PDF superior La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas

La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas

La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas

subject responsabilidad patrimonial, lesión patrimonial, resarcimiento del daño. source Estudios Socio-Jurídicos; Vol.[r]

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Los anteojos del civilista: hacia una revisión del régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Los anteojos del civilista: hacia una revisión del régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Los anteojos del civilista: Hacia una revisión del régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas Desde que tengo uso de razón jurídica he leído en nuestros mejo[r]

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Las relaciones entre la protección social y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas

Las relaciones entre la protección social y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas

Como se observa, este derecho se configura formalmente como una medida especial de extensión de los beneficios de clases pasivas (y, por ende, como una medida de seguridad social en sentido amplio, no institucional ni orgánico), consistente en una pensión extraordinaria y una «indemnización». Ésta última se otorga por una sola vez y equivale, por imperio de la Ley, a una mensualidad del haber regulador por cada año de servicio computable a efectos de trienios, con un mínimo de cien mil pesetas y un máximo de 12 mensualidades. Ahora bien, el artículo 2.2 del Decreto-Ley la declara «incompatible con la regulada en el artículo 7 del Real-Decreto-Ley 3/1979, de 26 de enero, reconociéndose al benefi- ciario el derecho a optar por una de ellas». Este otro Decreto-Ley aludido regulaba la seguridad ciudadana, y su artículo 7 declaraba «especialmente indemnizables por el Estado los daños y perjuicios que se causaren a las personas» con ocasión de los delitos a que se refería el número 1 de su artículo 3º, esto es, «todos los cometidos por persona o personas integra- das en grupos o bandas organizados y armados y sus conexos». Resulta, en suma, que estamos ante un régimen de opción voluntaria entre un régi- men indemnizatorio en sentido propio (a título de responsabilidad patri- monial del Estado), y otro asimismo calificado como tal, pero que en realidad constituye una medida de protección social (una prestación dineraria que no es propiamente resarcitoria de una lesión efectiva, pues no equivale a ella). Veremos que este patrón se repite en otros casos. Y en él es difícil no atribuir a las medidas de protección social que arbitra una función disuasoria del ejercicio de acciones de responsabilidad.
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La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en España: estado de la cuestión, balance general y reflexión crítica

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en España: estado de la cuestión, balance general y reflexión crítica

Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil directa y personal de la autoridad, funcionario o agente, la sentencia se limitará a pronunciarse sobre la misma sin entrar, e[r]

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TítuloLa responsabilidad patrimonial de los centros sanitarios concertados: incidencia de los aspectos procesales en la reapertura de una polémica

TítuloLa responsabilidad patrimonial de los centros sanitarios concertados: incidencia de los aspectos procesales en la reapertura de una polémica

Sin embargo, el hacerlo así implicaba de suyo, grandes dificultades en orden al mantenimiento de la continencia de la causa, dada la dificultad de fijar los linderos de dicha responsabilidad y del concepto de servicio público. Como se ha señalado anteriormente, la Ley de Procedimiento Administrativo Común y Régimen de las Administraciones Públicas supuso un giro importante en la ordenación de la materia, al imponer el monopolio absoluto de la jurisdicción contencioso administrativa, no sólo por el hecho de restablecer el principio de unidad de jurisdiccional para el conocimiento de estos temas, -con independencia del carácter público o privado de la actuación administrativa (art. 144 en relación con el art. 142.6 de la LRAPAC)- sino estableciendo la exclusividad de esta jurisdicción, al señalar en el artículo 145.2 que los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades a su servicio, pudiendo aquella repetir contra éstos (art. 145.2) de modo tal que la vía administrativa constituía una verdadera pantalla respecto de las eventuales reclamaciones que se pudiesen dirigir frente a aquellos. Posteriormente la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ha venido a consagrar expresamente este principio de unidad jurisdiccional, en el artículo 2-d), al atribuir al orden jurisdiccional contencioso administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, no pudiendo ser demandadas aquellas por otro motivo ante los órganos jurisdiccionales civil o social.
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Responsabilidad patrimonial de la administración: especial referencia a la responsabilidad de las Administraciones Locales por daños sufridos en la vía pública, carreteras, actos públicos y festejos y en instalaciones públicas y deportivas

Responsabilidad patrimonial de la administración: especial referencia a la responsabilidad de las Administraciones Locales por daños sufridos en la vía pública, carreteras, actos públicos y festejos y en instalaciones públicas y deportivas

Con carácter previo, es preciso aclarar y recordar que si bien tanto la CE (art. 106.2) como la LPC (arts. 139 y ss.) se refieren a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por el funcionamiento de los servicios públicos, la alusión a éstos –los servicios públicos- debe entenderse hecha en un sentido muy amplio, comprensivo del actuar administrativo en términos generales. Sobre este punto, y en relación, concretamente, a la organización de festejos por parte de las corporaciones locales, la STSJ de Castilla y León 492/2004, de 29 de octubre (RJ 2004\317085) ha tenido la ocasión de señalar que: “los servicios públicos no deben ser entendidos en sentido estricto como una concreta modalidad de la acción administrativa, sino en un sentido amplio y predominantemente subjetivo, que incluya a toda la actividad e incluso inactividad por omisión de obligaciones de actuar de cualquier Administración Pública. […] A mayor abundamiento, señalar que como recuerda la STS de 17-11-98 ( RJ 1998, 9149) esa Sala tiene reiteradamente declarado que se integra en el ámbito del funcionamiento de los servicios públicos, a efectos de la determinación de si existe responsabilidad patrimonial de la Administración titular por los daños causados por su celebración, el supuesto de fiestas populares organizadas por los ayuntamientos o patrocinadas por éstos, aun cuando la gestión de las mismas se haya realizado por comisiones o incluso por entidades con personalidad jurídica independiente incardinadas en la organización municipal” 12
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RD 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial

RD 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial

La Administración pública correspondiente podrá exigir de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por los daños y perjuicios[r]

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Novedades en la responsabilidad del Estado por actos de terrorismo y su relación con otros sistemas de responsabilidad de las Administraciones Públicas

Novedades en la responsabilidad del Estado por actos de terrorismo y su relación con otros sistemas de responsabilidad de las Administraciones Públicas

(41) En este sentido vid. al presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos Ayllón Camacho «Situación de la víctima del delito común en nuestro Derecho Positivo» OTROSÍ (Publicación del Colegio de Abogados de Madrid), nº 136, feb-mar., 1998, pp. 46-47, donde se llega, incluso, a denunciar el distinto trato como atentatorio al principio constitucional de igualdad y, además, se recomienda a los abogados con asuntos que versen sobre delitos violentos que empleen la legislación que ampara a las víctimas del terrorismo, o que, simultáneamente, soliciten la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. No me es posible compartir esta postura porque postula soluciones contrarias al ordenamiento jurídico. No se puede utilizar la legislación de ayudas a víctimas del terrorismo para resarcir a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual porque la Ley 35/1995 es meridianamente clara a la hora de regular sus propias ayudas. Tampoco creo que se haya violado la Constitución en lo que al principio de igualdad se refiere por establecer dos sistemas paralelos porque ambos traen su causa de actividades semejantes pero no iguales y el Tribunal Constitucional ha reiterado que esa práctica no es contraria a la Norma Fundamental. Finalmente, la recomendación a los abogados para que simultaneen la petición de ayudas con reclamaciones en sede de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es, cuanto menos, desacertada; una actitud responsable no debe llamar a los profesionales de Derecho a actuar insensatamente, sino a hacerlo en defensa de sus clientes cuando hay suficientes razones para ello.
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La responsabilidad patrimonial del estado-legislador en materia tributaria. Especial referencia a la vulneración del derecho de la Unión Europea

La responsabilidad patrimonial del estado-legislador en materia tributaria. Especial referencia a la vulneración del derecho de la Unión Europea

que esta cláusula conlleva supone, entre otras consecuencias, la asunción de un sistema de compartición de funciones entre las diversas entidades territoriales que conforma el poder público del Estado (…)”, lo cual genera que, las tareas legislativas y ejecutivas en múltiples ocasiones sean desarrolladas de manera conjunta por Administraciones públicas diversas, lo que conlleva que pueda endilgarse una responsabilidad a una Administración que no ha tenido que ver con la elaboración de la norma. ALONSO GARCÍA, María Consuelo, La responsabilidad del Estado-Legislador, Marcial Pons, Madrid, 1999, págs. 126 a 128. En nuestra opinión, estas críticas encuentran la fuerza de su fundamentación jurídica con ocasión a la inexistencia de un sistema normativo claro y en seguimiento de una interpretación restrictiva de las normas con las que se cuenta hoy en día. Es por ello que nos apartamos de ellas reconociendo el esfuerzo que ha realizado el Tribunal Supremo por encontrar, precisamente en el vacío legal, los elementos para la imputación de la responsabilidad. Y es que el concepto de Administración que conocemos y se entiende implícito en el ordenamiento jurídico debe ser entendido dentro de un Estado de Derecho en un sentido amplio que abarque todos los poderes públicos del Estado, sea cual fuere su naturaleza, pues tal y como lo explica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta responsabilidad no puede variar en función de la naturaleza de la autoridad que origina el daño y mucho menos puede depender de normas internas de reparto de competencias entre los poderes constitucionales. En ese sentido, MORENO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio, “La responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria”, cit., pág. 341. Ahora bien, otra consideración de gran relevancia es precisamente entender que cuando hablamos de responsabilidad patrimonial
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La responsabilidad social en las Entidades No Lucrativas

La responsabilidad social en las Entidades No Lucrativas

Así, la responsabilidad social no afecta sólo a las empresas de carácter mercantil sino que las organizaciones no lucrativas, como las administraciones públicas, también tienen el deber de mostrar cómo ejercen, gestionan y mejoran su responsabilidad hacia la sociedad. La transparencia y responsabilidad son cualidades a suponer en un sector que se mueve desde la no lucratividad y con una orientación en ge­ neral al bien común, pero la legitimidad se ha de conquistar día a día por la vía de la aceptación social y la calidad. Las ONL deben asumir ciertos compromisos porque eso es lo que ciudadanos, usuarios, soci­ os, clientes, esperan. Y lo harán de acuerdo con modelos propios que respondan a la manera como una ONL crea valor para la sociedad.
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Responsabilidad Patrimonial del Estado por Falla del Servicio del Mantenimiento y Señalización de las Vías Públicas 

Responsabilidad Patrimonial del Estado por Falla del Servicio del Mantenimiento y Señalización de las Vías Públicas 

 En otra sentencia del Consejo de Estado del 6 de septiembre de 2001, se declara la responsabilidad del Estado con fundamento en la falla del servicio debido a unos obstáculos dejados en la vía por empleados del Instituto Nacional de Vías quienes efectuaban obras en ese sitio y un hueco, a consecuencia de ello muere un motociclista. “Así las cosas, se considera demostrado que la muerte de Luis Alfonso Ríos González, causada, según lo establecido en la primera parte de estas consideraciones, por la ausencia de señales preventivas que advirtieran sobre la existencia de un hueco de importantes proporciones sobre el carril derecho de la citada carretera, es imputable al Instituto Nacional de Vías”. 7
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Algunos datos sobre la cuantificación económica de la responsabilidad de las Administraciones Públicas (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente; Consejo de Estado y Comunidad Autónoma del País Vasco)

Algunos datos sobre la cuantificación económica de la responsabilidad de las Administraciones Públicas (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente; Consejo de Estado y Comunidad Autónoma del País Vasco)

En este Anexo se recogen una serie de datos de carácter meramente aproximativo sobre la cuantificación económica de la responsabilidad de las Administraciones Públicas centrada en el eje[r]

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Responsabilidad social de las administraciones publicas

Responsabilidad social de las administraciones publicas

La vinculación de las Administraciones Públicas con la Responsabili­ dad Social Corporativa (RSC) se puede concebir bajo una doble pers­ pectiva, la promoción entre las empresas (RSE) o bien la aplicación interna. Esta nota se centra en la segunda. A pesar de que la gestión de la Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas (RSA) implica un conjunto de acciones muy diversas y de gran riqueza meto­ dológica, a menudo se han simplificado en una serie de aspectos muy concretos como la introducción de cláusulas sociales, la elaboración de códigos éticos y la publicación de memorias de sostenibilidad. El artículo cita retos de la RSA como la mejora en la gobernanza, la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas, la participación, el diálogo con los grupos de interés, la transparencia, la legitimidad, el desarrollo de Territorios Socialmente Responsables o la misma formali­ zación de la gestión de la RSA.
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Las Administraciones públicas en las redes sociales

Las Administraciones públicas en las redes sociales

• “sinónimo de actividad administrativa y para su calificación hay que atender, más que a una tipificación especial de alguna de las formas en que suele presentarse, al conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la Administración”. Sentencia Tribunal Supremo, de 4 de enero de 1991. • “toda actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso con la omisión o pasividad, con resultado lesivo". Sentencia Tribunal Supremo, de 5 de junio de 1989. Y es que, la jurisprudencia suele interpretar este concepto en sentido amplio cuando de responsabilidad de las Administraciones se trata. No obstante, si a estas descripciones o definiciones le sumamos el concepto anteriormente introducido de información administrativa, según el cual “es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de su derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos”, no queda duda de la naturaleza de servicio público de esta actividad, a pesar de prestarse en un entorno confuso.
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Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas  Tipicidad y responsabilidad

Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas Tipicidad y responsabilidad

Tras la ce de 1978, aunque no se produce de forma inmediata una regulación general de la cuestión, tal y como había sido demandado por la doctrina, sí se pro- duce una importante construcción de los principios derivados del texto constitucio- nal por parte del Tribunal constitucional, a través de sentencias que son claves en la configuración, entre otros, del principio de tipicidad, marcando la actuación del le- gislador en aquellas leyes sectoriales que se fueron aprobando y que casi en su to- talidad contenían un título o un capítulo dedicado a fijar el sistema de infracciones o sanciones en la materia (Ley 26/84, de 19 de julio, para la defensa de consumido- res y usuarios, Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio histórico español, Ley 29/85,de 2 de agosto, de aguas, Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, Ley 14/86, de 25 de abril, general de sanidad). será la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo (Ley 30/92), la que al fin, y por primera vez, entre a regular los principios del derecho Administrativo sancionador y las especialidades más destacables de este procedi- miento en su Título IX (arts 127-138), dando así respuesta a la reiterada demanda doctrinal. en cuanto al principio de tipicidad es su art. 129 el que lo regula en los si- guientes términos:
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Recopilación de doctrina legal 2006

Recopilación de doctrina legal 2006

Además de estos principios comunes, cuando las reclamaciones de los particulares se refieren a la posible responsabilidad patrimonial de la Administración por la prestación de servicios sanitarios, el requisito de que la actuación médica se haya ajustado o no a la lex artis ad hoc adquiere un singular relieve, debido a que si la actuación de los facultativos se acomodó y desarrolló con arreglo al estado de los conocimientos de la ciencia médica, si así queda probado en la instrucción del procedimiento, los resultados lesivos no podrán atribuirse a la Administración sanitaria, bien porque no pueda afirmarse que concurra aquel nexo causal, bien porque ni siquiera pueda determinarse la existencia de una lesión indemnizable, debido a que los resultados lesivos normalmente serán consecuencia de la evolución de las propias enfermedades del paciente, aun a pesar del correcto funcionamiento de los servicios sanitarios. Y es que, tal como vienen señalando de forma reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de Estado y de este Consejo Jurídico, la ciencia médica no es exacta, por lo que los facultativos tienen una obligación de medios y no de resultados, obligación que, según STS, Sala 1ª, de 25 de abril de 1994, puede condensarse en los siguientes deberes: 1) Utilizar cuantos remedios conozca la ciencia médica y estén a disposición del médico en el lugar en que se produce el tratamiento, de manera que la actuación del médico se produzca por la denominada lex artis ad hoc o módulo rector de todo arte médico, como principio director en esta materia, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación e intervención médica y las circunstancias en que la misma se desarrolle; 2) informar al paciente o, en su caso, a los familiares del mismo, siempre que ello resulte posible, del diagnóstico de la enfermedad o lesión que padece, del pronóstico que de su tratamiento puede esperarse y de los riesgos potenciales del mismo; 3) continuar con el tratamiento del enfermo hasta el momento en que éste pueda ser dado de alta, advirtiendo al mismo de los riesgos que el abandono de aquél le puede comportar.
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Recopilación de doctrina legal 2011

Recopilación de doctrina legal 2011

La actuación de éste ha de regirse por la denominada “lex artis ad hoc”, o módulo rector de todo arte médico, como principio director en esta materia, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla (Dictámenes números 49/01 y 97/03 de este Consejo Jurídico). Por lo tanto, de acuerdo con una consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de un daño, sino que es preciso acudir al criterio de la “lex artis” como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente (SAN, Sección 4ª, de 18 de septiembre de 2002, y STS, Sala 3ª, de 14 de octubre de 2002). La “lex artis”, así, actúa como elemento modulador de la objetividad predicable de toda responsabilidad administrativa cuando del ámbito sanitario se trata, como tiene declarado el Tribunal Supremo en numerosas resoluciones. Por todas, la STS, Sala 3ª, de 22 de diciembre de 2001, afirma: “ciertamente que en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido, ya que, cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si, a pesar de ello, causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a otras dolencias del paciente”.
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TRAGSA Y LAS ENTIDADES LOCALES. ENCOMIENDAS, CONVENIOS Y CONTRATOS PÚBLICOS (I)

TRAGSA Y LAS ENTIDADES LOCALES. ENCOMIENDAS, CONVENIOS Y CONTRATOS PÚBLICOS (I)

Sobre esta cuestión resulta clarificador el Informe 1/2010, de 21 de julio de 2010 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de las Islas Baleares en sus conclusiones 3 a 10 y en el que la Comisión Permanente de la misma concluye que “los encargos o encomiendas de gestión regulados en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público son figuras diferentes. Dado que ambas normas jurídicas coinciden parcialmente en la regulación de una materia y lo hacen de manera diferenciada, es necesario aplicar la doctrina de la lex posterior y el principio de la ley especial respecto de la ley general para resolver el conflicto entre estas normas. Esto permite concluir que la Ley de Contratos ha derogado parcialmente o ha modificado el artículo 15 de la Ley 30/1992 en el sentido de que este precepto ya no puede incluir encargos de gestión de carácter meramente contractual, ya que su ámbito ha quedado circunscrito a las actividades o actuaciones materialmente ajenas a la contratación pública”.
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TítuloResponsabilidad patrimonial de la administración sanitaria

TítuloResponsabilidad patrimonial de la administración sanitaria

Responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria Sumario RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA Dra Dña TEODORA F TORRES GARCÍA Catedrático de Derecho Civil Universidad d[.]

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Las Administraciones Públicas españolas: presente y futuro

Las Administraciones Públicas españolas: presente y futuro

Para abordar estas reformas, el Gobierno ha emprendido determinadas actuaciones claves dirigidas a establecer un modelo de Administración Pública, cuyo denominador común es el objetivo d[r]

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