Acerca del concepto de democracia

Hoy los nuevos dilemas, contenedores de viejas tensiones, nos llevan a nuevas preguntas, con autores de todas las épocas.

Teniendo en cuenta los distintos conceptos y constructos teóricos que fueron siendo trabajados en esta investigación, los cuales ponen de manifiesto la complejidad del objeto a abordar, es que comenzaremos a referirnos a ellos de manera diferenciada. Dedicaremos las primeras páginas al surgimiento, desarrollo y reformulaciones de un concepto que nos invita a debatir. Trataremos de operacionalizar aquello que entendemos por democracia y dilucidar sus distintas variables. Comenzaremos por afirmar que el ámbito de la política no es un terreno neutral que pueda aislarse del pluralismo de valores y donde se puedan formular afirmaciones racionales y universales; la democracia es, por naturaleza, paradójica, y se halla en continua tensión entre dos lógicas, la democrática y la liberal. Asimismo, entendemos que los valores y afectos juegan un rol fundamental en la consecución de la lealtad a los valores democráticos (Mouffe, 2003).

Así es como plantear la idea de ciudadanía democrática implica tener en cuenta las relaciones sociales y de poder, culturales, y todas las prácticas que posibilitan la acción.

Como señala Mouffe, intentaremos buscar guiarnos en este trabajo por un modelo democrático capaz de aprehender la naturaleza de lo político, ya que, al ser el poder un elemento que constituye las propias identidades, antagonismo y poder están en un mismo centro (Mouffe, 2000).

Mientras que el Iluminismo concluyó que todos los hombres podían actuar racionalmente, algunos de los autores que analizarán la democracia de masas afirman que toda práctica cuyo objeto fuera movilizar al gran número deja de ser en sí misma lógico-racional. Comenzaremos por señalar que, a fines del siglo XIX, con la reglamentación del sufragio universal masculino, la combinación, en el orden político, de dos tradiciones sustancialmente diferentes, liberalismo y democracia, impacta en cada una de estas sometiéndolas a resignificaciones constantes.

indeterminación radical cuando el sufragio universal masculino comenzó a reconocerse en distintos Estados hacia 1870-1880; ello produjo la extensión de la ciudadanía, y surgió la democracia como principio legitimador. Sin embargo, esta ampliación de los derechos políticos no puede interpretarse como un cambio de carácter superestructural en la política.

Así, el principio de soberanía popular viene a encubrir las verdaderas asimetrías de poder; distintas reflexiones a principios del siglo XX pretenderán demostrar la falsedad de ese mito. La obediencia se debe a un acto volitivo y la democracia de masas pretende que se crea que los hombres recuperan el rol protagónico en la historia, pero en realidad son altamente pasivos. A partir de una crítica al concepto de voluntad popular, la idea que prevalecerá es pensar que la democracia vivida como gobierno de masas es una ficción; la minoría dirigente oculta su poder tras el velo de la democracia; es este grupo organizado el que deviene superior a la mayoría gobernada. En consecuencia, la fuerza de las minorías es mayor frente a cada individuo, porque se componen de cualidades que las distinguen de las mayorías; de esta manera los líderes son los conductores, los expertos, y la dirección de los asuntos públicos estaba reservada a ellos.

La Democracia parece una forma de régimen en el que todos participan por igual de los poderes soberanos, sin embargo, la clase dirigente, con elementos de la clase dirigida, se enquista en el poder; la tan deseada ampliación de la ciudadanía pone en evidencia la debilidad sobre la que se construye la política moderna. La masa necesita una labor considerable para ser puesta en marcha, y lo único permanente en ella es la necesidad de rendir culto al líder solicitario de su gratitud.

En suma, la democracia de masas genera la crisis de la modernidad, porque lo político ya no supone una construcción racional de la verdad. Hasta el momento, el racionalismo entendía el mundo controlado por la razón, en el que todos los hombres se encontraban dentro de los marcos de una misma racionalidad, y el espacio público veía limitado el surgimiento de alternativas; la inclusión de los muchos provoca la crisis del Estado liberal, del parlamentarismo y del positivismo.

De esta manera, el espacio público, a partir del surgimiento del sufragio universal masculino, se complejiza; primero, por constituirse un nuevo sujeto político colectivo, y luego, por constituirse en el seno de la organización una nueva capa de dirigentes que se elevan por arriba del resto; aquí se suma una nueva contradicción, ya que esta

diferenciación cuestionará la idea de igualdad.

Respecto a cómo pensar la democracia, sin embargo, existen otras teorizaciones, como la de Joseph Schumpeter, quien afirma que no existe un interés público como motivación dominante del comportamiento racional de los actores, sino que los políticos implementan sus políticas con el fin de captar votos para llegar o mantener el poder. Este será uno de los principales teóricos en establecer la relación entre liberalismo y democracia que, claro está, constituyen dos tradiciones teóricas diferentes; a finales del siglo pasado, con la crisis del Estado keynesiano o del Estado de Bienestar, esta relación se ha puesto nuevamente en tela de juicio y se presta a la controversia teórica. Mientras la primera es moderna, la segunda es, más bien, antigua; haciendo uso de Sheldon Wolin, podemos señalar que nuestra época perdió contacto con el espíritu y enfoque inicial liberal; esta tradición nace en la etapa anterior a la Ilustración francesa (siglo XVIII), de la mano de los economistas clásicos e influenciada por la filosofía de Hume y Adam Smith. Tradicionalmente, se la caracteriza como optimista hasta la ingenuidad; arrogante en su convicción de que la razón humana debería representar la única autoridad para el conocimiento y la acción; hipnotizada por una perspectiva que ve en la historia una escalera mecánica en eterno movimiento ascendente hacia mayores progresos, y blasfema, por atribuir a la mente y la voluntad humanas el poder divino de remodelar totalmente al hombre y la sociedad (Wolin, 1993). Podemos establecer que los teóricos liberales ven el respeto a los derechos individuales y el principio de la neutralidad política como la norma para la legitimidad en las democracias constitucionales. La premisa central es que los individuos como tales tienen derechos morales que funcionan como limitaciones sobre el gobierno y sobre otros; estos derechos los poseen en virtud de que tienen alguna propiedad (autonomía moral, dignidad humana) que los constituye en portadores de derechos. Para esta perspectiva, los derechos constituyen el núcleo de una concepción de justicia que hace posible la pretensión de legitimidad de cualquier sistema de organización política; las decisiones legales son obligatorias en la medida en que respeten los derechos individuales. Resumiendo: el sueño eterno de esta tradición es la neutralidad política. Cierto es que durante el siglo XX, con el ingreso de las masas a la política de forma regular y sistemática, las relaciones entre ambas tradiciones han variado sustancialmente.

condiciones para que la democracia funcione: elevada calidad de los que ocupan cargos; dominio de la decisión política no demasiado dilatada; goce de una burocracia bien capacitada y de una reputación con espíritu de cuerpo, además de tener fuerte sentido del deber; y autodisciplina democrática, es decir, entiende que las políticas públicas son decisiones que se hacen efectivas, y pueden lograrse siempre que exista cierto tipo de método democrático (Schumpeter, 1996).

De esta manera y a partir de sus trabajos, la democracia debe ser entendida como régimen de gobierno. Los trabajos de este autor se encuentran entre los primeros que reflexionan acerca de la relación entre liberalismo y democracia, afirmando que se encuentran asociados; en este sentido, observa a la democracia como régimen político y ya no como forma de vida. De esta misma manera, Robert Dahl coincidirá en establecer que la democracia consiste en un método político, organizado en torno a un sistema institucional en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de la lucha de competencia por el voto del pueblo.

Dahl establece una relación positiva entre capitalismo y democracia, sin embargo, esto no implica negar los conflictos sociales ni las desigualdades; se puede observar que en la reflexión de este autor el elemento político tiene siempre mayor peso y autonomía respecto de los elementos socioeconómicos (Dahl, 1998).

Para que el método político funcione debe estar dotado de sentido a partir de un principio de ideas; para que exista competencia por el caudillaje es necesario que existan libertades civiles (Schumpeter, 1996). Schumpeter, de esta manera, retomará la importancia del papel de las creencias en un contexto democrático; existe una voluntad fabricada que es elaborada por los líderes y partidos políticos e impuesta al electorado gracias a las técnicas de la propaganda comercial. Tanto para Schumpeter como para Robert Dahl, la democracia se define como un método para elegir a los líderes políticos, y sirve para organizar el gobierno. En términos generales, Dahl considera que la democracia constituye uno de los principales sistemas políticos que ha sobrevivido en contextos donde prima la economía de mercado capitalista (Dahl, 1998). Cierto es que se piensa que las consecuencias sociales y políticas de la economía de mercado favorecen el desarrollo de la democracia. En este sentido, la libertad individual, la búsqueda de beneficio personal que singularizan a la economía de mercado han mejorado las condiciones de vida, reduciendo la pobreza en el

largo plazo, lo cual hace suponer que habrá una cantidad menor de conflictos sociales y políticos.

Es cierto que la economía de mercado trae aparejado el incremento de la desigualdad, sin embargo, este término alude a una desigualdad en la distribución de recursos políticos; con esto, Dahl hace referencia a la información, organización, prestigio, riqueza, etc. Esa desigualdad representa un peligro para la democracia, cuyo núcleo funciona en torno a la igualdad política en la medida en que una mala distribución social de estos recursos redunda en que determinados ciudadanos obtengan una influencia significativa mayor que otros sobre decisiones y acciones del gobierno. El Estado no puede estar ausente en esta reflexión; al mismo se le asigna un papel secundario, puesto que el papel principal es cubierto por el mercado; en este sentido, la función del Estado consiste en crear un entorno propicio para el accionar del mercado.

Desde esta perspectiva, se piensa que la búsqueda de beneficio personal propio de este sistema ayuda a reducir la pobreza a largo plazo y disminuye los conflictos sociales que propician un mejor sistema democrático. El aspecto positivo es que la economía capitalista propicia el surgimiento de una capa intermedia que busca educación, autonomía, libertad personal y participación. De esta manera, la democracia ideal se puede describir de muchas maneras, siendo indispensable para evitar la constitución de un gobierno autoritario. Es el gobierno del pueblo que posee las siguientes características mínimas: participación efectiva —todos los miembros del demos tienen derecho a tener oportunidad de expresarse acerca de cómo debería ser la política—; igualdad en la votación —cuando llegue el momento en el cual finalmente se tomara la decisión, todos deben tener oportunidad de votar, y todos los votos deben ser contados por igual—; y adquisición de conocimiento iluminativo, dentro de un período de tiempo. De esta manera, para Dahl, las políticas públicas son decisiones, consecuencia de la concertación entre los distintos grupos de interés (Dahl, 1998).

En Occidente, el concepto de democracia representativa que se ha instalado fue el elaborado por Schumpeter; de esta conceptualización, cabe destacar, en primer término, que logra articular teóricamente las tradiciones del liberalismo y de la democracia, que anteriormente se encontraban en permanente conflicto. Efectivamente, desde la emergencia de la democracia de masas las cuestiones referidas a la igualdad primaban sobre las de la

libertad. Esto es revertido por Schumpeter, precisamente, debido a que logra colocar en un segundo plano, y de forma subordinada al liberalismo, los elementos autocráticos —principalmente, la relación de identificación que se establecía por parte de la masa hacia los líderes o las minorías en el gobierno— que suponía el desarrollo democrático en un contexto de masas, a fines de siglo XIX y comienzos del XX, a partir de la reglamentación del sufragio universal masculino, como ya hemos señalado (Iglesias, 2010).

Así, el concepto elaborado por Schumpeter sugiere que la democracia no puede entenderse ni como un tipo de sociedad ni como un tipo de legitimación; tiene que ser entendida como un régimen de gobierno. De acuerdo a esto, el autor señala que la democracia consiste en un método político organizado en torno a un sistema institucional en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo (Schumpeter, 1996).

Dahl sigue la misma línea que Schumpeter, pensando a la democracia como un régimen, como un sistema institucional, estableciendo que la economía de mercado trae consecuencias sociales y políticas, y favorece el desarrollo social.

A partir del desarrollo de la clase media y la disminución de la pobreza producidos por el liberalismo, se favorece al sistema democrático; se observa que se diversifica la sociedad, hay más participación y disminuye la probabilidad de instaurar regímenes autoritarios. Sin embargo, señala Dahl, la economía capitalista genera desigualdades políticas, debido al prestigio y el acceso a la información, que limitan la posición de unos en relación a otros (Dahl, 1998).

Las sociedades democráticas se diferencian en la forma en que se obtiene el poder, pero siempre que se respete la alternancia en el mismo y no haya violencia institucional; las elecciones son libres y periódicas, y la toma de decisiones implica la concertación de compromisos; el principal interés es, sin lugar a dudas, la estabilidad del gobierno.Este modelo desarrolla una explicación de las practicas de los Estados considerados democráticos, donde el voto tiene como función elegir entre las distintas elites que aspiran al poder; se basa en una concepción de negociación, competencia, acceso y responsabilidad que deriva de la lógica mercantil. La sanción mediante los votos, más la competencia intra-elite, lograrán que las cosas sean justas. En síntesis, podríamos afirmar que el voto secreto sumado a los derechos civiles, a la alternancia en el poder y a elecciones periódicas

y competencia entre partidos son elementos esenciales para toda democracia moderna. Mouffe y Laclau dedicaron parte de su obra a realizar no pocas críticas al modelo agregativo de democracia, sostenido por los ya mencionados Schumpeter y Dahl, un tipo ideal que reduce el proceso democrático a la expresión de intereses y preferencias manifestados a través de un voto que selecciona a quienes llevarán a cabo el proyecto elegido. Ellos notan en estos argumentos una visión empobrecida de la democracia que no reconoce la forma en la que se constituyen las identidades políticas, las cuales no están dadas sino que se generan y regeneran a partir de los debates en la esfera pública (Mouffe, 2003; Laclau, 2005). La política no es el mero registro de intereses, ella juega un importante rol en la constitución de los sujetos políticos; se debe tener en cuenta la pluralidad de voces que una sociedad democrática abarca. Este autor se detendrá en observar que existen problemas que no se encuentran vinculados a la distribución de los ingresos, sino que hay desigualdades nuevas que han generado nuevas protestas; o mejor, en palabras del autor, los nuevos problemas se desatan en torno a situaciones relativas a la gramática de la forma de vida (Habermas, 1989).

Siguiendo, en este sentido, a Chantal Mouffe, la cuestión de los procedimientos señala la necesidad de que exista previamente un número considerable de acuerdos en los juicios; los procedimientos sólo existen como conjuntos complejos de prácticas: éstas constituyen formas específicas de individualidad y de identidad, y hacen posible la confianza en los procedimientos; además, traen consigo otras implicancias que se traducen en compromisos éticos sustanciales; los procedimientos no pueden ser llevados a la práctica si no se encuentran sustentados (Mouffe, 1996). Esta autora, a lo largo de su obra, lanzará una crítica sostenida a los procedimentalistas; entre estos ubicará a los ya mencionados Dahl y Schumpeter, pero incluirá igualmente a Jürgen Habermas con su modelo de democracia deliberativa. Las afirmaciones de este último, sostendrá, anularán lo político entendido como antagonismo radical; la pretensión habermasiana es claramente imposible, no se pueden superar las relaciones conflictivas entre libertad e igualdad; la política democrática debe resignarse a ya no buscar esta conciliación.

Los autores clasificados como “procedimentalistas” vienen a plantear la necesidad de hacer que el matrimonio entre la democracia poliárquica y el capitalismo de mercado sea más beneficioso para alcanzar una mayor democratización; pero quizás estos argumentos

sean insuficientes en sociedades conflictivas y complejas como las nuestras, hecho que nos pone en la obligada posición de intervenir críticamente con los fines de llevar claridad a su necesario análisis. En este sentido, Mouffe establecerá que la relación entre liberalismo y democracia no es necesariamente positiva, sino una imbricación histórica contingente; en realidad, en las democracias modernas, la relación entre aquellos es incompatible y la tensión indisoluble, sólo observaremos estabilizaciones temporarias (Mouffe, 2003).

Sin embargo, Laclau y Mouffe establecerán algunas objeciones al modelo democrático deliberativo, sosteniendo que no es posible lograr construir un “nosotros” plenamente inclusivo, una esfera pública dominada, como señala Jürgen Habermas, por la mera argumentación racional; ello es simplemente irrealizable, no se puede concebir una política sin divisiones y conflictos. La política deliberativa es la propuesta teórica que Habermas presenta como forma de regular y dirimir los conflictos sociales en democracias que se desarrollan en contextos sociales complejos y plurales; el esquema teórico de este autor es presentado como superador respecto de las tradiciones liberal y republicana.

Habermas pretende una innovación teórica de envergadura que resignifique lo viejo, extrayéndole sus potencialidades analíticas y, a partir de lo cual, propone algo nuevo; el liberalismo piensa la democracia entendiendo que la sociedad funciona como un mercado y que el Estado se remite a la administración. Los derechos subjetivos son los que los individuos tienen frente al Estado y a los demás ciudadanos; en el caso de los derechos políticos, se considera que poseen una característica similar: le dan a los ciudadanos la posibilidad de hacer valer sus intereses privados, y mediante la agregación de otros intereses también privados, se llegaría a la formación de una voluntad política que influya sobre la administración pública. En lo que respecta a la forma de concebir el proceso político, se entiende que existe una lucha por posiciones, en la que participan actores colectivos cuyo fin es el de disponer de la capacidad del Estado; el éxito se encuentra limitado por la obtención de votos en las elecciones.

Ello, supuestamente, permitiría que la ciudadanía controle la actividad gubernamental, siendo aquella poseedora original de la autoridad estatal. En lo que respecta