direito de navegação, como Miranda Filho, Bezerra de Moura, e igualmente da doutrina mais atual como Eliane Martins, Carla Gibertoni e Paulo Cremoneze.
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LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL HONDUREÑO Consultor Internacional: LUIS ALFREDO DE DIEGO DÍEZ

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL HONDUREÑO Consultor Internacional: LUIS ALFREDO DE DIEGO DÍEZ

En efecto, la apariencia de buen derecho requiere exponer la situación jurídica que conforma la pretensión principal y argumentar sobre su probable fundamento. Ello solo será necesario en caso de pedir la tutela cautelar ante litem, esto es, antes de presentar la demanda. Si ésta ya ha sido formulada, bastará una remisión a la misma. Por su parte, el peligro de frustración por demora requiere la exposición de los hechos y circunstancias que mediante una explicación lógica y racional determinan ese peligro; no basta, pues, con afirmarlo de manera inconcreta (diciendo, por ejemplo, que el solicitante tiene motivos racionales para creer que el deudor tratará de ocultar o enajenar sus bienes en perjuicio de sus acreedores), pues en ese caso, la necesaria alegación y argumentación sobre el peligro por mora procesal se sustituiría por la apreciación subjetiva e inmotivada del actor. Como consecuencia inmediata de esta irregularidad, el afectado se vería impedido de defenderse adecuadamente, el juez no podría determinar la existencia de este presupuesto y se obstaculizaría la prueba en la audiencia previa a la resolución (art. 384) o en la audiencia para decidir sobre la oposición (art. 392), al faltar afirmaciones fácticas a las que referirla (28) .
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La adhesión al recurso de apelación en el Nuevo Código Procesal Penal

La adhesión al recurso de apelación en el Nuevo Código Procesal Penal

En el Derecho Español ni en el Fuero Juzgo, ni en las Partidas se contempla el recurso de adhesión a la apelación, hasta que se recoge expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, cuyo fundamento según Vicente y Caravantes, señalaban que “La parte que no apela de la sentencia en algún artículo que le perjudica, se acerca más al espíritu de las leyes que desean la brevedad y fenecimiento de los pleitos, pues cuando así toca, ha contribuido a que se logren estos fines con el hecho de no apelar, prefiriendo pasar por el daño que le causa la sentencia, a continuar el pleito con grave perjuicio de la causa. Estas loables intenciones quedan frustradas por la apelación de la parte contraria, y no aparece justo por lo mismo hacerla de mejor condición que a la bien intencionada. La aprobación que se induce del hecho de ni apelar no pasa de una presunción; con el consentimiento no fue absoluto y expresivo, ni determinado a reconocer la justicia de la sentencia; tuvo por causa y objeto evitar mayores gastos y delaciones acabándose el pleito con aquella sentencia: falto por la apelación contraria esta condición ínsita y natural; justo es pues en estas circunstancias que la parte que calló quede por la adhesión en aptitud de gozar de las mismas ventajas que el apelante”. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 por su parte también reconoce al apelado la posibilidad de “adherirse” a la apelación en los artículos 858 y 952, aunque sin desarrollar su régimen y sin especificar su concreto significado, que hubo de elaborarse doctrinal y jurisprudencialmente (Veramendi Flores, 2016, pág. 40).
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La Regulación Normativa de la Pretensión de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta en el Código Procesal Civil Peruano de 1993

La Regulación Normativa de la Pretensión de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta en el Código Procesal Civil Peruano de 1993

Otra semejanza entre estos ordenamientos jurídicos la encontramos en el artículo 619 del CPC costarricense, que consagra el “recurso de revisión”, este recurso sólo procede contra sentencias firmes, por una serie de causales taxativas, las cuales son: i) si la parte no pudo recusar al juez o presentar un medio probatorio por causa de fuerza mayor, ii) que la sentencia hubiera recaído sobre pruebas falsas (comprobado judicialmente) o aparezcan medios de prueba que se desconocían en su oportunidad, iii) si la sentencia se hubiera dictado en virtud de declaraciones testimoniales, y los testigos hubieras sido condenados por falsedad de testimonio, iv) si la sentencia hubiera sido dictado con base a peritajes y los peritos correspondientes hubieran sido condenados por falsedad, v) si la sentencia se hubiera dictado por alguna maquinación fraudulenta, cohecho, o violencia, vi ) en los procesos que carezcan de recurso de casación siempre que haya vicios en el emplazamiento, vii) indebida representación, viii) contradicción de la sentencia con una anterior, en cuyo caso debe demostrarse que el interesado estuvo impedido de plantear la excepción correspondiente o ix) si en procesos seguidos con un curador procesal, el recurrente justifica haber estado ausente del país desde el principio, de manera que no hubiere podido presentarse en tiempo hábil para rendir prueba.
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La actividad probatoria en el procedimiento administrativo: su diferencia con la del código procesal civil

La actividad probatoria en el procedimiento administrativo: su diferencia con la del código procesal civil

La Teoría de la Prueba en el Derecho Administrativo, en su vertiente procedimental, ha seguido un proceso evolutivo; en un primer momento se le estudiaba baja la óptica del Derecho Procesal Civil por cuanto la progresiva jurisdización del procedimiento administrativo que se llevaba a cabo en el ámbito de la administración pública, muchos de sus aspectos marcaban una aproximación al conjunto de principios y reglas que rigen el proceso civil , sobre todo en lo referente a las garantías que emanan del debido proceso. Posteriormente esta ligazón va disminuyendo, hasta perder importancia como consecuencia de la autonomía que va adquiriendo el Derecho Administrativo frente a otras disciplinas jurídicas. Este nuevo enfoque emerge como consecuencia de que el proceso civil y/o proceso judicial es incapaz de resolver una serie de situaciones jurídicas que responden al diferente papel que cumple el procedimiento administrativo como realizador de la función administrativa que se orienta a proteger el interés público.
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Tratamiento procesal del Derecho Extranjero en el título preliminar del Código Civil

Tratamiento procesal del Derecho Extranjero en el título preliminar del Código Civil

; pero ahora, con el nuevo título preliminar, la asimilación debe ser matizada, ya que res- pecto a la costumbre rige sin excepciones el principio de carga de la [r]

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El desalojo express como mecanísmo para que el arrendador recupere de forma inmediata el bien en la legislación Civil Peruana

El desalojo express como mecanísmo para que el arrendador recupere de forma inmediata el bien en la legislación Civil Peruana

contiene el admisorio de la demanda es notificada por un auxiliar jurisdiccional y este al advertir que existe otra persona ocupando el predio materia de litis tiene la obligación de instruirlo del proceso iniciado, además informarle los efectos de la sentencia respecto a èl. Entonces difícilmente estaremos ante un caso de un tercero al que se le vulneró sus derechos. Por ello en los procesos actuales de desalojo se ordenan los lanzamientos a todos los ocupantes, sean estos demandados o no y esto porque si en la notificación del admisorio el auxiliar no advirtió que existían un ocupante distinto del demandado podría ser que este nuevo ocupante haya ocupado la propiedad después de iniciado el proceso. Resultando incluso una práctica común la transferencia de posesión en nuestro medio, si esto es así y si no fuera posible el lanzamiento contra todo ocupante, entonces se tendría que iniciar tantos procesos de desalojo cuanto ocupante nuevo se encuentre. Resultando absolutamente imposible la recuperación de la posesión por el arrendador. Por lo que concluimos sobre este punto que en un proceso ejecutivo, donde se respete un debido proceso (notificación al tercero ocupante que no es demandado) no se transgrede el derecho de posesión del tercero que no fue parte de la relación obligatoria (contrato de arrendamiento). Más aun considerando que tiene el derecho expedito en el artículo 605 del Código Procesal civil, los interdictos.
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Comentarios al proyecto de nuevo Código Procesal Civil

Comentarios al proyecto de nuevo Código Procesal Civil

1. Altera el sistema de contratos y de libre mercado. Los contratos son instrumentos para “anticipar el futuro”. Disminuyen los costos de transacción para que la riqueza pueda circular hacia sus usos más eficientes. Su contenido está conformado por cláusulas que prevén contingencias posibles, anticipando las partes su solución, a fin de disminuir el riesgo que implica obligarse. Asimismo, su contenido está definido por el derecho dispositivo (Código Civil) que contiene una regulación, supletoria y equilibrada de la voluntad de las partes (esto es, actúa frente a su silencio), de los derechos y obligaciones recíprocos. Dentro de estas normas dispositivas están las reglas probatorias. Resulta indispensable, por ejemplo, saber a quién correspon- derá en un eventual litigio la prueba de la culpa o la prueba del caso fortuito. Las partes, sabiendo esto con antelación (al momento de contratar), podrán tomar las precauciones debidas para enfrentar un posible juicio de manera exitosa.
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MÓDULO INSTRUCCIONAL LOS RECURSOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

MÓDULO INSTRUCCIONAL LOS RECURSOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

no se reduce a una reforma. Supondrá un nuevo modo de enjuiciar y de concebir la justicia civil y los medios de resolución de los conflictos privados derivados de las relaciones entre particulares y entre empresas, tomando como premisa la sustitución de un sistema escrito y alejado de la inmediación y efectiva presencia del juez en el proceso, por otro predominantemente oral, en el que se consagran, de manera muy radical, los principios de oralidad, de inmediación y de concentración, y al juez como el centro del proceso y el garante de los derechos de las partes litigantes. Se opta por el procedimiento oral como regla general, concentrando la práctica de la prueba en una audiencia oral y pública, salvo que por razones de seguridad nacional, orden público o protección de intereses de las personas, especialmente de los menores, se exceptúe la publicidad motivada. Cualquier cambio legislativo obliga al jurista al estudio de la nueva normativa, en especial si ese cambio afecta tanto a los principios inspiradores de la nueva legislación, como a la total concepción del sistema procesal civil, como a la articulación de los concretos procedimientos. En efecto, el proceso civil declarativo escrito precedente implicaba una actividad orientada a reunir diverso material en un expediente para colocarlo en la mesa del juez encargado de resolver el litigio. Sobre esa base, poco importaba que ese material lo hubiera reunido efectivamente el juez que ha de resolver el litigio u otro distinto, que podía ser: su antecesor en el juzgado, el de otro Juzgado que ha presidido una diligencia de prueba en virtud del auxilio judicial o, una persona que acopia las pruebas para que sean valoradas por le juez sentenciador. En cambio, el proceso civil oral supone que el juez ha de resolver el pleito en base a una actividad desarrollada ante él y por él dirigida. Por lo tanto, la evolución de un sistema a otro no se reduce a un mero cambio de normativa, sino que comporta un nuevo modo de trabajar y una concepción diferente de la función judicial que, aún con el mismo objetivo de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado, se va a desarrollar con distintos criterios de actuación y muy en particular en el aspecto de la aportación, realización y valoración de la prueba.
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MÓDULO INSTRUCCIONAL PRINCIPIOS GENERALES EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

MÓDULO INSTRUCCIONAL PRINCIPIOS GENERALES EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Empero, no es menos cierto que la necesaria vinculación a los principios dispositivo, de rogación y aportación de parte que rigen el procedimiento civil, y la ausencia de motivación alguna del escrito de interposición del recurso en los procedimientos de la clase del enjuiciado y, por ende, el desconocimiento por el Tribunal y por la parte apelada de cuales sean las concretas causas -excepciones, objeciones, defensas o motivos de oposición no acogidos- que sustentan el examen revisorio postulado, así como la proscripción de cualquier indefensión que pudiera causarse a dicha parte que desconociendo la fundamentación del recurso, se vea impedida de combatirla, obliga a un control integral de lo resuelto por el Juez de Instancia y, en especial, al examen de la adecuada aplicación de la norma legal a aquellas excepciones apreciables de oficio y vicios de procedimiento susceptibles de provocar la nulidad de lo actuado. Este criterio encuentra respaldo en la Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1992, de 18 de marzo (Sala Primera), reiterando la doctrina establecida en las anteriores 142/1987, 114/1988 y 6/1990, al declarar que los Jueces o Tribunales no pueden modificar o alterar los términos del debate procesal, alteración que se produce cuando los órganos jurisdiccionales se pronuncian por iniciativa propia sobre pretensiones que no han sido promovidas, lo que ha de hacerse extensivo a las sostenidas en la segunda instancia, por ninguna de las partes, añadiendo que los pronunciamientos gratuitos o sobre temas no propuestos por las partes suponen un menoscabo del derecho de defensa contradictoria de las partes en cuanto se priva a las mismas de la posibilidad de alegar o enmendar lo que estimen convenientes a sus intereses, sin que pueda otorgarse más de lo pedido ni menos de lo resistido por el demandado.
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CODIGO PROCESAL CIVIL INTRODUCTORIA AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

CODIGO PROCESAL CIVIL INTRODUCTORIA AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

♦ El nuevo Código Procesal Civil, con sus disposiciones encaminadas a lograr los fines antes citados, se alinea con las últimas tendencias del mundo jurídico de nuestro entorno cultural, y con las experiencias de más éxito que han tenido lugar en el elenco de las naciones jurídicamente avanzadas del mundo, como Alemania, Austria, Italia, España, Inglaterra y Estados Unidos, sin descuidar importantes novedades legislativas de la Unión Europea, así como las más importantes de América Latina, en particular de Uruguay y del Perú, partiendo del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. La realidad demuestra además que no es sensato olvidar el anterior sistema legislativo, ni la experiencia acumulada, como tampoco lo es la alteración sustancial de la intervención que en el proceso tienen los protagonistas de la Justicia civil.
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MODULO INSTRUCCIONAL EJECUCIÓN FORZOSA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

MODULO INSTRUCCIONAL EJECUCIÓN FORZOSA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Conscientes de estos compromisos los legisladores hondureños han querido buscar no sólo un sistema procesal civil rápido, sino también respetuoso con las exigencias democráticas, avanzado y con una previsión y encaje dentro del panorama nacional de reforma legislativa global. Se ha querido agilizar el procedimiento pero sin perder de vista los requerimientos del Estado de Derecho que no debieran ser desatendidos en aras a la velocidad de tramitación, sino precisamente fortalecidos por ésta. En palabras de la Exposición de Motivos del nuevo Código Procesal Civil la Justicia efectiva implica la instauración de un sistema que “… sin olvidar las debidas garantías, dé respuestas inmediatas a la ciudadanía, acercándole al Juez, lo que obliga a un importante esfuerzo por diseñar instrumentos que permitan una mayor celeridad en la tramitación, reduciendo el tiempo entre el ejercicio de la pretensión y la resolución judicial; una mayor simplicidad de los trámites que, a la vez que permiten un mejor entendimiento por la ciudadanía de las diferentes fases procedimentales, impiden el ejercicio abusivo del derecho, en especial a través de la interposición constante de recursos contra resoluciones de mero trámite…”.
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La inmediación y la concentración como principios constitucionales en la legislación ecuatoriana

La inmediación y la concentración como principios constitucionales en la legislación ecuatoriana

De tal manera debemos entender que gracias al principio de inmediación en el proceso, el juez va a tener un número mayor de facultades dentro de este, lo que le permite tener un contacto directo, con todos las partes que lo conforman, de ésta forma su aproximación con ellas, le va a permitir formarse mejores elementos de convicción, para expedir un fallo que no conculque los derechos de quien acude a él en pos de justicia. Citamos la obra de (Rioja Bermudez, 2011): “Al optar por la inmediación, el código, ha privilegiado también la oralidad, el medio por el cual se produce el contacto directo entre el Juez y los protagonistas directos o indirectos del proceso”, considerando la valía de su aporte en el derecho comparado, para el nuevo proceso civil oral en el Ecuador.
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La aplicación de la tutela de derecho en el nuevo código procesal penal

La aplicación de la tutela de derecho en el nuevo código procesal penal

Este Acuerdo Plenario, debemos reconocer, que es muy importante ya que refuerza las ideas de nuestra investigación, pero también encontramos cierta contradicción en sus fundamentos, por ejemplo cuando hace referencia a los derechos fundamentales que la Constitución y Leyes prevén que le corresponde al imputado se protege mediante esta vía; sin embargo, en su fundamento once señala que los derechos protegidos por esta Audiencia son los taxativamente señalados en el art.71 inc. 2 del Código Procesal Penal, reduciendo la gama de derechos fundamentales del Imputado. Al respecto, consideramos que los derechos fundamentales a que se refiere el legislador, al prever el articulo 71 inciso 4, tutela de derechos, son desde los previstos en la Constitución Política (incluido las leyes internacionales ratificados por el Perú, en materia de derechos humanos) y las demás leyes.
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Las diligencias preparatorias y la prueba anticipada en el Código Procesal Civil paraguayo

Las diligencias preparatorias y la prueba anticipada en el Código Procesal Civil paraguayo

Estas figuras escudriñadas del proceso civil paraguayo son de uso casual por parte de los abogados matriculados, en los diferentes procesos que se encuentren regulados en el código de forma. En la labor investigativa y expositiva, se tratan a las mismas en sentido contrapuestos, con el fin de hacer ostensibles sus clarísimas diferencias y también sus similitudes; con la diáfana finalidad de delimitar su correcta utilización, antes de la iniciación del proceso y con respecto a uno de los institutos, en la etapa primeriza del mismo incluso. El principal objetivo de este trabajo otorgar al lector un acercamiento y ulterior congeniamiento con estas figuras, con el colofón de su eficaz utilización, y poder direccionar el correcto entablamiento de una demanda; cuando a priori no se posean todos los datos precisos, para peticionar al estado que, a través de los órganos jurisdiccionales competentes, atiendan el reclamo del justiciable. Sin dudas el espíritu legislador de los articulados que regulan los institutos estudiados tiene por fin el poder entablar correctamente una demanda u obtener un medio probatorio que pueda ser de difícil obtención en el futuro o pueda verse frustrado por el transcurso del tiempo, respectivamente.
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El artículo 192 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, su constitucionalidad

El artículo 192 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, su constitucionalidad

Claramente el ámbito penal y el civil son diferentes desde que en el proceso civil rige el "principio dispositivo" por el que las partes tienen la iniciativa, el impulso y la renuncia de los actos procesales y en el proceso penal el órgano jurisdiccional actúa sobre todo por propia iniciativa y, ya en el juicio, predomina el "principio acusatorio" (el tribunal adopta una posición pasiva mientras las partes contienden en igualdad de condiciones ante el director del debate que dictará sentencia). En el proceso civil a diferencia del proceso penal, el magistrado deberá decidir la suerte de las partes siempre y el resultado dependerá del aporte de prueba o la falta de éste (Colerio, 1996). Siguiendo las enseñanzas del Profesor Alvarado Velloso (2010: 282) los principios procesales implican líneas directivas fundamentales que deben ser imprescindiblemente respetadas para lograr el mínimo de coherencia que supone todo sistema.
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